La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una semana determinante en los tribunales federales. Este lunes, la Cámara de Casación Penal realizará una audiencia clave para destrabar la competencia en la investigación sobre una lujosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que salpica al entorno de la dirigencia.

La Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma, deberá decidir qué juzgado se queda con el expediente. 

En paralelo, el frente en el fuero Penal Económico también suma presión sobre Claudio “Chiqui” Tapia. El juez Diego Amarante debe definir si dicta el procesamiento del presidente de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino por la retención indebida de unos 19.300 millones de pesos en aportes patronales e impuestos. Además, se encuentran imputados Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

La disputa por la competencia en el caso de la mansión

La causa por la propiedad de Real Central S.A. se convirtió en un “ajedrez” judicial. Originalmente radicada en los tribunales de Comodoro Py, la investigación pasó por varias manos hasta recaer en el Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, el fiscal Carlos Cearras reclama que el expediente regrese al fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.

La propiedad, ubicada en Villa Rosa, cuenta con helipuerto y haras, y está a nombre de una sociedad integrada por el monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.

La Dirección General Impositiva (DGI), organismo que integra la estructura de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), remitió nueva información a la Justicia Federal en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada al entorno de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El reporte fue incorporado al expediente que tramita en el Juzgado Federal de Campana bajo la carátula “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se analizan movimientos financieros sospechosos. En ese contexto, el organismo fiscal puso el foco en la firma Malte SRL, a la que considera una posible “usina” sin capacidad económica ni operativa suficiente para justificar el volumen de operaciones que declara.

Según la presentación, la empresa estaría vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En paralelo, la causa también analiza el rol de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de una propiedad ubicada en Pilar que la investigación relaciona con el círculo cercano del presidente de la entidad, Claudio Tapia.

Los informes elaborados por la Dirección Regional Centro de la DGI describen múltiples inconsistencias en el funcionamiento de Malte SRL. Entre ellas, se mencionan reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para verificar la existencia física de la compañía en las direcciones declaradas y la inscripción simultánea en diversas actividades económicas que no guardan relación entre sí.

Otro de los puntos observados es que la sociedad habría exteriorizado bienes por aproximadamente 1,4 millones de dólares durante el régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.

La firma también aparece en la documentación como contratista de la AFA en 2022 para implementar el sistema de videoarbitraje (VAR), por un monto cercano a los 550 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo con los registros analizados, la empresa contaba con un solo trabajador declarado en los períodos revisados. Ese empleado tenía domicilio en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijaba sus sedes fiscales en la provincia de Santiago del Estero.

El organismo recaudador también advirtió sobre presuntas maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla radicadas en el exterior y sociedades constituidas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, que formarían parte de una estructura financiera vinculada al fútbol argentino.

En paralelo a estas actuaciones, la causa judicial avanzó con medidas contra la conducción de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a prestar declaración indagatoria a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva de la entidad, además de ordenar la prohibición de salida del país para los involucrados.

La investigación busca determinar si la asociación se apropió de manera indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. La denuncia sostiene que esos fondos habrían sido retenidos sin ser depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Mientras tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó la designación de veedores para examinar la situación contable y financiera de la AFA. El objetivo de esa medida es relevar la información sobre el manejo de recursos de la institución en medio de las investigaciones en curso.

Con información de medios

JIB

La liberación del gendarme Nahuel Gallo de Venezuela, que llegó este lunes al país después de 448 días detenido y a bordo de un avión de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia, habría comenzado a gestarse meses atrás por el avance de una diplomacia paralela que incluyó desde una diputada exlibertaria, ex embajadores ligados al kirchnerismo y hasta una periodista del diario Clarín. Incluso un empresario investigado en la trama de corrupción de la ANDIS y con vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado aparecen en la trama. La gestión dejó en offside al gobierno de Javier Milei, que además tiene una guerra abierta con el jefe del fútbol argentino, a quien acusa de lavado de dinero. “No estábamos al tanto”, reconoció esta mañana Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad cuando Gallo fue capturado en diciembre de 2024.

La punta del ovillo parecería iniciarse en la diputada Marcela Pagano, que ingresó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza pero se alejó rápido del oficialismo, y pareja de Franco Bindi, abogado y empresario de medios, que elDiarioAR ya reveló como posible ejecutor de las filtraciones de audios por las que Karina Milei fue acusada de cobrar coimas. 

Según relató Pagano en la pantalla de LN+, fue contactada durante el verano por Kevin Gallo, hermano menor de Nahuel y de bajísimo perfil mediático, y Griselda Heredia, su madre. El enlace fue la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, experta en la cobertura de temas de política exterior argentina, quien fue consultada por la familia de Gallo para acceder a la diputada.

Fue entonces que Pagano ponderó lo que llamó una “diplomacia parlamentaria”: se activó un enlace con Venezuela a partir de que tras la captura de Nicolás Maduro quedaran al frente del gobierno chavista Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En paralelo habrían aceitado los contactos Oscar Laborde, ex embajador argentino en Caracas durante el kirchnerismo, y Stella Lugo, ex embajadora de Venezuela en Buenos Aires. 

“Laborde viaja a Venezuela y se reúne en un mano a mano con Delcy Rodríguez y le solicita poder repatriar al gendarme, y la respuesta fue afirmativa”, contó Pagano, aunque Laborde negó a elDiarioAR haber estado reunido con Rodríguez. La diputada agregó ante LN+: “La disposición a devolver a Nahuel Gallo siempre estuvo desde que Delcy asumió, pero si no se hizo antes fue porque nadie antes hizo un pedido formal. Según el gobierno venezolano no hubo un solo cable diplomático por parte de la cancillería argentina o de la embajada de Estados Unidos ni la italiana al respecto”.

Pagano mencionó la diplomacia italiana porque ese país pasó a hacerse cargo de los intereses argentinos en Venezuela desde que se rompió la relación con Brasil y luego de que Javier Milei decidiera quitar la representación del país en Caracas. Pero pese al relato de Pagano, elDiarioAR supo de fuentes diplomáticas al tanto de la negociación que el gobierno de Rodríguez no quería “entregarle” a Gallo a Milei.

Ahí es entonces cuando entró la AFA en la trama. Como la repatriación de Gallo tenía como conflicto secundario la prohibición de que avión venezolano aterrice en territorio argentino, surgió la alternativa de usar un avión privado. “Era imposible poder lograrlo: la dificultad radicaba en qué volvía el gendarme. Porque la embajada argentina ni los Estados Unidos ofrecieron ningún avión”, dijo Pagano, y agregó: “Delcy Rodríguez decía que no podía largarlo en un vuelo comercial porque si le pasaba algo la iban a responsabilizar a ella”.

A Rodríguez se le acerca un viejo conocido: el titular de la Asociación de Fútbol Venezolano, Jorge Jiménez Ochoa, íntimo amigo del Chiqui Tapia, a quien le piden un avión que pueda poner a disposición la AFA. La gestión se aceleró el fin de semana, a partir de una “excusa formal”: el Prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, visitaron junto a Ochoa las obras del nuevo Centro de Alto Rendimiento de Caracas.

La AFA subió una foto de los tres dirigentes este domingo en Caracas a las 17:39. A las pocas horas Gallo fue liberado, aunque hay una ventana de tiempo que no se explica. Según relató Bullrich, el gendarme fue extraído de la cárcel Rodeo I a las 21.30, cuando la noticia de su liberación la confirmó la esposa de Gallo, Maria Alexandra Gomez, a las 19.07 de Argentina: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió en X. 

“El Fútbol, un puente humanitario”, había publicado la AFA a las 19.03, es decir antes que la propia pareja de Gallo. El Gobierno intentó torpedear la gestión de Tapia: “Pasamos un muy mal momento. Gallo no estaba seguro de adónde iba cuando lo subieron al avión”, dijo la senadora libertaria esta mañana en radio Mitre. Las imágenes contradicen la narrativa libertaria, porque Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y también señalado en la causa judicial contra Tapia, mostró una foto del Gendarme arriba del avión con la comitiva de fútbol argentino, una camiseta de la Selección y un mate.

Pagano confirmó la liberación de Gallo a las 19.09 y relató que inmediatamente después recibió una llamada de un agente de la agencia de inteligencia –a quien no identificó–: “Me llamó alguien de la SIDE para preguntarme si lo que escribí en mi Twitter era así. Nadie del gobierno me solicitó nada”, afirmó. En su Twitter había escrito: “Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común”.

“Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. El gobierno venezolano no quería entregárselo a Milei”, cuestionó Bullrich. El canciller Pablo Quirno, para no exponer aún más al Gobierno, le agradeció en X la gestión a los gobiernos de Italia y de Estados Unidos y a la ONG Foro Penal, pero no mencionó la intervención clave de la AFA y Tapia.

Por su lado, la activista venezolana en la Argentina Elisa Trotta cruzó la versión de Pagano: “Sabemos bien que estas 'negociaciones' oscuras por debajo cuerda se dieron porque Jorge Jiménez, presidente de la FVF, es un corrupto aliado de Delcy Rodríguez y, también, de quien hoy preside la AFA. Sabemos que esto fue una movida propagandística para intentar mejorar la imagen del señor Tapia y para tratar de dejar mal al gobierno de Milei”, publicó en sus redes.

La trama se completa con el dato de que el Learjet 60 matrícula LV-KMA al que se subió Gallo pertenece a Baires Fly, empresa de Sergio Daniel Mastropietro, que hizo negocios con Fred Machado –acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que le pagó a José Luis Espert US$200.000 que le costaron su carrera electoral– y quien también está involucrado en la causa de las coimas en la agencia de discapacidad: Baires Fly le habría aportado a Diego Spagnnuolo –ex amigo íntimo de Milei– y Miguel Calvete una pantalla de contratación de vuelos para blanquear el dinero desvaído en la ANDIS, según determinó la justicia federal.

Así, la liberación de Gallo cerró 448 días de angustia para su familia, pero abrió una trama política que expone la fragilidad de la diplomacia del Gobierno y las internas del poder libertario. Milei quedó corrido de una gestión que no pudo capitalizar en su exposición ante la Asamblea Legislativa y que le ganó de mano Tapia, que se vislumbra hoy un enemigo político más hábil que el peronismo.

MC

Una serie de videos, fotos y documentos internos reveló el funcionamiento de una presunta red de desvíos financieros vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con registros que muestran el traslado, conteo y entrega de grandes sumas de dinero en efectivo que comprometen a Juan Pablo Beacon, excolaborador directo del tesorero Pablo Toviggino.

Las pruebas exponen la ruta del dinero desde financieras del microcentro porteño hasta oficinas utilizadas como punto de recuento y domicilios vinculados a la dirigencia, en coincidencia con movimientos investigados por la Justicia.

Uno de los videos centrales registra a Beacon frente a fajos de dólares mientras certifica el monto recibido: “Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600”. Minutos después anuncia que trasladará el dinero a una oficina, lo que dejó evidencia de un mecanismo interno basado en filmaciones destinadas a controlar cada etapa del circuito financiero y evitar pérdidas dentro de la propia estructura, según un informe del diario La Nación.

La documentación indica que los fondos salían de financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, luego pasaban por una oficina en Lavalle 1718 donde se realizaba el conteo y armado de paquetes, y finalmente eran enviados a un domicilio asociado a Toviggino. Para evitar sospechas, el dinero circulaba en cajas de vino, bolsos o mochilas, incluso a plena luz del día.

En ese punto intermedio trabajaban Beacon y Cristian Brian Prendes, posteriormente incorporado al Comité Ejecutivo de la AFA. Mensajes internos con instrucciones como “llevale a PT a Montevideo” reforzarían la hipótesis del destinatario final.

Los registros audiovisuales muestran escenas de conteo manual de billetes, sobres sellados y códigos identificatorios, una metodología comparable con otros escándalos financieros del país.

Un documento atribuido a Beacon señala que en una sola semana se movilizaron más de 800.000 dólares, con comisiones del ocho por ciento retenidas por cuevas financieras del microcentro.

El esquema coincidió con operaciones realizadas por empresas intermediarias que recaudaban ingresos en el exterior y desviaban millones hacia firmas radicadas en Miami mediante facturación presuntamente apócrifa. Parte de esas operaciones incluyó servicios de asesoramiento facturados a la entidad presidida por Claudio Tapia.

La operatoria sufrió un quiebre tras un asalto ocurrido en 2021 durante un traslado de dinero en Recoleta, episodio que profundizó la desconfianza interna y motivó el registro sistemático de cada movimiento.

Con información de NA.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y le prhibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Fútbol que se celebrará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

La causa investtiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados, que deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas: Tapia el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

La investigación en curso

Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.

En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera: más de $663 millones en IVA; casi $2.000 millones en Ganancias; más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79; y $8.675 millones en aportes previsionales. Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado.

El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.

ARCA sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada.

Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA; Gustavo Roberto Lorenzo, director general del organismo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó este viernes la queja de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como los supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y quienes figuran como propietarios de la mansión de Pilar, y de esa forma avaló la habilitación de la feria judicial de verano para continuar con la investigación penal en su contra.

La decisión fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes concluyeron que la resolución cuestionada no es apelable y que no causa un gravamen irreparable a las partes.

El planteo se originó luego de que el juzgado penal y económico de primera instancia a cargo de Marcelo Aguinsky habilitara la feria para avanzar con medidas investigativas urgentes, al considerar que mantendría actividad jurisdiccional durante todo el receso.

La defensa apeló esa medida al sostener que no se trataba de un supuesto previsto por la normativa vigente.

Los camaristas recordaron que la norma establece que la habilitación de feria no es, en principio, una resolución recurrible, salvo que genere un perjuicio de imposible reparación ulterior, extremo que, según sus pareceres, no fue acreditado.

Los magistrados Robiglio y Bruglia remarcaron además que Aguinsky, en su rol de director del proceso, está facultado para ordenar la continuidad de la investigación durante el receso judicial, y que la normativa no prohíbe la realización de actos instructorios en días inhábiles.

En ese marco, los camaristas señalaron que la habilitación de la feria no afecta derechos de las partes, sino que permite conocer la continuidad de la investigación y ejercer adecuadamente la defensa en juicio.

Por otro lado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció en escena y cuestionó a las autoridades de la AFA, a las que acusó de tener “los dedos verdes” en una ironía por las acusaciones en su contra.

“El que me dijo que tenía los dientes amarillos ahora se demostró que tiene los dedos verdes. Se manejó con una impunidad ridícula. Hay que ser un poco más serio para ser delincuente, no podés hacer las locuras que hicieron estos tipos. ¿Si terminan en cana? Estafaron a la AFA”, arremetió en una entrevista con el diario Clarín respecto del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Asimismo, reveló que habló por última vez con el presidente Javier Milei para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, aunque confesó que no se abordaron temas políticos. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a reincorporarse en el Gabinete.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Mientras se multiplican los frentes judiciales que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Banco Central avanza con un sumario administrativo por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria que involucrarían operaciones por cerca de 240 millones de dólares. La investigación apunta a determinar si la entidad omitió liquidar divisas obtenidas durante los años de vigencia del cepo cambiario.

La actuación del organismo monetario pone bajo la lupa la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. El foco está puesto en los ingresos en moneda extranjera provenientes de contratos de sponsoreo de la Selección argentina, derechos de televisación y transferencias realizadas por entidades internacionales como la Conmebol y la FIFA, que deberían haber sido canalizados a través del mercado oficial.

En paralelo, la Justicia incorporó en las últimas horas una prueba considerada clave en el expediente que investiga a los propietarios de la lujosa mansión ubicada en Pilar, señalados como presuntos testaferros de Pablo Toviggino. Según el informe pericial agregado a la causa, la tarjeta de crédito de uno de los dueños del inmueble, Luciano Pantano, aparece vinculada a una cuenta corporativa de la AFA.

De acuerdo con la documentación, se trata de una tarjeta American Express que registró durante todo 2025 consumos promedio de 50 millones de pesos mensuales. Pantano, monotributista, figura como propietario de la mansión valuada en unos 20 millones de dólares junto a su madre jubilada. En el interior del inmueble, además, fueron secuestrados más de 50 autos deportivos importados.

Los peritos establecieron que la tarjeta utilizada para afrontar distintos gastos, entre ellos el pago del PASE de los vehículos incautados, pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino, con domicilio en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos entre enero y diciembre de 2025”, detallaron.

En su resolución, el juez Marcelo Aguinsky sostuvo que esos movimientos “deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa”, en el partido bonaerense de Pilar, y ordenó avanzar para que, “en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos de forma inmediata”. El magistrado también rechazó un planteo de inhibitoria por cuestión territorial y resolvió continuar al frente de la investigación.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Tres magistrados decidieron habilitar la feria judicial de verano para continuar con las investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios de sus principales dirigentes. La decisión permitirá que durante enero se mantengan en curso las medidas de prueba ordenadas en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción.

El receso judicial comenzó el pasado viernes y únicamente se diligencian causas consideradas urgentes, salvo que los jueces dispongan expresamente su habilitación. En este caso, los magistrados a cargo de las investigaciones consideraron necesario que los expedientes no se suspendan durante el receso estival y continúen su tramitación normal.

Una de las causas es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni.

Según la investigación, la AFA habría intervenido como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo, con fondos provenientes principalmente de los derechos de televisación del fútbol.

En el marco de esa causa, el juez ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y en las sedes de la AFA de la calle Viamonte y Ezeiza, así como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y el pedido de información financiera internacional.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse el 19 de enero para quedar a derecho.

La investigación también incluye el análisis de documentación y teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre en la AFA, Sur Finanzas y distintos clubes de fútbol.

La causa por la lujosa mansión

Otro de los casos está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y se centra en la compra de una lujosa mansión ubicada en Pilar, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares. El magistrado habilitó la feria judicial y dispuso nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la propiedad, con el objetivo de establecer la titularidad real del inmueble.

La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, los investigadores analizan si ambos cuentan con la capacidad económica necesaria para justificar la adquisición de la finca, así como la tenencia de 54 vehículos de lujo y otra vivienda en un country de la misma zona. Durante los allanamientos se encontraron elementos vinculados a la AFA y documentación que refuerza la hipótesis de que el verdadero propietario sería el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Dicha causa se encuentra bajo una discusión de competencia judicial entre el juzgado de Aguinsky y el del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La denuncia de ARCA

El tercer expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia del organismo ARCA contra la AFA por la presunta retención indebida de aproximadamente 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En ese expediente fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo.

A pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el juez ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA. Con la feria judicial habilitada, las tres investigaciones continuarán activas durante enero, a la espera de avances en las medidas de prueba dispuestas.

Con información de agencia NA

MC

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a su principal colaborador Pablo Toviggino y al resto de la cúpula directiva de la entidad por la presunta retención indebida de tributos por un monto estimado en 19 mil millones de pesos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó encuadrada como una posible infracción a la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, descontando esos montos a terceros —como jugadores, empleados y proveedores— sin depositarlos en las arcas del Estado dentro de los plazos legales.

En su presentación, ARCA sostuvo que la conducta no se limitó a un incumplimiento administrativo, sino que existió intencionalidad. De acuerdo con el organismo recaudador, la AFA conocía plenamente su condición de agente de retención, había practicado efectivamente los descuentos y contaba con la capacidad de cumplir con esas obligaciones, pero utilizó esos fondos para financiar su propio funcionamiento.

La imputación no recae únicamente sobre Claudio “Chiqui” Tapia. El fiscal resolvió ampliar la investigación al resto de la comisión directiva al considerar que, por la estructura societaria de la AFA, las decisiones vinculadas a la administración de los recursos y al cumplimiento de las obligaciones fiscales no pueden atribuirse de manera exclusiva al presidente de la entidad.

En cuanto a las eventuales consecuencias penales, la Ley Penal Tributaria establece que la falta de depósito de tributos retenidos dentro de los diez días hábiles previstos puede ser castigada con penas de prisión de entre dos y seis años. En ese marco, ARCA solicitó expresamente que, de comprobarse los hechos denunciados, se aplique el máximo de la pena a los responsables.

La investigación judicial continúa en curso y, en las últimas horas, el juez Marcelo Aguinsky dispuso suspender la feria judicial de enero para avanzar con medidas vinculadas a bienes presuntamente relacionados con el entorno de Tapia, como la mansión en Pilar, lo que refuerza la relevancia y la complejidad del expediente.

Con información de medios

JIB

La ofensiva del Gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ya dejó de ser un conflicto administrativo o una disputa retórica. Se convirtió en una trama judicial y política de múltiples capas, en la que confluyen intimaciones contables, ampliaciones de denuncias penales, presentaciones ante organismos internacionales y un trasfondo que en la Casa Rosada se comenta en voz baja pero nadie niega: la hipótesis de una cruzada personal de Javier Milei, leída como una revancha por el impacto que tuvo el caso ANDIS en el corazón del poder libertario.

La serie de movimientos se desarolla en varios flancos. El más reciente fue coordinado y de alto voltaje. El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a explicar sus balances contables y financieros, con pedidos de documentación que alcanzan cifras extraordinarias: más de US$111 millones en el caso de la AFA y US$ 340 millones en el de la Liga. El mensaje fue explícito: se exigirá a ambas entidades el mismo estándar de rendición que a cualquier asociación civil sin fines de lucro, bajo advertencia de sanciones severas para las instituciones y sus directivos si no cumplen en el plazo de 20 días.

La intimación no se limita a un ejercicio puntual. Incluye balances pendientes desde 2017 hasta 2025, asambleas celebradas fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, la intervención irregular de funcionarios bonaerenses en actos societarios, y una batería de requerimientos vinculados a la Universidad de la AFA (UNAFA): actas de constitución, estatutos, convenios con universidades públicas y privadas, escritura del inmueble donde funciona la sede y comprobantes de pago, incluso en moneda extranjera.

Casi en simultáneo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal en trámite por retención indebida de tributos y aportes previsionales, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5. $11.759 millones es el monto sumado a lo ya investigado, que se eleva a un total bajo sospecha de más de $19.300 millones. Los períodos cuestionados abarcan desde marzo de 2024 hasta julio de 2025 y se concentran en tres rubros: retenciones de IVA, impuesto a las Ganancias y aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

Desde la AFA, la respuesta es de confrontación abierta. Denuncian una “evidente persecución política”, apuntan contra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, contra la senadora Patricia Bullrich y contra legisladores oficialistas, y sostienen que el objetivo final del Gobierno es intervenir la entidad y avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra del modelo asociativo del fútbol argentino.

Laberintos judiciales

La ofensiva oficial, sin embargo, no terminó ahí. Se completó esta semana con una presentación internacional. A través Bullrich, el Gobierno denunció a la cúpula de la AFA ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción. Allí se pidió una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según el oficialismo, comprometen los estándares de “buena gobernanza” exigidos a una federación miembro y apunta directamente contra el tesorero Pablo Toviggino.

Ese planteo dialoga con una investigación más profunda que se tramita en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky, centrada en la firma Real Central SRL y en dos presuntos testaferros. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con estancia, helipuerto, instalaciones deportivas y vehículos de lujo.

En ese mismo expediente se cuestionan contrataciones directas, como la adjudicación a Malte SRL por unos USD550.000 para completar la instalación del sistema VAR, y se subraya la existencia de vínculos personales y societarios con exautoridades de la AFA. El cuadro se agrava con las pesquisas federales en Lomas de Zamora, donde la fiscal Cecilia Incardona investiga un esquema de retornos y triangulaciones financieras que, según la acusación, se habría replicado en al menos 18 clubes del fútbol argentino.

Esa causa tramita ante el juez Luis Armella, pero en el mundo judicial circulan con insistencia rumores de una maniobra para forzar el pase del expediente a manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En el centro de esas versiones aparece un nombre conocido en el mundo judicial del conurbano: el del juez federal de Morón Jorge Rodríguez, señalado como un actor con capacidad de influencia y vínculos estrechos con Tapia. La definición de la competencia está en manos del camarista platense Jorge Di Lorenzo, pero el ruido ya está instalado.

La figura de Rodríguez volvió a quedar bajo la lupa tras su multitudinaria fiesta del 5 de diciembre, organizada en un predio de Bella Vista que pertenece al CEAMSE, la empresa estatal de gestión de residuos de la que Tapia es vicepresidente. El evento, al que asistieron jueces, fiscales, dirigentes políticos y empresarios, reavivó comentarios sobre la promiscuidad entre poder judicial, política y fútbol, justo cuando las causas que salpican a la AFA entran en una etapa sensible.

En ese sentido, la designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA puede ser interpretada como una señal interna: el conflicto con Tapia es prioritario para Milei. Y allí reaparece el origen político del enfrentamiento. Para el Presidente, la difusión de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, que involucraban a Karina Milei en presuntas coimas, no fue un episodio aislado, sino el punto de quiebre. Aquellas grabaciones circularon desde el streaming Carnaval, un medio atribuido al entorno de Toviggino.

Por eso no es casual que, tras ese episodio que tuvo lugar en agosto, el Gobierno haya denunciado un supuesto espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, causa que tramita ante el juez Julián Ercolini y en la que se habla de una “operación de inteligencia no institucional” para desestabilizar al oficialismo.

Es que la guerra entre el Gobierno y la AFA ya se juega en varios frentes. Y, a diferencia de otras peleas del mileísmo, esta no parece pensada para una retirada ordenada, sino para un choque frontal, aun cuando el costo sea convertir al poder del fútbol argentino en escenario de una vendetta política.

PL/MG

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky solicitó este martes una serie de medidas de prueba sobre la finca de Pilar que se la atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y ladero del presidente de esa asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

El magistrado formuló pedidos a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y de telepase por los autos que estaban en la finca, además de haber formulado la misma solicitud a compañías de internet, cable y celulares por la vivienda.

En el hallanamiento realizado la semana pasada, la Justicia confiscó un total de 57 vehículos, entre los que sobresale una flota de alta gama integrada por dos Porsche 911 —en versiones S y GTS, ambos patentados en 2025—, una Ferrari F430 modelo 2005, un Porsche Panamera 2024, una Porsche Macan S 2021 y un Porsche 718 Cayman S 2019. El listado se completa con un Audi R8 V10 Quattro 2018, un Chevrolet Camaro Convertible 2018 y un Ford Mustang Mach 1 2023. Junto a estos autos de lujo, también fueron encontrados modelos de perfil más austero y menor valor, como un Fiat Spazio 1992, una Coupé Fuego y una Chevrolet Tracker 2022.

La Cámara Criminal y Correccional Federal había resuelto la semana pasada que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte -acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.

El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.

La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

El Gobierno nacional aumentó este lunes la alícuota de retención y percepción que pagan los clubes al sistema de seguridad social de 7,5% al 13,06%, en medio de las muchas disputas entre la gestión de Javier Milei y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, representado en la puja pública por el tesorero y secretario ejecutivo del máximo organismo del fútbol argentino, Pablo Toviggino.

La decisión de la cartera que conduce Sandra Pettovello fue anunciada por Boletín Oficial a hizo a través de la disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzeneger, explicó la situación en un posteo de “X” con fuertes críticas a los clubes.

“En 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por US$ 324 millones (dato de la FIFA publicado en diario La Nación el 31/1/25). Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social la actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados”, señaló Sturzenneger.

El ministro explicó que “con el argumento de la crisis del año 2001 la AFA obtuvo del gobierno de Duhalde un régimen especial para el ingreso de los aportes jubilatorios. Se reemplazaba el régimen general (es decir, lo que paga cualquier empresa, quiosco, pyme, asociación o fundación) por un cargo sobre venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos”.

Sturzenegger afirmó que “el truco es que las alícuotas establecidas hacían al sistema deficitario (la alícuota inicial, establecida en 2%, era una cargada), pese a que el decreto original, el 1212/03, exigía fuera neutral en términos de recaudación”.

“Por ello –continuó- se fue llevando el irrisorio aporte inicial del 2 %, al 6,5 % (Res. 81/05 de la Sec. de Seg. Social), luego al 6,75 % (Decreto 231/19) y finalmente al 7,5 % (por el Decreto 510/23 donde Massa sumó a la AFA misma como beneficiara). Sorprendentemente (o no) la alícuota nunca generó un equilibrio. ¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados, ya que el sistema jubilatorio quedaba desfinanciado”.

Sturzenegger subrayó que “más recientemente el déficit empezó a aumentar” y precisó que “entre noviembre de 2023 (fecha de la última revisión de alícuota) y abril de 2024 el sistema tuvo un déficit de 7.000 millones”.

“Esto porque la AFA y los clubes le encontraron la trampa a la trampa. Primero, porque los clubes empezaron a sumar actividades que no tenían que ver con el fútbol pero que, por estar en un club, también gozaban de la exención de aportes al sistema jubilatorio. Por repetir un caso con que vengo ilustrando el punto, Ríver, por ejemplo, desarrolló actividades educativas (muy buenas por cierto) por las que no paga aportes al personal, mientras que la escuela ORT, a dos cuadras, sí debe hacerlo. Segundo, porque para eludir el pago, los clubes pasaron de vender entradas a un régimen de ”abonos“, los que habían sido convenientemente excluidos del 1212. El resultado: beneficios crecientes e ingresos menguantes”, se explayó Sturzenegger.

El ministro detalló que “si en el primer año de Javier MIlei el sistema aportó el 57% de lo recaudado, en los siguientes seis meses ese porcentaje había caído al 33%”.

El funcionario recordó que “el Decreto 939/24 buscaba dar fin a esta inequidad, para lo que habilitó a una comisión integrada por gobierno y clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit o, en caso que no se pudiera acordar, se volviera al sistema general. Vencido el plazo de 6 meses, la AFA y los clubes trajeron una propuesta claramente deficitaria por lo que el gobierno pidió a la AFA garantizar cualquier faltante”.

“Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA del ”Chiqui“ Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados. Por eso a fin de Abril el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las regulares de todos los contribuyentes”, indicó.

En este marco, el ministro denunció que “a días de la vuelta al sistema general, la casta (la AFA en este caso) obtuvo una protección cautelar de su privilegio (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA, Dr. Enrique Alonso Regueira –firma no verificada). Así mientras miles de empresas, pymes, autónomos, etc… pagan sus aportes y contribuciones a la seguridad social por el régimen general el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir lo que el resto al sistema jubilatorio. Total, el déficit es de los jubilados”.

“Para que entiendas el absurdo y sin querer estigmatizar a nadie, dice la AFA que para el club Vélez Sarfield volver al sistema general le hubiera significado pagar 26 veces más en aportes al sistema jubilatorio. Para el caso de Ríver 22 veces más. El juez dice que eso es una barbaridad. Pero omitió decir que Vélez contribuía US$ 12.000 por 714 empleados y River US$ 27.000 como aportes jubilatorios de 1.530 empleados. Esto aun cuando ambos clubes declaran en sus balances del ejercicio 2024 ganancias de US$ 28 y US$ 65 millones de dólares. Pero, para el juez Regueira, para los jubilados no hay”, se explayó en su explicación.

Sturzenegger afirmó que “el juez Regueira, al restablecer la vigencia del decreto 510/23 para que el futbol siga con su privilegio, vuelve a habilitar el decreto que nos obliga a realizar el ajuste en las alícuotas para que el sistema esté en equilibrio”.

La disposición y sus fundamentos

Con información de agencias.

IG