“Sos un presidente muy cobarde”, le dedicó Cristina Kirchner este viernes a Javier Milei en una nueva publicación en redes en la que le advirtió al Presidente que, cuando al poder económico y a Estados Unidos “no les sirva”, lo van a “tirar al basurero de la historia”.

Cristina lanzó un nuevo mensaje en la red social X mientras cumple su prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, donde hoy tendrá una agenda nutrida: referentes de la política latinoamericana la visitarán en su residencia. La expresidenta recibirá al exmandario de Colombia Ernesto Samper y a la extitular de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira. Las visitas están previstas a las 16 y 17, respectivamente. El eje central de ambas conversaciones será “la realidad del continente”, según se informó oficialmente.

Cristina quiere consolidar un espacio de diálogo con dirigentes de la centro-izquierda y el progresismo de la región, a pesar de su situación judicial. Y en ese marco es que busca instalarse como la opositora directa de Milei. Por esos sus insistentes mensajes en contra del libertario.

“Ves que sos un Presidente muy cobarde! La verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico (con su correlato mediático) y las Fuerzas del Norte… que para sostenerte, usarte como títere vende Patria y continuar saqueando nuestro país a través de las finanzas y los recursos naturales, necesitaron meterme presa y proscribirme”, le dedicó CFK a Milei en sus redes.

Le endilgó a que Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, la suba del dólar de los últimos días (ayer tocó un techo de $1.385) y le devolvió las críticas del Gobierno de que los movimientos en la divisia se dan por un “riesgo kuka” ante la cercanía de las elecciones. “Lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los kukas”, dijo también en alusión a Victoria Villarruel porque Milei acusó a su vice de habilitar la sesión en el Senado donde tuvo media sanción los proyectos de los gobernadores para coparticipar los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación del impuesto a los combustibles.

Cristina buscó hacer un análisis de la situación económica -“¿En serio que Todo Marcha de Acuerdo al Plan?”- y también cuestionó el nuevo desembolso de US$2.000 millones, además de los nuevos encajes a los depósitos bancarios que impuso hoy el Banco Central. “En abril, el FMI te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que iba a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a ”dolarizar“ a 911 pesos. Te acordas ¿no? Ahora, te van a dar 2.000 millones más pese a que no juntaste las reservas que te pedían y, así y todo, ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos”, escribió. Y apuntó: “Otra vez, para que no se te siga disparando el dólar, tuviste que salir corriendo a modificar los encajes bancarios aumentándolos al 40%. O sea… elegís encarecer el crédito sin que te importe reventar la actividad económica aún más de lo que está”.

“¿Cómo era lo que decías ”economista experto en crecimiento con o sin dinero“? ¿Qué el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía? Hoy no hay ni reservas, ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales”, expresó.

Al final publicó una posdata que decía: “Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027… Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran”.

MC

Las detenciones a cinco jóvenes militantes en la “causa Espert” -con el trasfondo de múltiples allanamientos y detenciones a organizaciones sociales desde 2024 y la reciente detención y proscripción de Cristina Fernández- forman parte de un conjunto de acciones y mensajes de los poderes del Estado dirigidos a generar una conciencia extendida de que las prácticas organizativas y expresivas de los activismos están en un horizonte de riesgo y son pasibles de ser ilegalizadas.

En estos últimos 40 años existieron intervenciones estatales autoritarias contra la acción política, entre las que se destacan la represión y la criminalización. Así entendimos las respuestas judiciales y/o políticas contra acciones colectivas, generalmente protestas sociales. Esta criminalización es una forma de regulación político-penal de la acción política: el procesamiento judicial de activistas, manifestantes y referentes sociales, políticos o sindicales por participar en protestas, a los que se acusó con figuras penales para reprocharles las formas o los tiempos de sus acciones. El esquema típico arranca con una imputación no grave (de expectativa de penas bajas), pero que exige que el o la referente esté sometido a proceso, que su organización se retire de la calle a los tribunales y destine recursos de todo tipo a sostener la libertad del acusado o acusada. Todo con un costo reputacional para la persona y su espacio social y político. La sospecha que queda es mayor cuando se suma una acusación de corrupción. En general, la acusación original se desmorona en la instrucción o en el juicio por ausencia total de pruebas. Pero el daño ya está hecho, el mensaje al conjunto de la militancia enviado y el control penal de la acción política, realizado.

A veces la racionalidad era restringir las protestas en las calles y en las rutas, pero cada vez más se usó la protesta como una oportunidad para involucrar a referentes en un proceso penal, poder interferir sus comunicaciones y afectar a su organización. Es decir, el efecto principal más que la libre circulación fue condicionar y limar la organización. Ya en el gobierno de Cambiemos, la protesta fue vista como una acción ilegítima, dejando de ser la gran escena de la democracia para ser cada vez más tildada de situación delictiva. La narrativa de los grandes medios combinó la acusación de violencia con la de manejo espurio de fondos o corrupción como la fórmula para desacreditar la legitimidad social y política de las organizaciones.

Esto que decimos que “es otra cosa” no es una novedad de 2025. Se viene padeciendo en varias provincias, a veces por iniciativa de los gobiernos locales, a veces impulsado desde Nación, a veces por activismo judicial. Lo hemos visto contra comunidades mapuche y contra movimientos sociales. Ahora llegó al centro del país, en concierto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, afectando a una organización política también central y eso emite un mensaje fuerte y generalizado a la militancia.

Las detenciones a cuatro mujeres y un varón, todos militantes jóvenes, en la causa Espert muestran este tipo de intensificación: se dicta la prisión efectiva sin que haya riesgo procesal, se imponen condiciones gravosas en la detención, se califica con tipos penales graves acciones exentas de violencia, se establece el secreto de sumario sin motivos legales, se habla de asociación sin elementos, se acusa de querer “imponer ideas por la fuerza” para describir una simple acción de escrache. Con absoluta inverosimilitud, se encuadra un mensaje de descalificación política como “amenazas agravadas” y se lo trata de hacer entrar en grandes figuras como el atentado contra el orden público e incitación al odio por motivos políticos.

Posiblemente fue con las acusaciones y la prisión efectiva a Milagro Sala, junto con el desguazamiento de la Tupac Amaru como organización e infraestructura social, que la lógica de la criminalización se transformó por su intensidad y su naturaleza. Ya no se trató de una modalidad de regulación penal sino de ilegalización y anulación de una organización popular. Al día de hoy, continúan los intentos de agravar sus condiciones de detención. A lo largo de su proceso quedó muy claro que el “bien protegido” no era el orden público, la integridad de nadie, ni la propiedad privada. Lo que quedó protegido y reforzado fue un proyecto de hegemonía política y de ordenamiento de la sociedad.

Las 33 detenciones del 12 de junio de 2024 en el centro de Buenos Aires en ocasión de la protesta contra la Ley Bases, mostraron la desinhibición de este gobierno y de parte del Poder Judicial para utilizar la fuerza policial, penal y penitenciaria. Detenciones arbitrarias al voleo, acusaciones de terrorismo y prisión preventiva en cárcel común. Para el momento en el que se cayeron todas las acusaciones y se dictaron las libertades, el mensaje a la sociedad ya había sido enviado: la protesta social será entendida como una acción directa, reprimida y castigada. No importa si no sos el que prende fuego un auto: más aún, importa que aunque no prendas fuego a los autos, tu presencia en los alrededores de una protesta será considerada ilegal.

Las detenciones de la causa Espert confirman esa desinhibición para el uso del aparato policial-penal-punitivo pero en lugar de dirigirse al activismo inorgánico que participa de movilizaciones, se dirige a la organización política. Esta vez no es al voleo, es dirigida, te van a buscar. El mensaje es también de intimidación: la organización no te blinda ni te protege de la embestida penal.

La escalada en los tipos penales también incluye la acusación de terrorismo, lo que sirve para hacer ingresar a las y los acusados en zonas de excepción y activar las máximas medidas penales y punitivas.

Una de las ideas fuertes de la democracia desde los 80 fue la de garantía penal. Era una cuestión seria, protegida por todo el sistema político y que se consolidó con la incorporación del derecho internacional a nuestro marco legal en los noventa. Que el repudio a estas detenciones sólo provenga de los sectores que ya están identificados como opositores expresa que esa valoración común de las garantías quedó muy atrás.

*La autora es Directora del área de Investigación del CELS

MC

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner presentó este martes un pedido de autorización al Tribunal Oral Federal 2 para que el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pueda visitarla en su departamento del barrio de Constitución donde cumple la condena de 6 años de prisión por la causa Vialidad.

El abogado Carlos Beraldi, que representa a la exmandataria, “presentó un escrito solicitando autorización para la visita de Lula”, confirmó el juez Jorge Gorini en declaraciones a la agencia AFP, y agregó que el tribunal debe ahora analizar el requerimiento.

Gorini, junto a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, serán los encargados de definir si habilitan la visita de Da Silva en el domicilio de San José 1111 que ocupa la ex mandataria.

El presidente de Brasil llegará al país el jueves próximo para participar de la Cumbre del Mercosur en la que el mandatario Javier Milei le hará el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque regional.

MM con información de la agencia NA.

El juez federal Jorge Gorini presentó ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema el pedido de decomiso a la expresidenta Cristina Kirchner, cuya cifra base por el perjuicio económico en la causa Vialidad es de 86.000 millones de pesos y se debe actualizar.

La suma corresponde al daño estimado por una maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz, en lo que se conoció como la causa Vialidad y por la cual semanas atrás el Máximo Tribunal ratificó los 6 años de condena contra la ex mandataria.

Gorini, encargado de la ejecución de la pena, formalizó el pedido a los especialistas para fijar el monto definitivo por el cual deberán responder los nueve condenados, entre los cuáles figuran también el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Según el fallo judicial, entre 2003 y 2015, el 86 por ciento de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz fueron adjudicadas al Grupo Austral de Báez mediante mecanismos irregulares, por medio de direccionamiento de licitaciones, simulación de competencia, pagos privilegiados y falta de controles.

En su fallo, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 remarcó que se trató de “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”, por lo que se avanzó con el pedido de decomiso como una forma de resarcimiento.

El cálculo original se basó en peritajes de cinco obras testigo, incluidas tres en la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, que evidenciaron sobreprecios y colusión.

A esto se sumaron otros indicadores, como colusiones empresariales y sobrecostos estimados, para llegar a una cifra de daño general.

Una vez que el monto actualizado sea oficializado, Gorini emplazará a los condenados a abonar sus respectivas partes en un plazo de diez días hábiles y en caso de no hacerlo se ejecutarán los bienes registrados a nombre de los implicados.

Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla propiedades y empresas de cada imputado, según informó el portal Nuevo Día de Santa Cruz.

MM con información de la agencia NA.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes el beneficio del arresto domiciliario concedido a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por lo que la decisión será ahora de la Cámara Federal de Casación.

En un escrito de 33 carillas, los fiscales reclamaron que se revoque el arresto domiciliario de “Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”, según el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria”, argumentan los fiscales.

Luciani y Mola afirman que “jamás existieron motivos reales” para darle la domiciliaria a la expresidenta de 72 años.

El Tribunal Oral Federal 2 concedió el beneficio el 17 de junio pasado en base al atentado que sufrió Cristina Kirchner como vicepresidenta el 1° de septiembre de 2022 y al concluir que no hay garantías de seguridad en una cárcel común.

“La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, insistieron ahora los fiscales.

Además mencionaron que, en caso de ir a cárcel común y quedar alojada de manera individual, “desde ningún ángulo puede asimilarse” esta situación al “aislamiento”.

También cuestionaron lo que pasa en el barrio de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, a nivel seguridad y aludieron a un “trato desigual” en relación a otros condenados que están en cárcel común.

La decisión será de la sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que investiga a uno de los efectivos que custodia a la expresidenta y al que acusó de “cuidarla muy mal”, tras conocerse imágenes del agente con una campera de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela.

“Defender una custodia que en un momento tan importante ni se da cuenta de lo que está pasando muestra algo raro”, denunció la funcionaria, y sumó: “Hay una connivencia, no puede un efectivo de seguridad tener una campera de una guardia pretoriana”.

Si bien Bullrich evitó revelar la cantidad de efectivos que se utilizan para preservar a la ex presidenta en su departamento ubicado en San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, indicó que hay posibilidades de achicar el plantel.

La reacción de Gregorio Dalbon

MM con información de la agencia NA.

El martes, un día antes de la masiva protesta en Plaza de Mayo contra la detención de Cristina Kirchner, un grupo de intendentes del conurbano hizo un cónclave para organizar la columna del Movimiento Derecho al Futuro que iba a acompañar a Axel Kicillof a la manifestación. Aunque el tema central de la conversación fue lo operativo de la marcha, hubo líneas hacia el futuro electoral que ya con la titular del PJ detenida los dirigentes entienden que no se pueden esquivar más: si se mantienen las elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires y cuál será la estrategia del panperonismo para lograr la unidad que enfrente a la alianza entre libertarios y el PRO.

No hubo a esas preguntas respuestas definitivas en la cumbre de jefes comunales, pero sí atisbos de que es un debate que está inevitablemente en el aire. “La marcha por Cristina demuestra que el proceso de su detención ya debería terminar, aunque nos parezca una injusticia; ahora hay que mirar para adelante”, compartió a elDiarioAR uno de los participantes de la reunión de caciques. Con Cristina Kirchner corrida de la cancha, el panperonismo tiene que sentarse a discutir cómo la reemplaza en la Tercera Sección Electoral para los comicios del 7 de septiembre, a menos que Kicillof eche para atrás su avanzada autonomista.

Este medio supo de al menos tres voces distintas –con aceitados vínculos tanto en La Plata como con el PJ de Matheu y la casa de Cristina– que la posibilidad de anular el desdoblamiento electoral no es un debate del todo clausurado. Al menos ya hay un planteo de los funcionarios de Kicillof que deben encargarse de las elecciones a nivel organizativo. Y el propio Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, dijo en una aparición en el streaming Blender que es una potestad del mandatario firmar un decreto en ese sentido –es decir, esquivó dar un “no rotundo”–.

“Bianco no lo ve como una mala idea. Y yo creo que Axel tiene servida la narrativa para volver a ordenarse”, dijo un funcionario del gabinete provincial. Apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre Cristina, Kicillof caracterizó el momento como “otro país” y ahí ya abrió la puerta a repensar su desdoblamiento.

Si el panperonismo se unió tras la condena a CFK y reunió a unas 150.000 personas frente a la Casa Rosada –los organizadores hablaron de 500.000 personas y el Gobierno, de 40.000–, allí podría haber motivos suficientes para ir finalmente juntos el 27 de octubre. Sobre todo porque enfrente están los libertarios junto al PRO. Pero una marcha atrás de Kicillof lo podría hacer perder acciones en el mano a mano por la lapicera con el kirchnerismo. “El desdoblamiento sigue a fondo, hay mucha operación para que no se desdoble”, apuntó un funcionario municipal que integra el MDF.

En su momento, la discusión contra el cambio de fecha la dio Cristina al entender que ponía en riesgo la gobernabilidad en la provincia porque Javier Milei iba a lograr nacionalizar una campaña local y el aparato mediático oficialista saturaría la agenda con hechos de inseguridad en el conurbano. Pero la Provincia encargó un estudio técnico que resolvió que hacía imposible realizar elecciones concurrentes el 26 de octubre, porque la jornada electoral no daría abasto para que los electores voten en tiempo y forma con dos sistemas distintos: la nacional se hace con boleta única de papel y la provincial, con la papeleta tradicional. PBA tiene un tercio del electorado del país, y en la Dirección Provincial de Asuntos Electorales concluyó que quedaría gente afuera de las escuelas tras el cierre a las 18 de ese domingo. “La dificultad operativa sigue siendo igual de cierto, aunque pensemos que es un buen momento para unificar las elecciones”, dijo un funcionario.

Kicillof saldó el debate con el desdoblamiento y aunque Cristina pataleó, terminó aceptando con un desafío: ir ella en la Tercera Sección electoral, que corresponde al sur del conurbano. Ahora sin CFK en la cancha, la expectativa es qué nombre la reemplazará. Un operador kirchnerista entiende que la expresidenta querrá poner a alguien de su entorno, pero el kicillofismo y los intendentes buscan ahora presionar para buscar un candidato de consenso. Sobre todo porque el sur es el pago donde pisan fuerte aliados del gobernador como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) o Mario Secco (Ensenada).

“A Cristina se la podía cuestionar pero no negar; sin ella, no será fácil que los intendentes acepten a cualquiera”, analizó una fuente. Un nombre que dio vueltas es el de Verónica Magario, la vice de Kicillof, que reúne la condición de ser un puente entre los intendentes y el kirchnerismo. Esa discusión no se resolvería del todo con la unificación electoral, porque ahí las concurrentes obligarían de hecho a que haya dos elecciones: la boleta única no permite el arrastre con los cargos provinciales. CFK apela a que Sergio Massa pueda erigirse como figura de esa unificación, aunque tiene el techo marcado del fracaso presidencial y de haber sido el último ministro de Economía de un gobierno con la inflación espiralada.

La proscripción de Cristina obligó al peronismo a estar sumido en las últimas dos semanas en su situación judicial, dejando de lado la negociación por las listas que –hasta ahora– cierran el 19 de julio. Durante varios días el tema dominó las conversaciones digitales, superando al Gobierno. Sin embargo, según apuntaron desde la consultora AdHoc a elDiarioAR, las comunidades libertarias pudieron instalar mejor conceptos como “CFK Presa”. En las comunidades vinculadas al kirchnerismo y al peronismo la consultora determinó que no se observó un accionar coordinado para disputar el encuadre de la conversación sobre CFK, aunque sí lograron instalar la vinculación de Mauricio Macri con las causas judiciales.

Exactamente queda un mes para definir el sinfín de candidatos que se presentan en las elecciones provinciales, porque de alguna manera son muchos comicios en un mismo día: hay secciones electorales bonaerenses que eligen diputados y otras, senadores; a su vez, cada municipio renueva sus concejales y consejeros escolares. Por eso los intendentes no querrán desatender el pago chico.

“Hay vocación de disputar y discutir, esto no es de entrega, descentralidad y de que van a regalar todo lo construido”, apuntaron en un municipio importante del conurbano. El peronismo ya está en tiempo de descuento y la discusión de la interna, sobre la mesa.

MC/MG

“El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso es que estoy presa”. Cristina Kirchner apeló a un mensaje grabado para participar a su modo en la marcha peronista que colmó este miércoles la Plaza de Mayo en contra de su detención domiciliaria. “Pueden encerrarme a mí, pero no a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”, aseguró la expresidenta tras cumplir el primer día de una condena de seis años, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina tuvo duros pasajes contra el Gobierno. “El modelo que encarna Milei se cae porque es injusto e inequitativo, pero fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogurt y no es nuevo, lo vimos con Martínez de Hoz y con Cavallo”, señaló la exmandataria en un mensaje leído que grabó en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. “Mientras esto sucede, el impresentable de (Luis) Caputo alquila dólares para simular que tiene reservas. Más chanta no se consigue”, apuntó.

Cristina apareció dos veces: primero en diferido, con un mensaje grabado previamente y uego salió en vivo para agradecer la convocatoria. Según los organizadores el estimado de manifestantes fue de entre 500.000 personas a un millón. Tras sus palabras, que no duraron más de diez minutos, el acto dejó mensajes al Gobierno con canciones: sonó “Todo preso es político” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y “Pinturas de guerra”, del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Estoy firme y tranquila, eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son. Quiero agradecerles a todas y todos las increíbles muestras de afecto todos estos días en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país”, añadió. Bromeó al respecto de sus condiciones de detención: “Menos mal que no tengo macetas con plantas para regar en el balcón”.

Cristina buscó inyectar una dosis de épica a la militancia, aunque el peronismo primero tiene que desandar la interna abierta desde que Axel Kicillof desdobló las elecciones bonaerenses. Esa decisión del gobernador fue la que llevó a la expresidenta a buscar presentarse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, que corresponde al sur del conurbano. “No me dejan competir porque saben que pierden”, planteó hoy desde la plaza.

Luego CFK le pidió al peronismo “organizarse para planificar cuál es el verdadero problema que tienen nuestro país”. Así reconoció el apoyo que le dio la militancia en los últimos días en la puerta de su casa: “Me encantó escucharlos cantar 'Vamos a volver', no lo hacíamos hace mucho tiempo”.

El acto de Cristina tuvo la consigna “Argentina con Cristina”, la original de la manifestación que se había planificado hacia Comodoro Py, donde la expresidenta debía presentarse como máximo hoy para notificarse de su detención. Finalmente ayer el Tribunal Oral Federal 2 le convalidó directamente la prisión domiciliaria y la obligó a usar tobillera electrónica, así como le prohibió salir al balcón.

El acto contó con una masiva participación de todas las tribus peronistas, desde La Cámpora al espacio de Kicillof Movimiento Derecho al Futuro. Hasta la izquierda se movilizó contra la proscripción, aunque se quedó en las inmediaciones del Obelisco para un acto propio. No estuvo en las calles orgánicamente la CGT por la discusión interna entre el ala más kirchnerista, la peronista y la alineada con Milei. La central obrera dio libertad de acción para los distintos sindicatos.

En la previa, el Gobierno se había mostrado desafiante y ratificó la vigencia del protocolo antipiquetes. “La calle es de la gente, no es del kirchnerismo ni del Gobierno”, planteó el vocero presidencial Manuel Adorni. Las fuerzas de seguridad desplegaron unos 2.000 efectivos, además de instalar un fuerte vallado alrededor de la Casa Rosada y controlar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. “Las fuerzas federal están trabajando para que tanto los accesos, como la vía pública y edificios que responden a las autoridades federales sigan teniendo el orden que deben tener y no deben perder por una marcha de tintes políticos”.

“El Gobierno va a hacer todo para que el protocolo antipiquetes se cumpla”, ratificó Adorni, luego de que en las primeras horas del día el peronismo y distintos grupos políticos ya se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, como la zona de la casa de la expresidenta, en Monserrat, y en sectores sobre la avenida 9 de Julio y hasta la estación Constitución. El vocero aclaró sin embargo sobre la marcha: “Es legítima, nadie pretende que la gente no se exprese”.

MC

Mayra Mendoza fue clara en el mensaje: “El objetivo es juntar unas 150 mil personas”. La intendenta de Quilmes, aliada de Máximo Kirchner en La Cámpora, habló así el viernes en la sede del PJ, pero no se dirigía solo a peronistas: la escuchaban, entre otros, dirigentes del PTS –referenciados en Myriam Bregman– y de Libres del Sur –de Humberto Tumini–. La condena a Cristina Kirchner sacó al peronismo de su disputa interna electoral y forzó una unidad que ahora buscan ampliar a extrapartidarios, con la intención de dar una señal en la calle a la Corte Suprema y a Javier Milei. El objetivo es convertir la presentación judicial de este miércoles en una multitudinaria marcha que reclame contra la proscripción de la expresidenta.

La intención de juntar al menos 150.000 personas fue compartida con elDiarioAR por otras dos fuentes al tanto de la movilización que se prepara para mediados de esta semana. “Si van unas 100 mil, podemos vender que fueron 500 mil”, apuntó un funcionario bonaerense con una importante organización social detrás.

El peronismo busca construir una épica: una caminata desde el departamento de Cristina, en el barrio porteño de Monserrat, hasta los tribunales federales de Retiro. Allí debe presentarse para que se inicie formalmente el cumplimiento de su condena: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras el fallo judicial que la encontró responsable del desvío de fondos públicos para obras de Vialidad Nacional. La consigna es “Argentina con Cristina” y los organizadores ya pidieron que los manifestantes lleven banderas argentinas.

En los últimos días se reforzó el trabajo de base para esa manifestación. El jueves, el puntapié lo dio el Consejo Nacional del PJ en Matheu; el viernes se realizó una mesa ampliada con participación de espacios no peronistas; el sábado se encontraron los intendentes; este lunes habrá una reunión de juventudes; y el martes está prevista una cumbre con la CGT y los gobernadores del PJ.

Sin embargo, todavía hay cabos sueltos en la organización. El principal es que no está confirmado que CFK deba presentarse personalmente el miércoles en Comodoro Py. Sus abogados solicitaron que la Justicia le habilite la prisión domiciliaria de manera automática, sin necesidad de ir en persona. Argumentaron los riesgos del operativo de seguridad que implicaría una marcha de esta magnitud, pero el trasfondo es otro: evitar que el aparato político-mediático libertario tenga imágenes de Cristina detenida. “No queremos que la humillen”, exclamó la legisladora bonaerense Teresa García.

Otra posibilidad que se evalúa es que, si Cristina no debe comparecer en persona, el Gobierno podría evitar activar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La ministra suele reprimir cuando las protestas no son masivas, aunque ya cruzó varias líneas rojas con ataques a jubilados o trabajadores de prensa. En la Casa Rosada manejan bajo estricta reserva el operativo de seguridad. elDiarioAR supo que Bullrich se apoya en su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni. Del lado presidencial, Santiago Caputo sigue de cerca el despliegue a través de los servicios de inteligencia: digita movimientos de la SIDE mediante Sergio Neiffert –el “Señor 5”– y Diego Kravetz –el “Señor 8”–.

En cuanto al recorrido, hasta el cierre de esta edición no estaba definido. De la esquina de Humberto 1° y San José hasta los tribunales de Comodoro Py hay cinco kilómetros: caminando se tarda alrededor de una hora y diez minutos, según Google Maps. Si la convocatoria es masiva, el trayecto podría contemplar atravesar la avenida 9 de Julio, ingresar a la zona de Retiro por la plaza San Martín y pasar frente a las estaciones de trenes y colectivos antes de llegar a Comodoro Py. “No hay aún recorrido ni horario porque no está definido. Y se verá si se hará un corredor, donde cada organización esté concentrada en un punto específico pero que no se movilice”, explicó un dirigente social presente en la reunión del viernes en Matheu.

Tampoco está claro qué sucederá una vez que Cristina se entreviste con el juez de la causa Vialidad. El objetivo de la marcha es presionar al juez Jorge Gorini para que autorice la prisión domiciliaria en ese momento, lo que permitiría a la expresidenta regresar directamente a su departamento. Pero si el magistrado ordena que pase una primera noche en un calabozo o la traslada a otra dependencia, las columnas marcharán donde sea necesario. “Cristina no está sola. Vamos a estar donde ella esté”, afirmó un referente del peronismo.

Un experto en seguridad con conocimiento del Ministerio de Seguridad advirtió que un posible destino de detención podría ser la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia y Figueroa Alcorta, donde estuvo presa María Julia Alsogaray en 2003. Justamente allí, este martes harán un acto Milei y Bullrich. “Esperemos que no provoquen ni se hagan los vivos”, alertó un dirigente kirchnerista. Cristina solicitó el beneficio de prisión domiciliaria también por razones de edad: tiene más de 70 años.

Un detalle menor pero revelador: la consigna “Argentina con Cristina” no convenció a todos. Las dudas surgieron de espacios no kirchneristas, como la izquierda. En el Partido Obrero, por ejemplo, cuestionaron la visita de referentes del PTS al departamento de CFK. “Para nosotros el fallo es proscripción, pero no suspende la lucha, y el peronismo siempre tira para atrás”, planteó un dirigente del Polo Obrero. Por estas horas, los espacios extraperonistas debaten internamente el grado de adhesión a la movilización hacia los tribunales. Por lo pronto Cristina ya tiene armada su ofensiva ncallejera y apuesta a que sea multitudinaria.

MC

En la Casa Rosada repiten una consigna: “Sin show, sin fotos, sin revancha”. La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción reordenó la agenda política, pero el gobierno de Javier Milei —lejos de buscar capitalizar el momento con gestos ruidosos— optó por una estrategia de profilaxis comunicacional. En Balcarce 50 aseguran que no harán del operativo de detención un espectáculo. “No somos como el macrismo”, dijo una fuente oficial, en alusión a la imagen de Amado Boudou esposado y en pijamas durante su arresto en 2017, también bajo la órbita de Patricia Bullrich.

Ahora, como entonces, Bullrich sigue al frente del Ministerio de Seguridad. Pero el contexto político —y el mandato simbólico de la administración libertaria— es otro. En lugar de protagonismo, el Ejecutivo eligió delegar: fue la Justicia la que solicitó asistencia logística a las cuatro fuerzas federales y será también el fuero penal el que defina los detalles del procedimiento. El pedido formal lo hizo el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal Nº2, con un plazo de 24 horas para que Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y la PSA entreguen informes operativos. El Gobierno respondió sin filtrar ni condicionar.

Cristina Kirchner ya avisó que se presentará el miércoles 18 en Comodoro Py para “ponerse a derecho”. Lo hizo en un comunicado donde calificó a los jueces de la Corte como “títeres” y aseguró que haber solicitado la detención domiciliaria no implica “un privilegio”. “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema cumplió la orden de proscripción del poder económico (...) mis abogados presentaron ante el TOF 2 solicitud de detención domiciliaria”, escribió en su cuenta de X.

Pero en la cima del poder libertario, lejos de esa narrativa, dominó la cautela. “No queremos hacer ningún show de esto”, deslizó un funcionario con llegada al despacho presidencial. La consigna es evitar alimentar la idea de persecución política y, al mismo tiempo, no correr el riesgo de transformar el operativo en un hito mediático que eclipse al propio Gobierno.

Desde Jerusalén, donde continuaba su gira internacional, el Presidente dedicó apenas unas líneas al tema. Primero lo hizo por redes sociales: “Justicia. Fin”, escribió el martes. Luego, durante una clase magistral de economía anarco-capitalista en la Universidad Hebrea, se permitió una frase más: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”.

En la misma línea, aunque con un tono más técnico, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reforzó la idea de institucionalidad. “Nadie puede hablar de un fallo político”, sostuvo. Y agregó que la mayoría de los jueces intervinientes en la causa Vialidad fueron designados por gobiernos kirchneristas. “No genera incomodidad, pero sí es un hecho conmocionante. Nadie se alegra”, aclaró. “Esto vuelve a poner a la Argentina en las tapas del mundo, y no por buenas razones”.

A diferencia de otros momentos en que el oficialismo buscó confrontar con el kirchnerismo como reafirmación identitaria, esta vez el pragmatismo se impuso. El objetivo es no tensionar la calle, no agitar movilizaciones ni dar pie a que la expresidenta se victimice ante un operativo excesivo. “Esto no es un triunfo político, es una escena de institucionalidad. Y punto”, resumió un funcionario libertario, que remarcó que la Justicia será quien decida si corresponde una entrega voluntaria, una detención domiciliaria o el traslado a un centro penitenciario. Por lo pronto, en la Casa Rosada descartan de plano cualquier escenificación.

Milei regresa este sábado al país, después de una gira de nueve días que terminó donde había comenzado: en Madrid, con una cumbre de derecha dura y un evento cripto. Desde Europa, el Presidente intentó mantenerse lo más distnaciado posible del caso que conmociona la política argentina. Para su entorno, esa postura no es una omisión: es una forma de liderazgo. Que la condena a Cristina Kirchner quede registrada, pero sin su firma en el margen.

El miércoles próximo Cristina Kirchner quedará oficialmente detenida tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La propia expresidenta confirmó este viernes que irá a los tribunales federales de Comodoro Py la semana que viene, luego del feriado y al filo del plazo máximo de 5 días hábiles para presentarse a ser notificada de su situación judicial.

En ese marco, el peronismo está organizando una masiva caravana para acompañar a la jefa del PJ desde su casa, en el barrio porteño de Monserrat, a los tribunales ubicados en Retiro. Fuentes al tanto de la movilización apuntaron a elDiarioAR que la convocatoria podría reunir al menos a 100.000 personas. Este mediodía hay una nueva reunión organizativa en la sede del Partido Justicialista, que se convirtió en un epicentro de todas las tribus: desde el kirchnerismo a Sergio Massa, y desde los gremios a los movimientos sociales.

“El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, escribió Cristina en un tuit que publicó esta mañana desde su departamento en la esquina de San José y Humberto Primo, donde permanece desde el martes pasado.

Cristina cuestionó que la Justicia le rechazara su pedido para cumplir la prisión domiciliaria de manera automática. Por eso debe presentarse sí o sí en los tribunales federales. La marcha que organiza el peronismo en su apoyo es para evitar cierto escarmiento público por parte del Gobierno o el aparato político-mediático antikirchnerista, recogió este medio. “Cristina no está sola, la vamos a acompañar a donde vaya. No queremos que la humillen”, afirmó un dirigente al tanto de los detalles de la movilización.

Aún hay dudas sobre cómo serán esas primeras horas post detención. Puede que el tribunal le acepte su pedido de domiciliaria, por lo que volverá a su casa acompañada por la militancia, pero puede que no. Y es lo que más teme el peronismo: que primero la confinen en un calabozo una o dos noches. En ese caso fuentes del PJ aseguraron que la vigilia será permanente, donde ella esté, hasta tanto regrese a su casa.

La expresidenta hizo público el pedido de sus abogados ante el Tribunal Oral Nro. 2 para la detención domiciliaria en su casa de Monserrat. Cuestionó el rápido rechazo por parte del juez Jorge Gorini, que le exigió cumplir la obligación de presentarse en los tribunales. Cristina explicó que la domiciliaria “no se trata de un privilegio”. “Obedece a estrictas razones de seguridad personal”, planteó, a raíz de su carácter de haber sido dos veces presidenta y una vice, por lo que está custodiada las 24 horas del día: “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

Pero Cristina también planteó cuestiones personales. Una trascendental: el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022. En ese punto la expresidenta recordó que el juicio por ese episodio aún está en desarrollo, aunque no se investigan los autores intelectuales del hecho: “La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Entonces apuntó, sin nombrarlos, a Mauricio Macri y Javier Milei, y recordó implícitamente a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exoperador macrista que recientemente fue sobreseído en una causa por extorsión, decisión por la que volvió de Uruguay, donde estaba prófugo. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”, concluyó CFK.

La decisión final sobre la domiciliaria no la tomará el juez Gorini porque, según trascendió en Clarín, se había pedido una licencia desde el lunes próximo. Será reemplazado por Rodrigo Giménez Uriburu, muy apuntado por CFK durante todo el proceso de Vialidad por su alineamiento con Macri. Dicho magistrado deberá definir el lugar de cumplimiento efectivo de la condena, tanto de Cristina como de los otro ocho acusados: Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich.

El escrito presentado por CFK para su domiciliaria

MC