El Gobierno llega al jueves con el número más justo del que le hubiese gustado. La reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo de los gobernadores de provincias mineras que necesitan reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones extranjeras, se convirtió en una prioridad para La Libertad Avanza. El oficialismo dilató el debate, introdujo modificaciones en el proyecto y negoció hasta último momento. Pero aún así no logró juntar la mayoría contundente de las últimas leyes: su aprobación en el Senado dependerá, esta vez, del voto de los peronistas.

El proyecto del Ejecutivo redefine el área a proteger de las áreas periglaciares, que son las zonas que rodean a los glaciares y que cumplen funciones estratégicas en la reserva de agua. La ley original, que se sancionó en 2010, deja en manos de un organismo nacional –el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)– la facultad de inventariar la cantidad de glaciares y ambientes periglaciares y establece que no se pueden realizar actividades que puedan afectar su condición natural. El proyecto que se debatirá el jueves en el Senado pretende flexibilizar esta prohibición.

A pedido de las provincias que integran la “Mesa del Cobre” –Mendoza y San Juan– y la “Mesa del Litio” –Catamarca, Salta y Jujuy–, el proyecto del oficialismo lo que hace es dejar en manos de las provincias la definición de si la zona periglaciar cumple con una “función hídrica relevante”. Esa facultad, que hasta ahora está en manos de la Nación –en línea con la facultad constitucional del gobierno nacional de establecer presupuestos mínimos ambientales–, pasará a ser de cada jurisdicción. 

Hay varias provincias, como San Juan, Catamarca y Mendoza, que aseguran tener proyectos mineros en pausa –en su mayoría de explotación de cobre– que están a la espera de que se modifique la ley actual para ponerse en marcha. El argumento de estas provincias es que la ley original no termina de definir con claridad los límites de las zonas periglaciares y que, por lo tanto, ha prohibido proyectos en zonas que no contaban con mucha relevancia hídrica. Lo que habría generado, argumentan, pérdidas millonarias para las provincias. 

Las organizaciones ambientales, por el contrario, denuncian que el proyecto del Ejecutivo es una ley hecha a la medida de un conjunto de proyectos mineros. Señalan específicamente un conjunto de proyectos ubicados en San Juan: El Pachón, Los Azules y José María. Varias organizaciones, incluso, están organizando movilizaciones en contra de la reforma de la ley en diferentes ciudades del país para este jueves. Y se espera, además, una concentración frente al Congreso bajo la consigna “Los glaciares no se tocan”.

La votación será ajustada y dependerá, en muchos casos, de la provincia de origen de cada senador.

Poroteo y negociaciones

La reforma de la Ley de Glaciares será uno de los pocos proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias que el Gobierno no podrá tener sancionado para cuando Javier Milei dé su discurso frente a la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. El motivo fue la resistencia que el proyecto generó en los sectores aliados del Gobierno, como el radicalismo y un sector del PRO. Y, habiendo fallado el alineamiento automático de estos sectores, Patricia Bullrich tuvo que arremangarse y ponerse a negociar.  

En la UCR, por ejemplo, el oficialismo estima que sólo 5 de los 10 senadores acompañarán la reforma. Uno de los principales rebeldes es el pampeano Daniel Kroneberger que, como el resto de los legisladores de La Pampa, está preocupado por el impacto que pueda tener en su provincia una flexibilización de la ley de Glaciares. Con el antecedente del Río Atuel, que tiene su origen en la cordillera y se secó hace unos años, los pampeanos temen que los proyectos mineros en pausa por la Ley de Glaciares en Mendoza afecten el cauce del Río Colorado. 

La resistencia al proyecto de ley no es prerrogativa, entonces, de un solo partido: el gobernador peronista Sergio Ziliotto se manifestó en contra de la ley del Ejecutivo, pero así también el radical Kroneberger. La macrista pampeana Victoria Huala duda, a su vez, de si acompañar esta vez al Gobierno.  

La cordobesa Alejandra Vigo y el correntino “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, también pusieron en duda su apoyo. Por el contrario, la salteña Flavia Royón y los misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua acompañarán. En el oficialismo confían en que tendrán el número, pero están justos y es por eso que Bullrich estuvo negociando modificaciones en el dictamen hasta tarde a la noche.

El futuro de la reforma dependerá, fundamentalmente, de lo que haga el peronismo. El oficialismo descuenta el apoyo de los tres peronistas disidentes que rompieron con el interbloque que lidera José Mayans: la jujeña Carolina Moisés, a quien Bullrich obsequió el lugar de la vicepresidencia primera del Senado como reconocimiento por haber roto al peronismo, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.

“No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza. Esto viene a generar una economía que mejora y yo le agradezco al presidente Milei que hoy se esté debatiendo en el Congreso”, expresó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, horas antes del inicio de la sesión. 

Los díscolos alineados con Milei no serán los únicos peronistas que podrían votar a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, sin embargo. En el interbloque Popular –que es como se llama la bancada que lidera Mayans–, calculan que el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci podrían también acompañar el proyecto del Ejecutivo.

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“Vos no aprendiste de Perón, vos que fuiste peronista. Todo en su medida y armoniosamente. Pero como dijo Milei: vos que tenés una formación violenta, haces todo violentamente”, le espetó José Mayans a Patricia Bullrich en la cara minutos antes de la sesión preparatoria que dejaría al peronismo, por primera vez desde el retorno de la democracia, sin autoridades en el Senado. “Es una decisión estratégica”, atinó a responder Bullrich, quien cerró un acuerdo con la jujeña Carolina Moisés para cederle a ella la silla que le correspondía a la bancada peronista. Moisés, que acababa de romper el interbloque que lidera Mayans, no dijo nada. Quedó en silencio. 

La decisión se venía gestando hace semanas, pero se ejecutó el lunes por la noche. Tres gobernadores peronistas alineados con el Gobierno –Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz– habían digitado, primero, el respaldo a la reforma laboral y, luego, la ruptura del interbloque peronista en el Senado. El Gobierno estaba exultante: ya habían logrado hacerse con la primera minoría en la Cámara de Diputados de este modo –Jalil había mandado a romper a los diputados catamarqueños del bloque Unión por la Patria– y ahora se anotaba un triunfo no menor en el Senado. El peronismo, por primera vez desde el 83’, se había quedado a un voto de perder el tercio vetador. 

La partida de Moisés, Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) fue anticipada, primero, por La Libertad Avanza. El Gobierno ya había dejado correr la voz de que había logrado partir el interbloque Popular –que es como se llama la bancada peronista oficial que preside Mayans– y Moisés tuvo que apurar el anuncio de que se iban del bloque para armar un “espacio propio dentro del peronismo federal”. 

La contracara de la ruptura vendría el día después, con la designación de Moisés como vicepresidenta primera del Senado.

El grupo de los 47

“Tomamos esta decisión porque forma parte de nuestra estrategia general”, explicó Bullrich en la reunión de labor parlamentaria, que se desarrolló en el despacho de Victoria Villarruel, previo a la sesión preparatoria en la que se designarían las autoridades del Senado. Mayans se enteró ahí de que, pese a contar con 25 senadores y ser la primera minoría en el Senado, el peronismo no contaría con la vicepresidencia primera. El lugar, que antes le había correspondido a la neuquina Silvia Sapag y que el peronismo quería ahora para Lucía Corpacci –ex gobernadora de Catamarca enfrentada con Jalil–, sería para Moisés.

Moisés, que presidía un bloque de 3 senadores, se había quedado con el lugar que le había correspondido a su ex interbloque. Mayans estaba furioso y, como toda respuesta, Bullrich explicó que era una estrategia que se había digitado en pos de priorizar la consolidación de una mayoría propia. La senadora de LLA trabaja para ofrecerle al Gobierno una mayoría contundente en el Senado y, con la fuga de los senadores peronistas, había logrado anotarse tres porotos más. El club de los 44 se había convertido, en solo un mes, en el club de los 47.

“El Gobierno está construyendo gobernabilidad. Aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista son los que tienen que ocupar esos cargos”, afirmó Bullrich en una conferencia de prensa, en donde aseguró que el acuerdo era que todos los senadores del grupo se habían comprometido a acompañar el quórum de las leyes del Gobierno y la mayoría de las votaciones en general. 

La jefa del oficialismo blanqueó, así, lo que en Convicción Federal –la bancada que preside Moisés– se resistía a admitir: los senadores peronistas rompían con el interbloque liderado por Mayans para pasar a formar parte del engranaje oficialista en el Senado. El comunicado que habían sacado la noche anterior –en el que insistían su pertenencia peronista y opositora al Gobierno– había quedado trunco. La propia Bullrich los había mandado al frente. 

La aritmética peronista

“Ellos ya no votaban con nosotros en las cuestiones estratégicas. Solo se blanqueó lo de Jalil, Jaldo y Sáenz. El problema no es Moisés, sino quien le paga”, sostuvo, irritado, un peso pesado del interbloque peronista poco después de que hubiera finalizado la sesión preparatoria que los había dejado sin autoridades.  

Casi como si supieran lo que iba a pasar, la respuesta de la conducción cristinista había llegado de manera premonitoria, el día anterior. A través de un comunicado del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Javier Milei y denunció que quienes la votaron lo hicieron en contra “de la doctrina histórica del movimiento”. Era un tiro por elevación a Jalil, Jaldo y Sáenz, con quienes el cristinismo viene sosteniendo una relación tirante hace años. El PJ Nacional ya intervino los PJ locales de dos de las tres provincias e, incluso, desafilió a Moisés –que es jujeña, pero juega políticamente con Sáenz– por haber votado el Presupuesto 2026.

La intervención del PJ nacional sobre los PJ locales fue, de hecho, una de las excusas que utilizaron los senadores de Convicción Federal para romper. La pelea del peronismo del interior con CFK tiene más de 10 años, pero terminó de implosionar poco después de la derrota electoral del año pasado. Y la suspensión de Moisés, que venía intentando negociar lugares con el resto del cristinismo –exigía, por ejemplo, una silla en la Auditoría General de la Nación–, terminó de acelerar el trámite.

Con 25 senadores propios, el peronismo se arriesga a quedarse en minoría por primera vez en 40 años de democracia. Bullrich negoció la incorporación de Luis Juez a LLA en paralelo a la ruptura del bloque peronista y festejó, casi en simultáneo, que el bloque libertario subiera a 21 senadores cuando el peronista bajaba a 25. Casi iguales. 

Por fuera del efecto simbólico, sin embargo, hay un interés político muy concreto: si logran sacarle un senador más al peronismo, Karina Milei podrá prescindir de CFK para negociar los pliegos de la Corte Suprema. Con 48 senadores más o menos alineados, el oficialismo cuenta con una mayoría calificada para hacer cualquier cosa: designar al procurador general de la Nación, distribuir las más de 300 vacancias judiciales y reordenar la Corte Suprema a piacere.

El peronismo cristinista, por ahora, no se alarma. Confía en que, cuando llegue el momento, Karina prefiera negociar con ellos que con un ramillete de intereses que incluyen, además de los radicales y las fuerzas provinciales, a Mauricio Macri. La negociación por la Corte Suprema todavía no empezó: la secretaria de la Presidencia necesita primero encontrarle un reemplazo a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y, a partir de entonces, comenzará a profundizar las conversaciones por la Corte. 

El peronismo espera que sea con ellos. Pero una cosa es segura: el lugar de fuerza desde el que CFK negociaba –y volteaba– los pliegos de la Corte Suprema ha desaparecido.

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Una pelea interna del PJ de Jujuy amenaza con dinamitar la estrategia peronista en el Senado. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ Nacional, mandó a suspender por “inconducta partidaria” a la senadora Carolina Moisés y más de 300 afiliados jujeños, y reavivó una guerra con los gobernadores –y la propia Moisés– que amenaza con implosionar la bancada peronista a una semana de la votación de la reforma laboral. 

Moisés está furiosa. “La Cámpora es lo peor que nos pudo pasar”, escupió la senadora jujeña en declaraciones radiales, horas después de que los interventores del PJ jujeño, Aníbal Fernández y Gustavo “Tano” Menéndez, hubieran publicado la resolución en la que dispusieron la suspensión preventiva de 300 afiliados que, en las elecciones de 2025, participaron en listas que compitieron con el frente oficial del PJ local. En el caso de Moisés, además, la acusaron de votar “en contra de los principios justicialistas” cuando acompañó la sanción del RIGI (Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones) en la Ley Bases y, luego, el Presupuesto 2026 de Javier Milei. 

La novela del PJ jujeño comenzó en 2023, cuando Alberto Fernández mandó a intervenir el partido luego de que Ruben Rivarola, histórico titular del PJ local, hubiera acompañado la reforma constitucional del entonces gobernador radical Gerardo Morales. La disputa por el poder del partido, sin embargo, se extiende hace muchos años y terminó de explotar en 2025, cuando el peronismo jugó por separado y terminó quedándose, por primera vez en su historia, sin una banca en la Cámara de Diputados. 

La dirigenta de La Cámpora, Leila Chaher, se reunió, entonces, con una Cristina Fernández de Kirchner ya detenida con prisión domiciliaria en San José 1111, y le pidió que interviniera para expulsar a los dirigentes que no habían acompañado la lista oficial del PJ, que era la que ella había encabezado (y terminó perdiendo con el 15% de los votos). En esa lista estaba Moisés, pero también Rivarola, que tras cerrar un acuerdo con La Cámpora en 2025 se peleó y terminó cerrando con Moisés.

La novela jujeña tuvo su último capítulo la semana pasada, cuando CFK terminó de aceptar el planteo de Chaher y solicitó el pedido de suspensión de Moisés. La senadora jujeña impugnó la resolución el lunes, y le solicitó a la Justicia que interviniera el partido. 

Las consecuencias, sin embargo, van mucho más allá del PJ local y afectan al poder de fuego del peronismo en el Senado: Moisés quiere romper el bloque y llevarse, con ella, a sus cuatro compañeros de Convicción Federal. Una decisión que dejaría al peronismo con 23 votos y sin poder de negociación para los pliegos de la Corte Suprema. 

Coletazos en el Senado

“Estuvo mal. Ella (por Moisés) es una libertaria que está infiltrada en el bloque, pero es un momento inoportuno. Le vas a dar la excusa perfecta”, masculló un senador cercano a CFK que, sin embargo, es muy crítico a la decisión que tomó la ex presidenta. No es el único: en el bloque, en donde predomina una mayoría cristinista, no generó mucho entusiasmo la decisión de la presidenta del PJ. 

Ni siquiera José Mayans, el jefe de la bancada y vicepresidente del PJ Nacional, estaba muy conforme con la decisión: ya el año pasado había boicoteado un intento similar para evitar lo que, sabía, tendría un efecto catastrófico en el interbloque que conduce. 

El primer dolor de cabeza es a corto plazo. Moisés recibió, en público y privado, el apoyo de casi todos los gobernadores peronistas –en el entorno de la senadora aseguran que hubo hasta una funcionaria de Axel Kicillof que se solidarizó con ella– y amenaza con romper el interbloque esta semana. 

La jujeña integra Convicción Federal, un subbloque peronista que se separó hace un par de años de la bancada que preside Mayans por sus diferencias con la conducción de CFK. Está integrado por otros 4 senadores: el puntano Fernando Salino, el riojano Fernando Rejal, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada. El jueves pasado mantuvieron un zoom en el que discutieron la posibilidad de romper pero se definió aplazar la decisión para el miércoles, que es cuando se reunirán en el Senado. Luego de reunirse con algunos de los gobernadores a los que responden, como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz. 

Existen dos posibles salidas. Una, es que el bloque continúe participando del interbloque oficial del peronismo pero con un llamado de atención y una excusa para diferenciarse en las votaciones futuras. Eso es lo que teme el kirchnerismo: que la expulsión de Moisés del PJ jujeño funcione como excusa perfecta para diferenciarse en la votación de la reforma laboral, en donde necesitan tener 28 votos negativos de base para poder voltear algunos de los artículos del proyecto. 

Otra posibilidad es que Moisés decida romper y se lleve consigo a una parte de Convicción Federal, aunque no a todos (ya que hay algunos, como Rejal o Salino, que no están tan cómodos con la idea de romper definitivamente con el interbloque que conduce Mayans). Esta posibilidad sería letal para el peronismo en el Senado. No solo porque abriría el juego al Gobierno a negociar más fácilmente con algunos senadores peronistas –como ya hizo, por ejemplo, con la sanción del Presupuesto–, sino porque rompería algo más crucial: el tercio de 28 votos con el que el kirchnerismo pretende negociar los pliegos de la Corte Suprema. 

La discusión se dilató, pero CFK todavía tiene interés en negociar, durante 2026, las dos vacantes que quedaron en la Corte Suprema de Justicia. Tras el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, las conversaciones con el Gobierno se empantanaron. Pero el cristinismo nunca dejó de tener la expectativa de cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para cubrir las vacantes: entre los 28 peronistas y los 20 libertarios, CFK y Karina Milei tienen los dos tercios necesarios para aprobar cualquier pliego. Sin necesidad de acordar con Mauricio Macri o el radicalismo. 

Una ruptura del interbloque dejaría a CFK sin poder de fuego para negociar con la hermana presidencial. Por lo que la amenaza de una ruptura representa no solo un dolor de cabeza de cara a la reforma laboral, sino más allá: sería un duro golpe al poder de fuego de la ex presidenta en el Senado.

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La senadora de Unión por la Patria Carolina Moisés presentó un proyecto de ley para “reconstruir una agencia oficial de noticias” y crear la denominada Télam Futura, dependiente del Congreso. La legisladora por Jujuy cuestionó, en los fundamentos de su iniciativa, que el gobierno de Javier Milei avance “en la eliminación lisa y llana” de la agencia de noticias del Estado y, en general, “de las instituciones del Estado, que deberían eficientizarse en lugar de suprimirse”.

Moisés planteó que se deben “diferenciar los conceptos de Estado y gobierno” para el carácter de Télam Futura y que esta nueva agencia de noticias debe, como todas, “preservar y fomentar el pluralismo, en materia de información y opinión”. “En cuanto a lo operativo, pensamos en una continuación de Télam con una pequeña estructura administrativa y abocada a la generación de información oportuna, eficaz y de carácter federal. Queremos que la nueva y la vieja Télam sigan siendo orgullo de la información argentina produciendo material de base que servirá a medios comerciales o sin fines de lucro”, dice el proyecto.

Señala también que, “a los fines de reducir la planta y hacer más eficiente el servicio de información, se propone el manejo conjunto de los medios de noticias y televisivos, centralizando su dirección, ahorrando así en salarios de alta dirección”.

“Hoy más que nunca a través de Télam Futura necesitamos asegurar una politica de Estado imprescindible y estratégica. En efecto, en este mundo de posverdad, fake news e infodemia, es fundamental erigir una agencia de noticias responsable, digital, dinámica y que esté a la altura de las necesidades informativas que hoy demanda la sociedad argentina”, dice la iniciativa.

Hace una semana, el presidente Milei confirmó en su discurso oficial frente a la Asamblea Legislativa que cerrará la agencia de noticias Télam en el marco de su plan de achicamiento del gasto público. Según indicó, la entidad fue “utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.

La agencia cumplió 78 años de vida el pasado 14 de abril, cuando recibió saludos y felicitaciones por su desempeño a lo largo de más de tres cuartos de siglo de parte de políticos de diferentes ideologías, personalidades del ámbito empresarial, sindical, académico y de los derechos humanos, entre otros puntos, incluido un especial y personalizado mensaje del papa Francisco.

JJD