La visita del magnate tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada no fue un episodio más en la agenda oficial. Su encuentro con Javier Milei llegó después de una reunión previa con el asesor Santiago Caputo por fuera del circuito institucional y se concretó en una jornada histórica, marcada por restricciones para la totalidad de la prensa acreditada. Salvo una breve mención del propio Presidente en el canal de streaming Neura, no hubo comunicación oficial sobre el contenido del intercambio con una de las figuras que mejor conectan el mundo tecnológico con las estructuras globales de inteligencia y seguridad. En ese clima de hermetismo, una pregunta recorre el poder por lo bajo: ¿qué está pasando con la SIDE?

El telón de fondo de esa inquietud es doble. Por un lado, la decisión del Gobierno de exhibir capacidad operativa con la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), una estructura formalizada por decreto en octubre del año pasado, que busca “centralizar información, coordinar agencias y fijar prioridades en la lucha contra el terrorismo”, según detallan oficialmente. Por otro, una seguidilla de episodios que, lejos de consolidar ese relato de profesionalización, abrieron interrogantes sobre el funcionamiento real del organismo y, sobre todo, sobre quién conduce efectivamente esa agenda.

La inauguración del CNA, realizada el 16 de abril, funcionó como vidriera. Con presencia del FBI y del embajador estadounidense, Peter Lamelas, el acto tuvo al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, como protagonista, pero fue presentado como un punto de inflexión por el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, quien en paralelo empezó a construir algo inusual para ese cargo: visibilidad pública. “La presencia del FBI y del embajador de Estados Unidos en la Argentina en la inauguración del Centro Nacional Antiterrorismo es un paso clave para fortalecer la protección de la República Argentina”, celebró a través de un comunicado. Y fue más allá: “Después de décadas de abandono e improvisación, estamos profesionalizando el Sistema de Inteligencia Nacional”.

Su nombre es nuevo en los pasillos del poder, aunque en los últimos meses empezó a pesar cada vez más. Abogado de formación, Lago Rodríguez proviene de los estudios Cassagne, donde integró el equipo que encabezaba María Ibarzábal Murphy, hoy al frente de la Secretaría de Legal y Técnica. Su perfil combina ese recorrido jurídico con una identidad más ligada al mundo de la seguridad: en la biografía de su flamante cuenta de X —abierta a la par del acto de inauguración de la CNA— se presenta como “Subsecretario de Inteligencia” y también como “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Ese doble registro no es menor para entender el lugar que empezó a ocupar.

Sin embargo, su desembarco en la primera línea de la SIDE no fue leído como un movimiento técnico sino como la instalación de un “comisario político” en un área sensible. Y esa lectura se reforzó en noviembre pasado, cuando elDiarioAR reveló su tumultuosa visita nocturna al domicilio de Sergio Neiffert, entonces titular del organismo, en un episodio cargado de tensión interna que dejó al descubierto la disputa por el control de la inteligencia entre Santiago Caputo y Karina Milei.

Aquella escena, tan inusual como grotesca, funcionó como un anticipo de lo que vendría. Hoy, con Auguadra en la conducción nominal, distintas fuentes coinciden en que el poder real dentro del organismo está más distribuido. En ese esquema, Lago Rodríguez no solo ganó volumen propio sino que, en algunos casos, aparece con mayor capacidad de decisión que su superior formal. ¿Quién conduce realmente la SIDE en este nuevo esquema de poder? No es un dato menor en un área donde las jerarquías suelen ser más rígidas que en el resto del Estado, pero también más opacas.

El crecimiento de Lago Rodríguez no se explica solo por su cercanía con Santiago Caputo, sino también por los movimientos en el resto del organigrama. En particular, por la virtual salida de Diego Kravetz, cuyo corrimiento abriría un vacío precisamente en el mismo casillero con el que el joven abogado decidió presentarse en redes sociales. La coincidencia no pasó desapercibida en el mundo de la inteligencia: su autoidentificación como “Subsecretario de Inteligencia” funciona, en los hechos, como una señal de posicionamiento en esa transición aún no formalizada.

Pero ese reordenamiento no ocurre en el vacío. Forma parte de una interna más amplia en el vértice del poder libertario. El esquema que responde al asesor presidencial viene siendo observado de cerca por Karina Milei, que en los últimos meses buscó avanzar sobre ese territorio con su propia lógica de control. Si hace un mes la tensión era más explícita, hoy aparece algo más contenida, aunque lejos de resolverse. En ese contexto, la exposición de Lago Rodríguez también puede leerse como un movimiento dentro de ese equilibrio inestable.

El despliegue del CNA, en ese sentido, también puede leerse en clave interna. La estructura apunta a coordinar políticas antiterroristas y a articular información con organismos locales y extranjeros. También ofrece una plataforma desde la cual construir legitimidad y mostrar resultados. Lago Rodríguez lo entendió así y se posicionó como uno de sus principales voceros. “El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla”, sostuvo. Y remarcó que “la participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”.

Pero ese relato de apertura y profesionalización convive con episodios que lo ponen en tensión. El más evidente fue el comunicado que la SIDE publicó el 24 de marzo, en el que informaba una reunión entre Auguadra y el director de la CIA en Langley. El mensaje, amplificado al día siguiente por Manuel Adorni, fue eliminado horas después sin explicación inmediata. La versión posterior, recogida por elDiarioAR, habló de una decisión estratégica: esperar la foto oficial para reforzar el anuncio. Sin embargo, no faltaron quienes pusieran en duda el núcleo del relato. Según fuentes con conocimiento del viaje, el encuentro no habría sido con el director sino con su número dos, una diferencia que en el mundo de la inteligencia tiene un peso específico. ¿Fue un error de comunicación o una forma de sobreactuar un vínculo que todavía está en construcción?

A ese episodio se le suma otro, distinto pero igual de revelador. El 2 de abril, la SIDE publicó un nuevo comunicado donde se subía a la investigación realizada por un consorcio de periodistas acerca de una supuesta campaña de desinformación contra el gobierno de Milei financiada por Rusia. Allí se afirmaba que se trataba de un caso que “ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025”. Esa declaración fue la que motivó una presentación judicial del abogado Jorge Monastersky. Sin embargo, cuando la causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, lo primero que hizo el magistrado fue buscar ese expediente previo al que hacía referencia el organismo.

La sorpresa fue que no existía. No había ninguna causa anterior impulsada por la SIDE. Ante ese escenario, Ramos delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, que todavía espera una respuesta formal del organismo a un oficio enviado para esclarecer qué información maneja. Mientras tanto, el expediente sigue sin avanzar y los abogados de los periodistas señalados en la investigación original no logran acceder a elementos concretos. La reconstrucción de ese derrotero —dada a conocer por el periodista Camilo Cagnacci en boga.ar— agrega un elemento incómodo para el Gobierno: no solo no hay evidencia de una investigación previa, sino que la propia afirmación oficial fue la que terminó activando una causa judicial sin sustento inicial. ¿Qué quiso decir entonces la SIDE cuando aseguró que ya había intervenido en el caso? ¿Se trató de una sobreactuación discursiva o de un intento de construir iniciativa donde todavía no la había?

Es en ese punto donde la historia se corre del plano técnico y entra de lleno en la lógica del poder. La SIDE no solo se reconfigura hacia afuera, con acuerdos de cooperación, promesas de equipamiento y vínculos con agencias internacionales. También se redefine hacia adentro, en una disputa que atraviesa al oficialismo. El intento de capitalizar una foto en Langley, la sobreexposición del CNA y la emergencia de figuras como Lago Rodríguez parecen responder tanto a una estrategia de posicionamiento interno como a una narrativa de política exterior alineada con Estados Unidos.

En ese tablero, la figura de Peter Thiel agrega una capa adicional. Cofundador de PayPal y cerebro detrás de Palantir, una empresa especializada en el análisis masivo de datos, su trayectoria lo ubica en un cruce sensible entre tecnología, inteligencia y poder estatal. Se trata de alguien que trabaja con agencias de seguridad y defensa y que desarrolla plataformas capaces de integrar grandes volúmenes de información, cruzar bases de datos y producir análisis predictivo.

En ese sentido, y como señaló Mauricio Caminos en este diario, el desembarco de Thiel en la Argentina puede leerse como parte de un movimiento más amplio del Gobierno orientado a expandir esas capacidades y además reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad. Tras el polémico DNU 941 de enero de este año, el área de ciberseguridad dejó de depender de la SIDE y pasó a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete. Pese a ese corrimiento institucional, al frente del área se mantiene el criptógrafo Ariel Waissbein. Según especialistas, el foco oficial se posa sobre el potencial de Palantir como infraestructura para articular y cruzar datos estatales: el propio decreto, en su artículo 15, habilita la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible de distintos organismo.

Bajo ese contexto, la escena cobra otro cariz. Que Thiel haya tenido acceso al corazón del poder argentino en simultáneo con el cierre de la Casa Rosada a la prensa puede haber sido una coincidencia, pero no parece un dato menor. Tampoco lo es que todo ocurra en paralelo al relanzamiento de la SIDE como actor visible, con nuevas estructuras, nuevos voceros y viejas disputas. En ese cruce de agendas, la inteligencia vuelve a ocupar un lugar central. La incógnita es si ese protagonismo responde a una política de Estado en consolidación o a una puja interna que todavía no terminó de resolverse.

PL

El Gobierno prepara un nuevo movimiento en el tablero de la inteligencia argentina. No se trata solo de sostener el polémico DNU 941/2025 que Javier Milei firmó el 31 de diciembre y que reconfiguró la arquitectura del espionaje estatal, sino de avanzar hacia una instancia más ambiciosa: una nueva Ley de Inteligencia que reemplace de manera definitiva la norma sancionada en 2001, aún vigente. “¿Se va a presentar una nueva ley? Sí. ¿Cuándo? Es decisión del Presidente”, deslizaron, tajantes, fuentes del organismo a elDiarioAR.

La decisión política está tomada, pero todavía no se definió el momento para oficializarla. En la Casa Rosada habían descartado que el anuncio formara parte del discurso que Milei pronunció el domingo por la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tal como se esperaba, el mensaje presidencial que estuvo concentrado en el frente económico y en la agenda legislativa ya en marcha tras la aprobación de la reforma laboral. La única mención al tema de la inteligencia, acotada y al pasar, quedó plasmada en el pasaje dedicado a la defensa. “Los F-16 ya custodian nuestro espacio aéreo, y enviaremos un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”, apuntó Milei, sin dar mayores precisiones.

Según pudo saber elDiarioAR, el objetivo oficial es doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Por otro, sustituir una ley concebida en un contexto político y tecnológico completamente distinto. El argumento principal es que la legislación vigente quedó “vieja” frente a la complejidad del mundo actual: hay quienes sostienen que la Ley 25.520 —aprobada casi por unanimidad en diciembre de 2001, dos semanas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa— fue pensada en clave posdictadura y bajo el impacto de los atentados terroristas de aquellos años, mucho antes de que el ciberespacio se convirtiera en un escenario estratégico.

La redacción del virtual proyecto ya tiene responsables definidos. El borrador está en manos del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, en tándem con la secretaria Legal y Técnica, Martía Ibarzábal Murphy. Lago Rodríguez cobró notoriedad en noviembre pasado, cuando este medio reveló que protagonizó un incidente en el domicilio del exjefe de los espías Sergio Neiffert, en medio de la transición interna que terminó con la salida del entonces Señor 5.

Hombre de confianza del asesor Santiago Caputo, quien está a cargo de la conducción política de la inteligencia en la era Milei, Lago Rodríguez tuvo intervención tanto en la redacción del DNU 941 como en el decreto de julio de 2024 que disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Su vínculo con Ibarzábal Murphy no es nuevo: ambos compartieron paso por el estudio jurídico Cassagne, cantera de varios cuadros técnicos que hoy ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

La intención oficial es incorporar en una norma integral conceptos que hoy aparecen dispersos en el decreto. La propia SIDE lo había anticipado en enero, a través de su cuenta de X, donde defendió el uso del DNU y confirmó que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando”.

En ese mismo mensaje, que tenía como objetivo rebatir los argumentos de una nota periodística del diario La Nación, el organismo justificó el atajo reglamentario al sostener que “la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo” y citó como ejemplo “la captura del principal dictador de la región”, en referencia al venezolano Nicolás Maduro, que precisan que ocurrió “tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”.

La apelación a la excepcionalidad no pasó inadvertida en el Congreso. Para la oposición, la justificación interncional funcionó más como construcción discursiva que como basamento jurídico. “La urgencia no puede ser un estado permanente”, señalaron por entonces desde un despacho que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órgano legislativo que deberá conformarse en los próximos meses.

Ese es, precisamente, el punto que ahora cambia de fase. Si el DNU se defendió en nombre de la inmediatez, el proyecto de ley que tiene entremanos el Gobierno implicaría convertir ese argumento coyuntural en arquitectura estable. La diferencia no es menor: mientras el decreto puede ser revisado judicialmente y eventualmente rechazado por el Congreso, una ley sancionada con mayoría parlamentaria consolidaría el rediseño y le daría previsibilidad política al esquema que hoy funciona por vía reglamentaria.

Rediseño estructural

El DNU 941 no fue interpretado dentro del sistema como una simple actualización normativa sino como un movimiento de concentración de poder. No sólo amplía facultades de la SIDE y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa, sino que le otorga una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia que se abrió en 1983.

“Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si quedan 40”, resumió una fuente con trayectoria en distintas gestiones en diálogo con elDiarioAR. En su análisis, el Gobierno ya ganó la discusión pública, pero la implementación enfrenta límites operativos evidentes, además de una sospecha menos visible: el verdadero interés de Santiago Caputo podría estar en el control presupuestario ampliado que habilitan las fusiones y la reconfiguración de áreas.

La ampliación de facultades operativas de la SIDE es uno de los principales focos de tensión. El decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia durante actividades del área, una atribución históricamente reservada a fuerzas policiales. Dentro del propio sistema la reacción fue directa. “Una locura”, sintetizó un agente con responsabilidades operativas, al advertir que la medida rompe un límite democrático consolidado y expone al organismo a conflictos judiciales.

Otro de los movimientos que más llamó la atención fue el traslado del área de ciberseguridad desde la SIDE hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el área responde formalmente al esquema político de Karina Milei, al frente está Darío Genua, un funcionario cercano a Caputo, el asesor que gravita sobre la inteligencia a través del titular del organismo, Cristian Auguadra. Este mes, finalmente se confirmó que al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estará Ariel Waissbein secundado por Ezequiel Gutesman. En ese esquema vuelve a aparecer un nombre cada vez más omnipresente: el del empresario Leonardo Scatturice, proveedor tecnológico que podría beneficiarse de un diseño donde Innovación concentra infraestructura y contratos estratégicos.

El rediseño del organigrama también impacta en Defensa. La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto modifican el equilibrio entre conducción civil y estructura castrense. Para muchos críticos, el nuevo esquema debilita el control civil y subordina a las Fuerzas Armadas a una lógica de seguridad interior.

Desde el universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve sobre el método. “En dos años no hubo una sola coordinación real”, señala una fuente con larga experiencia. En su visión, el decreto construye una urgencia normativa que no existe y transforma a múltiples áreas del Estado en reservorios permanentes de información para la SIDE. “La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Las advertencias externas refuerzan ese diagnóstico. El CELS, que presentó enero un amparo colectivo ante la Justicia al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado, se encargó de alertar sobre el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derive en una lógica de vigilancia política y cuestionó que una reforma de esta magnitud se impulse por decreto. También advirtió que la integración obligatoria de organismos como ReNaPer o ARCA al circuito informativo puede erosionar garantías básicas de privacidad.

Ese es el trasfondo sobre el que ahora el Gobierno evalúa enviar una nueva Ley de Inteligencia al Congreso. Convertir en norma permanente lo dispuesto por decreto no sólo implicaría blindar jurídicamente la reforma, sino también institucionalizar este esquema de concentración informativa y presupuestaria. La discusión ya no sería sobre un DNU coyuntural, sino sobre el modelo de inteligencia que la administración Milei pretende dejar consolidado en el marco legal argentino.

PL/MG

A media mañana del miércoles, en el edificio de 25 de Mayo 11, varios empleados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) descubrieron que sus huellas dactilares ya no abrían las puertas. El mensaje era inequívoco: estaban despedidos. La purga alcanzó a 130 funcionarios de la gestión de Sergio Neiffert, el ahora ex Señor 5 cuya salida el Gobierno anunció el martes y que ayer quedó formalizada con la designación de Cristian Auguadra, contador con vínculos históricos con la familia de Santiago Caputo. El recambio fue inmediato: el personal que había llegado con Neiffert quedó fuera en cuestión de horas, en lo que en el organismo ya describen como un movimiento quirúrgico para desmontar su estructura interna.

La magnitud del operativo dejó un clima de shock dentro de la SIDE, pero no necesariamente de desorientación. Según coincidieron ante este medio fuentes con recorrido en la central, el organigrama permanecería prácticamente igual. La nueva conducción no moverá a las figuras con trayectoria ni alterará las áreas estratégicas. “Todo va a continuar así, pero habrá que trabajar mejor”, resumieron cerca de una figura que conservó su puesto. Otro agente, más directo, apuntó que “había gente sin experiencia ni criterio; esto ordena”. El mensaje interno, al menos por ahora, es continuidad con depuración selectiva.

Auguadra fue visto el martes en la Casa Rosada, pocas horas antes de que se anunciara su nuevo cargo. Su presencia reforzó la idea de que su desembarco fue diseñado en el corazón de la conducción libertaria. Al día siguiente, reapareció, pero acompañado por el subsecretario administativo del organismo José Francisco Lago Rodríguez. Para algunos fue la confirmación de que las redes internas siguen activas. Para otros, un recordatorio de que el reordenamiento aún no está del todo cerrado.

El desplazamiento de Neiffert no fue repentino. Como reveló elDiarioAR, la noche en que se le pidió la renuncia tuvo como protagonista no solo a Lago Rodríguez, sino también al propio Auguadra, en ese momento al frente de la Divisón de Asuntos Internos (DAI). Ambos se presentaron en el domicilio del por entonces titular de la SIDE, el pasado 7 de noviembre, para transmitirle la decisión política que ya estaba tomada, pero todo terminó en escándalo. El episodio, que dejó al descubierto el deterioro total de la relación de Neiffert con Caputo, marcó el principio del fin para un jefe de inteligencia que había empezado a moverse por cuenta propia, a abrir canales paralelos y a reunirse con Karina Milei sin informar a quien lo había impulsado.

Su salida se produjo en paralelo a una ampliación presupuestaria de más de $26.000 millones para la SIDE, un refuerzo que el Gobierno atribuyó a la reconducción presupuestaria pero que dentro del organismo fue leído como parte de la misma reconfiguración política en marcha. No es casual que ocurriera justo cuando el nombre de Auguadra ascendía: elDiarioAR ya había puesto la lupa sobre él el domingo pasado, cuando sus movimientos internos anticipaban un nuevo equilibrio de poder.

Pulseada interna

Pese a la conmoción inicial, la SIDE transita una transición que, en apariencia, busca más estabilidad que ruptura. La instrucción no escrita es ordenar, no refundar. “El problema no era la institución, sino quienes no entendían dónde estaban”, justificó un viejo agente que participó de múltiples gestiones. Por eso, las distintas agencias conservarían a sus responsables.

En el plano político, el entorno de Caputo intenta instalar que el desplazamiento de Neiffert confirma que mantiene el control pleno de la inteligencia y que desbarató una supuesta “operación mediática” motorizada por el ala karinista. Pero lo cierto es que el plan de desembarco de la hermanísima y los primos Menem en la SIDE ya estaba en marcha, solo que no llegó a efectivizarse. Un desenlace distinto al ocurrido en otras áreas sensibles del Estado, donde la secretaria general de la Presidencia avanzó sin resistencia efectiva y expuso los límites de la capacidad de incidencia del asesor presidencial.

Ese contraste dibuja el escenario que deberá administrar Auguadra: un organismo que se depura pero no se reestructura, un asesor presidencial que recupera terreno pero pierde espacio en otras zonas del Gobierno, y una interna libertaria donde el poder cambia de manos más rápido que los organigramas.

En ese contexto, el interrogante final es inevitable. Aunque llegue con respaldo político y conocimiento interno, Auguadra también carga con el riesgo que marcó el declive de su antecesor: ser un titular de la SIDE sin experiencia en inteligencia, sin la cintura que exige el ecosistema y sin una autoridad consolidada frente a cuadros que sobreviven a todos los gobiernos. En esas condiciones, Javier Milei podrá haber cerrado un conflicto, pero no necesariamente la dinámica que lo produjo. Y acaso, en germen, el nuevo jefe ya enfrente el mismo problema que terminó sepultando al anterior.

PL/CRM