En apenas unas horas, la Guardia de Auxilio llega a un edificio, lo inspecciona, genera un acta que consigna riesgo de derrumbe y ordena la evacuación. Ese mismo día, camiones de mudanza cargan a las familias y sus pertenencias y las trasladan a un hotel, un parador o, en algunos casos, a la calle. No interviene un juez. No hay aviso previo ni relevamiento social.

En la Ciudad de Buenos Aires, ese mecanismo pasó de explicar el 2% de los desalojos en 2024 al 58% en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el Congreso debate un proyecto que acelera los desalojos judiciales, amplía quiénes pueden iniciarlos y, según sus críticos, podría darle respaldo normativo a una práctica que hoy no lo tiene.

El 2 de marzo le tocó al edificio de Cochabamba 2642, en San Cristóbal. Brigitte Torres vivía allí desde hacía siete años con sus dos hijas. Algunos vecinos llevaban dos décadas con contrato. “Era una herencia vacante”, cuenta Torres. “Apareció un supuesto dueño, pero nunca hizo la sucesión”.

Un mes antes habían pasado los bomberos. Según Torres, revisaron columnas, ventanas y escaleras y no detectaron problemas estructurales, aunque sí fallas técnicas, cables fuera de sus cajas y caños en mal estado. Después llegó la Guardia de Auxilio con la faja de clausura. “El arquitecto nunca entró al edificio”, afirma. El desalojo duró casi dos días.

Una excepción convertida en regla

La clausura total con desocupación por riesgo de derrumbe se apoya en el artículo 12 del decreto 1510/97, que habilita a la administración a actuar sin esperar a un juez. Está pensada para situaciones de emergencia estructural inminente e inaplazable. Es una excepción a la tutela judicial previa. Pero dejó de ser una excepción.

Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 hubo 621 desalojos en la Ciudad, que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. El dato surge de un informe del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con información oficial.

El cambio está en el método. En 2024, el 98% de los desalojos se hizo por orden judicial. En los primeros meses de 2026, los administrativos llegaron al 58% y superaron por primera vez a los judiciales, según un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad. Las clausuras totales pasaron del 2% al 56%: en todo 2025 alcanzaron a 20 familias y 35 chicos; en los primeros meses de 2026, a 222 familias y 215 chicos.

El mismo informe advierte que en 2026 la Jefatura de Gabinete porteña instó a realizar inspecciones en el 33% de esos desalojos, cuando el mecanismo debería responder a una “situación de emergencia técnica objetiva”. Los organismos también señalan que la evacuación total solo se justifica cuando no alcanza con apuntalar o clausurar una parte del inmueble y reclaman un protocolo único, que hoy no existe.

“Nos preocupa porque no cumple las pautas de los desalojos judiciales. No hay aviso previo, relevamientos ni intervención de los organismos correspondientes para evaluar la vulnerabilidad”, dice Victoria Freire, diputada de Fuerza por Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Vivienda porteña, quien además presento un proyecto de protocolo contra los desalojos. Según sus registros, las clausuras con desalojo fueron 14 en 2025 y 67 hasta el 14 de mayo de 2026. Contabiliza 509 familias desalojadas por esa vía, frente a 954 por la judicial. Un tercio de las personas alcanzadas son chicos.

“Está dirigida a viviendas colectivas donde viven familias trabajadoras de bajos ingresos que llevan muchos años en la Ciudad”, describe Freire. El informe del Ministerio Público ubica esos desalojos principalmente en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares de las comunas 1, 3 y 4.

El proyecto que acelera los desalojos

El 7 de agosto el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos contra 33. Su capítulo sobre desalojos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la Ciudad.

El texto establece que toda acción de desalojo tramite por juicio sumarísimo, habilita la entrega inmediata del inmueble bajo caución juratoria y amplía quiénes pueden iniciarla: ya no solo el propietario, sino cualquiera que invoque un derecho o interés legítimo. Para las viviendas, mantiene una intimación previa de diez días corridos por falta de pago. El proyecto pasó a Diputados.

“Los desalojos exprés ya se están desarrollando en la Ciudad, encubiertos bajo la modalidad de evacuación”, sostiene Freire. “La ley les otorgaría un marco legal que hoy no tienen”.

A quién alcanza el texto

La discusión pública asocia el proyecto con las usurpaciones, pero los números del Poder Judicial muestran que son una minoría. Entre 2020 y 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil registró 15.037 causas de desalojo. La intrusión –el ocupante sin ningún vínculo con el propietari– explicó 2.351, el 15,6%, y viene en baja: fueron 496 causas en 2023, 412 en 2024 y 336 en 2025.

Dos de cada tres causas corresponden a inquilinos: 5.576 por vencimiento de contrato y 4.238 por falta de pago. Los datos surgen de un trabajo especial de la propia Cámara publicado en junio de 2026.

Sobre ese universo recaen algunos de los principales cambios. Para obtener la desocupación inmediata ya no haría falta una caución real –una garantía económica– sino una declaración jurada del propietario. Y la intimación previa por falta de pago, que el Ejecutivo había fijado en tres días, quedó en diez después de la negociación en el Senado.

“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago”, planteó en el recinto el senador Mariano Recalde.

Torres, vocera de la Coordinadora contra los Desalojos, asegura que el perfil de las consultas empezó a cambiar: “Al principio recibíamos casos de lugares ocupados, inmuebles ociosos y herencias vacantes. Ahora están llegando directamente inquilinos con contratos formales”.

Qué queda después de un desalojo

Ni las familias ni los edificios desalojados tienen seguimiento. “No sabemos cómo reorganizaron su vida, si consiguieron otra vivienda o si los chicos continúan en sus escuelas. Tampoco existe una planificación clara sobre los inmuebles”, dice Freire.

Desde abril, ocho familias fueron desalojadas en distintos operativos en edificios ubicados en Girardot y Heredia, en el barrio de Villa Ortúzar, en la zona que rodea la Plaza Malavar. Dos de ellas desalojadas el lunes pasado, vivían allí desde hace más de 20 años, según informó el medio vecinal Villa Ortúzar Periódico. Después del operativos, los vecinos se organizaron para montar guardia y evitar que otras personas en situaciones similares terminaran también en la calle. Sin embargo, este viernes volvieron a desalojar otra casa.

Cochabamba 2642 sigue tapiado. Adentro quedaron muebles de vecinos que estaban de vacaciones durante el operativo. “Está desierto. Se está pudriendo por dentro y las vecinas dicen que se llena de gatos”, cuenta Torres. De noche, algunas personas en situación de calle duermen bajo un techito sobre la vereda.

El edificio forma parte de un stock de viviendas vacías que la Ciudad no moviliza. En 2023, el 13% de las viviendas porteñas estaba vacío y unas 70.000 llevaban más de un año sin consumo eléctrico, según un estudio de CIPPEC y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. La vacancia se concentra en el macrocentro y zonas como Constitución y Flores, entre sucesiones trabadas, deterioro edilicio y departamentos que perdieron demanda.

El Gobierno porteño sostuvo que había recuperado “un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años”, donde había denuncias por peleas, robos y disparos. También afirmó que funcionaba como “aguantadero” y que allí encontró un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad. Con ese procedimiento, la gestión de Jorge Macri contabilizó más de 610 inmuebles devueltos “a sus verdaderos dueños”.

La Legislatura aprobó un pedido de informes para conocer qué justificó la urgencia, por qué no se optó por reparar o apuntalar el edificio, cuántas familias fueron desalojadas y qué destino tendría. No hubo respuesta.

Torres se fue a un hotel con sus dos hijas, por $560.000 mensuales, y se endeudó en más de $2 millones para afrontar el primer mes, al igual que todas las familias que vivían en el edificio. Según cuenta, algunos quedaron en la calle. Una, de cinco personas y cuatro chicos, durmió tres días frente al edificio.

Cinco meses después, no hay obra ni proyecto. “Podría albergar a 40 familias y desalojaron a 40 familias”, dice Torres. Entre ellas, calcula, había al menos 60 chicos.

LNMG

A pesar de que la Casa Rosada decidió posponer al menos un mes el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, distintas organizaciones sociales y ambientales convocaron para este sábado a una asamblea abierta en Parque Centenario, a partir de las 15, para seguir organizando el rechazo a la iniciativa. La actividad es impulsada por la mulsectorial que ya plantó bandera contra toda la iniciativa en el Congreso la semana pasada, que obligó al Gobierno a dar de baja las reformas de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto oficialista quedó solo con capítulos que reformas las expropiaciones y los desalojos. Obtuvo media sanción en el Senado tras casi trece horas de debate y una fuerte marcha de rechazo que terminó en represión, detenidos y heridos.

Sin los dos capítulos de Tierras y Fuego, la media sanción quedó limitada a los cambios en el régimen de desalojos y expropiaciones. Habilita un procedimiento sumario para desalojar propiedades usurpadas u ocupadas ilegalmente, con nuevas formas de notificación electrónica, y restringe la capacidad del Estado para expropiar bienes al exigir definiciones más estrictas de “utilidad pública” y garantizar una indemnización que incluya el lucro cesante.

El proyecto ingresó a Diputados, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, decidió postergar al menos un mes su tratamiento. El oficialismo prioriza para la sesión prevista para el próximo 26 de agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en materia fiscal, y prefiere dejar pasar el impacto político del debate en el Senado antes de negociar con los bloques dialoguistas.

Las organizaciones convocantes advierten que, mientras el capítulo de desalojos y expropiaciones sigue latente, el Senado avanza en paralelo con el proyecto de Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales a inversiones superiores a mil millones de dólares y que el oficialismo busca sancionar antes de fin de agosto. En sus convocatorias, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones sostiene que ambas iniciativas afectan derechos de los pueblos originarios y facilitan el acceso a tierras, agua y energía por parte de grandes inversores, motivo por el cual llaman a sostener la organización territorial pese a la pausa legislativa.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se desmarcó públicamente de las acusaciones de la oposición que la vinculaban con el comisario Gustavo Antonio Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal Argentina.

El efectivo quedó envuelto en la polémica tras ser fotografiado portando un arma de fuego, sin uniforme ni identificación visible, durante los incidentes registrados frente al Congreso mientras la Cámara Alta debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Frente a la difusión de imágenes del pasado en las que aparecía junto al jefe policial, la legisladora desestimó categóricamente cualquier trato de preferencia o amistad, aunque reconoció haber compartido espacios públicos con él en el marco de sus funciones institucionales previas.

Al ser consultada sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas, Bullrich llamó a analizar el contexto en el que se desencadenaron los hechos y señaló que es necesario evaluar qué sucedió para que la policía reaccionara de esa manera.

En relación con su vínculo con el comisario, la senadora fue contundente al aseverar que no tiene “ningún comisario amigo” y que Gauna es simplemente un integrante de la fuerza con el que ha coincidido en actos políticos.

Asimismo, justificó no recordar su nombre de forma personal dada la gran cantidad de efectivos que conforman la Policía Federal, remarcando finalmente su rol actual como legisladora para deslindar cualquier responsabilidad directa en el diseño y las órdenes del operativo.

Con información de la agencia NA

La Libertad Avanza consiguió esta madrugada sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas. La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos. Ya había tenido que eliminar los artículos referentes a la extranjerización de tierras.

Crónica de un extenso debate

Pese a la caída del capítulo sobre la extranjerización de las tierras, la plaza del Congreso se llenó igual. Iniciada la sesión en el Senado, en donde se debatían los restos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, cientos de personas movilizaron al Palacio Legislativo para reclamar en contra de la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones. “Que se caiga la ley no se negocia nada”, decía uno de los carteles que poblaba la plaza, un par de horas antes de que la policía comenzara a reprimir.

Puertas adentro, en el Congreso, Patricia Bullrich se movía con tranquilidad: después del fracaso del capítulo de Tierras, la jefa del oficialismo se mostraba confiada de que tendría el número para aprobar el resto de la ley. Lo importante era evitar una nueva derrota –era la quinta vez que el proyecto se debatía en el Senado– y ofrecer alguna demostración de fuerza luego de que los gobernadores aliados le hubieran soltado la mano con el capítulo de Tierras debido al rechazo popular a la iniciativa.

Sin embargo, el oficialismo negoció hasta el final pero perdió el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, de 2020, y que prohíbe cambiar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

La votación final, con los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones incluidos, fue de 37 senadores a favor y 33 en contra. El oficialismo obtuvo el respaldo de los 21 miembros de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Para el rechazo a los cambios en la Ley del Manejo del Fuego, los peronistas recibieron el apoyo de los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros.

Movilización masiva, represión y agitado debate

El debate en el Senado fue acompañado por una masiva movilización. Pero al caer la tarde, hubo incidentes, destrozos y una fuerte represión policila que dejó un saldo de 10 detenidos, una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado tras recibir un piedrazo.

“Este proyecto no es el original, hubo modificaciones porque la gran mayoría de los oradores no estaban de acuerdo. Es el fruto del trabajo de múltiples bloques, de ese trabajo de consenso nació este proyecto”, reivindicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), antes de anunciar formalmente que se eliminaría el capítulo 3 que modifica la Ley de Tierras Rurales. Y agregó, buscando mostrarse optimista: “El espíritu original es que quien es el dueño de un bien no sea castigado por eso, que quien es titular de un departamento pueda hacerse de su bien de forma rápida cuando es ocupado”.

A diferencia de otros debates, en los que los senadores libertarios apenas toman la palabra y dejan en manos de los aliados la defensa de sus proyectos, esta vez el bloque oficialista tuvo mandato de intervenir. Durante la jornada, los senadores de La Libertad Avanza defendieron los tres capítulos sobrevivientes de la ley.

“Durante años se castigó al que invierte en la Argentina, así queremos blindar el proceso judicial contra trampas judiciales y poner orden donde antes había caos”, celebró la fueguina Belén Monte de Oca, defendiendo la reforma del Código Civil y Comercial que habilita a los jueces a disponer de la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. Estos cambios, que habilitan los desalojos exprés, no solo alcanzan a quienes ocupan un domicilio de manera ilegal, sino también a los inquilinos que adeudan el alquiler o cuyo contrato haya vencido.

“El propietario tiene título, paga impuestos, recurre a la Justicia y no a la violencia, como el intruso que recurre a la banda organizada que le dio ese lugar. El resultado de recurrir a la Justicia es nulo”, denunció Agustín Monteverde, quien aseguró que los “usurpadores” se instalan a propósito con “menores, discapacitados y ancianos” con el objetivo de blindarse frente a la Justicia. “Buscan la protección de una Justicia abolicionista”, cuestionó.

Mientras los senadores encadenaban discursos, la oposición trabajaba para voltear alguno de los capítulos. Tras el rechazo al capítulo de extranjerización, el peronismo esperaba que la victoria fuera contagiosa y que la presencia callejera sirviera como incentivo para voltear, al menos, el capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego, algo que finalmente consiguió en la votación, pasada la 1 de la madrugada. El proyecto del oficialismo eliminaba la prohibición de vender o cambiar el uso del suelo de pastizales, humedales y tierras productivas incendiadas por 30 años.

“Los incendios en Argentina casi siempre son intencionales pero no se encuentra a quienes los producen. Con la Ley de Manejo del Fuego se había logrado un efecto disuasivo y con esta modificación, lo estamos eliminando. Es una regresión”, cuestionó el entrerriano Adan Bahl (PJ).

“La patria no solo no se vende. La patria no se incendia, no se privatiza y tiene que ser para todos y todas”, agregó el camporista Mariano Recalde.

El peronismo cosechó votos entre los radicales y patagónicos, que eran quienes estaban más incómodos con la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego.

El primer intento del peronismo de voltear la sesión, a su vez, ya había fracasado. Poco después de que comenzara la sesión, el jefe del interbloque, José Mayans, pidió devolver la iniciativa a comisiones, pero no consiguió los votos. Por 38 votos en contra y 31 a favor, el oficialismo consiguió seguir sesionando.

MCM/MG