Un viaje a Madrid realizado en septiembre de 2025 por Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena pública tras la difusión de imágenes que aportan nuevos elementos a una investigación en curso. Las fotos -conseguidas por Página/12- muestran a Angeletti junto a un grupo de cinco amigas durante su estadía en la capital española.

Las imágenes, tomadas y compartidas originalmente en redes sociales, refuerzan una denuncia que ya había sido presentada ante la Justicia y que apunta al presunto financiamiento del viaje. Según esa versión, la propia Angeletti habría costeado los pasajes y la estadía no solo propios sino también de sus acompañantes, y lo habría hecho en efectivo.

El episodio adquiere mayor relevancia en un contexto de gastos significativos atribuidos a la pareja en el mismo período. De acuerdo con la información que circula en el expediente, el viaje se habría realizado pocos días antes de la compra de un semipiso en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, por una suma que oscila entre los 230 mil y los 300 mil dólares. A eso se suma la adquisición previa de una propiedad en el country Indio Cuá, que también habría sido refaccionada con una inversión considerable.

Otro de los datos que se desprenden de la investigación es que las cinco acompañantes habrían viajado en primera clase y que, tras regresar al país, realizaron un nuevo viaje conjunto a Iguazú. La reiteración de estos desplazamientos es uno de los puntos que alimenta las sospechas sobre el origen de los fondos.

Las imágenes difundidas suman además un elemento llamativo: entre las interacciones registradas en redes aparece un “me gusta” de Marcelo Grandío, señalado como allegado a Adorni y quien había afirmado haber pagado previamente uno de los vuelos de la pareja a Punta del Este.

La denuncia fue impulsada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien expuso el caso durante un informe de gestión en el Congreso. A partir de allí, el conflicto escaló políticamente: desde el Gobierno deslizaron la posibilidad de denunciar al legislador, que rechazó las acusaciones y defendió la legitimidad de la información presentada.

“Para ellos todo es espionaje, es un fetiche que tienen. Esta mujer se mueve en lugares públicos con custodia, la ve todo el mundo”, sostuvo Tailhade, quien además anticipó que presentará nuevos datos en el corto plazo.

Mientras el núcleo duro del Gobierno de Javier Milei se abroquela en apoyo a Manuel Adorni al tiempo que las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete se acumulan en los tribunales que investigan denuncias sobre un presunto enriquecimiento ilícito, nueva documentación en el escritorio del juez Ariel Lijo dan cuenta de una serie de transferencias que se hicieron desde la productora de Marcelo Grandio salieron en favor del funcionario libertario entre diciembre de 2022 y fines de 2023, justo antes de la asunción del Presidente libertario, lo que vuelve a poner el foco en la relación entre el periodista y el funcionario para tratar de determinar si, además del personal, hay un vínculo financiero entre ambos y las razones que motivaron el pago de dinero.

De esta manera, desde que salió a la luz el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial, a la lupa sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, se sumaron las compras de dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, que involucran el préstamo de sumas de dinero por parte de cuatro mujeres; la adquisición de una casa en un country en Exaltación de la Cruz; el viaje familiar a Uruguay de febrero de este año (donde aparece la figura de Grandio como protagonista); una escapada junto a su esposa e hijos a Aruba, para el Año Nuevo de 2025; y ahora estos pagos de la productora de su periodista amigo antes de asumir como vocero de Milei.

En las últimas horas, se conoció que la Justicia federal investiga una serie de transferencias bancarias realizadas por Imhouse, la productora del periodista Marcelo Grandio, a Manuel Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, un período en el que el actual jefe de Gabinete aún no ocupaba cargos públicos. Los movimientos, detectados tras el levantamiento del secreto bancario en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, suman $1.670.900 y se realizaron de manera mensual y sostenida, con un incremento significativo en el último envío.

Los pagos: montos, fechas y patrón de transferencias

Según los informes bancarios incorporados al expediente judicial:

En total, 10 pagos por $1.670.900, todos provenientes de la productora de Grandio hacia una cuenta de Adorni en el Banco Galicia.

Los envíos se interrumpieron en diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei.

Qué investiga la Justicia

La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, intenta determinar:

Los investigadores analizan además documentación de la Oficina Nacional de Contrataciones, Radio y Televisión Argentina, ANAC, Migraciones y la empresa aérea que operó los vuelos privados.

Una relación personal con impacto institucional

La amistad entre Grandio y Adorni es reconocida por ambos y aparece como un elemento central en la investigación. Las transferencias, sumadas al financiamiento del viaje familiar a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval y a los contratos posteriores con medios estatales, constituyen —según fuentes judiciales— indicios de un vínculo económico previo a la función pública que podría configurar un conflicto de intereses.

La Justicia evalúa si los pagos fueron:

Por ahora, no hay documentación que respalde una relación comercial formal entre Adorni e Imhouse.

El expediente se inscribe en un contexto más amplio: la revisión del patrimonio de Adorni, que incluye compras inmobiliarias y viajes al exterior durante su gestión. Las transferencias de Grandio son hoy una pieza clave para determinar si existió un beneficio económico previo que luego se vio acompañado por contratos estatales adjudicados a la productora.

La productora de Grandio firmó al menos seis contratos con la TV Pública, que fueron secuestrados a fines de marzo en un allanamiento realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que ya están incorporados como prueba en el marco de la causa tras una serie de medidas que dispuso el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de recolectar documentación sobre el viaje realizado a tierras uruguayas durante el feriado de febrero último, durante el que el periodista le prestó al funcionario y su familia su casa en Punta del Este.

Después de las declaraciones del piloto y broker aeronáutico Agustín Issin (quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando); de la escribana Adriana Nechevenko (involucrada en todas las operaciones inmobiliarias que están en el eje de la investigación); y de las cuatro prestamistas que le permitieron a Adorni comprar los inmuebles de la Avenida Asamblea y de la calle Miró, además de la casa del country Indio Cua en Exaltación de la Cruz, la investigación continúa en los próximos días con pedidos de facturación a ARCA y nuevas declaraciones testimoniales.

El juez federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, la que utilizó Manuel Adorni en su reciente viaje a Punta del Este.

Esta determinación técnica surge tras una solicitud formal interpuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, allegado al jefe de Gabinete.

El magistrado ordenó de manera taxativa que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

La génesis de esta medida precautoria se halla en los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el fiscal sobre los pormenores del vuelo que trasladó a Adorni hacia Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa, ya que la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Grandío.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que además habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Grandío no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal justificó la necesidad de aplicar el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, argumentando que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.

Finalmente, Lijo dispuso que se extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, incluyendo el acta de la declaración de Vanesa Elizabeth Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella, para que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.

De esta manera, la Justicia busca garantizar que el avance de la investigación sobre el vuelo del jefe de Gabinete Manuel Adorni se desarrolle sin interferencias externas que puedan viciar la veracidad de los testimonios recolectados.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La versión de Manuel Adorni y Marcelo Grandio sobre el vuelo en un avión privado Hondajet a Punta del Este se transformó en un callejón sin salida para ambos.

Las declaraciones de testigos de ese periplo de carnaval y los documentos incautados no hicieron más que acumular dudas sobre el vuelo, el patrimonio y la vida dispendiosa del funcionario enaltecido por los Hermanos Milei. Con diez días en el candelero por malas razones, Adorni enfrenta una imputación judicial, en principio, por enriquecimiento ilícito.

Tras titubeos iniciales, Adorni y su amigo sostuvieron que cada uno pagó su parte, y redujeron el monto abonado lo máximo posible, hasta un precio inverosímil para el mercado: US$3.600-3.800 el funcionario y US$800 el periodista acomodado en la TV Pública. En condiciones normales, un vuelo ida y vuelta a Punta del Este cotiza entre US$10.000 y US$12.000.

Con el corset de su propia declaración y la necesidad de achicar el monto pagado, Grandio acosó a Vanesa Tossi, la empleada de la firma Jag Executive Aviation, cuando la mujer se comunicó para emitir la factura con tres semanas de retraso, tal como declaró el viernes en la causa radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Tossi, con más precisión que su jefe, Agustín Issin, el piloto y broker que revendió el vuelo de regreso, narró el presunto amedrentamiento de Grandio para que no emitiera el comprobante una vez que el viaje se transformó en un problema para Adorni, según una fuente con acceso al expediente.

La secuencia explica el nerviosismo de Grandio descripto por Tossi.

El 9 de marzo pasado,, en el editorial del programa “Odisea Argentina” en La Nación +, el periodista Carlos Pagni se preguntó si Adorni había viajado en vuelo privado a Punta del Este. La mención de Pagni se dio tras un fin de semana en que el jefe de Gabinete ocupó el centro de la escena por la inclusión su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York por la Argentina Week ante inversores.

En su primera defensa fallida, cuando se dijo “deslomado” en Nueva York, Adorni explicó en el canal A24 que Angeletti había comprado su pasaje a la ciudad estadounidense por US$ 5.345, se supone que en primera clase en un vuelo de línea, sin dejar claro si el monto había sido devuelto tras el traslado de su esposa en el avión oficial ARG-01. En esa entrevista, el jefe de Gabinete se negó a dar cuentas de su escapada a Punta del Este porque —dijo— se trataba de su “vida privada”.

A partir de la difusión del vuelo a Punta del Este, Issin, dueño de la comercializadora de vuelos privados Jag Executive Aviation y empleado de la firma Consultatio, se inquietó por emitir la factura del regreso del 17 de febrero por la tarde. En su declaración, el broker negó que hubiera buscado emitir la factura a raíz del revuelo generado, sino que atribuyó la demora a que estuvo de vacaciones. La factura a nombre de Grandio fue confeccionada unos días después y predatada al 9 de marzo.

El tramo de ida, del 12 de febrero, había sido facturado directamente por la operadora del vuelo, Alpha Centauri, a la productora televisiva de Grandio, Imhouse, según reconstruyó el fiscal federal Franco Picardi. 

Hasta allí, el monto de la factura por la ida, US$4.830, era cercano a la versión de Adorni y su amigo, entre los US$3800 abonados por el jefe de Gabinete y los US$800 de su exsocio y amigo.

Este diario informó el 11 de marzo la declaración jurada de salida de los Adorni y Grandio, desde San Fernando a Punta del Este, y todos los detalles del vuelo con matrícula LVHWA, así como el regreso con la familia del jefe de Gabinete, sin el amigo, en el cierre del Carnaval.

La presión de Grandio sobre Tossi para que no emitiera la factura se incrementó. “¿Viste lo que está pasando, vos lo filtraste?”, acusó el amigo de Adorni a la empleada del broker de vuelos. Uno de los mensajes de Grandio al celular de Tossi atacó a Pagni. Lo trató de “pseudoperiodista al que se le cayó la pauta”, un argumento similar la que utilizan Adorni y Milei para defenestrar a sus críticos.

En un raid de entrevistas disparadas por la nota de elDiarioAR, Grandio —un hombre adinerado, yerno del exdirectivo de Torneos y Competencias Luis Nofal y beneficiado por múltiples contratos con la TV Pública y Radio Nacional desde la asunción de Milei— arremetió con contradicciones sobre el precio y el pagador del vuelo.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 emitida por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar

Cuando el amigo de Adorni se volvió demasiado insistente y envió una carta documento desconociendo la factura del regreso, Tossi dejó de contestarle, declaró en el juzgado de Lijo. El dato de la carta documento fue aportado por la empleada y omitido el jueves por su jefe, el piloto Issin, por lo que deberá ampliar su testimonial.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 registrados por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar, o de un favor tampoco justificable por parte del amigo beneficiado con contratos en la TV Pública, además de contradecir la versión inicial.

Sobre el precio del viaje de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, hay varias lagunas. La primera factura hallada por Picardi fue emitida por Alpha Centauri a nombre de Issin por un paquete de diez vuelos con un valor de US$42.250, uno de los cuales utilizó Adorni a su regreso. Issin, en tanto broker, trataría de revender cada tramo a un precio cercano a US$4.800.

Según declararon Tossi y su jefe, el precio acordado con Grandio para el regreso fue de US$3.000, en virtud de un descuento por asientos comercializados en el Hondajet en el tramo de regreso de la ida a Punta del Este, y en el de ida para buscar a los Adorni, cinco días más tarde. Ese tipo de descuentos es inusual y en cambio pudo haberse tratado de una subfacturación, bastante frecuente en el mercado de la aviación privada, dedujo una fuente del sector.

En sendas exposiciones, Issin y Tossi sostuvieron que tanto el pasaje de ida como el de regreso habían sido abonados por Grandio, lo que va en sentido contrario a lo afirmado por Adorni y su amigo en varias entrevistas.

De los US$4.830 de la ida hay registro tanto por la factura como por la transferencia bancaria, pero en cuanto a los presuntos US$3.000, el comprobante está en disputa porque Grandio lo desconoce, y además fue saldado en efectivo, según la empleada Tossi.

En la hipótesis más beneficiosa para Adorni, debería explicar cómo hizo para pagar US$3.800 por un vuelo ocasional en febrero, monto no acorde a sus ingresos ni su patrimonio declarado. Si a eso se suma el monto de regreso, la complicación es mayor, tanto si abonó el jefe de Gabinete, como si fue un favor de alguien acomodado junto a sus hijos en la TV Pública.

El descontrol que transita Grandio se vio corroborado cuando envió mensajes a Tossi en el medio de su declaración en el edificio de Comodoro Py en la mañana del viernes, para sorpresa del juez y el fiscal.

Por ahora, Grandio y Adorni mantienen versiones unificadas, aunque tanto en Comodoro Py como en el Gobierno, fuentes estiman que podrían tomar caminos separados si sus intereses comienzan a distanciarse. Una persona con peso en el Gobierno sugiere que Adorni podría declararse desconocedor del precio de los vuelos privados y admitir que su amigo le ocultó detalles.

En la imputación por enriquecimiento ilícito, Pollicita solicitó una docena de medidas de prueba, que incluyen informes de dominio pedidos a los registros de propiedad de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, secuencia de viajes, el anexo reservado de la declaración jurada de Angeletti ante la Oficina Anticorrupción y datos del country Indio Cuá.

A los pasajes por más de US$10.000 a Nueva York y Punta del Este abonados sólo en febrero, se suman elevadísimos gastos con tarjetas de crédito varios meses seguidos, al menos dos propiedades —una casa en el country Indio Cua y un departamento en Caballito— que no figuran en la declaración jurada y otras excentricidades.

El departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, tuvo un costo en el orden de los US$300.000, pagados en 2025. Se agregan refacciones profundas antes de la mudanza, reveladas por el periodista Fabián Waldman en el sitio La Patriada.

Entre expensas de $900.000 y la cuota del colegio de $800.000 por cada uno de sus hijos, más las expensas en Indio Cua y los gastos asociados a la camioneta de alta gama que adquirió, por citar los bienes que salieron a la luz en los últimos días, la sospecha generalizada que se constata en encuestas de opinión y entre sus acusadores es que el ascenso económico de Adorni en apenas dos años parece no tener fin.

SL

slacunza@eldiarioar.com

En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.

El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora Imhouse, perteneciente al periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni.

La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.

El broker Agustín Issin y su secretaria declararon que el vuelo de Adorni a Punta del Este lo reservó y pagó Grandio

El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comparecencia se realizó ante el juez Ariel Lijo, en el marco de una investigación que busca esclarecer quién pagó efectivamente los vuelos. Este viernes, la secretaria de Issin, Vanesa Tossi, ratificó que el vuelo fue pagado por Grandio.

Issin, quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando, se presentó por voluntad propia. Declaró durante cuatro horas, confirmó que actuó como intermediario y aportó documentación. Además, dijo que el vuelo fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete. Repitió lo que ya había explicado antes: “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”.

Sin embargo, esa versión choca con la postura pública de Adorni, quien en reiteradas oportunidades aseguró que el viaje fue abonado con dinero propio. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, afirmó el funcionario en una reciente conferencia de prensa, donde evitó dar detalles sobre las transacciones: “No tengo por qué explicar una transacción privada”.

La documentación incorporada al expediente agrega más interrogantes. Por un lado, figura una factura emitida por Issin por 3.000 dólares a nombre del periodista Marcelo Grandio, fechada el 9 de marzo, semanas después del viaje. Por otro, la empresa Alpha Centauri facturó el vuelo de ida a la productora Imhouse -vinculada a Grandio- por 4.830 dólares, monto que habría sido transferido en pesos.

Además, Issin reconoció haber adquirido un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la misma compañía, lo que también quedó bajo análisis judicial. En paralelo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron un allanamiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juzgado y a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El caso se complejiza por las versiones cambiantes en torno al financiamiento del viaje. Grandio, quien compartió el vuelo de ida con Adorni y su familia, sostuvo en distintos momentos que el funcionario había pagado, que cada uno cubrió su parte e incluso que el dinero provenía del Estado. El regreso, en tanto, lo habría realizado por separado.

La causa se inició tras la difusión de un video en el que se ve al jefe de Gabinete junto a su familia abordando un avión privado. Desde entonces, la Justicia intenta reconstruir el circuito de pagos y determinar si existieron irregularidades.