María Ibarzábal Murphy ya era, en los pasillos de la Casa Rosada, la verdadera secretaria Legal y Técnica del gobierno de Javier Milei. Este martes, el Gobierno oficializó lo que era un secreto a voces: reemplazará a Javier Herrera Bravo al frente del área, en una decisión que unifica formalmente esa secretaría con la de Planeamiento Estratégico Normativo, que ya estaba bajo su órbita.

“El Presidente Javier Milei ha decidido designar a la Dra. María Ibarzábal Murphy como la nueva Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Argentina”, informó la Oficina del Presidente. En el mismo comunicado, se subrayó que la funcionaria “ha desempeñado un rol clave en la presente gestión al liderar la redacción y la estrategia jurídica de iniciativas fundamentales impulsadas por el Presidente”.

De perfil bajo y palabras medidas, esta abogada de unos 40 años se mueve cotidianamente entre el Salón Martín Fierro y el despacho de Santiago Caputo, su principal aliado en el poder. Allí, en el primer piso de Balcarce 50, se define buena parte de la ingeniería legal del Gobierno. Ibarzábal es la persona encargada de convertir en norma cada una de las ideas que surgen del núcleo duro libertario. Si Caputo es el ideólogo, ella es la alquimista: destila cada impulso político hasta hacerlo jurídicamente viable.

Desde el decreto que limitó el acceso a la información pública hasta el intento de borrar registros del blanqueo fiscal, pasando por los vetos presidenciales y la reciente reforma a la Ley de Identidad de Género, su firma aparece detrás de las decisiones más controvertidas del oficialismo. Incluso antes de asumir un cargo formal, orbitaba los estudios jurídicos que redactaron la ley Bases y el DNU 70/23. El estudio Cassagne, uno de los más influyentes en derecho administrativo, fue su casa profesional antes de aterrizar en el Estado. También se la vincula a otros estudios que trabajaron codo a codo con el oficialismo, como Marval, Bomchil, Bruchou y O'Farrell.

Su relación con Milei es directa: la Secretaría que dirigía hasta ahora es una de las pocas que reportan al Presidente sin pasar por la Jefatura de Gabinete. Pero su ascenso político se consolidó como parte del círculo de confianza de Caputo, quien la considera una pieza clave para tensar los límites constitucionales sin quebrarlos del todo.

Durante el gobierno de Macri, Ibarzábal trabajó con Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro. Su apellido tampoco es ajeno al mundo PRO: es prima de Emilio Basavilbaso, exdirector de la ANSES, y hermana de Santiago Ibarzábal Murphy, quien también ocupó un cargo alto en el mismo organismo.

Su debut en la primera línea del mileísmo fue en abril del año pasado, cuando el Gobierno recalculó tras el fracaso inicial de la ley Bases. Fue entonces cuando, en tándem con José “Cochi” Rolandi, se convirtió en una de las interlocutoras clave ante el Congreso. Con computadora en mano, participó del ida y vuelta con los legisladores, decidiendo en tiempo real qué cambios eran legalmente viables.

En mayo se presentó en el Senado para defender la reforma de la Ley 19.549 de procedimiento administrativo. Allí sostuvo que “la relación del Estado con los particulares no puede ser regida por parámetros del siglo pasado” y defendió la necesidad de modernizar los trámites para facilitar la inversión privada. La oposición la cruzó con dureza. “Este es el lobby de las empresas que litigan contra el Estado”, la acusó Oscar Parrilli.

Este martes, la Oficina del Presidente destacó su papel en la redacción de la nueva ley Bases, en la reforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la implementación de la Boleta Única, la suspensión de las PASO, la eliminación de privilegios en empresas públicas y “el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Ahora, con el sello presidencial que confirma su ascenso, Ibarzábal deja de ser la ghostwriter del poder para convertirse en una cara un poco más visible. No hay decreto, veto o reforma de alto voltaje que no pase por su escritorio. En un gobierno que se propone romper moldes y desafiar reglas, ella es quien escribe las nuevas. Y lo hace con una precisión quirúrgica, sin perder el filo.

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El murmullo empezó antes de que se sirviera la entrada. La cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) —un think tank de políticas públicas fundado en 2000—, ese ritual del poder argentino que combina desde hace ya un cuarto de siglo mozos con tiradores y discursos sobre el futuro, volvió a reunir a políticos, empresarios, sindicalistas y consultores en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez, el menú fue más denso: a la rosca por las listas legislativas porteñas se sumaron las inquietudes por el dólar, el rumbo económico y la negociación con el FMI. En cada mesa, la consigna era la misma: escuchar, observar y, si se podía, dejar alguna señal.

La elección en la Ciudad fue, sin dudas, el tema más visible. Silvia Lospennato, confirmada como cabeza de lista del PRO, se dejó ver con elegancia y habló lo justo. Ramiro Marra, que encabezará una lista libertaria disidente por la UCeDé —en abierta competencia con la boleta oficial de La Libertad Avanza—, caminó el salón con gesto firme. Su presencia fue una señal: aunque Karina Milei haya bajado su candidatura, él sigue en carrera, ahora con sello propio y en modo desafío.

Del lado oficialista, el gran ausente fue Manuel Adorni, vocero presidencial y principal candidato libertario para la Ciudad. El único funcionario nacional que se dejó ver fue José “Cochi” Rolandi, vicejefe de Gabinete, hoy bajo la órbita de Guillermo Francos. También asistió Sebastián Pareja, principal armador libertario en la provincia de Buenos Aires. Unos minutos antes de que comenzara la cena, llegó hablando por teléfono María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, una de las pocas funcionarias del Ejecutivo que también marcó presencia.

Oscar Zago, jefe del bloque del MID en Diputados, llegó junto a la sorpresa de las listas porteñas: el exdirector técnico Caruso Lombardi. Protagonizaron una escena muy parecida a un pase de comedia: al presentarse en la entrada, Zago por un segundo pensó que se había olvidado el DNI en el auto, pero lo encontró justo a tiempo, en su bolsillo. El episodio no pasó de una anécdota, pero retrató bien el clima general: distendido en la superficie, inquieto por debajo.

También estuvo Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, que ya se muestra sin ambigüedades como parte del ecosistema libertario bonaerense.

Del lado peronista, Victoria Tolosa Paz caminó con naturalidad entre empresarios y dirigentes. Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno sumaron sus propios estilos al paisaje justicialista, mientras Alejandro Kim, el candidato a legislador porteño de Principios y Valores, completó el abanico alternativo. Una de las presencias más llamativas fue la de Ofelia Fernández: llegó, se dejó ver, pero evitó hablar con la prensa. Fue un gesto en sí mismo.

En clave federal, varios gobernadores marcaron presencia. Entre ellos, Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Charlas con empresarios, saludos cruzados y una señal clara: el lote de mandatarios jóvenes de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio tiene intenciones de tallar más allá de sus provincias. También pudo vérselos a los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba).

El sindicalismo, con bajo perfil, también dijo presente. Gerardo Martínez, líder de la Uocra y actor clave de la CGT, se movió con cautela pero dejó en claro que el clima social empieza a tallar en la agenda. El próximo 10 de abril será el tercer paro general que la central obrera le hará a Javier Milei. Aunque Martínez no se caracteriza precisamente por la combatividad.

Entre tanta rosca, un economista hizo lo suyo. Carlos Melconian, al ingresar, dejó una frase que quedó flotando, en referencia a la volatilidad del dólar y la negociación de Luis Caputo con el FMI. “Me imagino que va a haber es una nueva política cambiaria y un nuevo régimen cambiario”, aventuró. Breve, seco y suficiente para alimentar especulaciones.

Durante la cena, como siempre, hubo discursos sobre equidad, desarrollo y futuro. Pero nadie confundió el protocolo con la política real. La noche transcurrió con una certeza compartida: la campaña ya está en marcha y el poder sigue reconociendo en estos salones un espacio para verse, medirse y tantearse sin decirlo del todo.

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Mucho ruido y, por ahora, pocas nueces. Javier Milei había prometido, en su entrevista con LN+ la semana pasada, un “mega-DNU” que transformaría de raíz el aparato estatal. Con su habitual vehemencia, habló de eliminar decenas de organismos, fusionar áreas redundantes y derogar miles de normativas que, según él, solo existen para mantener los “privilegios” del “partido del Estado”. Pero cuando el decreto 70/2025 vio la luz este martes, quedó claro que el impacto no sería inmediato ni tan masivo como se había anticipado. Lo que debía ser un gran corte de motosierra resultó, en cambio, un ajuste más acotado.

El DNU firmado por el Presidente elimina las subsecretarías de Desarrollo Territorial y de Hábitat y Vivienda, ambas bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, mientras que coloca a la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana como dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. El armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, conservaría su lugar al frente de este área, en una decisión que le permite conservar su peso específico dentro del oficialismo.

Otra de las medidas incluidas es la eliminación formal del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), aunque esta movida tiene más de regularización administrativa que de revolución: el organismo había sido disuelto en noviembre de 2024, por lo que el decreto simplemente consolida su desaparición en términos legales. Por otro lado, el texto establece un régimen para el personal de las áreas afectadas, que podrán ser reubicados en otras dependencias o pasar a disponibilidad, según lo dispuesto en los artículos 10 y 11.

Si bien estas medidas van en línea con la promesa de reducir el tamaño del Estado, no alcanzan la magnitud de lo que Milei había adelantado en su discurso. Sin embargo, desde el Gobierno explican que el ajuste anunciado no quedó en el camino, sino que será implementado en etapas. Según fuentes oficiales, la idea es avanzar de forma progresiva para evitar conflictos internos y asegurar una ejecución más ordenada, una estrategia jurídica que está a cargo de la secretaria María Ibarzábal.

“La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, escribió esta mañana Federico Sturzenegger en su cuenta de X, como es habitual cuando se publica un decreto que lleva su sello. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado apuntó que, a través del 70/2025, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat”.

Los organismos en la mira

Antes de la publicación del decreto 70/2025, desde el Gobierno habían trascendido detalles sobre una lista más extensa de organismos que serían alcanzados por el ajuste bajo el concepto del “deep motosierra”. Entre las áreas más mencionadas estaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), encargado de establecer los precios de referencia para los productores yerbateros. Aunque este organismo parecía estar en la mira inicial del Ejecutivo, las últimas informaciones indican que habría quedado fuera del decreto, al menos por el momento.

Otro de los organismos señalados como posible blanco del ajuste era el Instituto Nacional del Agua (INA). Este ente, clave para la investigación y gestión de los recursos hídricos, jugó un rol crucial en la prevención de inundaciones y sequías, por lo que su posible disolución generó preocupación en sectores relacionados con el medio ambiente y la infraestructura. Sin embargo, hasta ahora no se incluyeron decisiones concretas en ese sentido.

En el ámbito agropecuario, también se habló de posibles ajustes en organismos de regulación vinculados al sector. Si bien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) logró quedar fuera de la intervención directa, la reducción de controles en otras áreas plantea interrogantes sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en términos comerciales, particularmente frente a las barreras sanitarias que socios internacionales podrían imponer si las regulaciones no cumplen con estándares internacionales.

A pesar de estas menciones, algunos sectores estratégicos parecen haber quedado blindados frente al ajuste anunciado por Milei. Universidades, así como organismos vinculados al Poder Legislativo y Judicial, no fueron alcanzados por las medidas actuales. Además, instituciones como el Conicet, la ANMAT, la CNV, el INTA, el INPI, el Incucai y otras quedaron protegidas tras ser excluidas explícitamente por el Congreso al momento de votar la ley Bases. Esta decisión refleja la necesidad de mantener el funcionamiento de áreas consideradas fundamentales para el desarrollo científico, la salud pública y la regulación económica.

El Decreto 70/2025, entonces, parece más una fase inicial que una transformación total. Esto no significa que el Gobierno haya renunciado a sus intenciones, pero sí evidencia que, mientras Milei avanza en su plan de ajuste, debe lidiar con un equilibrio delicado: cumplir con su promesa de achicar el aparato estatal sin sacrificar del todo servicios e instituciones clave. Por ahora, el “mega-DNU” prometido sigue siendo un primer paso en un proceso que, según aseguran desde Casa Rosada, se completará de manera paulatina en las semanas por venir.

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María Ibarzábal Murphy no es una funcionaria cualquiera. Su rol como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo estaba lejos de pasar desapercibido en el día a día de la gestión libertaria. En los papeles, su función era la de “modernizar” el Estado y ordenar la arquitectura jurídica del Gobierno. En la práctica, era la verdadera secretaria Legal y Técnica de Javier Milei y la persona que intentaba convertir en derecho todo con lo que Santiago Caputo sueña en su despacho. Si el asesor presidencial es el ideólogo de las grandes apuestas normativas del oficialismo, Ibarzábal fue la alquimista que las vuelve técnicamente posibles. Desde hace unos meses y tras la renuncia de  Javier Herrera Bravo, Ibarzábal Murphy empezó a ser también en los papeles la secretaria de Legal y Técnica de Milei. Y este domingo, en medio del festejo de La Libertad Avanza por el triunfo en las elecciones legislativas, el mandatario le dedicó un agradecimiento especial: “Le quiero dar las gracias a alguien que la gran mayoría de ustedes no conoce, pero qué es el cerebro legal detrás de todo esto: a María Ibarzábal”, dijo Milei.

Quién es María Ibarzábal

De caminata rápida y perfil bajo, esta abogada que ronda los 40 años se mueve cotidianamente de una punta a la otra del primer piso de la Casa Rosada. Su oficina en el Salón Martín Fierro, lindante con la de Caputo, es el epicentro de la ingeniería legal del Gobierno. Allí, gracias a un equipo de jóvenes letrados que trabajan a muy pocos metros de ella, en el Salón de los Próceres, se delinean estrategias que buscan tensar al máximo los márgenes de la institucionalidad establecida.

Desde el polémico decreto que limitó el acceso a la información pública hasta la intención de Milei de hacer desaparecer los registros de quienes ingresaron al blanqueo, pasando por los distintos vetos presidenciales, no hubo gesto controvertido por parte del oficialismo en el que Ibarzábal no haya estado detrás. Incluso supo orbitar, cuando todavía no era parte del gabinete libertario, los estudios de abogados en los que se cocinaron la ley Bases y el DNU 70/23.

Si bien desembarcó en Balcarce 50 en tiempos de Nicolás Posse, su línea directa siempre fue con Milei —la Secretaría que dirige es una de las pocas que está por encima de la Jefatura de Gabinete— y, sobre todo, con Santiago Caputo. Es él quien la eligió para el cargo y quien confía en su capacidad para sortear los límites constitucionales sin que el plan libertario pierda legitimidad. Es que el trabajo de Ibarzábal es tan concreto como profesionalmente desafiante: destilar cada idea en una norma posible, filtrar cada propuesta hasta que encaje dentro del ordenamiento jurídico sin perder su filo político.

Pero nadie llega a su posición sin conocer las reglas del juego. Antes de sumarse a la gestión libertaria, Ibarzábal pasó por el estudio Cassagne, uno de los más influyentes en materia administrativa, donde se moldean los argumentos legales que defienden los intereses de las grandes corporaciones. A lo largo del último año, un secreto a voces retumbó en los pasillos del poder: que tanto el proyecto de ley Bases como el polémico DNU 70/23, firmado por Milei a los pocos días de llegar a la Casa Rosada, fueron confeccionados con la colaboración de ese y otros grandes estudios jurídicos del país, como Bomchil, Marval, Bruchou y O'Farrell & Mairal, a los que la actual funcionaria habría estado vinculada.

Sin embargo, Ibarzábal tampoco es una recién llegada a la función pública. Durante el gobierno de Mauricio Macri, trabajó junto a Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro. Además, aunque su apellido no resuene en las declaraciones públicas del vocero Manuel Adorni, los nombres de varios de sus familiares dan cuenta de una cercanía estrecha con lo que fuera la gestión de Cambiemos. Es prima de Emilio Basavilbaso, exdirector de la ANSES, y hermana de Santiago Ibarzábal Murphy, quien ocupó un alto cargo en el mismo organismo.

Dar la cara

En abril, la incursión de Ibarzábal en la primera línea del mileísmo fue, en parte, una respuesta al fracaso inicial de la primera versión de la ley Bases. Cuando la estrategia de imponer el proyecto sin concesiones se desplomó en el Congreso, el Gobierno decidió cambiar de táctica y también de interlocutores. Fue entonces cuando la abogada empezó a ganar cada vez más protagonismo en tándem con el hoy vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, ahora en la cuerda floja por estar en la mira de Karina. Mientras él encabezaba las conversaciones con legisladores, ella se convertía en su sombra. Computadora en mano, aprobaba o rechazaba modificaciones en función de su viabilidad legal.

El momento de mayor exposición de Ibarzábal tuvo lugar en mayo, cuando participó de un plenario de comisiones en el Senado. Su presencia allí tuvo como objeto principal la explicación de las modificaciones a la Ley 19.549 de procedimiento administrativo incluida en la extensa normativa. La funcionaria no se anduvo con vueltas: señaló que la reforma tenía como espíritu que “la relación del Estado con los particulares no puede ser regida por criterios y parámetros del siglo pasado”. En esa línea, defendió la idea de que la estructura estatal está “sobredimensionada” y que “la gestión es ineficiente”, además de argumentar que “las reformas tienden a modernizar el procedimiento y a generar mayor seguridad jurídica con el único fin de incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado”.

La réplica opositores no tardó en llegar. Fue el senador Oscar Parrilli quien apuntó sin rodeos contra los dichos de Ibarzábal al señalar que la redacción del proyecto “la hicieron estudios jurídicos que se han dedicado a litigar contra el Estado y que muchas veces se han encontrado con fallos de la Justicia que han invalidado su reclamo”. Y dirigiéndose directamente a la funcionaria, insistió: “Esto es para acorralar al Estado. Este es el lobby de las empresas que litigan contra el Estado que se colaron atrás de esta ley”.

Varios meses más tarde, es evidente que el papel que cumple Ibarzábal puertas adentro de la Casa Rosada va mucho más allá del título que figura en su nombramiento. En un gobierno que desafía constantemente los límites del derecho, ella es quien traduce el caos en normas, quien encuentra el atajo cuando la Constitución parece un obstáculo. Cada vez que un decreto o una reforma enfrenta resistencia, su oficina en el Salón Martín Fierro se convierte en un laboratorio donde la alquimia jurídica opera en tiempo real, bajo la atenta supervisión política del joven Caputo.

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Jubilados –que hasta se prenden fuego por el recorte de medicamentos que se suma al de haberes–, docentes, obreros de la construcción, trabajadores informales, artistas o científicos puede que estén peor que hace un año. Pero cuatro de cada cinco argentinos que votaron a Javier Milei lo siguen apoyando, un respaldo que si se mantiene le aseguraría una gran elección legislativa en octubre próximo. El mundo financiero está de fiesta, la energía y la minería se disponen a invertir ante los beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y los aumentos de tarifas, las empresas que cotizan en bolsa se revalorizaron y los dueños de las grandes fortunas, además de pagar menos impuestos a los bienes personales, celebran que el primer año de gobierno del anarcocapitalista Javier Milei fue mejor de lo que esperaban, bajó la inflación mensual a un cuarto de lo que era y pulverizó el déficit fiscal –con motosierra, pero también capitalizando intereses de deuda– y la emisión monetaria.

Lo que llaman “la macro (economía) ordenada”. Pero la industria, el consumo masivo y la construcción miran el futuro con incertidumbre sobre su recuperación. En un supermercado se preguntan por qué el Gobierno y muchas consultoras prevén un crecimiento del 5% en 2025 si ni el empleo ni el salario ni tampoco el crédito remontarían tan rápido. Las liberalizaciones de importaciones de Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, atemorizan a los empresarios, el dólar barato y los costos altos azotan a todo aquel que produce bienes y servicios –desde el campo hasta el turismo, la producción audiovisual y el software–, mientras que la licitación que en teoría prometía abaratar la logística, la de la hidrovía del río Paraná, está bajo sospecha.

Una semana después de que La Libertad Avanza boicoteara el proyecto de ley de ficha limpia para solaz de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una llamativa operación paraguaya fue detenido con US$211.000 sin declarar el senador Eduardo Kueider, el mismo que el asesor presidencial Santiago Caputo promovía para presidir la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. Resulta que había ensobrados entre los propios. Santiago Caputo es quien puso al secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert. También fue quien impulsó al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, a partir del consejo de sus amigos del country Martindale y promotores de la fundacion libertaria Faro, Patricio y Germán Neuss. Arreseygor fue quien se ocupó de redactar los pliegos de la licitación de la hidrovía, pero en el mundillo de este negocio no tienen claro si fue el único que se ocupó de confeccionarlo.

Hay quienes apuntan a que metió mano la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal, que con Santiago Caputo fueron quienes hicieron lobby en el Congreso para lograr que Kueider y el resto de la oposición dialoguista aprobaran la ley Bases, con el RIGI incluido. Ibarzabal trabajaba hasta el año pasado en el estudio Cassagne, que tenía entre sus clientes a la empresa belga que draga desde hace 29 años draga la hidrovía, Jan de Nul. “La Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo no tuvo participación alguna en el armado de los pliegos”, la defienden en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos.

El diputado dialoguista Nicolás Massot fue quien dijo públicamente lo que sospechan rivales de Jan de Nul y usuarios de la hidrovía: que la licitación está “absolutamente direccionada” hacia el triunfo de esa compañía, la misma que este año recibió un aumento del 40% del peaje en dólares. Al igual que cuando a principios de año Massot sembró dudas sobre dinero en negro que recibía Milei en campaña, ahora también el diputado se llamó a silencio después de la acusación sobre la hidrovía. Tira la bomba y se hace humo.

Pero en el entorno de Mauricio Macri –a quien siempre se lo vinculó con o sin razón a otra aspirante al negocio, la neerlandesa Boskalis– advierten que lo mencionado por Massot “lo dice mucha gente con muy buenos argumentos”. A la china CCCC se la dejó afuera al prohibirse la participación de firmas estales, mientras que Boskalis, su compatriota Van Oord y la belga DEME –son las cinco grandes en el mundo– pueden quedarse afuera porque se exige experiencia en ríos de más de 250 kilómetros de largo y se vetan las uniones transitorias de empresas (UTE), que era el formato con el que algunas de ellas se iban a presentar. “El pliego de bases y condiciones exige antecedentes técnicos y económicos que dejan afuera a buenos potenciales oferentes”, sostiene rivales de Jan de Nul.

“Lo exiguo de los plazos –hay que presentar oferta hasta el 29 de enero próximo– y la falta de información pública respecto a los volúmenes dragados desalienta la presentación de ofertas. El monto exigido para la presentación de impugnaciones es ridículamente prohibitivo, y claramente un mensaje para desinvitar más que para convocar a oferentes. Todo muy opaco”, agregan los críticos sobre negocio que se concesionará por 30 años, con la opción de prorrogar por 30 más. Es decir, Jan de Nul podría quedarse dragando casi un siglo. Pero ni en el Gobierno ni en la firma belga se hacen cargo de los reproches y justifican que el pliego exija antecedentes, robustez financiera e inversiones para ampliar la capacidad de transporte por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas, aun a costa de tarifas altas. También por allí navega otra mercancía que inquieta sobremanera a Estados Unidos: la droga que llega de Paraguay y Bolivia.

Más allá de la polémica, se espera que el ganador de la licitación de la hidrovía deba emprender fuertes inversiones para permitir que buques entren y salgan más cargados y se bajen así los costos de exportación.

Otros sectores en los que se esperan desembolsos en 2025 son la minería y la energía. En este último sector se festeja que el barril de petróleo haya pasado de valer hace un año US$50 a 65 en la actualidad, cerca de la paridad de importación, a 72, por la suba del precio del combustible. Los tarifazos de gas y luz, que no se tradujeron en mayor morosidad sino en menor consumo en supermercados, alientan a su vez a esos sectores a proyectar nuevos gasoductos y líneas de transmisión hechos por el sector privado, ya no por el Estado.

No sin polémica ambiental, avanza el proyecto de US$2.900 millones de Pan American Energy (PAE, la empresa de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni) y la noruega Golar para licuar gas de Vaca Muerta en el Golfo San Matías, en Río Negro, al que se sumaron YPF –el proyecto de planta propia tras la retirada de la malaya Petronas queda en veremos–, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) y la británica Harbour. También el RIGI resucita las inversiones en energías renovables y las líneas de alta tensión para conectar los futuros parques solares y eólicos con el sistema troncal. Un caso son los US$250 millones que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR, de Martín Brandi) y Acindar (filial de la indioluxemburguesa ArcelorMittal) que pondrá en Olavarría para generar luz con el viento y que esta siderúrgica puede asegurar a sus clientes externos que se provee de energía limpia, una exigencia cada vez más creciente en mercados desarrollados.

Hay inversiones mineras que no se concretarán antes de que se modifique la ley de protección de glaciares: no son las litio del noroeste (NOA) sino las del cobre –otro mineral clave para autos eléctricos– en Cuyo. Así lo expresan en la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM): “Siempre planteamos que por los tiempos que requiere poner en marcha un proyecto minero, un proyecto metalífero puede tomar más de una década desde la exploración inicial hasta su puesta en producción, y el tipo de inversión, grandes inversiones con largo plazo de recupero, la minería es una industria que para desarrollarse necesita contar con un marco de certezas para el sostenimiento de las inversiones. Esto abre toda una serie de desafíos, que incluyen temas legislativos, cómo es el caso de la ley de glaciares, que al contar con una definición imprecisa en cuanto a cuáles son los bienes que pretende proteger, genera incertidumbre por la diversidad de interpretaciones, lo que podría frenar por completo un proyecto. En nuestro país ya hay inversiones relacionadas con el cobre, que están generando empleo y desarrollo. Pero este punto es fundamental para asegurar que se puedan poner en marcha muchos de esos grandes proyectos”. El Gobierno ya quiso modificar la norma de glaciares en la ley Bases, pero la resistencia ambiental, para la cual no hay imprecisiones a la hora de proteger esas reservas de agua en la alta montaña, lo impidió.

Claro que algunas inversiones, aun existiendo el RIGI, esperarán para concretarse. Multinacionales quieren que antes se libere el cepo cambiario para asegurarles a sus accionistas que podrán retirarse dividendos cuando el capital que vayan a hundir comience a dar fruto. Luis Caputo y equipo responden que, aunque la brecha cambiaria se haya eliminado, no quieren correr el riesgo de abrir ahora el mercado cambiario y tener que cerrarlo después, como le pasó a Mauricio Macri, aunque no descartan que ocurran en el segundo semestre de 2025. Pero en las multis no se conforman con la garantía que les pueda ofrecer el RIGI, aguardan una norma general. Recuerdan que en 2013 un decreto le aseguraba a la petrolera norteamericana Chevron la libertad cambiaria en el primer megaproyecto de Vaca Muerta, junto con YPF, y después se incumplió.

Pero además las elecciones de medio término demorarán decisiones de invertir. Aunque los grandes empresarios compran encuestas que muestran que Milei mantiene un apoyo del 45% y esperan que arrase en el interior en los comicios, dudan sobre la provincia de Buenos Aires porque la figura de Cristina Fernández de Kirchner se consolida más y más en el conurbano pobre que sufre con el ajustazo libertario. En los supermercados de Neuquén se vive un repunte por el derrame de Vaca Muerta, pero en los de Jujuy, Salta y Catamarca no se percibe el boom de litio, dos fenómenos que ya venían en ascenso desde el anterior gobierno, pero en el Gran Buenos Aires se siente la pérdida del empleo industrial y el retroceso salarial y jubilatorio. Pese a que se prevé una Navidad tranquila, y por ahora no hay reclamos de los desarticulados grupos piqueteros a las grandes cadenas supermercadistas, algunos de los hombres de negocios que integran la nueva lista de 50 mayores millonarios de la Argentina monitorean con inquietud la situación social. No hay piquetes, ni mucho menos saqueos, pero sí más mendicidad y delincuencia. No por nada la ONG Banco de Alimentos Buenos Aires, aunque con cuenta con el apoyo de grandes empresas, ha comenzado una campaña para sumar más donantes corporativos e individuales ante la estadística de la Universidad Católica Argentina (UCA) de que seis de cada diez niños argentinos necesitan ir a comedores, pese a que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, les ha reducido la ayuda y ha apostado a canalizar la ayuda con fuertes incrementos de la asignación universal por hijo (AUH) y algo menos de la Tarjeta Alimentar.

Algunos de esos grandes millonarios que hasta hace poco estaban embelezados por Milei comienzan a preocuparse por la competitividad de su producción por el tipo de cambio, la energía encarecida, reformas laborales y tributarias que se prometen pero por ahora no se concretan o mayores costos por la eliminación de la obra pública en trenes y rutas –esta semana vecinos de Salta cortaron la ruta nacional 9 por el estado lamentable y la Corte provincial le ha exigido acción al gobierno libertario–.

Milei repudia la inversión estatal, aunque por lo bajo el jefe de Gabinete y el ministro de Economía prometen reactivarla cuando sobre plata. También se inquietan los empresarios por las desregulaciones que pergeñan el presidente, Sturzenegger, Luis Caputo, su nuevo secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati. Por ejemplo, quieren modificar normas técnicas para facilitar la importación de acero –otra irritación de Paolo Rocca, dueño del grupo Techint– y cemento –donde tallan la brasileña Loma Negra, la francesa Holcim, PCR y la española Cementos Avellaneda–. O han triplicado el monto para importar vía courier hasta $3.000, lo que asusta a los fabricantes de electrónica –llámese Mirgor, de Nicolás Caputo, primo de Luis y tío de Santiago; Newsan, de Rubén Cherñajovski, o BGH, de los Hojman y Teubal– pero también a las cadenas comerciales como Frávega, Megatone o Cetrogar, ante la amenaza de los competidores internacionales de Mercado Libre como Amazon o las chinas Shein y Alibaba.

La industria local de la ropa también se inquieta. Pero un alto funcionario ratifica la senda guiada por su ideología: “Desburocratizar, desregular, quitar intervenciones sin sentido. Es el camino para reducir costos y aumentar la oferta”. Cuando los empresarios les pronostican destrucción de empleo, responden: “Hay que acomodarse, no va a tener tanto impacto, el mundo no a va en esta dirección”. Por lo bajo, los ejecutivos reflexionan: “Respuesta poco feliz, subestiman el efecto”.

AR/MG