En la última semana de febrero y en forma paralela a votaciones claves en el Gobierno nacional, seis provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones. Hasta el 22 de febrero la Casa Rosada no había enviado ni un solo peso de ATN a las provincias ese mes.

Un informe de la consultora Politikón Chaco reveló que febrero finalizó con giros de ATN a seis provincias por $20.000: Misiones, Salta y Santa Cruz captaron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy percibieron $3.000 millones por jurisdicción; y Neuquén recibió $2.000 millones.

La mayoría de ellas habían sido visitadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y se anudaron acuerdos que luego se reflejaron al momento de las votaciones.

Estos envíos generaron variaciones reales positivas superiores al 1.000% en provincias como Salta y Santa Cruz debido a la baja base de comparación interanual. El fondo total de ATN en febrero alcanzó los $85.047 millones, lo que marcó una ejecución del 23,5%.

Este nivel de reparto resultó levemente inferior al 25,7% registrado en febrero del año anterior. En el análisis del primer bimestre de 2026, el reparto de ATN acumulado fue de $27.000 millones sobre un fondo recaudado de $177.117 millones.

Esto representa una distribución del 15,2%, quedando un saldo sin ejecutar de $150.117 millones al cierre de febrero. Corrientes se mantiene como la principal beneficiaria del bimestre con $6.000 millones captados.

Con información de la agencia NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó este viernes en Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés, en una nueva escala de su gira federal en busca de respaldos para la reforma laboral que el Gobierno pretende votar en el Senado el 11 de febrero. La visita llegó apenas un día después de su participación en la Casa de Salta, donde se sumó a la cumbre de mandatarios dialoguistas y luego volvió a Balcarce 50 para integrar la mesa política que terminó de definir la estrategia oficial frente al reclamo provincial por la Emergencia Ígnea.

Con Corrientes, Santilli suma otra provincia a una gira que en enero ya lo llevó por Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos, en un esquema que en la Casa Rosada describen como un poroteo territorial: cada foto, cada reunión y cada gesto apuntan a consolidar una mayoría parlamentaria que permita aprobar la reforma sin que se empantane en la negociación fina por Ganancias y coparticipación.

El encuentro con Valdés se realizó en la Casa de Gobierno provincial, donde ambos destacaron las acciones conjuntas articuladas entre Nación y provincia y coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con la “modernización laboral”. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo Santilli, reforzando la línea discursiva que viene repitiendo en cada escala de su agenda federal.

Valdés, por su parte, acompañó el planteo, aunque con matices. “Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral. Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, afirmó el mandatario correntino. Y agregó: “Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”.

Corrientes es, además, una parada estratégica por su peso en la Cámara alta. Valdés mantiene diálogo con sus representantes legislativos para pulir una posición común y tiene influencia sobre tres senadores: Eduardo Vischi y María Valenzuela, de la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos “Camau” Espínola, que en los últimos meses se acercó al oficialismo provincial. En un Senado de paridad ajustada, ese puñado de votos puede ser decisivo en la votación en particular, donde se juegan los artículos más sensibles del proyecto.

De hecho, el propio Valdés ya había anticipado días atrás que hay aspectos de la reforma que le generan inquietud. “Tenemos que ver los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran los derechos de los trabajadores”, dijo en declaraciones radiales, y advirtió también que “viene baja la coparticipación”, un mensaje que resume el clima de cautela con el que las provincias acompañan, pero negocian.

En paralelo, Santilli le adelantó al gobernador que el Gobierno nacional enviará Aportes del Tesoro Nacional por $3.000 millones a Corrientes, en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis por las inundaciones que afectan a municipios como San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía. En un contexto donde los gobernadores reclaman compensaciones por el impacto fiscal del artículo que baja el impuesto a las Ganancias para las empresas, los ATN vuelven a funcionar como una señal política adicional en la negociación con las provincias.

PL/MC

Por primera vez en casi dos años, Javier Milei volverá a recibir en persona a los gobernadores en la Casa Rosada. La reunión será este jueves a las 17 y se da en un momento de reacomodamiento político tras la victoria legislativa del oficialismo. Participarán también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del revivido Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, que asumió hace más de un mes al frente de esa cartera con el objetivo de recomponer los puentes rotos entre la Nación y las provincias.

Milei ya había dado el aval para que empezaran los contactos y este martes se confirmó el encuentro. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, y Catalán fueron los encargados de cursar llamados y mensajes a los distritos, con la expectativa de que al menos 17 mandatarios den el presente. “El temario es el que anunció el Presidente el domingo”, explicaron en Balcarce 50, en referencia al discurso desde el búnker de La Libertad Avanza, cuando habló de una nueva etapa de consensos y reformas.

El propio Milei buscó bajar el tono de la confrontación esta semana. “No tengo problemas, estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problema con ninguno de ellos”, dijo el lunes en A24. Y agregó: “Muchos de ellos me escribieron para felicitarme. Tengo contacto con ellos. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Además, antes yo no me ocupaba de eso, pero hace un tiempo que me vengo ocupando activamente”.

En el Gobierno descuentan la participación de los firmantes del Pacto de Mayo, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Quedarán fuera del convite los opositores duros: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Será la primera reunión de Milei con un grupo amplio de gobernadores desde el 19 de diciembre de 2023. En estos meses, el Presidente mantuvo vínculos preferenciales con los mandatarios aliados —como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco)— y acentuó las fricciones con quienes resistieron su esquema de ajuste.

El resultado electoral del domingo modificó, además, el equilibrio de poder en la mesa. Los gobernadores llegan con un listado de reclamos que incluye reparto de fondos discrecionales, deuda con las cajas previsionales, coparticipación del impuesto a los combustibles y reactivación de la obra pública. Son demandas que la Casa Rosada mantuvo congeladas en nombre del equilibrio fiscal.

Retomar el diálogo

El encuentro llega tras meses de tensión entre la Casa Rosada y las provincias, un vínculo marcado por vetos, reclamos y promesas incumplidas. Los mandatarios se sentarán frente a Milei en condiciones de mayor debilidad, sin la legitimidad que les daban los comicios locales ni el margen político que exhibían cuando se debatió la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Varios vieron caer a sus candidatos en las urnas y hoy dependen más que nunca de la asistencia financiera nacional.

En septiembre, el Senado rechazó el veto presidencial al proyecto que ordena la distribución automática de los fondos entre los distritos, aunque Diputados evitó replicar ese gesto. En el Gobierno admiten que esa derrota política, sumada a la cadena de choques con los gobernadores, forzó a retomar el diálogo y a reconstruir una mesa política que llevaba casi un año desactivada.

La reapertura del Ministerio del Interior, que había sido absorbido en mayo de 2024 por la Jefatura de Gabinete, fue leída como una concesión política. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro Caputo y el flamante ministro Catalán”, escribió Guillermo Francos hace un mes en X, en un mensaje revisado por Milei. Catalán, tucumano y hombre de confianza del jefe de Gabinete, funciona como su prolongación en el vínculo con las provincias. En la Rosada lo reconocen como una autocrítica silenciosa: el aislamiento con los gobernadores había dejado al Gobierno sin base territorial ni margen parlamentario.

Otros que se sumaron a esa mano de obra política fueron los recién electos Patricia Bullrich y Diego Santilli, que empezaron a actuar como nexos informales. El “Colo”, que dio la sorpresa en Buenos Aires, habló este lunes con Rogelio Frigerio y Gustavo Valdés, dos gobernadores de perfil dialoguista, mientras que la ministra de Seguridad ya se piensa como posible presidenta provisional del Senado a partir de diciembre.

En ese contexto, la reunión de este jueves apunta no solo a discutir las reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso —la laboral y la tributaria, entre otras—, sino también a redefinir la relación de fuerzas entre la Nación y las provincias. La estrategia de Milei busca reabrir el diálogo sin entregar el control de la caja, mientras los mandatarios intentan, al menos, asegurar previsibilidad financiera y reactivar la obra pública.

“La diferencia es que ahora la mesa la encabeza el propio Presidente”, le dijo a elDiarioAR un funcionario que participó de la organización. En el entorno libertario confían en que la foto servirá para mostrar una nueva fase de gestión, menos ideológica y más pragmática, aunque en privado admiten que el clima será medido. Entre los mandatarios provinciales, el escepticismo persiste: muchos coinciden en que el gesto es necesario, pero insuficiente. Como resumió un gobernador del norte, en tono seco y sin rodeos: “Está bien que nos reciba, pero las provincias ya entendimos que no alcanza con una foto: queremos compromisos concretos”.

PL/CRM

La cadena de derrotas legislativas volvió a exponer la fragilidad política de Javier Milei y precipitó un operativo de contención en Balcarce 50. Este jueves, el Senado rechazó el veto presidencial a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada de forma inédita por los 24 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. El revés llegó apenas un día después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio con los vetos a las leyes de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y de financiamiento universitario, y terminó de dinamitar la estrategia que la Casa Rosada venía desplegando para desactivar la rebelión de las provincias.

En el Gobierno, sin embargo, admitían desde temprano que no tenían los votos en el Senado y que no intentarían forzar el resultado: la apuesta es contener el daño y concentrar todos los esfuerzos en Diputados, que será la próxima en tratar el veto a los ATN. Si la Cámara baja también lo rechaza, el veto quedará definitivamente anulado y la ley entrará en vigencia.

El golpe legislativo coincidió con un intento de Milei por retomar la iniciativa en el frente electoral. Esta misma mañana, en el auditorio de la Quinta de Olivos, el Presidente encabezó un encuentro de más de tres horas con titulares partidarios, candidatos, funcionarios, armadores provinciales e incluso influencers, para ordenar la campaña nacional rumbo a las elecciones de octubre. Según pudo saber elDiarioAR, fue el propio Milei quien impulsó la cita y se paró detrás de un atril para dar lo que varios describieron como una “clase” sobre los dos años de su gestión, con foco en medidas económicas, de seguridad y de política exterior. Pidió a los suyos “no aflojar” y aseguró que el Gobierno tiene reservas por hasta USD 22.000 millones para resistir presiones sobre el tipo de cambio.

“No nos podemos perturbar por el Riesgo País ni por lo que hace la oposición en el Congreso”, advirtió Milei, según reconstruyó uno de los asistentes. En Olivos, los estrategas coincidieron en que el nombre del Presidente sigue midiendo mejor que los candidatos de La Libertad Avanza y que el desafío es transferir esa adhesión personal a las boletas. El encuentro de este jueves tuvo como trasfondo la cadena de derrotas en el Congreso y el riesgo de repetir errores como los de la elección de la provincia de Buenos , por lo que el libertario prometió involucrarse en la campaña provincial y nacional, viajar a Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y el interior bonaerense, y oficiar de mediador en la nueva mesa política bonaerense.

Control de daños

Pero mientras Milei buscaba blindar a su tropa electoral, en el plano institucional avanzaba el operativo para contener el impacto del revés parlamentario. El Presidente designó a Lisandro Catalán al frente del restaurado Ministerio del Interior con la misión explícita de recomponer los vínculos con las provincias. Catalán llegó con el aval de Guillermo Francos, y desembarcó en su nuevo despacho con una agenda frenética: en apenas 48 horas recibió en Balcarce 50 a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y ya tiene previsto viajar a San Juan para ver a Marcelo Orrego y luego a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil.

En paralelo, el Ejecutivo también empezó a desplegar una estrategia jurídica para “licuar” el impacto de las leyes aprobadas tras los vetos rechazados: los equipos técnicos de Economía trabajan en un esquema para postergar su puesta en marcha hasta el Presupuesto 2026 e incluso evalúan suspender su ejecución mediante decretos. Es el mismo mecanismo que ensayan con la Emergencia en Discapacidad y analizan aplicar a la Emergencia Pediátrica y el financiamiento universitario. El objetivo, admiten en privado, es “ganar tiempo y oxígeno” mientras se negocian nuevas condiciones con las provincias.

Es que el relanzamiento nació atravesado por una contradicción: el mismo Gobierno que dice querer reconstruir el diálogo con los gobernadores vetó la única norma que ellos habían consensuado entre sí. La Casa Rosada intenta ahora articular acuerdos “uno a uno” con mandatarios “aliados” o “afines” —sin incluir a quienes competirán electoralmente con La Libertad Avanza en octubre—, mientras ignora a los que disputarán poder en las urnas y a la vez son decisivos para el Presupuesto. Esa lógica de “aliados seguros” encierra un riesgo: el oficialismo los excluye políticamente al mismo tiempo que los necesita legislativamente.

La decisión de girar el viernes pasado $12.500 millones en ATN a Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe —más de cuatro veces lo transferido en todo agosto— fue leída en la Rosada como la señal de que Milei decidió “ponerle la billetera a Catalán” para que tenga poder real en las negociaciones. En las provincias, sin embargo, predomina el escepticismo y saben que el verdadero “amo y señor” de la chequera no es el ministro del Interior sino Luis “Toto” Caputo.

Relación tirante

Varios gobernadores que supieron ser aliados —como Martín Llaryora, que bajó línea para rechazar los vetos en Diputados— tomaron distancia y otros, como Gustavo Sáenz, hablaron de “traiciones” y acusaron al Gobierno de “cagar a los fieles”, aunque luego Catalán compartió una foto junto a él durante una visita en Salta. En la convención anual del IAEF, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Raúl Jalil (Catamarca) pidieron “mesas de diálogo urgentes” y advirtieron que el ajuste no puede recaer exclusivamente sobre las provincias.

La norma impulsada por los gobernadores establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —creado en la Ley de Coparticipación Federal y compuesto por el 1% de la masa total de impuestos que recauda la Nación— deje de depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y se distribuya automáticamente entre las provincias según los mismos coeficientes de coparticipación. Hoy, esos fondos se asignan de manera discrecional y suelen utilizarse como herramienta política para premiar a distritos aliados o presionar a los opositores.

Con la nueva ley, los mandatarios buscan asegurarse un flujo de recursos diario y previsible, que el Gobierno de Milei venía recortando drásticamente como parte de su política de ajuste. La iniciativa había sido aprobada con amplio respaldo transversal en ambas cámaras y representaba, para las arcas provinciales, una forma de emanciparse de la voluntad presidencial en materia de transferencias.

La paradoja es que varios de esos mismos mandatarios serán decisivos para aprobar el Presupuesto 2026, el verdadero objetivo político que hoy desvela a Milei. Por eso, entre la autocrítica en voz baja, las tensiones cruzadas en la mesa política y el fuego amigo que aún sale del propio oficialismo, el clima en la Casa Rosada es el de una administración a la defensiva, que ensaya parches para evitar nuevas derrotas parlamentarias sin terminar de asumir que ya perdió la iniciativa. “El problema no es conseguir un par de votos más: es volver a construir autoridad después de haberla perdido”, reconoció, en voz baja, un funcionario con despacho en Balcarce 50.

PL

Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa. Se suman al temario otros proyectos con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales, otro sobre el manejo del fuego y la Ley Nicolás, que tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos.

El Senado sesiona este jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en medio de un panorama adverso para el Gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.

Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa.

En cambio, aparece en el horizonte la Cámara de Diputados como el lugar para negociar. Es un territorio menos hostil para la administración libertaria, aunque haya cosechado derrotas en las últimas semanas y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio. 

Se trata de un terreno en el que los mandatarios provinciales pueden esconder mejor sus cartas tanto para apoyos, rechazos o ausencias.

Así, son casi inexistentes las herramientas que tiene Balcarce 50 para desactivar otra golpe en la Cámara alta, aunque siempre se pueden revolear partidas enmascaradas como, justamente, los ATN. De hecho, la semana pasada se efectivizaron varios giros bajo este concepto.

El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.

Un ejemplo de esto fueron las ausencias a la hora de votar de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; del chaqueño Víctor Zimmermann; la entrerriana Stellas Maris Olalla; el bonaerense Maximiliano Abad y la ultravioleta, pero todavía en el PRO, Carmen Álvarez Rivero.

Cerraron la lista de ausentes la neuquina Lucila Crexell; el formoseño Francisco Paoltroni, ya de regreso a la senda libertaria, y el senador por Salta Juan Carlos Romero, a quien se le termina el mandato en diciembre y sonó en los últimos días para integrar el gabinete de Milei.

Alguna estrategia de seducción que pudo o podría haber activado el Gobierno era con aquellos que sí votaron a favor de los ATN y que en algún momento fueron aliados, como los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce o el jefe de la bancada del PRO, Alfredo De Angeli, solo por nombrar a algunos.

De esa manera, aspiraría a obtener apoyos de aquellos que aportaron a los dos tercios para aprobar la ley. Difícilmente ocurra en un bloque de senadores y operadores políticos oficialistas carentes de empoderamiento y astucia necesaria para diagramar una estrategia de negociación legislativa, que meses atrás se articulaba a través de los senadores Romero, del radical Eduardo Vischi y del peronista no kirchnerista Carlos Espínola, entre otros.

A la sesión de hoy se sumarán al temario otros proyectos con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego.

Se sumó al plan de labor otro proyecto con dictamen de comisión que propone incorporar a la atrofia muscular espinal en el régimen de detección y posterior tratamiento a las patologías del recién nacido y convenios con Francia y Austria.

La Cámara alta tratará también la media sanción de Diputados de la Ley Nicolás, que tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos a raíz de la muerte del joven Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo.

Con información de NA.

IG

El Gobierno prometió diálogo pero vetó la coparticipación de los aportes nacionales a las provinciasy hoy enfrentó su primer desafío desde las provincias. El grupo de gobernadores de Provincias Unidas se reunió este viernes en Río Cuarto para enviarle un mensaje político a Javier Milei.

A la cumbre, en el marco de la exposición de la Sociedad Rural local, asistieron el anfitrión Martín Llaryora y sus socios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Corrientes, Gustavo Valdés. El padrino de la postal fue Juan Schiaretti, ex mandatario provincial que ahora encabeza la lista del oficialismo cordobés para las legislativas de octubre.

Milei no envió a Río Cuarto a su flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien es el encargado de abrir el diálogo con las provincias. El funcionario de Guillermo Francos solo se mostró con los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Ayer el Presidente firmó la comunicación que establece el rechazo a la ley que establecía la distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y que fue apoyada, precisamente, por los 24 mandatarios provinciales.

La norma quitaba discrecionalidad a la Casa Rosada —imponía que la Nación retenga solo el 41,2% y el 58,8% se reparta por coeficientes de coparticipación— y entregaba millones diarios en fondos automáticos a las provincias.

El primero en reaccionar contra el veto fue justamente el santafecino Pullaro, quien dejó en claro el malestar de las provincias con la administración cental: “Firmamos un acuerdo con Francos y no nos cumplieron”.

Hoy Pullaro le bajó el tono al cruce: “⁠El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, dijo en Córdoba

“Estamos convencidos de que la salida de la Argentina es con más más empleo y con un modelo que deje de castigar al interior y a los productores”, apuntaló Schiaretti en una foto compartida con la Mesa de Enlace local.

A la cumbre de este viernes en Río Cuarto pegó el faltazo Nacho Torres, de Chubut, quien integra el espacio pero se reunió anteayer con Catalán en Balcarce 50. Tampoco estuvo el santacruceño Claudio Vidal.

MC

El Gobierno de Javier Milei consumó un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.

El veto, que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias. La decisión agudiza el malestar en los distritos, que ven cómo se bloquean iniciativas clave para sus finanzas en un momento de tensión económica y política.

La ley vetada y los argumentos del Gobierno

El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los puntos centrales de la ley vetada eran:

El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una “finalidad específica” de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.

Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal, generando más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.

El decreto completo

Cuando el Gobierno adelantó que sumaría la redistribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) –impulsada por los 24 gobernadores– a la lista de vetos del presidente Javier Milei (algo que finalmente hizo este viernes, con su publicación en el Boletín Oficial), volvió a tensar otra vez la cuerda con los mandatarios provinciales. El primero en reaccionar fue el santafecino Maximiliano Pullaro quien dejó en claro el malestar de las provincias con la administración cental: “Firmamos un acuerdo con Francos y no nos cumplieron”.

Este jueves, fue el vocero presidencial quien confirmó la decisión del Presidente de vetar la ley que regula los aportes que el Gobierno nacional distribuye entre las provincias. “ATN se veta, sí. Pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, dijo Manuel Adorni. “Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo no se modifica”, insistió.

Al hablar por A24, Adorni reconoció que “lo del domingo fue un error político”, en referencia derrota electoral ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero dejó en claro que de ningúna manera el Gobierno piensa replantearse ni su politica económica ni su relación con los gobernadores ni el Congreso. “No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más”, dijo sobre las leyes aprobadas y que el Ejecutivo terminó vetando, como la de Financiamiento Universitario o Emergéncia Pediátrica.

El plazo para que Milei vete la ley de ATN se vencía este 12 de septiembre por la noche. Finalmente, el Gobierno publicó el rechazo a la decisión del Congreso en el Boletín Oficial, con el decreto 652/2025. Este viernes es también el elegido para la reunión en la apertura de la Sociedad Rural de Córdoba de los gobernadores que integran Provincias Unidas: además del propio Pullaro están Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Pullaro fue quien anticipó el clima en el grupo: “Si te convoca el Presidente, uno no puede desautorizar a la máxima figura nacional, pero hoy pertenezco a un espacio más amplio, de seis gobernadores que lo vamos a decidir en conjunto. Lo voy a debatir ahí. Adelanto que mi posición es que, si te convoca el Presidente, tenemos que ir. Lo voy a debatir, tal vez pueda ganar o tal vez pueda perder, pero no me voy a cortar solo”, dijo en una entrevista con Tres Poderes.

La confirmación del veto llegó poco después de que el Gobierno pusiera en funcionamiento una mesa de diálogo para mejorar la relacion con las provincias. La llamada “Mesa Federal de Diálogo”, anunciada por el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, se puso en funcionamiento este jueves con una reunión en la que también estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). En medio de la pelea por los ATN, el Gobierno busca instalar un dique de contención hacia las provincias y por eso, como un gesto hacia los mandatarios afines, puso de anfitriones a dos nombres de peso dentro del Gabinete: Francos y Caputo.

En la reunión no estuvieron los dos que dejaron ver el malestar, Pullaro y el salteño Gustavo Sáenz.

“Celebramos la designación de Catalán, con quien en realidad ya venimos dialogando hace tiempo, pero en esta nueva apertura del Gobierno quisiéramos hablar con gente con poder de decisión”, dijo Sáenz en diálogo con TN. Al igual que Pullaro, el salteño también exige que el Presidente se siente en esa mesa.

“Yo quiero ser muy respetuoso, pero entiendo que quien debería convocar es el Presidente. Nosotros como provincia firmamos un acuerdo con Guillermo Francos, quien es una persona muy correcta, pero no nos han cumplido absolutamente en nada”, sumó el santafecino al hablar por Cadena 3.

Y agregó:  “Es muy difícil restablecer la confianzacuando una persona pone mucha buena voluntad, pero no tiene poder para materializar lo que plantea en las reuniones. Es muy difícil que podamos sentarnos nuevamente con el jefe de Gabinete o el ministro del Interior si a ellos no se los habilita, no digo a acordar cuestiones nuevas, sino a materializar lo viejo”.

Tras la dura derrota electoral del domingo frente al peronismo, Javier Milei tiene el desafío de aferrarse a su modelo de ajuste o de pegar un volantazo con dos medidas inminentes y con fuerte impacto social: los vetos a la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan y el presupuesto para las universidades nacionales. También está a tiro el veto a la coparticipación de los Aportes Nacionales del Tesoro (ATN), que sancionó el Congreso a instancias de las provincias, justo cuando el Gobierno busca convocar a los gobernadores a un “diálogo federal”.

El Presidente tiene plazo formal para vetar esas leyes hasta este jueves próximo, cuando se cumple el plazo de 10 días hábiles desde que se informó oficialmente la sanción de las normas.

En ese marco es que los trabajadores del hospital pediátrico y los universitarios ya están en alerta. Una asamblea de médicos en el Garrahan convocó a un paro para el próximo viernes si Milei veta la ley, y hubo una fuerte declaración del rectorado de la UBA. Por el lado de las provincias, los mandatarios locales aún esperan el llamado concreto de Guillermo Francos para una cumbre federal.

Pese a reconocer la derrota y admitir que tendrá que hacer cambios en su gobierno, Milei ratificó el domingo por la noche la política de ajuste económico. Lo mismo aventuró el ministro de Economía, Luis Caputo. Para los libertarios es un mantra el déficit cero y las tres leyes mencionadas afectarían gravemente la billetera de la Nación, según entiende el oficialismo, aunque el costo fiscal no parece significativo.

Si Milei finalmente avanza con los vetos, se abre el juego al Congreso para impulsar la insistencia, todo en medio de la campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre. En el Senado se aventura un escenario favorable para volver a aprobar las leyes -como pasó la semana pasada con la emergencia en discapacidad- pero en la Cámara de Diputados la disputa aún está abierta.

La emergencia pediátrica

Los trabajadores del Garrahan, tanto médicos como residentes y administrativos están en alerta si Milei veta la emergencia pediátrica, por lo que ya propusieron para el viernes 12 un paro con posible movilización.

La ley que sancionó el Senado el pasado 21 de agosto propone un freno al vaciamiento por parte de Nación, la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y 420 residentes. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

Los universitarios

El rector y los decanos de las 13 facultades de la UBA le reclamaron a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y pidieron que no la vete porque es “imprescindible” para sostener la educación superior pública y de calidad.

Las autoridades de la UBA grabaron un video de poco más de un minuto de duración que se publicó en redes sociales, en el que recalcan: “Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”.

La ley de Financimiento es la segunda que se aprueba tras la sanción y posterior veto blindado del año pasado. En su versión 2025, los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas.

Los fondos de las provincias

Milei también tiene un desafío institucional con los gobernadores porque el Congreso sancionó recientemente la coparticipación de los ATN, que actualmente se reparten a discreción. Aunque el costo fiscal de la medida equivaldría al 0,03% del PBI ($253.000 millones), para la Casa Rosada sería un golpe político ceder ante las provincias.

La ley dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.

En ese contexto es que Francos quiere apurar una convocatoria federal, que se anunció este lunes junto a la conformación de una mesa política mileísta. Pero aún nada se concretó y los gobernadores ya alzaron su voz.

Tras un Zoom, los gobernadores de Provincias Unidas ya levantaron su voz: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, se quejó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El grupo de mandatarios prepara para el viernes una reunión Río Cuarto, Córdoba, como una foto desafiante para Milei.

MC

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece que la partida permanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se deberán distribuir de acuerdo a la ley de coparticipación federal.

El plenario legislativo aprobó por 149 contra 90 votos y 12 abstenciones el proyecto impulsado por la mayoría de los gobernadores.

La iniciativa cosechó el voto favorable de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, e Innovación Federal mientras que lo hicieron en contra la Libertad Avanza, PRO, la UCR y Producción y Trabajo.

Si bien la oposición tuvo una amplia mayoría esta votación estuvo lejos de los dos tercios ante un eventual veto del Gobierno Nacional, como ya lo anticipó el presidente Javier Milei.

Las mayorías requeridas para aprobar la ley fueron motivos de un arduo debate debido a que el presidente de la Cámara, Martín Menem, consideró que debe ser una mayoría absoluta que son 129 votos positivos, lo que rechazada por el jefe de la bancada de UxP, German Martínez.

Esta iniciativa había sido votada en el Senado con un amplio consenso el pasado 10 de julio, pero cuando se debatió en comisión el Gobierno presentó una propuesta alternativa que fue avalada por los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Entre Rios Rogelio Frigerio, de Chaco Leandro Zdero, y de San Juan Marcelo Orrego.

El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado establece que los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.

De acuerdo a esa iniciativa se deberán enviar en forma “diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6º de la ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable prevista en dicha ley mientras subsista la vigencia de la presente”.

En tanto, el dictamen impulsado por el Gobierno propone que los ATN sigan usándose para emergencias en forma discrecional por el Gobierno y el remanente distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.

El debate fue abierto por el diputado de UxP, Ariel Rauschenberger, rechazó el argumento del Gobierno que con este proyecto se busca “romper el equilibrio fiscal” y se preguntó “cómo vamos a querer romperlo si estamos discutiendo fondos de las provincias. Por eso será que al Gobierno le molesta este tema”.

Su par de bancada, la diputada UxP Silvana Ginocchio dijo que el Gobierno ha quitado la ayuda a las provincias para conservar el equilibrio fiscal y señaló que “esto llevó al ahogo a las provincias”.

Por su parte, el diputado oficialista Carlos Zapata defendió el dictamen de minoría que propone mantener el uso de los ATN y dijo que “El Estado presente sirvió para alimentar un sistema de corrupción”.

En tanto, el legislador de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, señaló que su propuesta busca que “sea este Congreso el que determine cuando hay un desequilibrio financiero o una emergencia necesaria de ser atendida y que el resto de los fondos que sobran se repartan, por supuesto, por el índice de coparticipación”.

Agregó que “es una propuesta equilibrada porque no hace lo que hizo el gobierno el año pasado, que no repartió los ATN y se los quedó para maquillar un superávit fiscal que no sabemos si es tan real, y además le quita la discrecionalidad al gobierno de turno, insisto, para usar el látigo o la billetera como se dice coloquialmente”.

Con información de agencias.

IG

La Cámara de Diputados se encamina hoy convertir en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, dado que la oposición asegura tener el quórum y los votos para aprobar esas iniciativas.

Las propuestas impositivas impulsadas por los gobernadores se aprobaron el pasado 10 de julio en el Senado, y junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de emergencia en Discapacidad, configuran los temas que monopolizarán la sesión de este miércoles impulsada por los bloques opositores.

Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre y Encuentro Federal pidieron la sesión especial para tratar vetos jubilatorios, los proyectos sobre ATN y combustibles, una reforma al Régimen Penal Tributario y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA.

El conglomerado de bloques opositores armó la agenda para que el último tema que se trate es el proyecto sobre combustibles, y primeros los vetos de la ley de discapacidad y del aumento del 7,2% a los jubilados.

Los proyectos impulsados por el gobernadores tienen asegurada la votación por amplia mayoría, pero no los dos tercios ante un eventual veto de esas leyes, ya que el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió el grupo de los mandatarios.

Por eso motivo acompañaron el dictamen de minoría de La Libertad Avanza (LLA) diputados del PRO y de los gobernadores de Entre Rios, Rogelio Frigerio; de Chaco, Leandro Zdero, y de San Juan, Marcelo Orrego.

El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado establece que los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.

De acuerdo a esa iniciativa se deberán enviar en forma “diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6º de la ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable prevista en dicha ley mientras subsista la vigencia de la presente”.

En tanto, el dictamen impulsado por el Gobierno propone que los ATN sigan usándose para emergencias en forma discrecional por el Gobierno y el remanente distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.

En tanto, el proyecto de reforma a la ley de combustibles respalda la decisión de eliminar fondos fiduciarios, pero establece una nueva distribución del tributo para que el Gobierno Nacional solo pueda tener el 14,29% de los recursos y el grueso de ese dinero se envié a las provincias

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

Según el proyecto, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.

Hasta ahora, el 10,4% va a las provincias, el 28,69% a la ANSES, y el 24,29% al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que hoy se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.

En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

En cambio, el dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y sus aliados establece que mantiene los recursos del 28,69% de la recaudación para la ANSES, y el resto propone distribuirlo de acuerdo con la ley de coparticipación federal, con lo cual el Gobierno se quedará con cerca del 30% de los recursos y el restante 41% entre las provincias.

Trata un proyecto para actualizar los montos por evasión

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir hoy un proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario para aumentar los montos de determinación del delito de evasión simple o agravada, debido a que los valores actuales habían quedado desactualizados.

La iniciativa forma parte del extenso temario impulsado por la oposición y que tiene como temas centrales el rechazo a los vetos a las leyes jubilatoria y de emergencia en Discapacidad, además de la sanción de los proyectos sobre ATN y combustibles que fueron aprobados por el Senado.

Si bien no se avanzó con el proyecto de “Inocencia Fiscal” impulsado por el Gobierno nacional, los bloques opositores decidieron incluir un dictamen emitido en noviembre del 2024 que está vinculado a la actualización de los montos sobre evasión impositiva.

El Poder Ejecutivo había enviado en junio el proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los dólares no declarados que, además, propone elevar los montos por evasión, disminuir los plazos de prescripción impositiva y crear un nuevo sistema de ganancias simplificado, donde no se analizará los cambios patrimoniales.

Este proyecto nunca se trató, pero sí había desde noviembre de 2024, un dictamen en base a una iniciativa del diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño que propone cambios en el Régimen Penal Tributario.

Ese despacho establece que se consideran ‘evasión simple’ las operaciones no declaradas con el fin de no pagar tributos que superen los 345 salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale a 107 millones de pesos.

En el caso de evasión agravada, se considera cuando el monto supera los 3450 salarios mínimos, lo que equivale a 1.000 millones de pesos.

En el dictamen de la Comisión de Legislación Penal se mantienen las penas de prisión de dos a seis años en el caso de evasión simple y de 3 años y medio a nueve años para la evasión agravada.

Se discute el dictamen para destrabar la comisión $LIBRA

La Cámara de Diputados debatirá hoy en una sesión impulsada por la oposición una iniciativa para tomar el control de la comisión investigadora del caso $LIBRA y cuyo funcionamiento había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.

La resolución está plasmada en un dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Poderes y Reglamento, que forma parte del temario que se debatirá este miércoles en la sesión especial impulsada por bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica (CC).

El dictamen de mayoría, diseñado por Maximiliano Ferraro, de la CC, tiene asegurado los votos para establecer el sistema de designación de autoridades, un paso clave para avanzar en el funcionamiento de la comisión investigadora.

Desde su creación, la comisión que busca indagar la responsabilidad que tuvo el presidente Javier Milei en la megaestafa $LIBRA no pudo avanzar en su investigación al no poder designar autoridades.

La nueva iniciativa opositora, una suerte de ‘fe de erratas’ del proyecto original, establece una metodología precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucedió durante los últimos meses.

El criterio es que cuando haya empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas.

En ese sentido, el despacho fija que será “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Cámara”.

En tanto, la vicepresidencia recaerá en el candidato que quedó segundo en ese recuento, y la secretaría le corresponderá al mismo grupo de bloques que designó al presidente de la comisión.

Con esta fórmula, la oposición se asegurará la conducción de la comisión porque controla, por lo menos, a 136 diputados, más de la mitad de la cámara.

Por otra parte, el proyecto establece que la comisión tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para presentar el informe con los resultados de la investigación.

En la sesión del pasado miércoles, la oposición juntó 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la macrista Silvia Lospennato.

Con información de NA.

IG

La Cámara de Diputados votó este miércoles un emplazamiento a las comisiones para que emitan dictamen sobre los proyectos de reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de la partida de los ATN impulsados por los gobernadores y sancionados por el Senado, y que son rechazados por el Gobierno con el argumento de que afecta la política de equilibrio fiscal.

Los bloques parlamentarios decidieron votar el emplazamiento pese a que la Libertad Avanza (LLA) había decidido citar a la Comisión de Presupuesto para el miércoles 13 al mediodía para debatir el proyecto de coparticipación de la partida de los ATN y para las 16:00 a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Energía, que presiden los libertarios José Luis Espert y Lorena Villaverde, respectivamente, para debatir la propuesta sobre distribución del impuesto a los combustibles.

La idea es aprobar las dos iniciativas en una sesión a celebrarse el 20 de agosto, luego del cierre de candidatos de diputados y senadores de cara a las elecciones del 26 de octubre, y sumar en esa fecha también si logran los dos tercios el rechazo a los vetos de las leyes de jubilaciones y discapacidad.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de acuerdo a los índices de coparticipación.

Hasta ahora, el 10,4% va a las provincias, el 28,69% a la Anses, y el 24,29% al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que hoy se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.

En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte, del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

Con respecto a los ATN, el proyecto propone un cambio en la ley de Presupuesto para que se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la ley de Coparticipación en forma automática y todos los días.

En sus fundamentos se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales.”

Las inundaciones, las sequías, los incendios y otros eventos climáticos se intensifican cada vez más como consecuencia del cambio climático. En Argentina, estos eventos son cada vez más frecuentes, severos y costosos. Sin embargo, los recursos disponibles para hacerles frente —como los del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— no se están utilizando: en 2024, más del 90% de esos fondos quedó sin ejecutar.

Según el primer Informe Bienal de Transparencia presentado por la Argentina ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se espera que en nuestro país haya un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y un aumento en el nivel del mar. Esto tendría repercusiones a lo largo de toda la costa marítima argentina y del Río de la Plata, especialmente, podría afectar la costa al sur de la provincia de Buenos Aires con inundaciones permanentes.

A su vez, de acuerdo con el Banco Mundial, las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y se estima que este fenómeno le cuesta al país cerca de 1.000 millones de dólares al año. Además, alrededor del 28% de los argentinos todavía viven en zonas propensas a sufrir inundaciones.

En marzo, Bahía Blanca estuvo en el foco de la agenda pública por una grave inundación que dejó víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares con daños irreparables. Dos meses después, un nuevo temporal afectó el norte de la Provincia de Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y Capitán Sarmiento, con un saldo de tres personas fallecidas, más de 2.900 personas evacuadas y daños estructurales.

Es inconcebible que habiendo fondos destinados a atender emergencias climáticas el gobierno nacional decida no utilizarlos. Durante 2024 se recaudaron casi 680 mil millones de pesos, pero sólo se utilizó el 7,3%. Cada peso que no se invierte en planificación y desarrollo de infraestructura resiliente para enfrentar eventos climáticos extremos, se transforma en daños y pérdidas evitables.

En este sentido, para evitar peores daños y pérdidas económicas y humanas irreparables debido a la falta de prevención y de una planificación urbana adecuada ante estos eventos climáticos extremos, es urgente una nueva forma de asignar los fondos ATN que ponga en el centro la resiliencia de las comunidades y fortalezca la capacidad de respuesta local ante inundaciones, sequías u otros desastres naturales.

Hace algunas semanas, los gobernadores presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la asignación de los fondos ATN, que plantea que su distribución se realice según los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 8 de la Ley de Coparticipación, en donde parte iría a Nación y otra parte a las provincias.

Si bien es fundamental que estos recursos se distribuyan entre las provincias, la propuesta presentada por los gobernadores no define un destino específico para su utilización. Por ende, no hay garantías de atención a las catástrofes ocasionadas por eventos climáticos extremos, y menos aún la construcción de infraestructura preventiva.

Desde distintas organizaciones de la sociedad civil impulsamos un proyecto de ley que propone una nueva lógica para la distribución de los ATN, con enfoque ambiental y territorial.

Buscamos fortalecer las capacidades locales para prevenir desastres socioambientales, asegurar recursos disponibles de forma inmediata ante emergencias climáticas, mejorar la justicia distributiva de los ATN incorporando criterios ambientales, aumentar la transparencia y eficiencia del gasto nacional, articular la política fiscal con las políticas de ambiente y desarrollo territorial, y contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Se trata de anticiparnos y de transformar fondos hoy discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir los riesgos frente a los eventos extremos que seguirán incrementándose y afectando a las personas más expuestas al cambio climático.

*Los autores forman parte de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este lunes que el Poder Ejecutivo “va a vetar” las leyes de jubilaciones y discapacidad que aprobó el Congreso, y afirmó que “no se le puede pedir a un Gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros de la economía argentina”.

“Es muy fácil decir que vamos a aumentar las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, que se emita dinero sin problemas, eso es muy fácil. Pero inmediatamente replica en una inflación desbocada, como pasó en la última parte del Gobierno anterior y en distintos gobiernos de la Argentina”, subrayó.

Francos adelantó que también serán vetados los proyectos de distribución a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles, aprobadas en el Senado, “si llegan a ser convertidas en ley por la Cámara de Diputados”.

“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar” igual que toda iniciativa “que afecte el equilibrio fiscal, que es la base sobre la cual se estructura la política económica del Gobierno”, dijo Francos en declaraciones a Radio Splendid.

Agregó que la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de una situación caótica, como la que se encontraba el país cuando asumimos en diciembre del ‘23“, y expresó que ”el Gobierno viene llevando adelante una política que da resultados, porque además de la inflación, asumimos el Gobierno con más del 50% de pobreza y hoy la pobreza está en el 31%“.

“Más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante Gobierno”, aseveró Francos, y sostuvo que “si esta política seria se continúa en el tiempo y la lidera como lo está haciendo el presidente de la Nación, los resultados están a la vista”.

Tras destacar que esta disminución de la pobreza “no es un tema menor”, la atribuyó además de a la política antiinflacionaria, a “las políticas sociales que implementó el Gobierno, eliminando el gasto de la intermediación parasitaria de quienes utilizaban a los más pobres como elemento para ganar dinero”.

Recalcó que hoy las ayudas a los sectores vulnerables“ llegan directamente a las personas carentes de recursos, como la Asignación Universal por Hijo que se ha incrementado fuertemente”.

Sin embargo, Francos advirtió que sin recursos “no se puede inventar ni se puede solucionar todo de un día para otro. Los gobernadores reclaman por infraestructura, pero el desastre de infraestructura del país no la generó este Gobierno, lleva mucho tiempo y no es lo único que está roto”.

“No hay de dónde sacar hoy los fondos, salvo hacer crecer la economía, entonces esto es un proceso, y no la solución, milagrosa, de emitir dinero”.

FInalmente Francos respondió al constitucionalista Eduardo Barcesat, quien lo calificó como “imbecil” por sus declaraciones sobre un “golpe institucional” del Senado al aprobar las leyes de jubilaciones y discapacidad, y señaló: “Los imbéciles ven a todos de su misma condición”.

Con información de NA.

IG

En una sesión motorizada por la oposición y a pesar de el anuncio del presidente Javier Milei de vetar todo lo que se aprobara en el recinto, el Senado convirtió en ley este 10 de julio la actualización a $110.000 del bono de los jubilados que cobran la mínima, que pasará a actualizarse mensualmente por IPC, y el incremento del 7,2% de todos los haberes jubilatorios.

Además, se sancionó también una prórroga de la moratoria previsional y convirtió en ley la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

En el cierre de la agitada sesión, le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos. De qué se trata cada ley aprobada en el Senado este 10 de julio.

Aumento a jubilaciones

El Senado de Argentina aprobó este jueves y convirtió en ley un proyecto para otorgar un aumento de emergencia en las jubilaciones, pese al rechazo del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, recibió el visto bueno del Senado por 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

El proyecto que fue aprobado por el Senado este jueves, y que ya tenía media sanción en Diputados, implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.

Si el proyecto superara el filtro del Gobierno, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $62.273, un 16,4%.

En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $110 mil.

Si se concretara el aumento, un jubilado con un haber mínimo pasaría a ganar un 11,2% real (es decir, considerando a la inflación) con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández). Con el esquema actual, la mínima se ubica 4,5% debajo de esos valores.

La Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) quedará en $265.274 con el aumento y $375.274 con el bono; en tanto, el haber promedio sería de $964.800 y la jubilación máxima se ubicaría en los $2.231.111, ambos sin bono.

Nueva moratoria

El Senado también aprobó -por 39 votos a favor, 14 negativos y una abstención- y convirtió en ley un proyecto que prorroga un plan de pagos de deudas con el sistema previsional, que permite a los adultos mayores acceder a una pensión cuando no cuentan con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley.

Con la nueva moratoria, podrían jubilarse unas 220.000 personas, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también calculó que esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

El proyecto de ley que sancionó el Senado fue aprobado en Diputados en junio y dispone la extensión por 2 años de la moratoria que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La moratoria, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país, y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

El proyecto de ley que aprobó el Senado dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025 y permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, extiende por 2 años los alcances la última moratoria, que establecía que para poder acceder al beneficio se debía contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.

El trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que, de aprobarse la ley, unas 220 mil personas podrían obtener la jubilación a través de la moratoria. Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

¿Cuántas personas se jubilaron por moratoria?

Actualmente, el sistema previsional está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones (esto no es lo mismo que el número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio). De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria.

Desde 2005 a la actualidad el número de jubilaciones y pensiones aumentaron un 130%, pasando de 3,1 millones de beneficios a los 7,2 millones actuales (septiembre de 2024), según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

El especialista en temas previsionales, Rafael Rofman, explicó a Chequeado que las moratorias “cumplieron un rol importante para solucionar un serio problema de diseño del sistema previsional, que es la exigencia de 30 años de aportes, un requisito que implica excluir a la mayoría de la población”.

Para el especialista “sólo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes o más por lo que la moratoria representó un ´parche´ que habilitó el acceso al sistema a quienes estaban excluidos”. Sin embargo, esto “genera muchos problemas”, agregó, y “debería haber sido resuelto rápidamente mediante una reforma integral del sistema, pero en cambio se han mantenido moratorias vigentes durante 20 años”.

¿Qué cambió?

El texto aprobado en el Senado modifica el articulo 13 de la ley 27.260, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 13: Instituyese con alcance nacional la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de caracter vitalicio y no contributivo, para todas las mujeres de sesenta (60) anos de edad o mas y para todas las personas de cualquier otro genero de sesenta y cinco (65) anos de edad o mas, que cumplan con los siguientes requisitos:

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podran optar por ser beneficiarios de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites previstos en el presente articulo.

También modifica el articulo 16 de la ley 27.260, que quedará redactado de la siguiente manera:

Articulo 16: El goce de la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es compatible con el desempeno de cualquier modalidad de trabajo registrado, que no implique ingresos iguales o superiores a tres (3) salarios minimos vitales y moviles. Igualmente, la Pension Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sera compatible con el desempeno en caracter de trabajador autonomo o monotributista.

Emergencia en discapacidad

La norma aprobada declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, dispone la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

La iniciativa contaba con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se debatió el miércoles 4 de junio. Desde el Foro Permanente por la Discapacidad se sumaron a la movilización de jubilados frente al Congreso.

El proyecto se aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y se giró al Senado donde será tratado hoy jueves 10 de julio de 2025.

¿Qué establece el proyecto de emergencia en discapacidad?

Podrán ser titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social las personas con discapacidad que cumplan con los siguientes requisitos:

La Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70%) del haber mínimo jubilatorio garantizado al que hace referencia la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, y se actualiza de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

¿Qué contempla la ley 24.901 como prestaciones básicas?

Esta ley nacional, sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año, contempla: acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas con discapacidad una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Traspaso de recursos a las provincias

La oposición le dio media sanción a las iniciativas que los gobernadores habían diseñado, hace casi un mes, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ambas modifican el mecanismo a través del cual el Ejecutivo transfiere recursos a las provincias: una, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, y otra, a partir de la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que habitualmente son repartidos de manera discrecional por el Gobierno nacional como parte de un informal sistema de premios y castigos.

Qué son los ATN, el eje de la disputa por fondos entre Milei y los gobernadores argentinos

La decisión de los gobernadores de las provincias de Argentina de impulsar un proyecto de ley para recibir más fondos de parte del Estado nacional ha desatado una fuerte puja política con el presidente Javier Milei.

La pelea se centra en los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Estas son las cinco claves para entender los alcances de la discusión que este jueves comenzó en el Senado argentino:

1. ¿Qué son los ATN?

Las normas de Argentina establecen que el 42,34 % de la recaudación por tributos federales queda en las arcas del Gobierno nacional.

Otro 56,66 % es “coparticipable”, es decir, debe ser repartido entre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires en forma automática y según porcentajes establecidos por una ley aprobada en 1988.

El 1 % restante se destina al denominado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo objetivo es atender a las situaciones de emergencia o de desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y es administrado por el Gobierno nacional con un criterio de distribución discrecional y no automática -no hay porcentajes preestablecidos de distribución-.

Es decir: la conformación del fondo ATN es automático (todos los meses se incorporan fondos derivados de la masa coparticipable de recaudación) pero su distribución por parte de la Administración nacional de turno es discrecional.

El fondo ATN ha sido, además, subejecutado desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023 pues no se distribuyó el total de los recursos del fondo.

De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, en 2024 se ejecutó apenas el 7 % del fondo ATN, mientras que en los primeros cinco meses de este año la ejecución alcanzó el 22 %.

El reparto también ha sido desigual entre los distritos. Desde que Milei es presidente, ocho no recibieron transferencias -entre ellos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba-, mientras que el resto recibió giros con porcentajes muy diferentes.

2. ¿Qué cambio impulsan los gobernadores?

El proyecto de ley impulsado por todos los gobernadores y el alcalde de Buenos Aires -ninguno de ellos oficialista, aunque sí algunos han actuado como aliados del Ejecutivo- establece que la distribución de los ATN se haga en forma automática y con los porcentajes establecidos por el esquema de coparticipación.

Los gobernadores también pretenden la eliminación de fideicomisos financiados a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

Esa eliminación de los fideicomisos permitirá que los fondos que reciben las provincias por lo recaudado del impuesto a los combustibles líquidos se incremente del actual 10,4 % a un 58,36 %.

3. ¿Cuál es el trasfondo del proyecto?

La puja entre los gobernadores y Milei tiene como trasfondo el severo ajuste fiscal que el jefe de Estado puso en marcha a finales de 2023.

Como parte de ese ajuste, las transferencias del Tesoro nacional a las provincias cayeron en forma drástica, incluyendo los giros de los ATN, pero también otras partidas, una situación que ha afectado severamente las arcas provinciales.

La caída en los envío de ATN es evidente: mientras que en 2023 se giraron 173.000 millones de pesos, el Gobierno de Milei transfirió apenas 49.800 millones de pesos en 2024 y 84.000 millones en lo que va de 2025, un desplome que en términos reales se agrava por el efecto de la inflación acumulada, que ronda el 200 % desde que Milei llegó al Ejecutivo.

4. ¿Por qué el Gobierno de opone?

El Ejecutivo argentino se opone al proyecto porque alega que conspira contra el objetivo de equilibrio fiscal del Gobierno.

Si bien el Ejecutivo nacional no puede destinar los recursos del fondo ATN a otros fines, los recursos no distribuidos disminuyen el gasto público nacional y, por lo tanto, pasan a formar parte del resultado fiscal.

5. ¿Cuál es el impacto fiscal?

Según los gobernadores, su iniciativa no afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales pues, de acuerdo a sus cálculos, implicaría un costo total para la Nación de 0,11 puntos del PIB.

De esta manera, el Gobierno nacional pasaría de tener este año un superávit fiscal primario del 1,60 % del PIB proyectado como objetivo por el Ejecutivo al 1,49 % del PIB, resultado que estaría de todos modos por encima del 1,30 % del PIB que el Fondo Monetario Internacional fijó como meta para 2025.

Otros cálculos, como el realizado por la Fundación Mediterránea, sitúan el coste fiscal del proyecto en 0,05 puntos del PIB.

Con información de agencias y Chequeado

IG