Las elecciones de mañana serán especiales. Millones de argentinas y argentinos irán a votar con una crisis atravesándoles la cara y presionándoles las orejas. Un símbolo que algunos, con retórica encendida, asimilan a la falta de libertad y otros, con evidencia científica, al cuidado del prójimo. Más allá de las interpretaciones, lo que esconderá el rostro de las y los votantes, es la realidad incómoda del mundo que construimos. La más inmediata evidencia de una crisis sanitaria que se cuenta minuto a minuto, pero cuya raíz permanece al margen de la letra catástrofe de los titulares: la crisis ecológica está en la génesis de este accidente facial; y el capitalismo —más raudamente su profundización neoliberal—, está en el origen de este atentado contra la existencia.

Esta situación, inéditamente crítica, podría acercarnos a la posibilidad de explicar lo inexplicable en condiciones normales. Acercar narrativas claras sobre la raíz de los problemas y la gravedad de sus consecuencias, la claridad del abordaje que requieren sus soluciones, el foco en la desigualdad que producen estas catástrofes, así como en el impostergable rol del Estado para planificar y ejecutar tanto la respuesta a estas emergencias, como pavimentar nuevos caminos para evitar su reiteración. Podría también convocar emociones de solidaridad y de urgencia. Pero no. En gran medida, la campaña tomó un rumbo bizarro y alterado de la realidad que ignoró este contexto y perdió una oportunidad histórica para estos años que requerirán consensos legislativos inéditos para reformar nuestro modelo productivo ampliando derechos y no retrayéndolos. 

La campaña tomó un rumbo bizarro y alterado de la realidad que ignoró este contexto y perdió una oportunidad histórica para estos años que requerirán consensos legislativos inéditos para reformar nuestro modelo productivo

Es así porque esta década es definitoria. Según los más de tres mil expertos climáticos nucleados en el IPCC, en cuatro años las emisiones de gases de efecto invernadero deben llegar a su pico, bajar a la mitad en los siguientes cinco y llegar a cero para 2050. Una hoja de ruta drásticamente ambiciosa. Es así porque durante más de treinta años las corporaciones y los gobiernos ocultaron información y retrasaron la acción necesaria para hacer frente a la crisis climática. Siguieron apostando al crecimiento infinito, la concentración por parte de las élites y el business as usual de las corporaciones petroleras que dominaron las guerras por el poder en el siglo XX. La mayoría, lo siguen haciendo.

En lo personal, hace décadas me considero un integrante, en rebeldía, de una especie suicida. El último sábado, una pregunta de las conductoras de Qué mundo nos dejaron, el programa de Jóvenes por el Clima en Radio Nacional Rock, me dejó pensando: ¿qué es lo verdaderamente suicida, la especie o el modelo hegemónico que gobierna política y económicamente sus destinos? ¿Sucumbimos ante el antropoceno, o resistimos el capitaloceno? En criollo: ¿quién nos amenaza: nosotros o el capitalismo? ¿Todos o las élites?

Buscando respuestas leí que, hace un mes, el colectivo Scientist Rebellion filtró al diario español ctxt.es el primer borrador del resumen para políticos del Grupo III del IPCC, el encargado de analizar cómo reducir las emisiones, y cómo mitigar y atenuar sus impactos. Esta filtración es categórica: “el crecimiento del consumo de energía y materiales es la causa principal del incremento de gases de efecto invernadero. El ligero desacoplamiento observado del crecimiento respecto al uso de energía [y motivado en gran parte por la deslocalización de la producción] no ha podido contrarrestar el efecto del crecimiento económico y poblacional”. 

Antes de despertar al histriónico león neomalthusiano, veamos otro fragmento: “el 10% más rico emite diez veces más que el 10% más pobre. Por eso aumentar el consumo de los más pobres hasta niveles básicos de subsistencia no aumentaría mucho las emisiones”. No somos todos, son las élites. Y ante las fieras desarrollistas, veamos una más: “Los desarrollos tecnológicos que permiten mejoras en la eficiencia y el cambio hacia fuentes de energía bajas en emisiones no bastan”. No se trata, como insisten desde la cartera que conduce Kulfas, de mejorar la eficiencia del modelo y llamar a eso “verde”, se trata de transformar la matriz productiva y abandonar la idea del crecimiento infinito. Barajar y dar de nuevo, garantizando la inclusión de los y las trabajadoras.

La escala de la transformación necesaria es revolucionaria. El capitalismo, el neoliberal y el nacional, son incompatibles con lo que requiere nuestra supervivencia. Lo demuestra la ciencia y la lógica más sencilla: el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos es magia negra.

El capitalismo, el neoliberal y el nacional son incompatibles con nuestra supervivencia. Lo demuestra la ciencia y la lógica: el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos es magia negra

Omitiendo estos análisis, algunos apuestan por mecanismos de mercado o por soluciones tecnológicas que no sólo serían suficientes para cumplir los objetivos climáticos, sino que además excluirían a millones de trabajadores haciéndolos pagar el costo de una crisis que no produjeron. Así, las élites saldrían indemnes, continuarían acumulando a partir de inversiones y la desigualdad seguiría profundizándose. Por otro lado, quienes dicen proteger a los sectores populares, no están siquiera en camino de comenzar una transición que se acerque al rumbo y la velocidad que son necesarios para no sufrir los peores impactos de un clima desatado que afectará especialmente a los más vulnerables. El extractivismo sigue siendo la norma, aunque no todos sean lo mismo.

La falta de confianza en la política facilita la irrupción de esos raros peinados nuevos que agitan el odio y resaltan la rebeldía. Rebeldía ante un orden político y democrático que es el principal freno al orden económico, al poder desatado de las élites que, a decir de uno de sus destacados representantes, Warren Buffet, están “librando y ganando la lucha de clases”. Así como la desigualdad pone en duda el estatus y la identidad percibida de sectores de altos y bajos ingresos, facilitando el ascenso de las derechas populistas, luchar contra la desigualdad y detener la dominación de las élites supone una salida contra la crisis climática, social y de representación política que atravesamos. 

Si todavía hay lugar para la esperanza es porque somos nosotras y nosotros quienes tenemos el poder de cambiar las cosas. Porque aunque los representantes nos fallen, la democracia es una conquista que no podemos relegar y que nos da la oportunidad material de transformar la realidad en forma colectiva, sin imposiciones del poder fáctico. Votar e involucrarse, son derechos que no deben mermar por el agotamiento ante la falta de soluciones. Por el contrario: más política y más derechos deben guiar el voto y la acción militante, por un planeta vivo y una humanidad resiliente.

A los experimentos ultras del poder se los combate con votos y con política. A los poderes fácticos que manejan sus hilos se los combate con más votos y más política. A los otros, también disfrazados de amigos, a esos que integran megacoaliciones identificadas como populares mientras cancelan a las voces críticas para defender sus privilegiados negocios con el poder, también se las combate con votos y con más política. Lo que debemos construir, mañana y en cada día, es una alternativa al capitalismo suicida que asegure mayores derechos dentro de los límites planetarios. Una alternativa desde abajo y desde los costados contra el poder concentrado que nos conduce, por caminos distintos, a un idéntico abismo.

MF

Esta semana, los memes y las imágenes del “Subcomandante Capibara” y otros carpinchos revolucionarios inundaron las redes sociales después de la noticia de su proliferación en los barrios cerrados de Tigre. El mítico cantante Pablo Lescano reivindicó en Instagram la preexistencia de estos roedores desde que “Nordelta era un humedal”, y el programa Pasaron Cosas (Radio con Vos) ubicó el hashtag #CarpinchosAlAtaque como primera tendencia nacional en Twitter. 

El roedor más grande del mundo se convertía así en un símbolo de clase, en una bandera contra el avance extractivo y depredador de los grupos económicos sobre los territorios naturales. La ya irreversible crisis climática y la extensa pandemia zoonótica que paralizó al mundo agigantaron la importancia política del símbolo.

La “recuperación territorial capibara” se dio casi en simultáneo a una histórica remada en kayak que culminó con miles de personas movilizadas hacia el Congreso Nacional para exigir la sanción de una Ley de Humedales, hábitat natural de esta especie. Luego de un derrotero de ocho años, estos ecosistemas que ocupan el 21% del territorio nacional siguen sin protección permitiendo el avance de megaemprendimientos inmobiliarios, la agroindustria y la minería. Humedales cuya protección es fundamental para frenar el calentamiento global y para ganar resiliencia ante las más extremas y frecuentes inundaciones o al incremento del nivel del mar. Casi una movilización consciente por la defensa de su hábitat.

Volviendo al símbolo, hay dos cuestiones centrales: el alcance de la propiedad privada y el avance del capital sobre la naturaleza. El Delta es una ecorregión que ha sido degradada sistemáticamente a través de la especulación inmobiliaria de lujo; Nordelta es su culminación más emblemática. 

En el intento por encontrar razones de la empatía que generaron estos roedores, el productor Matías Salamone me confesó su emoción por la acción de los carpinchos al considerar que “es un ejemplo muy explícito de cómo los negocios inmobiliarios estuvieron por encima de los ecosistemas y de la preservación ambiental”. Este hito, dijo Salamone, “expone la necesidad de repensar la forma de desarrollarnos urbanísticamente, considerándonos parte de la naturaleza”. Reformular, en definitiva, nuestros vínculos con el medio que habitamos en forma armónica y no dominante.

Otros discursos polarizaron con el imaginario clasista del habitante de estos barrios, inventando, por ejemplo, la figura de cartincho, al regresar a dominios nordeltenses. Hay algo reivindicativo en esa burla hacia un sector que, generalizando, tiende a ser degradante y violento hacia las clases más bajas. Idea que se ancla en ejemplos recientes como el de Pablo Matera, capitán de Los Pumas, que tuiteaba sobre “salir a pisar negros”, o el del empresario que sometió a su empleada doméstica a esconderse en el baúl para ingresar a un country durante la cuarentena. En la tragedia social que atraviesa una Argentina con seis de cada diez pibes pobres, reírse del white people problem de la “invasión” en el barrio cerrado, puede ser una válvula de escape. Aunque, claro, no es suficiente.

Más allá del recurso, esta narrativa corre el foco de donde, políticamente, es necesario mirar. Las responsabilidades por el voraz avance inmobiliario que ocupa un 40% del territorio continental de Tigre no recaen sobre los pequeños propietarios, sino sobre Eduardo Constantini (dueño de Nordelta) y, especialmente, sobre la dupla que componen Sergio Massa  y Julio Zamora, intendentes intercambiables del municipio durante los últimos catorce años.

Las responsabilidades por el voraz avance inmobiliario en el Tigre no recaen sobre los pequeños propietarios, sino sobre Eduardo Constantini (dueño de Nordelta) y la dupla que componen Sergio Massa y Julio Zamora, intendentes durante los últimos 14 años.

El nexo entre capital y política demostró que el extractivismo urbano —en este caso, claramente alineado al expansionismo del capital sobre los bienes comunes— se orienta a un lujo que enriquece a minorías, en detrimento de los derechos de las grandes mayorías. Esto, sin mencionar los derechos (aún) no reconocidos de las especies autóctonas que habitan la región. Los countries de la zona se han construido sobre humedales, alterando el flujo natural del agua y generando un impacto directo en los territorios que no gozan de la protección que, ante un Estado retraído, brinda el capital concentrado. Necropolítica pura y dura.

La identitaria defensa del libre albedrío de la propiedad privada hermanada con una laxa y conveniente regulación por parte de un Estado permeable, logra la receta que algunos venden como agua bendita: un incremento del PBI que solucionaría los problemas de los argentinos. Con Nordelta, Tigre “gana riqueza”. Ahora, ¿a qué costo ecológico y social? ¿Con qué políticas de inclusión? Como dijo recientemente el Papa Francisco: “la propiedad privada es un derecho secundario”, que depende del “derecho primario al destino universal de los bienes”. El carpincho resulta, entonces, un agente simbólico de la lucha entre lo común y lo privado. De la primacía última del hábitat natural sobre el artificial expansionismo económico. ¡Carpinchos del mundo, uníos!

MF

Llegó una nueva edición de la evaluación global del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuyo conocimiento nutrió los objetivos del Acuerdo de París. Por las filtraciones que se conocieron y lo que se publicó, vemos mayores certezas en cuanto a la excepcionalidad y la urgencia de esta crisis. Nunca la humanidad vivió condiciones climáticas como las actuales, a las que llegamos por el modelo productivo hegemónico. Ya sufrimos consecuencias irreversibles y, de no actuar en esta década, sufriremos consecuencias extremas y más frecuentes. El margen para seguir emitiendo gases es más pequeño que nunca. La buena noticia: con acción política transformadora, podemos evitar lo peor. Esta evidencia es inédita para diagramar la década que atravesamos y los siguientes veinte años, cruciales para definir nuestro futuro.

Esta evidencia llega en un momento muy delicado. La gestión de la pandemia profundizó la grieta anticientífica. Un movimiento que crecía al calor de la conspiranoia potenciada desde los audios de WhatsApp y los videos de YouTube. Ocurre entre el agotamiento no sólo empírico sino emocional de una hegemonía globalizada, la profunda y transversal disputa de sentido que llega desde los márgenes y los subsuelos, y los agujeros discursivos de un occidente bennetonizado que persiste en el desfasaje con sus acciones. Que dice “al virus le ganamos entre todos” y profundiza grietas, que promete “emisiones cero” y busca petróleo hasta abajo de las baldosas.

Los liberales de la razón buscan sacarle rédito electoral a esas desconexiones. Dicen con la encuesta antes que con la información. Ponen en duda no por vocación filosófica, sino para construir una confusión fértil para sus verdades absolutas. Construyen desconfianza mientras visten santos de madera, de los que luego se apropian con altos decibeles y profusa repetición mediática y digital. 

Al mismo tiempo, los pensamientos afines al racionalismo científico, los mismos que levantaron la bandera de la salud por sobre la del capital al inicio de la pandemia, que se rodearon de especialistas para tomar decisiones, dejan la convicción cuando la evidencia choca contra sus dogmas. Aquí se inscriben las filas del desarrollismo a toda costa, cruzando distraídas las vías del tren climático: un accidente cierto que buscan ignorar mirando hacia otro lado. El negacionismo selectivo del desarrollismo no es una opción inteligente para garantizar un futuro justo y equitativo.

El binomio ciencia y política se vio dañado —y sigue haciéndolo— por la irrupción de populismos patriarcales y violentos, liderados usualmente por hombres blancos y poderosos. La democracia y la ciencia comparten valores y también amenazas. La defensa de los privilegios de las minorías erosiona las redes de construcción social y de conocimiento. Además de empatía territorial, las militancias populares y democráticas requieren liderazgos con visiones de largo plazo verdaderamente revolucionarias.

Los hallazgos del IPCC son fundamentales por su carácter tanto anticipatorio como transformador. Este conocimiento permite diagramar políticas a largo plazo con altos niveles de certidumbre sobre las consecuencias que deberemos afrontar si no actuamos. Por eso las militancias juveniles emergen desde las urgencias del hoy, sino proyectadas a evitar las del mañana. Buscan justicia intergeneracional, al mismo tiempo que señalan las responsabilidades históricas. Analizan los últimos siglos para construir los que vienen. Mientras, sectores políticos atados a dogmas sin actualizar no miran más allá de las próximas elecciones -y el mercado no supera el próximo reparto de dividendos.

Es necesario, y conveniente, que dejen de pintar todo de verde y reconozcan que el color no cambia la política. No se trata de golpear más despacio, sino de dejar de golpear. Se trata de reunir las nociones de sociedad y naturaleza, dejando el rol del patriarca extractivo -digo figurativamente, pero las mesas energéticas no son pura coincidencia-. Porque sabemos que para evitar el colapso climático hace falta menos petróleo y gas, no más. Hace falta menos monocultivo transgénico, no más. Que esta década (el próximo mandato, digamos) es más importante que ninguna otra. Es ciencia, no activismo. Negarlo es sacar los pies del barro de la complejidad para construir una burbuja de cristal donde el mundo avanza de acuerdo a sus ideales y no a leyes físicas, a fuerzas naturales y sociales en construcción.

A pesar de las complejidades económicas y sociales que plantean estas transiciones, son una oportunidad para descentralizar y democratizar el acceso a la energía soberana, a la tierra y al alimento. También a garantizar vidas dignas con foco redistributivo y enfocando las fuerzas productivas a los objetivos del futuro. ¿Un impuesto permanente a las grandes fortunas puede ser un principio? ¿Una reforma fiscal progresiva donde tributen más los que más tienen y no los que menos? ¿Una garantía de trabajo en industrias renovables y producciones agroecológicas, que potencie la sustitución de importaciones de nuevas tecnologías? ¿No pagar la deuda odiosa y canjear la legítima por acción climática? No sólo se trata de discutir prohibiciones, sino de pensar cómo transicionar. Hacer lo mismo esperando resultados diferentes es terraplanismo explícito.

MF/WC

Atravesamos tiempos de vale todo. Promesas que no se cumplen, conspiraciones de todas las formas y colores, dudas sin fundamento sobre las más elementales bases científicas. Con buena fe, hasta parece liberador: podemos reinventarnos a cada segundo, poner en duda lo que creímos (o nos hicieron creer) y aprender más rápidamente. Con una intención más maquiavélica, cuando las emociones pesan más que las evidencias, se rompe todo consenso básico. No hay construcción posible. Sobre todo en política, la era de la posverdad habilita una profunda hipocresía entre las promesas y las acciones.

La participación de la activista sueca Greta Thunberg en el Austrian World Summit —organizado por Arnold Schwarzennegger desde hace cuatro años para potenciar alianzas por la acción climática— fue una clase perfecta sobre cómo hablarle al poder de estos tiempos. Greta denunció que, si bien la presión pública logró que los líderes deban actuar, están utilizando trucos comunicacionales para demorar la acción verdadera.

“La brecha entre su retórica y la realidad se sigue ampliando, pero es cada vez más difícil de ignorar con cada vez más eventos climáticos extremos a nuestro alrededor”, les dijo Thunberg. Dirigiéndose especialmente a líderes de países de altos ingresos, la activista remarcó que “actúan como que están dando una guerra contra los combustibles fósiles, mientras que abren nuevas minas de carbón, pozos petroleros y gasoductos”. Y destacó algo clave: “pueden, y van, a seguir actuando; pero la naturaleza y la física no van a caer en el truco”.

Es que la crisis climática es, paradójicamente, un escenario perfecto para la posverdad y también su peor enemiga. Los largos plazos, su carácter global, la invisibilidad de las emisiones y las complejas relaciones causales, hacen que todo pueda prometerse en nombre de la acción climática. ¿Cuántos países hablaron ya de cero emisiones netas para mitad de siglo? ¿Cuántos de transición justa y empleos verdes? Por otro lado, la base científica desnuda la sábana corta de los discursos inconsistentes: permite comprobar si en lugar de bajar emisiones, como prometen, en realidad las aumentan.

La crisis climática es, paradójicamente, un escenario perfecto para la posverdad y también su peor enemiga

Días después de la resonante intervención de Thunberg, Argentina también vivió un momento de diálogo entre el poder y los ciudadanos: la audiencia pública por la aprobación de la exploración sísmica en las costas de Mar del Plata. Luego del rechazo de más del 90% de las quinientas personas inscriptas, con exposiciones firmes de organizaciones, especialistas y de una juventud que no se deja engañar, desde el Ministerio de Ambiente dijeron que no aprobarían nuevos permisos hasta contar con un plan oficial de reducción de emisiones. Por una vez, y luego de un decir firme de la sociedad civil, parece que el poder escuchó. El tiempo dirá la verdad.

Recordemos: el gobierno nacional se comprometió a reducir las emisiones casi un 10% para 2030 (en relación con las de 2010) y llegar a emisiones cero a mitad de siglo. Mientras tanto, invierte millonarios subsidios en Vaca Muerta, en la construcción de una nueva central a base de carbón en Santa Cruz y, ahora, en la exploración de petróleo en el Mar Argentino. La decisión del Ministerio de Ambiente, comunicada por el secretario de Cambio Climático, Rodrigo Rodríguez Tornquist, es un paso que acerca los compromisos oficiales a la realidad. Deja los disfraces de lado por un rato y asume las consecuencias de sus acciones.

Mientras, decenas de agoreros de la posverdad climática inundan los medios y las redes sociales con discursos que hablan de ecuaciones complejas, indicadores oxidados y exportaciones siempre erectas. Lo hacen con una certidumbre asombrosa, aunque no se les escapa ni por error cómo sus planes se enmarcan en la reducción de emisiones al que el país se comprometió. Incorporan palabras, pero no conceptos. Denuncian prohibicionismos con un discurso que nos remonta al siglo pasado, parándose discursivamente en la defensa de la libertad mientras defienden a los privilegiados ganadores de un modelo que voló por los aires. Son los aplaudidores del teatro que denuncia Thunberg y la juventud despierta de la Argentina.

En este juego de roles y disfraces, la información es trinchera. Aunque el diálogo con el poder pueda ser frustrante y complejo, el coraje de la denuncia es imprescindible. Hay un pasaje de Les Luthiers que contrasta un monólogo, de uno, con un biólogo, de dos. Nunca más oportuna la biología para entablar un diálogo basado en la evidencia sobre las urgencias que atravesamos. Decirnos cargados de verdad y fértiles de aprendizaje. Bajar del paraavalanchas en el entretiempo de un partido irrepetible y charlar con el resto de la popular (necesariamente, también con la platea). Las trompetas que alientan también son las que aturden. Los cantos de sirena son bellos para un rato de ocio, no para resolver las emergencias que atravesamos.

MF

En 1935, mi abuelo Julio llegó a Buenos Aires en un barco procedente de Galicia. Tenía tres años. Sus padres dejaban atrás una España ya convulsionada por la inminencia de la guerra civil, en un contexto en el que las diferencias familiares resonaban cada vez más fuertemente. La historia del otro lado de la familia la conozco menos, pero sé que mi bisabuelo paterno nació en Salvatierra, País Vasco. Mis familiares vinieron de los barcos, pero no fundaron el país. Llegaron a un territorio que precede tanto a la fundación de la Argentina como a la colonización española y que habitan, desde hace milenios, diferentes naciones y comunidades indígenas sistemáticamente perseguidas e invisibilizadas.

La declaración del presidente Alberto Fernández junto a su par español, Pedro Sánchez, trajo repudios, justificaciones, debates de autoría sobre la referencia y muchísimos memes. Sobre todo eso, renovó la mirada dominante que invisibiliza a las identidades originarias preexistentes al territorio argentino, como reconoce la Constitución Nacional. Más allá de las excusas de un lado y las indignaciones selectivas del otro —no olvidemos el “en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”, del expresidente Macri—, evidencia la normalización de un modelo hegemónico que no encuentra grieta.

Siglos antes que los barcos de mis abuelos, de todas y todos los inmigrantes de primera mitad del siglo XX que nadie niega, llegaban vacíos y zarpaban cargados los barcos del saqueo colonial. Junto al exterminio de los pueblos originarios que habitan desde hace milenios el suelo de América Latina, los europeos de entonces alimentaron su revolución industrial y su poderío económico con el saqueo de los bienes comunes de nuestra América. Lejos de traer integración y comunidad, esos primeros barcos trajeron miseria y se llevaron riqueza. Sentaron las bases de un modelo agroexportador, que con el advenimiento del capitalismo pasaría del esclavismo a la commoditización, y que se sostiene avanzando furiosamente sobre los territorios.

En todo el mundo los pueblos originarios construyeron cosmovisiones de integración con el entorno que habitan y del que dependen. Lejos de romantizarlos, se hace urgente su reconocimiento, visibilización y empoderamiento. Son pueblos que aún habitan las fronteras extractivas, como las comunidades wichí en la frontera agroindustrial salteña o las mapuche-tehuelche en la meseta chubutense que resiste la embestida minera. Tal vez lo más emblemático sea la superposición casi exacta entre los mapas de reclamación territorial mapuche y los límites del yacimiento Vaca Muerta —con la consecuente persecución que eso les supone a estas comunidades—. Aunque nos vendan progreso, el extractivismo permanece alineado con la dominación colonial. La crisis climática y la dominación de la naturaleza son dos caras de una misma moneda.

Desde Bonn, al otro lado de las hoy controversiales aguas atlánticas, un grupo de cincuenta expertos de los dos mayores organismos científicos en materia de cambio climático y biodiversidad (el IPCC y el IPBES, respectivamente), publicaron el jueves su primer reporte conjunto. El informe visibiliza tanto la conexión en los impactos como las sinergias posibles en las soluciones a estas crisis globales y refuerza que tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático “son producidas por las actividades económicas humanas” y que “deben abordarse conjuntamente”.

Al otro lado de las hoy controversiales aguas atlánticas, un grupo de cincuenta expertos de los dos mayores organismos científicos en materia de cambio climático y biodiversidad (el IPCC y el IPBES), publicaron el jueves su primer reporte conjunto

Hans-Otto Pörtner, copresidente del Comité Científico Directivo, planteó la urgencia de “resolver algunas de las fuertes y, aparentemente, inevitables disyuntivas entre el clima y la biodiversidad implicará un profundo cambio colectivo de los valores individuales y compartidos en relación con la naturaleza”. En especial planteó la necesidad de “abandonar la concepción del progreso económico basada únicamente en el crecimiento del PBI, para pasar a una que equilibre el desarrollo humano con los múltiples valores de la naturaleza para una buena calidad de vida, sin sobrepasar los límites biofísicos y sociales”.

Otro de los especialistas a cargo del informe, Brian O'Donnell, consideró que podemos hacer grandes progresos para el clima y la naturaleza “si los líderes mundiales se ponen de acuerdo para proteger al menos el 30% de las tierras y los océanos del planeta [NdeR: hoy solo el 15% de la superficie terrestre y el 7,5% de los océanos están protegidos] y asegurar los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales”. El informe destaca las crecientes políticas de conservación a partir del comanejo de las áreas protegidas, sólo lograda luego de la presión de pueblos originarios y la evidencia científica sobre su efectividad.

Las aguas atlánticas se ven surcadas esta vez por información de primer nivel que acerca, con más claridad que nunca, el rol fundamental de los pueblos indígenas para la protección de la biodiversidad y, en consecuencia, de la lucha contra la crisis climática. Estas amenazas, como reflejan el IPBES y el IPCC, no tendrán soluciones solamente técnicas; mucho menos, retóricas. La acción deberá ser integral, conjunta y de escala inédita.

La lamentable frase del presidente nos presenta la oportunidad de revisar nuestro sentido común sobre un modelo económico que privilegia la acumulación de capital sobre el buen vivir, saber ancestral de los pueblos de América Latina. Reconocer que la coexistencia con los inmigrantes llegó mucho después del genocidio de los colonizadores. Y que las bases que sentaron entonces, siguen vigentes hasta que no logremos una emancipación auténtica, producto del reconocimiento y el empoderamiento de la verdadera diversidad de nuestro suelo. En lugar de enfocarnos en qué trajo el barco, miremos lo que el barco se llevó.

Recién comenzaba el año 2019. Barbara había dejado su trabajo hacía menos de un año. Una de sus últimas decisiones a cargo del equipo de política y campañas de ActionAid en los Países Bajos había sido apoyar un caso legal contra Shell por su responsabilidad en la crisis climática. Una de las primeras que tomó cuando dejó su trabajo fue en la misma dirección: unirse a otras 17.378 demandantes individuales que reclamaban contra la petrolera. Hace tres días, luego de un fallo que puede cambiar la historia del siglo veintiuno, Bárbara le ganó a Shell. Y su victoria puede impactar en Argentina.

Por primera vez en la historia, la justicia hizo responsable a una petrolera por su responsabilidad en la crisis climática. El último jueves, la corte de La Haya obligó a la petrolera anglo-holandesa, Royal Dutch Shell, a reducir un 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, alineándose con las metas del Acuerdo Climático de París. El fallo llegó luego de una demanda de miles de personas y seis organizaciones, lideradas por Amigos de la Tierra y otras cinco organizaciones. Y demostró que, más allá de la regulación de los gobiernos, las corporaciones tienen responsabilidad legal por las violaciones a los derechos humanos que producen al promover el calentamiento global. Como el alcance del fallo es global, las operaciones de la petrolera en otras fronteras, como en Vaca Muerta o el Mar Argentino, podrían revisarse.

Como el alcance del fallo es global, las operaciones de la petrolera en otras fronteras, como en Vaca Muerta o el Mar Argentino, podrían revisarse.

“¡Estoy muy contenta! Aunque no esperaba esta victoria, es muy emocionante haber sido parte de esto”. Barbara van Paassen dice esto a través de un audio de WhatsApp desde Milán, donde trabaja con movimientos sociales que hacen frente a las desigualdades. Además de haberle quebrado el brazo a Shell en la justicia, tiene un máster con honores en estudios sobre desarrollo internacional por la Universidad de Amsterdam y es Atlantic Fellow for Social and Economic Equity en la London School of Economics.

Van Paassen cuenta que decidió sumarse individualmente al caso preocupada por el impacto sobre las mujeres y las comunidades especialmente del sur global, donde los impactos del extractivismo y la crisis climática son más evidentes y preocupantes. Además, sabe y destaca algo clave: si bien las compañías como Shell son gravemente responsables por la crisis climática, su accionar no está cubierto por el Acuerdo Climático de París. Esto, dice la académica, hace que los ciudadanos y los consumidores deban encontrar otras maneras de que estas empresas se hagan cargo de sus impactos negativos. Y que la justicia haya funcionado en La Haya, sienta un buen precedente para el resto del mundo.

En Argentina no confiamos demasiado en la justicia. Tampoco nos vinculamos con las corporaciones de esta manera. Para gran parte de la sociedad, Shell es una estación de servicio donde le ponemos nafta al auto y donde, cada tanto, podemos pagar algo más para llevar un autito de juguete a los chicos. La estrategia de marketing de la petrolera caló hondo a pesar de sus graves impactos ambientales, incluyendo el derrame de 1999 en Magdalena o la permanente contaminación del Riachuelo. Sin embargo, el derretimiento de nuestros glaciares, las sequías cada vez más intensas o las fatales inundaciones y olas de calor como las de 2013, son producto del modelo de negocios (y de gobierno) que hizo que estas empresas se enriquecieran escandalosamente. Y ahora están empezando a pagar las consecuencias por lo que produjeron.

No es sólo Shell, que sigue extrayendo gas y petróleo en Vaca Muerta con el beneplácito de los gobiernos, junto a Chevron, Vista o YPF. Tampoco son sólo los fósiles: la ganadería es el sector que más emisiones genera en Argentina (medido por uso final). Todas las empresas de estos sectores deben mirar el fallo de La Haya como un riesgo legal y financiero adicional si continúan operando sin alinearse con los objetivos del Acuerdo de París. Un fallo que cambia la historia de la litigación climática no sólo en Europa, sino en todo el planeta.

En esta línea piensa Louise Fournier, referente del equipo legal de Greenpeace Internacional y una de las mujeres a cargo de asesorar y acompañar la demanda contra Shell en los Países Bajos. “Esta decisión trae esperanza para la gente de a pie alrededor del mundo, y representa un riesgo real para los mayores responsables del cambio climático así como para sus financiadores”, dice Fournier. “Estoy muy entusiasmada de ver hasta dónde nos llevará la ola de demandas legales y de ser parte de este movimiento”. 

Louise tiene 28 años. Ella misma destaca su juventud, porque cree que ese colectivo generacional vino a cambiar las reglas del juego. Ella se lo tomó muy en serio. Por eso indica que, aunque el caso de Shell se enmarcó en los Países Bajos, los jóvenes y ciudadanos de todo el mundo pueden, y deben, pedirle a la justicia de sus países que le ordenen a los productores que reduzcan sus emisiones o suspendan nuevos proyectos contaminantes basándose en los principios del fallo de La Haya. Fournier sostiene su pretensión global porque la sentencia se basó en la legislación internacional en derechos humanos, por lo que podría ser aplicable en todo el planeta. 

Además, destaca la joven abogada, quedó claro que la quema del combustible vendido es responsabilidad de la petrolera y no de los consumidores. Esa técnica de que “todos somos responsables” para que nadie sea responsable, ya fue desarticulada científicamente y ahora se desmontó judicialmente. La era de la impunidad contaminadora de las corporaciones está llegando a su fin. Al menos, donde haya personas dispuestas a luchar por lo imposible.

MF

“Marca la cancha, Argentina

La deuda ya no es contigo

Es con tu tierra, es con tus ríos

Con el futuro, con tu pueblo“

Evita, adaptación de la ONG Avaaz

Una mujer con vestido de gala blanco y un imponente rodete rubio invadió las puertas del Fondo Monetario Internacional en la 19th Street de Washington. Fue en el contexto de la apertura (virtual) de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM). La Evita activista interpretó versiones de No llores por mí, Argentina, en las que resignificaba el rol de Argentina por su condición de acreedora en materia ambiental. Dos voluntarios de la organización Avaaz, con base en Nueva York, sostenían a sus costados una bandera con la inscripción “Marca la cancha, Argentina: que los países ricos paguen la deuda ecológica”.

Esta protesta golpeó el corazón de las instituciones financieras que fueron las responsables de los programas de ajuste estructural que, de la mano de las recetas de austeridad, hundieron a los países de la periferia en un espiral que les impidió ampliar derechos sociales y protecciones ambientales. El director de programas de Avaaz, el santiagueño Oscar Soria, consideró que “la renegociación perpetua de la deuda soberana entre países ricos y pobres es una característica cruel de una mentalidad colonial que cree que está bien que los ricos se beneficien de las riquezas naturales y los recursos de los pobres, con poca preocupación por ayudarlos a salir de la pobreza”. 

Es que incluso esta “ayuda” no es suficiente. Según los datos del antropólogo suazi Jason Hickel, el Norte Global transfiere unos 130 mil millones de dólares anuales en ayuda financiera a los países del sur. Sin embargo, sólo por gastos de propiedad intelectual bajo el discutido acuerdo TRIPS que hoy restringe las patentes de las vacunas contra el Covid-19, el sur pierde 60 mil millones. Y se pone peor: sólo en intereses de deuda, el sur paga unos 200 mil millones, y unos 486 mil millones adicionales se fugan por las ganancias que las empresas de los países de altos ingresos generan (y giran a sus países de origen) a partir de la explotación de los recursos naturales. Los gastos siguen hasta el punto tal que, por cada dólar que el sur recibe de ayuda, salen 24 dólares netos de sus arcas. La ayuda es un fraude de diseño que mantiene al sistema en movimiento.

Sólo en intereses de deuda, los países de sur pagan unos 200 mil millones, y unos 486 mil millones adicionales se fugan por las ganancias que las empresas de los países de altos ingresos generan a partir de la explotación de los recursos naturales.

¿Por qué pasa esto? En principio, porque si bien el sur tiene 85% de la población, en las dos instituciones que gobiernan la economía global (el FMI y el BM) sólo tienen el 40% de los votos. En el caso de América Latina y el Caribe, sólo tenemos un cuarto por cada voto de los países del norte global. Esto sin contar el poder de veto que tiene Estados Unidos, que también lo ejerce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto a China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Esta inequidad en el control de la gobernanza global es fundamental para sostener el desequilibrio en los flujos financieros. 

Sólo en un sistema con esos niveles de inequidad es que se pueden tolerar situaciones como la que atravesamos con las vacunas. Sólo aceptando esas reglas de juego nos podemos seguir considerando deudores en un mundo en llamas por las políticas de desarrollo y acumulación de los más privilegiados. No nos confundamos: el norte es responsable del 92% de la crisis climática. Este enfoque analiza el exceso de las 350 partículas por millón de CO2 en la atmósfera (umbral “seguro”) desde un análisis que considera un acceso equitativo per cápita a los bienes comunes atmosféricos. Si cada ciudadano tuviera el mismo acceso, sólo el G8 sería responsable por el 85% de la crisis climática actual. No es excusa para seguir contaminando, pero sí para “revisar profundamente”, como dice Soria, “quién le debe a quién”.

Avaaz consideró un reciente estudio de la Universidad de Cambridge que reveló que Argentina estaría entre los únicos tres países con un superávit positivo si se incluyera la variable climática al análisis de las deudas soberanas. No obstante, la autora Patryjca Klusak reconoce que “no se deben sobreinterpretar estos hallazgos contraintuitivos, porque la capacidad predictiva del modelo para esos países [se refiere también a Irak y Ecuador] es relativamente baja”. Por otro lado, un estudio de la Academias China de las Ciencias, concluye que el país tiene un “PBI verde” —integración de la valoración ecosistémica a la contabilidad económica tradicional— más de cien veces superior al saldo total de la deuda externa con el FMI (cinco billones y medio de dólares sobre 46 mil millones, sin contar los intereses). Esto habilitaría al país un escenario muy razonable para plantear la suspensión de pagos por criterios ecológicos. Por los niveles europeos de nuestras emisiones per cápita y nuestra “huella material” (cantidad de materia prima extraída sobre necesidades finales de consumo), estamos en una situación compleja que demanda un compromiso adicional para avanzar en una rápida descarbonización de nuestra economía sin la presión de los vencimientos de pago.

El planteo de Avaaz da en el clavo en una situación única: la triple crisis climática, sanitaria y económica requiere acciones inéditas. La propuesta de suspender las deudas a cambio de garantizar la regeneración ecológica podría abordar todos estos problemas a la vez. Lo que urge es una estrategia conjunta de los países del G77 para presionar a las principales economías en este sentido. Así como el mundo exige la liberación de las patentes, puede exigir la suspensión de pagos y correr el umbral de lo posible para hacerlo realidad.

Ahora bien: ¿es la condonación un reconocimiento por los servicios ecosistémicos prestados en el pasado? ¿Supondría un compromiso de los deudores financieros a invertir esos recursos en la conservación futura, como empiezan a considerar el FMI y el Banco Mundial? Por otro lado, ¿cómo pagan los países del norte el saldo por el daño histórico que causaron? 

En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco lo dice claro: “conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos”. Por esos niveles insostenibles, la humanidad consume hoy recursos equivalentes a más de un planeta y medio. El decrecimiento del norte es imperioso. Una vía para empezar a transitar esa senda, podría ser la suspensión de pago de las deudas con estas instituciones financieras que podrían aliviar la carga sobre el extractivismo del sur y ralentizar el crecimiento de las economías desarrolladas. Un abordaje integral para avanzar hacia la justicia social y ecológica, como exigió la Evita militante en la capital del poder central.

MF

Hace tiempo que vivimos en burbujas. Burbujas digitales que precedieron a las sanitarias. Las últimas pueden salvarnos; las primeras son mundos aparte donde cada identidad virtual reafirma su existencia a partir del aplauso de la tropa propia. Emulamos del fútbol la violencia y la soledad: nos odiamos tanto que terminamos acostumbrándonos a jugar sin hinchada visitante. Perdimos el folclore del cantito cruzado. Ese gol ajeno que llega apagado y más tarde, que duele y que paraliza. Lo perdimos porque nos olvidamos cómo habitar espacios con intereses diversos —si es que alguna vez supimos—.

Emulamos del fútbol la violencia y la soledad: nos odiamos tanto que terminamos acostumbrándonos a jugar sin hinchada visitante. Perdimos el folclore del cantito cruzado.

La esfera digital y su despersonalización facilitaron la construcción de coliseos de hinchada local, donde cualquier extranjero sufriría el escarnio. Aunque los hay, no abundan los casos que abandonan sus fortalezas; casi nadie se expone a tropas que considera enemigas. Así, cada uno se dirige a su ejército magnificando las atrocidades que cometen los salvajes. Se los convence de los horrores del mundo exterior y de que todo lo que allí dicen está equivocado. Sólo ellos tienen razón; sólo nosotros tenemos. Porque eso, tener razón siempre, construir una identidad sin fallas ni vulnerabilidades, es el fin último e indeclinable.

Algunas escapan de esos castillos y se lanzan a campo traviesa. Encuentran rincones inhóspitos, con menos certezas y más dudas. Lugares donde habitan las disidencias y donde las impurezas están habilitadas. Grupos nómades, vulnerables. Pensamientos en deconstrucción que buscan por los efectos, las causas. Son los bárbaros salvajes.

En la barbarie se encuentran pensamientos de lo más disímiles. La cualidad es la escucha atenta y el diálogo franco. No hay pertenencia, hay coexistencia. La discusión no reafirma, cuestiona. La verdad no se defiende, se busca. Prácticas ancestrales que hoy escasean.

* * *

Esta semana conocimos que seis de cada diez chicos argentinos no pueden satisfacer necesidades esenciales como la alimentación, la vivienda y la educación. Los llamamos pobres. Argentina es como la foto que ilustra esta columna: sus líneas divisorias entre los que tienen y los que no, duelen por lo evitable de su existencia. Porque hay cada vez más nenas que viven bajo los puentes mientras unos tipos de traje y corbata contratan abogados para gambetear un aporte que podría mitigar ese sufrimiento.

En ese contexto, el microclima tuitero se acaloró con una discusión sobre el crecimiento y su relación con la pobreza en el país. Aunque muchos decían cosas parecidas, el ring estaba servido; es el deporte predilecto en la red del pajarito. Participé escuetamente del debate a partir de una nota publicada en la Revista Anfibia, titulada El PBI ha muerto. El ensayo apuntaba a romper la idea-fuerza que supone que el único objetivo posible es el crecimiento económico ilimitado, a partir de una crítica sobre sus impactos ecológicos, la priorización de lo privado sobre lo público y la desconexión con una mejor distribución. Buscaba salir de la comodidad de presentar sólo los límites ambientales y tender un puente entre la posición de lo que llaman “prohibicionismo” de unos y el “vale todo mientras mitiguemos los daños” que promueven otros.

Más allá de los pocos que vociferaron con violencia desde sus castillos del pensamiento afín, hubo críticas, lecturas y construcciones valiosas, que demuestran que no todo es un clásico futbolero irreconciliable y que la discusión puede ahondar en algunas de sus complejidades. Así lo había demostrado el ministro Guzmán a fines de 2020 cuando afirmó que “es un eslogan” decir que “sólo con crecimiento económico se bajará la pobreza”. También la diputada del oficialismo Fernanda Vallejos, quien tuiteó hace unos días que “la producción actual es suficiente para que ninguna persona sufra la pobreza”. Ni el ministro ni la diputada dicen que no tengamos que crecer, pero corren del centro esa unicidad para discutir medidas complementarias y redistributivas. Habilitan una discusión necesaria y urgente.

En esa línea, el gobierno que conduce Alberto Fernández se comprometió ante las Naciones Unidas a que las emisiones nacionales que alimentan la crisis climática no crezcan en el transcurso de esta década. Estas emisiones, producto de la generación de energía fósil, la agroindustria o el transporte, están (todavía) íntimamente acopladas al crecimiento económico. La estabilización propuesta por el gobierno supondría ralentizar el crecimiento o acelerar un desacople entre ambas. Ningún país, ni siquiera los ricos, lograron desacoplar definitivamente esas variables. Aunque no nos gusten —y no nos gustan—, estos límites ambientales que el presidente reconoció como una amenaza existencial, existen. Ignorarlos no va a hacer que desaparezcan.

Si solucionar la inequidad, la crisis ecológica y el desarrollo nacional fuese sencillo, no sé qué hacemos discutiendo. Pero no hay soluciones mágicas ni absolutas para la civilización que supimos construir, ni para el país que hoy tenemos. Lo que hay son necesidades urgentes para millones de argentinos, que necesitan una parte de lo que hay y no que sigamos teorizando con el crecimiento que podría traer tal o cual actividad en el futuro. También hay evidencia científica sobre el colapso ecológico al que nos enfrentamos y, aunque todavía no lo suficientemente ambiciosos, también hay compromisos gubernamentales para hacerle frente. 

Entre la necesidad inmediata y el compromiso futuro nos debemos la oportunidad del diálogo. La realidad está demostrando los costos de lo impensado: del encierro y las víctimas de la pandemia al millón de hectáreas arrasadas por el fuego. La excepcionalidad es la nueva norma. Si la civilización no acepta correr el umbral de lo posible ante un mundo en llamas, seamos los bárbaros salvajes. Salgamos de la comodidad de nuestros castillos y construyamos nuevos horizontes para darle sentido a seguir caminando.

MF

Lentamente viene escalando una narrativa cancelatoria del ecologismo en distintos espacios de la esfera pública. Es coincidente con la avanzada extractivista que busca habilitar la megaminería en Chubut —luego de fracasar en Mendoza a fines de 2019—, con la profundización del modelo fósil y la expansión agroganadera. La consolidación de una renovada sensibilidad ecosocial presenta profundos dilemas al desarrollismo acrítico de los límites ambientales y sociales. Sin embargo, en lugar de abordar esas discusiones, estos sectores recurren a una estigmatización banal de quienes exponen estos límites, promoviendo un discurso de odio que recae con crudeza sobre asambleístas, pueblos originarios y todo aquel que se enmarque en un arquetipo primitivista que construyen y condenan.

El último y más visible de estos prejuicios aglutinantes fue el realizado esta semana por el politólogo José Natanson en el programa Desafío 2021 que conduce Pablo Duggan en C5N. El segmento abrió con el eslogan, a pantalla completa, Ambientalismo bobo. El título en letra catástrofe que se imprimía sobre la imagen de un auto quemado por los incendios que azotaron la Comarca Andina, guió la conversación desde la enorme pantalla del decorado. Natanson, director de Le Monde Diplomatique, asumió autoría por el epíteto —menos glamoroso que aquel ecololós que acuñó Martín Caparrós hace más de una década—, disminuyendo a los ecologistas en general y a los antimineros en particular.

Inmediatamente, para argumentar su adjetivación, el politólogo mostró una placa en la que relacionaba en forma lineal el crecimiento del PBI con la reducción de la pobreza, cargando la responsabilidad sobre los ambientalistas que “se oponen al desarrollo”. Siglos de extractivismo sin límites trajeron a esta situación de crisis social, económica y ecológica. No parece razonable que más de lo mismo vaya a tener resultados distintos. Por otro lado, tampoco profundizó en las carencias del PBI que señala incluso el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, para medir la desigualdad, la economía de cuidados o la priorización de la explotación privada sobre los bienes públicos. Tampoco incorporó la grave crisis que produjo el modelo de desarrollo basado en el crecimiento infinito a partir de la explotación de recursos naturales en el sur para alimentar el nivel de vida del norte, un modelo colonial proyectado desde la conquista y profundizado luego de la segunda guerra mundial. Por el contrario: en un relajo intelectual impropio de él, atacó desde una posición de superioridad moral a aquellos que unieron los cabos entre causas y consecuencias de la crisis que enfrentamos. Habilitó y disparó así un antagonista contra el que piensa distinto por defender un modelo hegemónico que produjo la crisis ecológica y climática actual, sin traer mayores soluciones a la desigualdad planetaria. Se ataca al ambientalista bobo mientras se avala un extractivismo catastrófico. La discusión es mucho más rica —y compleja— que eso.

Este caso, que aislado podría quedar sólo en un exabrupto, tiene otros antecedentes en quienes ven al ambientalismo como una expresión “hippie”, “prehistórica” o “antiprogreso”.  Estos agravios alimentan un arquetipo que, en el peor de los casos, debe ser cancelado. Y, en el mejor, demuestra que el ambientalista que quieren es como el hincha japonés que levantaba la basura en el Mundial una vez que había terminado el partido. Este desarrollismo acrítico no quiere discutir con el ecologismo en una mesa de pares; quiere a alguien que limpie cuando terminen su fiesta extractiva.

***

Fuera de las selvas de internet y de la sobredosis de tevé, en el territorio se expresa la variante más extrema de esta construcción. A fines del año pasado, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, tomó el guante y dijo que no lo iban a callar “500 ruidosos”. Se refería a las críticas a su proyecto para habilitar la megaminería en la provincia. Los medios acompañaron y amplificaron esta descalificación de un pueblo con una historia de más de 18 años de movilizaciones pacíficas. Las fuerzas de seguridad a cargo del ministro Federico Massoni, persiguieron y allanaron los domicilios de varios asambleístas. En ese clima, entre pedidos explícitos de coimas a las mineras e informes falseados al CONICET, se llegó a un intento de avalar el proyecto en una sesión extraordinaria a inicios de febrero, y otro en la primera sesión ordinaria del año. Ambas fueron frustradas por la movilización tanto en las grandes ciudades de la provincia como a nivel nacional. 

Hace una semana, el presidente Alberto Fernández visitó Chubut para solidarizarse por los incendios. El gobierno nacional pidió que Arcioni no se hiciera presente, para evitar disturbios. Sin embargo, el gobernador no siguió el libreto y terminó ocurriendo una escena de repudiada violencia contra la comitiva. Los grupos antimineros difundieron videos en los que los supuestos agresores huían en una camioneta perteneciente a la policía. Del otro lado, demuestran que la misma camioneta llegó con la comitiva presidencial, asumiendo que, por eso, no podrían haber participado en las agresiones como infiltrados. 

Independientemente de los hechos, que investiga la Justicia, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, cargó la responsabilidad de Arcioni en los actos de violencia contra la comitiva presidencial. Así lo hizo también el ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Sin embargo, varios medios, incluida la TV Pública, siguieron calificando como violentos a los grupos antimineros. La construcción mediática del enemigo ecologista, volvía a crecer desde los medios, aún cuando los ministros cargaban responsabilidades sobre el gobernador.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, escribió en septiembre del año pasado en Revista Anfibia sobre los discursos del odio. Escribió que “el habitual discurso violento de las redes ahora es adoptado, sin atenuar tonos o intensidades, por distintos actores en el espacio público presencial, vivo e institucional”, advirtiendo sobre los peligros que supone esta escalada para propiciar la antipolítica y el desencuentro. 

Esta frase sintetiza parte de esta historia que no es nueva, pero cuyo capítulo más reciente comienza con la persecución en el territorio por el avance del extractivismo y se legitima desde el prime time del principal medio oficialista de la televisión por cable, de la mano del prestigioso director de un medio que supone un pensamiento crítico de las crisis que atraviesa el capitalismo moderno. Una crisis que no es nueva pero que encuentra en la crítica ecologista quizás la mayor evidencia a su insostenibilidad.

Ocurre, además, en América Latina: la región en la que más defensores ambientales son asesinados en el planeta. El ataque y la construcción del arquetipo del ambientalista bobo resulta una amenaza para todas las personas que, lejos de los estudios de televisión, ponen el cuerpo para resistir el avance extractivo. 

En este contexto de cancelación y persecución política, el concepto de Natanson reafirma una escalada violenta y de degradación del debate público. El sector al que califica como “bobo” es el que está alertando desde hace décadas sobre la mayor crisis existencial a la que se enfrenta la especie humana. Esto lo reconocen prácticamente todos los líderes democráticos del planeta, que firmaron el Acuerdo de París para limitar el aumento de temperatura que produce un sistema basado en el extractivismo y la destrucción de los recursos naturales que profundiza la desigualdad social a escala planetaria. 

El ataque a los ecologistas evita discutir las ideas que representan. Ideas que también buscan mayor inclusión y equidad, pero conscientes de que el modelo actual, lejos de brindar soluciones, profundizó los problemas tanto ecológicos como sociales. Un abordaje responsable debe incorporar la variable ambiental al ciclo productivo y redistributivo. Para eso, estos sectores deben superar la cancelación ecologista e iniciar un diálogo franco sobre un modelo de desarrollo que incorpore los límites ambientales y la justicia social. No será fácil, ni estaremos todos de acuerdo. Pero nuestra supervivencia bien vale el esfuerzo.

Sonia Tarragona es licenciada en Economía. Desde hace veinte años está involucrada en las discusiones globales sobre patentes de los medicamentos y forma parte de un comité de expertos en propiedad intelectual y precios justos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue subsecretaria de Medicamentos en el Ministerio de Salud así como directora y docente de la maestría de Farmacopolíticas en ISALUD. Días atrás, la ministra Vizzotti la designó como jefa de gabinete. Horas antes de su nombramiento, la funcionaria conversó con elDiarioAR sobre el impacto que podría tener la liberación de las patentes que se discute en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sobre la situación local y regional.

¿Cuál es la posición de Argentina con respecto a la propuesta de India y Sudáfrica en la OMC para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, medicamentos y tecnologías contra el Covd-19?

El país apoya completamente esta propuesta porque entendemos que la salud pública debe estar siempre por encima de los intereses comerciales. Esta situación inédita, tremendamente grave y difícil como es una pandemia no puede quedar supeditada a las decisiones comerciales de las compañías. 

Argentina suscribió y apoyó formalmente a través de su cancillería la propuesta de India y Sudáfrica en la OMC. Dentro de los países del Mercosur, hubo dos declaraciones de ministros donde Argentina vuelve a presentar esa posición mencionando la necesidad de que las vacunas sean consideradas bienes públicos globales. Y también lo hemos presentado en el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero, presentando la posición Argentina en la materia.

¿Esto tendría algún impacto directo en el país? 

Tendría, pero no especialmente. Argentina ha logrado conseguir vacunas; aunque no todas las que quisiéramos tener, hay países que todavía no tienen una sola vacuna. Esto no sólo nos beneficiaría a nosotros, sino que es una acción que el mundo necesita. Nosotros debemos ser solidarios con el resto de los habitantes de este mundo y no sólo cuidar nuestra propia situación. Los países del sur están realmente muy atrás a la hora de acceder a las vacunas, básicamente porque no tienen cómo comprarlas.

¿Y cómo beneficiaría esta medida a estos países más rezagados en la carrera por las vacunas? 

La suspensión de las patentes de las vacunas, de los derechos de propiedad intelectual permitirían, en primer lugar, que los precios bajen; y en segundo, que los países con capacidad de producción puedan copiar y aumentar la capacidad de abastecimiento al mundo. Esto no ocurre sólo por la liberación de patentes, porque no es sencillo montar capacidad instalada de producción. En América Latina, sólo Brasil y Argentina tienen capacidad tecnológica para producir vacunas. Si Argentina pudiera hacerlo, permitiría aumentar la cantidad de vacunas disponibles y poder abastecer a otros países que están a la cola en este tema. 

¿Pero Argentina tiene la capacidad para hacerlo?

Argentina tiene dos o tres fábricas que podría utilizar para producir vacunas. mAbxience, que tiene convenio con AstraZeneca y Sinergium-Biotech, donde se producen otras vacunas. Si se concediera la posibilidad, estos y otros laboratorios podrían poner plantas a disposición para incrementar la capacidad de producción; hoy no se ven incentivados a hacer una inversión en esas plantas porque no tienen la licencia para hacerlo. ¿Para qué van a invertir en plantas si no pueden copiar y producir? Esto sería realmente una forma de acelerar el acceso a todos los países del mundo. Brasil lo mismo. Tiene fábricas que puede utilizar y poner a producir, pero no lo va a hacer hasta que no haya una liberación de patentes.

Para tomar dimensión, en Latinoamérica, los países con capacidad de producción de productos farmacéuticos son cuatro: México, Colombia, Argentina y Brasil. El resto importan casi el 100% de esos productos. En términos de vacunas, casi todos los países importan el la totalidad de sus vacunas, menos los que mencioné. Aunque todos puedan copiar, no existe capacidad instalada; los que la tienen, podrían producir más para abastecer a los que no. Este sería un comportamiento solidario, justo y equitativo.

¿Y qué comportamiento tienen hoy entonces la industria farmacéutica y los países centrales?

Es claro: las compañías le venden al que puede pagar. Punto. Fijate la cantidad de países que han comprado más de lo que necesitan sólo para reservarse vacunas. El nivel de inequidad en el acceso a las vacunas es escandaloso. 

En ese sentido, distintas especialistas consideran que liberar las patentes sería el mecanismo más ágil para garantizar el acceso universal, evitando perder tiempo para no perder vidas. ¿Esto es así?

Exacto, pero tampoco es tan rápido. Sería ingenuo pensar que se liberan las patentes y mañana se pone a producir una planta. Hacen falta muchas cosas para poner a punto una planta, pero en seis meses podríamos tener muchos otros jugadores queriendo hacer un aporte a la humanidad.

Esto mismo pasó en 2006, cuando fue el riesgo de pandemia de gripe aviar. El antiviral que se usaba para eso era el Tamiflu. Argentina lo pudo copiar porque no estaba patentado, y funcionó como estamos proponiendo ahora. Argentina empezó a producir y a abastecer a otros países, porque no estaba patentado. Hoy, las compañías iniciaron procesos de patentamiento en todos los países con capacidad de producción.

¿Por qué Brasil se opone incluso si podría aumentar la producción y la venta?

Es muy raro lo que pasa en este momento. Argentina y Brasil siempre tuvieron posiciones similares en materia de propiedad intelectual. Es la primera vez que Brasil rompe con su política de Estado en materia de propiedad intelectual. 

¿Chile y Perú no tomaron posición formal con respecto a la suspensión de patentes?

El problema es que los tratados de libre comercio, como el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que lideran Canadá y Australia y del que Chile y Perú son parte), obligan a estos países a cumplir con los llamados TRIPS Plus, que son condiciones más estrictas en cuanto a la propiedad intelectual que las que existen en la OMC. Por eso, para los países signatarios de estos acuerdos es más difícil decir otra cosa porque pueden sufrir sanciones comerciales. Afortunadamente, Argentina no tiene firmados estos tratados y tiene la libertad de decir lo que quiere decir sin que le cueste una sanción diplomática o comercial. 

¿O sea que los países más poderosos, que se oponen a la medida, terminan condicionándolos?

Los países tendrían que empezar una batalla que no todos están dispuestos a enfrentar. Con estos tratados, el costo de desconocer alguna de las cláusulas no viene por el mismo lado sino por otro, como el comercio de minerales o de trigo, por ejemplo. Por eso hay tantos países que no se atreven a decir nada, y por eso es tan importante que nosotros que sí lo podemos decir lo digamos, y es lo que estamos haciendo en cada espacio formal que intervenimos.

Días después de la entrevista con Tarragona, la OMC volvió a dilatar las negociaciones sobre la propuesta de India y Sudáfrica. Los países de mayores ingresos, liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, bloquearon el acuerdo. Desde que se presentó la propuesta, el 2 de octubre de 2020, murieron más de un millón seiscientas mil personas en todo el planeta, más del doble de los fallecimientos que había hasta ese momento. Y aunque los países que bloquean la medida se aseguraron dosis para varias veces su población, postergan el acceso a las vacunas que podrían salvar la vida de millones de personas en los países más vulnerables.

MF

La pregunta es: ¿cómo creen que se puede arreglar

un mundo donde todos llevan la razón?

Fito Páez, La canción de las bestias

Quiero escribir sobre los incendios de la Patagonia. Por favor, ténganme paciencia. No me resulta fácil escribir sobre los incendios. Uno me ahogó hace dieciséis años. Gracias al azar, a la salud pública, a mi familia y amigxs, acá estoy. Pasaron muchos años: Greta Thunberg tenía un año, el dólar valía tres pesos y el boleto del colectivo, 75 centavos. Parte de la juventud que, sin darme cuenta, ya dejé atrás, ni sabe que en Cromañón murieron 194 pibes. Que una generación quedó rota por el fuego que nació un 30 de diciembre de 2004 en un recital de Callejeros. Que nos extinguimos los rolingas, se extinguió el rock barrial, se empezó a consolidar el macrismo en la ciudad y que, aunque algunos antros cerraron por un rato sin protocolo ni razón, el valor de la coima creció sólo para hacer depurar la vuelta a la normalidad más rápido que lo que se pudre un cuerpo. 

Que el fuego crezca sigue teniendo la misma matriz. Así como el incendio de Cromañón no fue azaroso, casi ningún otro lo es. En ese momento, por lealtades políticas o miserias humanas quisieron culparnos a nosotros, pibas y pibes de 15 años, de haber llevado un arsenal de pirotecnia. “Busquen al de la bengala”, decían algunos. Otros querían cargar la exclusiva responsabilidad sobre la banda. Era lo más fácil. “Negros de mierda, se van a morir”, nos gritaba el gerenciador del lugar, que ahorraba unos pesos por no protegernos.

Pocos querían mirar lo evidente: el gerenciador corrupto, Omar Chabán, pagó coimas a los organismos de control para no poner el techo ignífugo que hubiese evitado las llamas y la estampida. Le pagó también a la policía para dejar entrar a casi seis mil personas donde entraban cinco veces menos. Cerraron puertas de emergencia para que no entre nadie sin entrada. La banda se hizo cargo de la producción y de la seguridad sin saber hacerlo y se cargó una responsabilidad innecesaria, que luego padecieron. El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, desoyó las consecutivas advertencias de que una catástrofe podía ocurrir. Cuando lo evidente ocurrió, todo voló por los aires. En especial, casi doscientas familias. La matriz sigue intacta. La complicidad entre el poder económico y los organismos de control, junto con la necesaria anuencia del Estado, es recurrente detrás de estos desastres.

Los incendios en la Comarca Andina, que ya cuentan con una persona muerta, más de doscientas casas incendiadas y miles de hectáreas arrasadas, no son inesperados. La crisis climática deja cada vez más claro que eventos como los que ocurrieron esta semana en la Patagonia se van a intensificar tanto en frecuencia como en intensidad. Aún en el 95% de los casos que son intencionales, sus efectos serán mayores por las sequías cada vez peores que propagarán su expansión. El gobierno nacional dice reconocer esta situación, pero actúa como si no existiera. La negligencia ante advertencias de todo calibre, llevaron a Aníbal Ibarra a su destitución. ¿Qué es una catástrofe que justifique una medida tan extrema? ¿Cuál es el umbral del dolor y de la pérdida? ¿Quién lo cuantifica? Espero que nunca volvamos a vivirlo. Para eso hace falta que el Estado actúe decisivamente con la información disponible, protegiendo la vida humana y natural de su territorio, y que no permita, ni por acción ni por omisión, crimenes sociales y ambientales como los que ya mencionamos.

La crisis climática deja cada vez más claro que incendios como los de esta semana en la Patagonia se van a intensificar tanto en frecuencia como en intensidad. Aún en el 95% de los casos que son intencionales, sus efectos serán mayores por las sequías

Veamos su área de competencia directa. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego no sólo viene siendo absolutamente desfinanciado, sino que además su magro presupuesto es sistemáticamente subejecutado. De acuerdo a los datos compilados por María Marta Di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de 2017 a 2021, el promedio del financiamiento en el presupuesto nacional fue de 270 millones de pesos. Lo que el Estado invierte anualmente en el manejo del fuego a nivel nacional es equivalente a que los followers de Santi Maratea en Instagram pusieran 350 pesos cada uno.

Pero claro: en el Estado existen reasignaciones de recursos, llevando el monto total promedio (2017-2020, porque las de este año aún no se conocen) a 412 millones. Sin embargo, se ejecutó sólo un 70% de lo presupuestado (286 millones). ¿No veníamos tan mal? En términos reales, aunque el año pasado se quemaron más de un millón de hectáreas y se destinaron 727 millones de pesos, se ejecutó sólo un 54% (396 millones). En 2021, el presupuesto asignó sólo 282 millones para esta área del Ministerio de Ambiente: un 0,003% del presupuesto nacional. Una reducción significativa en términos nominales.

Lo que el Estado invierte anualmente en el manejo del fuego a nivel nacional es equivalente a que los followers de Santi Maratea en Instagram pusieran 350 pesos cada uno.

Siempre según datos de FARN, se espera que lleguen fondos de la demorada creación del Fondo Nacional para el Manejo del Fuego, postergado desde la sanción, hace nueve años, de la ley 26.815. De ocurrir, dotaría de, por lo menos, 1.200 millones más, un presupuesto equivalente al que recibe la ley de bosques, también desfinanciada, que recibe sólo el 5% de lo que corresponde. Esto totalizaría casi 1.500 millones de pesos para el manejo del fuego: ahí sí, casi el doble que lo que recibió el área el año pasado. Pero al ponerlo en perspectiva, no parece tan prioritario. Los subsidios del Estado a los combustibles fósiles en 2021 serán de 78.702 millones de pesos. Apagar el fuego le importa al Estado cincuenta veces menos de lo que le importa financiar la crisis climática y ecológica.

El Estado tiene que estar para prevenir. Una vez que ocurrió el incendio, no queda más que el horror. Las declaraciones rimbombantes y las campañas de solidaridad. Pero, como se pregunta Hernán Giardini, coordinador de Bosques de Greenpeace: “¿qué capacidad tiene el Estado para responder a varios focos al mismo tiempo?”. Hoy hay brigadistas catamarqueños desplegados en Chubut. ¿Y si arde Catamarca? Cómo, dónde y por qué ocurren las llamas, aún cuando sean accidentales, también es político. Sea por la negligencia de algunos, por la acción dolosa de otros o por la imprudencia de algún tercero.

¿Qué capacidad tiene el Estado para responder a varios focos al mismo tiempo?”. Hoy hay brigadistas catamarqueños desplegados en Chubut. ¿Y si arde Catamarca? Cómo, dónde y por qué ocurren las llamas, aún cuando sean accidentales, también es político

El argumento simplista de la intencionalidad de los incendios no hace otra cosa que fuenteovejunar la conversación. Y cuando no lo hace, la ubica en una inconducente grieta moral. Y quizás tengamos que hacernos cargo. Tal vez debamos exigir más Estado: nacional y provinciales, con jurisdicción directa sobre sus recursos naturales. Decir más Estado, pero mejor. A la altura de los desafíos que enfrentamos. La indignación con la otredad, aunque logra notables muestras de solidaridad y de visibilización, termina siendo compleja. ¿Qué es esa otredad? ¿A quién se nos quiere imponer cómo otro?

Los incendios en la Comarca Andina volvieron a hacer estallar las redes con indignación y solidaridad. Los medios acompañaron y cubrieron la noticia insoslayable (¡por fin!) de la Patagonia en llamas. Pero ni bien terminamos de ver al fuego devorar bosques, carbonizar animales o incendiar casas, empezaron las acusaciones cruzadas. “Fueron los mapuches de la RAM”, acusaron, primero, medios de la zona. Luego se expresaron en ese sentido referentes como el exintendente de El Hoyo, Mario Breide, o la abogada Florencia Arietto, vinculada a la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Del otro lado, algunos militantes intentaron enmarcar el desastre en la “responsabilidad del poder judicial”, dotando al fuego de simbolismo argumental para abonar el objetivo de la mentada reforma para la que todo vale. Unos buscan encontrar “al de la bengala”, para no ir a fondo con las causas; otros, correr el eje del poder que sostiene la matriz inalterada.

Yo no sé. Puedo especular e imaginar que hay intereses inmobiliarios detrás en esas tierras de ensueño donde habitan personas que no es precisamente con las que tomarían el té los dueños de Eidico y otros de los grandes grupos detrás de esos emprendimientos. Que algunos ganan capital político demonizando a las comunidades mapuche, y otros (en realidad, los mismos) poder económico privatizando los bienes comunes para incrementar la riqueza privada de pocos privilegiados. Pero no es más que eso: mi construcción, la unión de cabos posibles. Tal vez, como se cree en un caso, haya comenzado por un cortocircuito. ¿Y si fue así, qué pasa? ¿Nadie es responsable?

Es sano construir debates sin caretas; poner sobre la mesa los intereses que pueden estar detrás del ecocidio. Sin embargo, la especulación y el usufructo del daño para abonar intereses partidarios, no augura una solución próxima al problema de fondo por el que se incendiaron más de un millón de hectáreas en 2020 y que ya arrasó con más de cuarenta mil en los dos primeros meses de este año. 

La especulación y el usufructo del daño para abonar intereses partidarios, no augura una solución al problema de fondo por el que se incendiaron más de un millón de hectáreas en 2020 y más de cuarenta mil en los dos primeros meses de este año

Esto no supone una lectura apolítica del desastre —tampoco creo que algo así exista—.  Todo incendio es político. Tanto las acciones como las omisiones por su origen, sus consecuencias, su ubicación, sus sobrevivientes y sus muertos. El origen de estos incendios tiene que ser denunciado, como hizo el ministro Cabandié. Pero con eso no alcanza; las multas son irrisorias y que aún no se considere un delito penal la destrucción de los bosques nativos, no colabora. Giardini, uno de los principales promotores de esta medida, lo ejemplifica: “en Argentina te pueden abrir una causa por robar una manzana, pero no por destruir un bosque”. La posible reforma de la ley de bosques podría dar lugar a esta modificación, así como a eliminar las áreas verdes para terminar definitivamente con los desmontes.

La situación requiere de la acción decidida y transformadora de los tres poderes del Estado. La apropiación simplificada de algunos sectores mediáticos o partidarios para abonar sus propias narrativas de confrontación, empantanan las soluciones necesarias para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Como hace dieciséis años, cuando abundan las advertencias, retacean los recursos y deambulan los carroñeros, la catástrofe no es trágica: el incendio es un crimen social.

MF

La Fundación Sí recibe alimentos no perecederos para ayudar a las víctimas del incendio de esta semana en su sede de Ángel Carranza 1962 (CABA) de lunes a sábados de 10 a 19, así como donaciones con tarjeta de crédito o débito en este enlace. 

Es emocionante. Estamos combatiendo una pandemia en tiempo récord. No pasó un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de pandemia y ya se aplican distintas vacunas contra esta enfermedad que paralizó el planeta. Compartimos en redes sociales la alegría de ver vacunados a nuestros abuelos y de sentir, o al menos imaginar, que el final de esta pesadilla se acerca. También nos indignamos cuando descubrimos una apropiación ilegítima de un bien escaso, como las vacunas, repartidas a partir del privilegio y no de la necesidad.

En el mundo está pasando algo muy parecido. Nueve de cada diez vacunas se están aplicando en los países más poderosos del mundo. Mientras tanto, otros 130 todavía no administraron una sola dosis. Así, sólo Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido concentran la mitad de las 280 millones de dosis que se aplicaron. Mientras que se estima que estas potencias tendrían vacunas ampliamente extendidas para su población entre septiembre de este año y marzo del próximo, los países de más bajos ingresos deberán esperar hasta ya comenzado el 2023.

Más allá de la cantidad de vacunas aplicadas hasta el momento, el número de acuerdos futuros alcanzados entre los Estados y las compañías farmacéuticas es todavía más llamativo. Esto demuestra realmente el alcance de los compromisos asumidos y muestra una imagen mucho más desoladora de la inequidad sanitaria.

Según datos del Centro de Innovación para la Salud Global de la Universidad de Duke, Canadá lidera el ranking con acuerdos de adquisición de vacunas que permitirían inocular a más de cinco veces su población. Le siguen en la lista el Reino Unido, que tiene acuerdos para vacunar a más de tres veces sus habitantes, la Unión Europea, Suiza, Australia y Estados Unidos, entre dos y dos veces y media, y más lejos, Japón, que podría cubrir al 124 por ciento de sus ciudadanos. Estos países —junto con Noruega, Brasil, Ecuador y unos pocos más— están bloqueando una batalla clave que transcurre en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Ante un escenario tan desigual, en octubre de 2020, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, medicamentos y tecnologías contra el COVID-19, mientras dure la pandemia. De aprobarse, esta medida habilitaría a todos los países a producir y usar todas las tecnologías disponibles sin temor de violar derechos de propiedad intelectual. 

Si bien los promotores ya lograron el apoyo de más de ciento cuarenta países, incluida la activa promoción de la Argentina, la OMC funciona por un sistema de votación por consenso, por lo que sólo las potencias que ya accedieron a sobradas vacunas para su población pueden bloquear el avance de esta resolución. Como declaró el delegado de India ante la comisión en una reunión del año pasado: “Estos Estados que acapararon toda la oferta que pudieron no dejaron vacunas en la torta para los países menos desarrollados”. Las vacunas que pueden dividir la vida de la muerte se están distribuyendo en función de la riqueza, no de la necesidad. 

“Perder tiempo significa perder vidas”

Ayesha Jacub es médica y analista en política sanitaria global. Integró el sistema público de salud de Sudáfrica y ahora vive en Estambul. En comunicación con elDiarioAR, consideró que “la liberación de las patentes podría asegurar el impacto positivo que produce la información abierta, incluyendo una expansión en la fabricación y en la competencia, logrando precios más competitivos”. Para la especialista, “desde cualquier perspectiva moral o de salud pública que se lo analice, la medida que asegure el mayor acceso es el mejor camino”, y consideró que “de todas las opciones disponibles, la liberación temporaria de los derechos de propiedad intelectual es lo más razonable” porque acelera los tiempos que otros caminos no permiten. “Hoy”, sentencia, “perder tiempo significa perder vidas”.

Del otro lado del ring, y con un pasado de dominación colonial sobre los dos países promotores de esta iniciativa, está el Reino Unido. En su primera respuesta a la moción de India y Sudáfrica, el delegado británico sostuvo que consideraba la suspensión de los derechos de propiedad intelectual como una “medida extrema para abordar un problema no probado” y que sería “contraproducente”. Textualmente, dijo: “No hemos identificado formas claras en las cuales la propiedad intelectual haya actuado como una barrera en el acceso a vacunas, tratamientos o tecnologías en la respuesta global al COVID-19”. Y propuso medidas alternativas como la transferencia tanto de tecnología como de capacidad productiva y de distribución.

Si bien el Reino Unido pone en duda la capacidad de producción en los países de bajos ingresos, de las 158 vacunas precalificadas bajo por la OMS, 72 son producidas por fabricantes de países en desarrollo. Además, como considera Jacub, la liberación de los secretos comerciales y las patentes podría permitirles producir localmente, o a aquellos que no tengan la capacidad de hacerlo, acceder a una mayor oferta y a precios más competitivos.

Para ilustrar la situación, la doctora Jacub pone el ejemplo de la Argentina: “Imagina un escenario”, dice, “en el que se liberan los secretos comerciales y el laboratorio argentino que fabrica la vacuna de Oxford-AstraZeneca pudiera producir en forma independiente una vacuna para el mercado local a precios competitivos; ¿no sería un enfoque más pragmático en medio de una pandemia?”. 

"Imagina que el laboratorio argentino que fabrica la vacuna de Oxford-AstraZeneca pudiera producir en forma independiente para el mercado local a precios competitivos; ¿no sería un enfoque más pragmático en medio de una pandemia?" (Ayesha Jacub, médica)

Por estas razones, en los últimos días la iniciativa sumó el apoyo simbólico de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. El funcionario declaró que comprendía “que los gobiernos tengan la obligación de proteger a los suyos, pero (que) la mejor forma de hacerlo es suprimir al coronavirus al mismo tiempo en todas partes”. En una columna publicada hoy en The Guardian, consideró que “aplicar el enfoque del ‘yo primero’ a la vacunación no vencerá al COVID-19”. Y sentenció: ”¿si no es ahora, cuándo?”.

"Aplicar el enfoque del ‘yo primero’ a la vacunación no vencerá al COVID-19” (Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS)

Jacub advierte también sobre los impactos negativos de este abordaje para los países de altos ingresos: “los países desarrollados continuarán en riesgo por las mutaciones del virus y las poblaciones no vacunadas a través de sus fronteras, una consecuencia inevitable de la globalización”. Coinciden en que no sólo se trata de un acceso equitativo, sino de una estrategia adecuada para abordar una pandemia como la que atravesamos.

Bienes públicos globales

Una de las organizaciones más activas en este tema es Médicos Sin Fronteras (MSF). La organización ganó un Nobel de la Paz en 1999 por su trabajo humanitario y su contribución a generar un rechazo social a las violaciones de derechos humanos y a los abusos de poder. Hoy es la principal organización promotora de la suspensión de las patentes en la OMC.

“Médicos Sin Fronteras considera que las vacunas contra el COVID-19 deben ser tratadas como bienes públicos globales”. Quien habla —en realidad, escribe— es Kate Stageman, coordinadora de la Campaña de Acceso de MSF en Johannesburgo. “Dado el financiamiento público sin precedentes detrás de su desarrollo y la urgencia que presenta la pandemia, consideramos que no debería haber ningún tipo de lucro detrás de las vacunas”. 

Se refiere a los 12 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos invertidos para la investigación y desarrollo, pruebas clínicas y manufactura de las seis principales vacunas (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi y Novavax). Así, al menos en este caso, la innovación parece haber llegado a partir de la inversión directa de los Estados nacionales y no a través de los derechos de propiedad intelectual. Y así y todo, al parecer, podría haber sido más eficiente.

De acuerdo a una investigación de la revista Jacobin, un destacado grupo de investigadores finlandeses liderado por el profesor Kalle Saksela, director del Departamento de Virología de la Universidad de Helsinki, tenía lista una vacuna contra el COVID-19 libre de patentes en mayo de 2020. Sin embargo, el Estado finlandés no  acompañó la iniciativa e invirtió en las grandes farmacéuticas, retrasando lo que podría haber sido la inoculación masiva de su población y los consecuentes beneficios del despliegue masivo de una vacuna sin derechos de patentes para la salud global.

Oportunidades perdidas aparte, la coordinadora de MSF escribe: “la propuesta de India y Sudáfrica facilitará la transferencia de salud y vacunas de las corporaciones farmacéuticas en Europa a los productores en países de renta media y baja, incrementando así la oferta y una mayor competitividad sobre los precios”. Stageman considera que tanto la resistencia de las corporaciones farmacéuticas para compartir las tecnologías contra el COVID-19, como el bloqueo de los países de ingresos altos, “sólo demuestra cómo priorizan mantener barreras estructurales sobre el acceso global y equitativo a las herramientas para combatir la pandemia”. 

¿Salir mejores?

La comisión de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la OMC se reunirá el 10 y 11 de marzo para decidir sobre la propuesta de India y Sudáfrica. Todavía queda una semana para que los países promotores y sus aliados sigan sumando apoyos. Argentina apoyó formalmente la moción en la OMC, impulsó la agenda en el Mercosur a través de la Cancillería e incluso el presidente Alberto Fernández coincidió con su par francés, Emmanuel Macron, en declarar la vacuna contra el COVID-19 como un bien universal sin propiedad intelectual, a fin de garantizar su acceso a los países en desarrollo. Sin embargo, al momento la Unión Europea mantiene su rechazo al proyecto. Las gestiones que realicen los promotores y sus aliados en estos días podrían acercar el final de la pandemia.

Varios de los países con mayores privilegios económicos acapararon vacunas que exceden a sus habitantes. Ahora bloquean un acceso equitativo por parte de los países más vulnerables. Si bien vivimos en un planeta que normalizó a sus Vacunados VIP, en una semana tenemos una oportunidad única para lograr eso que tanto deseamos: que la pandemia nos saque mejores. 

MF

La inauguración del período legislativo sirvió como marco para que el presidente Alberto Fernández renueve el modelo de desarrollo que impulsa su gestión. Un modelo que, aún con referencias a la crisis climática, profundiza la matriz desarrollista clásica basada en la explotación intensiva y exportación de recursos naturales.

Luego de la invitación realizada por el enviado climático del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, para participar de la Cumbre de Líderes organizada por Biden para el 22 de abril, se esperaban anuncios importantes del presidente en materia ambiental. Sin embargo, el eje del discurso estuvo signado por una continuidad con las políticas extractivas vinculadas a los hidrocarburos y al sector agrícola-ganadero. También en la promesa de industrialización del oro blanco: el litio del norte del país. 

Fernández se declaró “absolutamente comprometido” con los principios del Acuerdo de París, y sentenció que “el desarrollo del futuro será verde o no será”. Acto seguido, anunció que pretendía “promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización”, como uno de los seis pilares del Proyecto Nacional de Desarrollo. Añadió el objetivo de “convertirnos en exportadores de energía a nivel regional y mundial”, destacando que el gas de Vaca Muerta es “un combustible clave en la transición energética para minimizar los impactos del cambio climático”.

El Acuerdo de París exige limitar el aumento de la temperatura en 1,5°C, en relación a la era preindustrial, para evitar impactos irreversibles de la crisis climática. Para eso, la ciencia demostró que es necesario reducir el consumo de hidrocarburos en forma drástica. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por la sigla en inglés), para 2030 el consumo de petróleo tiene que caer un 37% en relación a 2010, y el consumo de gas un 25%. Para mitad de siglo, prácticamente tienen que desaparecer. Esta hoja de ruta, con la que Fernández dice estar comprometido, está muy alejada del desarrollo basado en la exportación de fósiles de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas no convencional del planeta. El mundo no debe consumir más gas, debe consumir menos. En especial Argentina, que todavía depende un 85% de los hidrocarburos para generar su energía.

Esta hoja de ruta, con la que Fernández dice estar comprometido, está muy alejada del desarrollo basado en la exportación de fósiles de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas no convencional del planeta

“El discurso promueve el desarrollo con una base claramente extractiva”, consideró Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Agroindustria por un lado, fósiles por el otro, apertura de rutas de salida como la Hidrovía por otro; es una profundización del modelo extractivo que se contradice con el apoyo a los objetivos climáticos”. En otro pasaje, Fernández mencionó que “el propósito último de los subsidios (energéticos) es que sólo amparen a quienes los necesitan”. Nápoli encuentra otra contradicción: “considerando la continuidad del Plan Gas para las grandes petroleras, el sinceramiento de las tarifas de luz y gas es una transferencia neta de recursos de la población a las empresas productoras”.

Es que, más allá del discurso, FARN analizó el Presupuesto 2021 y reveló que, por cada peso que se invierte en medidas que protegen el ambiente, $15 se destinan a medidas que lo degradan. Las renovables y la eficiencia energética reciben $1 por cada $184 que reciben los fósiles, y el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es un 10% de lo que recibirán las petroleras como subsidios a la producción de gas. Números que sostienen un discurso con fuerte carácter extractivo.

Más allá de la cuestión de los hidrocarburos, el Proyecto Nacional de Desarrollo que presentó Fernández se apoya también en la inversión para “aumentar la producción y las exportaciones del sector agroindustrial”. A pesar de la cuarentena, informó Greenpeace, la deforestación interanual en el norte del país creció en el 2020, incluso sin contar las más de 1.300.000 hectáreas incendiadas en todo el país. De acuerdo al IPCC, un 4,3% de la deforestación mundial ocurre en Argentina. En toneladas de recursos extraídos per cápita, el país se encuentra entre los treinta peores del mundo, más de un 40% por encima del promedio global. Los bosques son los pulmones que devuelven parte del oxígeno que los fósiles se llevan. El Presupuesto 2021 vuelve a desfinanciar la ley de bosques, otorgándole un 5% de lo establecido. Un área que requiere una intervención decidida del Estado para terminar con la deforestación.

Sin una sola mención a las energías renovables, el único pasaje vinculado a la agenda global en materia de transición ecológica fue el vinculado al litio. Como eje del desarrollo futuro, el presidente mencionó que enviará un proyecto de ley de electromovilidad, buscando promover toda la cadena productiva, desde la extracción de litio en el norte del país hasta la fabricación de baterías y colectivos eléctricos.

La deforestación interanual en el norte del país creció en el 2020, incluso sin contar las más de 1.300.000 hectáreas incendiadas en todo el país

El gobierno sabe que este recurso es estratégico. Entre Jujuy, Salta y Catamarca, el país concentra el 10% de las reservas mundiales. Junto a Chile y Bolivia conforma el triángulo del litio, que acapara el 64% de estas reservas fundamentales para alimentar las baterías que harán posible una transición rápida en el sector del transporte. La movilidad contaminante es la principal responsable por las más de 20 mil muertes anuales que sufre Argentina por contaminación fósil, y una de cada cinco muertes prematuras en el planeta. 

“El tema es para quién será ese litio”, se pregunta Nápoli. “El desafío es superar la creación de grandes zonas de sacrificio a un retorno muy bajo, para que el sector más privilegiado del norte global pase a moverse con autos eléctricos”, dice. Preocupa repetir el modelo extractivo intercambiando un recurso por otro, sin incorporar los costos sociales y ambientales de su extracción. La industrialización del litio de los salares norteños también puede encontrar un límite en el proyecto de Ley de Humedales si estos ecosistemas terminan considerándose en en proyecto que aguarda su tratamiento en el transcurso del año legislativo.

Minutos después del cierre del discurso presidencial, el ministro Matías Kulfas declaró en una entrevista con Radio con Vos la intención de que “Argentina fabrique colectivos eléctricos para que tengamos ciudades con menos contaminación y con menos ruido”. Esto supondría avanzar en la cadena de industrialización y focalizar su desarrollo en el sector del transporte público: en principio, una buena noticia. Sencillamente reemplazar los autos a combustión interna por autos eléctricos no será suficiente. Importar buses eléctricos, tampoco. Pero esto tendrá poco sentido si la generación eléctrica sigue siendo un 65% fósil, como hasta el día de hoy. El abordaje debe ser holístico y abordar la inclusión social, dentro de los límites ambientales.

Es importante que Argentina planifique una política nacional con respecto a este recurso estratégico para el siglo XXI, con participación de todos los sectores y sin repetir las fórmulas coloniales del pasado. Incorporar la variable de la industrialización parece alejado, pero es indispensable para que Argentina encuentre una senda industrial verde, en línea con los límites planetarios, mientras potencia una transición justa y redistributiva en el plano económico y laboral. Algo que, considerando los demás aspectos mencionados, sería una grata sorpresa.

Desde una perspectiva ecológica, el discurso de Alberto Fernández fue muy preocupante. Una mirada acorde con los principios del Acuerdo de París, o incluso de la encíclica Laudato Sí del Papa Francisco, que dice suscribir, es contraria al modelo de desarrollo que planteó el presidente. Una deuda ilegítima no puede justificar el desarrollismo extractivista en la búsqueda del cáliz del dólar. Si “el desarrollo del futuro será verde”, animémonos. Para seguir proponiendo más de lo mismo, ya es demasiado tarde.

MF

Esta nota fue modificada el martes 2 de marzo a las 10:35. Por un error en la edición al cargar el texto se omitieron los tres párrafos finales.

Que los combustibles fósiles nos están matando no debería ser noticia. El siglo XXI será el último en el que veremos al carbón, al petróleo y al gas generando energía, luego de tres siglos de hegemonía desde la revolución industrial. Esto no ocurrirá por su escasez, sino por sus efectos devastadores. La crisis climática y ecológica que atravesamos se explica en más de un 73% por los fósiles. Pero un nuevo estudio demostró que los impactos directos sobre la vida humana son peores de lo que habíamos imaginado.

Un reciente estudio de Harvard, en colaboración con las universidades de Birmingham, Leicester y la UCL de Londres, reveló que la contaminación del aire proveniente de los fósiles producen una de cada cinco muertes prematuras en el planeta. Para tomar dimensión, mientras que la pandemia del Covid-19 lleva dos millones y medio de muertes en algo más de un año, sólo en 2018 la contaminación por fósiles produjo más de ocho millones de fallecimientos prematuros. 

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Research, utilizó un novedoso sistema de monitoreo en 3D llamado GEOS-Chem, que permitió identificar con precisión el material particulado inferior a 2.5 micras (PM2.5) proveniente de la combustión de fósiles en sectores como la energía, el transporte, la industria o la aviación, entre otras. El último gran estudio conocido al respecto, ubicaba la cifra de muertes prematuras en alrededor de la mitad (4,2 millones), e incluía la contaminación proveniente de la agroindustria. La mayor precisión de esta nueva investigación permite dimensionar la verdadera escala del impacto de estos combustibles en la vida humana y la urgencia que supone la transición a fuentes de energía renovables y limpias, como la solar o la eólica.

El estudio demostró que, en 2012, se registraron 10,2 millones de muertes por esta causa, reduciéndose hasta 8,7 millones en 2018 por las limitaciones de contaminación del aire implementadas por China. Si bien el 62% de las muertes ocurrieron en el mencionado gigante asiático e India, donde abundan las usinas térmicas a base de carbón y la densidad poblacional es muy alta, América del Sur sufrió 187 mil muertes prematuras por la exposición a PM2.5 proveniente de los fósiles. En Argentina se produjeron 20.285 muertes atribuibles a la exposición a la contaminación proveniente de los fósiles en 2012, el tercer mayor número de la región luego de Brasil y Venezuela, con una incidencia del 6,6% sobre el total de las muertes prematuras registradas ese año.

En Argentina se produjeron 20.285 muertes atribuibles a la exposición a la contaminación proveniente de los fósiles en 2012, el tercer mayor número de la región luego de Brasil y Venezuela

En nuestro país, las emisiones climáticas del sector energético representan el 53% del total, del cual alrededor de un tercio corresponde a la combustión en centrales térmicas, un cuarto al transporte terrestre y un quinto a la industria manufacturera y de la construcción. Sin embargo, la información sobre contaminación directa en humanos es todavía muy limitada. El actual viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, escribió en 2019 que en el país “cerca de 15 mil muertes por año tienen como causa la polución atmosférica” y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “85 chicos mueren anualmente producto de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire”.

En el caso de Buenos Aires, la Ciudad comenzó la medición de la contaminación del aire en 2009, con tres estaciones de monitoreo en La Boca, cerca del polo petroquímico a la vera del Riachuelo, en Córdoba y Rodríguez Peña, una locación con gran tránsito vehicular, y en Parque Centenario, en el centro geográfico de la ciudad y uno de sus reducidos espacios verdes. Al día de hoy, según información oficial, sólo funcionan dos (La Boca está fuera de servicio) y las estaciones no monitorean PM2.5, el componente central del estudio de Harvard y el más agresivo y peligroso para la salud. Si bien la Agencia de Protección Ambiental (APrA) se había comprometido a incorporarlos en su plan de acción 2015-2020, esto continúa pendiente por falta de financiamiento o de voluntad política. 

Ante este vacío en la información oficial, en 2018 la organización ambientalista Greenpeace realizó una medición independiente en 20 puntos de la ciudad, en los cuales detectó niveles superiores de PM2.5 a los recomendados por la OMS para exposición crónica en un 85% de los casos monitoreados. En el 45% se detectaron niveles de dos a seis veces por encima de los recomendados, con un máximo de casi veinte veces más. La falta de monitoreo oficial pone en riesgo a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y demuestra la ausencia de políticas concretas para mejorar esta situación. Asimismo, la normativa de calidad de aire se debe alinear con las recomendaciones de la OMS y promover mediciones confiables para poder abordar el problema con la información necesaria.

Uno de los ejes fundamentales para mejorar esta situación en la Ciudad es planificar el fin de la movilidad a nafta o gasoil. En 2015, Mauricio Macri, todavía a cargo del Gobierno de la Ciudad, firmó una declaración del C40 —una red de grandes ciudades que busca hacer frente a la crisis climática— comprometiéndose a reducir la contaminación proveniente del transporte y mejorar la calidad del aire a partir de la introducción de colectivos eléctricos. ¿Cuántos buses eléctricos tiene la ciudad desde entonces? Dos. Qué miseria, diría Brandoni. Promover más y mejor transporte público eléctrico, es posible y beneficioso tanto para el ambiente como para los pulmones de los porteños.

Si bien a nivel nacional la situación es todavía más compleja, lo cierto es que en este contexto de extrema crisis climática y a la luz de las crecientes e incuestionables certezas sobre los impactos que tienen los fósiles sobre la vida de las personas, el gobierno debe rediseñar su plan de recuperación pospandemia. La mirada extractivista-desarrollista desacoplada de la evidencia científica en cuanto al contexto climático y energético global, sólo retrasan el surgimiento de una nueva era en la que, por nuestros particulares recursos, podríamos hacer punta. Pero además, omiten sin pestañear las más de veinte mil muertes directas que se producen por la exposición a estas fuentes obsoletas de energía.

Seguir subsidiando masivamente a los combustibles fósiles con el Plan Gas IV, las transferencias directas o incluso con un cuarto de lo recaudado por el Aporte de las Grandes Fortunas, es un despropósito para los intereses vitales de los ciudadanos. Que los fósiles matan no debería ser una noticia, dije más arriba. Pero me permito insistir, porque parece que algunos representantes del pueblo todavía no se enteraron.

MF

El pueblo de Chubut logró otro enorme triunfo contra la megaminería. Esta vez ganó lo más preciado cuando los intereses contrarios son tantos, y tan poderosos: ganó tiempo. El gobernador Arcioni había convocado este último viernes a una sesión express para tratar el proyecto que permitiría la entrada de esta actividad a la provincia. Sin embargo, el rechazo transversal a esta nueva embestida en la provincia logró impedir su avance en comisión e hizo caer la convocatoria del gobernador. Horas después, la jueza Alicia Arbilla hizo lugar a una medida cautelar presentada por la asamblea No a la mina Esquel y suspendió la sesión hasta resolver el planteo de fondo. Hasta tanto no se evalúe su constitucionalidad, el proyecto no podrá tratarse en la legislatura.

El principal lobby detrás de esta embestida lo realiza la gigante canadiense Pan American Silver (PAS). La transnacional busca avanzar con Navidad, un proyecto de extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto que tendría unos 18 años de vida útil. Desde que adquirió el proyecto en 2010, PAS lidera los esfuerzos de juntar voluntades para derogar la ley antiminera que lograron los vecinos de Esquel en 2003, movilizados contra la también canadiense Meridian Gold. Sólo en 2019, de acuerdo a una denuncia de la organización MiningWatch, Pan American Silver habría gastado seis millones de dólares en “actividades comunitarias” y “cuidado y mantenimiento”, sin ofrecer mayores detalles, dice el informe. Sin embargo, los reportes de transparencia que la empresa presenta en Canadá no dan cuenta de los mencionados gastos. Un dato, por lo menos, llamativo.  

En ese contexto, cobran mayor relevancia las denuncias de supuestas coimas como la cámara oculta al diputado del PRO, Sebastián López, en la que se lo puede ver pidiendo “cien lucas” para “abrirle puertas” al sector minero, o el audio de WhatsApp de la diputada del oficialismo provincial, Leila Lloyd Jones, en el que denuncia que sus pares recibieron “10 millones de pesos” para votar el proyecto. Tampoco sorprende el giro que dio el actual gobernador luego de su campaña de 2017 en la que prometía frenar a “la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires”. La estafa electoral que cometió Arcioni al convertirse en promotor de este proyecto es escandalosa. La megaminería no sólo contamina el ambiente, también contamina la democracia.

Además de la mencionada turbiedad política, la forma en la que se presentó el proyecto no respetó la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios de la zona, de carácter obligatorio por el artículo seis del convenio 169 de la OIT. Distintas comunidades Mapuche-Tehuelche de la meseta centro-norte, donde se ubica el Proyecto Navidad, pidieron que no se trate este proyecto por verse vulnerados sus derechos como comunidades indígenas. 

Por si eso fuera poco, el gobierno chubutense persiguió y reprimió a manifestantes antimineros, mientras que la autodenominada “Red de Académicos por la Minería Sustentable” falsificó un informe del CONICET asegurando que las regiones con minería a gran escala tiene mejor calidad de vida. No sólo cosechó el enérgico repudio del sector académico, sino que días después, el Centro Nacional Patagónico dependiente del CONICET difundió un lapidario informe sobre los impactos que podría tener el avance de la megaminería por lo que solicita el retiro del proyecto de la legislatura. 

Contra la estafa electoral, las denuncias de corrupción y la violencia institucional, la victoria del pueblo es importantísima, pero todavía no es definitiva. El año electoral juega en contra de Arcioni y de su referente nacional, Sergio Massa. Por eso el tiempo es un bien preciado. El impacto de avalar la avanzada extractiva a partir de traiciones políticas, denuncias de coimas flagrantes, vulneración de derechos y en contra del pueblo movilizado podría ser enorme. La dirigencia del Frente de Todos a nivel nacional lo sabe y debe actuar en consecuencia, especialmente en un año electoral.

Convocadas por las asambleas locales, el jueves 4 hubo marchas en todo el país bajo el lema #ChubutAGUAzo y #NoEsNo. Esta masiva movilización —como las de Mendoza de fines de 2019— son el más claro indicio de una pujante sensibilidad ecosocial que crece y se consolida en Argentina. El mito del desarrollo infinito basado en el modelo extractivista se demostró injusto e insostenible. El pueblo lo sabe y le pone un límite claro. Cualquier frente político que se considere popular deberá incorporar esta variable a su agenda y promover la equidad respetando los límites ambientales.

Cuando el Cambá fue a buscar el revólver a la Hilux, miré a mi alrededor con miedo. No había nada: eran ellos, nosotros y el horizonte inundado del Iberá. Una tensión eléctrica recorrió mis cuádriceps, pasó por mis gemelos y terminó en mis pies fríos por el agua que se colaba entre el pastizal. Miré a Emilio que seguía firme y me tranquilicé. Él ni registraba a Cambá; seguía hablándole al patrón.

El patrón era el presidente de Haciendas San Eugenio, la empresa que había construido el terraplén de 24 kilómetros que inundaba los ranchos de la comunidad guaraní Yahaveré y que ahora incumplía una sentencia que había ordenado su demolición. Emilio era el ecologista que, junto con la comunidad, se había puesto al hombro la coalición Salvemos al Iberá y que estaba en la mira de las patotas de algunos productores correntinos.

Cambá volvió con el revólver en la mano derecha, sin apuntar a ninguna parte. Enajenado, insultó a un muchacho de veintipocos que registraba todo con una cámara digital para el medio independiente Momarandú. En esa época —y en esa geografía— la transmisión en vivo no era opción. Era el lejano este y podía pasar cualquier cosa. El patrón tranquilizó a su guardaespaldas y Cambá enfundó el arma, aunque dejó la mano sobre la empuñadura, amenazante. Los siete u ocho que estábamos ahí nos miramos más aliviados. Recién ahí reparé en el carpincho que mascaba tranquilo al costado de la Hilux, como si no estuviera pasando nada. Emilio volvió a la carga.

“Estas tierras son públicas y usted sabe muy bien que las usurpó ilegalmente. inundando y encerrando a la comunidad como si fueran animales.”

“La tierra es mía, nene”, contestó el patrón. “Y vos, con todos estos pendejos la atacaron cobardemente. Hoy zafás, pero esto no va a quedar así”.

***

La noche anterior nos habíamos despertado de madrugada. El plan era cruzar la laguna desde el rancho de Rosendo (N. de R.: el nombre es ficticio) hasta el primer alambrado. Una vez ahí, íbamos a cortar parte del alambrado con unas tenazas enormes y a tirar unos postes con motosierra. Era una actividad simbólica y localizada en las tierras fiscales que “el patrón” había usurpado. Con Emilio creíamos en el valor de las acciones directas no violentas como método para promover discusiones sobre la vulneración de derechos colectivos. Él se había mudado a Corrientes hacía unos años y ya estaba convirtiéndose en un referente de la lucha por los humedales. La comunidad estaba desesperada, pero firme. No sólo los inundaban, sino que los habían cercado y les habían cortado todos los caminos de acceso terrestre. Sólo podían acceder a su tierra desde Concepción, navegando en una balsita entre la vegetación y los yacarés y chapoteando a caballo en el trecho restante.

Desde la construcción del terraplén de Haciendas San Eugenio, las catorce familias de la comunidad sufrían inundaciones inéditas. El agua del humedal no pasaba hacia los terrenos que explotaba “el patrón”, acumulándose del lado que habitaban las familias. Esos ecosistemas son esponjas absorbentes. Lógicamente, cuando se interrumpe el flujo de agua hacia un área, la otra rebalsa. Las marcas del agua sobre las paredes de la casa de Rosendo llegaban casi hasta la cintura. Las inundaciones habían destruido muebles y algunos electrodomésticos. En la inmensidad del Iberá, los ranchos tenían unos paneles solares chiquitos que abastecían una lámpara y permitían la carga de un celular, pero para la heladera tenían un generador diésel y para cocinar, garrafas.

Salimos de lo de Rosendo a las tres de la mañana. A poco de andar el agua nos llegó hasta las rodillas. El frío se sentía en los huesos. Nuestro grupo anduvo unos veinte minutos a la luz de la linterna. Otros dos salieron a caballo hacia una zona más cercana al terraplén. Alguien encendió una motosierra. Cayeron tres postes en un minuto. El ruido de la motosierra retumbó fuerte en la noche cerrada.

 Una lucha larga y compleja

La escena ocurrió el 22 de junio de 2010. Nueve años después, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes oficializó la entrega de escrituras por parte de Haciendas San Eugenio a los integrantes de la comunidad Yahaveré. Un reconocimiento a la lucha indígena-ecologista y, también, una evidencia del dolo extractivo y apropiador de los intereses que explotan los humedales para su propio beneficio. El terraplén, a pesar de la sentencia firme, nunca se terminó de demoler.

La lucha por el Iberá fue larga y compleja. En 2018, la donación al Estado Nacional de más de 150.000 hectáreas por parte de la fundación de Kristine Tompkins (viuda del magnate que creó la marca The North Face) terminó por dar el paso definitivo para la creación del Parque Nacional Iberá. Este particular modelo de filantropía -discutido, merecedor de un capítulo aparte- llevó al cuestionamiento por parte de varias organizaciones ecologistas locales, incluido el propio Emilio. 

Por otro lado estaba Emiliano Ezcurra, un militante por la biodiversidad de larga trayectoria, fundador de la organización Banco de Bosques y, en el momento de la creación del parque, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales. Ezcurra cree que “Iberá es un ejemplo de lo bien que puede funcionar un humedal con un plan con anclaje social, cultural y ambiental como pilares de una nueva economía”.Lo dice por teléfono desde Entre Ríos, ya fuera de la gestión pública y otra vez con los pies en el agua.

Ezcurra cree que Iberá es un “caso de éxito palpable”, a tal punto que cosechó el reciente reconocimiento del actor y ecologista Leonardo Di Caprio por la reintroducción del yaguareté luego de setenta años de extinción. La reintroducción del yaguareté fue un proyecto que llevó adelante durante diez años la organización Rewilding, en conjunto con Parques Nacionales, las comunidades locales y el gobierno correntino. Sofía Heinonen, directora ejecutiva de Rewilding, destacó en un comunicado que “la ONU declaró al período 2021-2030 como la Década de la Restauración, y Argentina no podría haber comenzado de mejor manera”. Pero no todo es color de rosa para los humedales en el país, ni el conservacionismo regenerativo es el único camino que se abre paso.

Una herramienta para mitigar la crisis climática

Mientras que en el mundo los humedales ocupan del cinco al siete por ciento de la superficie terrestre, en Argentina ese número asciende al 21%. El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, fecha que busca rescatar la importancia de  estas áreas inundadas en forma permanente o transitoria y que actúan como esponja ofreciendo una enorme variedad de servicios ambientales como la prevención de inundaciones, la estabilización de las costas o la depuración de agua. Esta característica los hace hogar de una enorme diversidad biológica que, a nivel global, alberga al 40% de las especies. Los humedales sanos son una gran herramienta para mitigar y adaptarnos a la crisis climática que atravesamos.

El año pasado, los habitantes de Rosario y Buenos Aires respiramos el humo denso de los incendios en el Delta del Paraná. Sólo en ese humedal se quemó una superficie equivalente a quince ciudades de Buenos Aires. El 95% de estos incendios tienen un origen intencional, en gran medida por actividades como la ganadería que buscan “limpiar el terreno” para la producción.  Si bien a pequeña escala esto puede ser una práctica aceptable, el avance de la frontera agropecuaria intensiva debe encontrar un límite.

Pero ese no es el único problema en el Delta del Paraná. También se ve amenazado por la construcción incesante de barrios privados que rellenan el humedal, ignorando y alterando su valor ecosistémico. Esto produce un efecto similar al del terraplén de Haciendas San Eugenio en Yahaveré, a una escala mucho mayor. Los muros de concreto y el lujo de las lagunas artificiales se baten a duelo, una vez más, contra los bienes comunes y la naturaleza viva. Los humedales son el gran coliseo en el que combaten la propiedad pública y la privada, la preeminencia de la naturaleza con la acumulación de capital a partir de un modelo extractivo e insostenible. Como consideró el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja: “la protección de los humedales debe ser una política pública ante el avance voraz del poder económico”.

 Un proyecto que espera ser ley

Si bien el fuego volvió a poner sobre la mesa la necesidad de discutir y sancionar una ley de humedales, los lobbies que se oponen son muchos y muy poderosos: la agroindustria, la especulación inmobiliaria y la minería. Más allá de lo restrictiva que pueda ser la ley en su letra final, lo mínimo que hace indispensable su sanción es el ordenamiento territorial. Sólo esto hace urgente su sanción. Aunque las discusiones más fuertes se centran en la moratoria de nuevas actividades o la ampliación de existentes hasta la finalización del inventario y, fundamentalmente, en la definición de humedal -como ocurrió con la ley de glaciares en la que el lobby minero quería reducirla a su mínima expresión-.

En noviembre de 2020, la comisión que preside Grosso dio dictamen a un proyecto unificado entre distintos textos presentados por casi todos los bloques. Desde el despacho del diputado destacaron “la generación de consensos necesarios para lograr el dictamen” y la “urgencia de que la política tenga la conciencia suficiente para que el proyecto continúe avanzando y la ley de humedales sea realidad”. Aunque desde Greenpeace cuestionaron la exclusión de tipificación de delito penal para quienes destruyan estos ecosistemas, la Red Nacional de Humedales celebró el avance y exigió su tratamiento urgente.

La ley de humedales es un desafío urgente en la legislación ambiental de la Argentina. Un golpe a la impunidad de los que se creen dueños de estos ecosistemas. Una reivindicación para las comunidades que las habitan y trabajan con respeto al ambiente. En definitiva, una herramienta clave para hacer frente a la crisis existencial que enfrentamos por el cambio climático.

La asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos es clave porque desplaza a un matoncito negacionista de la Casa Blanca, pero también porque asume como prioridad de gobierno la lucha contra esta crisis de la que el país norteamericano es el principal responsable histórico. En su primer día, Biden firmó el decreto para regresar al Acuerdo de París y canceló el polémico oleoducto binacional Keystone XL, resistido por ambientalistas y pueblos originarios de la región. Dos señales de lo que el mundo espera: liderazgo internacional y acción doméstica. 

La vuelta al Acuerdo de París, que se hará efectiva en un mes, será un espaldarazo a un multilateralismo desgastado. Con todas sus falencias, es el mejor abordaje para esta crisis de escala planetaria. Dado el vacío ambiental que dejó la Casa Blanca en los últimos años, China tomó un rol relevante asociándose con la Unión Europea y posicionándose a la vanguardia en la arena climática internacional. Biden tendrá el desafío de dar la batalla geopolítica por este liderazgo, en una posible retroalimentación positiva.

La diplomacia jugará sus partidos en el G7 de junio, el G20 de octubre y la cumbre climática (COP26) de noviembre. La batalla más dura, sin embargo, estará en la eficacia de las transiciones energéticas nacionales y en el destino y la escala del financiamiento internacional. Esto impactará directamente en el mercado fósil global, cerrando gradual, pero rápidamente, la canilla del petróleo, el gas y el carbón. Esto plantea la pregunta sobre lo que hará el nuevo mandatario con las inversiones que van desde el sector estatal hasta el privado. En Argentina, las inversiones directas estadounidenses representaron un 23% de la inversión extranjera directa en 2020, con especial foco en el sector petrolero. ¿Se hará el distraído, Biden? ¿Podría el nuevo gobierno exigirle a las empresas radicadas en territorio estadounidense que alineen sus inversiones globales con los objetivos del Acuerdo de París? 

Incluso si lo hiciera, ¿alcanzaría con eso? ¿Es suficiente que Estados Unidos haga lo que el mundo espera frente a esta crisis que el propio Biden reconoce como una amenaza existencial?

Comprender la crisis climática exige desandar el camino de las desigualdades. Desde la conquista, la relación de los países del norte global con los del sur fue violenta y abusiva. El estado actual es producto de esos vínculos que normalizamos.

Intentar comprender la crisis climática exige desandar el camino de las desigualdades. De la conquista a la revolución industrial, la relación de los países del norte global con los del sur fue violenta, desproporcionada y abusiva. El estado del mundo actual es producto de esos vínculos que normalizamos. Proviene, entre otras violencias, de los cien millones de kilos de plata extirpados del suelo latinoamericano entre el siglo XVI y el XIX, que equivaldrían hoy al doble del total de la economía global y que engrosaron el capital del norte para financiar la revolución industrial. Revolución que, además de esta crisis, trajo un modelo productivo y distributivo que nos asignó el rol de exportadores de materias primas: el oro que extrae Barrick Gold dinamitando la Cordillera de los Andes, la soja transgénica que arrasa con los bosques nativos, o el fracking que enferma y hace temblar a Neuquén. Con ese modelo, el 44% de los argentinos no cubren sus necesidades básicas. Si no cambiamos el paradigma, esta década podremos ver un avance feroz sobre el litio en la puna jujeña que buscará abastecer el recambio tecnológico de los autos a nafta con los que Biden prometió terminar en 2035. Escucharemos que es por el desarrollo, pero seguiremos reproduciendo la fórmula de las crisis. El modelo lo impusieron ellos, pero lo reproducen nuestras élites.

Si no cambiamos el paradigma, veremos un avance feroz sobre el litio en Jujuy para abastecer el recambio de los autos a nafta que Biden. Escucharemos que es por el desarrollo, pero seguiremos reproduciendo la fórmula de las crisis.

Así, los países del norte, con Estados Unidos a la cabeza, acumularon riqueza y prosperidad producto de la extracción y exportación subvaluada y violenta de los recursos naturales de los países del sur. Esta deuda ecológica, busca reconocer el impacto de la externalización del daño ambiental que produjo el desarrollo del norte.

Ese concepto es fundamental para contextualizar nuestro modelo de desarrollo, e incluso sus condicionantes financieros como el que supone la deuda contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que se toma luego de una sequía inédita (que evita el intercambio de recursos por divisas, por cuestiones climáticas) y cuyas obligaciones exigen un aumento exponencial del extractivismo para poder pagarla, exacerbando el modelo que produjo lo primero. Un círculo vicioso, producto de un sistema diseñado para sostener el extractivismo y el sometimiento. 

La deuda con el FMI se toma luego de una sequía inédita y cuyas obligaciones exigen un aumento exponencial del extractivismo para poder pagarla, exacerbando el modelo que produjo lo primero. Un círculo vicioso

En ese sentido, no sería descabellado que la Argentina le plantee al FMI una condonación de la deuda por criterios ecológicos. De hecho, en abril de 2020, el FMI perdonó deuda equivalente a US$ 215 millones a 25 de las naciones más pobres y el G20 estableció una moratoria de pagos a 77 países por alrededor de US$ 12.000 millones. Un planteo que, en el contexto actual, es todavía más necesario para garantizar derechos sociales mientras se promueve la transición hacia energías limpias y suelos sanos que es imprescindible para recuperar la salud planetaria.

La esperanza climática que Biden representa no nos puede hacer perder la perspectiva del poder dominante y de la lógica neoliberal que promueve la nación que preside, principalmente, porque esa es la raíz del problema. El cambio de paradigma que es necesario requiere de saltos cualitativos que trascienden la escala productiva o tecnológica.

Estados Unidos tiene que decrecer, tiene que descolonizar, tiene que condonar y tiene que reparar. Sin esos cambios profundos —complejos, y muy poco probables— en cuanto a la concepción del crecimiento ilimitado y el sostenimiento de sus vínculos abusivos con el resto del planeta, Biden no podrá levantar la copa de la transformación ecosocial que el planeta demanda. Cambiar a un emperador malo por un emperador bueno puede ser un alivio, pero no es ninguna solución. 

Terminó “el peor año de la historia”, como tituló la revista Time su última portada de 2020. El año que corrió el telón de lo que se imponía como normal y desnudó la magnitud de las crisis que atravesamos. Pero el calendario gregoriano no promete pócimas mágicas y el COVID-19, los eventos climáticos extremos y la desigualdad siguen golpeando. ¿Y si el 2020 fue sólo un tráiler condensado de la larga distopía que será el siglo XXI? 

La pregunta no nace de una ortodoxia del pesimismo. Las advertencias están al alcance de la mano desde hace tiempo. Ya en 1972, el informe Los límites del crecimiento, dirigido por la biofísica del MIT, Donella Meadows, anunciaba que, a falta de cambios de alcance civilizatorio, estaríamos abocados a inaugurar una época forjada por la irrupción de crisis globales interrelacionadas y confluyentes hacia una crisis ecosocial global. 

El año que corrió el telón de lo que se imponía como normal y desnudó la magnitud de las crisis. El calendario gregoriano no promete pócimas mágicas ¿Y si el 2020 fue sólo un tráiler condensado de la larga distopía que será el siglo XXI?

En la última década, la de mayores temperaturas desde que existen registros, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) presentó una serie de informes que destacaron que los fenómenos extremos como las olas de calor, la falta de agua dulce o las sequías que afectarán la producción de alimentos serían cada vez más devastadores y frecuentes por el cambio climático. En octubre de 2020, el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) advirtió que, por la pérdida de biodiversidad, las futuras pandemias emergerán con mayor frecuencia, se propagarán más rápidamente, tendrán mayor impacto en la economía global y podrán causar más víctimas que la del COVID-19. Un estudio liderado por Gerardo Ceballos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, demostró que atravesamos la sexta extinción masiva y, esta vez, no sólo es irreversible, sino que es la primera causada por la actividad humana. Como dijo Greta Thunberg: la casa está en llamas. Y la alarma está sonando desde hace rato, aunque algunos prefieran el silencio de sus privilegios blindados.

Sobran evidencias sobre la excepcionalidad climática y ecológica que atravesaremos en el siglo XXI. Consecuencias que afectarán especialmente a los mismos de siempre, incrementando las desigualdades, como demostró la pandemia entre los que vivían en contexto de hacinamiento, sin acceso al agua, o realizaban tareas de cuidado no remunerado. Porque los pobres, las mujeres o los viejos son lo que el poder normalizó como costo sacrificable desde la revolución industrial y la hegemonía capitalista posterior a la caída del muro de Berlín. Lo normal es que sigan perdiendo.

Aunque escuchamos mucho sobre la nueva normalidad, la lucha contra estas crisis parece crecer desde las disidencias. Del “que otros sean lo normal” de Susy Shock a la contrahegemonía de Gramsci, la magnitud de las crisis obliga a que las resistencias rompan las soluciones convencionales y se reconcilien con la potencia revolucionaria de aquello que está fuera del cuadro. Tomar la fuerza de lo natural y nuestro carácter excepcional para tejer redes diversas y resilientes, en lugar de monolitos de concreto homogéneo. Hablo de identidades, pero hablo también de tendidos eléctricos y de nodos de distribución de alimentos. Digo lo queer y también la rotación de cultivos. Pienso el patriarcado, porque pienso el extractivismo. La dominación normativa, nos enseña el feminismo interseccional, se combate reconociendo y empoderando lo excepcional.

La economista italiana Mariana Mazzucato sostiene que el capitalismo atraviesa una triple crisis: una sanitaria, una económica y una climática. “La buena noticia”, escribió Mazzucato, “es que podemos usar el estado de emergencia actual para comenzar a crear una economía más inclusiva y sostenible”. Así, por el COVID-19, el mundo discutió (aunque por única vez), impuestos a las grandes fortunas, ingresos ciudadanos universales o millonarios planes de recuperación verde. En el contexto de esta triple crisis, medidas que parecían excéntricas deben convertirse en permanentes. Necesitamos repensar nuestros modelos de desarrollo desde una perspectiva que supere el extractivismo voraz y priorice el buen vivir. Esta era exige que actualicemos nuestros paradigmas con un nuevo enfoque que potencie y visibilice las disidencias identitarias, energéticas, alimentarias y políticas, construyendo desde abajo un nuevo Pacto Ecosocial y Económico, como proponen Maristella Svampa y Enrique Viale para la Argentina. Si no nos convertimos en excepción reparadora, sufriremos las consecuencias excepcionales de la normalidad.

MF

El presidente Alberto Fernández anunció el último sábado que Argentina aumentaría un 26% la ambición de su meta climática para 2030, reafirmó la decisión de alcanzar la carbono-neutralidad en 2050 y pidió apoyo internacional para continuar incrementando la ambición de las metas. ¿Qué significa este anuncio y por qué debería importarnos?

El Acuerdo de París estableció un límite de 2 grados (con 1,5°C como meta ideal) de aumento de la temperatura global en relación a la era preindustrial. Esto ocurre por las emisiones de gases que provienen, principalmente, de los combustibles fósiles en el sector energético (70% de las emisiones globales y 53% de las argentinas), y el cambio de uso de suelo del sector agrícola-ganadero (18% de las emisiones globales y 37% de las nacionales). 

Si bien el aporte total de Argentina es marginal, las emisiones per cápita están un 15% por encima del promedio del G20. La matriz energética local depende en un 85% de los fósiles y la deforestación sigue haciendo estragos.

El IPCC, principal grupo de expertos sobre el tema, reconoció las gravísimas consecuencias que tendría exceder 1,5°C: en Argentina, principalmente en la producción de alimentos, la desertificación, más severas olas de calor y pérdida de agua dulce por derretimiento de glaciares. Además, el IPCC puntualiza que, para cumplir la meta de 1,5°C, las emisiones globales deberían caer un 45% para 2030 (en relación a las de 2010) y a cero para mitad de siglo. Según el Emissions Gap Report del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a pesar del parate por la pandemia, aún vamos hacia más de 3°C.

En 2016, Argentina presentó su contribución con una meta de 483 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono) para 2030. Tomando en cuenta que en 2010 el país emitió 386 MtCO2e, esa “reducción” representaba en realidad un incremento del 25%, según la línea de base del IPCC.

El anuncio de Fernández supone un avance importante. La nueva contribución lleva esa meta a 359 MtCO2e, un 7% por debajo de las emisiones de 2010 y un 26% más ambiciosa que la de la gestión anterior. El borrador de la medida difundido por la Secretaría de Cambio Climático menciona que para 2025 no se excederían las 372 MtCO2e, un número equivalente al que emitió el país en 2016 (último dato disponible). De ser así, Argentina no incrementaría sus emisiones en esta década: un objetivo muy ambicioso, pero aún lejos de una trayectoria consistente con 1,5°C o incluso 2°C.

Por otro lado, el expresidente Macri anunció en 2019 el objetivo de alcanzar la carbono-neutralidad para 2050, algo reafirmado el sábado pasado por Fernández. El año próximo, la Secretaría de Cambio Climático liderará el proceso para detallar el camino hacia ese objetivo que se presentará en la COP26 de Glasgow. Si bien la neutralidad es compleja —permite emitir mientras se compense por otro lado; por ejemplo, reforestando bosques que absorben gases—, el trabajo del año próximo permitirá robustecer el anuncio con políticas claras que garanticen una transición justa, inclusiva y ambiciosa. 

Más allá de los anuncios, ¿por casa cómo andamos? Si bien el aporte total de Argentina es marginal, las emisiones per cápita están un 15% por encima del promedio del G20. La matriz energética local depende en un 85% de los fósiles y la deforestación sigue haciendo estragos. El presidente declaró que la recuperación pospandemia se basará en la explotación de fósiles de Vaca Muerta, una de las mayores bombas de dióxido de carbono del planeta. En 2020 se establecieron el barril criollo y el Plan Gas IV (subsidios dolarizados al petróleo y al gas, respectivamente). Incluso, el 25% de lo recaudado por el necesario Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas se destinará para financiar el fracking. La correlación energética y climática no cierra por ningún lado.

Los subsidios energéticos deben redirigirse de los fósiles a las renovables o al consumo para garantizar el acceso a la energía como un derecho,

Argentina mejoró su compromiso, pero sigue lejos de alinearse con 1,5°C. Para hacerlo, el objetivo a 2030 debería estar entre 192 y 233 MtCO2e, según un estudio de UNICEN para Greenpeace. La transición es un proceso que debe comenzar ya. Los subsidios energéticos deben redirigirse de los fósiles a las renovables o al consumo para garantizar el acceso a la energía como un derecho, promover una transición justa en trabajos vinculados a los fósiles y detener la deforestación, una medida que tiene el 74% de apoyo de los argentinos según una encuesta de Poliarquía para la organización Periodistas por el Planeta. 

Plantear modelos de desarrollo coherentes con 1,5°C es complejo, pero tiene múltiples beneficios que no son sólo ambientales, sino también sociales y económicos. La política climática argentina dio un paso hacia adelante, aunque no suficiente. Las decisiones locales deben acompañar.