El fenómeno de El Niño de gran intensidad que se formó este año en el Pacífico ecuatorial va a subir entre 1,2ºC y 2,1ºC la temperatura global en “amplias zonas del planeta”. Ese calor severo pondrá en riesgo hasta 450.000 vidas, según un análisis del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.

El Niño -un proceso natural generado en el Pacífico- comenzó en junio pasado y está previsto que afecte al hemisferio norte hasta la próxima primavera boreal. El fenómeno consiste en un parón de los vientos que barren las aguas superficiales cálidas del océano por lo que se genera un tapón que impide el ascenso de aguas frías más profundas. Ahí se forma una especie de calefactor planetario.

Como esa subida de temperatura se solapa con el calentamiento global acumulado por la costra de gases de efecto invernadero inyectados a la atmosfera, estos científicos calculan que “habrá un 44% más de días de calor extremo de los que se esperaría en un año normal”.

Daño a la salud

Este pronóstico avisa de que durante los próximos meses, mucha población mundial va a soportar el calor que se proyecta para dentro de más de 20 años debido al cambio climático.

“El Niño nos está llevando hacia el futuro al exponernos a temperaturas que no serían normales en las próximas dos décadas”, han dicho los analistas del Climate Impact Lab.

Con unos termómetros disparados, el mismo análisis indica que “se perderán 450.000 vidas solo en la primera mitad de este El Niño”. El trabajo lo compara con las 6.800 muertes o desaparecidos atribuidos a la riada de Nepal causada por el derretimiento de un glaciar.

De hecho, los científicos de la Universidad de Chicago se muestran pesimistas al decir que “estas cifras pueden ser incluso mayores, ya que las altas temperaturas se alargarán durante julio y julio de 2027”. Las zonas más vulnerables se concentran en el Sur Global. El trabajo menciona el Sahel, el sureste de Asia, India y Brasil.

Con esos números encima de la mesa, el Climate Impact Lab reclama un programa de acciones preventivas. Dentro de su inventario de adaptación incluye las alertas por calor extremo a la población, los refugios climáticos y áreas de hidratación. También la protección de los trabajadores y utilizar el sistema de salud para ayudar a las personas a soportar el calor.

Un informe elaborado por científicos de World Weather Attribution y glaciólogos internacionales, confirma que décadas de cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles contribuyeron de forma decisiva al catastrófico derrumbe de rocas y hielo ocurrido el mes pasado en la frontera norte de Nepal que causó cientos de muertos y más de mil desaparecidos.

“Como resultado directo del cambio climático provocado por el ser humano, las temperaturas anuales y las medias de julio-agosto han aumentado significativamente alrededor de esta ladera y del Himalaya en general, con incrementos de aproximadamente 1 a 1,5 veces el aumento de la temperatura media global”, escriben los autores, que señalan la rápida transformación que ha producido el calentamiento en estos entornos de alta montaña.

Encabezados por el investigador Ben Clarke, del Imperial College de Londres, los científicos concluyen que el desastre fue una crisis compleja y que los factores climáticos, sumados a la desestabilización adicional causada por un terremoto de magnitud 7,8 en 2015, son las principales causas del desastre. En concreto, el calentamiento global provocado por el ser humano ha elevado el umbral de congelación unos 100 metros por década, lo que ha provocado el adelgazamiento de los glaciares y el deshielo del permafrost que mantenía unida la montaña.  

Los ingredientes del desastre

1

El calentamiento debilita las rocas congeladas, reduciendo su estabilidad a largo plazo.

Lluvias más intensas y mayor transición de lluvia a nieve

Deshielo del

permafrost

1

Adelgazamiento

del glaciar y pérdida

de soporte

3

2

El derretimiento del hielo en las fracturas favorece la apertura de grietas

Ubicación del

colapso del pasado

26 de agosto

Mayor infiltración

de agua de deshielo

4

500 m

El movimiento generado durante el terremoto de Gorkha de 2015, pudo haber ampliado las fracturas y debilitado la masa rocosa

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WORLD WEATHER ATTRIBUTION. SCIENTIFIC REPORT NEPAL FLASH FLOODS 2026

Los ingredientes del desastre

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El calentamiento debilita las rocas congeladas, reduciendo su estabilidad a largo plazo.

Lluvias más intensas y mayor transición de lluvia a nieve

Deshielo del

permafrost

1

3

Adelgazamiento

del glaciar y

pérdida de

soporte

2

El derretimiento del hielo en las fracturas favorece la apertura de grietas

Ubicación del

colapso del pasado

26 de agosto

4

Mayor infiltración

de agua de deshielo

500 m

El movimiento generado durante el terremoto de Gorkha de 2015, pudo haber ampliado las fracturas y debilitado la masa rocosa

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ.

FUENTE: WORLD WEATHER ATTRIBUTION.

SCIENTIFIC REPORT NEPAL FLASH FLOODS 2026

A la degradación del permafrost provocada por el aumento de las temperaturas y el debilitamiento previo del terreno tras el terremoto de Gorkha de 2015 se sumó el acelerado retroceso y adelgazamiento del glaciar Langtang-Lirung, que quitó soporte a la base de la montaña e incrementó la infiltración de agua de deshielo en las grietas rocosas. Por último, el derretimiento de las abundantes nevadas de finales de 2025 y la presencia de temperaturas anómalamente altas en los tres días, dos meses y el año anteriores al desastre actuaron como factores determinantes que favorecieron el desencadenamiento de la avalancha.

Este evento demuestra que ya se están alcanzando los límites de la adaptación y que se necesitan acciones transformadoras a nivel local y global para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños

El informe sostiene que esta es otra señal de advertencia del riesgo en rápida evolución en las regiones de alta montaña de todo el mundo, donde el cambio climático crea condiciones que favorecen el desarrollo de avalanchas de roca y hielo similares. “Este evento demuestra que ya se están alcanzando los límites de la adaptación y que se necesitan acciones transformadoras a nivel local y global para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños”, señalan los autores. “Hasta que las emisiones de combustibles fósiles no alcancen el cero neto a nivel global, este riesgo continuará aumentando”.

Un efecto en cascada

Javier Lillo, de la Universidad Rey Juan Carlos, destaca que el calentamiento global ha jugado “un papel crítico” en el desastre. “El Himalaya es un área de tectónica muy activa que, además, como otras cordilleras montañosas y zonas glaciares, está sufriendo de manera más acusada el impacto del calentamiento global”, explica al SMC. “Por otra parte, la propia orografía del Himalaya —donde los fondos de valle son las zonas más pobladas— hace, como indican los autores, muy difícil reducir la vulnerabilidad a estas situaciones de tan elevada magnitud de peligrosidad”. 

Los efectos del cambio climático influyeron de manera determinante a desestabilizar sistemas y variables que serían clave en el desarrollo de la catástrofe

Luis Carcavilla Urquí — Investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC)

Pilar Brufau, investigadora de la Universidad de Zaragoza, considera que el análisis que muestra el informe aborda el desastre sucedido en Nepal como un fenómeno en cascada y no debido a un hecho aislado. “Habitualmente los debris flow [avalanchas de escombros] son producidos de esta forma: suele haber un factor desencadenante, al que se suman el colapso de hielo, roca, sedimentos, unidos al flujo de agua superficial que rápidamente genera un gran volumen de mezcla de agua y sólidos que se propaga a gran velocidad, aumentando debido al arrastre de todo el material en suspensión que se encuentra a su paso”, señala. “Este tipo de flujo no puede tratarse como un proceso de inundación al que estamos acostumbrados”.

Luis Carcavilla Urquí, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, CSIC), destaca que, aunque se trata de un fenómeno múltiple, “los efectos del cambio climático influyeron de manera determinante a desestabilizar sistemas y variables que serían clave en el desarrollo de la catástrofe”. En el futuro, explica al SMC, es fundamental seguir estudiando cómo evolucionan en el tiempo los factores determinantes, tanto conocidos como potenciales, de eventos múltiples como este en un contexto de cambio global, para prevenir futuras tragedias. 

La Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú, permanecerá cerrada durante al menos 40 días debido al riesgo de crecidas extraordinarias asociado a las intensas lluvias previstas en la cuenca del río Iguazú.

La medida fue adoptada de manera preventiva por el Parque Nacional Iguazú y contempla el desmontaje anticipado de las pasarelas que permiten llegar hasta el famoso salto. Las estructuras serán retiradas del cauce y trasladadas a tierra firme para protegerlas ante una eventual suba pronunciada del río.

La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina, concesionaria de los servicios del Área Cataratas, luego de analizar los pronósticos hidrológicos para las próximas semanas.

A diferencia de episodios anteriores, las autoridades decidieron esta vez no esperar a que el río alcance niveles críticos. La intención es anticiparse a una posible crecida vinculada con las abundantes precipitaciones previstas durante septiembre y octubre.

Por qué cierra la Garganta del Diablo durante 40 días

La situación del río Iguazú volvió a quedar bajo observación después de que su caudal alcanzara recientemente unos 6.580 metros cúbicos por segundo, un registro superior al parámetro establecido para mantener habilitado el circuito con seguridad.

Además, en sectores del estado brasileño de Paraná se acumularon más de 300 milímetros de lluvia en los últimos días. Las precipitaciones aguas arriba tienen impacto directo sobre la cuenca del Iguazú y pueden generar variaciones importantes en el volumen de agua que llega hasta las Cataratas.

Los análisis meteorológicos anticipan nuevos períodos de lluvias intensas en el sur de Brasil durante septiembre y octubre. Las autoridades relacionan este escenario con la influencia de El Niño, por lo que optaron por adelantar el operativo de protección.

El procedimiento contempla retirar las estructuras metálicas de las pasarelas y llevarlas a un lugar seguro. Sobre el cauce permanecerán únicamente los pilotes de cemento.

El objetivo es evitar daños similares a los que pueden producirse cuando el río experimenta crecidas extraordinarias y la fuerza del agua afecta las instalaciones destinadas a los visitantes.

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú seguirán abiertos

El cierre de la Garganta del Diablo no implica el cierre del Parque Nacional Iguazú ni de todo el Área Cataratas. La restricción estará concentrada en el recorrido que permite acceder al salto más emblemático del complejo.

Por lo tanto, los turistas podrán continuar visitando los demás sectores que permanezcan habilitados y recorrer otros puntos panorámicos del área protegida mientras duren los trabajos.

En cuanto a la reapertura de la Garganta del Diablo, todavía no existe una fecha definitiva. El desmontaje y posterior reinstalación de las pasarelas demandará al menos 40 días, aunque el regreso de los visitantes dependerá fundamentalmente del comportamiento del río.

Una vez transcurrido ese período, las autoridades deberán evaluar el nivel del Iguazú y las condiciones meteorológicas antes de avanzar con la colocación de las estructuras y habilitar nuevamente el circuito.

De esta manera, quienes tengan previsto viajar a las Cataratas del Iguazú durante las próximas semanas podrán visitar el parque, aunque deberán tener en cuenta que el acceso a la Garganta del Diablo permanecerá temporalmente fuera del recorrido turístico.

La evolución de El Niño durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región, especialmente el río Paraná.

En ese contexto, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco elaboró una proyección sobre los niveles que podría alcanzar el Paraná ante un escenario de “Súper Niño” y comparó los resultados con la histórica crecida de 1983.

El estudio comprende 24 ciudades costeras y plantea, en algunos puntos, alturas entre 20 centímetros y 1,20 metros superiores a los registros tomados como referencia de aquella creciente. Además, estima que la onda de crecida podría recorrer el río en aproximadamente 18 días entre Puerto Iguazú y San Fernando.

Las cifras, sin embargo, no representan un pronóstico oficial ni significan que esas alturas necesariamente vayan a registrarse. Se trata de un escenario estimativo condicionado por numerosas variables meteorológicas e hidrológicas.

Entre ellas aparecen la cantidad y distribución de las precipitaciones sobre la cuenca, los aportes de los diferentes ríos tributarios y el manejo de las represas de Itaipú y Yacyretá.

Cuánto podría crecer el río Paraná con el Súper Niño 2026

Uno de los valores más significativos corresponde a Puerto Iguazú, donde la proyección alcanza los 17,60 metros, frente a los 16,40 metros tomados como referencia de 1983. La diferencia sería de 1,20 metros.

En Posadas, el escenario plantea 11,47 metros frente a 10,27 metros, mientras que para Corrientes se estiman 10,20 metros contra los 9 metros de la referencia histórica.

Estos son algunos de los niveles incluidos en la proyección:

El análisis aclara además que las alturas están referidas al cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no al del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), una diferencia que debe considerarse al interpretar y comparar los registros.

Por qué El Niño pone al Litoral bajo mayor vigilancia

El escenario coincide con las advertencias de especialistas sobre los posibles efectos de El Niño en la Argentina. La región del Litoral y buena parte de la cuenca del Plata se encuentran entre las áreas donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones por encima de los valores habituales.

Las provincias que requieren mayor seguimiento incluyen a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. En este contexto, también aumenta la atención sobre el comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú.

El antecedente de 1982/83 adquiere especial relevancia porque aquel episodio de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Otro evento intenso, el de 1997/98, también estuvo asociado a importantes inundaciones en el Litoral.

No obstante, un El Niño muy fuerte no implica automáticamente que se produzcan inundaciones históricas. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados patrones de lluvia, pero por sí solo no permite establecer cuánto lloverá sobre una cuenca ni qué altura alcanzará el río en una ciudad determinada.

Por ese motivo, las cifras proyectadas deben entenderse como un escenario posible para analizar riesgos y mejorar la preparación, y no como una predicción puntual para los próximos meses. La evolución de las precipitaciones, los tributarios y las condiciones de toda la cuenca será determinante para conocer el impacto real de El Niño 2026.

La temperatura global del planeta va a superar “en los próximos años” el límite de seguridad de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, según el último informe de situación de la ONU, publicado este miércoles. Ese umbral es el que se trazó en el Acuerdo de París contra el cambio climático como objetivo para finales del siglo XXI.

Los cálculos del Programa de Medio Ambiente de la ONU (UNEP) hablan de un cercano pico de las temperaturas que oscila entre los 1,8 grados centígrados y los 2 grados por encima de lo que se registraba antes del comienzo de las emisiones masivas de CO₂ a la atmósfera de las actividades humanas, especialmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

“Este verano de calor abrasador, incendios salvajes e inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera”, reitera el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras conocer las conclusiones del informe.

“Una acción insuficiente hicieron que superar los 1,5 grados sea inevitable”, puede leerse en el análisis, que lamenta que “décadas de advertencias científicas y compromisos no consiguieron una rápida reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. El resultado de todo esto es que el calentamiento global de la Tierra —que genera la alteración del clima mundial— “se acerca y va a superar ese umbral”.

El trabajo también explica que aunque se rebase el límite en el corto plazo, la situación puede revertirse para llegar a tiempo de contener el calentamiento extra del planeta dentro de los niveles establecidos en el Acuerdo de París.

Este overshooting, como lo denominan los técnicos, “llevará los riesgos climáticos y los impactos a nuevos y peligrosos picos”, ilustra el informe. Entre estos impactos, detalla los eventos meteorológicos extremos (como las sequías o las tormentas torrenciales que derivan en riadas violentas) o el riesgo de inundación por la subida del nivel del mar en las zonas costeras y las islas.

“El informe hace sonar una vez más la alarma sobre la urgencia de una acción rápida para reducir los impactos más severos del cambio climático”, analiza el investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) en declaraciones a Science Media Center (SMC). También “ofrece un relato detallado de lo que se requiere y de las posibles consecuencias de seguir retrasando una acción coordinada a nivel mundial”.

En este sentido, el calentamiento global más allá de los límites de seguridad provoca, explican los expertos, “cruzar puntos de inflexión difíciles de revertir en escala temporal humana”. Entre esos puntos de inflexión se cuentan la pérdida del bosque amazónico, la caída de la corriente de circulación del Atlántico (la AMOC) o el derretimiento del hielo marino.

La directora ejecutiva de UNEP, Inger Andersen, resume la situación: “No podemos esperar nada bueno si nos mantenemos por encima de los 1,5 grados extra. Debemos asegurarnos de que esta superación es lo más pequeña y breve posible”.

La ventana de oportunidad

Los mismos científicos de la ONU explican que “si actuamos ahora, podemos limitar ese overshoot y que decline”. Para ello, es precisa “una respuesta inmediata que afronte los impactos y rebaje las emisiones” además de gestionar los riesgos y trabajar a largo plazo para conseguir que la temperatura, tras elevarse, baje.

Con todo, este informe recuerda que la senda para conseguir esto pasa, sí o sí, por conseguir las emisiones netas cero, “un objetivo que no puede evitarse”. Conseguir que, a finales de siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 1,5 grados extra respecto a la era preindustrial implica incluso emisiones negativas y extraer carbono de la atmósfera.

El meteorólogo superior del Estado de la Asociación Meteorológica Española, Ernesto Rodríguez, subraya al SMC que existe esperanza “siempre y cuando la superación del límite de 1,5 grados no sea superior a unas pocas décimas de grado (0,2–0,3 ºC) y limitado en el tiempo”.

Entre los interesados en que avance la causa judicial por una de los mayores contaminaciones de la explotación de Vaca Muerta crece la preocupación por las versiones que corren ese ámbito de que en las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, expuesto a diversas presiones del poder político y económico, le otorgue la probation a los responsables del caso y les evite ir a juicio oral.

La Sala Penal del TSJ neuquino a cargo de la causa está integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA). Investiga la acumulación ilegal sin tratamiento de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera de fracking en instalaciones de la empresa Comarsa, ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste. Los acusados son su dueño, Juan Manuel Luis, y dos ex directivos, Héctor Basilotta y Federico Ponce. Aquellos residuos fueron derivados de los pozos no convencionales explotados con fractura hidráulica –los convencionales no generan tantos desperdicios– por las petroleras que explotaban en aquel tiempo Vaca Muerta: YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol. Pero la responsable ante los tribunales es Comarsa.

La causa tiene dos vertientes: una en la que se analiza la contaminación y otra que abrieron las defensas de los acusados para evitar el juicio con una probation. En marzo pasado, un juez de garantías, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los empresarios. Según su resolución, dos de los imputados sólo deberían sanear en el término de un año los residuos petroleros sin tratar y un plazo de tres años remediar el subsuelo, que, según los informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados. Además deberían hacer una donación a un hospital público, abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos. El otro acusado sólo debía donar $10 millones a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia.

El fiscal de Delitos Ambientales neuquino Maximiliano Breide Obeid, la AAAA y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, con el acompañamiento del Instituto Comparado en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apelaron. En abril, un tribunal de impugnación revocó por mayoría la resolución de Yancarelli con el argumento de que la probation dejaría sobreseídos a Luis, Basilotta y Ponce, de que el fiscal, que lleva adelante la acción penal, se había opuesto y por tratarse de un “posible daño ambiental que puede afectar a la población actual de Neuquén y a las generaciones futuras”.

La semana pasada se hizo una audiencia de ampliación de argumentos ante el TSJ, que tiene plazo hasta el 5 de noviembre próximo para resolver, según una vocera del tribunal. “Aún no hay fallo”, agregó. Ese “aún” genera dudas entre los que temen que pronto Elosu Larumbe y Gennari ratifiquen la sentencia e Yancarelli, den la probation a los empresarios y los libren del juicio.

Los denunciantes temen que el “lobby petrolero” derive en un fallo “a favor de los poderosos y contra los derechos humanos y ambientales” que consagre la “impunidad”. Si hay probation, no habría juicio en el que se expongan ante la sociedad las pruebas acumuladas durante seis años de investigación judicial, ni condena ni pena. El pasado día 18, el juez que investiga la contaminación de Comarsa, Juan Manuel Kees, rechazó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que el caso se eleve a juicio oral. Ahora todo queda supeditado al pedido de probation que analiza el máximo tribunal neuquino y que eventualmente podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, se metió en la disputa con un comunicado este jueves titulado: “Por una justicia de cara a la comunidad, por un mensaje claro por el cuidado de la casa común”, tomando estas dos palabras últimas del léxico del anterior papa Francisco. “Hoy la Justicia neuquina se encuentra ante una encrucijada ética decisiva: permitir que los hechos investigados sean debatidos de cara a la sociedad en un juicio oral y público, donde se determinen las responsabilidades penales de los delitos corporativos que se han investigado durante años y se garantice el derecho de la ciudadanía a saber la verdad, o bien, tomar el atajo que implica habilitar vías alternativas como la probation, que diluyen las responsabilidades individuales y empresariales, cerrando el debate público y dejando una profunda herida de desamparo en las comunidades afectadas”. No es la primera vez que la Iglesia neuquina alza la voz contra la contaminación del fracking, así como en la última dictadura fue de las pocas jerarquías eclesiásticas que se opuso al terrorismo de Estado, con el obispo Jaime de Nevares a la cabeza.

AR/MG

Durante la mañana del miércoles, hora local, un deslizamiento de hielo y rocas provocó un torrente de barro, agua y escombros que desbordó las orillas del río Trishuli, también conocido como Bhotekoshi, que discurre entre China y Nepal. La ingente masa arrasó viviendas, carreteras, puentes y centrales eléctricas.

Las autoridades nepalíes informado que hay 1.300 personas desaparecidas, de diversas nacionalidades, como India, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Corea del Sur y Malasia —entre ellos cuatro españoles—. La última actualización de la policía nepalí asciende la cifra de fallecidos a más de 300 personas.

Los expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, afirmaron que los niveles de agua del río Trishuli subieron hasta nueve metros en media hora. Según indicaron, el río Lhende Khola, un afluente del Bhotekoshi, fue el más afectado.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses; en esta ocasión, el desbordamiento se debió a una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar situado en el lado nepalí, que bloqueó el río y provocó una crecida repentina río abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

¿Qué provocó las inundaciones en Nepal?

Se cree que la causa más probable de la crecida repentina fue una avalancha procedente de un glaciar.

Según los medios locales, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, explicó el mismo miércoles ante el Parlamento del país que los informes iniciales apuntaban a que las inundaciones podrían haber sido provocadas por un terremoto en la zona, que habría desencadenado un deslizamiento de tierra.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que, aunque en un principio se informó de que el suceso había sido causado por un terremoto de magnitud 4,4, análisis posteriores revelaron que “el suceso sísmico fue un colapso glaciar y un flujo de escombros que provocó los posteriores impactos catastróficos río abajo” y que “no se había producido ningún terremoto”.

El USGS señaló que el colapso glaciar se había registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2 en la escala de Richter, y que tuvo lugar cerca de la frontera entre Nepal y China a las 8.37 de la mañana, hora local, del miércoles.

Según el profesor asociado Daniel Shugar, geomorfólogo de la Universidad de Calgary (Canadá), los análisis iniciales por satélite mostraron que un bloque de hielo de 0,2 kilómetros cuadrados “se derrumbó 1,2 kilómetros en vertical”. “Por lo que puedo ver en las imágenes de satélite de Planet Labs, la parte inferior de un glaciar se desprendió a unos 5.200 metros y se estrelló contra el fondo del valle, unos 1.200 metros más abajo”, escribió en Bluesky este experto.

Las imágenes de satélite también parecían indicar que se había derretido una gran cantidad de nieve en las 24 horas previas al desastre. “Algunos de los glaciares del valle estaban cubiertos de nieve ayer [por el martes] y hoy [miércoles] se ven en su mayor parte como hielo desnudo. Así que, en otras palabras (y aún no he visto ningún dato de las estaciones meteorológicas), probablemente hizo calor”, apunta Shugar, para quien las obras de construcción también podrían ser un factor a tener en cuenta en la catástrofe.

El profesor Andrew Mackintosh, glaciólogo de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia), señala que no está claro si el derrumbe se limitaba al glaciar o si se trataba de “el derrumbe de toda la ladera de la montaña, que incluía parte del glaciar”.

“Cuando un glaciar de esa magnitud se derrumba, genera una gran cantidad de agua, que produce una secuencia en cadena de acontecimientos en la que el agua y los sedimentos se combinan, se acumulan y provocan la inundación”, explica.

Un grupo internacional de investigadores especializados en glaciares señaló que, si bien el derrumbe del glaciar “sin duda influyó”, era “poco probable que fuera la única causa”.

¿Con qué frecuencia se derrumban los glaciares? ¿Es la crisis climática un factor que contribuye a ello?

“Este tipo de grandes colapsos de glaciares son realmente impactantes”, apunta Mackintosh. “Como glaciólogo, es difícil no alarmarse ante estos fenómenos que parecen diferentes a lo que habíamos observado antes”.

Sin embargo, este expero advierte que “se han documentado tan pocos casos de este tipo que, por el momento, no podemos hacer afirmaciones muy claras sobre la relación específica entre el colapso de los glaciares y el cambio climático”. No obstante, los científicos “tienen un alto grado de confianza en la relación entre el retroceso de los glaciares y el cambio climático”.

“También sabemos que el permafrost de montaña se está degradando debido al calentamiento climático”, añade Mackintosh. Describió el permafrost —el suelo que permanece congelado durante todo el año— como una especie de “pegamento que mantiene unidas las rocas y, en ocasiones, los glaciares adyacentes en pendientes muy pronunciadas”.

El Himalaya —que se extiende por Nepal, India, China, Bután y Pakistán— se está calentando el doble de rápido que la media mundial, lo que expone a la región a un mayor riesgo de avalanchas, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Naciones Unidas afirmó en 2023 que las montañas de Nepal habían perdido cerca de un tercio de su hielo en poco más de 30 años debido al calentamiento global. Una evaluación publicada ese año reveló que los glaciares del Hindu Kush-Himalaya desaparecieron un 65% más rápido entre 2011 y 2020 que en la década anterior.

En 2021, un glaciar del Himalaya se desprendió y provocó una crecida repentina en el estado indio de Uttarakhand, que dejó 200 personas fallecidas o desaparecidas. Investigaciones posteriores sugirieron que una avalancha de rocas y hielo glaciar de 27 metros cúbicos se transformó en “un flujo de escombros extraordinariamente grande y móvil”.

Aunque no se cree que fuera la causa del suceso de agosto de 2026, las zonas montañosas también corren el riesgo de sufrir “inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares”.

Los lagos glaciares se forman detrás de presas naturales como consecuencia del deshielo de los glaciares y pueden provocar inundaciones catastróficas si se rompen las paredes de sus presas naturales.

El profesor asociado Adrian McCallum, glaciólogo e ingeniero polar de la Universidad de Sunshine Coast (Australia), indica que “con el calentamiento climático, los glaciares retroceden, el hielo se convierte en agua y esa agua queda atrapada”.

Ya se han atribuido más de 12.000 muertes a este tipo de inundaciones en todo el mundo. Según la ONU, Nepal cuenta con más de 2.000 lagos glaciares, de los cuales 21 se consideran potencialmente peligrosos.

Mariana Mazzucato lleva mucho tiempo defendiendo que los gobiernos no deberían limitarse a corregir las fallas del mercado, sino que deberían impulsar activamente el crecimiento económico.

La economista italoamericana, que ha ocupado diversos cargos de alto nivel en organismos multilaterales, es actualmente directora del Instituto para la Innovación y el Bien Público del University College de Londres.

Su último libro, The Common Good Economy, ofrece una brújula para orientarnos hacia economías que “funcionen para todos”.

Ahora, centra su atención en un aspecto que suele pasarse por alto en la estrategia climática: la cultura.

En esta entrevista con Dialogue Earth, Mazzucato explica por qué el arte, los rituales locales y las prácticas creativas son tan importantes para la transición ecológica como las redes eléctricas. Describe por qué los planes tecnocráticos se quedan cortos sin la participación de la comunidad y destaca la importancia de evitar que la inteligencia artificial aumente la desigualdad.

La entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

–Usted ha defendido que la cultura es fundamental para hacer frente a la crisis climática. ¿Cuáles son las razones?

–El enfoque actual no está funcionando. Las soluciones climáticas se plantean como algo desconectado de la forma en que estructuramos la esencia del capitalismo y, por lo tanto, de la dirección del crecimiento económico. El crecimiento económico no es un bien neutro. El crecimiento tiene una dirección, no solo una tasa, y necesitamos una transición verde que la gente vea como parte de una buena vida.

En mi nuevo libro escribo que la cultura, el bienestar, la alegría y el florecimiento humano son el sentido de la economía. La cuestión es cómo estructuramos las herramientas económicas para lograrlo. Como dijo Celso Furtado, exministro de Cultura de Brasil: “La política cultural es política de desarrollo”.

–Un artículo reciente suyo sirvió de base para un seminario en el que se reunieron un presidente de la COP climática, una escenógrafa, una líder indígena, un músico y un científico climático. ¿Qué surge de una sala como esa que no surgiría en una llena de economistas?

–No es casualidad que Franklin D. Roosevelt incorporara a artistas y diseñadores a la Administración de Proyectos de Trabajo del New Deal. Las artes y las prácticas creativas tienen un enorme impacto a la hora de dar forma a lo que creemos que es posible.

Como dijo el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry: “Si quieres construir un barco, no animes a la gente a recoger madera… enséñales a anhelar la inmensidad infinita del mar”.

En segundo lugar, no existe un modelo único elaborado por expertos sobre cómo lograr el éxito en la transición ecológica, ni siquiera sobre cómo se define ese éxito. Ahí es donde entra en juego la brújula del bien común. Consta de cinco elementos: propósito y orientación; cocreación y participación; aprendizaje colectivo e intercambio de conocimientos; acceso para todos y reparto de beneficios; y transparencia y rendición de cuentas.

Por ejemplo, escribí junto con mi colega Damon Silvers sobre la huelga de los trabajadores del sector automotriz en EE. UU., en la que fueron las propias voces de los trabajadores las que presionaron para conseguir buenos puestos de trabajo en la industria de los vehículos eléctricos.

–¿Por qué la cultura necesita su propia línea de investigación específica, en lugar de ser una nota al pie en la política industrial?

–Escribí un artículo, Climate Change and Culture (Cambio climático y cultura), sobre cómo trabajar con las comunidades, y no para ellas. Se trata de utilizar los conocimientos y recursos que ya existen, en lugar de imponer soluciones desde fuera.

En él, ofrezco dos ejemplos contrastantes. El marco REDD+ de la ONU, aplicado al Fondo Amazónico, se basó en cálculos de costo de oportunidad de McKinsey que hacían que la industria extractiva pareciera más valiosa que la agricultura rotativa de pequeños agricultores practicada por los pueblos tradicionales.

Por el contrario, el Proyecto Esperaçar, en la Reserva Extractivista Chico Mendes, reconoce que la cultura tradicional y el cuidado del bosque están vinculados, y apoya ambos. Por eso la cultura debe integrarse en la política industrial, en lugar de aislarla.

–Ha defendido que el gobierno no debería externalizar la política sanitaria ni la industrial. ¿Cómo se traduce eso en materia de clima y cultura?

–Las instituciones públicas deben tener la capacidad de diseñar y aplicar políticas para una economía al servicio de las personas. La brújula de la economía del bien común ayuda a definir el “cómo”: cocreación, intercambio de conocimientos, transparencia.

Nada de eso funciona si el gobierno externaliza de forma opaca la política climática a empresas de consultoría. La verdadera consulta y la capacidad de escuchar son capacidades clave que faltan. Si las personas no se sienten incluidas, las políticas serán menos eficaces, menos resilientes o se enfrentarán a una oposición rotunda. Para llevar a cabo una buena transición, debemos gobernar bien, y de forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora.

– La COP30 de Brasil se anunció como una COP de implementación, en la que se impulsarían planes para movilizar la financiación climática y un Mecanismo de Transición Justa. ¿Se trata de un cambio genuino hacia la financiación, o seguimos elaborando planes más rápido de lo que tardamos en ponerlos en práctica?

–Usualmente, los gobiernos están más interesados en lanzar nuevos planes que en mantener los ya existentes. Tenemos que crear conjuntamente el plan adecuado y ajustarnos a él.

En segundo lugar, no se trata solo del dinero, sino de cómo se canaliza ese dinero y quién se beneficia de él. Con demasiada frecuencia, el dinero público se limita a “llenar un vacío” en lugar de servir de base a un proyecto. Los bancos de desarrollo pueden desempeñar un papel crucial adoptando un enfoque orientado a la misión a la hora de movilizar el capital, y necesitamos que las alianzas de estas instituciones con el sector privado sean verdaderamente recíprocas.

–Ahora que Estados Unidos se retira de la cooperación climática multilateral y los aranceles están reconfigurando el comercio mundial, ¿cómo se construyen la financiación climática y la estrategia industrial verde?

–El orden económico ya estaba roto. Tenemos que construir algo diferente en su lugar, que funcione para las personas y el planeta, en lugar de generar más desigualdad o explotación. No lo conseguiremos con retoques o mejoreas incrementales, ni con el populismo reaccionario de extrema derecha ni con aranceles improvisados.

Tenemos que ser audaces: dar forma a la economía, financiar para generar impacto, construir Estados capaces y forjar colaboraciones en pro de la equidad global. Por eso puse en marcha el Consejo Global sobre la Nueva Economía para el Siglo XXI, que reúne a responsables políticos, académicos y profesionales para replantearse los supuestos que dan forma a las sociedades.

–¿Cómo pueden los países utilizar las energías renovables y los minerales críticos para ascender en la cadena de valor, en lugar de repetir el modelo extractivo de la era de los combustibles fósiles?

–Ese es precisamente el riesgo. El 70% de los minerales críticos se encuentra en el Sur Global, y actores como el gobierno de EE. UU. están buscando acuerdos bilaterales de carácter extractivo que eluden condiciones justas en materia de fiscalidad o regulación medioambiental.

Necesitamos una mayor coordinación para evitar la intimidación geopolítica y una carrera a la baja en materia de normas. Y los gobiernos deben ser proactivos a la hora de definir cómo su política industrial verde contribuye a crear un ecosistema de innovación.

–Los centros de datos y la inteligencia artificial (IA) se encuentran entre las fuentes de demanda eléctrica de más rápido crecimiento. ¿Es la IA, tal y como se financia y regula, compatible con la transición verde?

La IA, como la mayoría de las innovaciones, no es intrínsecamente buena ni mala. Lo que importa es cómo se implementa y quién toma las decisiones.

La gobernanza de la IA debería servir al bien común a través de la orientación, la transparencia, la cocreación y las recompensas compartidas. El problema es lo que he denominado “feudalismo digital”, en el que un pequeño número de empresas ejerce un control casi total sobre la gobernanza de la IA, a pesar de que las instituciones públicas hayan subvencionado el capital intelectual y físico del que depende el desarrollo de la IA.

A los creadores del arte y los contenidos que alimentan las herramientas de IA se los está explotando en lugar de recompensarlos.

El desarrollo de la IA no es una misión que compita con la transición ecológica, sino que ambas deben diseñarse para complementarse mutuamente en lugar de competir. No queremos que los centros de datos agoten los suministros esenciales de agua para financiar usos de la IA que no estén orientados al bien común. Eso sería lo peor de ambos mundos.

–Gran parte del Sur Global se ve asfixiado por la deuda, al tiempo que se le pide que financie una transición justa. ¿Cómo sería un enfoque genuinamente orientado a objetivos para afrontar el reto de la deuda?

–Necesitamos una nueva arquitectura financiera y de deuda global. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, lidera la Iniciativa de Bridgetown con propuestas relacionadas con la financiación climática. Debemos reformar los sistemas fiscales globales, lo que implica cambiar normas como el Marco de Sostenibilidad de la Deuda del Banco Mundial y el FMI, que trata la inversión a largo plazo como un gasto a corto plazo.

La última sección de mi libro aborda cómo situar a los países del Sur Global en el centro. Es importante adoptar un enfoque orientado a una misión para que estos esfuerzos estén alineados en lugar de descoordinados, con un enfoque real en la implementación —como los contratos justos—, de modo que la financiación para el desarrollo se trate como una misiónque hay que liderar, y no solo como un vacío que hay que llenar.

–Ha defendido que los mercados son el resultado de decisiones políticas, no de fuerzas ajenas al control del gobierno. ¿Cuál es la idea errónea más extendida que siguen teniendo los responsables políticos sobre el papel del Estado en la transición verde?

–En primer lugar, que su labor consiste en arreglar el desastre que han dejado los mercados, en lugar de moldear activamente los mercados para lograr resultados colectivos. En segundo lugar, abordar la política industrial sector por sector en lugar de misión por misión. En el Reino Unido, el Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas ha avanzado en los mandatos que controla, pero sus avances son limitados sin un enfoque interministerial e intersectorial de la misión de la energía limpia. No puede ser que un departamento se ocupe de reducir las emisiones mientras otro las genera. Y los responsables políticos deben conseguir que la gente los siga, y ahí es donde entra en juego la cultura.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendieron las alarmas: existe más de un 90% de probabilidades de que el fenómeno “Súper El Niño” alcance una intensidad excepcional durante el último tramo de 2026.

El calentamiento anómalo en el Océano Pacífico se perfila como uno de los eventos climáticos más potentes desde 1950, alterando de forma directa el mapa de precipitaciones y temperaturas del país.

En las últimas semanas comenzó a instalarse en medios y entre especialistas la expresión “Súper El Niño” para referirse a un episodio que podría adquirir una intensidad considerable. Sin embargo, se trata de una denominación informal: el SMN habla oficialmente de una fase cálida de El Niño y no de un fenómeno denominado “Súper Niño”.

¿Cómo afectará al AMBA?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aparece entre las regiones que deberán seguir con atención la evolución del fenómeno, especialmente durante la primavera.

El Niño suele favorecer modificaciones en la circulación atmosférica que pueden aumentar la frecuencia o intensidad de determinados episodios de lluvia en el centro-este del país. Para Buenos Aires, esto significa un escenario con mayores probabilidades de precipitaciones y períodos de tiempo inestable durante los próximos meses.

De hecho, especialistas ya relacionaron el patrón de nubosidad y lluvias que viene registrándose en Buenos Aires durante este invierno con la presencia de El Niño, aunque ningún fenómeno climático por sí solo permite explicar cada episodio puntual.

La clave estará en la primavera: el aumento de la humedad y de las temperaturas, combinado con una circulación atmosférica favorable, puede generar condiciones propicias para tormentas fuertes, lluvias abundantes en períodos cortos y ocasionales eventos de tiempo severo.

Esto no significa que vaya a llover todos los días ni que cada tormenta vaya a ser extrema. Los pronósticos climáticos permiten anticipar tendencias generales, pero no pueden determinar con meses de anticipación la fecha exacta de una tormenta o la cantidad de lluvia que caerá en un determinado lugar.

Qué puede pasar en el resto de la Argentina

El impacto de El Niño no será igual en todas las provincias. La señal climática puede favorecer precipitaciones por encima de lo normal en buena parte del territorio nacional, especialmente durante la primavera, aunque con diferencias importantes entre regiones. El Gobierno nacional y especialistas del INTA ya señalaron que el escenario puede generar oportunidades para algunas zonas productivas, pero también riesgos vinculados con excesos hídricos.

Entre los principales efectos a seguir aparecen:

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las autoridades ya comenzaron a analizar el escenario ante el riesgo de lluvias y tormentas más frecuentes o intensas durante la primavera, el verano y comienzos del otoño.

¿El Súper Niño traerá calor extremo?

No necesariamente. Una de las principales confusiones alrededor de El Niño es pensar que el fenómeno significa simplemente “más calor” o que provocará una ola de calor permanente.

El Niño es, principalmente, un fenómeno de interacción entre el océano y la atmósfera que modifica los patrones de circulación a escala planetaria. Sus consecuencias sobre la Argentina dependen de la época del año y de la región.

Por eso, El Niño no impide que durante los próximos meses haya ingresos de aire frío, jornadas con temperaturas bajas o incluso olas de frío. Lo que cambia es la probabilidad de determinados patrones climáticos cuando se analiza un período de varias semanas o meses.

¿Cuándo se sentiría con más fuerza?

El SMN confirmó que El Niño ya está activo y que tiene una probabilidad cercana al 100% de mantenerse durante agosto, septiembre y octubre. Además, distintos organismos y especialistas esperan que la señal del fenómeno continúe siendo relevante durante la primavera.

Por eso, septiembre, octubre y los meses siguientes serán claves para observar cómo evoluciona el fenómeno en la Argentina.

Para el AMBA, la principal preocupación estará puesta en la posibilidad de períodos de lluvias más frecuentes, tormentas intensas y acumulados importantes de agua. Para el resto del país, el escenario será diferente según cada región, pero el exceso de precipitaciones y sus consecuencias serán uno de los principales factores a monitorear.

Una advertencia importante

El término “Súper Niño” puede resultar impactante, pero no significa que la Argentina vaya a sufrir una sucesión inevitable de catástrofes meteorológicas. El propio SMN utiliza pronósticos climáticos para establecer tendencias y probabilidades, mientras que los fenómenos extremos concretos se anticipan mediante los pronósticos de corto plazo y el sistema de alertas.

Por eso, durante los próximos meses será fundamental seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante cada alerta por tormentas, lluvias intensas, vientos o crecidas.

El informe completo

En lo que va de 2026, el fuego calcinó en España unas 200.000 hectáreas. Es el tercer peor año en una década, tras 2022 y 2025, y alrededor de 100.000 personas fueron evacuadas o confinadas por las llamas que arrasaron los municipios de Madrid, Ávila y Toledo. Ahora, con el regreso a casa de la mayoría de afectados y la estabilización de los incendios, surge la pregunta: ¿Qué ocurre después del fuego?

Pese a que “las personas que viven en el territorio quieren que el paisaje vuelva a ser como el que teníamos antes de que se produjera el incendio y una restauración inmediata”, el jefe de sección de gestión forestal de Ávila, Ángel Iglesias Aranz, advierte de que “la naturaleza va a un ritmo mucho más lento que el nuestro”. “Lo mismo nunca va a ser posible”, lamenta el técnico forestal, José Ramón González Pan.

Los expertos coinciden en que esta regeneración forestal debe ser “planificada” e insisten en que las actuaciones de reforestación no deben hacerse de forma “precipitada”. “Lo primero es hacer una evaluación de toda la situación, no se puede improvisar. Hay que analizar las unidades de las zonas y las unidades de obra —las áreas en las que se dividen los montes en función del tipo de vegetación y los trabajos que se realizan en ellas—”, señala González Pan. La vicedecana del Colegio Oficial de Técnicos Forestales, Marta Corella, explica que el análisis debe ser minucioso e ir “detalle a detalle”, aunque la prioridad justo después de extinguir o estabilizar un incendio es “atender a la población afectada, porque perdieron el entorno y su espacio”.

Justo después, coinciden en que debe “protegerse el suelo”. La principal preocupación son las fuertes lluvias. “Tras la época de incendios, e incluso durante ella, hay fenómenos torrenciales. Esas lluvias generan un segundo drama, que es la enorme pérdida de suelo que se produce”, explica Iglesias Aranz. Es una cuestión clave, puesto que “el suelo es el sustento de la vida” en la naturaleza.

Regeneración de la naturaleza o intervención

Inmediatamente después de la extinción no pueden comenzarse las labores de restauración forestal. Además del análisis exhaustivo de cada una de las zonas, ya que no todas responden igual ni padecieron el mismo tipo de fuego, hay que “dejar que la naturaleza responda, y ver cómo [lo hace], porque no hay prisa en repoblar”, cuenta el jefe de sección de gestión forestal de Ávila.

Estima que en la primera primavera tras los incendios se puede percibir si los mecanismos de autoregeneración actuaron: “A partir de ahí, tenemos que ver en qué zonas no se produjo la regeneración natural, cuáles son las causas y analizar qué podemos hacer en el territorio para tratar de conseguir que vuelva a haber un estrato arbóreo”.

La intervención está condicionada por múltiples factores, uno de ellos es la “intensidad a la que haya pasado el fuego”, explica el divulgador y agente de medio ambiente de parques nacionales, David del Rosario. De nuevo, cada sitio tiene su peculiaridad: “No es sota, caballo y rey”.

González Pan señala la pendiente, la orientación, el grado de humedad o la aparición de rocas, como otras cuestiones a tener en cuenta. Los expertos también mencionan el arrastre que padece el agua de las lluvias, denominado como escorrentía.

Tras el análisis en el que los ingenieros forestales o de montes determinan “que había, que hay y cuál es la importancia de cada especie”, según del Rosario, se establecen las medidas de actuación en cada caso y siempre que sea necesario. Los responsables “elaboran un proyecto técnico en el que en un mismo monte se pueden tomar siete decisiones diferentes”, explica González Pan, que ejemplifica con algunas medidas: “En muchas zonas se toma la decisión de hacer macrosiembras con maquinaria manual y drones, en otros sitios se hacen plantaciones más costosas, planta a planta, también hay que retirar la madera...”.

El técnico en gestión forestal Iglesias Aranz, denomina estos trabajos como restauración forestal, que se elabora mediante “técnicas de repoblación, preparación del terreno y plantación de especies”.

Sin capacidad de regeneración

Aunque muchas zonas se regeneran, por sí solas o con ayuda, otras no pueden debido a la “intensidad” con la que pasó el fuego. “Cuando un incendio libera una energía tan alta, acaba con el reservorio de semillas que siempre existen en el suelo, con lo cual no tiene capacidad de regeneración”, explica Marta Corella.

“Hay fuegos que lo queman todo”, sintetiza del Rosario, que señala a las especies: “Algunas no están acostumbradas al fuego, como las mediterráneas. Si el fuego es muy intenso, esa especie muere y te puedes cargar ese ecosistema”.

Corella e Iglesias explican que la reiteración de incendios en una misma zona dificulta e incluso imposibilita su regeneración: “Se pierde una superficie que es muy difícil de recuperar después de estos grandes incendios”.

El jefe de gestión forestal en Ávila recuerda que, pese a todos los años que lleva abordando trabajos de restauración, “nunca hemos alcanzado el 100% de éxito”. Esto se debe, según relata, a que hay zonas donde “la regeneración natural no se produce” y con “técnicas de repoblación” no son “capaces de llegar” al objetivo. Habla también sobre la “dificultad” de repoblar un terreno con mucha pedregosidad o “una pendiente muy elevada”.

Pese a la situación, hay ejemplos esperanzadores. El divulgador David del Rosario lo ilustra con el incendio de 2016 en La Palma: Aunque “fue un fuego bastante fuerte, ahora pasas por la zona y parece que no lo hubo”. Cuenta que se puede percibir por “las cortezas de los pinos que están negras”, pero toda la demás biodiversidad “está como si no se hubiera quemado”.

Gestión y cambio climático

Aunque la emergencia climática está multiplicando su virulencia, los incendios son la tónica habitual cada verano. Por eso, España cuenta con una hemeroteca llena de planes de reforestación. Sin embargo, lamenta González Pan, es que estos no evitan que el monte “vuelva a arder 60 o 80 años después”. “Esa es nuestra tragedia, volvemos a quedarnos en el punto cero otra vez y toca volver a esperar años para la regeneración”, matiza.

“Debemos mejorar la infraestructura de defensa para tratar de evitar que se produzcan de nuevo. Si se produjo un incendio tan grande es porque no teníamos una red sólida de defensa frente a los incendios”, explica Iglesias Aranz.

Corella considera que la estrategia debe ir más allá y abrir nuevas ventanas: “Gestionar el territorio nos ayudará a prevenir, pero también nos permitirá impulsar la bioeconomía, generar oportunidades en el medio rural y descargar la presión demográfica de las ciudades, entre otras”. La vicedecana insiste en que “no podemos dar la espalda” al 60% del territorio, que es el forestal. “¿Cómo es posible que un espacio que tiene tantísimos recursos no esté generando oportunidades en nuestra sociedad?”, reflexiona.

En general, insisten en que debe cuidarse el territorio. “Tenemos un paisaje de mosaico, que se convierte en cortafuegos. Pero sí está descuidado, como por ejemplo en el incendio de Zaragoza, el fuego sobre la superficie agraria va a mucha más velocidad”, expone el técnico forestal. Coincide Corella, que indica que “si no se trata”, puede convertirse en “mecha” para el siguiente incendio: “En nuestro país hay muchas zonas que se han regenerado después de un gran incendio. Por ejemplo, la Riba de Saelices, en Guadalajara, se ha regenerado, pero necesita un tratamiento. Si ahí volviera a entrar el fuego, yesca otra vez”.

Todos los expertos coinciden en que el cambio climático ha fomentado estos incendios por “las altas temperaturas, la pérdida de humedad de la vegetación, vientos fuertes”, pero González Pan señala a la ciudadanía: “El problema de todo esto es que si miramos para atrás, el 95% de los incendios no los provoca el cambio climático, son provocados por origen humano”. Por ello insta a que “se cometa menos imprudencias”: “La regeneración es trabajo de años, hay que hacer prevención sobre la víctima, el bosque, y sobre el que lo genera”.

Según los datos de la Unidad de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado, más del 90% de los incendios forestales en España son causados por los humanos ya sea adrede, por accidentes o una negligencia. El 70% de los siniestros investigados se atribuyen a la última categoría. Pero el cambio climático es un factor que aviva estas catástrofes forestales porque “afecta al rigor climatológico”, cuestión que perjudica a la “evolución del fuego, a la severidad y, por consiguiente, a la forma de abordar la restauración de los incendios”, según Iglesias Ranz. El divulgador ambiental, David del Rosario, explica que este fenómeno “complica y ralentiza” la recuperación, además “aumenta la posibilidad de haya otro incendio antes de que se regenere el ecosistema”.

Marta Corella subraya que la naturaleza sigue un “proceso adaptativo” y que, mediante la Estrategia Forestal Española horizonte 2050 y el Plan Forestal 2032, el objetivo es “llegar con el territorio adaptado” a esta situación. “Si nosotros actuamos bien y si no actuamos es igual, al 2050 te garantizo que la naturaleza llegará adaptada”, sintetiza. Y alerta de la situación: “Es algo muy serio lo que estamos viendo, creo que la gente no está entendiendo la magnitud”.

El ovillo lo empezó a deshilar Vanuatu, una pequeña república insular del Pacífico de apenas 320.000 habitantes. Amenazada por el aumento del nivel del mar, sus representantes jurídicos presentaron a principios de esta década una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) para aclarar la responsabilidad de los países en la batalla por frenar el calentamiento global. Hace justo un año, los 15 jueces del máximo tribunal de la ONU concluyeron por unanimidad que no luchar contra el calentamiento suponía una violación del derecho internacional. También que los Estados más afectados por los daños que acarrea la crisis climática —menos responsables por sus bajas emisiones— están habilitados a exigir reparaciones en los tribunales.

En aquella histórica opinión consultiva, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, señalados como principales responsables del nuevo —y peligroso— clima se defendieron argumentando que hasta finales de la década de los 80 no tuvieron conocimiento de los peligros del cambio climático provocado por los combustibles fósiles. Sin embargo, el archivo científico —una cronología publicada en una investigación que acaba de ver la luz— contradice esta tesis.

El informe, elaborado por los abogados del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), revela que numerosos gobiernos conocían desde hace décadas —incluso desde finales del siglo XIX— que la quema de combustibles fósiles iba a elevar la temperatura del planeta y que sus consecuencias serían graves para las personas y los ecosistemas.

Basándose en archivos gubernamentales, informes científicos, memorandos oficiales y otros registros, el estudio Alertas tempranas: conocimiento gubernamental del cambio climático y responsabilidad legal por los daños climáticos concluye que los funcionarios de muchos de los países que son los mayores emisores históricos del mundo, tenían advertencias muy creíbles sobre los riesgos climáticos de los combustibles fósiles desde al menos la década de 1960 y, en algunos casos, incluso antes.

Los datos recopilados “refutan directamente” los argumentos presentados por varios Estados con altas emisiones ante la CIJ, según los cuales no cabía esperar que los gobiernos actuaran en materia climática antes de finales de la década de 1980, cuando empezaron las negociaciones que derivaron en la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. Por el contrario, los registros históricos demuestran que estas administraciones tuvieron acceso a evidencia científica, financiaron investigaciones sobre el clima y debatieron los riesgos de las emisiones de combustibles fósiles mucho tiempo antes.

El hallazgo, explican sus autores, trasciende el “interés histórico”. Tiene relevancia jurídica. Puede servir para demostrar que los Estados incumplieron durante décadas su obligación de prevenir el daño climático. “Los gobiernos han argumentado que no podían actuar porque desconocían la situación. Sin embargo, los datos históricos demuestran lo contrario”, explica Lindsay Fenlock, investigadora principal de CIEL. “La evidencia científica que hemos recopilado demuestra que los peligros de los combustibles fósiles no surgieron de la noche a la mañana a finales de la década de 1980. Los gobiernos ya tenían información contrastada décadas antes. Esta evidencia es importante porque la responsabilidad por la crisis climática no solo depende de lo que los gobiernos hicieron o dejaron de hacer, sino también de lo que sabían y cuándo lo supieron”, añade.

El informe documenta que los gobiernos recibieron repetidas advertencias de que el uso continuado de combustibles fósiles podría provocar un aumento de las temperaturas y del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos y daños ambientales generalizados. Sin embargo, la producción y el consumo de combustibles fósiles “siguieron expandiéndose” después de que esos riesgos se volvieran previsibles.

Nikki Reisch, directora del Programa de Clima y Energía de esta organización, revela que “una de las mayores injusticias de la crisis climática es que gran parte de ella era evitable”. “Una vez que los Estados supieron de estos impactos, tenían el deber legal de actuar. Este informe ayuda a determinar cuándo surgió ese deber y si décadas de demora conllevan consecuencias legales en la actualidad. En medio de olas de calor mortales y un aumento constante del nivel del mar, este informe nos recuerda cuánto daño se podría haber evitado si el conocimiento temprano de los gobiernos sobre el cambio climático no se hubiera topado con las campañas de negación, engaño y dilación de la industria de los combustibles fósiles”, subraya esta abogada.

Las evidencias

En el caso de Estados Unidos, el país que más dióxido de carbono ha emitido en toda la historia, la cronología del informe comienza en 1859, cuando el físico irlandés John Tyndall demostró experimentalmente que gases como el CO₂ “atrapaban el calor en la atmósfera”, sentando las bases del efecto invernadero.

En 1896, el químico sueco Svante Arrhenius fue un paso más allá, al calcular que duplicar la concentración de CO₂ podría elevar significativamente la temperatura media del planeta. Aquellos descubrimientos científicos, revela este documento, cruzaron el océano Atlántico y llegaron a los oídos de los políticos norteamericanos. No en vano, a lo largo del siglo XX, Estados Unidos se convirtió en el principal impulsor de la investigación climática.

En 1938, el ingeniero británico Guy Stewart Callendar presentó evidencias de que la temperatura global ya estaba aumentando como consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Dos décadas después, el científico estadounidense Charles David Keeling comenzó a medir de forma sistemática la concentración de CO₂ en el Observatorio de Mauna Loa (Hawái), dando origen a la célebre Curva de Keeling, que mostraba un incremento continuo del dióxido de carbono en la atmósfera. En 2026, los datos del observatorio indican que el CO₂ superó las 430 partes por millón (ppm), nuevo récord histórico.

Para mediados de siglo, las advertencias ya habían llegado a Washington. En 1965, el President's Science Advisory Committee, órgano asesor científico de la Casa Blanca, entregó al presidente Lyndon Johnson un informe que alertaba de que la quema continuada de combustibles fósiles estaba alterando la composición de la atmósfera y podría provocar un calentamiento global con cambios de gran alcance en el clima.

Según Fenlock y Reisch, esta cronología demuestra que las autoridades estadounidenses no solo tuvieron conocimiento científico sólido décadas antes de la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) o de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, “sino que recibieron advertencias oficiales cuando aún era posible actuar con mucha mayor anticipación”.

Estados Unidos no fue una excepción

La investigación reconstruye cómo entre las décadas de 1960 y 1980 otros países industrializados también recibieron advertencias científicas cada vez más precisas sobre las consecuencias de seguir quemando carbón, petróleo y gas.

En Reino Unido, uno de los países con mayor tradición en investigación atmosférica, científicos del Met Office —el servicio meteorológico nacional— y de universidades británicas participaron desde los años 60 en estudios internacionales sobre el aumento del CO₂. Ya en esa fecha, el Gobierno tuvo acceso a informes que vinculaban el crecimiento de las emisiones con un calentamiento global de origen humano.

En Alemania Occidental, el debate científico sobre el clima llegó a las instituciones políticas en la década de 1970. Investigadores alemanes participaron en programas internacionales impulsados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otras organizaciones científicas. Para ese entonces, según los datos obtenidos, las autoridades seguían de cerca las evidencias sobre el efecto de la industria fósil en la atmósfera.

El informe también sitúa a Canadá, Noruega, Australia e Italia entre los países que disponían de información suficiente para comprender la magnitud del problema décadas antes de la adopción de los grandes acuerdos climáticos internacionales. La Guerra Fría no impidió que este conocimiento científico cruzara el Telón de Acero. Científicos de la Unión Soviética participaron desde los años setenta en programas internacionales sobre cambio climático y compartieron con colegas occidentales investigaciones que advertían de las “preocupantes consecuencias” del aumento del dióxido de carbono.

Al cabo, el trabajo del CIEL saca a la luz que la acumulación de estas evidencias confirma que el conocimiento del riesgo climático no fue patrimonio de un solo país ni el resultado de un descubrimiento tardío en los años 90. Por el contrario, existió un documentado consenso científico, conocido por numerosos gobiernos durante décadas, que no alteró los planes de crecimiento y expansión de la industria de los combustibles fósiles.

La falta de acceso mantiene todavía fuera del conocimiento humano algunos territorios enteros, protegidos por condiciones que impiden observarlos y recorrerlos plenamente. La Antártida representa una de esas fronteras, porque gran parte de su superficie permanece cubierta por una capa helada que oculta el relieve y limita cualquier exploración sobre el terreno.

Esa barrera mantiene fuera de la vista montañas, valles y cauces antiguos, de modo que conocer el continente exige medir aquello que permanece enterrado y reconstruirlo mediante técnicas capaces de atravesar el hielo.

Bedmap3 reconstruye el relieve oculto bajo la capa helada

Ese territorio oculto quedó descrito con Bedmap3, el mapa más detallado elaborado hasta ahora sobre el lecho antártico y publicado en Scientific Data. El proyecto, dirigido por un equipo internacional encabezado por Hamish Pritchard, glaciólogo del British Antarctic Survey, reúne más de seis décadas de mediciones tomadas desde aviones, satélites, barcos y expediciones con trineos tirados por perros. Su resultado permite representar la Antártida como si desaparecieran los 27 millones de kilómetros cúbicos de hielo que cubren el continente.

Una de las correcciones principales afecta al lugar donde el hielo alcanza su mayor espesor, que durante años se situó en la cuenca Astrolabe, en Tierra Adelia. Bedmap3 traslada ese récord a un cañón sin nombre de Tierra de Wilkes, situado a 76,052 grados sur y 118,378 grados este, donde la capa llega a 4.757 metros.

El mapa también muestra cordilleras, llanuras, antiguas redes fluviales, cuencas profundas e islas enterradas bajo un paisaje helado que durante millones de años impidió observar su forma.

Los investigadores ampliaron la base de datos con millones de registros

La precisión alcanzada cambia la forma de estudiar el movimiento del hielo, porque Bedmap3 trabaja con cuadrículas de 500 metros frente a los cinco kilómetros de versiones anteriores. Esa escala permite distinguir valles y montañas subglaciales que antes aparecían borrosos, además de seguir los surcos que conducen el hielo desde el interior hasta el océano. Pritchard explica que el relieve condiciona la velocidad del hielo: “Las crestas frenan su avance, mientras que las hondonadas y las superficies lisas permiten que acelere”.

Aunque el mapa reduce muchas lagunas, amplias zonas siguen poco estudiadas, especialmente bajo las plataformas de hielo y en áreas próximas a montañas, costas y nunataks. Las futuras misiones tendrán que ampliar esas mediciones con tecnologías capaces de trabajar donde el espesor resulta difícil de calcular.

Esa necesidad coincide con un deterioro ya registrado, ya que el seguimiento por satélite indicó que la Antártida perdió 168.000 millones de toneladas de hielo en 2023, el sexto registro anual más alto, por la aceleración de glaciares del oeste y el deshielo récord en la península.

Para completar las áreas con pocas observaciones, el equipo incorporó 84 nuevas campañas aéreas, 52 millones de datos y 1,9 millones de kilómetros lineales de mediciones. En zonas cercanas a afloramientos rocosos, donde el hielo es fino y las lecturas resultan difíciles, los investigadores aplicaron modelos matemáticos basados en su desplazamiento para estimar el grosor. En total, la nueva versión reúne 277 estudios de espesor y 82 millones de datos, con mejoras alrededor del polo sur, la península, la costa occidental y las montañas Transantárticas.

El relieve submarino aumenta la exposición de parte del hielo

El volumen calculado apenas cambia respecto a estimaciones anteriores, aunque la descripción del relieve resulta mucho más precisa. La Antártida conserva unos 27,17 millones de kilómetros cúbicos de hielo sobre 13,63 millones de kilómetros cuadrados, con un grosor medio de 1.948 metros si se incluyen las plataformas y de 2.148 metros cuando se excluyen. Si toda esa masa se derritiera, el nivel del mar subiría 58 metros, mientras que el National Snow and Ice Data Center atribuye a las capas de hielo cerca de un tercio del aumento global registrado entre 2002 y 2017.

La forma del lecho también revela que una porción mayor de la calculada descansa sobre roca situada por debajo del nivel del mar, donde el agua oceánica templada puede avanzar bajo los bordes y favorecer la pérdida de hielo. Bedmap3 incorpora además zonas de apoyo transitorio, en las que las plataformas tocan el fondo marino durante la marea baja y alteran la dinámica del hielo y la circulación oceánica.

Peter Fretwell, especialista en cartografía del British Antarctic Survey y coautor del estudio, advierte: “Bedmap3 muestra que la Antártida es algo más vulnerable de lo que se pensaba”.

Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. “Es irrebatible lo que producen los plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente”, destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.

Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.

Políticos y empresarios señalan el “modelo exitoso” del campo y publicitan las “ganancias” vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma

El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.

La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.

“La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo”, es una de las conclusiones de la investigación.

En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018. Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.

“Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas”, resume Fernández.

En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.

El estudio del Instituto de Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.

La investigación alerta: “Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas”.

Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido “principio precautorio” (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.

La investigación concluye: “Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de plaguicidas”.

Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad

La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.

La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.

Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.

“Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición”, remarca el trabajo.

Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: “Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables”.

La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): “A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática”.

Fernández remarca que “los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen”.

Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.

“Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades”, instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.

En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.

Este artículo se publicó originalmente en la Agencia Tierra Viva.

El Niño dejó de ser un pronóstico. El fenómeno ya se manifiesta en Argentina en zonas ribereñas con crecidas repentinas y familias evacuadas. Mientras las provincias se preparan y destinan fondos para la emergencia, Nación organizó para el próximo lunes una cumbre en Chaco junto a los gobernadores. “Esperemos que no sea solo una foto, lo que se necesita son fondos y recursos”, deslizaron desde una gobernación del NEA sobre el Plan Federal ENOS, la estrategia oficial para enfrentar a El Niño.

Sin embargo, el Plan –que reconoce que El Niño de 2015/16 dejó más de US$687 millones en daños directos y pérdidas económicas superiores a los US$3.065 millones– no destina presupuesto. La resolución 559/2026 que lo aprueba detalla que es un plan de “coordinación” que descansa sobre tres organismos que el propio gobierno vació: el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y Vialidad Nacional. También el texto deja en claro el orden de prioridades. Avisa explícitamente que los municipios tendrán que hacerse cargo y, en caso que no puedan, tendrán que pedir ayuda a la provincia. Recién después pueden solicitar la intervención Nación.

En tanto, los especialistas aseguran que ya no hay tiempo para nuevas obras, previendo que en octubre comenzará el fenómeno con mayor intensidad. Igualmente, los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, establecido por Ley 26.181 en 2006 para la realización de obras que mitiguen inundaciones, actualmente tiene otro destino: están colocados en letras del Tesoro.

“El Fondo tiene $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP”, reveló al pasar el ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni a fines de abril en el Congreso. “Es una vergüenza que usen los recursos para la timba financiera y no para hacer obras urgentes”, se quejó la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal).

A su vez, en el Gobierno se entusiasman con “la otra cara de El Niño”. En un país cuya topografía también produce desigualdad –donde en los bajos del NEA y en los barrios populares al borde de los arroyos habrá evacuación y pérdida–, alientan a los productores a invertir en las lomas bien drenadas de la región pampeana donde El Niño será un “aliado” que permitirá una buena entrada de divisas (las proyecciones privadas calculan unos US$37.000 millones para la campaña 2026/27, el mejor escenario desde 2020).

“Estemos preparados para invertir”, se entusiasmó el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en la Exposición Rural, durante la charla “Excesos hídricos y oportunidades productivas: las dos caras de El Niño”, en la que expusieron integrantes del Plan de Coordinación Federal ENOS y de un Comité de Emergencia Niño 2026/27. “Este parece ser un año que nos va a devolver todo lo que le pongamos”.

El fenómeno ya empezó y las provincias se adelantan

El Niño es un calentamiento del océano Pacífico que ocurre cada dos a siete años y altera el clima de todo el planeta. El calor del mar cambia la circulación del aire, y el resultado se reparte al revés según la región: sequía en Australia y el sur de África, lluvias por encima de lo normal en buena parte de Sudamérica. En la Argentina significa más precipitaciones, crecidas de ríos y temperaturas altas, sobre todo en el Litoral y el NEA. La Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio del evento el 12 de junio y un mes después la NOAA estimó un 81% de probabilidad de que alcance intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre, lo que lo ubicaría “entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico”.

El fenómeno ya comenzó a manifestarse en Argentina. El 24 de julio el caudal del río Uruguay frente a El Soberbio, Misiones, pasó de 4.700 a 17.100 metros cúbicos por segundo en un día y 41 familias tuvieron que ser evacuadas. Esa misma jornada se cerró el acceso a la Garganta del Diablo y, del lado brasileño, la represa de Foz de Chapecó abrió de urgencia compuertas y vertederos. Cuatro días después la marca del puerto de Concordia rozaba los 9,90 metros y el agua cubría las playas de la costanera baja. En Colón el río casi duplicó su escala en una semana y llegó a 5,90.

Chaco declaró la Emergencia Hidrometeorológica hasta el 31 de agosto y habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones. Santa Fe anunció uno de $10.000 millones, sumó cuatro helicópteros y ordenó la limpieza de canales. Corrientes activó el 3 de julio un plan de contingencia con Defensa Civil, Obras Públicas, Salud y la Municipalidad de la capital: en Paso de los Libres estiman hasta 1.500 evacuados si el río alcanza los niveles de 1998. Misiones puso en marcha su Plan Provincial de Emergencia y Buenos Aires presentó un diagnóstico del escenario climático ante la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario.

Un protocolo con organismos debilitados para un fenómeno que ya empezó

En paralelo, Nación aprobó un protocolo. El Plan ENOS alcanza a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y la Ciudad, y rige hasta el segundo semestre de 2027. En la práctica hace cinco cosas: monitoreo semanal del fenómeno, mapas georreferenciados, alertas tempranas, mesas de coordinación con las provincias e informes operativos. Ante una emergencia confirmada habilita un comando unificado y un despliegue en tres niveles, de verde a rojo, según alcancen los recursos del municipio, los de la provincia, o haya que traer medios desde otros puntos del país.

Los tres organismos que sostienen ese esquema llegan en su peor momento. El Servicio Meteorológico Nacional acumula una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023 y despidió a 140 trabajadores en abril, en su mayoría observadores de las 125 estaciones del país. “La falta de mediciones redunda en falta de datos que se pierden y no se pueden recuperar”, explicó a elDiarioAR Silvina Romano, delegada de ATE en el organismo. Sin esos datos, advirtió, se debilitan los pronósticos y queda en riesgo “el Sistema de Alertas Tempranas, cuyo objetivo fundamental es salvar vidas y evitar pérdidas materiales”. El Instituto Nacional del Agua, que pronostica las crecidas, perdió su autarquía por decreto, redujo un 35% su personal y funciona sin director designado, con el presupuesto más bajo en veinticinco años. Vialidad Nacional, que despeja las rutas por donde se evacúa, fue disuelta por decreto en julio de 2025; la Justicia frenó la medida y el Gobierno apeló.

El fondo para obras hídricas, inmovilizado en Letras del Tesoro

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. La Ley 26.181 fija que el destino de los recursos son obras, mantenimiento, recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones. Nada de eso incluye letras del Tesoro, pero actualmente esos fondos están invertidos en LECAP según confesó el propio Gobierno. Mientras el dinero rinde intereses, el Plan Maestro del Río Salado –que abarca 59 municipios bonaerenses y a más de 1,5 millón de habitantes– tiene el Tramo IV paralizado bajo responsabilidad nacional. “Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras”, reclamó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Bahía Blanca como antecedente

Bahía Blanca ofrece un antecedente reciente de la respuesta oficial frente a una emergencia climática. Tras el temporal que devastó la ciudad en marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción. El Gobierno la vetó y mantuvo un esquema de subsidios por vivienda. Se inscribieron 37.546 personas, pero nunca se informó cuántas cobraron ni en qué estado se encuentra la reconstrucción.

En febrero de 2025, Milei atribuyó el calentamiento global a “los ciclos naturales de temperatura del planeta” y calificó de “fraude” a la agenda ambientalista. Un año y cuatro meses después, la Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio de El Niño. Su secretaria general es la argentina Celeste Saulo, exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional, el mismo organismo que el Plan de Coordinación ENOS considera clave para el monitoreo del fenómeno y que perdió casi el 40% de su presupuesto real desde 2023.

LN/MG

Para entender cómo un fuego puede llegar hasta aquí, hay que levantar la vista al cielo.

Los distintos sistemas de satélites que observan Europa a diario permiten estudiar la evolución de un incendio a partir de varios parámetros y reconstruir así una imagen completa de la 'vida' de un fuego. Todo, a vista de pájaro: mientras las detecciones del proyecto FIRMS de la NASA y las imágenes de los satélites del programa Copernicus muestran el inicio y la expansión del fuego, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) permite ver cómo influye la meteorología -sobre todo el viento- en su avance.

A diferencia de los anteriores, que orbitan la Tierra y solo pasan unas pocas veces al día, los satélites Meteosat que alimentan este sistema están fijos respecto al planeta, siempre mirando hacia Europa. Por eso captan imágenes de forma continua y permiten seguir el desplazamiento del fuego a través de la columna de humo que genera.

Y ese viento es la clave de lo que pasó. Debajo, las imágenes animadas de EUMETSAT muestran cómo, durante los primeros días, soplaba hacia el norte: la estela de humo llegó a alcanzar los Pirineos. Pero en la mañana del sábado giró y empezó a empujar el fuego hacia el sur, hacia el Valle del Tiétar. Era el escenario más temido por los servicios de emergencia, porque acercaba los dos grandes frentes -el de Ávila y el de Madrid- hasta hacer que “se buscaran”, como acabó ocurriendo. Ese giro es, en buena parte, lo que explica cómo se transformó el incendio.

El incendio que arrasó 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia y que provocó la evacuación de 220.000 personas sigue activo este lunes, aunque se mantuvo “en general estable” a lo largo la noche del domingo, “sin cambios significativos que destacar” tras varios días de rápida progresión, según adelantó la delegación de Gobierno del departamento de Gironda.

Sin embargo, aunque en las últimas horas la situación parece encaminarse hacia una tregua temporal con menos focos activos, las autoridades francesas temen los efectos de una nueva ola de calor, prevista a en la región a partir del martes, con temperaturas máximas de hasta 40 °C y vientos algo menos fuertes pero más secos, según las previsiones. “[Será] una carrera contrarreloj antes de la subida de temperaturas prevista”, afirmó el portavoz de los bomberos franceses, Eric Brocardi, entrevistado el lunes por la mañana en la radio pública France Inter, en relación a las labores de extinción en los próximos días.

“Un fenómeno nunca antes observado en Francia”

Los expertos también señalan que la evolución de este incendio resulta particularmente difícil de prever, ya que generó un pirocumulonimbo –una nube creada como resultado de una potente fuente de calor– y está creando unas condiciones meteorológicas propias. “Es una situación totalmente inédita”, aseguró hace unos días el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez. “Nunca habíamos visto algo así, un incendio convectivo [capaz de generar su propio viento] de esta magnitud”.

“Hacia las 18:20 del viernes, el incendio se transformó en un pirocumulonimbo, un fenómeno nunca antes observado en Francia”, explicó Marc Vermeulen, el director del Servicio Departamental de Lucha contra Incendios y de Rescate de Gironda, en una rueda de prensa, en la que equiparó esta nube a una “tormenta de fuego”. Se trata de “incendios extremos, caracterizados por unas condiciones meteorológicas extremadamente favorables a la combustión y a la propagación”, precisó el servicio público Météo France en un comunicado el fin de semana. Estas condiciones meteorológicas implican una sequía grave, que convierte la vegetación en “una gran cantidad de combustible disponible” para que estos incendios “puedan alimentarse de energía suficiente”.

“[Son] incendios extremos, caracterizados por unas condiciones meteorológicas extremadamente favorables a la combustión y a la propagación

Météo France

De hecho, el incendio, que redujo a cenizas más de 240 viviendas y ha dejado 84 bomberos heridos, ya se perfila como uno de los más graves registrados en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. A modo de comparación, el gran incendio que arrasó el bosque de las Landas en 1949, el más letal de la historia del país, calcinó unas 50.000 hectáreas.

El avance

El fuego se declaró el pasado miércoles en la localidad de Saumos, al oeste del departamento. Un incendio que “parece tener su origen” en unos trabajos de desbroce “que habían comenzado poco antes”, según informó este lunes Renaud Gaudeul, fiscal de Burdeos, ante los micrófonos de Franceinfo. El fiscal dijo que es necesario “analizar en qué condiciones se llevaron a cabo esos trabajos”, aunque según los primeros datos de la investigación, “los responsables no infringieron la normativa vigente en ese momento”, También precisó que la investigación se encuentra aún en sus primeras etapas.

Las llamas amenazaron en primer lugar la península de Cap-Ferret, en la costa atlántica, y después los alrededores de la turística bahía de Arcachon, antes de aproximarse el domingo a sólo unos 15 kilómetros de la zona metropolitana de Burdeos. En las últimas horas, el incendio se había desplazado hacia el sureste, en dirección a Marcheprime, una localidad situada en la línea ferroviaria entre Burdeos y Arcachon —que ha quedado cortada— cerca de la autopista A63, cerrada el domingo por la noche entre Burdeos y el País Vasco.

La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, aseguró el lunes por la mañana que “la evacuación de Burdeos no está prevista” en este punto. Bregeon también señaló que se estaba monitorizando con “gran atención” las distintas instalaciones industriales o de almacenamiento de sustancias peligrosas situadas en las zonas de Gironda cercanas al incendio activo.

Situación excepcional

A la violencia del fuego cercano a Burdeos se añaden “entre 30 y 40 incendios” activos en toda Francia. En lo que va de año, las llamas “arrasaron unas 115.000 hectáreas”, una cifra “absolutamente excepcional, mucho más de lo que se había registrado en el pasado”, según anunció el domingo el ministro del Interior en televisión.

Emmanuel Macron presidió este lunes un gabinete de crisis en el Ministerio del Interior, antes del Consejo de Ministros. Está previsto que se desplace a Gironda la tarde del lunes para reunirse con “las fuerzas movilizadas” y “los representantes locales”, según anunció el Elíseo.

La semana pasada, Francia había solicitado la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. “Pronto podremos contar con el refuerzo de dos Canadair croatas, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros pesados Black Hawk checos y eslovacos”, afirmó Macron hace unos días. Rumanía, Alemania, Suecia y Suiza también respondieron a la llamada, enviando al suroeste de Francia recursos aéreos y personal para combatir el incendio.

Además, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la movilización de 500 militares adicionales, ocho nuevas unidades de las fuerzas móviles de la policía y la gendarmería, además del envío de 1,5 millones de mascarillas FFP2. Aunque los otros fuegos activos en el país —en especial los del departamento mediterráneo del Var y en Córcega— también requieren importantes medios humanos y materiales. Y las previsiones para las próximas semanas son preocupantes, ya que la temporada de incendios “está lejos de haber terminado y se presenta aún muy complicada”, según reconoció Laurent Nuñez este lunes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Macron y los sucesivos gobiernos que nombró durante su mandato están recibiendo críticas por parte de los distintos partidos de la oposición, que le reprochan no haber destinado suficientes medios a la prevención y adaptación y no haber hecho suficiente por la protección del medio ambiente.

En este sentido Eric Brocardi, portavoz de los bomberos franceses, lanzó un llamamiento el lunes en relación a la falta de acción a lo largo del año, subrayando que el problema sólo se aborda en verano con los incendios en curso. “Nosotros lo que tememos es que, en septiembre, se avecine otro inicio de curso [político] y se olvide lo que ocurrió en julio. Entonces, la Federación Nacional de Bomberos de Francia estará allí para recordarlo”.

Evacuaciones

Por otro lado, las autoridades francesas confirmaron el lunes que no hay que lamentar víctimas entre la población. En cuanto a las evacuaciones, que afectan a 220.000 personas, informaron de que actualmente hay abiertos 12 puntos de acogida, repartidos en nueve municipios, en ciudades como Burdeos, Toulouse o Agen. Las prefecturas declararon que las personas evacuadas no podrán regresar a sus hogares hasta que se haya controlado el incendio.

Además preocupa el grave deterioro de la calidad del aire como resultado de los incendios en las regiones de Occitania (cuya capital es Toulouse) y de Nueva Aquitania (cuya capital es Burdeos). Los observatorios regionales en la materia declararon el domingo la alerta roja en varios de los departamentos debido a que se superó el umbral de alerta por contaminación por partículas en suspensión (PM10).

Y el megaincendio de Gironda no parece que vaya a poder ser extinguido en los próximos días. De hecho, según advirtió la Federación Nacional de Bomberos de Francia, el fuego en este departamento podría “durar varias semanas, o incluso meses”.

El Gobierno evitó que el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco votara la decisión sobre el estado de conservación de Península Valdés, en el marco del conflicto por la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías. Según pudo saber elDiarioAR, la Cancillería logró que se aprobara una moción presentada por Perú para postergar el tratamiento del texto hasta la próxima sesión del organismo, prevista para 2027.

La semana pasada, este medio había informado que la Unesco le pidió al Estado argentino que suspenda “cualquier obra de construcción en curso” vinculada al oleoducto hasta tanto se presente al Centro del Patrimonio Mundial una evaluación de impacto ambiental que despeje las dudas sobre los riesgos para la fauna marina y la integridad del sitio, ubicado a apenas 30 kilómetros de la terminal portuaria de Punta Colorada. El documento, difundido en la 48.ª sesión del Comité, advertía además sobre el “riesgo potencial de daño irreversible” al Valor Universal Excepcional de la península.

Con la moción de Perú, que contó con el apoyo de Jamaica, Senegal, Granada, Tanzania y Turquía, el Comité resolvió no adoptar el texto de la decisión sobre Vaca Muerta Sur en esta sesión y dar a la Argentina un año adicional para reunir y presentar los informes que la Unesco viene reclamando desde hace más de un año. De esta manera, el organismo evitó pronunciarse formalmente sobre si el proyecto pone o no en riesgo la condición de Patrimonio Mundial de Península Valdés, al menos hasta la sesión número 49.

El nuevo plazo fijado para la Argentina vence en julio de 2027, es decir, más de un año después de lo que la propia Unesco había estimado como fecha de inicio de las exportaciones de petróleo por la terminal de Punta Colorada. En su informe de la semana pasada, el organismo ya había señalado con preocupación que las obras preliminares estaban en marcha y que, según lo informado por las autoridades argentinas, la operación del oleoducto comenzaría a lo largo de este año. Eso implica que, cuando el Comité vuelva a analizar el caso, la infraestructura cuestionada probablemente ya esté operativa y transportando crudo desde la Cuenca Neuquina hasta la costa patagónica.

La maniobra diplomática se suma a una disputa que lleva más de dos años. El oleoducto, que YPF comenzó a construir en diciembre de 2024, solo pudo proyectarse en el Golfo San Matías después de que en septiembre de 2022 se modificara la ley provincial que protegía esa zona desde hacía más de dos décadas. Esa reforma, impulsada durante la gestión de Alberto Fernández, fue calificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como un cambio “inconsulto, apresurado y regresivo”, y el organismo pidió en octubre pasado restablecer la protección derogada. Organizaciones ambientalistas y vecinos del Golfo San Matías vienen advirtiendo desde entonces sobre los riesgos de colisión con cetáceos, la contaminación acústica submarina y los posibles derrames que podría generar la actividad portuaria a metros de la reserva.

Con la decisión postergada, la discusión sobre el futuro de Península Valdés como Patrimonio de la Humanidad queda abierta por al menos un año más, mientras las obras del oleoducto —y su eventual puesta en marcha— continúan su curso en paralelo al proceso diplomático.

La construcción de la terminal del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías volvió a toparse con un nuevo obstáculo. Este viernes, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) le pidió al Estado argentino que suspenda todas las obras en esa zona y que presente “urgentemente” información adeuda sobre el impacto ambiental que el proyecto podría tener.

“Solicita al Estado Parte (Argentina) que suspenda cualquier obra de construcción en curso relacionada con el proyecto hasta que se haya presentado al Centro del Patrimonio Mundial la evaluación solicitada”, dice el documento difundido hoy en la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial que se está desarrollando en Busan, Corea del Sur.

La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. En diciembre de 2024, YPF inició la construcción del oleoducto de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa pagónica.

El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.

Ahora la Unesco expreso que “toma nota con preocupación de los altos riesgos que plantea el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que incluiría el transporte de combustibles fósiles a través de una terminal portuaria, ubicada en el Golfo de San Matías” y le puso fecha al Estado argentino para que envíe la documentación que falta: el 1 de febrero de 2027.

En el mismo documento, el organismo de Naciones Unidas señala que “observa con preocupación que ya se están realizando las obras preliminares en la terminal portuaria y que, según se informa, la exportación de petróleo comenzará a operar en 2026”.

En cuatro oportunidades, la Unesco pidió al Estado argentino información complementaria sobre la construcción del oleoducto de Vaca Muerta que tiene una desembocadura en Punta Colorada, en el Golfo San Matías y advirtió sobre el “riesgo potencial de daño irreversible al Valor Universal Excepcional (VUE) del sitio” .

Recordó también que dicha terminal fue posible por el cambio en la legislación introducido en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, y que no hubo un “proceso participativo adecuado” para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y poder así determinar el impacto en la fauna marina, los riesgos de colisión con cetáceos, la contaminación acústica submarina y los posibles derrames de petróleo.

A pesar de los reiterados reclamos de información, la respuesta llegó recién el pasado 15 de diciembre de 2025, cuando Argentina envió al Centro del Patrimonio Mundial una evaluación donde se detallan “las medidas de mitigación y gestión ambiental para las fases de planificación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, así como los mecanismos de monitoreo y control”.

Sin embargo, para la Unesco “no está claro si la EIA (Evaluación de Impacto ambiental) evalúa adecuadamente los posibles impactos del proyecto” y si efectivamente se puede “garantizar que no haya impactos negativos”. El organismo también resalta que “existe información limitada sobre cómo se gestionarían los posibles riesgos durante la fase operativa del proyecto en caso de incidentes accidentales”.

Por último, también destaca que existe una dificultad “vinculada a la fragmentación de las responsabilidades institucionales entre las jurisdicciones provinciales”, es decir entre Río Negro y Chubut.

“El Comité del Patrimonio Mundial, Toma nota con preocupación de los altos riesgos que plantea el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur”, sintetiza el documento.

En octubre del año pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor red global ambiental, exhortó al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro a restablecer la protección ambiental del Golfo San Matías y les pidió suspender los proyectos que amenacen su biodiversidad.

“El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, en su sesión de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos): EXHORTA a la República Argentina y a la provincia de Río Negro a derogar toda norma que disminuya el umbral de protección del Golfo San Matías, incluyendo el restablecimiento de la protección brindada por la Ley 3308, y a garantizar la conservación de la biodiversidad cancelando todo proyecto que pudiera comprometerla”, señaló la resolución votada por la UICN.

Y agregó que la Ley 3308 “fue modificada de manera inconsulta, apresurada y regresiva en el año 2022 poniendo en riesgo la integridad ambiental del Golfo San Matías a partir de proyectos que allí buscan instalarse”.

CC

Parte de Europa sigue este viernes en vilo por las llamas, con incendios forestales fuera de control y miles de desalojados en países como España, donde preocupan sobremanera los declarados en el centro del país; y Francia, con múltiples focos activos y un fuego “XXL” en la bahía de Arcachon.

Ambos países recurrieron a Bruselas ante la gravedad de la situación para solicitar recursos a sus socios. En el caso de España, la Comisión Europea movilizó ya cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, según confirmó hoy la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen.

Por su parte, Francia activó asimismo el jueves el Mecanismo Europeo de Protección Civil de la UE y recibió el apoyo de un Canadair croata, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros bombarderos de agua procedentes de Eslovaquia.

Incendio “XXL” en Francia

En Francia, los servicios de extinción combatían esta mañana 32 fuegos activos, con el más importante de la temporada en la turística bahía de Arcachon, donde ardieron más de 10.000 hectáreas y se hicieron más de 40.000 evacuaciones, según el ministro del Interior.

El incendio en ese área (departamento de Gironde) y otro en el cercano de Las Landas -ambos en la región de Nueva Aquitania- son los dos más graves y continúan descontrolados en el suroeste del país, donde unas 63.000 personas fueron desalojadas en las dos zonas afectadas.

En el de Gironde, tildado de fuego “XXL, imprevisible” por la delegada del Gobierno de Nueva Aquitania y de Gironde, Sophie Brocas, no se registraron víctimas mortales entre la población civil pero un bombero resultó herido por la explosión de una conducción de gas durante las labores de extinción.

De acuerdo con el balance provisional, unas 80 viviendas resultaron afectadas, de las cuales alrededor de 50 quedaron destruidas. Es un incendio que presenta un comportamiento “muy difícil de controlar”, con focos secundarios capaces de propagarse hasta un kilómetro por delante del frente principal.

En Biscarrosse, en Las Landas, otro incendio declarado el jueves quemó unas 2.500 hectáreas y obligó a evacuar a unas 23.000 personas, incluidas 5.000 de campings en Parentis-en-Born y 18.000 residentes de Biscarrosse.

En él no se registraron víctimas mortales, aunque un centenar de viviendas resultaron quemadas o dañadas, según un balance provisional.

El tercero, en la zona de Var, entre Marsella y Niza, comenzó hace varios días y recorrió unas 3.700 hectáreas, lo que forzó la evacuación de unas 500 personas, además de afectar a unas 60 viviendas.

Otro fuego, provocado por un rayo en una zona montañosa de difícil acceso del departamento de Altos Alpes, destruyó unas 240 hectáreas y sigue sin estar controlado.

Emergencia nacional en España

En España, son varias las áreas del territorio nacional afectadas desde hace días por las llamas, si bien hoy las miras están puestas en los devastadores incendios que avanzan desde ayer en el centro del país, en concreto en la Comunidad de Madrid y en la contigua Ávila (Castilla y León), aún sin control tras haberse declarado la emergencia nacional.

La jornada es, además, crítica para este país por el calor y el viento, que agravó la situación, tras confluir los fuegos madrileños en un solo foco.

En concreto, los fuegos originados en las localidades de Almorox (en Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (en Madrid) se fusionaron en un solo frente que ha obligado a desalojar otras tres áreas del suroeste madrileño y que avanza sin control con unas condiciones climáticas muy desfavorables.

Hasta el momento ya se quemaron 9.000 hectáreas en Ávila y otras 6.000 en la Comunidad de Madrid al tiempo que las autoridades locales anticipan que las próximas 24 horas serán “muy complejas” por las fuertes rachas.

Según el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trata de unos incendios forestales “dramáticos”; y la Comunidad de Madrid mantiene desplegado “el mayor dispositivo de su historia” en la lucha contra esos fuegos, como indican sus autoridades.

La superficie quemada en España hasta la fecha por los incendios este año supera las 114.000 hectáreas, conforme a datos oficiales adelantados hoy por el Ejecutivo. Se trata de una cifra cinco veces superior a la registrada en el mismo período de 2025.

EFE

La ‘ralentización’ en la disminución de la capa de hielo invernal del Ártico observada a principios de esta década llegó a su fin tras los mínimos históricos de 2025 y principios de 2026, según una investigación recogida en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias americana. El estudio, dirigido por un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, Reino Unido, en colaboración con el Centro Nacional de Oceanografía de ese país, incorpora las observaciones por satélite más recientes a las tendencias de la cobertura de hielo marino en el Ártico durante las fases de crecimiento invernal.

Los investigadores habían visto en análisis previos que el ritmo de pérdida del hielo del Ártico se había atenuado durante los inviernos a principios de la década de 2020. Sin embargo, tras incorporar a los registros los inviernos excepcionalmente fríos de 2025 y 2026, descubrieron que las tendencias de los últimos 20 años habían vuelto a mostrar un descenso significativo de hielo invernal.

“Esta fuerte caída modifica la forma en que interpretamos los cambios recientes en el hielo marino invernal del Ártico. Lo que parecía una pausa a principios de esta década ahora parece haber sido una ralentización temporal que se enmarca en un descenso a más largo plazo asociado al calentamiento global”, señala uno de los autores, Duo Chan, investigador de Ciencias Oceánicas en la Universidad de Southampton.

Un indicador clave del cambio climático

La extensión del hielo marino del Ártico está considerada un indicador clave del cambio climático. La capa de hielo invernal actúa como barrera entre el océano Ártico, relativamente cálido, y la atmósfera invernal, mucho más fría. La reducción del hielo durante los primeros meses del año hace que entre más calor y humedad del océano en la atmósfera, y ese proceso puede afectar a los patrones de circulación de las corrientes y de fenómenos meteorológicos como las tormentas, explican los autores.

Entre 2024 y 2025, la extensión del hielo marino del Ártico durante la fase de máximo invernal, de febrero a marzo, se redujo en un 5,8 %, constituyendo la mayor caída interanual en esta estación registrada por los satélites desde que comenzaron los registros en 1978.

En 2026, la extensión del hielo marino en la fase de máximo se recuperó ligeramente, pero siguió siendo la segunda más baja jamás registrada.

Para analizar los resultados con mayor profundidad, el equipo contrastó lo observado por los satélites con eventos comparables simulados utilizando los modelos de cambio climático más recientes. “Al identificar estos eventos análogos, descubrimos que una caída tan brusca como la de 2025 era inusual, pero físicamente plausible en el contexto del actual calentamiento del Ártico”, apunta Alessandro Silvano, coautor del artículo y también investigador de la Universidad de Southampton, en un comunicado del centro.

Las recuperaciones a corto plazo pueden ocultar temporalmente la tendencia a largo plazo del cambio en el hielo marino del Ártico

Duo Chan — Investigador de la Universidad de Southampton

El análisis de eventos comparables permitió a los investigadores anticipar lo que suele ocurrir tras una caída brusca del hielo marino invernal como la observada en 2025. “Es más probable que el hielo marino invernal del Ártico fluctúe en torno a un nivel más bajo durante los próximos años que lograr que se recuperen los niveles de principios de la década”, indica otro de los autores Simon Josey, investigador del Centro Nacional de Oceanografía británico.

“Las recuperaciones a corto plazo pueden ocultar temporalmente la tendencia a largo plazo del cambio en el hielo marino del Ártico. Las bajas extensiones de los primeros meses de 2025 y 2026 muestran claramente que la pérdida de hielo en el Ártico no se ha detenido, sino que continúa en un clima cada vez más cálido”, concluye Chan.