“Han cambiado las sábanas por los uniformes; han cambiado los sabuesos por perros de policía”, dice Malcom X a los suyos a lo largo de un acto, según registra el biopic 

Malcom X de Spike Lee. Aunque no fuera precisamente ese el día en el que Angela Davis escuchara a quien, según cuenta, representa uno de los referentes de la juventud, la frase pronunciada por el activista negro es uno de los ejes de la lucha que aún enfrenta a Davis con el poder.  

¿Los motivos? Hoy, en Estados Unidos la policía, las fuerzas de seguridad, el ICE, siguen activos, sin reparos, contra el diferente. 

Hace unos días, el dominicano Óscar Bengal fue tiroteado en el Bronx, al norte de Manhattan, mientras conducía su coche en compañía de su hijo de cinco años. Un agente del ICE le disparó siete veces y una bala atravesó su cuello. Desde entonces está recluido en régimen de aislamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su defensa asegura que aún tiene alojada la bala en el cuello, sin poder comer y solo bebe agua del lavabo debido a las condiciones carcelarias. El alcalde Zohran Mamdani, como siempre en estas situaciones, ha sido claro: “Sabemos que el ICE está podrido hasta la médula. El tiroteo de hoy [se refiere al día ocho] no hace más que confirmar, de forma aún más devastadora, lo que sabemos desde hace tiempo: que el ICE actúa con total impunidad, que siembra el caos y el terror en todo el país y que ha matado a muchos más de nuestros vecinos de los que jamás podría afirmar haber salvado”. 

No lo dejó ahí: “La ciudad de Nueva York no se quedará de brazos cruzados mientras agentes del ICE disparan contra los neoyorquinos, y no vamos a cejar en nuestra exigencia, que tantos, incluido yo, hemos planteado una y otra vez: esta es una agencia que debe ser abolida”. Esto último, la abolición policial, es algo presente en el pensamiento histórico de la académica y activista Angela Davis. 

Davis nació en Birmingham, Alabama, en la década del cuarenta del siglo pasado, sus padres eran docentes y activistas a favor de los derechos civiles, lo cual influyó en su carácter al igual que el barrio de su infancia, Dynamite Hill [Colonia Dinamita], que debe su nombre al constante asedio del Ku Klux Klan que volaba constantemente las casas de sus moradores afroamericanos, según cuenta Davis en una temprana autobiografía. En aquel tiempo aún se imponían las sábanas tal y como recordaba Malcom. 

Davis, en su juventud, vivía como una contradicción provenir de un entorno intelectual de clase media; sentía una gran presión por demostrar su carácter revolucionario, involucrándose en los problemas de la calle y tratando de huir de la torre de marfil, tal y como veía al campus.  

A finales de los años sesenta, siendo profesora de filosofía en la Universidad de California en Los Ángeles, fue despedida por su vínculo con el Partido Comunista. El claustro no aceptó esta discriminación, fue readmitida pero Ronald Reagan, entonces gobernador de California y, por este cargo, autoridad competente en la universidad, consiguió un nuevo despido. Por aquel entonces, Davis tenía relación con un trío de reclusos negros llamados Hermanos de Soledad (en referencia al nombre de la cárcel donde estaban detenidos) acusados de matar a un guardia de prisiones blanco. Davis tenía relación con uno de ellos, George Jackson, un activista y escritor, al que conoció al unirse a un comité que negaba los cargos contra los tres activistas. La cosa se complicó porque los Hermanos de Soledad tomaron un juzgado empuñando armas de fuego y en el tiroteo hubo varios muertos. Davis fue acusada de facilitar las armas y fiel a su temperamento, se dio a la fuga. Una fuga hacia el fulgor porque a partir de allí su imagen comenzó a brillar en todas partes. 

El FBI tenía al mando por entonces, nada menos que a J. Edgar Hoover, y el país, a alguien que no cae en el olvido, Richard Nixon. Les llevó dos meses encontrarla en un motel de Nueva York. Nixon felicitó a Hoover por detener a “una peligrosa terrorista” (los tiempos, como queda claro, no han cambiado tanto), pero como Davis había estudiado en Europa sin dejar de militar a favor de las Panteras Negras y del movimiento contra la guerra de Vietnam, se convirtió una presa la política con un eco global. Un año y medio después, libre de cargos, recuperó la libertad para seguir usándola y convertirse en un símbolo de resistencia. Hace unos años, Los Chikos del Maíz –un trío de rap político de Valencia–, le hacen un homenaje al mencionarla en su canción La estanquera de Saigón, mencionando, precisamente su actitud frente a Nixon y parafraseando la película de Eloy de la Iglesia, en la que la estanquera –una kiosquera– de Vallecas se entiende mejor con los ladrones que con los policías. 

Davis puso su mirada en un caso de 1974 en el que Joan Little, una joven negra de veinte años quien, siendo reclusa, asesinó a un funcionario que la violó. La acusación argumentó que un hombre blanco jamás violaría a una mujer negra; el contacto sexual solo podía ser posible si ella lo seducía. Si el sentido no fluye racionalmente en la primera lectura, se puede volver a leer el argumento otra vez. Es lo que hay. Literal. Angela Davis se sumó a la defensa y en un caso que aún se considera más un relato de Ray Bradbury que un episodio judicial estadounidense, Little fue declarada inocente. 

Más allá del resultado, allí confluyeron los movimientos de derechos civiles, el feminismo y los que impulsaban la reforma penitenciaria. Davis, entonces, atenta a esta intersección de propósitos, acaba publicando Women, Race & Class [Mujeres, raza y clase] en 1981, un ensayo en el que vuelve a su experiencia en la cárcel y al caso de Joan Little. Dice Davis: “Ese libro recoge una serie de posturas de personas que tenían un análisis más amplio, mucho más de lo que significa luchar por la igualdad de género», afirma. «Cuando lo escribí, me interesaba señalar que el género no tenía por qué verse en competencia con la raza. Que los problemas de las mujeres no eran exclusivos de las mujeres blancas de clase media. En muchos sentidos, esa investigación consistía en sacar a la luz las contribuciones de mujeres que habían sido completamente marginadas por la historia del movimiento feminista, especialmente las mujeres negras, pero también las latinas y las de clase trabajadora».

Angela Davis introdujo la perspectiva de raza y clase en el análisis feminista, anticipando la interseccionalidad pero sin dejar de lado la cuestión de la discriminación judicial y el poder policial sin control. 

En la visión de Davis siempre ha estado como tema central la reinvención de la labor policial y el encarcelamiento. En su libro Are prisons obsolete? [¿Son obsoletas las prisiones?], defendió que «el reto más difícil y urgente hoy en día es el de explorar de forma creativa nuevos terrenos de justicia, en los que la prisión ya no sirva como nuestro principal punto de referencia». En una entrevista con el escritor y periodista cultural Nelson George, dice: “La mayoría de nosotros hemos dado por sentado en el pasado que, en lo que respecta a la seguridad pública, la policía es la encargada. Cuando se trata de problemas de daño en la comunidad, las prisiones son la respuesta. Pero, ¿y si imagináramos formas diferentes de abordar el daño, formas diferentes de abordar la seguridad y la protección?»

En las últimas elecciones de Estados Unidos, Davis apoyó a Joe Biden y actualmente es promotora de las cuatro diputadas progresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib. 

Ilham Omar nos hace volver al principio del artículo (en realidad el problema del abuso policial y la persecución del otro es un bucle). Un grupo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del Servicio de Inmigración y el ICE, registraron su vivienda en Washington hace unos días como corolario a los insultos y amenazas permanentes de Donald Trump. La principal acusación contra Omar es su origen somalí, del mismo modo que en su día el presidente amenazara con la deportación al alcalde Zohran Mamdani por el simple hecho de que hubiera nacido en Uganda.

La participación en la conversación pública de Angela Davis, a sus ochenta y dos años, sigue siendo tan necesaria como en los días de Nixon. Estos son los tiempos de MAGA, de Vox, de partidos de la derecha tradicional lobotomizados con ideas xenófobas sin otro fin que ocupar todo el espacio. Sin los otros. Sin nosotros. 

Borges observa a una pantera y nos dice, en un poema, que “es una y eterna”. Al describirla la proyecta en el mundo de las ideas y de los sueños. Angela Davis simboliza ambas cosas. Una pantera negra sin miedo. 

Los detenidos viajaban esposados a bordo del avión de deportación estadounidense y nadie les decía adónde los llevaban. Cuentan que los agentes que los custodiaban se burlaban de ellos cuando preguntaban. Los 18 migrantes no descubrieron su destino hasta que las pantallas de los asientos mostraron por fin un mapa. Su destino era la República Centroafricana, un país del que pocos de ellos habían oído hablar.

Nika, una iraní de 32 años, recuerda cómo las esposas se le clavaban en las muñecas. Suplicó a los agentes que se las aflojaran, pero no lo hicieron. Otros pasajeros lo pasaron peor. Ella cuenta que a algunos hombres los inmovilizaron con correas negras y amarillas que les envolvían el cuerpo, como si estuvieran momificados, después de que se resistieran a subir al avión.

Nika, que había huido de Irán 18 meses antes después de protestar contra el régimen, había imaginado Estados Unidos como un refugio. Cuando se fue, Irán ya era uno de los países más represivos del mundo, y desde entonces la situación no había hecho más que empeorar: este año, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a miles de manifestantes y, después, la Administración Trump lanzó una guerra contra el país.

Tras más de un año recluida en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, Nika —nombre ficticio que The Guardian utiliza para proteger a su familia en Irán— obtuvo protección legal y quedó en libertad por orden judicial. Menos de dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. Días más tarde, viajaba en un avión rumbo a un destino situado a más de 11.000 kilómetros al este.

“Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, explicó a The Guardian: “África me es completamente desconocida”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su pequeña habitación. Espera una respuesta a la pregunta de la que depende su vida: ¿la devolverán a Irán, donde el régimen podría matarla?

Deportaciones a otros países

Nika es una de las más de 25.000 personas deportadas por la Administración Trump a países que no son los suyos. De ellas, unas 20.000 fueron trasladadas en bus a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. A estas se suman más de 5.000 personas enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. Muchas veces, desde esos países las devuelven a sus lugares de origen, pese a que jueces de inmigración estadounidenses determinaron que su vida o su libertad corrían peligro si regresan.

Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una “demostración de fuerza” con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país. Personas de Perú y Colombia fueron enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y terminaron siendo enviados a Guinea Ecuatorial.

La investigación

Para reconstruir con el mayor detalle posible una política aplicada en gran medida a puerta cerrada, The Guardian se unió a otros 23 medios en el Proyecto Deportación, una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories, una red internacional de periodismo de investigación con sede en París. El consorcio entrevistó a más de 100 personas afectadas por los esfuerzos de Estados Unidos para terminar con la llegada de migrantes sin autorización y examinó documentos sobre los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con gobiernos de todo el mundo.

La investigación rastreó más de 100 vuelos que trasladaron a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos. La cifra real probablemente sea mayor: la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio pudo verificar de forma independiente.

También se pudo constatar que el ritmo de los vuelos se acelera. Tras una primera oleada al principio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto: según Human Rights First, se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas.

La batalla legal

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso: las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. Pero el Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto.

Un portavoz del Departamento de Estado afirma que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una “prioridad máxima” y asegura: “Mantenemos firme nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Y añade: “El Gobierno estadounidense utilizará todos los medios legales para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en nuestro país”.

La Administración Trump sostiene que las personas a las que deporta son delincuentes. Sin embargo, documentos obtenidos por The Washington Post para esta investigación muestran que la mayoría de los 35 países que firmaron acuerdos con Estados Unidos se niegan a aceptar a personas con antecedentes por delitos violentos.

Entre las personas obligadas a subir a esos aviones hay quienes pasaron casi toda su vida en Estados Unidos, madres y padres detenidos mientras llevaban a sus hijos al colegio y personas adultas que cuidaban de sus padres mayores.

Muchas habían demostrado ante un juez de inmigración que corrían peligro si regresaban a su país de origen, por lo que se había prohibido deportarlas. A Nika se le concedió la “suspensión de la expulsión”; una protección para quienes pueden sufrir daños graves en su país, pero no reúnen los requisitos para obtener asilo. El 28 de mayo quedó en libertad tras pasar por un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Podía buscar trabajo, trabajar y permanecer en el país.

El golpe de efecto

La abogada de Nika, Sahar Jalili, también es iraní y estudió en Teherán, como su clienta. Asumió el caso mientras estaba embarazada y muchas veces trabajaba hasta quedar exhausta. “Podría haberme pasado a mí”, dice sobre lo que le ocurrió a Nika.

Al revisar el expediente, Jalili se quedó consternada al descubrir que el ICE había decidido enviar a Nika a Bangui, la capital de la República Centroafricana, apenas ocho días antes de que un juez ordenara su puesta en libertad. La familia de su tío le había preparado una habitación en Los Ángeles. Nika tardó dos días en llegar a la ciudad y pasó una semana con ellos, recuperándose tras 18 meses de infierno.

Según Jalili, la nueva detención de Nika el 8 de junio, durante una cita que los agentes del ICE habían presentado como un trámite rutinario, fue un acto de crueldad gratuita. Nika cuenta que ya había terminado la cita y se había ido cuando un agente llamó a su tío y le pidió que la llevara de vuelta para retirar unos documentos.

Esta vez le hicieron otras preguntas. Según cuenta Jalili, un hombre tomó las huellas dactilares a su clienta y la fotografió. “Después volvió acompañado de una agente del ICE y le dijeron que levantara las manos por encima de la cabeza”. Jalili relata que detuvieron a Nika, la esposaron y la llevaron al sótano. Nika cuenta que se sentía aturdida cuando la sacaron del centro de detención aquella noche. Al pasar por una de las protestas contra el ICE que ya eran habituales en Los Ángeles, los manifestantes golpearon con las palmas los laterales de la furgoneta en la que viajaba.

Para Jalili, los dos días anteriores ya habían sido una vorágine, ya que ella y otros abogados intentaron por todos los medios evitar que otras dos mujeres iraníes fueran subidas al mismo avión con destino a Bangui. Los abogados lograron sacar a las otras dos mujeres del avión, pero no a Nika. La única diferencia entre ellas era que Nika fue detenida en último lugar, por lo que, para cuando una red de abogados especializados en inmigración se enteró de su caso, ya no quedaba tiempo suficiente antes de que despegara el vuelo.

Jalili cuenta que suplicó a todos los agentes del ICE: “Denme dos días. Solo dos días”. “Me dijeron que habían respetado la orden del juez de ponerla en libertad. Pero nunca habían prometido no enviarla a un tercer país”, recuerda.

La enfermera

Cuando Rabbiatu Kuyateh, de 58 años, supo que Ghana, el país al que la habían enviado, iba a deportarla a Sierra Leona, donde había pasado su infancia, el miedo la paralizó. Hizo falta que varias personas la forzaran a subir a la camioneta que la esperaba.

De hecho, un video captó el momento, el pasado noviembre, en el que la arrastraban, descalza y angustiada, tirándole del pelo. Todavía recuerda el golpe que se dio en la cabeza contra los escalones de piedra mientras suplicaba que no la devolvieran a Sierra Leona. “No pienso ir”, gritaba.

Kuyateh es enfermera. Tras huir de Sierra Leona, pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres. Durante la pandemia atendió a pacientes con coronavirus y, en los años posteriores, cuidó a adultos y niños con discapacidad.

Kuyateh cuenta que le costó mucho construir la vida que tenía en Estados Unidos. Crio sola a su hijo, Mohamed, y juntos compraron una casa. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024, sus padres ya eran muy grandes y necesitaban ayuda: cada día pasaba a ver cómo estaban antes de ir a trabajar y volvía al terminar su turno para ayudarles a prepararse para dormir.

Con el objetivo de acelerar la expulsión de personas como Kuyateh, la Administración Trump reformó precisamente aquellas instituciones que en su día se crearon para proteger a los migrantes que huían de la persecución.

Lugares de “tránsito”

“Esta es la manera en que la Administración Trump intenta socavar el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas”, dice Alma David, una de las principales abogadas de inmigración que sigue de cerca esta política. “Estados Unidos sabe que no puede deportarlas legalmente a sus países de origen, pero sí puede enviarlas a un tercer país que actúa como lugar de tránsito”.

Al frente de esta política está Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y quien no ocultó su deseo de poner fin a la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos. En entrevistas con The Washington Post para el Proyecto Deportación, altos cargos estadounidenses en activo y jubilados explican que Miller impulsó nombramientos clave en el Departamento de Estado. Esos nombramientos le permitieron anteponer sus objetivos a otras prioridades de la política exterior estadounidense.

Entre las personas nombradas figura Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado y director de la recién creada Oficina de Remigración. El nombre de esta oficina incorpora un término adoptado por la extrema derecha para referirse a la expulsión forzosa de migrantes de minorías étnicas. Tras recorrer África en varias misiones diplomáticas, Ehrhardt contribuyó a cerrar al menos 13 acuerdos para deportar personas a terceros países del continente.

Acuerdos con países africanos

Los documentos internos examinados por The Washington Post muestran que la Administración Trump se comprometió a aportar al menos 410 millones de dólares para cerrar acuerdos de deportación con 35 países, casi un tercio de ellos africanos.

Según esos documentos, Estados Unidos reservó 30 millones de dólares para apoyar las operaciones de la ONU en Camerún a cambio de que el país aceptara a 1.000 migrantes. Hasta ahora, solo le envió 44. A la República Democrática del Congo le prometió 75 millones de dólares para las operaciones de la ONU a cambio de acoger a 2.000 migrantes. Solo recibió a 15 y los vuelos a Kinsasa están suspendidos por un brote de ébola.

Los acuerdos varían de un país a otro. Unos pocos países, entre ellos Esuatini, aceptaron acoger a personas con antecedentes de delitos violentos. Sin embargo, muchos declararon que no recibirán a nadie con antecedentes de violencia u otros tipos de delitos graves. El Departamento de Estado no respondió a las preguntas sobre los detalles de estos acuerdos.

Ghana solo acepta a personas procedentes de África Occidental. La República Centroafricana, en cambio, no estableció restricciones por nacionalidad: entre los pasajeros del avión de Nika había personas de Afganistán, Irak y Kirguistán. La mayoría no tenía ningún vínculo con África, cuenta Nika. 

El 1 de julio de 2025, Mohamed acompañó a su madre, Kuyateh, a una cita rutinaria con el ICE a la que debía acudir por su situación migratoria. Recuerda que ella estaba inquieta: temía que las esposas que un agente llevaba en el cinturón fueran para ella. “No creo”, le dijo Mohamed. Pero cuando llamaron a Kuyateh para que entrara en una sala de interrogatorios, a él le pidieron que esperara fuera.

“Fue la última vez que la vi”, cuenta.

Durante los cuatro meses que Kuyateh pasó detenida por el ICE, Mohamed habló con ella a menudo. Pero aquel día de noviembre no había sabido nada de su madre cuando, según cuenta, lo llamó otra persona detenida para decirle que la habían trasladado a Texas. No entendía por qué la llevaban a Texas. Dos días después, Kuyateh lo llamó llorando. Estaba en Ghana, a punto de ser enviada a Sierra Leona.

El video en el que se ve cómo arrastran a Kuyateh hasta un bus para deportarla de Ghana pareció enfurecer a las autoridades del país cuando se difundió en las redes sociales, según Malick, el senegalés también deportado de Estados Unidos que lo grabó y que The Guardian identifica con un seudónimo para protegerlo. “Se enojaron”, cuenta Malick. “Vinieron por la noche con dos camiones llenos de soldados”.

Malick cuenta que los soldados llevaron al grupo a un campamento militar apartado, donde la electricidad fallaba y apenas tenían contacto con el exterior. El Gobierno de Ghana no respondió a las preguntas de The Guardian.

Una mujer trasladada al campamento cuenta que temía tanto lo que pudiera ocurrirle si la devolvían a Senegal, su país de origen, que intentó suicidarse bebiendo lavandina. La atendieron en un hospital, pero aun así la deportaron a Senegal. “Bebí lavandina porque quería morir”, explica. “Querían obligarme a regresar a mi país”.

Malaria

En el vuelo de Nika, el 11 de junio, la pantalla del avión mostraba Ghana como primer destino, así que los pasajeros pensaron que se quedarían en ese país. Pero la escala en Accra fue breve. Los 18 pasajeros aterrizaron después en Bangui a las 21.45, según los registros de seguimiento del vuelo. Los agentes que los custodiaban les quitaron las esposas, pero no bajaron del avión.

Durante varias horas, el grupo no encontró a nadie que hablara inglés. “Nos indicaban con gestos que subiéramos a un bus y nos hicieron subir. Después nos llevaron a vacunarnos, pero yo no sabía qué iban a inyectarme”, cuenta Nika. La vacuna era contra la fiebre amarilla.

La alojaron en una habitación de un edificio de viviendas y le dijeron que podía quedarse tres meses. Nika no podía imaginarse regresando a Irán.

Organizaciones iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirman que no pudieron averiguar qué fue de cientos de compatriotas deportados a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país. Una demanda reciente contra el ICE sostiene que la Administración Trump compartió los expedientes de solicitantes de asilo iraníes con el régimen del que habían huido, lo que agrava el peligro para quienes son deportados.

Cuando un dolor de cabeza empezó a nublarle la mente, Nika pensó que tenía migraña. Sentía náuseas y le dolía todo el cuerpo. Los mosquitos la habían picado tantas veces que parecía tener la piel llena de moratones, cuenta. Un informe médico consultado por The Guardian confirmó que tenía malaria. “Ni siquiera sabía qué era”, explica Nika por teléfono.

Desde Los Ángeles, Jalili esperaba con angustia noticias de Nika. Su clienta recibía inyecciones cada 12 horas para eliminar los parásitos de la sangre. Las malas noticias continuaron incluso después de que Nika se recuperara lo suficiente para volver a su alojamiento. Jalili descubrió consternada que la habían deportado de Estados Unidos sin pasaporte. Nika no tenía documentos de identidad ni visado y, cuando iba al hospital o al mercado, los policías aprovechaban que carecía de papeles para amenazarla.

El Gobierno de la República Centroafricana no respondió a las preguntas sobre esta situación.

Según Nika, la segunda vez que la detuvieron, el agente de policía simuló con gestos que le ponía las esposas. El mensaje, según ella, era: “Puedo detenerte, a menos que nos pagues”.

Apoyo de la ONU

Mientras la Administración Trump acelera las deportaciones a terceros países, la República Centroafricana figura entre los 13 países receptores donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU, presta apoyo a las personas deportadas. A su llegada, les proporciona comida, alojamiento y atención psicológica.

La Administración Trump anunció fuertes recortes de la financiación destinada a las agencias de la ONU, pero parece hacer excepciones cuando los fondos sirven para sostener este programa de deportaciones.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado explicó el criterio que seguiría: la financiación humanitaria se utilizaría para “reducir la inmigración masiva e ilegal, por ejemplo, financiando el retorno voluntario de personas en situación irregular, incentivando a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y reforzando la capacidad de otros países para gestionar la migración”.

Según una base de datos federal sobre el gasto público, más del 60 % de los fondos concedidos por Estados Unidos a la OIM durante el segundo mandato de Trump se destinaron a programas en países que reciben a personas deportadas. En la República Centroafricana, la asignación fue de 85 millones de dólares. Según la misma base de datos, la mayor aportación estadounidense a la OIM en ese país durante el mandato de Biden fue de 14 millones de dólares.

Nika afirma que la han tratado bien. “El personal hace todo lo que puede”, dice. El alojamiento es seguro y le facilitan transporte cuando lo necesita. “Pero esto no es vivir. Respiro, sigo viva, pero no puedo salir de casa sin que me lleve un conductor de la agencia. No encuentro trabajo. No hablo el idioma”.

La OIM se enfrentó al riesgo de que su participación en el programa se perciba de forma negativa. Una evaluación interna de riesgos de un programa de apoyo a ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos a un país africano, a la que tuvo acceso The Guardian, advierte de que podría llevar a que la agencia fuera “percibida como cómplice”.

En un comunicado, un portavoz de la OIM explica que estas evaluaciones sirven para determinar si los países receptores pueden comprometerse a proteger a los migrantes. Y añade: “Somos plenamente conscientes de que los Estados utilizan la ayuda financiera para promover sus prioridades nacionales. Sin embargo, nuestras decisiones de aceptar financiación, prestar asistencia tras la llegada o apoyar el retorno voluntario asistido se rigen por el mandato y los principios de la OIM. Dependen de una sola pregunta: ¿mejorará nuestra intervención la vida de los migrantes afectados? En estos casos, estamos firmemente convencidos de que sí”.

A muchas personas del ámbito de los derechos humanos les incomoda que la ONU esté facilitando el proceso a los gobiernos que aceptan cooperar con la administración Trump.

“Resulta muy chocante que la OIM sea la organización encargada de estas personas”, afirma Alma David. “No son migrantes en el sentido habitual de la palabra. No eligieron migrar. En la práctica, fueron secuestradas”.

Una vida en las sombras

Quienes fueron devueltos desde terceros países a sus países de origen describen una vida en la clandestinidad. Kuyateh abandonó Sierra Leona pocos días después de que la deportaran. The Guardian no revela dónde se encuentra. “No duermo por las noches”, cuenta. “A veces me despierto y me quedo sentada pensando: ”¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué he acabado aquí?“.

Llama a su familia todos los días. A veces, cuenta, se siente demasiado triste como para activar la videollamada y ver sus caras. Es capaz de hablar con su madre sin llorar, explica, pero cada vez que habla con su padre, se pone a llorar. Piensa muchas veces en ellos y cuenta el dolor que siente. No está segura de qué le da más miedo: la idea de morir sola en un país extranjero o saber que sus padres podrían morir y no estar a su lado.

Terror al volver a Ghana

Annan, un hombre gay que huyó de Ghana después de que miembros de su familia revelaran su orientación sexual y lo persiguieran, explica que se sintió aterrorizado al volver a aterrizar en Accra. Se había negado a desembarcar durante su primera deportación de Estados Unidos a Sierra Leona y tuvieron que sacarlo a la fuerza del avión. Explica que suplicó a las autoridades que no lo devolvieran, pero ignoraron sus peticiones. 

En un comunicado, el Gobierno de Sierra Leona asegura que otorga la máxima importancia a “sus obligaciones internacionales”, pero sostiene que corresponde a Estados Unidos responder por las medidas de protección migratoria concedidas por sus tribunales.

También afirma que, hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas a Sierra Leona en virtud del acuerdo sobre nacionales de terceros países (TCNA) solicitó permanecer en Sierra Leona ni pidió que no se la envíe al país de su elección, dentro o fuera de África Occidental.

La madre de Annan había gastado sus ahorros para pagar la huida de su hijo a Estados Unidos. Quedó desolada cuando él la llamó para decirle que había regresado. “Mi madre sabía que no podía protegerme”, cuenta Annan.

Annan compartió imágenes del lugar donde vivía: un edificio abandonado, sin electricidad ni agua corriente, en un país vecino. Explicó que durante el día permanecía escondido y, al anochecer, caminaba casi una hora para conseguir comida. Dormía sobre una manta extendida en el suelo, aunque apenas lograba conciliar el sueño por miedo a contraer alguna enfermedad transmitida por los insectos que se arrastraban o zumbaban a su alrededor. La soledad le resultaba insoportable.

En las últimas semanas, alguien le había enviado un mensaje de texto de forma anónima, diciéndole que su supervivencia, como hombre gay, no sería tolerada. El mensaje le hizo sentir desesperanza: podía huir, pero no podría esconderse para siempre.

Agotamiento

En Los Ángeles, Jalili está recibiendo más llamadas sobre clientes que van a ser embarcados en vuelos de deportación. En junio, a una mujer iraní de 30 años con un trastorno sanguíneo que la debilitaba tanto que necesitaba un andador le comunicaron que sería enviada a Esuatini, en el sur de África.

La abogada cuenta que otra clienta está superada por las circunstancias: “Cada semana le proponen un nuevo país”.

Los abogados especializados en inmigración afirman que, aunque su trabajo siempre ha sido difícil, los intentos de obstaculizar a quienes se oponen a la campaña de la Administración Trump para acabar con cualquier forma de migración irregular tienen una magnitud sin precedentes.

Cuando detienen a uno de sus clientes, los abogados apenas encuentran vías para denunciar abusos y exigir responsabilidades. Entre las instancias que han dejado de funcionar figura la oficina del defensor independiente de las personas detenidas por motivos migratorios, encargada de investigar abusos y conductas indebidas.

En los tribunales, los abogados pueden encontrarse con jueces hostiles a su causa, ya que Trump ha destituido a algunos magistrados por considerarlos insuficientemente leales a su política de deportaciones. Además, el coste de presentar una demanda ha aumentado considerablemente a raíz de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado.

Incomunicación del ICE

Jalili, como muchos otros abogados, dedicó buena parte del primer mandato de Trump a recurrir ante los tribunales la política de separación de niños y niñas de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En vísperas de las últimas elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que la situación empeorara si Trump volvía a ganar, decidió abrir su propio despacho.

Muchas veces la despertaban de noche las llamadas de familiares desesperados de personas que acababan de ser detenidas por el ICE.

Uno de los mayores obstáculos es conseguir comunicarse con los agentes del ICE, explica Erica Reilly, abogada de inmigración en la ciudad de Washington.

“Enviás todos esos correos electrónicos a los agentes de deportación y les decís algo así como: ”Hola, solo quiero hacer un seguimiento del correo que te envié la semana pasada, y la semana anterior, y la anterior a esa, y la anterior a esa, al que no respondiste“, explica: ”Y ellos saben que no tienen por qué darte ninguna explicación porque no hay rendición de cuentas“.

Explica que lo peor es la sensación de impotencia. Con el tiempo, llegó a la conclusión de que la crueldad y las trabas para acceder a los agentes forman parte de una estrategia.

“Creo que el Gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para que suficientes personas piensen: ”Quedarme da demasiado miedo. No sé qué va a pasar y puede ser peor. Mejor me voy por mi cuenta“.

Reilly explica que, para sobrellevar cada jornada, tuvo que aprender a valorar los pequeños avances: “Que un agente encargado de las deportaciones te devuelva la llamada no debería considerarse una victoria, pero, en estas circunstancias, lo es”.

Jalili cuenta que procura centrarse en las batallas que puede ganar. Cuando supo que el avión en el que viajaba Nika había despegado rumbo a Bangui, se dejó caer al suelo, llamó a su madre y rompió a llorar. “En una situación así, no basta con decirse que hice todo lo que pude”.

Nika había perdido la vida que conocía en Irán. Estados Unidos apenas le ofreció algo mejor. Jalili enumera todo lo que su clienta ha tenido que soportar:

“Diecisiete meses detenida. Diez días de libertad por orden de un juez federal. Que la separaran de su tío, la metieran en un coche y después en un avión, encadenada. Veinticuatro horas sentada durante el vuelo. Ha tenido que sentir una soledad inmensa”.

Información adicional de Alice Speri

Traducción de Emma Reverter

The Deportation Project ha sido coordinado por Forbidden Stories. Han participado estos medios y equipos de investigación:

Estados Unidos y Reino Unido: The Guardian, The Washington Post, FRONTLINE y Human Rights Center Investigations Lab, de la Universidad de California en Berkeley. 

Europa: France 24, Radio France Internationale (RFI), La Croix, Paper Trail Media, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF y Der Standard. 

América Latina: Divergentes, Revista Factum, Plaza Pública, Contracorriente y Proceso. 

África y otros equipos: Inhlase, The Fourth Estate, Opinion-info.cd, Number One Citizen Daily, CCIJ y Evident Media.

El asesinato de Renee Good el 7 de enero fue un punto de inflexión. No era la primera vez que el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, mataba a alguien (antes había habido, que se sepan, cuatro más), pero la impunidad, la injusticia y la sangre fría con la que ocurrió todo y con la que se intentó no prestar atención a lo ocurrido provocó una sacudida de indignación a nivel mundial. Esa sacudida es la que provoca They’re Here, el corto de no ficción que han dirigido la maestra del documental Laura Poitras —que ganó aquí el León de Oro por La belleza y el dolor— y la periodista Rachel Lauren Mueller.

En solo 25 minutos, ambas directoras consiguen trasladar el terror que viven los migrantes de las calles de Minneapolis, a donde se desplaza su cámara para ser testigo de cómo se detiene ilegalmente a la gente. El corto, que hace referencia a la frase que dicen cuando avistan a los agentes del ICE (“Están aquí”), muestra los arrestos, la brutalidad policial y los aviones en los que se expulsa a esas personas del país. Un trabajo periodístico de urgencia que no necesita más minutos ni florituras para trasladar la magnitud del problema.

Sin embargo, la apuesta de las directoras es no solo centrarse en ese terror, sino en cómo las comunidades migrantes se han organizado para evitar ser arrestadas. A través de mensajes de móvil, de grupos de apoyo, y de aplicaciones para localizar a coches que saben que son del ICE o sospechan de ellos, estas personas han creado unidades para sobrevivir al horror. En medio de la locura, su unión es un pequeño halo de esperanza. Poitras consigue testimonios de gente que vive con el miedo en el cuerpo, que vuelve a casa en el baúl del coche, y al que esos grupos están salvando la vida todos los días.

El formato del cortometraje no fue por ausencia de material, sino por “la urgencia del material”. “No hubo una razón estratégica de por medio, sino un motivo puramente artístico: sentimos la urgencia de realizar este proyecto. Queríamos lanzarlo mientras fuera actual. He alternado siempre entre cortometrajes y largometrajes, y en parte se trata simplemente de querer responder al momento que vives y a la actualidad”, explicó Poitras a un reducido grupo de periodistas internacionales entre los que se encontraba elDiario.es en el Festival de Venecia.

Esa urgencia también la sintió Rachel Lauren Mueller, que tenía muy claro que su papel como periodista era salir a la calle y grabar todo para “crear un archivo rápidamente”. El apoyo de Laura Poitras y “sus conocimientos sobre lo que implica trabajar en una película que desafía el poder del Estado” hicieron que se sintiera respaldada y segura. Al ver cómo se organizaban esos grupos de vecinos contra el ICE hasta ha sentido esperanza: “El presupuesto del ICE supera los 70.000 millones de dólares, y un grupo de voluntarios en bicicleta logró ahuyentarlos de la ciudad. ¿Es eso pesimismo? ¿O es resistencia? No estoy muy segura. En realidad, es una acción que condujo a un cambio significativo. Es verdad que el ICE sigue adelante, pero el peligro del pesimismo es que nos lleva a cruzarnos de brazos y quedarnos en el sofá”.

Esa movilización masiva de gente armada solo con sus teléfonos móviles plantó cara a esa fuerza paramilitar de manera muy eficaz. ¿Quieres llamarlo esperanza? Yo lo llamo resistencia

Laura Poitras — Cineasta

Poitras añade que ella cree “en la resistencia y en el cine”, y que por eso le gusta unirlas en trabajos que siempre desafían al poder, como Citizenfour, donde habló de Edward Snowden y sus relaciones sobre vigilancia mundial. “Esa movilización masiva de gente armada solo con sus teléfonos celulares, los mismos que todos tienen ahí sobre esta mesa, realmente se plantó de cara a esa fuerza paramilitar de manera muy eficaz. ¿Querés llamarlo esperanza? Yo lo llamo resistencia”, apuntó.

En esos 25 minutos, ambas meten en el cuerpo del espectador esa sensación de pavor, y eso es lo que querían. Por eso subrayan que “no es un reportaje de noticias, sino un documental”, y juegan con la puesta en escena y hasta con códigos del género de terror, con esos hombres encapuchados a los que no se les ve la cara. “Es importante que la gente lo sienta en el cuerpo en lugar de intelectualizarlo; porque lo otro es algo que ya hemos visto bastante. Podemos intelectualizarlo hasta el día en que muramos, pero la cuestión es: ¿en qué momento logras realmente movilizar a la gente?”, se preguntan las directoras.

A pesar de esa esperanza, inciden en que “el ICE sigue activo, su presupuesto actual es de 70.000 millones de dólares y en junio y julio se registró la tasa de detenciones más alta en la historia de la institución con 90.000 personas detenidas en dos meses”. “Están muy activos y siguen operando a pleno rendimiento. Creo que parte del papel de esta película es mantener el tema presente en la conciencia pública, algo que el ciclo de noticias no logra hacer del todo, y desnormalizar la violencia que vemos y que dicho ciclo informativo continúe”, explica Poitras, que quiere que el filme sea “un antídoto contra la pasividad”.

En un Festival de Venecia en cuya sección oficial se han visto dos películas sobre el sensacionalismo y la deriva del periodismo, They’re Here muestra lo contrario, lo “esencial” del bueno. “Me siento muy orgullosa de trabajar en el ámbito documental combinando elementos que, sin ser periodismo de noticias convencional, están profundamente arraigados en el periodismo: se trata de proteger las fuentes, de evitar la hipérbole o la exageración. Así que, aunque utilizamos recursos de género cinematográfico, la realidad que mostramos es muy auténtica”, dice Lauren Mueller.

Las personas que aparecen en la película les dijeron cuando la vieron que habían sido las primeras en captar lo que se siente al pasar por ese miedo diario. Ellas esperan que esto sea “movilizador” para la sociedad. “El periodismo es esencial porque se trata de decir la verdad y de basarse en algo real, no de decirle a la gente qué pensar. Siento un gran respeto por la audiencia; no queremos dar explicaciones ni decirles qué opinión deben tener. Les estamos mostrando lo que sucede. Le damos un enfoque cinematográfico y emotivo, y esperamos que eso les haga sentir algo. Pero no se trata de propaganda”, añade Poitras, que sabe que su trabajo puede tener consecuencias. Lo ve como “parte del trabajo”, porque ese trabajo “consiste en cuestionar al poder”.

El influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, defensor de las campañas de deportación masiva y exsimpatizante del presidente estadounidense, Donald Trump, fue deportado a Reino Unido, según informó a la cadena CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dos días después de que fuera detenido por las autoridades migratorias en Nueva Orleans.

Yiannopoulos, que se hizo popular hace una década cuando comenzó a escribir para la web estadounidense ultraconservadora Breitbart News, fue detenido en un aeropuerto de dicha ciudad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y puesto bajo arresto en unas instalaciones en Alexandria, en el sureño estado de Luisiana.

El activista británico se encontraba en Nueva Orleans aparentemente para asistir al concierto de Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, en esa ciudad. Yiannopoulos, de 41 años, trabajaba actualmente como portavoz del rapero.

El arresto con fines de deportación en Nueva Orleans del influencer lo reportaron los medios TMZ y Telegraph, que apuntó que “el estatus de su visa ha despertado la atención después de que cayó en desgracia ante altos funcionarios por sus crecientes declaraciones hostiles” hacia la Administración de Trump.

Tras escribir para Breitbart entre 2014 y 2017, el británico fue asesor de la excongresista republicana por el estado de Georgia Marjorie Taylor Greene o del supremacista blanco Nick Fuentes, además de haber trabajado también en la breve campaña para las presidenciales de 2024 del rapero Ye.

Tras labrarse una carrera salpicada de polémicos comentarios, en 2025 Yiannopoulos mostró su apoyo en las redes sociales a Trump y su agenda migratoria al pedir “total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones”, además de insistir en que el Gobierno debía deportar “a millones y millones de personas”. Sin embargo, este año Yiannopoulos acusó a Trump de corrupción y de estar influenciado por Israel, y lo criticó también por su manejo de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En este contexto, el hombre empezó a recibir críticas de personas cercanas al presidente, como la 'influencer' de ultraderecha Laura Loomer, quien celebró este viernes la noticia al afirmar que ella lo reportó al ICE y al FBI el año pasado por pedir que la asesinaran y por “apoyar a Hamás y el Ayatolá” de Irán. “El extranjero indocumentado Milo Yiannopoulos ha sido detenido por ICE. Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba ilegalmente en los EE.UU., donde incitó a la violencia contra el presidente Trump”, publicó en X.

El futbolista argentino Matías Pourrain continúa detenido en Florida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso que su defensa describe como “arbitrario, desproporcionado y peligroso” en el actual clima migratorio de Estados Unidos. Tras pasar sus primeras 72 horas en un centro de detención de ICE en Miramar, fue trasladado al Krome Processing Center, donde permanece a la espera de una audiencia y de la definición de una posible fianza.

El operativo en el aeropuerto: un control interno que terminó en arresto

Pourrain, de 34 años, fue detenido el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles. Agentes de ICE vestidos de civil lo apartaron del grupo para un control migratorio que, según le dijeron, “no duraría más de diez minutos”. Desde ese momento quedó incomunicado y bajo custodia federal.

La detención se inscribe en un nuevo esquema de controles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que habilita operativos migratorios incluso en vuelos internos, sin cruce de fronteras. La abogada del jugador, Regina de Moraes, sostiene que el procedimiento refleja “la ampliación del poder de ICE para detener a cualquier persona cuya documentación no esté 100% en regla, aunque haya ingresado legalmente y esté en proceso administrativo”.

Las primeras 72 horas: aislamiento, falta de información y un trámite que se volvió contra él

De Moraes detalló que Pourrain pasó las primeras 72 horas en el ICE Field Office de Miramar, un centro de detención donde —según la abogada— “no recibió información clara sobre su situación, no pudo comunicarse con su familia y fue tratado como un infractor penal, pese a no tener antecedentes”.

“Fue tratado muy mal, en una celda 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, relató.

La letrada explicó que el futbolista ingresó a Estados Unidos en 2019 con visa de turista y luego inició un proceso de residencia que “quedó en un limbo burocrático”. “Matías no está indocumentado: está en un trámite que el propio Estado nunca resolvió. Y ahora lo castigan por eso”, afirmó.

Traslado a Krome: un centro denunciado por sus condiciones y con cupos saturados

Luego de las 72 horas iniciales, ICE dispuso su traslado al Krome Processing Center, una instalación de máxima seguridad para migrantes ubicada en las afueras de Miami. Organizaciones de derechos humanos denunciaron condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y episodios de violencia en ese centro.

De Moraes confirmó que Pourrain se encuentra “estable, pero preocupado”, y que comparte pabellón con detenidos de distintos países que enfrentan procesos de deportación acelerada. “Krome no es un lugar para alguien sin antecedentes, con trabajo y con un trámite migratorio abierto. Es un centro pensado para casos de riesgo, no para un futbolista profesional que estaba viajando dentro del país”, señaló.

La fianza: un monto incierto y la necesidad de un garante

La defensa busca ahora obtener una fianza, que podría ubicarse entre 3.000 y 5.000 dólares, aunque el monto final depende del juez y de la evaluación de riesgo migratorio. Para acceder a la liberación, Pourrain necesita un garante que sea ciudadano estadounidense o residente permanente.

La abogada advirtió que, si la fianza es denegada, el caso podría avanzar hacia una deportación, algo que considera “injustificado y desproporcionado”.

Reacción del entorno: apoyo del club, preocupación de la familia y pedidos diplomáticos

El club donde juega, Miami United FC, y su anterior equipo, el Lyon FC, ambos de ligas menores— expresaron su apoyo y pidieron una resolución rápida.

Miami United FC es un club de fútbol estadounidense fundado en 2012 con sede en el área de Miami, Florida. Actualmente compite en la United Premier Soccer League (UPSL) y juega sus partidos de local en el Ted Hendricks Stadium, ubicado en Hialeah. No debe ser confundido con el Inter Miami CF de la MLS ni con el Miami FC de la USL Championship.

En tanto, la familia inició una campaña pública y solicitó la intervención de autoridades argentinas en Miami y Washington.

“Matías no estaba intentando entrar ni salir del país. Estaba viajando de una ciudad a otra para trabajar. Lo que le pasó puede pasarle a cualquier migrante en Estados Unidos hoy”, dijo su entorno.

Qué se espera ahora

La audiencia de Pourrain podría definirse en los próximos días. Su defensa insiste en que el caso es un ejemplo del endurecimiento migratorio impulsado por el gobierno federal, que busca aumentar detenciones y acelerar deportaciones.

Mientras tanto, el futbolista permanece en Krome, en un contexto donde los controles internos se volvieron más agresivos y donde los errores administrativos pueden terminar en una celda.

Con información de agencias.

Iliana Lick, la niñera argentina que permaneció casi un mes detenida en Estados Unidos por una infracción migratoria, fue liberada en las últimas horas, según confirmó su novio, Steven Melchiorre, a través de un comunicado publicado en la plataforma GoFundMe.

La joven, de 30 años, había sido detenida el pasado 11 de julio cuando se encontraba en el aeropuerto de Filadelfia, antes de abordar un vuelo con destino a Kansas para asistir al partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comenzó el comunicado publicado por Melchiorre, quien durante las últimas semanas había impulsado una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir la fianza fijada por la Justicia estadounidense.

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, expresó el joven.

Según explicó, Lick se encuentra actualmente alojada en un hotel de El Paso, Texas, y tiene previsto viajar a Filadelfia.

La campaña para pagar la fianza

La liberación de la joven fue posible luego de que la campaña solidaria impulsada por su pareja permitiera reunir el dinero necesario para afrontar la fianza, establecida en 10.000 dólares.

A través de GoFundMe, más de 220 personas realizaron donaciones y se logró recaudar más de 18.820 dólares. De ese modo, la familia y allegados pudieron reunir el monto requerido para que Lick recuperara su libertad.

Melchiorre agradeció especialmente a quienes colaboraron durante las semanas en las que la joven permaneció detenida.

“Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles”, manifestó.

La situación de Lick también había generado preocupación entre las familias de los niños a los que cuidaba, quienes se sumaron al pedido para que pudiera recuperar su libertad.

Por qué había sido detenida

El caso comenzó el 11 de julio, cuando Lick se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia para viajar a Kansas y asistir al encuentro de la Selección Argentina durante el Mundial.

Antes de abordar el avión, la joven fue detenida por las autoridades estadounidenses. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que la medida estaba relacionada con su situación migratoria.

Según explicaron las autoridades, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero el plazo de vigencia de su visa se encontraba vencido.

La argentina había explicado que su ingreso al país había sido legal y que se encontraba realizando un trámite para regularizar su permanencia en Estados Unidos. Sin embargo, desde las autoridades migratorias sostuvieron que ese proceso no impedía que fuera detenida por su situación migratoria.

Tras permanecer casi un mes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y atravesar distintos traslados entre estados, finalmente Lick recuperó la libertad y podrá regresar a Filadelfia.

Con información de la agencia NA

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, continuará detenido en el Krome Detention Center de Florida, Estados Unidos, luego de ser apresado durante un control migratorio.

El jugador fue separado de un vuelo interno por tres agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y permanece arrestado desde el jueves 6 de agosto.

Sin antecedentes penales y con la explicación de que su detención obedece a trámites migratorios incompletos, Pourrain será trasladado a una cárcel de máxima seguridad para inmigrantes en espera de que se fije una fianza que le permita recuperar la libertad.

Después de permanecer algunos días en el centro de procesamiento del ICE en Miramar, Florida, fue derivado a la cárcel de máxima seguridad donde continuará su encarcelamiento.

El futbolista viajaba hacia la ciudad de Los Ángeles junto a sus compañeros del Club Miami United FC, equipo de la cuarta categoría de las ligas estadounidenses cuando fue apartado del grupo por tres agentes vestidos de civil.

Los agentes informaron que se trataba de un control de rutina, que no superaría los diez minutos. Durante el procedimiento constataron que Pourrain no contaba con los trámites migratorios completos: radicado en Estados Unidos desde 2019, ingresó con visa de turista y, aunque solicitó la residencia, nunca obtuvo una respuesta oficial.

Por ese motivo, los funcionarios federales dispusieron su detención como medida cautelar. Su abogada, Regina de Moraes, cuestionó la actuación y sostuvo que se estaría aprovechando una “área gris de la ley de inmigración”.

Para establecer el monto de la fianza, la legislación local exige el aval de un ciudadano estadounidense o residente permanente y la aprobación de un juez. Según indicó la defensa, el importe rondaría entre los tres mil y los cinco mil dólares.

El mensaje del club en su web oficial

“El Miami United FC quedó profundamente impactado por la detención de nuestro jugador Matías Pourrain antes de su marcha a Los Ángeles.

Desde el primer momento, el Club ha estado completamente al lado de Matías y su familia, proporcionando apoyo legal, poniendo a disposición un abogado y manteniendo un contacto constante con su familia.

Estamos cooperando con todas las partes implicadas y haciendo todo lo posible para ayudar a resolver esta situación de la mejor manera posible.

Matías no solo es un futbolista excepcional, sino una persona aún mejor y una parte importante de la familia del Miami United. Sus compañeros, entrenadores, personal y todo el Club están firmemente detrás de él y de su familia.

Estamos contigo, Matías“.

Su institución anterior, el Club de Lyon FC, de la tercera categoría en Estados Unudos, también se solidarizó con el futbolista: “Gracias a todas las personas que han demostrado su apoyo, ayudado a dar visibilidad y acompañado a Matías durante este difícil momento. Un agradecimiento especial a Miami United FC por su apoyo, trato humano y compromiso desde el primer momento. Matías siempre será parte de la familia y de la historia de Club de Lyon FC. Estamos con vos, Matías”, publicaron en su ceunta de Instagram.

Antes, el Club de Lyon FC había posteado un fuerte mensaje de pedido de ayuda para Matías: “Urgente, pir favor, compartir. Necesitamos tu ayuda para traer a Matías acasa. Ayer, 6 de agosto, Matías Pourrain fue detenido por ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale mientras se preparaba para embarcar en un vuelo doméstico a Los Ángeles. Matías no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos. Simplemente viajaba de una ciudad estadounidense a otra. Originalmente entró legalmente en Estados Unidos con visado. Lleva años con un caso de asilo pendiente, un permiso de trabajo válido, una identificación de Florida y ningún antecedente penal. Durante todos estos años, Matías ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación y ha construido aquí una vida y una comunidad. Hoy en día, permanece bajo custodia de ICE mientras su abogado trabaja para asegurar su liberación y garantizar que se respeten todos sus derechos. Matías no es un criminal. Es un hijo, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y alguien profundamente querido por quienes le rodean. Detrás de un caso de inmigración hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida a lo largo de años. Ahora mismo, necesitamos urgentemente una cosa de todos los que conocen a Matías, que se han cruzado con él o que simplemente creen que su historia merece ser escuchada: por favor, compartan esta publicación en sus historias y envíenla a sus amigos. Comenten para que más gente lo vea. Etiqueten a personas y organizaciones que puedan ayudar. Cuanta más gente vea la historia de Matías, más difícil será que su situación pase desapercibida. Nuestra esperanza es sencilla: que Matías pueda volver a casa lo antes posible y continuar su proceso migratorio en libertad mientras su caso avanza por el sistema judicial. Por favor, ayúdennos a hacer visible su historia”.

El arte se convirtió en un refugio para familias migrantes que viven con el temor constante de ser deportadas en Arizona, donde el programa 'La Ristra' lleva clases de pintura hasta sus hogares para ofrecerles un respiro frente a las políticas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump.

“La comunidad inmigrante se encuentra bajo una fuerte presión, bajo una gran angustia y se sienten impotentes porque son fuerzas externas que ellos no pueden controlar”, dijo a EFE Tita Flores, fundadora y directora del programa.

Creado en 2025 y financiado por donaciones, el proyecto comenzó en una iglesia en el centro de Tucson (Arizona) en medio del incremento de las redadas a cargo de agentes migratorios.

Sin embargo, Flores detalla que a medida que se incrementó la presencia de la 'migra' en las calles, cerca de escuelas o en centros comerciales, se vio obligada a cambiar la estrategia.

“Nosotros vamos (ahora) hasta sus hogares, llevamos los materiales necesarios para que los niños y los padres puedan trabajar”, explica.

Precisa que ofrece ayuda a las familias y que aquellas que aceptan generalmente lo hacen en principio por sus hijos, quienes muchas veces no comprenden la situación que viven sus padres.

“A través de los dibujos, los trazos, los colores, los niños encuentran una forma de expresión, lo mismo ocurre con los padres”, dijo.

La fundadora del programa aseguró que ha visto avances en los niños después de las clases: “Su comportamiento cambió, pusieron más atención en la escuela y la relación con sus padres mejoró”, cuenta.

“Terror psicológico”

El miedo entre los migrantes sube conforme crecen las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que reportó cerca de 43.000 arrestos en junio, más de 1.400 al día, un récord desde que comenzó la segunda Administración de Trump.

Los arrestos migratorios en Arizona se triplicaron en 2025, con más de 6.000, la séptima cifra estatal más alta, según un análisis de la organización CALÓ News y el medio Arizona Luminaria.

En este contexto, la artista considera que la comunidad inmigrante en este país atraviesa un verdadero “terror psicológico” por los operativos migratorios, por lo que, afirma, es más necesario que nunca prestar atención a la salud mental de las familias afectadas.

Explica que las familias migrantes necesitan apoyo legal y financiero para cubrir gastos como renta y alimentos, pero también acompañamiento emocional para enfrentar la presión y el temor que, asegura, están viviendo.

“La belleza es gratis, el arte es otra forma de alimentar el alma, a veces es la motivación más grande para aliviar nuestro espíritu”, dijo Flores.

El arte: un escape para migrantes

Uno de los beneficiados con este programa es Irma, una inmigrante de origen mexicano que pidió omitir su apellido.

La mujer, quien tiene más de dos décadas viviendo de manera irregular en Estados Unidos, asegura que ha encontrado en el programa un desahogo a sus problemas.

“Es difícil de explicar, cuando uno toma el pincel, combinas los colores, por un momento dejas de pensar en los problemas, te relajas, te transportas a otro lugar”, relató.

La inmigrante, quien se enteró del programa por amistades, indicó que en este grupo ha encontrado mucho apoyo.

La ristra se refiere al tejido en forma de trenza que se elabora al unir los chiles verdes recién cosechados para colgarlos y dejarlos secar en lugares como Nuevo México.

“Como su nombre lo dice 'La Ristra', encuentra un enlace familiar que nos apoya y te conecta con tus raíces”, dijo la inmigrante.

“Para mi es algo muy precioso, me ha ayudado moralmente, es algo que necesitamos, me ayuda a compartir mis problemas”, enfatizó.

Indicó que, debido al incremento en los operativos migratorios, sus hijos temen que ella salga a la calle, pero este programa le ha servido para enfrentar estos miedos.

Flores dijo que entre sus planes está establecer una exhibición de arte donde la comunidad pueda admirar el trabajo que han hecho.

Por María León, para la agencia EFE.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos está “revisando” sus protocolos de reclutamiento y entrenamiento tras la muerte de dos migrantes en Texas y Maine por disparos de agentes, aseguró este domingo el 'zar de la frontera', Tom Homan.

El funcionario aseveró en una entrevista con CNN que esta revisión existe tras revelarse que el oficial de ICE que disparó a un migrante de Colombia en Maine el pasado 13 de julio tenía un pasado violento, según sus exesposas, quienes cuestionaron el proceso de reclutamiento de la agencia federal.

“El ICE tiene cerca de 30.000 empleados. Todos pasan por un proceso de verificación de antecedentes. Este es un caso raro. Pero, insisto, el asunto está en revisión. Hay varias cosas bajo revisión. El entrenamiento está en revisión”, aseguró Homan.

Aún así, el 'zar de la frontera' rechazó que ICE haya cometido “errores” pese a las muertes este mes del mexicano Lorenzo Salgado Aurajo, el 7 de julio, en Texas, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, el 13 de julio, en Maine, tras recibir disparos de agentes migratorios.

Además, el mexicano Juan Jairo Coronilla Durán falleció en Florida el 14 de julio embestido por un camión tras huir de un operativo de ICE.

“Yo no diría, ahora que estamos evaluando algo de entrenamiento adicional, que se cometieron errores. Ya veremos. Todo se está revisando. Ya veremos cómo quedan las cosas”, defendió Homan.

Como sucedió en enero tras los operativos de Minesota, las tres muertes de los últimos días elevaron las exigencias del Partido Demócrata y organizaciones civiles para que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria.

En ese sentido, Homan recordó que él es partidario de las cámaras corporales.

Antes de estas declaraciones, el 'zar de la frontera' había expresado el lunes que los migrantes fallecidos a manos de autoridades migratorias “estarían vivos” si hubieran acatado las órdenes de los agentes que les dieron el alto.

Estos hechos ocurren en medio de un repunte de los arrestos migratorios en Estados Unidos, donde sumaron más de 43.000 en junio entre los de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), lo que es la cifra más alta desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump en enero de 2025.

EFE

Leticia Ugboaja, la monja que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el mes pasado en Texas, relató cómo sintió un sudor frío cuando dos hombres armados se le acercaron mientras caminaba hacia la misa dominical.

Ugboaja iba vestida con su hábito y solo llevaba encima su rosario y su teléfono móvil. “Sinceramente, en ese momento no entendía qué estaba pasando, qué me estaba sucediendo”, declaró Ugboaja en una conferencia de prensa en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (Our Lady of Sorrows) en la localidad de McAllen, donde habló en público por primera vez desde que agentes del ICE la detuvieron el pasado 28 de junio.

“Iba caminando hacia misa, como hago todos los domingos y, de hecho, todos los días, cuando me detuvieron justo aquí, frente a esta escuela. Estaba absorta reflexionando sobre las lecturas de la misa de ese mismo día. Sentía mucho miedo; tenía sudores fríos. Podía oír mi corazón latiendo aceleradamente”.

El abogado de Ugboaja afirma que ella contó durante años con protección contra la deportación a su Nigeria natal, debido al riesgo de sufrir torturas si regresaba al país.

Ugboaja, de 56 años, fue liberada varias horas después de haber sido detenida mientras se dirigía a la iglesia, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Las informaciones sobre su caso en las redes sociales por parte de miembros de la parroquia atrajo la atención pública, y congresistas intervinieron en su favor.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, convirtió la represión de la migración y las deportaciones masivas en elementos clave de su agenda ultra.

Ugboaja, quien tiene una cita de control con ICE este martes, dijo que quería alzar la voz para ayudar a otras personas, y pidió que se les dé la oportunidad de ser escuchadas antes de ser puestas bajo custodia.

“Hay muchas otras personas en esta misma situación: individuos que recibieron algún tipo de protección bajo nuestras leyes, que cumplieron con todas las normas que se les exigieron y que, aun así, viven en la incertidumbre”, señaló Ugboaja.

Aunque está agradecida con quienes la ayudaron, advirtió que “no significa que pueda guardar silencio sobre lo que me sucedió, o sobre lo que todavía les está ocurriendo a otros”.

El abogado de la religiosa, Carlos M. García, explicó que, en 2019, un juez de inmigración denegó su solicitud de asilo pero le concedió “protección” contra la deportación a Nigeria, debido a que allí, según argumentó, sería víctima de tortura.

García señaló que Ugboaja, quien es enfermera, cumplió con todos los requisitos exigidos y contaba con permiso para trabajar en Estados Unidos.

Cuando el ICE detuvo a Ugboaja, no se le dieron explicaciones sobre los motivos de su arresto, indicó su abogado, pese a lo cual tenía previsto trasladarla a un tercer país.

La política de la administración Trump de trasladar a migrantes a terceros países fue criticada por abogados y organizaciones de derechos humanos, además de enfrentar problemas legales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que estos acuerdos permiten a las personas que solicitan asilo en EE.UU. buscar protección en el otro país, y que se utilizan para intentar aliviar el gran rezago de casos en los tribunales de inmigración.

Ugboaja pertenece a la congregación Hijas de María, Madre de la Misericordia, y prestaba servicios voluntarios como ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (Our Lady of Sorrows), informó Diócesis de Brownsville.

Ugboaja también trabaja como enfermera en el South Texas Health System y anteriormente fue durante 10 años auxiliar de enfermería certificada en Edinburg.

Ugboaja dijo que, el día en que fue puesta bajo custodia, suplicó a los agentes que le permitieran asistir a misa y recibir la Sagrada Comunión, pero le dijeron que no podía hacerlo: “Para mí, como religiosa, no asistir a misa el domingo ni recibir la comunión fue algo sumamente doloroso”.

Otro muerto a tiros del ICE. Y ya van 11, el segundo en menos de una semana, después de matar al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo el martes pasado en Houston.

En este caso, el tiroteo se produjo en Maine, y, aunque el ICE afirma que fue una respuesta en defensa propia, los videos en las redes sociales contradicen esa versión.

El tiroteo de este lunes se produjo en Biddeford, Maine, según el presidente de la Cámara de Representantes del estado, apenas unos días después de que un agente federal matara a tiros a un inmigrante mexicano durante un control de tráfico en Houston, lo que desencadenó protestas y demandas de transparencia y rendición de cuentas.

“Una persona falleció. El ICE estuvo implicado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran ahora en el lugar de los hechos para recabar información y se espera que el FBI también investigue el caso”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, en un comunicado publicado en Facebook: “Estos son los datos de los que dispongo en este momento. Proporcionaré más información a medida que me vaya llegando”.

La congresista demócrata por Maine Chellie Pingree reconoció sentirse “conmocionada y enfadada” al conocer la noticia del tiroteo. Pidió que se investigara el incidente y añadió una pregunta dirigida a los agentes de ICE: “¿Qué hacen en Maine?”.

Delia Ramírez, congresista demócrata de Illinois de origen guatemalteco, afirmó: “Menos de una semana después del asesinato de Lorenzo, el ICE mató a tiros a otro hombre en Maine. Los asesinatos a manos del ICE no son casos aislados, sino que forman parte de un patrón. El DHS y el ICE no pueden reformarse, ya que se crearon para violar nuestros derechos. Debemos abolir el ICE y desmantelar el DHS”.

El tiroteo mortal se produce menos de una semana después de que un hombre que se dirigía a su trabajo en Houston fuera abatido a tiros por un agente de ICE. Lorenzo Salgado Araújo murió durante un control de tráfico en lo que el ICE describió inicialmente como una operación de control selectiva, aunque una fuente afirmó posteriormente que Salgado Araújo no era el objetivo de la operación.

El tiroteo reavivó los llamamientos a que los agentes de ICE rindan cuentas, que alcanzaron su punto más alto a principios de este año después de que Renee Good, una madre de 37 años, y Alex Pretti, un enfermero de la UCI de 37 años, fueran asesinados por agentes federales de inmigración durante la operación de la Administración Trump en Minneapolis.

El Gobierno denominó a una campaña similar de control de la inmigración llevada a cabo en todo Maine en enero Operación Catch of the Day.

La organización humanitaria ACLU y otros defensores de derechos humanos presentaron una demanda contra los agentes federales de inmigración por “secuestrar a un inmigrante legal” durante dicha campaña.

Algunos colectivos comunitarios y defensores que se movilizaron contra la campaña a principios de este año ya han comenzado a organizarse en respuesta al tiroteo del lunes, informa CNN.

El colectivo Maine Resists convocó una concentración comunitaria de emergencia en la ciudad a mediodía.

El colectivo por la justicia racial y los derechos de los inmigrantes Project Relief afirmó que está en contacto con la familia de la víctima.

Los agentes federales de inmigración que mataron a un hombre durante un control en Houston este martes estaban buscando a otra persona, según una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional citado por The New York Times.

Los objetivos del ICE eran dos personas de Guatemala, una de las cuales, según los agentes, se encontraba en una furgoneta blanca conducida por Lorenzo Salgado Araújo. Pero los inmigrantes guatemaltecos no se encontraban en la furgoneta. Salgado Araújo, un migrante mexicano que llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos de forma irregular, se dirigía al trabajo con otros tres hombres, informa NYT.

Cuando los agentes intentaron detener el vehículo, un agente disparó a Salgado Araújo en el abdomen, quien falleció en un hospital horas más tarde.

Los agentes federales no llevaban cámaras corporales, según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional, informa AP.

Asimismo, la fiscalía de Houston declaró que está investigando la muerte de Salgado Araújo, cuya familia, como los demócratas, exige una investigación independiente sobre el tiroteo.

En los días transcurridos desde entonces, se hicieron públicas pocas fotos o vídeos relacionados con el tiroteo, a diferencia de otras muertes a manos de agentes federales de inmigración.

La familia de Salgado Araújo, quien llevaba más de 35 años viviendo en EE.UU., cuestionó la versión de ICE y pidió a la agencia que haga públicas las pruebas.

En un comunicado, el DHS afirma que a los agentes aún no se les habían entregado cámaras corporales. El DHS, que supervisa al ICE, ha declarado que los agentes federales estaban llevando a cabo una operación para detener a una persona que se encontraba en el país sin estatus legal cuando intentaron detener el vehículo conducido por Salgado Araújo.

La agencia afirmó que Salgado Araújo embistió un vehículo de ICE y que un agente federal disparó su arma en defensa propia, versión que cuestionan tanto la familia como la oposición demócrata.

Al ser preguntado sobre si los agentes de ICE tenían como objetivo a Salgado Araújo, el DHS ha afirmado este jueves que los agentes habían estado vigilando una propiedad en la que habían observado previamente dos furgonetas blancas: “El 7 de julio, los agentes se encontraban ya casi en la dirección del sospechoso cuando observaron una furgoneta blanca con una persona que se parecía al sospechoso. Los agentes procedieron entonces a detener el vehículo”.

Salgado Araújo no tenía antecedentes penales y estaba a punto de obtener un permiso de trabajo tras haber vivido en EE.UU. durante más de tres décadas sin estatus legal, según ha declarado su familia.

La Fiscalía del Condado de Harris ha afirmado que llevará a cabo una investigación sobre el tiroteo, informa AP. La oficina está consultando con los fiscales de Minneapolis, donde agentes federales asesinaron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, para conocer cómo han gestionado las investigaciones sobre agentes federales de inmigración, según declaró el portavoz Rafael Lemaitre, informa AP: “Aunque el acceso a las pruebas clave sigue bajo control federal, estamos explorando todas las vías de investigación a nuestro alcance y revisaremos cualquier información que recabemos dentro de nuestras posibilidades”.

Tres hombres, entre ellos el hermano de Salgado Araújo, fueron detenidos por el ICE tras el tiroteo, según Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), quien se ha mantenido en contacto con sus familias.

LULAC aún no ha obtenido imágenes de vídeo que muestren claramente lo que ocurrió durante los momentos del tiroteo y ha ofrecido una recompensa de 5 000 dólares a cambio de información de testigos, declaró Proaño a The Associated Press.

La posición de la furgoneta de Salgado Araújo y de los vehículos del ICE ha obstaculizado las imágenes de las cámaras de seguridad que LULAC ha revisado, añadió: “Esto va a hacer que sea aún más difícil descubrir la verdad sobre todo esto”.

El DHS ha indicado que se esperaba que los agentes del ICE implicados en el tiroteo recibieran cámaras corporales en los próximos 60 días.

Tras los asesinatos en Minneapolis de Renee Good y Alex Pretti, los demócratas se negaron a financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza sin cambios destinados a aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, pero los republicanos del Congreso acabaron aprobando una ley que financiaba únicamente a ICE y a la CBP durante tres años sin ningún cambio en los protocolos de las agencias federales.

La familia, sin el cuerpo

La familia de Salgado Araújo aún no recibió el cuerpo de la víctima, denunció este jueves LULAC, informa EFE.

Antes de llevar a Salgado Araújo al hospital Ben Taub, donde falleció, los agentes gubernamentales lo despojaron de sus documentos de identidad y su teléfono móvil, y confiscaron el automóvil que conducía.

El hospital, por lo tanto, dio ingreso a Salgado como “John Doe”, el nombre genérico que se utiliza en EEUU para registrar a personas cuya identidad no ha sido determinada.

Las autoridades sanitarias “tuvieron que obtener información biométrica de su familia para confirmar su identidad y no confirmaron su muerte hasta más de 24 horas después del tiroteo”, indicó LULAC.

El centro de salud está pidiendo que un familiar autorizado reclame el cuerpo de Salgado; pero ya que su esposa, cuyo nombre aún se desconoce, es también migrante y está en el país sin un estatus legal, LULAC está trabajando con abogados para que se le conceda a uno de sus hijos la “potestad para reclamar el cuerpo”.

“Merece un funeral”, agregó Proaño, y LULAC indicó a su vez, en un vídeo publicado en redes sociales, que la familia está solicitando que se conserve toda la evidencia “relacionada” con esta muerte, al igual que las autoridades les entreguen todas sus pertenencias, entre ellas el automóvil.

Los demás ocupantes del vehículo –su hermano, Víctor Salgado Araújo, y sus compañeros Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas– fueron detenidos por los agentes de ICE que rodearon la camioneta.

Tanto la familia de Salgado como legisladores, políticos demócratas y activistas han exigido que se lleve a cabo una investigación completa, independiente y transparente sobre el incidente que pueda esclarecer por qué el agente disparó y mató al hombre.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, en Minneapolis en enero.

A una semana de la ceremonia inaugural del mundial en el SoFi Stadium de Los Ángeles había dudas sobre si se podría celebrar. El sindicato que representa a la mayoría de trabajadores del recinto, buena parte de ellos migrantes, acordó ir a la huelga: exigían, a parte de mejoras laborales, protección ante las posibles redadas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la administración Trump. 

Los empleados alcanzaron un acuerdo para evitar el paro apenas tres días antes de la ceremonia. Lograron relevantes subidas salariales, mejoras en las condiciones y una cláusula que permite a los trabajadores abandonar su puesto si la actividad del ICE pone en riesgo su seguridad. 

“Estos trabajadores son héroes. Se enfrentaron a la FIFA. Se enfrentaron al ICE. Ganaron un contrato histórico”, señaló entonces el presidente del sindicato, Kurt Petersen.

La anécdota pone de manifiesto hasta qué punto la amenaza de esta agencia federal —responsable ya de tres muertes directas por sus disparos en las calles de EE.UU.— sobrevuela a los miles de empleados que hacen posible el Mundial y al resto de migrantes del país. La actuación del ICE fue una de las políticas más contestadas de Trump, con grandes manifestaciones contra estos agentes en casi todas las gandes ciudades estadounidenses.

No solo los trabajadores están en riesgo: hace apenas un año, en la final de la Copa Mundial de Clubes, el denominado Mundialito, un solicitante de asilo que había llevado a sus hijos al partido fue detenido, encarcelado durante tres meses y deportado a su país (su nacionalidad no se hizo pública). Durante las últimas semanas, seguidores procedentes de Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití también denunciaron denegaciones de visado y restricciones de entrada. Aficionados de hasta 39 países se han quejado de problemas para acudir al Mundial. 

Amnistía Internacional, que definió al ICE como una “amenaza escalofriante” incluso para los jugadores participantes, ha aprovechado el Mundial para hacer comparaciones con la política migratoria de Trump. Solo en 2025 se expulsó a más de medio millón de personas, más de seis veces el número de espectadores que verá la final en el estadio MetLife de Nueva York.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no habría redadas masivas de inmigrantes durante el Mundial. A continuación, sin embargo, dijo que no podía descartar detenciones por motivos migratorios en los partidos o en sus alrededores. La contradicción en los mensajes, como era de suponer, siembra más intranquilidad entre las potenciales víctimas del ICE.

La polémica llevó a la FIFA a reconocer que existen problemas. “Chill, relax”, declaró hace una semana su presidente, Gianni Infantino, antes de recordar que su organismo no tiene capacidad para influir en las decisiones de los Gobiernos sobre inmigración. 

Después del Mundial de Qatar, cuyos estadios se construyeron por migrantes en un régimen de semiesclavitud —fallecieron unos 6.500 trabajadores, según una investigación de The Guardian—, y de que la Fifa haya decidido que la edición de 2034 se dispute en Arabia Saudí, tampoco nadie esperaba mucha más contundencia del presidente de la supuesta entidad sin ánimo de lucro que gobierna el fútbol. 

Aunque parezca mentira, la FIFA dice haber incorporado en sus procesos de elección de sedes una “Política de Derechos Humanos” para los países que quieren albergar el evento. El primer Mundial bajo esta premisa es el de EEUU, México y Canadá. El de 2034 se celebrará en la dictadura de Arabia Saudí. En medio, Marruecos será sede en 2030 del que se disputará también en España y Portugal.

Miedo en distintas sedes

El miedo de los migrantes a acabar en un centro de detención tras una redada del ICE recorre las 11 ciudades estadounidenses en las que se jugarán partidos, alimentado en parte gracias a la ambigüedad de los mensajes lanzados por la administración Trump.

En febrero, el director interino del ICE afirmó que la agencia jugaría “un papel clave” en el dispositivo de seguridad durante el mundial. Poco después el Ejecutivo estadounidense matizó que la presencia de estos agentes sólo estaría vinculada a tareas de seguridad y contraterrorismo,

La inquietud se percibe sobre todo en lo que los estadounidenses llaman las “ciudades santuario”: municipios o jurisdicciones que limitan todo lo que pueden su cooperación con las autoridades federales para deportar migrantes. 

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, afirmó a finales de mayo que “no había lugar para el ICE” en el Mundial y calificó de “mera retórica” las amenazas de la administración Trump. Otras sedes progresistas como Nueva York, Seattle o Los Ángeles afirman haber obtenido el compromiso de que no habrá redadas. 

Las asociaciones que apoyan a los migrantes, sin embargo, no se fían. “Tenemos todo el derecho a temer que esta administración utilice este gran momento cultural para reforzar su narrativa sobre el caos, la seguridad y quién pertenece aquí”, afirmó recientemente el director del sindicato Working Washington de Seattle. 

Ante la falta de garantías, son varias las entidades que han impulsado campañas públicas para exigir que los estadios, las zonas de aficionados y los eventos oficiales del Mundial sean considerados espacios libres de intervenciones del ICE. Argumentan también que su presencia podría disuadir a miles de aficionados y residentes de acudir a los partidos o participar en actos relacionados con el evento.

La tensión tampoco pasó desapercibida en el Congreso. La representante demócrata Nellie Pou, de Nueva Jersey, cuyo distrito incluye el MetLife Stadium donde se jugará la final, presentó la Save the World Cup Act, que prohibiría las operaciones de inmigración civil en un radio de un kilómetro y medio alrededor de los estadios, aparcamientos y zonas para los aficionados. 

Pou justificó su iniciativa de esta manera: “Cuando le pedí directamente al jefe de ICE que nos garantizara que se mantendrían alejados de los partidos, se negó”, afirmó.

Su compañera de partido LaMonica McIver, también de Nueva Jersey, impulsó una propuesta paralela para impedir que fondos federales de seguridad se destinen a operaciones del ICE en las sedes del torneo. 

Ambas iniciativas, sin embargo, tienen escasas posibilidades de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos antes del inicio del torneo. 

La Casa Blanca lanzó un mapa de arrestos de personas migrantes en Estados Unidos, en un sitio web titulado “aliens”, cuya portada es una silueta caminando por el desierto a modo de burla sobre la idea de que el país guarda secretos sobre el espacio.

El portal se abre con un texto que se desplaza igual que el de las películas de La Guerra de las Galaxias, con bloques de texto que aparecen a medida que los usuarios se desplazan mientras caen estrellas de fondo.

“Caminan entre nosotros”, dice el sitio web. “Durante 60 años, el Gobierno estadounidense guardó un secreto celosamente. Los extraterrestres estuvieron caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Compraron en las mismas tiendas, asistieron a las mismas clases que nuestros hijos y llevaron una vida humana aparentemente normal”.

En la parte baja de la página aparece un contador que muestra el número de los llamados “encuentros” realizados, cifra que ascendía a 3,1 millones y seguía aumentando.

El nuevo mapa no especifica el período de tiempo de las capturas, pero debido a la cifra se podría tratar de los datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que adjunta las detenciones desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año. 

“Si fuiste testigo de un abducción alienígena, no te alarmes. El alien está en buenas manos. Nosotros nos ocuparemos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, dice la web.

La página incluye a continuación un enlace al formulario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para enviar denuncias, animando a informar sobre lo que Casa Blanca denomina “aliens sospechosos”.

La palabra 'alien'

En Estados Unidos, la palabra “alien” sigue siendo parte de la terminología oficial para referirse a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional. Etimológicamente, deriva del latín alienus, que significa “perteneciente a otro” o “extranjero”.

“El término 'alien' tiene varios significados, ya que se refiere tanto a los seres extraterrestres procedentes del espacio exterior como a la clasificación jurídica de los migrantes como extranjeros u otros. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA), se define a un alien como 'cualquier persona que no sea ciudadano o nacional de los Estados Unidos”, explica en un artículo D. Ouellet, becaria del programa Weatherhead de la Universidad de Harvard.

Su uso está desfasado, además de ser lingüísticamente inadeduado, a su juicio. “En los últimos años, se impulsó un cambio gradual para dejar de utilizar el término 'alien' en los documentos oficiales y en el lenguaje normativo, y en algunas legislaciones estatales se sustituyó por términos como 'no ciudadano' o 'ciudadano extranjero', que se consideran más precisos, lo que refleja un creciente reconocimiento de que el lenguaje conforma las realidades jurídicas y sociales”, escribe.

En este contexto, el término 'alien' , prosigue, “va más allá de servir de etiqueta para una categoría jurídica”. “Sirve para reforzar una narrativa de amenaza existencial: cuerpos que no pertenecen, que son fundamentalmente diferentes a nosotros, en los que no se puede confiar. La presencia y el uso continuado de esta etiqueta en el discurso actual sobre inmigración no es, podría decirse, meramente semántica; es ideológica. Codifica una percepción del no ciudadano no como un individuo que simplemente se trasladó desde otro país, sino como alguien fundamentalmente incognoscible, poco fiable y, lo que es más importante, indigno de derechos”, agrega.

Según indica la experta, términos como 'alien' “influyen en la situación jurídica, repercuten en la percepción pública, evocan respuestas emocionales y moldean el discurso político. De este modo, el lenguaje jurídico funciona no solo como una herramienta de clasificación, sino también como un instrumento de poder que define los límites de la pertenencia”.

Con información de EFE.

La haitiana L.T. llevaba tres meses en un centro de detención de inmigrantes de Dilley (Texas), a 2.400 kilómetros de su hija de 13 meses. Su bebé vomitaba de manera constante porque, entre otras intolerancias alimentarias, era alérgica a la leche de fórmula. La niña necesitaba leche materna, pero las autoridades se negaban a conceder la libertad bajo fianza a su madre, solicitante de asilo en Estados Unidos, para que le diera el pecho.

El pediatra familiar solicitó entonces que permitieran a L.T. extraerse la leche para enviarla por correo a su bebé, en Florida, pero esa solicitud también fue denegada. Desesperada, L.T. pidió que trajeran a su hija al centro de detención para estar con ella y el Gobierno volvió a denegarlo. Según L.T., porque la niña era ciudadana estadounidense y no podía permanecer en un centro de detención de inmigrantes. “Me aterra perder a mi bebé”, dice L.T.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU. en enero de 2025, el Gobierno tuvo en su punto de mira a miles de madres y padres inmigrantes para su deportación. The Guardian analizó los registros oficiales y concluyó que solo en los primeros siete meses de la presidencia de Trump, el Gobierno detuvo a los progenitores de al menos 27.000 niños. Durante este periodo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) deportó cada mes el doble de padres comparado con 2024.

Los registros oficiales no detallan cuántos de esos niños fueron detenidos o deportados junto a sus progenitores, ni cuántas familias fueron separadas. Pero muestran la descarnada realidad del efecto que el plan de deportaciones a gran escala de Trump está teniendo en padres e hijos. En miles de casos, el DHS deportó a progenitores con una nacionalidad diferente a la de sus hijos, creando importantes obstáculos legales y logísticos para mantener unidas a las familias.

Crisis de separación familiar

Del análisis de The Guardian también se extrae lo siguiente que, durante los primeros siete meses de 2025, el Gobierno detuvo a 18.400 progenitores (3.000 madres y 15.000 padres) de entre 27.000 y 32.000 niños. Al menos 12.000 de esos niños tienen la nacionalidad estadounidense. Casi 7.500 padres y 1.000 madres de los detenidos tenían una nacionalidad diferente a la de al menos uno de sus hijos. En la mitad de estas familias, había hermanos con diferentes nacionalidades. En promedio, la Administración Trump detuvo a unos 2.300 progenitores por mes y deportó a unos 1.400 progenitores por mes. El promedio de 2024 para la Administración Biden fue de unos 700 progenitores deportados cada mes.

Según defensores de los derechos humanos, las cifras reflejan el alcance gigantesco de la nueva crisis de separación familiar provocada por el Gobierno estadounidense. Su magnitud superó con creces a la política de ‘tolerancia cero’ que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando su Gobierno separaba de manera sistemática a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre México y EE.UU.

Los datos a los que tuvo acceso The Guardian proceden de los formularios I-213 que los agentes de inmigración deben cumplimentar cada vez que detienen a una persona por vivir sin papeles en Estados Unidos. Los agentes deben recopilar la edad, la nacionalidad y los antecedentes penales de las personas detenidas. Y lo que es más importante, el número de hijos menores de edad y su nacionalidad.

Un portavoz del DHS responde que la agencia no puede “verificar la veracidad de estos datos”, obtenidos por The Guardian en virtud de la ley de transparencias y cotejados por el periódico con registros de otras fuentes gubernamentales.

Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán

Faisal Al-Juburi — ONG de asistencia jurídica Raíces

En la opinión de varios abogados y especialistas en inmigración, lo más probable es que esos datos del Gobierno infravaloren el número real de separaciones familiares: los agentes de inmigración no siempre preguntan a las personas detenidas si tienen o no hijos, y muchos inmigrantes detenidos prefieren no decir que tienen hijos para proteger a sus familias de una detención o una deportación.

Según Faisal Al-Juburi, de la ONG de asistencia jurídica Raíces, estas separaciones dejarán marcas generacionales y transnacionales. “Con este Gobierno hemos llegado ya a la fase de metástasis de la separación familiar”, dice. “Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán”.

Secuelas en los menores

L.T. tiene 30 años y huyó de Haití por la violencia política. Según cuenta, los simpatizantes de un partido político opositor incendiaron su casa, la secuestraron y la violaron. En su huida, primero fue a las Bahamas y de allí viajó en barco a Miami (Florida) en 2019. Si la obligan a regresar a Haití podría morir, dice. Según su relato, mataron a su hermana el año pasado. También le preocupa que su hija no reciba en Haití la atención médica que necesita. Aunque pudiera, no se arriesgaría a llevar allí a su bebé.

También le preocupa cada vez más que su bebé termine en una casa de acogida. La madre de L.T. cuida de la niña, pero le resulta muy difícil compaginarlo con su trabajo a tiempo completo, especialmente por las complejas necesidades médicas del bebé. Además, L.T. presentó una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, al cual acusa de amenazar con matarlas a ella y a la pequeña. “Ojalá pudiera estar ahí para mi hija”, escribe L.T. en una declaración compartida con The Guardian por sus abogados. “Es mi primera hija y no puedo estar ahí para ella”.

The Guardian analizó más de una decena de casos y entrevistó a numerosos padres e hijos separados por el proceso de detención o deportación. En todos los casos, la detención o deportación repentina de uno de los progenitores alteró radicalmente la vida del niño.

A la guatemalteca K.O., con 41 años y tres hijos, la detuvieron durante una cita rutinaria del ICE. Tenía a un bebé de 19 meses esperándola en casa. “El agente dijo que, por lo que a él respectaba, mi hijo y yo nos podíamos morir”, dice.

Herminia estuvo separada durante ocho meses de su hija de nueve años y de su hijo de 16. En ese período, la salud mental de los niños comenzó a deteriorarse. Herminia contó que la niña tenía problemas para dormir toda la noche; y que su hijo, adolescente, pensó en abandonar los estudios para ponerse a trabajar y mantener a su hermana. A Marco, de 61 años, lo detuvieron en un Home Depot de Maryland y lo deportaron a El Salvador. Su hijo Mark, de 17 años, tenía la nacionalidad estadounidense y estaba en los últimos meses del instituto. Los pasó trabajando para que él y su madre pudieran pagar el alquiler.

Las familias entrevistadas cuentan cómo se vieron obligadas a buscar fondos a toda prisa tras la detención o deportación del sostén financiero del hogar. Adolescentes y jóvenes que tuvieron que dejar los estudios para cuidar de sus hermanos menores tras la deportación de los dos progenitores. Niños que se preguntaban si alguna vez verían de nuevo a sus padres, deportados a países donde enfrentaban amenazas de muerte. “Están desarraigando vidas”, dice Al-Juburi.

Récord de personas detenidas

Para satisfacer la promesa de Trump de “deportaciones a gran escala”, su Gobierno detuvo a un número récord de inmigrantes. Entre ellos, personas que llevan muchos años en Estados Unidos, donde construyeron sus vidas y formaron familias. En su mayoría, los detenidos carecen de antecedentes penales o solo tienen condenas por faltas menores, como una infracción de tráfico.

La campaña de deportaciones a gran escala tuvo un impacto nefasto en las familias. Especialmente, en las madres. Analizando los mismos registros que The Guardian, el portal de periodismo de investigación ProPublica descubrió que la Administración Trump deportaba al día cuatro veces más madres de ciudadanos estadounidenses que la Administración Biden.

El Gobierno también debilitó la protección para progenitores no estadounidenses, dando marcha atrás en el compromiso de mantener a las familias unidas. En varios casos, las autoridades de inmigración amenazan con separar a las familias con el fin aparente de coaccionar a los padres y madres para que se vayan de EEUU de forma voluntaria.

Lauren Bis, portavoz del DHS, rechazó responder a preguntas de The Guardian sobre la política oficial en separaciones familiares. La agencia niega estar separando a las familias y sostiene que “se pregunta a los padres si desean ser expulsados junto con sus hijos”. Bis asegura que estar detenido es “una elección” y que los padres inmigrantes pueden utilizar una app del Gobierno para “autodeportarse”.

No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo

E.F.A — Solicitante de asilo venezolana

Muchos de los progenitores que huyeron de situaciones peligrosas en sus países de origen no quieren arriesgarse a llevarse a sus hijos de vuelta con ellos. Y cuando los deportan de Estados Unidos sin sus hijos, la separación puede ser indefinida.

Este es el caso de la venezolana E.F.A., una mujer solicitante de asilo detenida de forma inesperada cuando acudía a una cita rutinaria del ICE en octubre. Antes de que la detuvieran, E.F.A. trabajaba en turnos de noche; y su marido, de día. De esa forma, siempre había uno de los dos en casa para atender a su hijo de dos años. Tras la detención, la congregación de su iglesia organizó un turno de cuidado de niños de forma que su marido pudiera seguir ganando el dinero necesario para mantener al hijo. Pero la situación es precaria: el marido de E.F.A. es también solicitante de asilo y teme que lo detengan, dejando al niño sin tutor. “No puedo evitar una tristeza y sensación de impotencia enormes por esta separación”, escribe E.F.A. en una declaración que sus abogados de la ONG Raíces compartieron con The Guardian.

Si E.F.A. fuera deportada a Venezuela, las cosas podrían complicarse aún más, dice. Debido a su activismo político, tanto ella como su marido siguen enfrentándose a la amenaza de la violencia. No quieren que su hijo viva allí, pero si abandona EE.UU. sin el niño, la reagrupación familiar podría resultar muchísimo más difícil. A los deportados les prohíben entrar en EE.UU. durante una década. Pero si ella y su marido decidieran llevarse a su hijo a Venezuela, se encontrarían con obstáculos logísticos y legales. En EE.UU. no hay consulados de Venezuela y el marido de E.F.A. no tiene ningún lugar en el que obtener un pasaporte nuevo para viajar. A pesar de que el Gobierno estadounidense sigue animando a los inmigrantes a “autodeportarse”, muchos venezolanos están teniendo dificultades en EE.UU. para conseguir los documentos de viaje necesarios.

E.F.A. explica que su salud y su cordura se están desmoronando en el centro de detención de Dilley, donde vive recluida. “No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo”, dice. Todas las noches llora hasta quedarse dormida.

Más perverso que en el primer mandato de Trump

Hace siete años, las separaciones familiares de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump desató la indignación nacional después de que los medios difundieran fotos de agentes arrancando de brazos de sus padres a niños llorosos para meterlos en jaulas. Trump le puso fin oficialmente después de unas seis semanas, pero más de 5.500 niños habían sido separados ya de sus padres. Años después, cientos de padres siguen separados de sus hijos por la negligencia del Gobierno, que perdió el rastro de muchas familias a las que había obligado a separarse.

Según Kelly Kribs, abogada de la ONG por los derechos de los inmigrantes Young Center, la crisis de separaciones que se está desarrollando en la actualidad es aún más perversa. “Está provocando el mismo tipo de traumas que vimos desarrollarse allá por 2018”, dice Kribs, que trabajó durante años reagrupando a familias separadas por la política de tolerancia cero. “Pero la rapidez y magnitud de las separaciones de ahora han llegado a un nivel nunca antes visto”.

En los últimos meses, Kribs trabajó con progenitores detenidos o deportados lejos de sus hijos en Estados Unidos. Según un informe publicado a principios de 2026, el Gobierno está deportando a un número significativo de progenitores sin preguntarles antes si tienen hijos, ni darles la oportunidad de organizar su cuidado, en una aparente violación de sus propias políticas. Una vez que las familias quedan separadas, explica, por fronteras internacionales, reagruparlas puede resultar extraordinariamente difícil.

Es el caso del hondureño Oscar, de 32 años, deportado al país del que había huido después de que lo amenazara de muerte por su activismo ecologista. Pueden pasar meses o años antes de que pueda volver a estar con Ana, su esposa, y sus hijos de siete y nueve años, en Maryland. Él y su mujer habían solicitado asilo juntos, pero a él lo detuvieron durante una cita rutinaria, lo trasladaron a un centro de detención de Texas y lo deportaron. A Ana y a los niños sí se les concedió el asilo, y el abogado pidió que a Oscar se le permita la reagrupación familiar en EE.UU. Pero el trámite de estas solicitudes tiene “retrasos dramáticos”, según la ONG International Refugee Assistance Project.

En Honduras, el plan de Oscar es vivir oculto el máximo tiempo posible, evitando salir del apartamento a la calle. “Papá va a volver pronto”, les dice a los niños cuando habla con ellos. Les pide que se porten bien por el bien de su madre, que recuerden que no los abandonó por voluntad propia, y que piensen que, tal vez, todo forma parte del plan de Dios. “Vamos a superar esto, eso lo sé”, les dice. “Creo en la voluntad de Dios y sé que podré volver con vosotros”.

Las cosas se complican todavía más cuando padres e hijos no comparten la misma nacionalidad. Kribs cuenta la experiencia reciente de un venezolano deportado a México por el Gobierno de Estados Unidos (uno de los muchos casos en los que la Administración envía a los inmigrantes a un tercer país que esté dispuesto a aceptarlos). El hijo del venezolano deportado había nacido en Colombia y se quedó en Estados Unidos. Lo primero que hizo Kribs para ayudarlos fue pedir que Estados Unidos deportara al niño a México, pero México se negaba a acogerlo. El padre tuvo que encontrar la manera de llegar a Colombia, donde finalmente pudo reunirse con su hijo tras dos meses de separación.

Uno de los muchos obstáculos que Kribs tuvo que vencer en ese caso, y en muchos otros, fue cómo ayudar a un niño pequeño a cruzar fronteras sin un acompañante. Por lo general, los familiares que asumen la tutela tras la deportación de los progenitores tampoco tienen los papeles en regla y no pueden viajar con el menor. Conseguir que un no familiar acompañe a los menores requiere documentación notarial para que no haya riesgo de que el adulto sea detenido por sospecha de tráfico de menores.

La compleja y siempre cambiante política internacional también puede influir en la dificultad o facilidad con que un niño puede obtener los documentos de viaje adecuados. Las políticas de las aerolíneas sobre viajes de niños sin un acompañante no son siempre iguales. Incluso si la aerolínea lo permite, puede ser un viaje aterrador para un niño pequeño. “¿Cómo se puede esperar que un niño de seis años pase por aduanas y por inmigración por su cuenta?”, pregunta Kribs.

Según Kribs, se cuentan por cientos las familias que enfrentan obstáculos de este tipo para la reagrupación, trabas mundanas y gigantescas a la vez. Son cientos las madres y padres que no saben cuándo volverán a abrazar a sus hijos. “Creo que en parte por eso a la gente le resulta más difícil comprender este problema: la separación de las familias es algo que está pasando todos los días alrededor nuestro por todo el país, y eso hace difícil considerarla una crisis puntual”, dice Kribs. “Se convirtió en nuestra realidad cotidiana”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La fundación World Press Photo premió este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

La instantánea, publicada por 'Miami Herald', muestra el momento “estremecedor” en que Luis, un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, según su familia, es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto pasado.

Su esposa y sus tres hijos, de entre 7 y 15 años, “quedan desconsolados” tras la detención del “único sustento del hogar” familiar y enfrentándose a “dificultades económicas inmediatas y a un profundo trauma emocional”.

La fotografía fue tomada en uno de los pocos edificios federales estadounidenses donde se permitió el acceso a periodistas gráficos, en un pasillo donde Guzy, fotoperiodista de 70 años, y otros fotógrafos documentaron durante días las detenciones de migrantes que acudían a sus citas judiciales.

Según el jurado, la imagen no refleja un caso aislado, sino la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen “de buena fe” con los procedimientos legales.

“Muestra el dolor inconsolable de unos niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia”, lamentó la directora de World Press Photo, Joumana el Zein Khoury, sobre una política migratoria que “ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas”.

Por su parte, Guzy subrayó que el reconocimiento pone el foco en “el sufrimiento de innumerables familias”, pero también en su “dignidad y resiliencia”, y afirmó que el premio pertenece a las personas retratadas.

La imagen ganadora forma parte de un reportaje más amplio sobre detenciones de migrantes en tribunales de Nueva York, galardonado hace dos semanas en la categoría regional de Historias de América del Norte y Central.

Junto a la Foto del Año, el jurado también ha seleccionado dos imágenes finalistas: la hambruna en la Franja de Gaza y la lucha por la justicia de mujeres indígenas en Guatemala.

Entre los ganadores regionales del premio, que fueron anunciados hace dos semanas, también fue premiado el fotógrafo español Brais Lorenzo, de Ourense, que documentó para varios medios, entre ellos EFE, la peor temporada de incendios forestales en Galicia en tres décadas.

Asimismo, fue galardonado el fotógrafo Narendra Shrestha, de EPA Images, con su cobertura de las protestas en Nepal.

Finalistas: Gaza y Guatemala

Una de las finalistas es “Ayuda Humanitaria en Gaza”, del fotógrafo palestino Saber Nuraldin (EPA Images participada por la Agencia EFE), que muestra a civiles subidos a un camión de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en julio pasado tratando de conseguir harina y en busca de alimentos en medio de una grave crisis humanitaria.

El jurado subrayó que la imagen muestra “la magnitud y urgencia de la hambruna” en el segundo año del conflicto.

Nuraldin nació en Gaza y documenta la vida en la Franja desde 1997.

La ONU ha denunciado la muerte de al menos 2.435 personas que intentaban acceder a ayuda alimentaria entre mayo y octubre de 2025, y más del 75 % de la población sigue hoy afrontando hambre y desnutrición pese a un alto el fuego.

La otra finalista es “Los juicios de las mujeres achí”, del fotógrafo estadounidense Victor J. Blue ('The New York Times Magazine'), que retrata a un grupo de mujeres indígenas maya achí frente a un tribunal en Guatemala tras la condena de tres exparamilitares a 40 años de prisión por violación y crímenes de lesa humanidad.

El caso puso fin a una lucha judicial de 14 años iniciada por 36 mujeres que rompieron su silencio tras décadas conviviendo con sus agresores durante la violencia sistemática en la guerra civil guatemalteca.

El jurado valoró el enfoque “sobrio” de la imagen, que resalta la “dignidad y autoridad” de las mujeres y transforma una historia de impunidad en una victoria histórica para la justicia.

“Los fotógrafos van a los tribunales, a las zonas de conflicto, a los lugares tranquilos donde la historia se escribe sin testigos, porque creen que ver importa, que la evidencia importa”, afirmó la presidenta del jurado, Kira Pollack, sobre el fotoperiodismo como testigo de la historia.

EFE

Un nuevo asesinato por parte de agentes federales del ICE que había pasado inadvertido hasta ahora: el primero desde el inicio de la represión migratoria por parte de Donald Trump. Y que fue revelado al conocerse los videos del momento en que Rubén Ray Martínez recibió tres disparos a quemarropa por parte de un agente.

El video del tiroteo mortal del ciudadano estadounidense Ray Martínez, ocurrido en Texas en marzo de 2025, pone en duda las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de que un conductor embistió intencionadamente a un agente con su coche inmediatamente antes de ser asesinado.

Los videos, incluidos los de las cámaras corporales de los agentes, ofrecen el primer relato visual del tiroteo contra Rubén Ray Martínez, de 23 años, durante una excursión a la playa. El pasado viernes se publicaron horas de grabaciones y otros registros policiales tras una solicitud de acceso a registros públicos presentada por The Associated Press y otros medios de comunicación.

La muerte de Martínez fue la primera de al menos seis tiroteos mortales por parte de agentes federales desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó su campaña de represión migratoria, y es otro de los varios casos en los que los videos han puesto en duda las versiones iniciales de la Administración.

Los Rangers de Texas cerraron su investigación sobre el tiroteo del 15 de marzo de 2025 después de que un gran jurado se negara la semana pasada a presentar cargos penales contra el agente especial supervisor de Investigaciones de Seguridad Nacional Jack Stevens, quien hizo los tres disparos mortales, según los registros publicados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En una declaración escrita incluida en los archivos, Stevens afirmó que disparó para proteger a sus compañeros, a los agentes de policía y al público de lo que temía que fuera un posible ataque terrorista destinado a causar víctimas en masa. Un portavoz del DHS afirmó el mes pasado que el agente de HSI –dependiente del ICE– disparó en defensa propia después de que el conductor “atropellara intencionadamente” a su compañero, “lo que provocó que éste quedara sobre el capó del vehículo”.

Los videos de las cámaras corporales recién publicados, tomados desde detrás del coche de Martínez, desmienten que el vehículo atropellara a un agente.

Otro video muestra a Joshua Orta, que viajaba en el coche con Martínez, diciendo a los investigadores que su amigo no tenía intención de hacer daño a los agentes federales, sino que “entró en pánico” porque temía ser arrestado por conducir en estado de embriaguez.

“No sabía qué hacer. Estaba claro que no quería ir a la cárcel”, dijo Orta: “Pero atropellar a un agente... él no haría eso”.

Aunque los medios de comunicación locales informaron en ese momento de que en el tiroteo estaba involucrado un agente policial, el DHS no reveló que sus agentes estaban involucrados hasta que la AP y otros medios de comunicación lo contaron el mes pasado.

Martínez acababa de cumplir 23 años cuando él y Orta iban desde su ciudad natal, San Antonio, hasta South Padre Island, un popular destino de fiesta durante las vacaciones de primavera. Bebieron con amigos y fumaron marihuana antes de volver a la ciudad, dijo Orta a los investigadores.

Martínez conducía su sedán Ford azul cuando, poco después de medianoche, se encontraron con la escena en la que los agentes de policía de South Padre dirigían el tráfico alrededor de una colisión entre dos coches en una concurrida intersección. Según los documentos, en el lugar también se encontraban tres agentes de HSI de un grupo de trabajo de seguridad fronteriza marítima redirigidos para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración.

En las imágenes de las cámaras corporales captadas por dos de los agentes de policía, se puede ver el coche de Martínez acercándose lentamente a la intersección, aparentemente en línea recta, mientras se indicaba a los vehículos que giraran a la izquierda. El coche de Martínez reduce la velocidad hasta casi detenerse por completo para dejar pasar a los peatones por el paso de cebra. Una vez que los peatones se apartan, el coche se adentra lentamente en la intersección antes de detenerse de nuevo cuando se acercan los agentes de HSI, gritando instrucciones al conductor para que se detenga.

Uno de los agentes de HSI, identificado en los documentos como el agente especial Héctor Sosa, se coloca delante del coche. Stevens está en el lado del conductor y se acerca a la puerta.

“Sácalo, sácalo”, se oye gritar a uno de los agentes.

El coche de Martínez comienza a avanzar lentamente y a girar a la izquierda, donde circulaban otros vehículos. Stevens, en el lado del conductor del coche, mantiene el ritmo y parece inclinarse hacia la ventanilla abierta del lado del conductor. Mientras los agentes gritan a Martínez que se detenga, Stevens saca su arma y dispara rápidamente tres tiros a través de la ventanilla antes de retroceder rápidamente.

“Disparos, disparos”, grita uno de los agentes de policía que lleva una cámara en su radio. Todo el incidente transcurre en unos 15 segundos. El Ford azul se detiene rápidamente y varios agentes sacan a Martínez del vehículo y lo esposan. También sacan a Orta del asiento del copiloto y lo esposan.

Martínez permanece esposado y en el suelo, inmóvil, durante aproximadamente un minuto antes de que los paramédicos que ya se encontraban en el lugar del accidente de tráfico anterior comiencen a prestarle asistencia médica.

El informe de la autopsia muestra que los tres disparos realizados por Stevens alcanzaron a Martínez, y que las balas atravesaron su brazo izquierdo antes de entrar en su torso y perforarle el corazón, los pulmones, el hígado y otros órganos. El informe de la autopsia también revela que el nivel de alcohol en sangre de Martínez era del 0,12 %, muy por encima del límite legal para conducir en Texas, que es del 0,08%.

En una declaración escrita de tres páginas entregada a los Rangers de Texas casi dos meses después del tiroteo, Stevens afirmó que disparó su arma cuando Martínez “aceleró hacia delante, golpeando al agente especial Sosa, que acabó sobre el capó del vehículo”. También dijo que evitó por poco ser atropellado, al ser golpeado por el lado del conductor y “provocar que se rompiera el espejo del vehículo”. Una foto de la escena mostraba el espejo dañado, pero aún en el coche.

Al disparar, el agente dijo que “aún tenía frescos en la mente” los recientes acontecimientos nacionales e internacionales, entre ellos el de un hombre que semanas antes había conducido una camioneta pick-up contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans.

“El conductor tenía los ojos muy abiertos, los puños apretados sobre el volante y miraba más allá de los agentes que se encontraban en el lugar, ya que no obedecía las órdenes verbales repetidas y en voz alta de varios agentes de la ley”, escribió Stevens: “Este es un comportamiento que he observado en mi formación y experiencia como indicador previo al ataque y señal de desobediencia, ya que el sospechoso mira en la dirección de su movimiento previsto y no muestra signos de obediencia. Esta trayectoria de movimiento, si no se hubiera mitigado, habría provocado numerosas víctimas, utilizando el vehículo como arma».

Según informó la AP el mes pasado, una investigación interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reveló que el agente atropellado por el coche fue tratado por una lesión de rodilla no especificada en un hospital cercano y dado de alta. Los videos recién publicados muestran al agente después del tiroteo arrestando a Orta y caminando sin ninguna lesión visible ni cojera.

Orta dijo que Martínez había estado bebiendo esa noche —varios chupitos y una cerveza— y había fumado marihuana cuando se acercó al control de tráfico donde se había producido un accidente de tráfico anteriormente.

Un agente vio una bebida alcohólica abierta cerca de Martínez, pero le indicó que siguiera circulando y girara a la izquierda. En lugar de eso, Martínez siguió recto, hacia el accidente y más agentes.

“Fue entonces cuando entró en pánico y giró el volante, y no pisó el acelerador a fondo, pero avanzamos un poco y supongo que pensaron que estaba tratando de atropellar al policía o algo así”, dijo Orta. Orta dijo que su coche se detuvo por completo al principio. Luego, Martínez giró a la izquierda con el coche “apenas moviéndose”.

“Vi al agente subirse al capó. No es que lo golpeara, sino que, ya sabes a qué me refiero, le atrapó los pies”, dijo Orta: “Se movía lentamente y ellos empezaron a disparar”.

Orta murió el 21 de febrero en un accidente de coche en San Antonio.

Los abogados que representan a la madre de Martínez, Rachel Reyes, dijeron en un comunicado que los videos recién publicados y otras pruebas mostraban que su coche apenas se movía cuando Stevens disparó a quemarropa.

“Este conjunto de pruebas no justifica el asesinato de Rubén”, dijeron los abogados Charles M. Stam y Alex Stamm: “Aun así, seguiremos buscando la total transparencia hasta que tengamos todos los datos. Ni nosotros ni el público hemos visto todavía todas las pruebas que tiene el Gobierno”.

Son los asesinatos de Alex Pretti y Renée Good en Minneapolis. Es la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo. Como es también la persecución por las calles de St. Paul —ciudad gemela de Minneapolis— de Christian Salamanca, un hombre de origen colombiano con visado válido, un caso de asilo pendiente y permiso de trabajo sin antecedentes penales. Y todo mientras la Administración Trump insiste en estar tras “lo peor de lo peor”.

“Christian es un amigo, un inmigrante, un padre devoto y un esposo trabajador que siempre se ha esforzado por brindarle lo mejor a su familia”, explica una amiga de la familia en un post en internet en el que se pide ayuda económica para el tratamiento de las heridas a causa de la persecución del ICE en un país sin asistencia sanitaria pública: “El lunes 26 de enero, agentes de ICE persiguieron a Christian mientras se dirigía al trabajo y chocaron su vehículo por detrás, provocando que se estrellara contra un poste de teléfono. Christian no fue detenido en el lugar por el ICE, pero momentos después fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves: una fractura de cadera y una lesión en el ojo. Este traumático suceso ha dejado a Christian y a su familia en una situación difícil”.

De acuerdo con el testimonio, “la fractura de cadera impedirá caminar” a Christian “durante al menos 2 a 4 meses, y necesitará atención las 24 horas del día por parte de su esposa, Nichole. La esposa e hijos de Christian están haciendo todo lo posible por mantenerse fuertes, pero la carga económica es abrumadora. Los fondos recaudados aquí se destinarán directamente a cubrir la recuperación de Christian, a apoyar las necesidades básicas de su familia y a cubrir los gastos médicos y legales. Ellos están pasando por un momento en el que nadie debería estar solo, y queremos brindarles todo el apoyo posible”.

Nicole Salamanca explicó a una televisión local cómo su esposo, Christian, se dirigía al trabajo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzaron a seguirlo en un vehículo. Nicole relató que su esposo la llamó presa del pánico alrededor de las 11:15 a. m., diciéndole que alguien lo perseguía. “Me dijo: 'Me están siguiendo. ¿Qué hago?”, relató Nicole.

Nicole dijo que Christian condujo hasta el Centro Comunitario McDonough en St. Paul. Esperaba que fuera un lugar más seguro, pero Nicole cuenta cómo agentes de ICE embistieron el coche de Christian por detrás cuando entraba al aparcamiento, empujándolo contra un poste de teléfono.

Nicole dijo que Christian logró salir del coche y corrió al interior del edificio para esconderse, y que su esposo sufrió heridas graves en el accidente: “Estoy muy triste. Estoy muy frustrada. No hago nada malo, solo vengo aquí por mis hijos, para que tengan una vida mejor… Pero esta situación es muy difícil para mí. Tengo mucho miedo”.

Rastreo en redes y protestas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado rastreando los nombres de los manifestantes en una base de datos interna durante varios meses, según dos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) citados por Reuters. La base de datos del gobierno contiene nombres, fotos, ubicaciones y matrículas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha afirmado a Reuters que no mantiene una base de datos de “terroristas domésticos” estadounidenses, pero sí rastrea supuestas amenazas. “Por supuesto, monitoreamos, investigamos y remitimos todas las amenazas, agresiones y obstrucciones a nuestros agentes a las autoridades competentes”, según la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Tricia McLaughlin.

En este sentido, el periodista Ken Klippenstein publicaba recientemente que “el Departamento de Seguridad Nacional rastrea a usuarios de Reddit que se oponen al ICE, monitoreando las comunicaciones de estadounidenses solo por criticar a la agencia”.

“El espionaje se revela en un boletín de inteligencia de enero, de la Patrulla Fronteriza”, explica Klippenstein: “El sujeto del informe es el usuario de Reddit ”Budget-Chicken-2425“, quien no es narcotraficante, pandillero ni terrorista. Simplemente, alguien preocupado por la extralimitación federal. El informe se centra en la convocatoria de Budget-Chicken a una protesta cerca de unas instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Edinburg, Texas. Si bien el informe reconoce que las protestas contra el ICE en todo Texas han sido 'generalmente legales' y que no hay evidencia de que la convocatoria de Budget-Chicken represente una amenaza, se dice que cualquier protesta cerca de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza 'merece vigilancia continua”.

De acuerdo con el post, “la publicación ofensiva de Budget-Chicken en Reddit se publicó en el canal r/RioGrandeValley. Titulada 'Uníos a la protesta contra ICE', la publicación, de apenas unas pocas frases, invita a 'vecinos, familiares y comunidad' a 'ser testigos y concienciar' protestando contra una comisaría de la Patrulla Fronteriza”.

Un análisis de Reuters de los registros judiciales federales relacionados con las protestas contra la represión migratoria revela que la Administración Trump ha procesado al menos a 655 personas de las miles que han sido detenidas por violar el Título 18, Sección 111 del Código de los Estados Unidos, un cargo general para cualquiera que “agreda, se resista, se oponga, impida, intimide o interfiera por la fuerza” con un agente federal en el desempeño de sus funciones oficiales. Puede ser considerado un delito grave o un delito menor. Como delito grave, conlleva hasta 20 años de prisión, pero se reservan penas superiores a ocho años para quienes utilicen un arma mortal o peligrosa o causen lesiones.

Esta cifra de 655 personas procesadas representa más del doble de los procesamientos durante el mismo período de 2024-2025, informa Reuters.

Mentiras destapadas por los vídeos

Si no fuera por los vídeos, muchos de ellos ciudadanos, Renée Good y Alex Pretti serían considerados “terroristas”, tal y como los describió la Administración Trump tras ser asesinados.

Pero los vídeos de los testigos de los asesinatos han sido fundamentales para destapar las mentiras de las autoridades policiales federales. Y hay más ejemplos recientes.

Las autoridades federales han anunciado este viernes una investigación sobre dos agentes de inmigración que hicieron declaraciones falsas bajo juramento sobre un tiroteo ocurrido en Minneapolis el mes pasado.

Este es uno de al menos cinco tiroteos en los que las declaraciones iniciales de los agentes de inmigración fueron posteriormente contradichas por pruebas en video, como con Good y Pretti.

En este caso, la investigación anunciada el viernes se produce horas después de que un juez federal desestimara los cargos por agresión grave contra dos hombres venezolanos acusados de golpear a un agente del ICE con un palo de escoba y una pala de nieve el 14 de enero. El agente, cuyo nombre no figura en los documentos judiciales, disparó un tiro que impactó a uno de los hombres, Julio César Sosa Celis, en el muslo.

En el proceso, los fiscales solicitaron la desestimación de los casos porque las nuevas pruebas en video contradecían las acusaciones presentadas contra los hombres en una denuncia penal y en una vista el mes pasado. Es decir, los vídeos demuestran que los agentes mintieron mientras una persona ha terminado con un balazo en una pierna.

Tras este suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el agente de inmigración fue “emboscado” por Julio Cesar Sosa Celis y disparó un “tiro defensivo” por temor a su vida. “Lo que presenciamos anoche en Minneapolis fue un intento de asesinato contra agentes federales”, declaró Noem, en la línea de lo dicho tras los asesinatos de Good y Pretti.

Sin embargo, en la vista del 21 de enero ya se evidenció que el testimonio del agente de inmigración difirió significativamente del de los acusados y tres testigos presenciales. Además, las pruebas de video no respaldaron la versión del agente de haber sido agredido con una escoba y una pala.

Cinco disparos. Heridas de bala. Elogios al tirador. Y criminalización de la víctima. El mismo patrón aplicado en enero en Minneapolis por la Administración Trump para justificar los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti fue el que se aplicó el 4 de octubre pasado durante la represión migratoria en Chicago.

Así, el ahora defenestrado comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aplaudió al agente federal que disparó a una mujer en Chicago, según las pruebas difundidas este miércoles por los abogados de la víctima, que acusaron al Gobierno de Trump de negligencia en la investigación y de difundir mentiras sobre el tiroteo.

Marimar Martínez, profesora auxiliar y ciudadana estadounidense, recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre mientras se encontraba en su coche.

Fue acusada de un delito grave después de que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, la acusaran de intentar embestir a agentes con su vehículo.

Sin embargo, el caso fue desestimado tras la aparición de videos que mostraban exactamente lo contrario: a un agente conduciendo su vehículo contra el de Martínez.

Sus abogados presionaron para que se hicieran públicas las pruebas del caso penal, ahora disuelto, argumentando que estaban especialmente justificados después de que un agente federal asesinara a Renee Good en Minneapolis.

Los abogados de Martínez han presentado una queja amparándose en una ley que permite a las personas demandar a las agencias federales, informa AP. Y señalaron cómo el DHS mintió sobre Martínez después del tiroteo, etiquetándola como “terrorista doméstica” y acusándola de tener antecedentes por “divulgar información personal a agentes federales”.

La auxiliar de la escuela Montessori no tiene antecedentes penales y la fiscalía no ha presentado pruebas en ninguna de las dos denuncias. “No podemos confiar en las palabras de nuestros funcionarios federales”, declaró el abogado Christopher Parente en una conferencia de prensa donde su oficina divulgó las pruebas, que incluían un diagrama de la escena dibujado a mano por un agente para alegar cómo Martínez acorraló a los agentes federales con vehículos que, según Parente, “no existen”.

En un comunicado emitido el miércoles, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) afirmó que los incidentes de uso de la fuerza “se están investigando a fondo” y que el agente involucrado, Charles Exum, fue dado de baja administrativa.

Semanas antes del tiroteo de Martínez, otros agentes federales dispararon asesinaron a un padre de familia de un suburbio de Chicago en una parada de tráfico.

El gobierno intentó frenar sin éxito la divulgación de los documentos, entre los que se encontraba un correo electrónico de Bovino. “¡A la luz de tu excelente servicio en Chicago, aún te queda mucho por hacer!”, escribió el jefe del operativo a Exum el 4 de octubre.

En un chat de agentes, otros compañeros felicitaron a Exum, llamándolo “leyenda” y ofreciéndole comprarle cerveza. En documentos publicados, los mensajes de texto de Exum parecían mostrarlo presumiendo ante sus colegas sobre sus habilidades de tiro. “Disparé 5 balas y tiene 7 agujeros. Anoten eso en sus libros, muchachos”, decía el mensaje.

Los documentos se han hecho públicos ahora porque la jueza federal de distrito Georgia Alexakis levantó una orden de protección la semana pasada.

Los fiscales federales argumentaron que los documentos podrían dañar la reputación de Exum. Pero Alexakis dijo que el gobierno ha mostrado “cero preocupación” por arruinar la reputación de Martínez.

El día que Martínez recibió los disparos, ella había seguido el vehículo de los agentes y tocó la bocina para advertir a los demás de la presencia de agentes de inmigración. Las imágenes de la cámara corporal mostraron a los agentes con armas desenfundadas y saliendo corriendo del vehículo.

“Es hora de ser agresivos”, dijo un agente.

Martínez, quien se sentó cerca de sus abogados, guardó silencio durante la conferencia de prensa. Fue hospitalizada antes de ser puesta bajo custodia del FBI, que aún tiene su coche. Martínez tiene una licencia para portar armas ocultas y llevaba una pistola en su bolso.

Cuando se supo que el Gobierno de EE.UU. autorizaba el despliegue de 45 agentes del ICE en Italia durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo saltaron las alarmas: ¿Por qué, de todos los cuerpos de seguridad estadounidenses, se elige el utilizado por Donald Trump para implementar su plan de deportaciones masivas?

La decisión fue una bomba diplomática casi desde el principio: con las imágenes de estos policías matando a tiros a dos ciudadanos frescas en la retina, el alcalde de la ciudad olímpica anfitriona, Giuseppe Sala, afirmó que no quería ver allí a “una milicia que mata”. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, salió a contestar que “no es que vayan a venir las SS”, a pesar de que algunos analistas califican las patrullas del ICE en ciudades como Minnesota como “lo más parecido a las SA”.

El experto en deporte y política internacional de la Universidad de Denver, Timothy Sisk, explica a elDiario.es que, “aunque la división del ICE desplegada en Italia es diferente de las patrullas que están aterrorizando a poblaciones, la administración Trump está mirando el deporte internacional desde una perspectiva de interés nacional”.

Y desde esa perspectiva —prosigue— “está bastante claro que utiliza la politización de los JJOO para proyectar la imagen del poder de EE.UU.”. Sisk detalla que se trata “de parte de un proyecto más amplio de reconfiguración del orden mundial y de afirmación del dominio estadounidense a nivel global en el ámbito de la diplomacia cultural”. De hecho, insiste, “la Casa Blanca está promocionando una década de protagonismo de EE.UU. como anfitrión de grandes eventos deportivos internacionales”.

La cuestión es que la visita de esta policía a la Italia olímpica le ha estallado a los organizadores en plena celebración. El investigador sobre seguridad europea y relaciones transatlánticas, el italiano Antonio Missiroli, cuenta que “las autoridades italianas han tenido un dolor de cabeza para explicar la sorpresa de ver involucrado al ICE a pesar de que no sea inusual que algunos países lleven sus propios responsables de seguridad”.

El mismo día de la ceremonia de inauguración, miles de personas se manifestaron en contra de un evento que los gobiernos local, regional y nacional del país han intentado utilizar “como una oportunidad para relanzar la economía”, como subraya Missiroli. ¿Los motivos? Críticas al despilfarro, la agresión ambiental o el desvío de fondos. También contra la presencia del ICE.

El deporte olímpico, campo para la política

El Comité Olímpico Internacional se esfuerza constantemente en vender sus juegos como algo ajeno a la política. La actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, antes de inaugurarse la cita italiana insistió en la neutralidad política de su negocio al decir que “somos una organización deportiva”. “Comprendemos la política, pero nuestro asunto es el deporte”, añadió.

Lo mismo hizo su antecesor en el cargo, el alemán Thomas Bach, quien se esforzó durante su mandato —marcado por el ataque de Rusia a Ucrania antes de los Juegos de París 2024— en afirmar que “los JJOO no tienen que ser utilizados como un escenario político” o “los juegos no son acerca de la política”. Ya en 1980, el presidente olímpico Lord Killian remarcaban que “los juegos no están aquí para dividir al mundo”.

Pero, por más que se esfuercen los dirigentes del olimpismo, los investigadores han evidenciado cómo este evento está fusionado con la política. El doctor en Ciencias Políticas Jules Boykoff ha descrito cómo la imagen de neutralidad promocionada desde los JJOO esconde agendas políticas desde sus primeras ediciones y que el COI es un agente político global.

Así que estos juegos invernales están probando que la etiqueta de neutralidad esté tan distante en 2026 como lo ha estado históricamente. Sin ir más lejos, los deportistas estadounidenses, al llegar a los Dolomitas, han tenido que contestar sobre estos asuntos ajenos a su competición que han acaparado buena parte de sus ruedas de prensa.

Algunos de ellos han evidenciado su incomodidad con las políticas de su gobierno: el esquiador Hunter Hess, admitió que “representar a EE.UU. ahora me produce sentimientos encontrados”, al tiempo que matizaba: “Solo porque lleve la bandera no significa que esté representando todo lo que está pasando en EE.UU.”.

Su compañero de equipo, Chris Lillis, ha añadido que esperaba que “cuando la gente mire a los atletas compitiendo en los Juegos, se den cuenta de que esos son los EE.UU. que estamos intentando representar”. En la palestra estaban las actuaciones del ICE que el deportista calificó de “descorazonadoras”.

Casi de inmediato —en una dinámica propia del terreno de juego político—, su presidente, Donald Trump, no dudó en atacarlos: “Hess es un auténtico perdedor. Afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él”, en un ejemplo más de la importancia estratégica que otorga al deporte.

Sisk argumenta que “el impulso de la diplomacia deportiva complementa y refuerza, mediante poder blando [el soft power], lo que ya hemos visto de su diplomacia de cañones en Venezuela e Irán en términos de poder duro”. Según su criterio “la Administración Trump ha sido bastante abierta y clara respecto a su enfoque de acoger megaeventos deportivos internacionales como una forma de reafirmar el papel de Estados Unidos en la política global”.

Mientras se van sucediendo las competiciones sobre el hielo y la nieve —mucha fabricada por la falta de fuentes naturales achacable al calentamiento global—, la sombra del ICE y la política trumpista no se va de las montañas: el esquiador británico Gus Kenworthy ha denunciado este lunes una campaña de odio en su contra tras llamar públicamente “el mal” a la policía migratoria. El deportista (con doble nacionalidad británica y estadounidense) escribió “gente inocente está siendo asesinada. Basta ya”.

Con todo, lo que demuestra esta edición de Milán-Cortina d'Ampezzo es que el intento del COI de publicitarse como un movimiento apolítico a los ojos del mundo es un esfuerzo casi vano: “No veo manera de que las organizaciones deportivas internacionales puedan solventar este problema —remata el politólogo Timothy Sisk— porque hay un dilema inherente en celebrar los juegos por todo el mundo, al mismo tiempo que se intenta mantener una postura de neutralidad política o un mensaje de estar por encima de la política”.