Entró sin saludar y se fue sin hablar. Esa fue la secuencia, tan seca como simbólica, con la que Paul Starc debutó en la sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) el viernes de la semana pasada. No hubo instrucciones, ni señales de dirección, según pudo reconstruir elDiarioAR. Recién el miércoles previo a Semana Santa apareció en persona ante los empleados, luego de su demorada oficialización al frente del organismo antilavado. Un aterrizaje cargado de incertidumbre, que en sus primeras horas ya expuso su carácter puramente político con la decisión oficial de prohibirle a la UIF intervenir como querellante en causas de corrupción.

La designación de Starc como presidente de la unidad, anunciada en enero, fue formalizada el 7 de abril. La resolución firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aludió a la “necesidad ineludible” de contar con una conducción formal en el organismo, luego de casi tres meses de interinidad desde que fuera desplazado Ignacio Yacobucci. El decreto llegó tras cumplir con la audiencia pública establecida por ley: se celebró el 17 de marzo en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia, con la participación del inspector general de Justicia, Daniel Vítolo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la jefa de Gabinete del ministerio, Florencia Zicavo; el fiscal federal Carlos Stornelli y el propio Starc.

En ese acto formal, Vítolo elogió al flamante funcionario por su “trayectoria en la Justicia Federal investigando delitos complejos como estafas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, actividades terroristas, narcotráfico y tráfico de armas”. Y celebró que Milei hubiese elegido para encabezar la UIF a un “hombre de acción” en lugar de un “académico”, como gesto de autoridad en un momento, dijo, en que “el crimen transnacional y el financiamiento del terrorismo atentan contra la paz del mundo”. Starc cosechó más de 450 adhesiones y solo tres objeciones que corrieron por cuenta de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Victoria Borrego que, sin embargo, no asistieron al evento para sostenerlas.

Lo que no se dijo en el evento, pero se comentaba en voz baja, es que la llegada del fiscal —titular hasta ahora del juzgado federal de Tres de Febrero— es una jugada directa de Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno que se convirtió en el verdadero reorganizador del sistema de control del Estado. Su nombre se impuso en la Casa Rosada tras una operación meticulosa que terminó con la cabeza de Yacobucci: un abogado con perfil técnico y cierto recorrido institucional que había empezado a desentonar con el nuevo manual libertario.

La pelea fue sorda, pero no menos intensa. Yacobucci fue advertido por desobedecer directivas: la más grave, apelar el archivo del caso Hotesur, vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero también, por sostener a su vice, Manuel Tessio, en causas sensibles como la de Martín Insaurralde. Según relató elDiarioAR en enero, Caputo leyó esos movimientos como actos de rebeldía y desplegó su ofensiva: lo aisló del circuito político, lo vació de respaldo judicial y filtró información sobre supuestos gastos en primera clase —que el exfuncionario niega— y su “mal vínculo con el GAFI”, el organismo internacional que monitorea la lucha contra el lavado. Cúneo Libarona, que lo había apadrinado en un principio, terminó firmando el decreto de salida. El control pasó a manos de Amerio, alfil de Caputo y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.

Una nueva UIF, escrita desde Balcarce 50

Creada por la Ley 25.246 en el año 2000, la UIF es un organismo autárquico con facultades para investigar, prevenir y denunciar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. Su independencia técnica es considerada clave por organismos multilaterales. Por eso, en octubre pasado, el GAFI evitó que Argentina ingresara a la lista gris, pero dejó explícitas advertencias por la politización creciente del área. La llegada de Starc, para varios especialistas, podría agravar ese cuadro.

Esas alarmas ya comenzaron a sonar: el Gobierno acaba de publicar el Decreto 274/2025, donde se redefine la arquitectura institucional de la UIF. Según lo decidido por Milei, el organismo dejará de intervenir como querellante en causas de corrupción y lavado, una función que hasta ahora le permitía actuar como parte en investigaciones judiciales sensibles. Aunque no lo prohíbe de forma expresa, la nueva reglamentación desactiva en los hechos esa herramienta estratégica, consolidando un cambio doctrinario de fondo. 

“La UIF no está para querellar, para eso están los fiscales”, repiten en la Casa Rosada, justificando así el nuevo decreto y el corrimiento de un perfil técnico por uno de ejecución, como sería el de Starc. En reemplazo de Yacobucci, el Gobierno encontró en él una figura que combina, para el relato oficial, “experiencia operativa” con visión penalista, además de otro atributo fundamental: su condición de leal.

La trayectoria de Starc está marcada por la polémica. Como fiscal federal, trabajó durante más de tres décadas en causas complejas, aunque su paso por la función pública dejó varios rastros incómodos: fue subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2009, en tiempos de Daniel Scioli gobernador y Stornelli ministro de Seguridad. Desde allí tuvo un rol central en el caso Pomar, una tragedia con ribetes bochornosos: una familia apareció muerta semanas después de desaparecer, a pocos metros de la ruta, luego de una investigación errática que derivó en denuncias contra efectivos policiales por omisión de deberes y falsificación de actas. Tras aquel escándalo, Starc volvió al Poder Judicial.

Ahora, como flamante titular de la UIF, su desafío es otro. La gestión de Starc recién acaba de arrancar, en medio de un clima que mezcla tanto parálisis como expectativa. “Nadie sabe qué viene ahora”, describen puertas adentro. No hay señales de un plan, ni nombramientos. Apenas algunas reuniones estratégicas que tuvieron lugar en la sede de un organismo que, desde enero, tuvo al frente de la operación diaria a su vice, Santiago González Rodríguez, un hombre de Amerio.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno no se privó de descalificar la gestión de Yacobucci acusándola de haber motorizado denuncias absurdas, como la que se dirigió contra un corralón de materiales en Mar del Plata por presunto lavado. Pero el mismo organismo, durante ese tiempo, recibió presentaciones relevantes que aún no movió: como la que hizo Elisa Carrió contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, por propiedades no declaradas de su esposa en Miami, luego de una investigación de elDiarioAR. La causa está dormida.

Mientras tanto, Paul Starc recién desembarcó en su oficina. Su llegada, hasta el momento, sigue siendo más simbólica que ejecutiva. El Gobierno lo vendió como un “hombre de acción”, pero sus primeros días fueron de silencio. La UIF, que debería ser un bastión técnico del Estado, aparece hoy como un casillero más en el tablero de poder del asesor Santiago Caputo. Y Starc, más que una solución, como una provocación cuidadosamente diseñada.

PL/MG

La Casa Rosada lanzó una ofensiva sin precedentes contra Ignacio Yacobucci, el hasta hoy titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), desnudando las tensiones internas que atraviesa la gestión de Javier Milei. La maniobra, impulsada por el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, terminó este jueves con la definitiva expulsión del funcionario, según confirmaron a este medio fuentes del Ministerio de Justicia. De acuerdo a los trascendidos, la nueva ficha para la jefatura del organismo sería el polémico fiscal Paul Starc, aunque su designación, al caer la noche, aún no estaba oficializada.

La jornada había transcurrido en medio de acusaciones cruzadas, sospechas por injerencias políticas y decisiones que pusieron al organismo dedicado a la lucha contra el lavado de activos en el ojo de la atención pública. La crisis se agravó en la última semana, tras la publicación de elDiarioAR en la que se relataban las presiones de Caputo sobre las autoridades de la UIF para no intervenir en causas judiciales que involucraban al kirchnerismo.

En los últimos meses, el asesor presidencial no dudó en utilizar su influencia para maniatar lo más que pudo la autonomía del organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir, entre otros delitos, la financiación del terrorismo. Detrás de esas maniobras se encontraba un íntimo amigo suyo: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el verdadero hombre fuerte puertas adentro de la cartera que, al menos en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona. 

La relación entre Yacobucci y el ministro de Justicia se rompió tras una seguidilla de episodios que consolidaron su distanciamiento. El titular de la UIF habría desobedecido directivas estratégicas de la Casa Rosada, como la de no querellar en causas judiciales. El mayor de esos actos de rebeldía tuvo lugar en diciembre y fue la decisión de apelar el fallo que intentaba archivar el caso Hotesur, relacionado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta acción, que para Yacobucci representó un movimiento técnico, fue interpretada como un desafío político que encendió alarmas en el entorno de Caputo. La jugada enfureció al asesor, quien redobló su presión, aisló a la UIF del circuito de decisiones oficiales y aceleró los rumores de un cambio de autoridades.

Desde junio, el organismo fue un campo de batalla de intereses cruzados. Caputo ordenó entonces la remoción de Manuel Tessio, segundo de Yacobucci y especialista en transparencia, después de que la unidad se presentara como querellante en una causa de enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde. Tessio fue señalado como un infiltrado “massista” por el propio asesor todoterreno, quien utilizó una de sus cuentas anónimas en redes sociales para justificar la purga como un acto de “limpieza ideológica”. En su lugar, como vicepresidente de la UIF, asumió Santiago Martín González Rodríguez, un abogado sin experiencia en el área, pero alineado con las directivas de Caputo.

Esa creciente injerencia política en un área autárquica fue advertida ni más ni menos que por el propio Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pese a que la Argentina evitó entrar en la “lista gris” en octubre pasado, el organismo internacional remarcó que esas prácticas están erosionando la credibilidad de una institución como la UIF. Además, según fuentes involucradas, la actual precarización laboral de sus trabajadores y la falta de inversión tecnológica son otros factores que dejan expuesta la fragilidad de un organismo que debería ser un bastión de integridad técnica.

Munición gruesa

En la Casa Rosada no se guardan nada y acusan a Yacobucci de varias irregularidades, como haberse retirado de una causa por narcotráfico o haber motorizado una denuncia contra el dueño de un corralón en Mar del Plata por lavado de dinero. Ambos casos encendieron las alertas en el Ministerio de Justicia, al tiempo que fortalecieron la narrativa de un organismo que opera a la sombra de los intereses del entorno presidencial.

Aunque el botón más revelador del colapso interno quizás haya sido otro: el curso que, en el último tiempo, tomaron las investigaciones relacionadas con figuras de alto perfil político. En diciembre, Elisa Carrió presentó ante la UIF una denuncia contra el jefe del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, por propiedades de su esposa en Miami, luego de una revelación de elDiarioAR. Pese a la gravedad de las acusaciones, la UIF aún no tomó cartas en el asunto, lo que alimenta las sospechas de que la gestión de Yacobucci estuvo completamente condicionada por las prioridades políticas de Caputo y su círculo.

Pero en Balcarce 50 no solo le cuestionan las decisiones técnicas. Al ahora exdirector de la UIF también se lo señala por supuestamente violar la política de austeridad que Milei exige a todos los funcionarios de primera línea: lo acusan de haber realizado numerosos viajes en primera clase y sin autorización. Cerca de Yacobucci rebaten estos cuestionamientos e insisten en que todos los vuelos fueron en económica y aprobados por el ministerio, a excepción de un viaje relámpago a Comodoro Rivadavia por un pedido del titular de la cartera para que lo acompañe en la presentación del nuevo sistema acusatorio.

Cúneo Libarona, quien alguna vez sostuvo a Yacobucci como un hombre de su confianza, hace tiempo que lo había dejado a su suerte frente al embate del tándem Caputo-Amerio. Este jueves, recién llegado de sus vacaciones, el ministro tuvo en sus manos la responsabilidad de dar por finalizado el conflicto, lo que acabó con la salida del abogado de su cargo al frente de la UIF. Una decisión que no solo definió el futuro de la unidad antilavado, sino también el alcance del creciente poder que el joven Caputo ostenta puertas adentro del Gobierno. En el tablero del mileísmo, no hay espacio para quienes se aparten de la línea trazada desde la cima.

*Con la colaboración de Milagros Moreni

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La Unidad de Información Financiera (UIF) atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En el centro de la discordia aparece el nombre de una figura omnipresente en la cotidianidad de los pasillos del poder: Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno, que comenzó a avanzar decididamente sobre la autonomía del organismo antilavado comandado por el abogado Ignacio Yacobucci. Luego de la salida forzada de su exnúmero dos, Manuel Tessio, a mediados del año pasado, cualquier resolución técnica llevada adelante por la unidad se vio sometida a una maquinaria implacable de presiones políticas.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, el malestar interno en la UIF escaló como nunca antes a partir de diciembre, tras la apelación a un fallo judicial que intentaba archivar el caso Hotesur, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuyo juicio oral acaba de ser confirmado por la Corte Suprema. Dicha medida, que logró que la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenara realizar una pericia y continuar con la investigación, desató un tan feroz como sugestivo enojo en la primera línea del oficialismo, paralizando las comunicaciones con la cúpula del organismo y provocando un aislamiento total entre las partes.

¿Un guiño velado del Gobierno a la presidenta del PJ, justo cuando se negocia en el Senado el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema? ¿Juego de necesidades mutuas de cara a un 2025 que se vislumbra cruzado por la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo? Especulaciones. Lo cierto es que, desde ese cortocircuito de hace un mes, los rumores de un posible desplazamiento de Yacobucci se acrecentaron. Detrás de esas maniobras se encontraría un íntimo amigo de Caputo: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el verdadero hombre fuerte puertas adentro de la cartera que, al menos en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona. El ministro está de vacaciones en Chile, completamente alejado de las visicitudes que cruzan por estas horas al organismo que, pese a ser autárquico, se encuentra bajo su ala.

El primer indicio de que la UIF comenzaba a estar bajo asedio tuvo lugar en junio, cuando Caputo dio la orden de remover de su vicepresidencia al abogado especialista en transparencia y compliance Manuel Tessio. El comunicado oficial alegó razones personales, pero el motivo real de su salida fue mucho más concreto: la presentación de la UIF como querellante en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Una movida que, lejos de ser celebrada, le costó el puesto a Tessio, quien meses más tarde fue reemplazado por Santiago Martín González Rodríguez, un letrado cercano a Caputo sin experiencia alguna en la materia.

En aquel entonces, a través de una de sus cuentas anónimas de X, el asesor estrella de Milei redobló la apuesta y tildó a Tessio de ser un “massista” infiltrado, justificando la decisión de correrlo como un acto de limpieza ideológica. El mensaje fue claro: no se acciona si no es en línea con los intereses y directivas del todopoderoso integrante del “triángulo de hierro” presidencial. Un gesto que no solo desenmascara los objetivos non sanctos de La Libertad Avanza, sino que además revela cómo Caputo moldea áreas sensibles del organigrama estatal a su imagen y semejanza. De hecho, hace apenas semanas la UIF recibió una denuncia de Elisa Carrió contra Cristian Ritondo tras la investigación de elDiarioAR sobre las propiedades en Miami de su esposa. El jefe del PRO en Diputados cuenta con línea directa con Caputo. No hubo aún novedades al respecto.

Advertencia internacional

En octubre pasado, la aprobación del Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) despejó los temores de un ingreso de la UIF a la “lista gris” y evitó sanciones económicas para el país. Sin embargo, aunque este resultado representó un alivio importante, no alcanzó: en informes posteriores, el GAFI advirtió que las injerencias políticas están minando la autonomía del organismo, lo que amenaza con erosionar la ya frágil credibilidad de Argentina en el combate contra el lavado de dinero.

En el plano doméstico, en tanto, un punto que enciende alarmas es la precaria situación laboral de los trabajadores del organismo. Con salarios 32% por debajo del estándar del sistema nacional de empleo público (SINEP), la UIF está entre los peores pagos del Estado. Fragilidades que también se extenderían a la infraestructura tecnológica, que según fuentes consultadas por elDiarioAR requiere “inversiones urgentes” para estar a la altura de sus pares internacionales.

Los ruidos al interior de la UIF, lejos de ser anecdóticos, exponen un patrón recurrente puertas adentro del gobierno libertario: el que no agacha la cabeza ante las órdenes de la Casa Rosada, corre peligro de tener los días contados. Las presiones sobre el organismo que debe encargarse de prevenir los delitos financieros no son más que otro capítulo en la consolidación del poder de Caputo, un asesor sin firma que se mueve con la impunidad de quien se sabe exento de cualquier tipo de control.

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Elisa Carrió denunció al diputado del PRO Cristian Ritondo ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. La presentación de quien fue socia del macrismo en Cambiemos se basó en la investigación publicada por este medio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre el entramado de sociedades offshore vinculado a la esposa del jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Romina Diago. 

En un escrito dirigido al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, Carrió planteó el jueves 12 de diciembre pasado que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. Además, solicitó que se analice el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, su actividad, estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, así como el monto de adquisición de bienes inmuebles. 

Mónica Frade amplió la presentación

Tras la denuncia de Carrió, Mónica Frade, diputada y aliada de la líder de la Coalición Cívica (CC) realizó una segunda presentación en la que amplió la información sobre el patrimonio de Ritondo, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR. 

Frade enumeró una serie de supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo y datos obtenidos de una investigación propia de la diputada. Al finalizar su presentación solicitó que se inicie la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la espada de Mauricio Macri en Diputados.

La diputada señala en su escrito que mediante una firma, Emprendimientos Rivadavia, se realizan obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que no están registradas en la declaración jurada de Ritondo y le generan sospechas de supuesto lavado de dinero, según publica el diario La Nación.

Para Frade, “claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”, remarcó la legisladora.

Asimismo, asegura que Ritondo posee las firmas Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business, Agrolink. Pero señala que en las declaraciones juradas de bienes, de 2021 a 2023 Emprendimientos Rivadavia sufrió un retroceso en el valor de sus acciones. Luego menciona supuestas inconsistencias en la declaración de dólares heredados y el congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años en $3.252,000. Tampoco modificaron su valor las acciones de Agrolink y de Bulls Business.

Este miércoles, en declaraciones a Radio con Vos, Frade sostuvo que Lilita Carrió “es una olfateadora nata respecto a temas de corrupción y nosotros seguimos sus enseñanzas. El funcionario Cristina Ritondo ha sido materia recurrente para la Coalición Cívica, sobre todo cuando fue ministro de Seguridad bonaerense. Tuvimos algunas objeciones y alguna información que le hacíamos llegar a la entonces gobernadora (María Eugenia Vidal) porque nos preocupaba”.

De acuerdo a Frade, “en la ampliación sobre las posibles inconsistencias de las últimas tres declaraciones patrimoniales de Ritondo, pusimos el ojo en la conversión de 133 mil dólaresde una supuesta herencia. Tomó el valor del dólar a un número muy inferior, lo que serviría para justificar dólares que no estaban registrados”, explicó, al tiempo que agregó: “La empresa madre es Emprendimientos Rivadavia S.A., fundada con su padre en el 2000. Adquirió numerosos rodados de alta gama en el 2024, unos diez autos de alta gama”, detalló.

Los autos en cuestión que se compraron desde 2004, según el escrito presentado por Frade, son dos Volkswagen New Beetle, una Peugeot Boxer, un Suzuki Sidekick JX modelo 1993, un Jeep Grand Cherokee, una Ford Ranger, un Mini Cooper, una camioneta RAM 1500 5.7 VB LARAMIE 4X4, un Mercedes Benz 240 GD/2850 y una Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG.

Antecedentes

El trabajo periodístico reveló que Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. Ritondo, referente central de Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. 

El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. El denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, se presentó este martes a ratificar su presentación ante la fiscalía, por lo que Taiano ya está en condiciones de decidir si abre una investigación penal.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el juez rechazó esa posibilidad.

Estas son cinco claves para entender el caso de las sociedades y propiedades en el extranjero.

Las preguntas sin responder

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

ED/MC