Tamara Milagros Molina volvía a su casa en la tarde del 14 de marzo cuando una persona todavía no identificada la asesinó a balazos. Tenía 18 años y había crecido en medio de la violencia y las bandas que se disputan la venta de drogas en Tablada, un barrio de la zona sur de Rosario. Ella misma registraba una causa por portación de armas siendo menor, había sobrevivido poco antes a un intento de asesinato y sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios. Pero la vida y la muerte de Tamara no son excepcionales en una ciudad donde “las economías ilegales avanzan mientras el Estado se retira de los barrios”, como advierte el politólogo Luciano Vigoni.

“El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas”, dice Vigoni, exdirector del Programa Nueva Oportunidad durante el gobierno de Miguel Lifschitz en Santa Fe. En ese escenario, “los pibes no solamente venden casinitos, también guardan armas, prestan plata y reparten bolsitas (con drogas)”.

. El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas

Luciano Vigoni — exdirector del Programa Nueva Oportunidad

“Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas”, confirma el juez penal juvenil Alejandro Cardinale. “Me cuesta ver que en esas vidas haya transgresión. No la hay, en realidad, porque no existe una norma. Son pibes que han sufrido distintas violencias, que perdieron padres o hermanos y donde la comida de cada día llega por la actividad delictiva. Una transgresión hubiera sido ir a la escuela o no agarrar un arma, esos serían actos de rebeldía”, reflexiona el juez.

Tamara Milagros Molina fue asesinada el pasado 14 de marzo. Tenía 18 años. Sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios.

El crimen de Tamara Milagros Molina fue precedido el 31 de diciembre por el otro vecino de Tablada, Valentino Yandel Ramírez, un chico de 16 años en situación de pobreza extrema que se había vinculado al narcomenudeo. Un tirador no identificado baleó a Valentino por la espalda mientras otro menor lo distraía. Uno de los hermanos de Tamara, por otra parte, fue involucrado en tres crímenes y detenido después de tirotear un colectivo del transporte urbano en septiembre de 2024 siguiendo órdenes de Juan Carlos “Pelo Duro” Fernández, un preso de la cárcel de Coronda que se inició en el consumo de drogas a los 11 años, registró su primera detención a los 15 y en 2019 fue condenado a dieciocho años de prisión por homicidio y otros delitos.

Otro hermano de Tamara, a los 12 años, junto con otros de 10 y de 14, provocó la muerte de un hombre que vivía en la calle, Hugo Silva Viera, al arrojarle una botella con combustible y una mecha encendida el 6 de marzo de 2025. La tragedia ocurrida en una esquina de Villa Manuelita, un sector de Tablada, reunió así a niños atravesados por situaciones de violencia y un adulto sumido en el alcohol y la indigencia después que un accidente le imposibilitó trabajar como estibador. El padre está ausente de la casa donde se criaron los niños y la madre registra antecedentes vinculados con el narcomenudeo.

“Los espacios para menores privados de la libertad en Rosario no hacen otra cosa que reproducir la violencia. No hay tecnología de gestión nueva, es lo del Siglo XX y peor: los pibes pasan la mayor parte del tiempo encerrados, con tratamientos donde prima la lógica penitenciaria. Los pibes no pueden salir de ahí en mejores condiciones de las que entran”, afirma Luciano Vigoni.

“Hay varias barreras que deconstruir para pensar en una sanción en el sentido de la resocialización –dice el juez Cardinale–. En los casos graves, cuando les empieza a caer la ficha de lo que hicieron, hay que sostener esas subjetividades porque el pibe se derrumba y se sigue exponiendo al mata o muere y a otras conductas delictivas para volver a la cárcel más por una necesidad culposa que de rebeldía al sistema. Cuando podemos identificar eso, con un diálogo real, interdisciplinario, no resolviendo sobre la letra de un informe, la posibilidad de la intervención tiene un sentido formativo. Se sanciona a alguien que es parte de la comunidad”.

Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas

Alejandro Cardinale — Juez penal juvenil

Cardinale intervino cuando Tamara fue detenida por portación de armas: “Estuvo alojada en la División de Asuntos Juveniles Femenina, la cárcel de menores. La estrategia fue que saliera del núcleo familiar y del barrio; había una hermana mayor en Villa Gobernador Gálvez, pero la chica volvió a su casa. Hubo una falta de refuerzo estatal en la medida”. 

La economía ilegal como forma de subsistencia

La descripción de bandas criminales suele invisibilizar la situación de familias rosarinas dedicadas al narcomenudeo como forma de subsistencia o para saldar deudas. Fue el caso del allanamiento realizado el 9 de enero en una casa de Las Flores al 3500, en la zona sudoeste de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación descubrió a unas mellizas de 6 años que hacían de pasamanos para la venta de drogas. A esa edad, además, las niñas ya presenciaron otros operativos policiales en su domicilio y salieron ilesas de balaceras. El secuestro fue ínfimo: 10 gramos de cocaína.

“La economía ilegal es cada vez mayor frente a los restos del Estado en los barrios de Rosario, que son las escuelas, los centros de salud y algo de lo social –dice Luciano Vigoni–. Los clubes son la única estructura no estatal con presencia en el territorio, pero están muy debilitados. El gobierno provincial proyecta el encarcelamiento masivo de los jóvenes y el municipal de Rosario habla de buenos y malos, pero nadie mira una sociedad fragmentada y con mayores y múltiples niveles de violencia. En una recesión como la actual, con la falta de trabajo y hasta de changas, las economías ilegales son para muchas familias la posibilidad de generar un ingreso”.

La venta de drogas, el casinito y los préstamos informales de dinero funcionan entonces como alternativas para la subsistencia y el consumo, dice Vigoni, ex militante del Partido Socialista y ahora parte del Frente Amplio por la Soberanía: “Los pibes quieren consumir, quieren la moto, las llantas, la gorra. Obviamente están los clanes familiares (dedicados al narcomenudeo) pero ellos se conocen entre sí, van cambiando de un lugar a otro”.

El MPA y el gobierno de Maximiliano Pullaro contabilizan 109 puntos de venta de drogas “desactivados” en los últimos dos años. Sin embargo la comercialización de drogas no disminuye en Rosario: las transacciones se realizan en espacios abiertos –entre ellos el terraplén de barrio Las Flores donde fueron asesinados tres compradores el 23 de diciembre pasado– y el bunker se traslada a los propios domicilios de las familias. En otro procedimiento del mes de enero, los fiscales se encontraron con un niño de 10 años que asistía a su familia en la venta de drogas.

Los puntos de venta y la situación de los menores suelen quedar expuestos con los hechos de violencia. Una nena de 7 años llamada Pía resultó baleada el 28 de diciembre en el ataque de una banda contra su casa en Génova y Cabal, barrio Empalme Graneros. “Esta es una zona de balaceras. El bunker funciona hace cuatro o cinco años”, dijo entonces una vecina a Radio 2. 

“La criminalidad en su más amplio espectro –bandas, violencia, narcomenudeo, intervención corrupta de la policía– es un factor de vulnerabilidad para cualquier persona y más para un pibe que todavía se está criando –afirma el juez Cardinale–. Una medida de protección puede ser alejar al menor de ese ámbito. A veces hay opciones dentro del entorno familiar y a veces no. Ahí es donde queda limitada la respuesta estatal, y es también lo que muchas veces se entiende como que no se hace nada. Pero la herramienta legal, institucional, está”. En los casos de menores no punibles, “la gran protagonista por acción o por omisión es la Secretaría de Protección de Niñez de la provincia”.

Como la disputa por el mercado de drogas, el prestamismo informal asoma en la superficie cuando deriva en represalias. El 16 de marzo una familia del barrio Empalme Graneros denunció un ataque incendiario contra su casa por no afrontar una deuda. “El prestamista puede prestar por un día, por un fin de semana, por un mes, a un interés que se negocia en la desesperación por consumir o de cubrir una necesidad básica –explica Vigoni–. Si no se devuelve con billetes se paga con un bien o en el límite con la propia casa. No son necesariamente los narcos, también lo hacen familias o personas a las que le sobra algo de plata”.

La investigación sobre Los Menores, la banda narcopolicial que desafió la tradicional hegemonía de Los Monos en Rosario, reveló la explotación de casinos virtuales y apuestas ilegales. “Es una diversificación del negocio menos riesgosa en términos de violencia –apunta Vigoni–. Se hace a través de plataformas que ofrecen todos los juegos de un casino. Un administrador provee el usuario para jugar, carga las fichas, recibe el dinero y hace los pagos. Ahí hay un negocio en ascenso que no se ve, pero es masivo”. La investigación de la fiscalía de Rosario identificó las plataformas Zeus y Rojo23 utilizadas por una rama de Los Menores que habría organizado Fernando Cappelletti.

Los Menores deben su nombre a la utilización de menores de edad como sicarios y custodios de puntos de venta. Lautaro Nicolás Brest tiene hoy 20 años, pero su trayectoria está ya marcada por la muerte violenta: siendo menor presenció los asesinatos de dos amigos de 14 y 15, en la zona oeste de Rosario, y de su propio padre, un taxista de 38 años. El 25 de marzo Brest fue imputado como parte de Los Menores, banda a la que se atribuye entre otros crímenes el de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

“En quince años de trabajo nunca escuché a nadie decir ‘es menor no punible, no se puede hacer nada’ –enfatiza Vigoni-. La situación en Rosario es abordable aún hoy, pero el nuevo Régimen Penal Juvenil va a profundizar el problema. Necesitamos instituciones que tengan restricciones pero donde el tránsito cotidiano pase por lo cultural, lo deportivo y la atención de salud mental”.

Al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años se suma la nueva ley de organizaciones criminales, que por su parte incrementa penas e iguala la responsabilidad de los integrantes de bandas más allá de la función de cada uno. “Pero en un bunker tradicional, un espacio completamente cerrado con una mirilla por donde se despacha la droga, donde un pibe, una pibita están encerrados vendiendo, hay una situación de trata evidente dentro de la organización criminal –destaca el juez Cardinale-. Así lo definió la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. El menor es en esos casos una víctima más que el autor de un delito”.

Cardinale define como “terraplanismo punitivo” al Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. “Los problemas son complejos y la respuesta es falaz, simplista y no va a generar ninguna incidencia en la tasa de criminalidad ni en el estándar de seguridad comunitaria –señala el juez–. En Santa Fe los homicidios dolosos disminuyeron de una manera llamativamente abrupta sin ninguna ley agregada, supuestamente alcanzó con un patrullaje organizado y con cortar la comunicación desde la cárcel. El Régimen Penal Juvenil se aplicará además a una población que tiene una incidencia ínfima en la criminalidad”.

OA/MG

“A mí que puse la cara como nadie por la Policía y por el Servicio Penitenciario, a mí que discutí con todos los garantistas que no querían meter presos a los chorros, ¿a mí me van a decir asesino de policías?”, se indignó Maximiliano Pullaro en la conferencia de prensa en la que presentó la nueva escala de salarios para la policía de Santa Fe. El gobernador expuso así su principal preocupación ante el conflicto que tuvo en vilo a la provincia durante una semana: la ruptura del vínculo con la fuerza policial a la que atribuye el máximo logro de su gestión, el descenso de los indicadores de violencia en la ciudad de Rosario.

El gobierno provincial consideró que los reclamos de los policías eran “justos y legítimos”. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió a la gestión como “pro Policía y pro fuerzas de seguridad”, una aclaración innecesaria. Pullaro recordó una acción elocuente al respecto: la reivindicación del oficial Luciano Nocelli, condenado en dos instancias judiciales por doble homicidio, liberado por la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, absuelto en un juicio exprés que el mismo gobernador impulsó e incorporado a la planta de empleados de la provincia.

Pero los policías autoconvocados con un sorprendente grado de organización y con acciones coordinadas en distintas ciudades de Santa Fe no pusieron en duda el perfil punitivista de Pullaro. Los bajos salarios, las penurias materiales y afectivas del personal forzado a trasladarse desde el norte de la provincia a Rosario, la invisibilización de los problemas de salud mental y las coerciones disciplinarias fueron los motivos puntualizados en el petitorio que presentaron los policías.

“La policía de Santa Fe está muy fragmentada y contiene grupos con intereses diversos. Con el conflicto quedaron expuestas cosas inocultables a pesar del paraguas mediático que tiene el gobierno en la provincia: en primer lugar, el discurso propolicial es una impostura, porque no hicieron nada en términos de profesionalización, condiciones de trabajo y salud mental”, analiza el criminólogo Enrique Font, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Problemas de salud mental y apremios económicos

El desfasaje entre la retórica del gobierno “contra las organizaciones criminales” y la situación de estratos medios e inferiores se hizo patente la semana pasada y detonó el conflicto. El martes 3 de febrero Pullaro celebró la continuidad del Plan Bandera en Rosario junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y destacó el desempeño de las fuerzas de seguridad. Por esas horas el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, agonizaba después de dispararse un tiro en la cabeza dentro de la Jefatura de Policía de Rosario, cuando se presentó para tomar servicio después de una licencia por enfermedad y supo que no podría hacerlo hasta que se reuniera una junta médica.

No hay información oficial sobre los policías que se quitaron la vida en Santa Fe durante la implementación del Plan Bandera. El caso de Valdez fue el tercero registrado en la policía de Rosario entre diciembre de 2025 y este mes. El ministro Cococcioni informó que 560 empleados policiales están bajo tratamiento psicológico en la provincia y otros 460 abandonaron de manera voluntaria la terapia para reincorporarse al servicio, otro indicador de los apremios económicos solapados.

La protesta tuvo su epicentro en las puertas de la Jefatura de Policía de Rosario, se desplegó ante la Casa de Gobierno y la Jefatura de la Policía de la Provincia en la ciudad de Santa Fe y alcanzó a varias ciudades del centro y norte de la provincia. Los policías cortaron calles, quemaron neumáticos, eligieron delegados en asamblea y redactaron un petitorio: un conjunto de prácticas características de acciones sindicales que la misma fuerza reprimió, como la movilización de docentes y estatales en octubre de 2024 ante la Legislatura provincial o la de trabajadores de la empresa Sancor de Sunchales que reclamaban por sus salarios en febrero de 2024.

“Cuando las bases se acuartelan no solo desafían a la autoridad política sino a sus mandos superiores. En su mayoría, los conflictos policiales evidencian una fractura profunda en la pirámide”, afirma Gustavo Javier González, profesor de la Universidad Nacional del Litoral. En 2020, el Censo Policial coordinado por González y otros investigadores del Programa Delito y Sociedad de la UNL ya había detectado problemas que estallaron ahora: un 34 % de las licencias prolongadas en el personal policial correspondían a patologías de salud mental.

Policías y familiares se presentaron como autoconvocados y designaron como “único vocero” a Gabriel Sarla, un abogado y ex policía con experiencia en acuartelamientos y a su retiro dedicado a la defensa penal de policías. El malestar se profundizó el martes a la tarde, después de que Sarla informó que había sido recibido por una secretaria porque el ministro no lo podía atender. Según funcionarios del gobierno provincial hubo un teléfono descompuesto entre lo que decía el propio gobierno y lo que se comunicaba a los policías.

El punto máximo de la tensión se produjo cuando los manifestantes insultaron al jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, y bloquearon las salidas de la Jefatura de Policía de Rosario. El patrullaje en la calle –símbolo del orden que exalta Pullaro- quedó resentido por el bloqueo y porque los agentes tomaban el servicio y sumaban los patrulleros a la concentración. La situación pareció normal en Rosario, aunque los fantasmas de la inseguridad estuvieron presentes.

“El conflicto se destrabó cuando el ministro Cococcioni habló personalmente con los mandos medios de la policía que estaban reunidos frente a la Jefatura”, según comenta una fuente del gobierno provincial. Ese acuerdo informal quedó plasmado con el decreto que firmó Pullaro, por el cual el gobierno provincial garantiza a los empleados de la Policía y el Servicio Penitenciario un ingreso mínimo equivalente al valor de la canasta básica para un hogar de cuatro integrantes, de acuerdo al valor publicado por el Indec el 1° de febrero. La primera oferta –presentada pomposamente como “Plan de acción para el bienestar de las fuerzas de seguridad de Santa Fe”– había sido rechazada por los uniformados porque mejoraba los salarios de una parte de la fuerza y fue percibida como discriminatoria de las bases.

Como coletazo de la crisis, el gobierno desplazó al jefe de policía de Rosario, Guillermo Solari. Su reemplazante, Danilo Villán, pertenece al núcleo duro de comisarios que Pullaro reincorporó a la fuerza apenas comenzó su gobierno. Pero la sombra del conflicto se extiende ahora sobre los salarios de las fuerzas federales, la negociación de paritarias del gobierno provincial con otros trabajadores estatales y docentes y las dudas sobre la recomposición de la cadena de mandos en la policía provincial. El principal capital político del gobernador quedó averiado, aunque todavía parece prematuro evaluar el daño.

La sombra de la sospecha

El decreto firmado por Pullaro invoca “la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, “el contexto delictivo vigente” y “la restauración del control de las cárceles” para justificar un aumento salarial que prioriza al personal de seguridad por encima de los agentes de salud y los docentes. Según el ministro Cococcioni, la protesta fue incentivada precisamente desde las cárceles pero no ya por miembros de bandas sino por policías “vinculados a hechos de corrupción” que están presos.

Pullaro denunció una campaña para limar el nexo entre el gobierno y la fuerza de seguridad, montada sobre fake news e información distorsionada en redes sociales. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se mantuvo en silencio durante la semana en que se prolongó el conflicto y ayer anunció que aportaría información sobre personas ajenas a la policía que activaron las manifestaciones.

En el gobierno provincial apuntan como conspiradores a la cúpula de la policía de Rosario que encabezó Daniel Acosta hasta mayo de 2025. El gobernador le había entregado un mes antes a Acosta el sable corvo del Brigadier López, distinción que premia a policías honestos, pero el comisario quedó involucrado con otros jefes policiales en un fraude con el dinero provisto para el combustible de los patrulleros.

El fraude, un aceitado sistema de recaudación clandestina instrumentado con las tarjetas de débito oficiales para el pago de combustible, se extendió al menos durante dos años según la investigación del fiscal José Luis Caterina y comprendía pagos puntuales por quincena, correctamente ensobrados y distribuidos entre las secciones del personal operativo en la calle. Precisamente el sector de la policía al que suele elogiar Pullaro y al que ahora le concedió un plus al margen de la recomposición salarial.

Logros en dudas

Los logros de la policía de Santa Fe no parecen tan rotundos como enfatiza el gobernador. En 2025 los homicidios volvieron a aumentar en la provincia con 210 hechos registrados, mientras en 2024 hubo 180. El Observatorio de Seguridad provincial informó que la tasa de homicidios en el departamento Rosario es de 8,7 casos cada cien mil habitantes, mientras la tasa nacional alcanza a 3,8 según el último registro informado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. No obstante, la diferencia con el número de casos durante el gobierno de Omar Perotti es ostensible: en 2022 hubo 406 homicidios y en 2023, 399.

Enrique Font observa un escenario cargado de incertidumbre: “El conflicto dejó en claro la fuerte dependencia de la política con la policía. Hay que ver cómo se traduce al interior de la fuerza. Pullaro es rehén de su demagogia punitiva, el gobierno retrocedió en todo: las imputaciones a los policías por dejar el servicio, con que amagó, van a quedar en la nada. La desatención de la policía puede subsanarse con ingresos, pero también queda en evidencia que el gobierno no trabajó en una conducción que cuide al personal”.

La abrupta disminución de la violencia en Rosario entre 2023 y 2024 “es única en América Latina” según el gobernador Pullaro pero abona sospechas entre los especialistas sobre un arreglo entre sectores de la policía y bandas criminales. El misterio que rodea al componente policial de Los Menores sería un indicio; se trata de la banda a la que se adjudica el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

Font afirma además que la de Santa Fe “es la peor policía del país” y se remite a su escasa capacidad de investigación, la corrupción crónica “de estratos altos, medios y bajos” y los hechos de violencia institucional. El 18 de febrero serán llevados a juicio veintiún policías de la comisaría 14ª de Rosario, acusados por torturas, abuso sexual y otros delitos contra cinco jóvenes a los que detuvieron sin causa cuando estaban en una plaza de la zona oeste de Rosario.

El gobernador de Santa Fe salió a recargar su crédito punitivista a propósito de la ley de punibilidad de los menores: “A quienes defendían a los delincuentes siempre les respondimos igual: si tanto los cuidan, llévenselos a su casa. Nosotros vamos a cuidar a la gente honesta”, publicó en X. “Pullaro va a necesitar que la policía de la provincia siga haciendo lo que está haciendo porque su peor escenario político es que lo que pasó en 2025 con la tasa de homicidios se replique este año. Mucho va a depender de cómo le responda la policía en el control de la violencia”, concluye Font.

OA/MG

Una nueva baja en la participación de votantes y resultados que son festejados como triunfos por los principales partidos políticos. Las elecciones de concejales, intendentes y presidentes comunales de Santa Fe acusaron el desinterés de casi la mitad de la población de la provincia y registraron como datos significativos el triunfo del peronismo en Rosario, el del oficialismo que responde al gobernador Maximiliano Pullaro en la mayoría de las ciudades y localidades y el surgimiento de La Libertad Avanza como una fuerza capaz de disputar el poder.

Juan Monteverde, al frente de Más para Santa Fe, se impuso en las elecciones de concejales para Rosario con más de 113 mil votos, el 30,58% de los sufragios. Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) quedó segundo con 107 mil votos, el 28,81%, menos de lo que esperaban los libertarios, y Carolina Labayru (Unidos), tercera con 95 mil, el 25,63%, más de las previsiones para el oficialismo. Pero quizá el dato elocuente fue que en la ciudad más importante de la provincia votó apenas el 48% de los ciudadanos habilitados para los comicios, según la información de la Secretaría Electoral. En las elecciones de abril pasado el porcentaje de votantes había sido del 53%.

“En Rosario se produjo una elección de tercios, con una salvedad: si bien los candidatos de La Libertad Avanza y Unidos tuvieron propuestas distintas, no se ve tan claro un avance del peronismo –analiza el politólogo Sergio Morresi–. Es una elección rara donde todos están contentos. El frente de Monteverde ganó por dos puntos, no hubo un batacazo. No obstante, su triunfo va a cambiar el encuadre del peronismo en toda la provincia de cara a octubre, cuando habrá elecciones de legisladores nacionales.”

“Esto es un triple empate”, dijo el gobernador Pullaro sobre las elecciones de Rosario minutos después de las 19, en una conferencia de prensa en la que exhibió un mapa de Santa Fe que ilustraba el triunfo de Unidos en la provincia: “Sobre 304 localidades computadas, 247 las ganó Unidos, 42 Más Santa Fe y 4 La Libertad Avanza; faltan datos de otras 60. Y sobre las 19 intendencias en disputa, Unidos ganó 17 y el peronismo, 2”.

Pullaro pudo sentir como propia la remontada de Labayru después de las PASO de abril, donde la candidata había quedado relegada a una tercera posición lejana de Aleart y Monteverde. El gobernador se hizo cargo de la campaña, mientras el intendente Pablo Javkin pasó a un segundo plano.

En la provincia de Santa Fe la participación electoral fue del 52%, casi cinco puntos menos que el 13 de abril, cuando se realizaron las PASO y la elección de constituyentes para la reforma de la Constitución provincial. Pullaro dijo que en 146 localidades donde se impuso Unidos estaba definido el presidente comunal y en una el intendente, por falta de oposición, “con lo cual hubo menos participación porque los resultados ya se descontaban”. No obstante, “nos llama a la reflexión que la gente esté votando mucho menos en 42 años de democracia: esto nos tiene que interpelar a quienes gobernamos y a quienes representamos a partidos políticos”, agregó el gobernador.

En las elecciones de concejales en la ciudad de Santa Fe también se produjo una elección de tercios, aunque Unidos aumentó su caudal y obtuvo 45.819 votos, el 32,70%, Más para Santa Fe recibió 34.960 votos, el 24,95% y La Libertad Avanza 32.729, el 23,36%. El frente oficialista también triunfó en Venado Tuerto y el peronismo se impuso en Rafaela y en Reconquista.

La Libertad Avanza ganó ampliamente en Villa Constitución, donde duplicó la cantidad de votos del peronismo y obtuvo otro triunfo significativo en Casilda. También se impuso en la elección de presidente comunal en la localidad de Melincué, con la particularidad de que el candidato libertario, Silvio Garbolino, estuvo detenido hasta el miércoles pasado, fue liberado aun sin pagar la fianza fijada por una jueza y es investigado por un fraude en la localidad de San Gregorio, además de registrar causas por malversación de fondos.

“La Libertad Avanza hizo muy buena elección. Además de ganar en dos ciudades importantes, perdió bien en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela, donde quedó segunda. Hay que tener en cuenta que si bien los candidatos asumieron el discurso mileísta hasta la última semana no hubo de parte del Estado nacional un despliegue muy concentrado sobre la provincia. Claramente la elección marca un avance”, observa Sergio Morresi, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional del Litoral.

La baja participación electoral “expresa una nueva normalidad”, según Morresi. Las elecciones de Santa Fe confirmarían un proceso de larga duración: “Básicamente se trata de una tendencia que se verifica desde hace tiempo, que se hace cada vez más pronunciada y tiene que ver con una desafección: las personas no sienten que un cambio en la política implique un cambio en su vida cotidiana, al menos para el tipo de cargos que se votaron, que no son ejecutivos”.

Morresi relativiza la alarma ante la abstención: “La gente no se siente representada por la oferta y no participa porque decide que algunas elecciones cambian menos su vida que otras. La recarga de elecciones en el año también conspira. La desafección es normal, comprensible. Cuando la ciudadanía sienta que se eligen otros cargos seguramente no habrá tan baja participación”.

El triunfo de Monteverde en Rosario, al frente de la coalición entre el sector mayoritario del justicialismo y el partido Ciudad Futura, es celebrado como un anticipo de la disputa por la intendencia que tendrá lugar en 2027 y cobra mayor significación en una ciudad tradicionalmente reactiva al peronismo. Pullaro festeja el resultado como “un espaldarazo” a su gestión “al triunfar en más del 80 % de los distritos”, aun con una disminución sensible del número de votos que lo ungió gobernador en 2023. La Libertad Avanza no pudo imponerse en Rosario pero engrosó su número de concejales en la ciudad a expensas de Unidos, sumó votantes en las ciudades principales y en pequeñas localidades y ahora es un tercero en discordia. El mapa político de Santa Fe se reconfiguró este domingo con pronóstico incierto sobre su evolución.

OA/JJD

Los santafesinos vuelven a las urnas pero la expectativa por los comicios no se aprecia en la calle. Este domingo se elegirán intendentes en 19 ciudades y concejales en otras 65, mientras que el resto de las 365 localidades de la provincia votará por las comisiones comunales que posteriormente definirán a sus presidentes. El foco está puesto en Rosario, donde La Libertad Avanza aspira a consolidarse como mayoría, y en el impacto de la apatía ciudadana en la cantidad de sufragios.

“Es una elección que no suscita gran interés. La participación será probablemente bastante escasa, incluso menor de la que hubo en las elecciones del 13 de abril para la Asamblea Constituyente que reformará la Constitución de la provincia”, anticipa el politólogo Juan Bautista Lucca, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y del Conicet. El pronóstico tiene sus razones: “No hubo intensidad en los debates de los candidatos y tampoco una movilización de la ciudadanía”.

Karina Milei y Martín Menem –a cargo del armado de LLA en todo el país– estuvieron esta semana en Rosario y antes fueron precedidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todos pidieron el voto para Juan Pedro Aleart, el experiodista que encabeza la lista de concejales de La Libertad Avanza en la ciudad. La consigna es “kirchnerismo o libertad”, para lo cual polarizan con Más para Santa Fe, el frente que reúne al sector mayoritario del peronismo y el partido Ciudad Futura, y pasan por alto a Unidos para Cambiar Santa Fe, coalición que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro.

La Libertad Avanza apunta a nacionalizar la elección y los afiches de campaña en Rosario proclaman que “Aleart es Milei”. El candidato libertario reclama el voto “para seguir defendiendo a la ciudad de los delincuentes”, atribuye la baja de los homicidios dolosos al Plan Bandera de Bullrich y no a la política de seguridad de Pullaro y repite el discurso de funcionarios nacionales, incluyendo la descalificación a los médicos del Hospital Garrahan como ñoquis. La identificación de Aleart con el Presidente excede la política: también él tiene “un hijo de cuatro patas”, en este caso una perra con la que se fotografía en redes sociales.

Más para Santa Fe sigue otro camino. “El frente no está nacionalizando la efervescencia del efecto Cristina”, destaca Juan Bautista Lucca en alusión al clamor por la condena judicial contra la ex presidenta. “Eso habla de las complicaciones del peronismo santafesino, que se manifiestan incluso en la contienda de concejales no solo en las grandes ciudades sino también en las pequeñas donde el armado no es unívoco”, agrega el politólogo.

Juan Monteverde, el dirigente de Ciudad Futura que encabeza Más para Santa Fe, recibe munición gruesa de Aleart, que lo eleva a enemigo de “la vida, la libertad y la propiedad privada”, pero también recibe críticas de los peronistas Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, que se presentan a la elección de concejales en Rosario con listas propias. El debate interno evidencia la fragmentación del peronismo y complica sus posibilidades electorales, según Lucca:

– El intento del kirchnerismo de aterrizar en la provincia con Agustín Rossi nunca fue exitoso y de hecho no logró volumen. Omar Perotti ganó la gobernación en 2015 con la unificación del peronismo santafesino en una expresión no kirchnerista. Es lo que podría leerse en la tensión entre los candidatos peronistas en Rosario. Monteverde es el depositario de un peronismo con inclinaciones progresistas pero sin estirpe peronista; Cavatorta no hace tanta gala de peronismo porque su apoyo viene por el lado del Frente Renovador y Sukerman tiene una vinculación con el peronismo más tradicional, con afinidad de algunas expresiones sindicales. Estas disonancias van a ser perniciosas para el volumen de votos de los frentes peronistas.

El mosaico roto

En la ciudad de Santa Fe el resultado de las elecciones parece definido. Las encuestas anticipan un triunfo holgado de María Luengo, ex periodista de Telefé Santa Fe que encabeza la lista de concejales de Unidos. La disputa en Rosario tiene en cambio pronóstico incierto y también involucra a Carolina Labayru, la candidata de Unidos que hizo campaña en compañía de Pullaro, y como un contrapeso para las expectativas del sector, el pronunciado desgaste de la gestión de Pablo Javkin como intendente.

Juan Monteverde señalizó distintos puntos de la ciudad con el cartel “acá falta un intendente” para visibilizar problemas con el transporte público, la recolección de residuos y el mantenimiento de servicios básicos en los barrios. “Monteverde disputa el voto no oficialista con Aleart y en ese sentido todo el arco peronista está convocado. Pero es posible que eso no le alcance para superar el impulso de Aleart, que viene muy bien en las encuestas y tiene una ascendencia muy fuerte en Rosario porque fue un periodista muy reconocido, rápidamente identificable por la juventud pero también por todo el espectro de la ciudadanía”, explica Lucca.

Aleart se lanzó a la escena el 18 de abril de 2024, cuando ante las cámaras del noticiero que conducía en la televisión rosarina denunció que había sido abusado durante la infancia y parte de la adolescencia por su padre y un tío. “La persona que he encontrado después de mucho tiempo para ayudarme es Patricia Bullrich”, dijo. En febrero de 2025 anunció su incorporación a La Libertad Avanza y en las elecciones del 13 de abril fue el candidato más votado en Rosario.

“Monteverde ha tratado de morigerar un perfil que parece díscolo, pero su partido, Ciudad Futura, tiene una mirada más alternativa en relación a los partidos tradicionales. Ubicarse en la discusión pública desde un lugar disruptivo le resulta contrario a la necesidad de sacar votos en el centro de la ciudad. Es una cara nueva de la política, como Aleart, muy formada, con trayectoria de equipos de trabajo por detrás”, afirma Lucca. Su candidatura se proyecta sobre “un mal endémico del peronismo santafesino, que es la falta de liderazgos, un mosaico que está roto”.

Para el profesor de la Universidad Nacional de Rosario, “Aleart va a ser el gran ganador de estas elecciones, por múltiples motivos: no tiene el gasto de la gestión, como Labayru, ni el de haberse presentado elecciones previamente, como Monteverde”; y sobre todo para la gente es una cara nueva en un contexto donde todavía persiste la idea de patear el tablero“. La denuncia de los abusos en horario central de la televisión rosarina potencia todavía más sus chances: ”Es un candidato libertario humanizado por toda su historia personal y los procesos que sufrió con su familia y además es una figura joven, elegante y bonita, lo cual siempre ejerce un atractivo“.

Carolina Labayru es secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana de la intendencia de Rosario y pretende remontar las diferencias con sus principales competidores con el apoyo de Pullaro, lo que incluyó visitas a la cárcel de Piñero y fotos frente a los presos trasladados a empellones desde las comisarías de Rosario. “No es una figura de trazabilidad política en la contienda electoral, no tiene un reconocimiento público tan extenso. En contrapartida, es la única mujer que encabeza las principales listas pero no está poniendo en juego ese capital”, según Lucca.

Unidos presenta a Aleart como un candidato impuesto desde Buenos Aires que vocifera el discurso del odio, pero evita criticar al presidente Milei. Mientras tanto, dice Lucca, “a Aleart y Monteverde les conviene polemizar entre sí: a uno para traccionar el voto no peronista y diluir el peso del oficialismo y a otro para licuar la potencia que podrían tener sus contendientes dentro del peronismo”.

Con porcentajes menores en las encuestas, la socióloga Carla Deiana encabeza la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores y el abogado Eugenio Malaponte la de Somos Vida y Libertad, sector referenciado en la diputada provincial Amalia Granata. En cambio, el Frente Amplio por la Soberanía, el movimiento de centro izquierdo que lidera el periodista Carlos Del Frade, anunció su apoyo a Más para Santa Fe.

La Libertad Avanza no solo está a las puertas de una elección histórica en Rosario. También aparece con posibilidades de imponer sus candidatos a la intendencia en las ciudades de Villa Constitución –el histórico bastión del sindicalismo clasista en los años 70- y Teodelina, además de consolidar caudales de votos significativos en los departamentos La Capital y Castellanos, en este caso por debajo del peronismo.

En Santa Fe hay 2.842.361 electores nacionales y 26.801 extranjeros, pero la participación bajó al 55,6 % en los comicios de abril y la tendencia podría profundizarse. “Santa Fe viene cayendo en la participación en los últimos diez años –afirma Juan Bautista Lucca-. Pero la abstención y el voto en blanco no van a mover el amperímetro e incrementarán el volumen de la proporción, con lo cual a los candidatos de los principales partidos inclusive les conviene. La poca participación está hablando de la apatía de la población en un contexto electoral muy recurrente, más que del enojo como en 2001. Vamos a tener niveles de participación bastante bajos en la provincia”.

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Jeremías Sosa sufría ataques de pánico. En la noche del 22 de febrero, cuando visitaba a su hermana en Olivera, partido de Luján, se asustó por el ruido de una moto y empezó a correr. Un vecino dio el alerta y la voz corrió de boca en boca: era un ladrón. Perseguido y acorralado, entre seis y diez personas lo golpearon hasta provocarle la muerte mientras otras azuzaban a los agresores. Tenía 31 años, era padre de dos hijos y trabajaba como albañil.

El asesinato de Jeremías Sosa representa un caso extremo pero no aislado de un nuevo tipo de violencia: el que ejercen vecinos contra personas a las que acusan por delitos reales o imaginarios. “Las tentativas de linchamientos, las detenciones vecinales, las quemas intencionadas de viviendas con la expulsión de habitantes de un barrio, forman parte de repertorios securitarios a disposición de la vecinocracia”, reflexiona Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

Vecinocracia “es el gobierno de los vecinos vigilantes”, según Rodríguez Alzueta, autor de un libro que enuncia la categoría desde el título: Vecinocracia. Olfato social y linchamientos (2019). Las acciones directas contra presuntos delincuentes “son maneras que tienen los vecinos de reponer umbrales de seguridad y certidumbre en el barrio y de gestionar una sanción moral que compense la falta de justicia y la desconfianza hacia la policía”, agrega el también director del Laboratorio de Estudios Criminales.

Según distintas versiones, los vecinos acusaron a Jeremías Sosa por los robos en general en la localidad de Olivera o por haber intentado un robo o por un robo del que nadie aportó detalles. Cuatro de los agresores están detenidos y otras cuatro personas tienen pedido de captura y permanecen prófugas. La fiscal María Laura Cordiviola investiga el hecho como homicidio agravado por alevosía, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Un devenir delincuente

“Hay cambios en las prácticas de vigilancia vecinal”, observa Manuel Tufró. El punto de referencia son los años 90, cuando la figura del vecino comenzó a erigirse en una autoridad sobre políticas de seguridad. “En ese momento y en los primeros 2000, los grupos de clase media tenían contacto con algún tipo de estatalidad para reclamar, interpelar o colaborar con la policía. En los últimos años, a medida que las lógicas de violencia y de degradación del tejido comunitario fueron avanzando, empezaron a aparecer prácticas muy distintas en los barrios populares, desde pasacalles que advierten sobre represalias contra delincuentes hasta acciones difundidas en redes sociales con carácter ejemplificador y disciplinante. En el fondo, es un devenir delincuente de los propios grupos”, agrega Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y autor de La patria chica. Genealogía política de la figura del vecino (2018).

En la mañana del 28 de febrero, un empleado de seguridad privada de 62 años iba en moto a su trabajo en General Rodríguez. De pronto observó que otro motociclista se ponía a la par, los vehículos se rozaron y ambos cayeron al asfalto. El vigilante extrajo un arma de fuego y ejecutó al desconocido porque tuvo miedo de que fuera un ladrón. La víctima, de 31 años, se llamaba Raúl Ricardo Kapelinski, carecía de antecedentes delictivos, estaba desarmado y trabajaba como jardinero.

“El temor por el delito era más de la clase media hacia la clase baja –sigue Tufró-. Ahora hay una preocupación extendida en barrios de sectores populares que están a la intemperie en cuestiones de seguridad. El cambio es el pasaje a la acción directa, porque los grupos de clase media del ciclo anterior apuntaron a generar reclamos a las autoridades, a la policía o a los medios de comunicación”.

Las agresiones vecinales se perpetran en grupo y definen además un nuevo motivo para el periodismo, el linchamiento que generalmente no se concreta por la intervención policial o de personas menos violentas. El título se repite: “Vecinos de Berisso casi linchan a un joven delincuente”, “Vecinos casi linchan a un delincuente en Luis Guillón”, “Casi linchan a un motochorro en Ramos Mejía”. Otros casos terminan en asesinatos, como el de Sosa, o el de David Moreira, de 18 años, apaleado por una decena de vecinos de barrio Azcuénaga, en Rosario, que además organizaron marchas de protesta cuando la Justicia intentó una investigación.

La figura del vecino, expone Tufró, es tan significativa por lo que define como por lo que excluye: trabajadoras sexuales, travestis, migrantes y hasta “los manteros de Once” según la prédica actual de la organización Buenos Vecinos: “Sigue siendo una forma de marcar diferencias desde un lugar moral, no solo con delincuentes sino con otras figuras que en el imaginario se asocian al delito pero que en realidad tienen que ver con usos del espacio público que van en contra de cierta mirada de clase media. Por otro lado, también sirve para diferenciarse de los políticos como una forma de organización supuestamente apolítica y por eso más legítima”, afirma el investigador.

Rodríguez Alzueta describe una especie de pedagogía de los medios de comunicación: “El vecino es aquella persona replegada en la esfera privada, abocado a su familia, es decir, alguien sin empatía, que tiene muchas dificultades para pensar sus problemas con las dificultades que tiene el otro. Ese vecino antipático solo está dispuesto a salir de su zona de confort para acceder al espacio público cuando es víctima de algún hecho. Aprendió viendo la TV que esa es la única forma de que su voz tenga quórum o legitimidad”.

La retroalimentación del fenómeno por parte de los medios de comunicación es una constante desde el doble crimen perpetrado el 16 de junio de 1990 por el ingeniero Horacio Santos contra los ladrones del estéreo de su auto. “La responsabilidad de los medios está en cómo crean la cotidianeidad en la que se insertan estos episodios, en cómo construyen de manera sostenida la idea del peligro y el miedo al delito. También existe una diferencia en ese sentido: si hace 25 años había una amplificación, una exageración de situaciones, ahora muchos casos dialogan con la experiencia real de los sectores populares. También hay medios que se colocan en el lugar de los linchadores, hablan desde ese punto de vista”, destaca el director de Seguridad y Justicia del CELS.

Tufró señala que la categoría del vecino fue central en la argumentación macrista en la era de la grieta y la confrontación con el kirchnerismo pero cayó en desuso con el discurso libertario. Rodríguez Alzueta observa otra articulación con la coyuntura política: “Milei no solo supo interpretar el descontento que la política fue acumulando en las últimas décadas, sino que le puso un megáfono al resentimiento y el odio que surcaban gran parte de la sociedad. La Libertad Avanza fue una puesta en valor de las pasiones bajas y también una interpelación. Sobre todo para los vecinos o grupos y grupetes de personas que se sienten llamados o empoderados alrededor de determinados temas como la seguridad”.

En el nombre del bien

En Rosario, el intendente Pablo Javkin sostiene sus discursos sobre los problemas de seguridad en la distinción entre buenos y malos vecinos. Sin mayores precisiones y como si los actores vivieran en universos separados, Javkin reproduce así los discursos de mano dura habituales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

Buenos Vecinos es el nombre del grupo de “vecinas y vecinos organizados, trabajando por el bien común desde 2012” que en abril denunció a una migrante peruana que vendía medias en la calle. Su cuenta de Instagram es una vocería de prensa de la Policía de la Ciudad y del gobierno de Jorge Macri, aunque también presume de hacer investigaciones y gestionar políticas por su cuenta, como el “plan antinarcos en la ciudad” para el que recolectan firmas en la calle.

“Ya en los 90 había grupos de clase media que intervenían para ejercer un control del espacio público y generaban vínculos con la policía en un sentido de colaboración. En realidad, amplificar la mirada y el discurso de la policía hacia el resto de la sociedad. Son funcionales a sus intereses. Buenos Vecinos sigue esa línea pero en un contexto en el que el discurso de La Libertad Avanza ofrece una nueva plataforma para desplegar racismo y discriminación explícitos; además encuentran eco en prácticas del gobierno de Jorge Macri en relación con el espacio público”, dice Tufró.

Hasta principios de los 2000, recuerda el director del CELS, “había un discurso sobre la necesidad de controlar a la policía y de la participación ciudadana como una forma de ejercer ese control; eso ha desaparecido”, apunta. Y concluye: “También el peronismo adoptó una política de Estado donde la policía es el principal y único instrumento de la seguridad”.

Rodríguez Alzueta confirma “la concepción policialista de la seguridad” como una especie de dogma instalado e insta a la creatividad política: “Siempre les digo a los funcionarios que faltan palabras para pensar los temas. Si convocás a los vecinos alrededor de la palabra seguridad, los invitás a pedir más policías, más camaritas de vigilancia, más patrulleros. Y además dejás a gente afuera, porque es muy difícil que los jóvenes se sientan convocados. En cambio, cuando los interpelás alrededor de la 'tranquilidad' estás procurando que los vecinos lean un problema al lado del otro, los conflictos urbanos al lado de la pobreza, la desigualdad social, la falta de infraestructura urbana. Pero los políticos son muy perezosos y les sale más barato, electoralmente hablando, tapar agujeros y patear los problemas para delante”.

Buenos Vecinos presume de haber logrado “importantes avances” en la Comuna 3 y en la Ciudad respecto a dos problemáticas clave: “la venta ilegal y el narcomenudeo”. Y sostiene un programa: “Todavía queda mucho por hacer, y no vamos a parar hasta que toda la Ciudad esté ordenada para todos”.

Rodríguez Alzueta no cree que alcancen esa utopía represiva: “Por el contrario, pueden recrear las condiciones para que los vecinos se sientan más inseguros, toda vez que estas estrategias securitarias contribuyen a fragilizar las relaciones entre los vecinos y a reproducir las distancias entre las distintas generaciones, y porque la policía ahora se hará presente de manera más violenta”.

Según Manuel Tufró, “estos grupos ejercen cierto poder, a veces simbólico, a veces con consecuencias directas sobre los cuerpos y las libertades de otros, pero al mismo tiempo son sectores subordinados, utilizados por la policía para sus propios fines; su poder surge de la clase social que representan y de cómo eligen sus blancos, siempre en sectores populares”. Como Jeremías Sosa, la noche en que cayó en manos de una horda de vecinos honrados. 

MC

No hubo grandes sorpresas en Santa Fe este domingo en las PASO provinciales y la elección de las constituyentes, pero se abre un margen de incertidumbre sobre los números finales y asoman nuevas figuras en el escenario.

El gobernador Maximiliano Pullaro obtuvo un amplio triunfo al frente de los candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe aunque con el 95% de las mesas escrutadas no alcanzaba la cantidad de votos para obtener la mayoría de constituyentes que reformarán la Constitución de la provincia. La Libertad Avanza quedó lejos con Nicolás Mayoraz, a más de veinte puntos del mandatario, pero impuso a Juan Pedro Aleart como convencional por el departamento Rosario: una mala y otra buena para el armado de Karina Milei.

Las elecciones se desarrollaron sin incidentes, pero el dato significativo fue la baja participación de los votantes y el desconocimiento manifiesto de muchos ciudadanos respecto a la reforma de la Constitución local. “La gente preguntaba qué se votaba, qué era eso de los convencionales, no estaba al tanto de la naturaleza de los comicios. Tampoco estaba claro que se trataba de una elección general y no de una elección primaria, en ese caso tal vez se hubieran movilizado más votantes”, afirmó a elDiarioAR al cierre de la jornada Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario.

Con el 95 % de las mesas, Pullaro obtenía 469.067 votos (34,83 %); Juan Monteverde, de Más para Santa Fe (Ciudad Futura, Movimiento Evita, Frente Renovador) 202.677 (15,05 %); Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) 189.140 (14,05 %); Amalia Granata (Somos Vida y Libertad) 167.061 (12,41 %) y Marcelo Lewandowski (Activemos) 113.277 (8,41 %). Serían los frentes con representación en la próxima Asamblea Constituyente.

“Lo que sigue viene es un proceso más importante para observar –anticipa Juan Bautista Lucca, investigador independiente del Conicet–. La discusión en la Asamblea va a requerir de negociadores. La mayoría o la primera minoría serán importantes pero también estará la negociación donde se ponen en juego saberes técnicos que no son tan abiertos como un anteproyecto de ley”.

En Rosario, los resultados afectaron notoriamente a los candidatos del intendente Pablo Javkin: en las primeras abiertas de concejales se impuso Monteverde, y Carolina Labayru quedó relegada al tercer lugar, mientras Aleart se impuso a Ciro Seisas de Unidos como convencional departamental. En la ciudad de Santa Fe los votantes eligieron convencional departamental al actual senador Paco Garibaldi, del Partido Socialista.

Las encuestas habían anticipado que Nicolás Mayoraz no medía bien como candidato por la circunscripción única de Santa Fe, en comparación con candidatos locales como Aleart, y las urnas lo confirmaron. Amalia Granata pudo sostener su espacio y el desgranamiento de su bloque de diputados provinciales en la víspera de la elección, que se atribuye a una operación de los libertarios, no pareció restarle votos. La Libertad Avanza se anotó otro triunfo en Belgrano, donde Javier Meyer fue elegido convencional departamental, y se proyecta como tercera fuerza en la provincia.

“No hay pueblo ni ciudad de la provincia donde Unidos haya sido derrotado”, proclamó Pullaro al celebrar su victoria. Sin embargo, el triunfo se produce en un contexto de baja participación de votantes, que según el Observatorio Político Electoral profundiza una tendencia ya registrada en elecciones anteriores y que ahora no llegaría al 60 % de los ciudadanos habitantes para votar. “Se asociaron distintas variables, pero la principal es que no caló en los santafesinos la importancia de la elección. El desinterés atravesó a clases sociales y géneros”, destaca Lourdes Lodi, también docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Electorales.

Pullaro afirmó también que Unidos quedó muy cerca de conseguir los congresales necesarios para detentar la mayoría. Si los resultados finales no confirman esa presunción, la posibilidad de su reelección podría quedar sujeta a la negociación o incluso comprometida. Su gestión como gobernador recibió el respaldo de la mayoría de los santafesinos, aunque no en la medida en que lo esperaba.

El peronismo revalidó el peso de caudillos departamentales: entre ellos se destacaron los triunfos de Armando Traferri en San Lorenzo, Alcides Calvo en Castellanos y Rubén Pirola, en Las Colonias. Sin embargo, no afectaron el caudal de votos hacia Pullaro y Unidos en la circunscripción de la provincia.

El Observatorio Político Electoral de la UNR desplegó setenta observadores en todo el territorio provincial. “Hay un número significativo de votos nulos. También se registra el voto con tachaduras y agresiones. Si asociamos el voto en blanco, el voto nulo y el ausentismo, tenemos a medio provincia en situación de disconformidad”, agrega Lodi.

“Se clausuró una etapa importante –señala a su vez el abogado constitucionalista Oscar Blando–. No hay posibilidad de incorporar temáticas a la reforma de la Constitución. Hasta ahora no se pudo conocer en profundidad qué proponen los candidatos más allá de la propaganda electoral y de spots que no duraban más de quince segundos. Ahora se abre otra etapa donde deberían participar las instituciones de la provincia para influir o dar su opinión sobre los temas de la reforma”.

Para Lodi, las elecciones en Santa Fe dejan un motivo de preocupación: “Tenemos que volver a hablar de crisis de representación. Hoy vuelve a aparecer esa categoría que tiene que ver con el sentimiento de que votar no sirve para nada. El ausentismo, el voto nulo y el voto en blanco en Santa Fe hablan de un clima de época y son un alerta para lo que sigue y quizá también para otras provincias”.

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Sin debate entre los candidatos, sin mecanismos de participación ciudadana en la discusión de los contenidos y con restricciones para la representación de las minorías y de las mujeres. En ese marco los santafesinos elegirán este domingo 13 de abril a los convencionales que reformarán 42 artículos de la Constitución que rige en la provincia desde 1962. Se descuenta el triunfo de Unidos, el frente que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, y las principales incógnitas consisten en saber si logrará mayoría propia entre los constituyentes y si La Libertad Avanza podrá imponerse en Rosario, donde concentró una agresiva campaña electoral.

“Es una elección que no suscita mucho interés ciudadano. Y tampoco hubo mucha intervención de los organismos electorales para explicar qué se elige y cómo se elige. Es la primera vez que vamos a elegir para un mismo cargo, el de constituyente, con dos formatos diferentes, en distrito único y en distrito uninominal”, advierte Juan Bautista Lucca, docente de Elecciones y partidos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

Los santafesinos elegirán 50 convencionales por el distrito único de la provincia y un convencional por cada uno de los 19 departamentos. También se realizarán las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para cargos municipales y comunales en distintas ciudades y pueblos. Pullaro encabeza el frente Unidos, el diputado nacional Nicolás Mayoraz es el primer candidato de La Libertad Avanza –que se presenta por primera vez como partido en la provincia–, y Juan Monteverde lidera Más para Santa Fe, una convergencia del partido Ciudad Futura, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y la estructura oficial del Partido Justicialista de Santa Fe. 

El senador nacional Marcelo Lewandowski y el ex ministro de Gobierno Roberto Sukerman se presentan con listas independientes que asocian a otros sectores del peronismo con distintas fuerzas menores. Amalia Granata compite con la Alianza Somos Vida y Libertad, cuyo bloque de diputados provinciales acaba de tener una ruptura, mientras la ex boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras confía en que su popularidad depare votos para el Frente de la Esperanza. La socialista Claudia Balagué reivindica las gestiones del gobernador Hermes Binner como candidata del Frente Amplio por la Soberanía y Carla Deiana, del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, espera repetir la buena elección que hizo como candidata a gobernadora en 2023. 

El abogado Oscar Blando estuvo al frente de la Dirección de Reforma Política y Constitucional que impulsó el gobierno de Miguel Lifschitz y tiene una mirada crítica sobre el proceso en curso: “Estuvieron ausentes la participación ciudadana, el diálogo con las instituciones y los distintos sectores de la sociedad, el debate que merece la elección más importante de los últimos 60 años en la provincia”, afirma.

Profesor de Derecho Político, Constitucional y Electoral en la Universidad Nacional de Rosario, Blando destaca “la falta de difusión y de explicación del por qué y del objetivo de la reforma para que la ciudadanía se entere de los contenidos y no la visualice como algo hecho desde la política y para la política, y el mejor ejemplo al respecto es que no hubo debate público entre los candidatos”. El especialista advierte “otros factores negativos” en el piso del 2,5 % del padrón electoral que establece la ley de la reforma para la distribución de los cargos por distrito único, “lo que restringe la posibilidad de representación de las minorías”, y en la elección uninominal por departamento “que afectará la representación de las mujeres porque la experiencia nos demuestra en Santa Fe que cuando se trata de un solo cargo ese cargo es para un varón”. El ejemplo es el Senado provincial, integrado por 18 senadores varones y una mujer que reemplaza a un senador con licencia.

Pullaro recargado

Las encuestas anticipan un triunfo de Maximiliano Pullaro y la incertidumbre parece restringirse al porcentaje por el cual se impondrá la lista de Unidos. “Pullaro se consolida como un gobernador con una potencia electoral muy fuerte y con ascendencia muy fuerte para cohesionar un espacio político heterogéneo; logró lo que ningún gobernador alcanzó en sesenta años, que es llamar a una Asamblea Constituyente, aprovechando su alto caudal político y sobre todo la licuación de fuerzas secundarias como el PRO”, destaca Juan Bautista Lucca, también investigador independiente del Conicet.

El gobernador es secundado por Germana Figueroa Casas, diputada nacional del PRO que votó en el Congreso nacional en sintonía con los libertarios. En el tercer lugar de la lista de Unidos se encuentra Lionella Cattallini, diputada provincial de Partido Socialista que se pronuncia contra “los privilegios del poder” y apoya la campaña en sus denuncias contra el juez federal Marcelo Bailaque, actualmente sometido a jury. La alianza del socialismo con Pullaro se remonta a 2023 y aparece como una estrategia de supervivencia partidaria frente al proceso de deterioro abierto con la pérdida de la intendencia de Rosario y los desprendimientos de corrientes internas como la que encabeza Claudia Balagué, quien pidió públicamente el voto de los socialistas para reivindicar el legado de Binner.

Pullaro “se convierte en el gran elector” de la provincia, agrega Juan Bautista Lucca. Mientras La Libertad Avanza y Unite cuestionan el funcionamiento del Senado provincial y el opaco sistema de distribución de subsidios, el radical “tuvo la habilidad de dialogar con diferentes fragmentos del peronismo para proponer una reforma que básicamente apunta a la reelección y la autonomía municipal sin tocar al Senado, uno de los sectores más burocratizados de la representación y donde el peronismo conserva cuotas de poder”.

El descenso de los índices de violencia en la provincia es uno de los principales argumentos de Pullaro, y sus propuestas profundizan en esa línea con el proyecto de construir una cárcel de máxima seguridad que superará incluso al modelo Bukele –según la secretaria de Asuntos Penitenciarios y candidata a constituyente, Lucía Masneri- y la promesa de que no incluir “ningún concepto garantista con las reformas”. Esta semana el ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia anunció la “ley Luciano” por la cual se “capacitará” a jueces y fiscales para evaluar el accionar de policías en supuestos casos de legítima defensa; el proyecto toma el nombre de Luciano Nocelli, llamado “el Chocobar rosarino”, un policía condenado a 25 años de prisión por doble homicidio y ahora libre y a la espera de otro juicio después de la intercesión del propio Pullaro ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Blando no sale de la sorpresa ante la “ley Luciano”, precedida además por la ampliación de facultades que permite a la policía hacer detenciones en averiguación de identidad. “Es insólito”, dice el constitucionalista: “lo que debiera hacer el poder político frente al poder judicial es respetar su independencia para que jueces y fiscales tengan absoluta libertad para ejercer sus funciones sin intromisión del propio poder político”.

Los candidatos de La Libertad Avanza también se pronuncian en sentido punitivo y proclaman que Rosario será la primera ciudad donde se aplique la reciente ley anti mafias, votada en el Congreso con el apoyo del PRO, el radicalismo y sectores del peronismo. “Vamos a blindar la Constitución del garantismo socialista y kirchnerista”, prometió el ex periodista Juan Pedro Aleart, aspirante a constituyente por el departamento Rosario. “La Constitución de Santa Fe debería blindarse por el contrario de las políticas libertarias, especialmente en el tema de seguridad –retruca Blando–. El gobierno nacional desprecia, lesiona y contradice a la Constitución nacional y especialmente a la Constitución reformada de 1994. Hay un orden constitucional y un orden convencional vinculado con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y son continuamente atropellados por el gobierno nacional”. El especialista alerta sobre “la demonización de las garantías constitucionales” que comparten Unidos y La Libertad Avanza y el riesgo de que se conforme “una transversalidad conservadora y punitiva” en la próxima convención, cuando “una Constitución provincial tiene asegurar las garantías que están en la Constitución nacional y en los tratados internacionales, que son límites al poder punitivo del Estado”.

La oposición trata de rearmarse. “El peronismo santafesino viene de un largo proceso de desestructuración en sus liderazgos y comprendió que hay territorios que le son esquivos cuando no está unificado, como Rosario, sobre todo en un contexto en el que se encuentra cada vez más atomizado. Eso explica la alianza a nivel provincial con Ciudad Futura, que trata de expandir el arco ideológico y de mostrar una reacción después de la derrota catastrófica en la última elección a gobernador”, explica Juan Bautista Lucca.

El politólogo relativiza las posibilidades electorales de La Libertad Avanza este domingo: “El espacio se juega a nacionalizar la elección, invocando a Milei, pero es difícil que lo consiga. La indignación es la emoción política donde prende el discurso anti casta, y esta no parece una elección donde la ciudadanía vaya a votar enojada. Además hicieron propuestas que la Constituyente no tendrá en agenda, como la eliminación del Senado provincial. Por otro lado la lista sábana, que tiene muchos aspectos negativos, produce a la vez el efecto de personalizar la política y desconfigurar el peso de los partidos, por lo que los ciudadanos terminan por votar a la cara conocida”. Los santafesinos podrán votar entre las 8 y las 18 y los primeros resultados se conocerán a partir de las 20.

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La fecha prevista es el 13 de abril. Los ciudadanos de Santa Fe podrán elegir a los convencionales que reformarán la Constitución vigente en la provincia desde 1962. Pero el día se acerca sin que la mayoría de los electores esté al tanto de los objetivos y de la trascendencia del acto, según denuncian referentes de la oposición al gobierno de Maximiliano Pullaro. También se realizarán las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para cargos municipales y comunales en distintas ciudades y pueblos, mientras el debate entre los principales candidatos se reduce a la reelección del gobernador y la oferta combina promesas de incrementar la mano dura y combatir a la casta, una palabra cuyo significado cambia según quien la pronuncie: puede aludir al gobierno provincial pero también al centralismo porteño.

“Hay una gran desinformación y confusión en la opinión pública, lo que puede ser hasta intencional”, dice Claudia Balagué, la exministra de Educación que encabeza la lista de convencionales constituyentes del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), un espacio emergente desde la centro izquierda. Juan Monteverde, el candidato del frente Más para Santa Fe, hizo una presentación ante la Justicia electoral para que el gobierno provincial difunda el carácter de los comicios, porque “la gente no sabe qué se vota”.

Maximiliano Pullaro encabeza la lista de Unidos, la coalición de la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista y otros partidos menores que gobierna la provincia. Sus principales rivales son La Libertad Avanza, que lleva como primer candidato al diputado nacional Nicolás Mayoraz, y Más para Santa Fe, donde convergen el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y Ciudad Futura.

“No se elige gobernador ni a personalidades o periodistas sino a las personas que van a redactar la futura Constitución de Santa Fe y de la composición de la asamblea constituyente dependerá mucho de nuestra vida cotidiana y del futuro de la provincia”, señala Balagué en alusión a la renovada presencia de outsiders en las listas. En este personal de supuesto refresco para la clase política cobra relieve el experiodista Juan Pedro Aleart como candidato a constituyente y concejal por La Libertad Avanza en Rosario.

Aleart es la voz más escuchada entre los libertarios santafesinos. El experiodista saltó a la política en abril de 2024 después de denunciar en horario central de la televisión rosarina que fue víctima de abusos sexuales en la infancia por parte del padre y de un tío y que los delitos prescribieron.

La reforma comprenderá la revisión de 42 artículos. Pullaro adelantó en febrero que si triunfa 'no habrá un solo concepto garantista en la Constitución'

La reforma comprenderá la revisión de 42 artículos. Pullaro adelantó en febrero que si triunfa “no habrá un solo concepto garantista en la Constitución”, lo que fue criticado como un contrasentido. “No podríamos dictar una Constitución que no sea garantista”, respondió la jurista Griselda Tessio. La ex vicegobernadora durante la gestión de Hermes Binner consideró “una mentira, una muestra de ignorancia”, la idea de que el garantismo favorece a los delincuentes, como suele proferir el gobernador.

“Las elecciones en Santa Fe son importantes por varias razones –analiza el politólogo José Giavedoni-. En las anteriores el presidente Milei se despegó de candidatos distritales que se encolumnaban con sus propuestas. Ahora La Libertad Avanza juega por primera vez como partido propio en la provincia. Es una gran apuesta de Karina Milei que supervisó el armado”.

“Los libertarios se juegan mucho pero al mismo tiempo no se juegan todo hasta las elecciones nacionales –matiza el también politólogo Sergio Morresi–. Ahora se discuten las instituciones de la provincia y el que plebiscita es el gobernador. Si Pullaro no llega con los votos propios habrá que ver qué acuerdos realiza; parece todo inseguro, los supuestos aliados de ayer no van a ser necesariamente los de mañana y los acuerdos no existen hasta que se abren las urnas”.

Los santafesinos elegirán 50 convencionales por distrito único y un convencional por cada uno de los 19 departamentos de la provincia. “Cualquier lista que tenga 35 convencionales podría escribir la Constitución por sí misma”, advierte Balagué. Esa parece la ambición del gobernador Pullaro, y las encuestas que se difundieron en el mes de febrero alentaron las expectativas partidarias.

“Este gobernador no puede tener reelección porque él juró por otra Constitución, que no permite esa posibilidad –dice Balagué–. En ese sentido lo que más nos preocupa en que con la Constitución vigente tenemos reelecciones indefinidas: hay senadores, intendentes y presidentes comunales que llevan 20, 30 años en el poder. Son los dueños del territorio y eso no se está discutiendo. Estamos debilitando la democracia con malas prácticas y tenemos que fortalecerla haciéndola más participativa”.

Una crisis crónica

José Giavedoni destaca cierta falta de alineamiento en los votantes, al punto de ir de derecha a centro izquierda como se observó en las últimas elecciones de Rosario: “el voto que en las elecciones nacionales fue para La Libertad Avanza, en las locales estuvo dirigido a Ciudad Futura”. El partido de Monteverde estuvo a punto de conquistar la intendencia en alianza con el Movimiento Evita.

“Monteverde dice que no hay una derechización de la sociedad sino una profundización de la crisis de representación que viene desde hace tiempo. Esa crisis se expresa en que aquella fuerza que se presenta como novedad es la que resulta más atractiva para el electorado”, afirma Giavedoni, investigador del Conicet y profesor en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario.

Una de las incógnitas es si Monteverde aún representa la novedad después de ampliar su alianza con el peronismo; el FAS disputa ese perfil y también, con una postura más crítica, la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores que encabeza la socióloga Carla Deiana. Más para Santa Fe lleva como candidato en el departamento San Lorenzo a Armando Traferri, imputado en octubre de 2024 por organizar una red de protección al juego clandestino y cuyo rechazo a ser indagado por la Justicia, resguardándose en los fueros, patentizó justamente la necesidad de reformar la Constitución provincial. “Un espacio que está a la izquierda hace acuerdos con senadores que tuvieron problemas con la Justicia, para decirlo elegantemente. Eso le facilita a La Libertad Avanza su discurso contra la casta”, evalúa Morresi.

Nicolás Mayoraz respaldó una fallida campaña contra el supuesto adoctrinamiento de estudiantes en la Universidad Nacional de Rosario y apareció mencionado entre los legisladores que prepararon la visita a represores presos en la cárcel de Ezeiza. “Las encuestas no le dan bien como candidato pero sí al sello de La Libertad Avanza”, agrega Morresi. El postulante libertario con mayor proyección es Juan Pedro Aleart, quien hace campaña con la propuesta de eliminar el Senado provincial y con el reciclaje de la lucha contra la casta, ahora identificada en Pullaro y en un supuesto acuerdo oculto de Unidos con senadores del peronismo.

“En Santa Fe los nombres pesan mucho –dice Morresi, profesor de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet–. No se votan espacios ni programas sino personas que para los electores son representativas de valores, proyectos, una forma de ser, una cultura, con lo que esas personas se identifican. Hay espacios políticos que no crecen como tales pero la presencia de los nombres importa mucho”. Ese sería el caso de la boxeadora Alejandra Oliveras, que encabeza el novel Frente de la Esperanza, y de la actual diputada provincial Amalia Granata, de Unite.

“Granata es una persona importante, con mucho nivel de conocimiento antes de hacer política. Ella está contra el peronismo por algunas razones, contra Unidos por otras y contra La libertad Avanza por otras más. Lo que parece un no lugar puede convertirse en un lugar respetable”, especula Morresi, quien además destaca el peso de factores extra provinciales, como los avatares de la economía o la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Entre la desilusión y casta

El Frente Amplio por la Soberanía realiza su campaña a través de asambleas en ciudades y pueblos. Claudia Balagué fue ministra de Educación durante los gobiernos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz y encabeza una línea del Partido Socialista disidente de la conducción y de su acuerdo con la derecha santafesina. Leonardo Caruana, ex secretario de Salud Pública de Rosario, y Griselda Tessio son también candidatos a convencionales por el FAS.

“Pullaro sobreactúa en un área muy sensible como la seguridad –dice Balagué–. Combatir el crimen y bajar la cantidad de homicidios pero eso no excluye los derechos humanos de las personas encarceladas. Hay que resocializar, sobre todo a la gente más vulnerable que está presa. No habrá cárceles que alcancen con las políticas del gobierno provincial”.

La sobreactuación del gobernador también afecta a los docentes, según la ex ministra: “La tarea docente se ha complejizado porque los chicos van a la escuela sin comer, sin zapatillas, sin útiles, las familias viven situaciones de violencia. Con el presentismo que impuso Pullaro, las licencias por maternidad no están garantizadas. Tantas luchas de las mujeres terminan tiradas por la borda. Por otra parte, la reforma previsional pegó muy duro en todos los empleados públicos de la provincia, que ven deteriorados sus salarios y hasta tienen que hacer aportes aun estado jubilados”.

En Santa Fe los nombres pesan mucho. No se votan espacios ni programas sino personas que para los electores son representativas de valores, proyectos, una forma de ser, una cultura, con lo que esas personas se identifican

Sergio Morresi — Profesor de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet

La Libertad Avanza parece haber desistido de disputar con Pullaro los méritos por la disminución de los índices de violencia en Santa Fe, que en principio atribuyó al Plan Bandera de la ministra Patricia Bullrich. La imagen del gobernador está identificada con la mano dura contra los presos y ahora “su gran caballito de batalla es la construcción de una nueva prisión que lleva como nombre El Infierno, lo que lo ubica en un espacio de discusión muy emparentado con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional”, dice José Giavedoni.

Para Morresi, “los candidatos y militantes de La Libertad Avanza en Santa Fe tienen una posición que no necesariamente privilegia el gobierno nacional, por ejemplo en la forma de oponerse a Pullaro”. Por caso, Aleart que “el 90 %” de los postulantes de La Libertad Avanza son outsiders de la política como él y proclama la lucha contra la casta.

“La cuestión anticasta no pega de la misma manera en lo provincial y en lo nacional –dice Morresi-. La reacción que hubo en varias provincias no identificó a la casta con los políticos que hacen roscas sino con los porteños, con una presidencia demasiado enfocada en los problemas de la ciudad de Buenos Aires y que no miraba al resto del país”.

Pullaro invoca por su parte la lucha contra los privilegios del poder y la consigna puede calar en ese sentimiento antiporteño. De hecho el gobernador reivindica su gestión en la obra pública, particularmente en la construcción de rutas y puentes, y en el mismo gesto marca la ausencia del Estado nacional.

“La casta es el que de alguna manera está protegido; no importa si es rico o pobre, si es empresario o laburante –afirma Morresi-. Esa protección que muchos entendemos como derechos otros la entienden como un privilegio. Y eso se extiende también en sentido geográfico: en Córdoba y en Santa Fe la casta son los porteños porque pagan menos de luz y de gas, tienen el transporte más barato y reciben la mayor cantidad de obras. Cada uno hace su mezcla con esa palabra”.

OA/MG

Melina Romero festejaba su cumpleaños el 24 de agosto de 2014, cuando salió de un boliche del partido bonaerense de San Martín y su rastro se perdió. Violada y asesinada, su cadáver fue hallado un mes después a orillas del arroyo Morón. Las crónicas de la época destacaron que aquella chica de 17 años no trabajaba ni estudiaba, repararon en su forma de vestir y en sus relaciones y la erigieron en un arquetipo de la mala víctima. Esa figura exculpatoria de la violencia de género persiste en sentencias judiciales y se asocia con su complemento: el buen victimario, aquel varón insospechable de los delitos que le imputan por su perfil público y por sus condiciones de clase y de raza.

“La mala víctima absuelve al acusado y a una sociedad que promueve  violencias con la sexualización de niños y niñas y la forma en que somos mostradas las mujeres cis en los medios de comunicación”, afirma Ana Oberlin, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de La Plata. “Si bien fue visibilizada por parte de los feminismos, esa figura nunca fue desterrada y hoy está muy presente en el sistema judicial. Esos estereotipos atraviesan la sociedad y permean profundamente a los operadores y operadoras”, agrega.

Con veinticinco años de antigüedad en el Poder Judicial, Oberlin observa “algunos logros” en la incorporación de perspectiva de género pero sobre todo un rechazo que se activa con la presidencia de Javier Milei y el desmantelamiento de las políticas de género: “El sistema de justicia en general es muy permeable a los cambios cuando tienen que ver con volver a políticas conservadoras, porque es parte importante del sostenimiento del sistema hetero cis patriarcal”.

Abogade lesbiane y militante feminista, Luciana Sánchez litiga en casos de violencia sexual ante tribunales bonaerenses, porteños y de la Nación y da cuenta de la coyuntura: “Se notan cambios y se notan retrocesos. Algunos son más obvios y otros están más solapados”. Entre estos últimos destaca que hay casos en que “los jueces y juezas liberan a acusados de violencia sexual contra mujeres y niñas refiriéndose a cuestiones jurídicas como la insuficiencia de la prueba”.

“Los tribunales locales no pueden contradecir los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las víctimas de violencia sexual. Pero estos casos se cometen en la clandestinidad y es difícil que haya otra prueba directa más allá del testimonio de la sobreviviente, en el caso de que haya sobrevivido. Entonces los jueces plantean que el imputado también tiene garantías y utilizan esa frase como una muletilla constante y un argumento en contra de las víctimas”, resalta Sánchez, también docente en la Universidad Nacional de Avellaneda.

El Tribunal santafesino que falló en el caso del profesor de educación física Juan Francisco Trigatti, acusado por abuso sexual simple contra cinco niñas de 3 a 6 años, sostuvo como principio “partir siempre de la credibilidad” de la víctima “y posteriormente corroborar la coherencia interna y externa de sus dichos”. Pero en este aspecto contempló “la posibilidad de fabulación, inoculación de información y/o sugestión” y absolvió al docente el 18 de octubre con un sesgo “prejuicioso y discriminatorio” encubierto bajo el supuesto respeto a la normativa, según una de las querellas.

El Tribunal integrado por Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres analizó la prueba “partiendo de un preconcepto del caso vinculado a la persona del imputado y de las niñas víctimas”, planteó la abogada Carolina Walker Torres, al apelar la absolución como querellante por una de las víctimas: de un lado un “varón, heterosexual, de clase media, proveniente de sectores católicos, representativo de la masculinidad hegemónica santafesina”, del otro “niñas muy pequeñas y, por tanto, susceptibles de ser manipuladas, pobres, con familias que aparecen como conflictivas desde el imaginario colectivo, representativas de la idea de mala víctima”.

Sánchez sostiene a la vez que el falso síndrome de alienación parental (SAP), un argumento repetido en defensa de abusadores, subyace a los razonamientos judiciales pero sin explicitarse. “Los jueces no dicen que los niños mienten sino que la prueba no es suficiente –apunta-. Utilizan el estándar de la duda razonable para albergar absoluciones de agresores utilizando estereotipos de género como base”. Entre estos lugares comunes, “la mala víctima y las líneas de preguntas prejuiciosas siguen apareciendo en los juicios pero no en la sentencia, donde lo que se invoca es la duda razonable”.

Otro argumento reiterado en defensa de los abusadores, más ante los medios y la opinión pública que ante los jueces, es que la perspectiva de género distorsiona las sentencias y que las acusaciones de falsas denuncias surgen de mujeres celosas despechadas, como se alegó en apoyo al abogado Guillermo Martín Moncayo, condenado a dieciséis años de prisión en agosto de 2024 por abusos contra dos hijas. El fallo no está firme; Moncayo es un abogado especializado en comercio internacional y medio ambiente, se doctoró en Alemania y trabajó en la Procuración del Tesoro de la Nación.

“El SAP y sus derivas como la teoría de los discursos implantados en las víctimas volvieron con mucha fuerza –afirma Luciana Sánchez–. En el grupo específico que trabaja con Cámara Gesell dentro del Cuerpo Médico Forense de Justicia de la Nación creen que los niños pueden tener discursos contaminados y lo que llaman falsas memorias. Es una forma de criminalizar a las personas que están a cargo de esos niños y de negar la violencia específica contra niños, niñas y adolescentes”.

Entre otros casos, Sánchez fue querellante en el juicio por el asesinato de la activista trans Amancay Diana Sacayán que culminó en 2018 con la condena de prisión perpetua para el acusado, Gabriel David Marino, y con la adopción de la palabra “travesticidio” por parte de la Justicia. También advierte por apropiaciones de denuncias progresistas desde la perspectiva anti derechos, como las que visibilizan las malas prácticas policiales en las ruedas de reconocimiento: “Hay muchos videos sobre la producción de memoria falsa y de falsos recuerdos. Estos argumentos están siendo trasladados de manera completamente acrítica al campo de los delitos sexuales y contradicen todos los estándares de valoración del testimonio de la víctima sobreviviente que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres décadas de sentencias. Es necesario cuestionar la forma en que se hacen los reconocimientos por parte de testigos de delitos contra la propiedad porque hay un sesgo racista en la Justicia. Pero esta forma de trabajo no se puede trasladar al campo de los delitos sexuales, porque se cometen en condiciones de clandestinidad donde la única prueba directa suele ser el testimonio de la víctima sobreviviente”.

Imágenes inmaculadas

Juan Trigatti participaba en actividades de Cáritas, había sido catequista en barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe y estaba conceptuado como un hombre religioso.  “La imagen pública de buena gente, buen profesional, buen católico, buen padre, buen amigo, es muy común en los casos de abusadores sexuales infantiles”, destacó Carolina Walker al apelar la absolución por abusos presuntamente cometidos en el Jardín de Infantes que depende del Arzobispado de Santa Fe.

La abogada citó precedentes notables en la provincia de Santa Fe: el arzobispo de Santa Fe Edgardo Storni, condenado en 2010 por abuso sexual agravado de un seminarista; el sacerdote Enzo Monzón, de Reconquista, por quien se organizaron marchas y protestas de monjas y fieles mientras era juzgado y finalmente sentenciado en 2022 por dos casos de abuso sexual; la catequista Nidia Morandini, condenada a 20 años de prisión por abusos en la ciudad de Esperanza; el preparador físico Guillermo Clement, condenado a 35 años en Venado Tuerto por el abuso de nueve alumnos; el entrenador de triatlón Walter Sales Rubio, fallecido en diciembre en la cárcel de Piñero, donde cumplía una pena de 50 años de prisión por al menos quince abusos en San José del Rincón.

“Los buenos victimarios son mostrados por ejemplo cuando ocurren violaciones en el contexto de una cita. Esto termina en una especie de disputa de la palabra de una persona contra la de otra donde se resalta la figura de la mala víctima, porque aceptó ir a la casa del varón y después no quiso estar con él”, dice Ana Oberlin. Ante delitos “donde la culpa y la vergüenza se traslada a las personas victimizadas”, el sistema judicial “privatiza y minoriza los casos, como dice Rita Segato, como si fueran violencias de menor cuantía y que tuvieran menor importancia que otras”, agrega la fiscal de La Plata.

Oberlin destaca que la campaña sobre las falsas denuncias que fogonean legisladores nacionales, organismos antiderechos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no es una novedad: “Parecería que muchos problemas se habían solucionado en la administración de justicia y ahora cambiaron, pero no es así. Los estereotipos de la mala víctima nunca fueron desterrados. Pero cuando el discurso desde el Poder Ejecutivo es continuo y violento contra la política de género estas cuestiones latentes toman más fuerza”.

Luciana Sánchez destaca que tampoco es novedosa la prédica sobre “la discriminación positiva” que difunden Agustín Laje y otros voceros del gobierno nacional para impugnar al feminismo: “Es un discurso que busca poner en discusión los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso. El objetivo es cuestionar la existencia de la violencia de género y volver a un mundo donde no se reconocía el problema. Tienen un discurso donde interpelan a los hombres como si estuvieran a favor de ellos, pero no es así, porque también promueven discursos muy violentos contra los hombres en alianza con sectores del feminismo radical”.

Sánchez cita a Angela Davis y sostiene que “el arquetipo del buen victimario es el pater familia, el varón blanco y propietario”. En la casuística reciente, “vimos cómo un nuevo fallo sacó la calificación de femicidio para la muerte de Lucía Pérez (la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata el 9 de octubre de 2016) y ella todavía representa el arquetipo de la mala víctima, por lo que increíblemente la siguen castigando: el proceso era tortuoso, llevaba años, y la Cámara de Casación Penal vuelve a decir que ella falleció sola, que nadie la asesinó, sin tener en cuenta la evidencia”.

Oberlin se manifiesta crítica la ley Micaela, “porque en parte terminó generando una burocracia donde se daban unos casos que otorgaban una constancia que certificaba la perspectiva de género y no es la manera; no todos esos cursos estaban bien encarados y tampoco dieron el resultado esperado, un poco por esa burocracia y un poco por la resistencia del mismo sistema a modificar estas prácticas tan arraigadas”. No obstante, señala una mayor visibilización de la violencia sexual y una conciencia creciente de las víctimas y de sus familiares, lo que se traslada a un aumento de denuncias. “En esto sí hay un cambio positivo –dice-. Todavía existe un imaginario muy fuerte donde asociamos la violación con la agresión cruenta, en un callejón y con un arma en la cabeza, pero ahora se denuncian muchos otros casos que son y siempre fueron violencia por medios sexuales pero que estaban encubiertos o tenían tramas más complejas que dificultan relatarlas por la culpa y la vergüenza”.

Si bien “la justicia en general no está preparada para dar las respuestas adecuadas y mantiene una base machista, heterocispatriarcal y clasista que es profunda, estructural y difícil de modificar, hay que seguir peleando para que se modifique”, plantea Oberlin. Las memorias de Melina Romero, Lucía Pérez y otras víctimas todavía esperan su reparación.

DTC

La mano dura fue su propuesta de seguridad cuando asumió el gobierno de Santa Fe en diciembre de 2023 y ahora se proyecta con la posibilidad de convertirse en ley. Maximiliano Pullaro anuncia que no habrá “ningún concepto garantista” si la lista del frente Unidos triunfa en las elecciones de los convencionales que reformarán la Constitución de la provincia, previstas para el 13 de abril.

Pullaro planteó su programa de una Constitución sin garantías en la apertura de sobres de la licitación para la construcción de una cárcel destinada a presos de alto perfil en la localidad de Piñero. A un año de la difusión de videos y fotos de presos exhibidos “a lo Bukele” en la cárcel de Coronda, editadas con bandas de sonido heavy metal y proclamas beligerantes contra la criminalidad, el gobernador velará porque no haya “ningún tipo de beneficio para los delincuentes”, según dijo.

“La Constitución provincial tiene que ajustarse a los derechos y garantías de la Constitución nacional y a los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina. Para que no existan conceptos garantistas habría que revisar también la legislación en derecho penal”, observa Cecilia Lesgart, politóloga y profesora de la Universidad Nacional de Rosario consultada por elDiarioAR. Las declaraciones de Pullaro “tienen que ver con una campaña electoral que para la ciudadanía aparece confusa por la cantidad de cargos que se eligen y van de lleno a la disputa con LLA sobre el orden securitario”, analiza la investigadora.

La utopía punitivista de Pullaro también provocó las reacciones de constitucionalistas santafesinos en la red X. “Es un oxímoron. ¿Qué es una Constitución sino garantista, en el sentido de respetar las garantías penales y procesales que vienen del derecho penal liberal desde el siglo XVIII?”, se preguntó Oscar Blando. “¿Se pretende reprimir desde el absoluto inquisidor que jamás se equivoca? Retrocedemos hasta antes de la Revolución Francesa”, observó Víctor Corvalán.

Los anacronismos de la Constitución de Santa Fe quedaron patentizados en 2021, cuando el senador Armando Traferri se escudó en la norma para no comparecer ante la Justicia por las acusaciones de protección a una red de juego clandestino. El 13 de abril los santafesinos elegirán cincuenta asambleístas por una lista común a nivel provincial, que se reunirán en una convención con otros diecinueve, uno por cada departamento de la provincia. Las reformas fueron acordadas por ley e incluyen la posibilidad de la reelección del gobernador.

“Las reformas institucionales buscan beneficiar a quienes las impulsan. En este caso, al gobernador que aspira a la reelección en un contexto político y social que le es favorable. Para eso será decisivo el número de votos que alcance Unidos, si logra mayoría propia o necesita alianzas. Ese es el foco de la disputa”, señala Cecilia Lesgart, también investigadora del Conicet.

Pullaro encabeza la nómina de Unidos, donde convergen la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista y otros partidos menores. Con el peronismo disperso en tres listas, el gobernador observa como su principal competidor al periodista Juan Pedro Aleart, referente de La Libertad Avanza. “Aleart saltó a la arena política después de denunciar a su padre y a un tío por abusos sufridos en la infancia –recuerda Lesgart–. A diferencia de Pullaro es un outsider pero su denuncia, en horario central de la televisión rosarina, causó una identificación muy fuerte con la audiencia. Unidos y La Libertad Avanza disputan los mismos electores. Aun reconociendo la volatilidad del electorado, juegan en un mismo clima de época corrido hacia la derecha, en donde los discursos punitivos concitan adhesión”.

Los posicionamientos de Pullaro ante la coyuntura nacional pueden ser interpretados como señales hacia los electores de La Libertad Avanza. El gobernador de Santa Fe se pronunció en contra del juicio político al presidente Javier Milei por el escándalo cripto y, en la misma conferencia de prensa en que postuló una Constitución sin garantías, dijo que compartía los objetivos de la ministra Patricia Bullrich en seguridad pública.

“Hay varias elecciones este año, en un momento en que la ciudadanía siente una gran apatía por el poroteo cotidiano y no tiene claro qué se vota –destaca Lesgart–. Una elección es la de constituyentes, pero también se renuevan concejales, hay municipios que eligen por primera vez intendente, elecciones nacionales y está el debate por la derogación de las PASO. En este clima no es extraño que Pullaro haga esas manifestaciones sobre el garantismo, porque hay una disputa fuerte con La Libertad Avanza para retener o ganar electores y se manifiesta en la definición pública de qué es un delito, cómo reprimirlo y cómo sancionarlo, no solo en términos jurídicos sino también socialmente”.

El rebote de la violencia

Pullaro reivindicó en conferencia de prensa “el policiamiento que tenemos en la calle”, en alusión a los operativos de pinzas donde las fuerzas de seguridad interceptan a vehículos y peatones y requieren documentos de identidad. El gobernador resaltó la disminución de delitos contra la propiedad en la provincia: según sus registros, “en enero de 2024 hubo 4.700 delitos contra la propiedad y en enero de 2025 tuvimos 2.100”. Como corolario pidió un aplauso para la policía provincial, a la que por otra parte privilegió por encima de los docentes y los trabajadores de la salud al otorgarle en 2024 un 3% más de aumento sobre los montos concedidos por paritarias.

“Hay un problema ideológico en algunos jueces, en algunos fiscales que fueron cambiando, ni hablar en los (abogados) defensores que es su trabajo” agregó Pullaro en un video publicado en su cuenta de X. El contexto incluye otro dato relevante: los homicidios dolosos en Rosario aumentaron durante enero un 10% por encima del registro de enero de 2024.

“Algunos cambios en los últimos años pueden tener un impacto positivo en la disminución de los homicidios dolosos y otros, coyunturales, son muy débiles y permiten rebotes de la violencia”, dice el criminólogo Enrique Font a elDiarioAR, quien agrega que “hay un reordenamiento en la policía provincial con la hegemonía de un sector que disciplina y logra acotar pero no erradicar el cuentapropismo en la corrupción institucional”.

El último caso es el de una banda de poliladrones que actuaba dentro del Comando Radioeléctrico de Rosario, cuyos diez integrantes fueron imputados por robos, allanamientos ilegales y falsificación de actas de procedimientos a principios de enero. Font suma “la incapacidad para detener a los integrantes de la banda de Los Menores tiene que interpretarse como lo que es: dejar hacer a un grupo en ascenso en desmedro de otros”.

La banda de Los Menores se encuentra en actividad desde 2021 en la zona noroeste de Rosario y su notoriedad escaló a partir del 9 de noviembre pasado, ante la sospecha de que instigó o por lo menos proveyó los sicarios que ejecutaron a Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra de Rosario Central– y Daniel Raúl Attardo. Uno de sus jefes, el prófugo Jonatan Garraza, revistaba en la Policía de Investigaciones, la sección de la policía de Rosario encargada de perseguir a las organizaciones criminales.

Siete integrantes de la Policía de Acción Táctica están acusados en la Justicia Federal por un allanamiento ilegal realizado el 13 de agosto de 2024 en una casa del barrio Azcuénaga de Rosario, donde robaron entre 12 y 15 kilos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos. También privaron de la libertad a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. El Ministerio Público Fiscal amplió las acusaciones el 10 de enero: los policías enfrentan cargos por comercio de estupefacientes, violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento, y según se sospecha derivaron la droga a otras personas para su venta en la calle.

De la cárcel a la calle

La promesa de Pullaro de recuperar el orden en la calle y en las cárceles no aparece solamente en duda por el aumento de homicidios en enero. El mismo día en que el gobernador reafirmó la apuesta por la política de mano dura, la Justicia Federal ordenó un segundo allanamiento en la cárcel de Las Flores ante el hallazgo de más de cuatro kilos de marihuana enterrados en el patio de un pabellón donde no había cámaras de vigilancia, además de armas de fuego y celulares. El Ministerio de Seguridad de la provincia debió remover a la cúpula de la cárcel.

“Los allanamientos demuestran que las cárceles santafesinas no están controladas como afirma el gobierno sino que se parecen a las cárceles de siempre. En el Servicio Penitenciario de la provincia también hay cuentapropismo y así se puede arreglar matar a alguien dentro de la cárcel”, agrega Font. La referencia es el homicidio del preso Agustín de la Encina, perpetrado en la cárcel de Piñero el 13 de enero: el jefe de vigilancia Hernán Peralta y dos guardias fueron imputados por facilitar el crimen por parte de reclusos no identificados. Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales y como tal responsable política de las cárceles santafesinas, es candidata a convencional constituyente en las elecciones del 13 de abril .

“El éxito de la política de Pullaro depende de actores a los que no va a reformar, que son la policía y el Servicio Penitenciario provincial –explica Font–. Al interior de estas instituciones sigue existiendo un problema de autonomía por lo que la situación es muy inestable, con el agregado de un Ministerio Público de la Acusación que no investiga ni esclarece nada importante y que está totalmente controlado políticamente”.

Lanzado a una nueva campaña electoral, Pullaro reafirma la prédica con la que se impuso en las últimas elecciones a gobernador: “Tenemos que terminar con que los delincuentes son pobrecitos, víctimas de un sistema injusto que por eso cometen delitos y por eso salen a robar y salen a matar”, dice en su cuenta de X. La consigna de una Constitución sin garantías “no será olvidada después de las elecciones, porque es persistente en el discurso del gobernador y configurativa de su proyecto político”, destaca Cecilia Lesgart.

Pero la política punitivista recrea el problema que trata de enfrentar, advierte Enrique Font: “La retórica de la mano dura construye un relato de superhéroes e hipervillanos que consolida identidades y hace crecer el valor simbólico de las bandas, algo que termina operando en contra. La fragmentación de las organizaciones criminales generada por la participación policial y penitenciaria es otro problema. En Santa Fe hay circo, hay garrote y hay negocio”.

OA/MG

Allanamientos ilegales, procedimientos fraguados, armas plantadas, robos de droga, complicidad con el narcotráfico, detenciones al voleo: las prácticas irregulares de la policía santafesina y en particular de la rosarina surgen en investigaciones recientes como la cara oculta de la disminución de los homicidios dolosos en la provincia, el logro que exhibe el gobernador Maximiliano Pullaro al cabo de su primer año de gestión.

Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2024 hubo 176 homicidios en la provincia, un 55,8 % menos que la cantidad registrada en el mismo período del año anterior. Es el número más bajo en la última década y la merma resulta todavía más pronunciada en el departamento Rosario: en 2024 hubo 90 crímenes contra 259 de 2023, lo que representa un 65,5 % menos de casos. Pero al mismo tiempo que disminuyen los crímenes aumentan las denuncias e investigaciones por casos de corrupción, delitos comunes y violencia institucional.

Las irregularidades se producen en el marco de la ampliación de facultades policiales para la detención de personas, propuesta por el gobierno de Pullaro en la Legislatura provincial y promulgada con el apoyo de la oposición peronista. La ley 14.258/24 ratificó la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes y agregó la de resistencia a ser identificado.

Detenidos por no llevar DNI

El informe “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la democracia” elaborado por la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia dedica un capítulo a la situación en Santa Fe y cita una denuncia del Servicio Público de la Defensa Penal sobre la detención de personas por no llevar el DNI: “El 34% de esas personas estaban en situación de calle y el 21% habían sido retenidas ya en reiteradas oportunidades. Una de ellas fue detenida ocho veces en el mismo día. Las actas de demoras carecen de fundamentos legales, o los fundamentos están preimpresos”.

El informe puntualiza que Pullaro “viene promoviendo e implementando reformas de la legislación local violatorias de la Constitución Nacional y Provincial, que ignora o suspende garantías fundamentales para los derechos humanos”. Entre ellas, “lo más grave son las reformas introducidas en el Código Procesal Penal”, por las cuales una persona puede pasar 30 días presa sin recibir imputación. “En la práctica equivale a una interrupción de garantías, propias de un estado de sitio”, dice la abogada y exdiputada provincial Matilde Bruera.

El 22 de diciembre, diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron detenidos e imputados por allanamiento ilegal, robo, lesiones y falsedad ideológica en una saga ininterrumpida de delitos perpetrada desde marzo pasado. Entre los imputados se encuentra el jefe de tercio Luis Alberto Pais, quien en 2022 ingresó sin orden de allanamiento en un estudio jurídico de Cañada de Gómez para detener a una persona y ante la imputación por ese caso fue defendido por el entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro. El actual gobernador avaló la acción de Pais –también respaldada por vecinos de esa ciudad– y pidió que se investigara al fiscal que acusaba al policía, Santiago Tosco.

Pais fue considerado un ejemplo del policía que cumple su función y tropieza con la burocracia judicial y el llamado garantismo. Ahora este oficial aparece como cabecilla de una violenta banda de policías que, en distintos hechos, plantaron armas, robaron dinero –en un caso la pensión de un discapacitado, en otro diez mil dólares, en un tercero 95 mil pesos–, fraguaron actas de procedimiento e ingresaron una y otra vez en diversos domicilios sin orden de allanamiento. Por estos procedimientos falsos un hombre detenido en Provincias Unidas y Mendoza pasó seis meses preso y otro –el hermano del discapacitado al que despojaron de la pensión– otros seis meses detenido, entre junio y diciembre. Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartozzi presentaron un total de catorce hechos atribuidos a la banda policial, en el transcurso de tres audiencias.

El modelo Chocobar, superado

El 17 de diciembre la Cámara Federal de Casación dio un giro inesperado a un caso de violencia institucional de alto impacto en Santa Fe, al anular las absoluciones de diecinueve policías y un civil por la desaparición forzada, torturas y muerte del albañil Franco Casco. Los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron una nueva sentencia.

Casco tenía 20 años, vivía en Florencio Varela y el 29 de septiembre de 2014 viajó a Rosario para visitar a unos tíos. En la tarde del 6 de octubre, cuando iba a tomar un tren de regreso a su casa, fue detenido por agentes de la comisaría 7ª en supuesta averiguación de antecedentes.

En la madrugada siguiente Casco fue torturado en un calabozo conocido en la jerga interna como “la jaulita”, que los policías utilizaban rutinariamente para interrogatorios mediante apremios. “Se encontraba en un absoluto estado de indefensión”, destacó el fiscal Fernando Arrigo en su alegato. El cuerpo del albañil fue hallado el 30 de octubre de 2014 en el río Paraná y la autopsia reveló que había muerto antes de ser arrojado al río.

El fallo no solo es un revés para los acusados sino también para Maximiliano Pullaro. El actual gobernador, siendo ministro, pagó con fondos reservados del Ministerio de Gobierno honorarios de abogados defensores y en julio de 2023, cuando un fallo dividido del Tribunal Oral Federal número 2 resolvió las absoluciones, dijo que se había cometido una injusticia con los policías y afirmó que la causa se había politizado.

Pullaro no hizo comentarios sobre el fallo de Casación pero tres días después toma una decisión que parece una respuesta indirecta: nombró asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia a Luciano Nocelli, conocido como “el Chocobar rosarino”, un policía del Comando Radioeléctrico condenado a 25 años de prisión por el asesinato de una pareja que había intentado robar la cartera a una mujer.

Nocelli quedó en libertad el 27 de noviembre, después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenara un nuevo juicio. Su excarcelación fue recibida con aplausos y sirenas de un cordón de patrulleros desplegado alrededor del Centro de Justicia Penal de Rosario y acompañada por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia. “Se termina la condena a los policías”, dijo entonces Nocelli, quien según las sentencias de dos tribunales asesinó a Jimena Gramajo y Walter Rosasco cuando estaban de espaldas y en el piso y no corrían peligro la vida del policía ni la de otras personas.

Los juicios contra Nocelli, el comisario Diego Álvarez y el resto de los policías acusados por la desaparición y muerte de Casco introdujeron un nuevo actor: grupos de familiares y allegados que se movilizan en defensa de los policías. “Había una belicosidad marcada de los defensores, como ocurrió durante el juicio oral”, dice el fiscal federal Federico Reynares Solari, sobre la audiencia en que se rechazó la prisión preventiva de los acusados por el caso Casco.

Estos grupos ya habían reclamado un indulto para Nocelli y volvieron a hacerse presentes el 18 de diciembre en el Centro de Justicia Penal para amenazar al fiscal Pablo Socca por la imputación contra otros cuatro policías por fraguar un procedimiento para encubrir el robo de dinero, teléfonos y otros objetos después de ingresar a dos domicilios de la zona sur de la ciudad sin orden de allanamiento. “Lo que sucedió me lleva a pensar que no es la primera vez que hicieron esto”, dijo Socca.

Con espíritu de cuerpo

Otra circunstancia coincidente en casos de corrupción y de violencia institucional es que no involucran a policías aislados sino a grupos cuyos integrantes son parcialmente identificados por las investigaciones judiciales. Socca imputó a los policías Lucas Brest, Bernardino Fernández, Julián Márquez y Matías Ovando de la Brigada Motorizada y describió el operativo emprendido contra un motociclista que supuestamente no quiso ser identificado como “una cacería” en la que intervino “un número exorbitante de policías”.

El fiscal Socca detalló que el objetivo de los policías era apoderarse de un teléfono donde un familiar del motociclista había filmado el allanamiento ilegal. A las prácticas consolidadas de falsificar actas de procedimiento y plantar armas se agrega así en los casos actuales la de eliminar registros incriminatorios en celulares y dispositivos electrónicos.

El fiscal provincial José Luis Caterina imputó en junio a otro grupo de siete policías por el robo de US$76.900, los ahorros de una familia. Los policías acudieron al domicilio para constatar el estado de salud de una pareja, uno de cuyos integrantes había tenido un brote psicótico.

Los agentes pertenecían a la comisaría 15ª –entre ellos el subjefe, Darío Carrillo– y al Grupo Táctico Multipropósito, le dijeron a la familia que iban a quedarse con los dólares por una investigación sobre lavado de dinero y configuraron un acta con testigos falsos. El fiscal Caterina explicó que uno de los policías utilizó parte de los dólares para comprar una embarcación y otro para pagar una fiesta de cumpleaños.

La Brigada Motorizada de Rosario pergeñó por su parte otro procedimiento que fue cuestionado por el camarista Alfredo Ivaldi Artacho a principios de diciembre. Los policías dijeron que soldaditos narco habían escapado a la carrera al notar su presencia en la calle Pasco al 200 bis. A continuación ingresaron sin orden de allanamiento en una casa donde detuvieron a cuatro personas y encontraron casi 200 dosis de cocaína, según el acta de procedimiento.

La situación alegada no existió, según el juez Ivaldi Artacho. Los policías tenían presumiblemente información sobre la existencia de un bunker de drogas en el lugar y actuaron por su cuenta para después blanquear el procedimiento con el acta. En consecuencia, el juez revocó las prisiones preventivas de los acusados.

El policía Jonatan Garraza cumplía funciones en la Delegación Tribunales y en la Agencia de Investigación Criminal, hoy Policía de Investigaciones. El oficial Fernando Molina revistaba en la subcomisaría 21ª. Los policías Marcos Martín Molina, Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera actuaban en el Comando Radioeléctrico. Los cinco tuvieron al mismo tiempo algo más en común: filtraron información, protegieron y fraguaron procedimientos en favor de Los Menores, la banda sospechada por el crimen de Andres “Pillín” Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central, y las maniobras contaron con la participación de otros policías todavía no identificados.

El uso de la información de calle en provecho propio aparece en otro caso más grave que involucra a ocho integrantes de la Policía de Acción Táctica en el robo de 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares y armas a dos hombres y una mujer de nacionalidad boliviana en el barrio Belgrano, de Rosario. Según las sospechas de la Justicia Federal, los policías actuaron con extrema violencia al mando del oficial Renzo Michelud y llegaron raudamente a un domicilio de Forest y Teniente Agneta después de apremiar a detenidos en otro procedimiento.

Al cabo de dos horas de requisar el lugar y de alzarse con la droga, el dinero y las armas, Michelud informó al Ministerio Público de la Acusación “un horario de ingreso, las razones por las cuales estaban allí los patrulleros y el motivo de ingreso absolutamente falso”, dijo el fiscal federal Javier Arzubi Calvo. El oficial de policía afirmó que habían detectado a los ciudadanos bolivianos en actitud sospechosa en la calle y que como parte de la persecución irrumpieron en la casa, donde encontraron apenas medio kilo de cocaína sobre una mesa.

La secuencia que enlaza actitudes sospechosas, persecuciones callejeras e intrusiones en domicilios es tan antigua en las actas policiales que Rodolfo Walsh la registró a fines de los años 60 en sus crónicas sobre “la secta del gatillo alegre y la mano en la lata”, como llamó a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Sin embargo, no deja de ser reeditada en procedimientos actuales.

Una causa armada

“Con el fallo de la Cámara de Casación se pueden discutir muchas cosas pero no se puede decir que la de Franco Casco fue una causa armada”, dice el fiscal Reynares Solari, en alusión al argumento que sostienen los diecinueve policías y el civil acusados por la desaparición y muerte del albañil. La defensa está en línea con la “politización” que señaló el gobernador Pullaro, aunque no hay precisiones sobre la supuesta conspiración.

Por el contrario, el fallo del tribunal de Casación señala que la causa armada es la que en realidad tramaron los policías con la colaboración de un vecino de la comisaría 7ª. El tribunal de juicio, observaron los camaristas, no observaron la prueba ni “el ejercicio de poder detentado por las agencias de seguridad sobre la situación, la escena del hecho y principalmente el control de gran parte de la prueba documental” amañada para desligar a los policías de las torturas y la desaparición de Casco.

“Es el protocolo de la violencia institucional”, afirma el fiscal Reynares Solari respecto de la trama alrededor de la muerte de Casco. Un conjunto de prácticas que la policía de Rosario parece llevar en su ADN y que no alcanza a ser disimulada bajo el paraguas de la disminución de los homicidios dolosos.

OA/MG

Las imágenes de cuatro encapuchados que exhiben armas de guerra y profieren amenazas contra la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro no tomaron desprevenido al gobierno nacional.

El video fue atribuido de inmediato por la Oficina del Presidente a “una organización narco terrorista todavía no identificada”, aunque la investigación judicial recién comienza, y su difusión precedió al anuncio de que el proyecto de ley antimafias será tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Pareció una demostración práctica de lo que La Libertad Avanza y sus aliados se proponen combatir “sin cuartel”.

El video presenta a cuatro jóvenes enfundados en mamelucos que hacen una especie de mímica con las armas mientras una voz en off recita un texto preparado. Si las amenazas de muerte pueden corresponderse con otros casos, el mensaje llama la atención por sus disonancias con los antecedentes: el anuncio de que “estamos instalados en Buenos Aires”, una novedad sin correlato en hechos comprobables; la preocupación expresada por los presuntos narcos porque los niños vayan a la escuela y no se conviertan en delincuentes, inédita en bandas criminales; y la advertencia “esto no va a terminar”, una declaración de guerra que se ajusta al concepto de “narcoterrorismo” que el gobierno nacional propuso en marzo y ahora relanza para la aprobación del proyecto de ley antimafias.

Ariel Larroude, director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2023, observa con escepticismo el registro: “La morfología de las imágenes, el tono de la voz en off, el mensaje donde anuncian a viva voz que están instalados en Buenos Aires, son muy dudosos”.

El video contradice los antecedentes de la última década en Rosario donde “las bandas no amenazaron de palabra sino que actuaron de manera directa y agregaron luego un mensaje; no obstante, se tendrá que investigar e identificar a quienes están detrás”. Larroude acaba de publicar el libro Narcomenudeo, controversias político-criminales sobre lo que se persigue y lo que se castiga en la ciudad de Buenos Aires.

No es la primera vez que un video narco circula en medio de una situación de crisis. En mayo de 2023 audios, fotografías y videos propagaron en Rosario noticias falsas sobre un toque de queda narco impuesto a los habitantes del barrio La Cerámica. Las imágenes que mostraban tiroteos, persecuciones y escenas de caos en la calle correspondían a sucesos antiguos de otros países, pero resultaron verosímiles en un contexto de alta inseguridad y potenciaron el miedo y la incertidumbre pública.

En marzo, las redes sociales y parte del periodismo viralizaron un comunicado falso que proclamó la unión de las bandas criminales de Rosario para enfrentar al gobierno de Santa Fe.

La particularidad del caso actual consistiría en que el supuesto grupo narco envió el video directamente al gobierno nacional. El jueves, Patricia Bullrich anunció la detención en Puerto San Martín de tres personas que habrían participado en la filmación. La ministra de Seguridad de la Nación se anticipó a lo que pueda hacer la jueza a cargo, María Servini: dijo que el asunto está resuelto “en un 90 %”, aunque faltaría identificar a los responsables y las armas exhibidas a la prensa no se corresponden con las utilizadas. El video narco agregó otro motivo para el discurso bélico de la ministra –“guerra total al narcoterrorismo”, en su cuenta de X- y para el reclamo por la sanción de la ley antimafias.

 De qué hablamos cuando hablamos de mafia

El proyecto de Ley para el abordaje integral de las organizaciones criminales, como se llama, tuvo tratamiento durante el año en las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, donde obtuvo media sanción.

Con dictamen de la Cámara de Senadores, fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. “Suponemos que tendrá tratamiento antes de que termine el año con altas probabilidades de que finalmente se apruebe”, adelanta la abogada Victoria Darraidou, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“El proyecto se propone perseguir organizaciones criminales, pero no da ninguna herramienta que entienda la dimensión económica del fenómeno, el aspecto que justamente posibilita las economías ilegales. La ausencia total de controles de flujos financieros es un límite claro para investigar la criminalidad Además se plantea la idea de zona sujeta a investigación especial, en las que personal del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio Público fiscal tendrían atribuciones extraordinarias”, puntualiza Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Cels.

Al enviar el proyecto al Congreso, Bullrich planteó que la ley antimafias “implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”; entre otros efectos, la ley habilitará “detenciones por averiguaciones de delitos”, “colocación de retenes para efectuar requisas” y “realizar allanamientos encadenados”.

“El tema de los allanamientos no es menor –señala Darraidou-. El proyecto otorga mayores capacidades a las policías federales en un contexto en el que ya actúan sin ningún control externo. Al margen de ese problema, hay una narrativa muy presente de los principales funcionarios del gobierno sobre una confianza absoluta en lo que hacen las fuerzas de seguridad”.

La pena más grave que corresponda en cada caso se extendería a todos los miembros de la organización criminal. “Podemos caer en sanciones desproporcionadas para alguien que tiene un rol menor o ni siquiera sabe que forma parte de una organización. En los delitos vinculados con drogas quienes ocupan los eslabones menores poco o nada saben sobre cómo se organiza el mercado ilegal y sobre quiénes son los principales responsables”, advierte la representante del Cels.

“No estaríamos hablando de la vieja discusión entre derecho penal de acto o de autor, sino de un derecho penal de asociación, lo que desvirtúa derechos y garantías de la ciudadanía -–afirma Ariel Larroude-. Además, a diferencia de otras regiones del continente, la matriz delictiva nacional todavía está fuertemente ligada a los delitos ordinarios y no a la criminalidad compleja”. El director del Posgrado de Política Criminal de la Facultad de Derecho (UBA) cita datos del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, del Ministerio de Justicia de la Nación: “la mayor parte de la gente detenida lo está por delitos contra la propiedad, homicidios dolosos y delitos sexuales; la realidad es que las cárceles están abarrotadas de pobres y no por una criminalidad organizada que en nuestra latitud vive en franca armonía con los cuerpos legales que tienen la obligación de investigar y reprimir”.

“El proyecto conforma una suerte de estado de excepción –resume la abogada Darraidou-. En las llamadas zonas especiales, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público producirían allanamientos sin órdenes judiciales específicas y también tendrían capacidades extraordinarias con relación a las detenciones”.

El reflujo de la ola

En la conferencia de prensa realizada en Rosario el jueves pasado, la ministra Bullrich celebró los “resultados históricos” del Plan Bandera contra la inseguridad. El Observatorio de Seguridad Pública del gobierno de Santa Fe registró 148 homicidios dolosos en la provincia entre enero y octubre, cifra que representa una disminución del 54,7% de los casos producidos en el mismo período del año pasado, durante el gobierno de Omar Perotti, y del 64,2 % en el ámbito del departamento Rosario.

“Que haya habido una reducción clara de los homicidios dolosos en Rosario, es un éxito de la gestión”, dice Ariel Larroude, pero al mismo tiempo “es obvio que hubo un acuerdo entre los actores ligados a la criminalidad: no se puede pasar de un escenario tan conflictivo a una pax tan llamativa”.

Maximiliano Pullaro fue uno de los expositores ante la Comisión de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, durante la discusión sobre la ley antimafias. El gobernador de Santa Fe respaldó el proyecto, pidió a los legisladores que “no se queden cortos” y hasta cuestionó “un exceso de garantismo” en el articulado, que no especificó.

“La pregunta sería cómo se ha resuelto la situación en Rosario –plantea Larroude-. Algunos analistas mencionan que se han actuado en tres lineamientos tácticos: un reacomodamiento en la línea de mando de la policía rosarina, una articulación eficiente entre Nación y Santa Fe a partir de un mayor despliegue de fuerzas federales en el territorio y un recrudecimiento de las condiciones de detención. Pero más allá de estos lineamientos hay que mirar con atención el proceso de adecuación de la provincia a la ley de narcomenudeo”, impulsada por el gobernador Pullaro y sancionada de modo expreso por la legislatura santafesina.

“El hecho de que la policía rosarina pueda actuar sobre el control del microtráfico de sustancias disciplinó a toda la estructura policial y volvió a aceitar líneas de recaudación ilegales e históricas de la fuerza de seguridad, tal como sucede en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. El circuito de recaudación ilegal rosarino era anómalo ya que los cuerpos policiales corruptos competían entre sí, liberando zonas y armando a las bandas en disputa. Esto también puede explicar la baja significativa de las muertes por utilización de armas de fuego”, agrega Larroude.

En su exposición ante los legisladores, Pullaro presentó su gestión en seguridad como un modelo a seguir. “Con algunas reformas importantes en la provincia de Santa Fe, que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”, dijo el gobernador de Santa Fe. Se refirió, entre otros cambios, a la ampliación de las facultades para que la policía pueda detener a las personas y a modificaciones en el Código Procesal Penal de la provincia, por las cuales una persona puede pasar 30 días presa sin ser imputada.

Pullaro viene de liderar por otra parte el reclamo finalmente concedido por la Corte Suprema de Justicia de la provincia por la libertad del policía Luciano Nocelli, condenado a 25 años de prisión por las ejecuciones de Maximiliano Rosasco y Jimena Gramajo. Las víctimas intentaron arrebatarle el celular a una mujer y fueron interceptadas por una patrulla del Comando Radioeléctrico de Rosario.

Para el gobernador de Santa Fe, los jueces deben comprender las situaciones de estrés en que actúan los policías, pero un tribunal de la Cámara de Apelaciones acreditó que Nocelli asesinó a Rosasco y Gramajo sobre seguro, disparándoles por la espalda, a corta distancia y cuando se encontraban en el piso.

El video narco y las detenciones en Puerto San Martín mostrarían ahora tanto el peligro del narcoterrorismo como la eficacia del gobierno nacional y de Santa Fe para resolver la amenaza y la necesidad de la ley antimafias, “El proyecto es problemático además si pensamos en el desarrollo de la criminalidad y la violencia en ciudades como Rosario –dice Victoria Darraidou-, donde el involucramiento de las fuerzas de seguridad con los dinámicas delictivas es parte del problema; las sentencias judiciales, en numerosos casos, involucran hasta responsables jerárquicos de la policía de Santa Fe”. Pero ese aspecto no parece parte de la película que contempla la ley.

DM/OA

Disciplinamiento de las mujeres, retorno a la cultura del silencio, intimidación a víctimas, testigos, investigadores y peritos. El proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias por violencia de género apunta a profundizar obstáculos para el acceso a la Justicia, repone prejuicios que naturalizaron la violencia y preanuncia nuevos ataques contra las mujeres y las diversidades, según analizan las especialistas convocadas por elDiarioAR.

La iniciativa fue presentada por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, y propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia, por otro que impone prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, que serían castigadas con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.

“El objetivo es desalentar las denuncias y que el sistema de Justicia desconozca estos hechos”, advierte Ileana Arduino, especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género. La abogada agrega que “el proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan”.

El proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan

Ileana Arduino — especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género

“Lo que falta es disciplinar y aleccionar a las mujeres. Como si ahora nos dijeran: no les vamos a creer y si no lo prueban vamos a pensar que fue mentira. Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás”, destaca a su vez Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Las falsas denuncias constituyen un argumento central en las acciones contra el feminismo, subraya Arduino: “Son parte del kit de la reacción conservadora antiderechos en el mundo entero. No tienen sustento fáctico o estadístico que demuestren la existencia de un problema significativo. Eso sin considerar la particular inutilidad de las reformas al Código Penal para resolver los conflictos. Puede haber casos, por supuesto, pero la ley tiene instrumentos para resolverlos: la falsa denuncia es delito desde que la Argentina tiene Código Penal”.

Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás

Natalia Gherardi — directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El Senado fue escenario el 20 de noviembre de una jornada sobre las falsas denuncias donde el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó un escrito en apoyo del proyecto de ley. La senadora Losada citó una estadística sobre femicidios e invocó “al verdadero feminismo”, que diferenció del “hembrismo” y luego en declaraciones radiales del “hembrismo kirchnerista”.

Según el razonamiento de la legisladora radical por Santa Fe, las falsas denuncias serían aquello que afecta la credibilidad de las mujeres y el proyecto también contempla penas de uno a cuatro años de prisión para el testigo, el perito y el intérprete “que negare o callare la verdad en todo o en parte”.

“Una falsa denuncia no tiene nada que ver con la imposibilidad de probar un hecho –señala Ileana Arduino—. Tampoco, con que un proceso se cierre sin una condena, lo que suele pasar cuando se agota el tiempo para investigar o porque las propias víctimas desertan, agobiadas por el proceso de victimización o por las prácticas del propio sistema de justicia. Lo que hay, en muchos casos, es que la intervención judicial no pone fin al conflicto y no esclarece lo que sucedió”.

Para Gherardi, “el ministro de Justicia asume que la violencia de género no existe pero defiende un proyecto que específicamente habla de la violencia de género. ”¿En qué quedamos?“, se pregunta.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, y Andrea Guacci, presentada como referente del “frente de mujeres contra las falsas denuncias”, expusieron en la jornada en el Senado. También participó Fernanda Deluca, esposa del docente santafesino Juan Trigatti, recientemente absuelto en un juicio donde se lo acusó por abusos sexuales contra cinco niñas de una escuela que depende del Arzobispado de Santa Fe. Trigatti fue defendido por el abogado Marcos Barceló, quien dice especializarse en “falsas denuncias de género y sexuales” y sostiene que “la ideología de género ha permeado a todos los poderes judiciales del país”.

Otra barrera en la Justicia

“Una de las mejores cosas que logramos en el último tiempo fue romper silencios –afirma Ileana Arduino—. En lugar de amplificar la conversación, de buscar respuestas para las violencias naturalizadas, se quiere promover una herramienta de amedrentamiento y terror que impida enunciar. Es posible que encuentren operadores del Poder Judicial cómplices, como ocurre cuando ante la denuncia de un hecho el proceso penal se vuelve en contra de las personas que denunciaron”.

Arduino es coautora con Julián Alfie y Celeste Pousa de “El laberinto de la desinformación en el sistema penal y la violencia de género”, publicación disponible en la web del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip. El documento denuncia la falta de información sobre las respuestas del sistema judicial y de los organismos públicos a las denuncias de violencia de género: “No existe un sistema de registro de la información que permita tomar decisiones estratégicas en la gestión de este tipo de conflictos y mucho menos pensar en políticas públicas orientadas para dar mejores respuestas a las víctimas”.

Gherardi sostiene que la “intencionalidad de disciplinamiento” puede concretarse al margen del proyecto: “Para que una mujer denuncie un hecho de violencia tiene que convencerse de que hay alguien para escucharla y tomar en serio su preocupación, su situación específica. Si el mensaje oficial es que las mujeres mienten y que se agravarán las penas, ante la duda o la falta de confianza en el sistema, el efecto disuasorio puede existir ahora sin que cambie ninguna ley”.

“La credibilidad de las mujeres está siempre a prueba –sigue Arduino—, pero cala profundo el discurso de que las condenas son automáticas y de que la Justicia está dada vuelta en perjuicio de los hombres. Ese planteo supone que el feminismo generó un desequilibrio en una sociedad organizada donde las violencias no ocurrían. En realidad lo que hubo fue una visibilización mayor de lo que hasta hace nada estaba asquerosamente tapado en el ámbito familiar, vecinal, de las organizaciones políticas y culturales”.

También, gremiales, como expone una reciente condena contra el Sindicato de la Sanidad, liderado por el cosecretario general de central obrera peronista, la CGT, Héctor Daer, por hechos de abuso sexual denunciados por una empleada.

Según una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el activismo antifeminista es de práctica en recusaciones de jueces y juezas. El documento “Herramientas para el acceso a la Justicia con igualdad” señala el cuestionamiento creciente a la perspectiva de género en resoluciones judiciales: el activismo en temas de violencia de género, la asistencia a reuniones o participación en paneles sobre la problemática y hasta los recordatorios de víctimas en los juzgados son tachados como “tendencias ideológicas” que afectarían a la defensa en juicio y al debido proceso.

“Lo que están cuestionando es que jueces y juezas cumplan con el mandato de la Constitución y de los tratados internacionales. Juzgar con perspectiva de género quiere decir considerar los hechos, analizar las pruebas, interpretar el Derecho sin estereotipos ni prejuicios contra las mujeres. La perspectiva de género trata de garantizar la imparcialidad judicial, no quiere decir que las mujeres no tengan que presentar pruebas ni que un hombre esté condenado desde el principio”, dice Gherardi.

El eventual avance de este proyecto no solo pone en jaque el acceso a la Justicia sino que también profundiza la deslegitimación de las mujeres como sujetas de derecho. Al atacar la credibilidad de las denuncias, se reabre una brecha de silencio y miedo que ya había costado demasiado cerrar. La verdadera amenaza no es la denuncia falsa sino el silenciamiento sistemático de quienes se atreven a denunciar la violencia enfrentando un sistema que parece no querer escucharlas.

OA/JJD

El único cártel que conocí en las drogas es la policía de Santa Fe.

Jorge Halford, condenado por comercio de estupefacientes

Introducción

La ciudad tomada 

…how cocaine created Argentina’s first narcocity.

The Guardian, 13 de junio de 2024

Gusti es el que pide el trabajo y el que va a pagarlo. Así lo llama, un trabajo, y agrega que hay plata y se paga en el momento. Dylan y Catriel tienen 15 años y acuden a su casa en el barrio Tiro Suizo llevados por otro chico, al que conocen como Matute, un amigo.

—Hay que matar a uno —dice Gusti.

—¿A quién? —le preguntan.

—A cualquiera —contesta Gusti—. Hay que matar a uno cualquiera —repite— y dejar una carta.

Esa noche Central juega contra Vélez en Buenos Aires. Hay que aprovechar ese momento, porque la policía se acovacha para mirar el partido por televisión.

El trabajo se paga apenas realizado. Contra entrega del cadáver, podría decirse. La plata viene del búnker que está a la vuelta de la casa, una edificación precaria que todavía funciona como quiosco de drogas a pesar de haber sido escenario del crimen de una chica de 21 años, de allanamientos policiales y de balaceras de la competencia en esa zona del sur de Rosario a la que se conoce como Fuerte Apache.

Gusti les entrega una pistola 9 milímetros y un papel con una nota manuscrita. “Pullaro, Cococcioni, dejen de verduguear a los alto perfil”, dice el mensaje, en alusión al gobernador de la provincia, al ministro de Seguridad y Justicia y a los presos considerados de máxima peligrosidad en la cárcel de Piñero.

Dos días antes, Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni habían publicado en Instagram fotografías y videos donde los presos aparecían semidesnudos, sentados en el piso y cabizbajos, al estilo que impuso el presidente salvadoreño Nayib Bukele. “No vamos a retroceder ante las amenazas. Si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”, advertía el gobernador.

Las amenazas se suceden desde diciembre, cuando Pullaro asumió el gobierno de la provincia y ordenó medidas que endurecen las condiciones de detención de los presos: restricción de visitas, aislamiento, prohibición de recibir paquetes con alimentos, requisas sorpresivas. Son mensajes que rubrican balaceras contra escuelas y el tiroteo contra un colectivo que transporta empleados del Servicio Penitenciario de la provincia, en la zona norte de Rosario.

Los presos de alto perfil ya la están pasando peor, porque, apenas la noticia de la balacera contra el colectivo llega a la cárcel de Piñero, son sacados de los pabellones 7 y 8. Los guardias torturan a los presos con picana eléctrica y submarino seco; les arrojan lavandina y gas pimienta a la cara; los hacen caminar mientras los golpean, lo que se llama puente humano en la jerga; les pegan con cables y con toallas. Las denuncias serán desestimadas por el juez Rafael Coria, pese a que el informe médico comprueba lesiones en la mayoría de los reclusos.

Héctor Raúl Figueroa tiene 43 años y trabaja como peón de taxi en horario nocturno. A las 21:30 del 5 de marzo de 2024, Catriel le hace señas en la esquina de bulevar Oroño y bulevar Avellaneda.

—Voy hasta Flammarion —dice Catriel.

Son apenas siete cuadras. Flores lleva al pasajero en el asiento delantero del auto, un Fiat Cronos, y cuando está por cobrar el viaje aparece Dylan por el lado del conductor.

Dylan empuña la pistola 9 milímetros que recibió para el trabajo y hace nueve disparos consecutivos, sin pronunciar palabra. Será un asesino mudo. El taxista muere en el acto; Catriel recibe el roce de un proyectil en la panza y, en el apuro por bajar del auto, pierde una zapatilla y se olvida de dejar la nota con la amenaza a Pullaro y Cococcioni.

Los chicos se pierden en la oscuridad. En la escena quedan vainas que tienen la inscripción “Policía de Santa Fe” y una zapatilla de talle 38 color blanco. El sindicato de peones de taxi declara un paro en duelo por el asesinato de Figueroa que será acatado a medias por los choferes; el ministro Cococcioni dice que ningún indicio vincula el crimen con las humillaciones a los presos de alto perfil en Piñero.

En Buenos Aires, Central pierde contra Vélez uno a cero. La policía vuelve a las calles de Rosario.

El pago por lo que llaman “trabajo” son 200.000 pesos para cada uno. Catriel le da la mitad de la plata a su mamá y con el resto se compra un par de zapatillas para reemplazar la que perdió y algo de ropa. Dylan devuelve el arma, se tiñe el pelo de blanco e invita a su novia y a un amigo, Michael, de 16 años, a comer en el shopping Alto Rosario.

Dylan está todavía en el paseo de compras cuando Gusti se comunica por teléfono:

—Tengo otro trabajo. Como el otro, matan y se van.

Como el otro, también, se trata de matar a cualquiera. Puede ser un taxista o el que crean conveniente. Dylan vuelve a recibir la pistola 9 milímetros, irá y apretará el gatillo donde le digan. La moneda de la muerte gira en el aire: pedirán un auto a un radiotaxi y tendrá que dispararle al que acuda al llamado.

El pedido ingresa a una aplicación de radiotaxi en la noche del 6 de marzo. Diego Alejandro Celentano tiene 33 años y una hija de 4. Con su esposa, se ganan la vida manejando un taxi desde que ambos se quedaron sin trabajo en el casino City Center. En la puerta de la casa, cuando vuelve de cenar con su familia y casi da por terminada su jornada, recibe el aviso para tomar un viaje en Lamadrid al 400 bis.

—No vayas —le dice la mujer—. En la aplicación sale que es una zona roja.

—Es en la puerta del Coto —responde Celentano—. Necesitamos trabajar. Quedate tranquila.

El taxista se despide de su esposa y va a la dirección indicada. Allí lo esperan Dylan y Michael.

Los pasajeros se hacen llevar unas cuadras hasta que Celentano se detiene en un cruce de calles. Dylan aprovecha el momento y le dispara por la espalda, a la cabeza, sin palabras.

La tragedia se repite: Celentano muere al instante; en la fuga, Michael pierde una zapatilla Nike negra que la policía encuentra al lado del auto, un Volkswagen Voyage; los asesinos cobran 200.000 pesos cada uno.

Al día siguiente, Dylan vuelve con su novia de paseo al shopping Alto Rosario. La policía trata de atar cabos, pero son cabos muy débiles: la coincidencia de las zapatillas hace pensar en un mensaje, pero nadie sabe decir qué significaría tal mensaje; las vainas recolectadas en el segundo crimen también son de municiones de la policía y no hay explicaciones oficiales; la empresa de radiotaxi fue mencionada de manera lateral en un crimen cinco años antes, pero no surge más que otra coincidencia.

Los taxistas vuelven al paro; un grupo de choferes se presenta en la Municipalidad de Rosario e insulta a los concejales cuando ingresan a una sesión del Concejo Municipal.

Una hora después del asesinato de Celentano, en la zona oeste de Rosario, un chofer de la línea de colectivos 122 ve pasar a su lado una moto Honda Twister ocupada por dos hombres. Y ve que el acompañante es muy joven, un adolescente, y tiene un arma de fuego.

El chico que viaja en la moto se vuelve en dirección al chofer y empieza a disparar. Tres, cuatro proyectiles impactan en el frente del colectivo, pero, cuando apunta al chofer, el arma se traba.

El chofer no denuncia el ataque, que se produce en las calles Cerrito y México, cerca de la punta de línea, cuando el colectivo ya está vacío. Y al día siguiente, a unas diez cuadras del lugar, la misma moto y los mismos ocupantes salen a calle Mendoza y eligen el primer transporte público que se les cruza por el camino: un trolebús de la línea K que conduce Marcos Iván Daloia, de 39 años, padre de tres niños.

El trabajo ha sido encargado por un tal Franco, que a su vez sigue instrucciones recibidas desde una cárcel. Esta vez se aseguraron de que el arma funcione. Y cambian de método para asegurar también los resultados. La moto sobrepasa al trolebús y toma un poco de distancia. El acompañante baja en la parada siguiente y le hace señas a Daloia para que pare.

Hay un testigo que observa la situación. El joven que acaba de subir al coche tiene 16 o 17 años. Daloia alcanza a manejar una cuadra; el joven se pone a su lado y le hace un disparo a quemarropa, por la espalda.

El testigo ve que el asesino baja de un salto a la calle. La moto pasa a buscarlo y, en la fuga, cuando salen de la calle Mendoza, casi chocan con una camioneta de la Gendarmería que recorre el barrio. Los gendarmes son parte de las fuerzas federales que patrullan la ciudad para llevar tranquilidad a los vecinos, pero no prestan atención a los ocupantes de la moto. Daloia es llevado al Hospital de Emergencias: la bala ingresó por el cuello.

—Hay trabajo —dice Gusti, en el otro punto de la ciudad—. Hay más trabajo.

Ahora se trata de producir un tiroteo. El menú de opciones indica como objetivos un camión recolector de residuos, una comisaría o bien una farmacia. Esta vez se encarga Matute, con la misma pistola utilizada para matar a los taxistas.

Matute sale en moto para cumplir el encargo. En pocas horas, antes de la muerte de Daloia en la sala de terapia intensiva del Hospital de Emergencias, los gremios del transporte declaran un paro por tiempo indeterminado y Rosario queda paralizada. Tampoco hay clases en las escuelas ni recolección de residuos.

No hay ningún recolector de basura a la vista. Tampoco una farmacia. Matute pasa frente a la Comisaría 15ª, extrae la pistola y dispara contra el frente: como una especie de boomerang, balas que fueron compradas para uso de la policía son utilizadas para atacar a la propia fuerza. Ningún policía sale a la calle, como si la comisaría estuviera abandonada.

El sábado a la mañana aparece una sábana blanca colgada en el puente de avenida de Circunvalación sobre el bulevar Oroño, en el ingreso a Rosario por la ruta 9. Dice: “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros hijos y familia. Van a seguir las muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”.

—Hay trabajo —dice Gusti—. Esto es para hacer en otra parte.

El pedido viene de la zona oeste, donde fue atacado Daloia. Se requiere un sicario. El que baleó al chofer de la línea K se fue de su casa y dejó de ser visto por el barrio.

El elegido es Dylan. Pero el chico no está convencido. Ya trabajó demasiado, no conoce el barrio donde tendría que cumplir el encargo y el gobierno provincial ofrece una recompensa de diez millones de pesos a cambio de datos sobre los asesinatos de los trabajadores.

Gusti lo convence:

—Vos perdiste una moto que era mía —dice—. Me la tenés que pagar.

Dylan se queda sin respuesta. En efecto, unos días antes se encontró con un control policial y optó por abandonar la moto en la que iba y escapar a pie, porque andaba con un arma.

—Te vas a encontrar con un amigo, Franco —dice Gusti—. Él te va a explicar.

El 9 de marzo, Dylan toma un Uber desde Tiro Suizo hasta una dirección en el barrio Santa Lucía. Es un viaje de quince minutos. La dirección corresponde a la casa de Franco, que no puede andar por la calle porque está involucrado en la investigación de un asesinato y tiene una tobillera electrónica.

Franco paga el viaje. Tienen que esperar las instrucciones. A las 23 reciben una videollamada desde la cárcel de Ezeiza. En la pantalla aparece el rostro de un hombre de unos 35 años, de pelo corto, barba en el mentón y un tatuaje que le surca la cara.

El hombre transmite una orden: matar a alguien en una estación de servicio y dejar un mensaje escrito. Franco se encargará de lo necesario para llevar a cabo el trabajo y hará el pago.

Dylan recibe una pistola Taurus 9 milímetros y un cartón con un mensaje escrito con birome. El cartel dice:

Esta guerra no es por territorio es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y que se respeten. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes.

Atte: Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste, Unidos.

A diferencia de otros, trazados en forma muy tosca, el mensaje parece redactado por alguien que tiene o tuvo escolaridad y respeta ciertas reglas de la lengua, como las de la sintaxis y la ortografía. El mensaje, además, refiere a las estadísticas sobre homicidios dolosos en la provincia (“llegamos a 300 muertos”: en 2023 hubo 259 crímenes en Rosario y 395 en la provincia) y responde a comentarios periodísticos y versiones del gobierno provincial sobre el motivo de los crímenes. La firma, por último, agrega otro factor al miedo que paraliza la ciudad y dispara especulaciones sobre una alianza criminal que se propone desestabilizar al gobernador Pullaro.

Franco explica que un hombre al que llama el Viejo se encargará de llevar a Dylan hasta el objetivo. La llamada termina, el hombre de la cara tatuada se despide diciendo que espera enterarse al día siguiente, por la televisión, de que la orden ha sido cumplida.

El Viejo espera en la calle. Está en un Fiat Duna descolorido y chocado en la parte trasera. Acaba de cargar unos bidones con nafta y un bolso con una muda de ropa. Dylan sube del lado del acompañante.

La estación de servicio más cercana queda a unas diez cuadras, en las calles Mendoza y Donado. Es una estación Puma. Cerca de la medianoche, casi no hay gente por la calle. Pasan por el lugar y ven que hay un camión en los surtidores y solo un empleado, el playero; el Viejo da una vuelta a la manzana y estaciona por Mendoza.

 Dylan recordará así el momento:

—Me bajé. Caminé. Pensé si lo hacía o no lo hacía. Había un camión cargando gasoil.

Tal vez en ese momento recordó a su novia; ella estaba contenta después del paseo por el shopping, él le había regalado una cadenita y una caja de alfajores para que llevara a su casa. O tal vez se le cruzó Gusti por la cabeza y el reclamo por la moto.

—Pensé si lo hacía o no lo hacía. Vi que el pibe de la estación cargaba gasoil. Pensé que podía explotar todo si le tiraba ahí. Me acomodé en lo oscuro y esperé.

El camión se retira y el playero, Bruno Nicolás Bussanich, se introduce en una oficina pequeña, al lado del salón de ventas de la estación, que está cerrado.

Una cámara de vigilancia toma a Dylan por atrás. La imagen permite ver que apura el paso hacia la oficina en momentos en que el playero carga los datos de la última venta en una computadora. Dylan viste una campera liviana con capucha de color azul, pantalón corto negro y sandalias. Cuando saca el arma, el mensaje con las amenazas cae al piso sin que se dé cuenta.

Bruno Nicolás Bussanich tiene 26 años, vive en pareja y tiene un hijo de 2 años. Hace tres meses que trabaja en la estación y está completamente desprevenido; silba, abstraído en la computadora, cuando Dylan abre de golpe la puerta.

—Fui, tiré y volví al auto —dice Dylan, más tarde, sin más detalles.

Bussanich recibe dos disparos en el pecho y otro en la cabeza; muere en el acto. Dylan no dice nada antes de ejecutarlo; solo dispara y se va corriendo.

El Viejo conduce el auto una cuadra por la avenida de Circunvalación, sale por una colectora hacia un descampado y le dice a Dylan que seguirán a pie hasta la casa de Franco. Le da la muda que lleva en el bolso para que se cambie, vacía los bidones de nafta sobre el capot del auto y lo prende fuego con la ropa que se sacó Dylan.

Otra cámara de vigilancia toma a Dylan de frente y desde arriba en la oficina de la estación. La imagen del momento en que dispara sobre Bruno Bussanich se amplía y a partir del día siguiente aparece una y otra vez en la televisión, en los portales de noticias, en las redes sociales, en cámara lenta y congelada en un primer plano en el que alcanza a verse parte de la cara de Dylan. Tiene la boca entreabierta, como si le faltara el aire, y una mirada en la que se mezclan el susto y el asombro por lo que va a hacer, por lo que hace. Se ofrece una recompensa para quienes aporten datos fehacientes.

Al día siguiente, Dylan recibe 400.000 pesos. Y así como los recibe se los entrega a Gusti. No tiene deudas, le dice a un amigo del pasillo del Fuerte Apache rosarino. El gobierno nacional anuncia que el Ejército se incorpora a la lucha contra el crimen organizado en Rosario; el provincial organiza un comité de crisis y un equipo especial de fiscales.

Los crímenes sintetizan y exponen factores de la inseguridad crónica que padece la ciudad: el enfrentamiento de las bandas narcocriminales con el Estado; el sentido constructivo de la violencia como forma de imponerse en el mercado de las drogas y como validación de autoridad y fuente de prestigio; la proliferación de armas y municiones, de los que la policía provincial es un proveedor; la persistencia de políticas punitivistas que no hacen caso del fracaso de la cárcel para interrumpir los circuitos del delito ni de la insuficiencia de las fuerzas federales para sentar la presencia de la ley; la utilización de adolescentes y niños como mano de obra descartable para homicidios y balaceras.

Pero la historia de Dylan circula en el barrio y llega hasta una vecina que, además, lo ha reconocido en la televisión. Conoce a la familia del chico, pero diez millones de pesos es mucho dinero. La vecina llama a un teléfono del Centro de Justicia Penal y cuenta lo que sabe, lo que escuchó, el rumor cada vez más alto en el Fuerte Apache rosarino. La comunicación coincide con otra del testigo del ataque contra Marcos Daloia, que siguió a los agresores y observó que se ocultaban en una casa, a la vuelta de la calle Mendoza.

En pocas horas, la fiscalía allana los domicilios indicados y detiene a Gusti, a Franco, a Dylan, a Michael, a Catriel. Rosario ha sido paralizada por una sucesión de crímenes perpetrados por chicos que tienen entre 15 y 17 años y que pudieron filtrarse una y otra vez en la vigilancia urbana, entre los gendarmes, los policías provinciales y federales, los operativos de saturación y los controles callejeros. Los instigadores se desdibujan en el trasfondo de la escena.

El equipo de fiscales acelera la investigación. Los menores quedan bajo tutela judicial. Un preso, Alejandro Isaías Núñez, es imputado como instigador de los crímenes de los taxistas, aunque el abogado defensor sostiene que nunca pudo transmitir órdenes porque estaba bajo régimen de aislamiento en la cárcel de Piñero. Otro preso en la cárcel federal de Ezeiza, Claudio Mansilla, lleva la cara tatuada como el preso que encargó el asesinato del chofer Daloia y tiene antecedentes por doble homicidio; el dato y el currículum no alcanzan para una acusación formal. Hay sospechas contra Esteban Lindor Alvarado, también preso en Ezeiza, pero tienen todavía menos fundamentos y parecen destinadas a activar los comentarios periodísticos sobre un personaje reconocido como jefe de una organización criminal.

El gobierno de Santa Fe proclama que el crimen organizado no le torció el brazo. Que será duro, muy duro, con los presos que pretendan controlar la cárcel y la calle. Que es necesario bajar la edad de punibilidad de los menores, que no debe haber un límite porque el que mata sabe lo que hace, tenga la edad que tenga.

El caso de los crímenes de trabajadores parece cerrado. Subsisten preguntas sin respuesta. ¿Cómo llegaron las balas de la policía a la banda de criminales? ¿Dónde están los atacantes del chofer Daloia? ¿Quién ordenó los crímenes? Si fueron presos, ¿cómo pudieron hacerlo, qué complicidades existieron? ¿Cómo es posible que adolescentes y niños se conviertan en sicarios? ¿Cómo empezó esta historia?

OA/CRM

La ganancia tiene que ser grande y de rendimiento inmediato porque se trata de provocar la codicia, ganar la confianza y disipar las posibles sospechas de las víctimas. La explosión de fraudes piramidales que atraviesa la Argentina actualiza el viejo truco de las estafas y lo potencia con recursos para diluir la ruta de los movimientos de dinero, montar operaciones ficticias que sostienen el engaño “y aprovechar la desesperación de la gente que ve disminuir sus ingresos y su nivel de vida”, dice el economista Juan Valerdi.

La estafa piramidal que se investiga en la ciudad de San Pedro en torno a la plataforma RainbowEx detonó un espiral de alertas por casos similares en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Chaco y Tucumán. Las estimaciones sobre la cantidad de víctimas, sin embargo, no se corresponden con el número de denuncias recibidas por la Justicia en las distintas jurisdicciones, y en ese desfasaje aparece un problema agregado para las investigaciones.

“Los que denuncian suelen ser una parte ínfima de los que cayeron en la trampa. Los esquemas Ponzi reciben mucha plata que está en negro, de la economía informal. Además los incentivos son para no colaborar con la Justicia, porque las víctimas tienden a creer que si hacen la denuncia no podrán recuperar la plata”, dice Valerdi, y pone como ejemplo la recaudación extra que obtuvo RainbowEx después de pedir 88 USDT a sus “inversores” con la promesa de devolver el dinero.

Si las estimaciones extraoficiales calculan que un tercio de los 69.300 habitantes de San Pedro cayó en la estafa, apenas 58 víctimas se presentaron ante los investigadores. “Hasta ahora declararon 44 y algunos no están prestando la colaboración necesaria”, destacó Juan Manuel García Blanco, de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

 “A todas las personas les preguntamos cuál es el origen del dinero que reclaman. Cuando uno hace una denuncia tiene que estar dispuesto a colaborar con los funcionarios judiciales. Están viniendo a denunciar personas que invirtieron entre abril y octubre de este año: son los que no pudieron retirar el dinero y quedaron enganchados dentro del esquema”, detalló García Blanco en una comunicación con el semanario La Opinión, de San Pedro. La Procuración General bonaerense destinó tres equipos de investigadores para colaborar con la fiscal provincial María del Valle Viviani y detectó que la estafa localizada en San Pedro afectó además a personas de Bahía Blanca, Junín, Tigre, Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello investiga actividades de intermediación financiera no autorizada, un delito que contempla penas de 1 a 4 años de prisión y de dos años como mínimo cuando se considera agravada por actividades de promoción. “No se presentaron víctimas –dice el fiscal–. Mi objetivo es determinar quiénes estaban detrás de esto, aunque en principio sospechamos y es vox pópuli que los responsables de RainbowEx serían personas asiáticas, pero en el medio hay personas que no podían desconocer la situación”.

La comparación entre los casos posibles y las presentaciones concretas no es tan desproporcionada en la ciudad de Casilda. Sobre una estimación de 900 damnificados por la plataforma Peak Capital Team, y si bien no son denuncias formales, 270 personas completaron formularios en los que detallan sus situaciones particulares. “El dinero no se devolvió ni se pagaron los intereses prometidos. Hay entonces un desvío de fondos y estamos analizando dónde se colocaron”, dice el fiscal federal Claudio Kishimoto, por lo que a la intermediación financiera no autorizada se agregaría el lavado de dinero. 

La arquitectura de la pirámide

Como sucedió con Villa María en torno a Generación Zoe y los fraudes de Leonardo Cositorto, las estafas recientes detonan en ciudades medianas y pequeñas. “A diferencia de una estafa lisa y llana, en los esquemas Ponzi tenés que llevar a otras personas y eso es lo que hace crecer la base de la pirámide. Para la gente la pregunta sería por qué desconfiar de alguien al que conocen, que es vecino, amigo, familiar”, observa Marina Marsili, doctora en economía y especialista en contabilidad y administración pública.

Muchos de los que entran y hacen entrar a conocidos y amigos se dan cuenta de que es un Ponzi y tratan de salvar su dinero a costa de los demás. Por eso estas estafas destruyen las redes de confianza sociales y económicas

Juan Valerdi — Economista

“En los pueblos y en las ciudades pequeñas o medianas las relaciones de confianza funcionan mucho mejor que en las grandes ciudades, donde se apela más a la Justicia, a los contratos o a formas bancarizadas –coincide Juan Valerdi–. Este factor, sumado a la desinformación respecto del sistema financiero, convierte a esos lugares en sitios óptimos para hacer dinero rápidamente y salir. El tiempo también juega, porque tarde o temprano se descubre la estafa”. En Casilda, el fraude se consumó de hecho entre abril y octubre.

Valerdi subraya “el problema moral” que se superpone al económico en las estafas piramidales: “Por la velocidad con que se expanden, es muy difícil que todos los participantes piensen que estos esquemas van a durar en el tiempo. Muchos de los que entran y hacen entrar a conocidos y amigos se dan cuenta de que es un Ponzi y tratan de salvar su dinero a costa de los demás. Por eso estas estafas destruyen las redes de confianza sociales y económicas”.

Una vez descubierto el fraude parece increíble que las víctimas hayan creído en la posibilidad de ganancias imposibles en el mundo real. Pero el ofrecimiento debe ser tentador, aparece acompañado por contribuciones desinteresadas a la comunidad, regalos a los participantes y simulacros de solvencia y es seguido por la exhibición de beneficios, necesaria para realimentar la inyección de dinero. En Esquel cada “inversor” tenía que informar el dinero retirado en un grupo de WhatsApp, “lo cual generaba seguridad en el resto de las víctimas y les daba coraje para depositar más plata”, afirmó la fiscal Rafaella Riccono en conferencia de prensa; en esta ciudad también se presentaron pocos denunciantes pese a la difusión de un fraude en el que las personas creían que compraban criptomonedas.

“Las criptomonedas alimentan la fantasía de enriquecerse rápidamente sin esfuerzo y con distintas formas artificiales de hacer trading”, dice Valerdi. El economista y también profesor en la Universidad Nacional de La Plata agrega que “las plataformas de billeteras virtuales o de exchanges donde se intercambian las criptomonedas entre sí o con otros activos tienen formatos distintos que los Ponzi; suele pasar que en esos casos, más parecidos a las estafas tradicionales, administran la plata de terceros como un lugar de confianza y que da agilidad a los movimientos financieros hasta que se van con la plata o dicen que alguien los hackeó cuando son ellos mismos los que se la llevaron”.

Ese sería el caso de la fintech Wenance. El viernes la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó los procesamientos y ordenó la prisión preventiva del director ejecutivo, Alejandro Muszak, y de otras tres personas, además de disponer embargos de hasta 9 mil millones de pesos por estafas reiteradas a más de 500 víctimas. Muszak está acusado de armar una estructura que captaba inversiones bajo promesas de altos rendimientos mediante fideicomisos y empresas ficticias.

Leonardo Cositorto enfrenta a su vez en la ciudad correntina de Goya el primer juicio por estafas, cuyo Tribunal rechazó el arreglo que el ex CEO había acordado con las víctimas. “Generación Zoe estaba mucho mejor diseñada como estafa que RaimbowEx. Cositorto es en ese sentido un genio del mal, y extraordinariamente convincente, porque no ofrecía solamente el dinero sino también una supuesta capacitación, el marketing de una superación personal y una mentalidad ganadora para ser un gran operador”, analiza Valerdi.

Cositorto se presentó como CEO, como “coach ontológico”, como líder espiritual, como formador de líderes. “El problema –señala Valerdi– fue que lo traicionó el gusto por la fama; se convierte en un personaje mediático, parece creer su cuento y se cava su propia fosa desde el punto de vista judicial, porque cuando alguien es tan conocido y tan público se vuelve más visible para las víctimas”. RainbowEx y Peak Capital Team superarían en ese aspecto a Generación Zoe: los estafadores devienen ahora en personas anónimas, encubiertas bajo identidades falsas –“la China”, en San Pedro; “Cindy”, en Esquel– o con actores contratados como fue el evento convocado por RainbowEx en el Hotel Emperador de Buenos Aires.

Un futuro con más estafas

La plataforma Coinx se promocionó con Yanina Latorre, Pampita Ardohain y el entonces diputado Javier Milei antes de ser denunciada por estafa piramidal en 2022. Pero los influencers ya no son imprescindibles. “En un futuro cercano podrían simularse identidades con inteligencia artificial o generar promotores que no existan –advierte Valerdi–. A esto se agrega algo que juega en el presente y va a jugar mucho en el futuro en Argentina: la desesperación de la gente que ve caer su nivel de vida, sus ingresos, sus consumos mientras otros parecen mejorar y enriquecerse fácilmente”.

Marina Marsili enumera en ese sentido que “los sueldos no alcanzan, las formas tradicionales de ahorro no son redituables, las instituciones y el Estado están desprestigiados y estamos muy expuestos a un discurso sobre las nuevas tecnologías como lo que viene a cambiar el mundo y uno no puede quedarse afuera”. Cositorto predicaba así que las criptomonedas reemplazarían al dinero y llegó a anunciar la propia: Zoe Cash, supuestamente respaldada en una mina de oro con la que dijo contar el ex juez y prófugo en la causa Héctor Yrimia.

“El gobierno actual incentiva ideas que hacen que las estafas funcionen más rápido y mejor, como la creencia en la salida individual –afirma Valerdi–. No es de extrañarse porque Milei ha aplaudido a Al Capone y a los fugadores de divisas de la Argentina. Cuando caen los Ponzi los estafadores casi siempre ponen como excusa la intervención del Estado que supuestamente no quiere la generación de ese dinero mágico. En un contexto donde el presidente afirma que viene a destruir el Estado desde adentro esos argumentos suenan creíbles para gente que confía en esos esquemas o en que las denuncias son perjudiciales”.

El miércoles pasado el diputado nacional Rodolfo Tailhade publicó un video en el que recapituló el caso Coinx y la publicidad que hicieron Milei y la actual diputada libertaria Romina Diez y recordó que la investigación está a cargo de Ariel Lijo, a quien el Presidente impulsa como miembro de la Corte Suprema. La plataforma ofrecía intereses de entre el 5 y el 8% mensual en dólares. El día de la movilización contra el veto a la Ley de Finaciamiento Universitario, Milei se reunió por otra parte con Jordan Belfort, “el lobo de Wall Street” condenado por lavado de dinero y otros delitos financieros en Estados Unidos.

“Las estafas piramidales no son en principio las más complejas para investigar –afirma Marsili, autora del libro Crimen, complejidad y economía–. Pero si la Justicia es la última en enterarse después de las redes sociales y de los medios hay cosas que no se pueden hacer. No es lo mismo un allanamiento preparado en secreto que después de una semana en que un caso aparece en los medios”.

Valerdi traza un panorama sombrío: “El Estado siempre llega tarde, y cuanto más tardía sea su intervención mayor será el daño. Quienes arman las estafas invierten mucho tiempo y capacidades disponibles en las redes sociales, en la inteligencia artificial, en los sistemas de las billeteras virtuales para mover dinero y borrar sus rastros. Entonces, cada vez resulta más fácil no solo armar una estafa sino llevarse los fondos y quedar impune”.

La sabiduría del estafador tradicional puede condensarse en una frase del protagonista de “Toribio Torres, alias Gardelito” (1956), el relato de Bernardo Kordon que retrató a un cuentero prototípico: “Quien ambiciona dinero termina por darlo”. Pero si la codicia humana es la clave inmemorial de la estafa, la desinformación sobre los cambios del sistema financiero y el estado de la economía argentina aparecen como sus multiplicadores.

OA/MG

Invocó sus fueros para negarse a declarar y tuvo el respaldo de los senadores de Santa Fe que por voto de la mayoría impidieron su indagatoria como presunto protector de una red de casinos clandestino extendida en cinco departamentos de la provincia. Cuatro años después, el senador provincial Armando Traferri (peronismo) comparecerá este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario para ser imputado en una causa que implicó a jueces, fiscales, policías retirados y en actividad, operadores políticos y otros legisladores provinciales, aunque el tiempo transcurrido parece desdibujar esa trama.

Traferri atribuyó las acusaciones a una campaña de Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia (2019-2021) durante el gobierno de Omar Perotti, y señaló a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery como alfiles de esa supuesta operación. Los fiscales terminaron apartados de la causa, conforme a sus deseos, pero la citación a audiencia proyecta sombras inquietantes. Tanto el senador como su abogado, Oscar Romera, dijeron a elDiarioAR que no harán declaraciones hasta conocer los cargos en su contra.

“Traferri pudo elegir qué fiscales no lo deben imputar, lo cual es una barbaridad. Hay una enorme cantidad de pruebas en su contra. Su tesis es que yo lo armé, pero la causa antecede a mi llegada al ministerio”, dice Marcelo Sain. El exministro se refiere a la investigación iniciada en abril de 2017 por el fiscal Matías Merlo, que puso en la mira de la Justicia al principal protagonista de la historia: el empresario de juego legal e ilegal Leonardo Peiti.

La investigación comenzó por una denuncia del presidente comunal de Hughes, el pueblo natal del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde entonces, las declaraciones de Peiti son citadas tanto para acusar a Traferri como para fundamentar la persecución en su contra. El empresario colaboró con la investigación de Schiappa Pietra y Edery como arrepentido y en ese marco reveló encuentros con el senador peronista, el pago de coimas mensuales a los fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad –ambos destituidos–, “atenciones” de pago efectivo para el juez de Reconquista Gonzalo Basualdo –la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un jury de enjuiciamiento– y el aporte de “algo más de doscientos mil dólares” para la campaña de Perotti en las elecciones de 2019, con la ilusión de obtener el monopolio del juego en la provincia.

Sain no tiene mayores expectativas sobre la citación del martes que firmaron las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. “Creo que va a servir para la impunidad de Traferri. Pero me interesa en función de la causa nuestra”, dice el exministro, que por su parte está imputado como jefe de una asociación ilícita que desarrolló tareas de inteligencia ilegal en la provincia entre 2019 y 2021.

La investigación contra Sain y otros siete exfuncionarios del Ministerio de Seguridad está a cargo de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Patricio Grimberg y no registra avances desde el 22 de noviembre de 2022, cuando se realizó la audiencia imputativa en la capital provincial. “La función de esa causa fue sacarme de la provincia y mostrar qué pasa cuando se investigan estructuras de poder en Santa Fe”, dice el también investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El hoy gobernador Pullaro fue uno de los querellantes en la causa, junto con el empresario de medios y turismo Gustavo Scaglione. Los trascendidos constantes a los principales medios de comunicación de la provincia sedimentaron una acusación de espionaje que terminó por imponerse en la difusión pública. Los fiscales Hernández y Grimberg no utilizaron esa calificación en las imputaciones sino la de “acciones de inteligencia ilegal” a través de la recopilación y sistematización de datos sobre dirigentes de la oposición, empresarios, fiscales y periodistas.

“Dos fallos de la Cámara de Apelaciones dicen claramente esto no es ni podría ser espionaje, y si lo fuera debería ser investigado por la Justicia Federal. Esa calificación solamente se entiende a partir de una especulación de impacto periodístico del término”, dice el abogado Juan Lewis, defensor de seis de los acusados, para quien “la fiscalía estuvo y está alineada con Pullaro”.

Ex ministro de Justicia de la provincia, Lewis resalta que los fiscales santafesinos “echaron a correr la calificación de espionaje en trascendidos de los que no se hicieron cargo” y cuestionó la filtración de videos y audios “que no tenían nada que ver” y fortalecieron la condena social. “En esta causa todo se maneja con un secreto inadmisible e inexplicable desde el punto de vista de la publicidad que deberían tener los juicios”, dice el abogado, y de hecho el responsable de prensa de la Fiscalía Regional de Santa Fe, Gustavo Risso Patrón, no contestó los pedidos de información para esta nota.

De amigo a enemigo

Miguel Lifschitz había ganado las elecciones para gobernador de Santa Fe cuando se presentó en la casa de Marcelo Sain y le propuso trabajar en la provincia. El dirigente socialista lo visitó después en la sede de la Escuela Nacional de Inteligencia, esta vez acompañado por un joven diputado provincial al que presentó como su próximo ministro de Seguridad: Maximiliano Pullaro.

Sain llegó así a Santa Fe como director del Organismo de Investigaciones, cargo que obtuvo por concurso y que perdió a continuación de la renuncia al Ministerio de Seguridad. Su gestión provocó resistencias crecientes y sin retorno, que alcanzaron incluso a los dirigentes del peronismo y al resto del gabinete de Perotti: un proyecto de reforma policial quedó huérfano de apoyos y no llegó a tratarse en la legislatura provincial. “Unifiqué a todos en mi contra”, reconoce el ex funcionario.

Autor de estudios que son de referencia en seguridad pública, Sain dedicó un libro a los problemas de la criminalidad de Rosario –Ciudad de pobres corazones (2023)– y prepara otro al que define como “ciencia política en primera persona” y tiene como título La camarilla mafiosa, política y crimen en Santa Fe.

Sain argumenta que la causa por acciones de inteligencia ilegal respondió a “dos investigaciones fuertes” que impulsó como ministro en el ámbito del Servicio Penitenciario de la provincia y la Unidad Regional II, la policía de Rosario. La primera surgió de una denuncia del ex funcionario Luis Enrique Pueyo “por malversación de fondos y acuerdos para ingreso de droga y celulares a las cárceles” y habría afectado al actual ministro de Seguridad, Pablo Coccoccioni; la segunda, también por malversación de fondos, comenzó por una presentación del policía Cristian Güemes y en su desarrollo “estaba siendo investigada la empresa Printing SRL, de Damián Marcelo Pullaro”, uno de los hermanos del gobernador de Santa Fe.

En enero de 2020 el asesinato del contador Enrique Encino en el Casino City Center de Rosario derivó inesperadamente en la causa por juego clandestino que llevaron adelante los fiscales Schiappa Pietra y Edery y por la cual esperan juicio el ex fiscal Serjal y Nelson Ugolini, empleado judicial por otra parte imputado como integrante de una banda de estafadores. “Nadie armó nada ni hubo una orden de Perotti, una cosa llevó a la otra hasta llegar a Traferri”, afirma Sain.

“La queja que tenía Perotti con esa causa era la que tenían todos en su gobierno. En el peronismo me reprochaban que los fiscales iban contra Traferri pero no contra Pullaro. Los testimonios de Peiti y de Ponce Asahad fueron también contundentes contra el ex jefe de la Policía de Investigaciones de Pullaro, Daniel Corbellini, pero no se avanzó en esa línea”, recuerda Sain.

“Si yo hubiera manejado la causa, hoy Corbellini estaría imputado. Lo que sí, y si me llaman a testimonial lo voy a decir, es que los fiscales se respaldaron en mí no solamente para que yo los ayudara a través del Ministerio y financiara la investigación”, agrega el exministro, que renunció después de que Perotti le impidió asistir a una interpelación en la Legislatura provincial. Sain define al ex gobernador y actual diputado provincial como “un tipo mediocre que no tuvo una estrategia política”: elegido con la promesa de llevar “paz y orden” a la provincia, Peroti terminó su gobierno con los peores índices de homicidios dolosos de la última década y el eslogan de “cortar los vínculos de la política con el delito” quedó en el vacío.

El cristal con que se mira

Sain destaca a Pullaro como “el político más audaz e importante de Santa Fe”, señala –aunque no necesariamente como una crítica– que “logró el control del Ministerio Público de la Acusación” y le adjudica empujar la renuncia de María Eugenia Iribarren como fiscal regional de Rosario, en agosto pasado. El gobernador, además, “tiene una prensa adicta en la provincia”.

Las estadísticas sobre homicidios en Santa Fe muestran un contraste impactante entre el gobierno anterior y el actual: entre enero y fines de septiembre de 2023 hubo 302 crímenes en la provincia, mientras en el mismo período del año en curso se registraron 132. Es además la cifra más baja de la última década. Voceros del Ministerio de Seguridad atribuyen la merma a un conjunto de factores: la concentración de fuerzas federales e intervenciones focalizadas en zonas calientes de Rosario; el endurecimiento de las condiciones de detención en las cárceles; y el incremento de la presencia policial en la calle, con la recomposición de una flota de patrulleros que estaba en ruinas.

Sain y voceros de la oposición en la provincia agregan en cambio otro factor como determinante: un supuesto acuerdo entre sectores de la policía santafesina y bandas criminales. “No hay ninguna política que logre semejante descenso de los crímenes en tan poco tiempo –enfatiza el exministro–. El mercado de la droga sigue en expansión. La razón fundamental de la caída de los homicidios tiene que ver no con los homicidios interpersonales en la provincia sino con el gatillo en Rosario. Alguien dio la orden de que las bandas dejen de gatillar”.

“No lo veo a Pullaro en una situación tan cómoda –agrega Sain–. Hay que ver qué pasa a partir del asesinato de Samuel Medina [yerno de Ariel ”Guille“ Cantero, el referente de la banda Los Monos, acribillado el martes pasado en la zona norte de Rosario]. Esto lo digo por experiencia: dentro del Ministerio Público de la Acusación o de la Justicia Federal ya deben tener audios donde se ventile el acuerdo con los narcos, porque todo se escucha y se graba”.

Además del crimen de Medina otros episodios resquebrajan la imagen de la seguridad pública en Santa Fe: el asesinato del subinspector Andrés Farías, en un asalto tipo comando; la captura por orden de la Justicia Federal de siete integrantes de la Policía de Acción Táctica, acusados de robar 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares en un operativo ilegal; la investigación contra jefes antinarcóticos del departamento Las Colonias por organizar una red de narcomenudeo. Mañana se verá si la citación del senador Armando Traferri introduce otra fisura en ese cuadro.

OA/MG

El autor del crimen del playero Bruno Bussanich, un adolescente de 15 años, había sido detenido en Rosario. La ministra Patricia Bullrich proclamó en la red X la necesidad de “hacer justicia” y anunció que estaba lista “la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”. Desde entonces, el episodio retorna como un argumento para respaldar el proyecto de ley que bajaría la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años y que comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados esta semana.

DMG, como se conoce al menor, fue detenido el 29 de marzo y señalado, además, como responsable de los crímenes de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, que habría ordenado un preso en la cárcel provincial de Piñero. Según la investigación que dirige el fiscal Patricio Saldutti, el asesinato de Bussanich fue encargado por otro preso de la cárcel federal de Ezeiza, no identificado, y el menor utilizó los $400.000 del pago para cancelar una deuda por una moto abandonada ante un control policial.

“Hay un debate no saldado porque el régimen penal juvenil vigente es el de la dictadura. Pero la gente cree que un menor que mata se queda en la casa y es falso. Cuando son delitos graves como un homicidio, los menores no vuelven a sus hogares”, dice Sabina Frederic. La ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández destaca que “Bullrich ha hecho foco en la situación de Rosario para endurecer su discurso, una narrativa que tiene mucho que ver con una forma de gobierno y no necesariamente se traduce en un fortalecimiento del Estado para ir contra las organizaciones criminales”.

“Nos guste o no, el sistema de protección fracasó”, afirma Esteban Rodríguez Alzueta. Para el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y director de la revista Cuestiones criminales, “el debate no es una mera expresión de demagogia punitiva”, porque “hay un reclamo legítimo de los ciudadanos, especialmente de los vecinos de los barrios plebeyos, los territorios donde se dan la mayoría de los delitos callejeros y de las violencias”.

“No podemos quedarnos en la baja per se”, dice Frederic. Bajar la edad de imputabilidad sería “empezar por el final”, según Rodríguez Alzueta, cuando “tenemos que pensar formas alternativas para reprochar determinadas conductas a los jóvenes, porque gran parte de los vecinos sienten que les toman el pelo, ven que los conflictos escalan y la bola de nieve es cada vez más grande”. 

Las estadísticas sobre la situación en Santa Fe no respaldan el supuesto caso testigo para bajar la edad de punibilidad. El Observatorio de Seguridad Pública no discrimina homicidios dolosos cometidos por menores. Sí, en cambio, discrimina la edad de las víctimas y registra 44 homicidios de jóvenes de entre 15 y 19 años en Rosario durante 2023, más del 13% del total. El objetivo de la baja de imputabilidad sería “terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria y darle respuesta a la gente”, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero esas consideraciones tampoco se ajustan al contexto: en los crímenes del mes de marzo, las dificultades para los investigadores no fueron detener a los menores involucrados sino avanzar más allá, identificar a los instigadores y reconstruir una cadena de la cual los jóvenes son el último eslabón.

Entre la violencia narco y la explotación laboral

Sabina Frederic enfatiza en la necesidad de crear dispositivos de prevención de la violencia y del delito para menores de 16 años. “No hacen falta más policías y encarcelamiento sino más políticas sociales, de acompañamiento de la primera infancia, más trabajo con padres y con familias sustitutas. Hay un problema para atajar antes y el régimen penal juvenil, que debería tener otro nombre, debería contemplarlo, no solo meter presos a los menores”, dice la investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y del Conicet.

Braiton Nicolás Villa fue uno de esos jóvenes desamparados ante la violencia en Rosario. Tenía 15 años cuando murió el 21 de junio, después de ser baleado mientras se trasladaba en un remís hacia un destino desconocido. A los 13 años había sido detenido por una balacera; un año después, herido gravemente por un grupo de jóvenes en una casa del barrio San Francisquito, y el 14 de noviembre de 2023 hizo de campana en el intento de rescate de un preso en el Hospital Provincial que terminó con el asesinato del policía Leoncio Bermúdez.

La participación de menores en episodios de violencia aparece en relación con las transformaciones del narcomenudeo y con estrategias de bandas criminales que apuntan a una mano de obra barata y sustituible. En De ladrones a narcos: violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento, la antropóloga Eugenia Cozzi describe una pirámide que en orden de jerarquía comprende a narcos, transeros, sicarios, soldaditos y bunqueros (los que atienden los quioscos de droga). Como contraste, los jóvenes caracterizan sus experiencias de trabajo legal “como humillantes y de explotación, más que como fuente de prestigio y placer”. Una frase define la visión juvenil de las condiciones de trabajo sea formal o informal, según la investigadora: “Te tienen de esclavo”.

“Hay una devaluación del trabajo porque las condiciones que ofrece el mercado para los jóvenes de sectores populares son tremendas. El universo laboral como proyección de futuro es algo lejano ya para varias generaciones, pero de todas maneras el trabajo sigue siendo un aspecto de la vida que genera sentimientos de utilidad social y de reconocimiento”, afirma Evangelina Benassi, quien realizó una investigación con jóvenes del barrio Las Flores para su tesis Plantate y boxeá: jóvenes de sectores populares, circuitos y trabajo.

Benassi sostiene que la perspectiva sobre el problema está distorsionada por prejuicios. “Existe el imaginario de que en los barrios populares no hay más que desolación y narcotráfico. Y no es así. También están las instituciones que funcionan como pueden, las redes solidarias y comunitarias. Las identidades no se definen además de manera absoluta”, dice la investigadora y docente de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario. El mercado de las drogas “resulta tentador y está disponible, pero los y las pibas conocen los riesgos que corren y tienen sus propias valoraciones y una mirada crítica respecto de participar en esos circuitos”.

Según Rodríguez Alzueta, “el mundo transa no solo provee el dinero para acceder a la cultura del consumo, para tener un acceso más fácil a las drogas, sino que ejerce un atractivo moral: el barrio mutó en las últimas décadas y el lugar que hace treinta o cuarenta años tenía el ”chorro“ hoy lo tienen el transa y el narco”. En ese devenir, “puede ser que a los transas les salga más barato recurrir a adolescentes pero también corren otros riesgos, porque los pibes tienen la mecha corta y no existe la lealtad como existía en la cultura criminal adulta y profesional”.

En su trabajo de campo, Benassi observó las interrelaciones entre vida cotidiana y violencia: “El propio barrio hacía una lectura del conflicto y de cómo iba a encauzarse, pero después de la pandemia fue más difícil entender las situaciones. Igualmente la violencia organizaba la vida barrial y comunitaria. A veces los pibes dejaban de ir a la escuela aunque estuviera a cinco cuadras porque en el camino tenían una bronca, como ellos dicen”.

Categorías impropias

“Antes de discutir la baja hay otras cosas que merecen ser debatidas”, dice Rodríguez Alzueta. Para empezar, “un régimen con leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas y políticas de persecución penal para jóvenes de 14 y 15 años como ya sucede en las provincias de Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Salta, Santa Cruz, La Pampa, algunos juzgados de Córdoba: incorporar a estos adolescentes al proceso de responsabilidad penal, pero sin punibilidad penal, salvo para infracciones graves”.

Contra el sentido común sobre la puerta giratoria, el Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero analiza en su boletín del mes de marzo un aumento del 70% en la tasa de encarcelamiento entre 2013 y 2022, por el cual se pasó de 62.000 a 105.000 personas privadas de la libertad en el país. “Tenemos que buscar formas de reproche que no sean a través del encierro, porque la cárcel lumpeniza, le sube el precio al delito y puede contribuir a la incorporación de los jóvenes a redes criminales. Y está visto que la cárcel no es la respuesta al delito”, afirma Rodríguez Alzueta.

“¿Cómo hacemos para que un pibe no escale en su trayectoria delictiva? –se pregunta Sabina Frederic- Se necesitan mecanismos de contención social, de oportunidades y eso nunca va a ocurrir dentro de una cárcel. No se piensa cómo cuidar a los niños y a las niñas sino en tirar respuestas muy resonantes y que parecen tranquilizadoras para la opinión pública”.

Sabina Frederic subraya que mientras faltan políticas para desbaratar mercados ilegales, por ejemplo el del robo de celulares, los diagnósticos recurren a categorías impropias para las organizaciones del crimen en Argentina. “No existe nada que se le parezca a un cartel, a la mafia –puntualiza–. Hablamos de gente que en su mayoría vive en la precariedad, tanto las víctimas como los victimarios. Hay mucha literatura para confirmar que los niveles de organización del crimen en la Argentina no tienen nada que ver con la mafia, no son cerrados, no son autónomos del Estado y tienen una rentabilidad que en la inmensa mayoría de los casos es baja”.

Entre esas categorías está la del narcoterrorismo, que el gobierno nacional impulsó a partir de los crímenes de trabajadores en Rosario: “No hay narcoterrorismo sino un Estado que ha hecho la vista gorda durante muchas décadas. El sicariato, la venta de drogas, se hacen en la mayoría de los casos con poca sofisticación y a la vista de todo el mundo. En la provincia de Santa Fe, en particular, está claro que el problema es la policía”, resalta Frederic.

Una política escindida

Marcos Maldonado apareció asesinado de un tiro en la cabeza en el barrio Tablada, uno de los más violentos de Rosario, el 20 de enero de 2024. Tenía 17 años, le decían Chaparrito y había sido criado por una tía que atendía un quiosco de drogas y lo llevaba a robar por el vecindario. “Con Chaparrito fracasamos todos: la escuela que no lo supo contener dentro de sus aulas, la justicia que no lo ayudó en su recuperación y las iglesias que no le supimos mostrar que la felicidad no está en el consumo de droga”, dijo entonces el obispo Claudio Castricone.

La historia de Milton Luis Carballo, asesinado a los 15 años el 11 de septiembre de 2023, expone otro cuadro de desamparo. El Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 de Rosario había impartido una orden de localización e internación provisoria que la policía no cumplió, y los autores del crimen no fueron identificados. Milton atravesaba una crisis depresiva después de los asesinatos de sus amigos Eric Luis Galli y Valentín Solís, de 15 y 14 años, el 24 de noviembre de 2022. Ninguno de los tres menores estaba vinculado al narcomenudeo y los asesinatos a pasos de la escuela a la que concurrían, en barrio Triángulo.

Evangelina Benassi advierte sobre las simplificaciones en torno al problema de la violencia en Rosario. “El narcotráfico explica todo y a la vez no explica nada. Lo que pasa en Rosario explota ahora, pero para comprender la situación hay que ver un proceso que lleva más de diez años. A veces los pibes son narcos, son trabajadores y son estudiantes y a veces no son de nada eso. No hay que esencializar recorridos sino pensarlos con mayor complejidad. La linealidad de la lectura genera incapacidad reflexiva y lleva a pensar en un problema entre buenos y malos”, dice.

“Tenemos que reformular el sistema de protección y completarlo con un sistema de responsabilidad. Tenemos que salir de la cultura de la excusa. El campo de las niñeces está tomado por la cultura de la excusa, con miradas que expulsan las causas y que arrojan mantos de piedad sobre los jóvenes. Hay mucha chatarra ideológica en este campo”, enfatiza Rodríguez Alzueta. Según el criminólogo y también autor de Desarmar al pibe chorro. Rodeos en torno a las transgresiones juveniles urbanas, entre otros libros, “parte del voto a Milei es el resultado de las excusas y los eufemismos que fuimos construyendo en todos estos años, y si no hacemos nada dejamos otra vez el problema en manos de la policía”.

“No se puede pensar la política de seguridad escindida de otras políticas –argumenta por su parte Sabina Frederic-. Lo que pasa desde hace décadas es que todo aquello que otras áreas del Estado no pueden resolver cae en las políticas de seguridad: el problema habitacional, las ocupaciones de tierras, los desalojos. No se puede pensar la reorientación de la punibilidad si no hay políticas de Estado que atiendan la vulnerabilidad que muchas veces el propio Estado produce a través de sus políticas fallidas”. Mientras tanto, según los términos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad recurre a estereotipos básicos del punitivismo argentino: la invocación del “garantismo” como antagonista (se trataría de remediar “las consecuencias de años de zaffaronismo”) y la justificación del endurecimiento de las penas “para darle respuesta a la gente”.

OA/DM/DTC

Las coincidencias de fondo entre ambos son más importantes que las diferencias en las formas pero todavía no alcanzan para una reunión personal. El presidente Javier Milei estará hoy en Rosario por los festejos del Día de la Bandera y abandonará la ciudad después de pronunciar un discurso, sin encontrarse a solas con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Desde el debate entre los candidatos a la presidencia, cuando afirmó erróneamente que en Santa Fe no había policías presos ni muertos por la lucha contra el narcotráfico, Milei se ha referido a la provincia y en particular a Rosario a propósito de los problemas de seguridad. Se trata de la bandera de gestión del gobernador santafesino.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente (5 cada 100 mil habitantes), y en una alusión transparente puntualizó que “una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”. El 29 de marzo, después de la captura de un menor de 15 años por el crimen del playero Bruno Bussanich, el Presidente lanzó una consigna que ahora es el leitmotiv para la baja de la edad de punibilidad: “Delito de adulto, pena de adulto”.

En su discurso de asunción presidencial, Milei dijo que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, pese a que las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más bajas del continente

Con esos antecedentes es probable que la seguridad sea un tema del discurso presidencial de hoy. Después de una celebración prematura del éxito del Plan Bandera, en febrero, y de la crisis desatada por los crímenes de cuatro trabajadores, en marzo, Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich coincidieron la semana pasada en destacar los avances del dispositivo de seguridad en la provincia, refrendados por la baja en los homicidios dolosos.

La coincidencia en la mano dura contra las bandas criminales y los presos de alto perfil en cárceles provinciales y federales no excluye diferencias entre el Gobierno nacional y el provincial. El gobernador de Santa Fe exhibe un perfil propio como dirigente del radicalismo y también en la gestión de gobierno, como mostró en su encuentro con el gobernador Axel Kicillof y con la defensa que hizo en X de su ex correligionario y siempre amigo Leandro Santoro, cuando Milei lo descalificó en las redes sociales.

Pullaro no dejó de reconocer el aporte de logística y de recursos humanos que hizo la provincia de Buenos Aires a Santa Fe durante la crisis de marzo. Como extensión de ese acercamiento, el 17 de mayo firmó con Kicillof un convenio para trabajar en conjunto “en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y análisis de actividades criminales, con el objetivo de facilitar la investigación de las actividades ilícitas”. Ambas provincias se comprometieron “a cooperar en materia de investigación del delito complejo y el crimen organizado, mediante el intercambio de datos e información”.

El gobernador de Santa Fe parece disputar con el Gobierno nacional el protagonismo en la aplicación de la mano dura. La consigna de “poner orden”, que esgrime en sus discursos, no se restringe a los problemas de seguridad y aplica tanto para bandas criminales como para reclamos salariales de los gremios estatales, en particular los docentes de Amsafé, y justificar entre otras medidas el descuento de los días de paro y la reinstalación del presentismo de los tiempos de Carlos Reutemann como gobernador.

“Quienes vienen a hablar de los derechos humanos y de que los presos son pobrecitos, a ellos les queremos decir: llévenselos a sus casas”, dijo Pullaro el 16 de mayo, en un acto en la ciudad de Santa Fe donde presentó nuevos patrulleros de la Policía. En el mismo acto fustigó “algunas cosas intelectuales que alejan a la realidad de lo que está pasando” y dijo que “algunos nos critican en este momento, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y con las garantías”. Se refirió así a una denuncia por apaleamientos y torturas a presos en la cárcel de Piñero, después de una balacera contra un colectivo que transportaba agentes penitenciarios.

Una lejana reivindicación a Alfonsín

Los presos denunciaron la aplicación de picana y submarino seco, y peritos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia constataron lesiones. Pullaro suele reivindicar su formación como politólogo especializado en ciencias sociales y celebra periódicamente en X el legado de Raúl Alfonsín, en particular la creación de la Conadep. En su discurso actual dramatiza sin embargo un viejo tópico de la mano dura, el incremento del punitivismo entendido como aquello que la sociedad quiere: “cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, de un delito contra la vida, cambia la forma de ser y la forma de pensar”, proclamó ante la formación de policías en la capital provincial.

El cambio asumido por Pullaro se expresa en su política de seguridad. Una semana después de aquel discurso, al exponer ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior del Congreso, respaldó la Ley Anti Mafias aunque aclaró que encontraba “un exceso de garantismo” en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que contempla un incremento exponencial de la población carcelaria. Si el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que el Gobierno nacional estudia bajar la edad de punibilidad a los 13 años, el gobernador de Santa Fe va también más allá y sostiene que no debe haber edad mínima para imputar a alguien por un delito grave.

En la exposición en el Congreso se apreció otro giro significativo en el discurso de Pullaro. El gobernador autorizó su palabra en la experiencia de la historia reciente de Santa Fe, “con índices de violencia superiores a la media nacional durante los últimos quince o dieciséis años”, es decir incluso en el período en que fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz; pero al mismo tiempo se presentó como exponente de otra situación en la cual “con algunas reformas importantes que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”. Santa Fe se encontraría entonces en la transición de haber sido ejemplo de un fracaso estrepitoso a convertirse en modelo de intervención política sobre la inseguridad, según Pullaro.

El gobernador tiene estadísticas para acreditar sus argumentos. Durante los primeros cinco meses de 2024 se contabilizaron 92 víctimas de homicidios en la provincia. Se trata de la cifra más baja de la última década y contrasta en particular con el año anterior, cuando hubo 192 homicidios en el mismo período de 2023. Según el Ranking Interprovincial de Gobernadores, que elabora CB Consultora Opinión Pública, el funcionario con mejor imagen entre los habitantes de su provincia en junio es Pullaro, con un el 64,2 % de imagen positiva contra un 32,7% de percepción. 

El gobernador construye su imagen de gestión sobre las ruinas de la gestión anterior, mientras el peronismo no se recupera de su derrumbe electoral. El ex gobernador Omar Perotti, ahora diputado, consiente en silencio las afirmaciones de Pullaro sobre “el Estado bobo” y “el aval a las organizaciones narco del poder político” que él encarnó, quizá consciente de lo indefendible de su gestión. El que calla otorga, aunque aquello que Pullaro describe como reacción ante su política carcelaria –los crímenes y las balaceras contra escuelas– remite por lo menos a 2021.

La reducción de los homicidios dolosos y de los delitos contra la propiedad deja en segundo plano, por otra parte, problemas como la baja tasa de esclarecimiento de los casos –en los crímenes de trabajadores en marzo apenas se avanzó más allá de los autores materiales–, la corrupción policial y penitenciaria –reiterada en la circulación de celulares en las cárceles– y la invisibilización del circuito financiero asociado a las bandas.

En los primeros cien días de gobierno la Legislatura santafesina aprobó quince leyes del Ejecutivo prácticamente sin debate y sin más oposición que los votos de los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía. Entre esas leyes, la de Inteligencia autoriza tareas de inteligencia sin control judicial y por otra parte las reformas al Código Procesal Penal devuelven a la policía la autonomía perdida frente a los fiscales, un viejo reclamo de la fuerza. “Hay actores de la política que, cuando tomás un café con ellos, te dicen que los proyectos son una barbaridad. Sin embargo van y votan la ley que encarna esa barbaridad por temor a la censura del público que visualizan como mayoritario”, señala un destacado especialista en temas de seguridad de Santa Fe.

Las reservas del gobernador de Santa Fe ante la Ley Anti Mafias conciernen en realidad a la definición de las zonas especiales de investigación, que habilitarían la intervención de fuerzas federales y de la Justicia Federal y en consecuencia lo despojarían de la gestión directa de la seguridad. En ese punto podría abrirse una diferencia más importante entre el gobierno nacional y el provincial: si la situación en Rosario es la justificación reiterada por la ministra Bullrich para el proyecto de ley Anti Mafias y la ciudad podría ser el primer ámbito de aplicación, para Pullaro constituiría un tiempo pasado que llega a su fin con su gestión de gobierno.

En un caso fue un piedrazo contra la ventanilla de un ómnibus que transportaba policías. En otro, la discusión entre el conductor de un colectivo y un automovilista por cuestiones de tránsito. En un tercero, otro chofer escuchó un disparo que en realidad no se produjo. Hechos que en cualquier contexto pasarían como incidentes menores en Rosario conmocionan a la población, trastornan la vida cotidiana de la ciudad y realimentan el miedo a la violencia narco.

 El miedo tiene una razón inmediata: los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich. “Pero la construcción de un sentido de crisis, no ahora sino desde hace una década, ha contribuido a generar ese sentido de hartazgo, temor e inseguridad en gran parte de la población”, afirma el criminólogo Máximo Sozzo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral.

Sozzo manifiesta su desconcierto ante la violencia narco: “No se entiende cuál es la lógica de los que producen esos hechos ni qué resultados pretenden alcanzar. La serie de ataques contra trabajadores son una excusa perfecta para escalar en una respuesta de carácter punitivo”.

Desde la constitución de un comité de crisis entre el gobierno de la Nación y el de Santa Fe, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich parece encontrar en la situación de Rosario la oportunidad para concretar promesas de la campaña electoral: el proyecto de una ley antimafia, la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del narcomenudeo y ahora “la ley de imputabilidad” para menores, a partir de la detención de un adolescente de 15 años como sospechoso del crimen de Bruno Bussanich.

La ministra anunció anteayer en la red X que la ley de imputabilidad “ya está entrando en el Congreso”. La “deriva militarizada de la seguridad”, como la define el investigador de la UNL, tiene también su expresión en Santa Fe, donde la Legislatura provincial aprobó el miércoles una reforma del Código Procesal Penal que concede más poderes a una policía cuestionada por su complicidad con el delito y el gobernador Maximiliano Pullaro dijo que estudia un indulto para policías condenados por la Justicia.

Tanto Bullrich como la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic recomendaron en 2023 que se retirara a la policía de Santa Fe del patrullaje en la calle. Pullaro argumenta que los indultos –entre ellos a Luciano Novelli, “el Chocobar rosarino”, condenado por rematar a dos personas que estaban en el piso– serían un respaldo para la alicaída fuerza provincial. Mientras tanto, el gobierno de Santa Fe no hace comentarios sobre el hecho de que los crímenes de los taxistas y los tiroteos contra un colectivo del transporte urbano y la comisaría 19 fueron perpetrados con balas de la propia policía.

El endurecimiento de la política de seguridad en Santa Fe parece correlativo con las versiones sobre una alianza entre bandas para desestabilizar al gobierno de Pullaro. “De acuerdo a la información que se maneja en organizaciones sociales de los barrios y en fiscalías”, según dice el diputado provincial Carlos Del Frade, “hay diez bandas narcopoliciales que se pusieron momentáneamente de acuerdo para no seguir disputando el dominio territorial y que decidieron matar a jóvenes trabajadores a partir de las condiciones de detención en las cárceles provinciales”.

Máximo Sozzo no suscribe la hipótesis de la alianza entre bandas, a falta de certezas en las investigaciones judiciales. “Lo que está claro –afirma– son los resultados de los hechos: por un lado efectos de temor y de angustia que se difunden socialmente y producen las dinámicas negativas que vemos en la relación de los ciudadanos con el espacio público, y por otro efectos de carácter político, los discursos acerca de la presencia del terrorismo y las propuestas que creíamos conjuradas desde la transición hacia la democracia, como recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el delito”.

Sozzo relaciona la anhelada reforma de la ley de Seguridad Interior con la actualización de la teoría de los dos demonios: “Para un sector extraordinariamente conservador que forma parte del Gobierno nacional hay una reivindicación de las Fuerzas Armadas, como acabamos de ver con la lectura de los excesos en la lucha contra la subversión. Se busca recrear una imagen de las Fuerzas Armadas como salvadoras de la patria, ahora frente al delito en Rosario. La propuesta es romper con un consenso de la transición hacia la democracia”.

Hay además una idea simplista de que la multiplicación de la presencia armada en el espacio público va a generar por sí misma un efecto positivo en la reducción de la criminalidad

Máximo Sozzo — Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral

Los helicópteros del Ejército que comprometió el ministro de Defensa Luis Petri sobrevuelan periódicamente el cielo sobre Rosario, pero el aporte parece insuficiente para la intendencia local que quisiera al personal armado en la calle. “Hay además una idea simplista de que la multiplicación de la presencia armada en el espacio público va a generar por sí misma un efecto positivo en la reducción de la criminalidad”, agrega Sozzo, también integrante del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.

Los factores del miedo

La nota con amenazas a Ángel Di María activó en la madrugada del lunes una nueva oleada del miedo a la violencia narco en Rosario. En el lapso de veinticuatro horas se sucedieron cuatro atentados con piedras y amenazas contra colectiveros, el hallazgo de casquillos de bala y de un explosivo en escuelas de Villa Gobernador Gálvez, una nota con amenazas múltiples en un supermercado y, como coronación de la saga, una intimidación en una estación de servicio YPF frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde dos motociclistas hicieron escuchar un mensaje grabado a través de un parlante: “Esta noche pasamos y vamos a tirotearlos”.

La coincidencia de los hechos sería el indicio de una planificación, según el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. No obstante, cualquier suceso parece susceptible de ser atribuido a las bandas: la discusión entre un automovilista y el chofer de un colectivo porque uno encerró a otro en la calle terminó el jueves en un fuerte operativo policial en el centro de Rosario ante la presunción de una amenaza mafiosa.

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni admitió que los ataques contra el transporte urbano son difíciles de anticipar. La prevención resulta imposible ante una amenaza que parece capaz de concretarse en cualquier momento y en cualquier lugar. El miedo erosiona además la creencia de que ciertas zonas de Rosario pueden ser más seguras que otras.

Cualquier suceso parece susceptible de ser atribuido a las bandas: la discusión entre un automovilista y el chofer de un colectivo porque uno encerró a otro en la calle terminó en un fuerte operativo policial ante la presunción de una amenaza mafiosa

El martes, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación por la reiteración de amenazas contra el periodismo en Rosario y también advirtió sobre las prácticas que contribuyen a la propagación del miedo como “el afán de obtener una primicia” que puede resultar “funcional al crimen organizado” y la retransmisión de las amenazas: “Las fotos de las notas con amenazas que dejan los narcos no agregan información a la población y pueden en cambio ser mensajes que los delincuentes quieren hacer llegar más allá de su espacio cercano” (https://fopea.org/alarma-en-rosario-nuevas-amenazas-del-crimen-organizado-al-periodismo/).

El sustrato del miedo en Rosario aparece como un terreno consolidado por el incremento sostenido de los homicidios dolosos, la baja tasa de esclarecimiento de casos en la Justicia, los casos de corrupción policial y cierto sentido común sobre la impunidad del delito de guante blanco asociado a las bandas, como el lavado de dinero. “Es indispensable entender que la desconfianza de los ciudadanos en la policía provincial, por su participación en distintas prácticas delictivas, juega un rol central en el temor al delito. Y es difícil que se restablezca la confianza ante la ausencia actual de cualquier idea de transformación de esa policía”, advierte Sozzo, que subraya “el silenciamiento de la agenda de la reforma policial” en el gobierno y en el conjunto de los partidos mayoritarios en Santa Fe.

La detención de una pareja por las amenazas a Di María, una pista que en ese caso conduce a presos en cárceles provinciales y la captura del presunto homicida de Bruno Bussanich, por investigaciones y procedimientos de fiscales provinciales y federales y de la Policía Federal, conjuraron en el inicio de la Semana Santa lo que se configuraba como un nuevo estado de conmoción. La policía provincial, en cambio, volvió a mostrarse negligente: el fiscal Pablo Socca acusó a dos policías de la ciudad de Funes por entorpecer las investigaciones al filtrar imágenes del auto utilizado en la intimidación contra el jugador de la selección argentina.

El ministro Cococcioni dice y repite que los crímenes y balaceras se producen como respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil. Sin embargo, ese tipo de hechos como forma de presión sobre la Justicia y la política tiene un antecedentes en los atentados a domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial de 2018 y se suceden de forma periódica desde los ataques contra escuelas y estaciones de servicio previos a las elecciones de noviembre de 2021. En esta saga, que replica la lógica del enfrentamiento entre bandas por el control de puntos de venta, fue imputada como instigadora Patricia Celestina Contreras, madre de Ariel “Guille” Cantero y referente de la banda Los Monos.

“Balear un edificio tiene una enorme gravedad, pero los últimos asesinatos son un salto cualitativo en la violencia –señala Sozzo– y eso también explica los altos niveles de temor en la población. Uno tiende a a pensar que en los que producen estos hechos crueles hacen el juego al incremento de la deriva punitiva y militarizada. Ahí hay un interrogante difícil de responder”.

Según Carlos Del Frade, “las bandas narcopoliciales existen en las principales ciudades de Santa Fe”. El diputado del Frente Social y Popular y su compañero de bancada Fabián Oliver fueron los únicos legisladores que votaron en contra de la reforma al Código Procesal Penal de la provincia, que entre otras disposiciones devuelve a la policía santafesina la autonomía respecto de los fiscales en las investigaciones. “En base a información judicial y de medios de comunicación de la provincia registramos a fines del año pasado 147 bandas en Santa Fe, de las cuales 46 están en el departamento Rosario. Una de las que ha tomado mayor relevancia es la llamada Banda de los Menores, en el barrio 7 de septiembre”, puntualiza Del Frade.

“Lo que está completamente ausente es el debate acerca de qué policía tenemos y cómo podemos modificarla –destaca Máximo Sozzo–. Cuando miramos el conjunto de iniciativas que el gobierno provincial ha producido desde diciembre, leyes sancionadas en tiempo récord con el consentimiento de casi todos los legisladores, no encontramos ninguna con respecto a la fuerza. Parecería que la policía santafesina no es un problema sino la solución”.

OA/MG

El iceberg sigue sin asomar en la superficie. El equipo de fiscales que investiga los crímenes de trabajadores en Rosario imputó a 16 personas en la causa, pero todavía no identificó a los autores de los homicidios ni a quienes dieron las órdenes. La sospecha, como desde el principio, es que se trató de una reacción a las condiciones de detención de los presos de alto perfil y a su exhibición en situaciones humillantes.

Uno de los detenidos fue imputado como partícipe necesario en el crimen del taxista Sergio Celentano, porque el viaje que terminó en emboscada fue pedido desde una línea de teléfono a su nombre. Otras once personas cayeron en una casa –descripta como “aguantadero”– donde se secuestró una moto y ropas parecidas a las que llevaban los asesinos del chofer Marcos Daiola, y están acusadas de encubrimiento agravado. El resto afronta cargos por tenencia de armas y por intentar coimear a la policía.

Según se reveló en la audiencia, el asesinato de Daiola fue precedido por otro ataque en el mismo sector de la zona oeste contra otro chofer del transporte urbano. Poco antes de la medianoche del jueves 7, dos hombres que iban en una moto Honda Twister de color blanca se acercaron a un coche de la línea 122 y realizaron varios disparos desde la puerta y desde el frente del colectivo, sin alcanzar a herir al conductor.

Una moto del mismo modelo y color reapareció al caer de la tarde del mismo jueves en otro ataque. El que iba de acompañante subió a un trolebús de la línea k en la esquina de Mendoza y Guatemala y una cuadra después extrajo un arma y baleó a Daiola en la cabeza. El chofer falleció dos días después. Las cámaras de vigilancia de la zona orientaron a los fiscales hasta una casa de Nicaragua al 2200, donde fue secuestrada la moto.

“No podemos determinar la existencia de un plan para que los crímenes se hayan producido al mismo tiempo, pero pueden tener el mismo origen”, dijo el fiscal Patricio Saldutti ante la prensa. “En el último tiempo hubo una serie de movimientos, tanto en cárceles federales como provinciales, que han generado estos hechos violentos”, agregó sin mayores precisiones sobre las restricciones impuestas a referentes de bandas para recibir visitas.

Los presos de alto perfil pueden recibir hasta dos visitas por semana, cada una de media hora, y solo de familiares directos. Los visitantes pasan a través de escáneres corporales que pueden detectar celulares –también se contempla la posibilidad de inspecciones con perros para detectar drogas– y ven a los reclusos en un locutorio, a través de un blindex. El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni había advertido que esas visitas se espaciarían por quincena o por mes antes de que se desataran los crímenes.

Los reclusos tampoco pueden recibir paquetes con comida y entre ellos Ramón Machuca –conocido como el Monchi Cantero– denunció que el gobierno santafesino también redujo la cantidad de dinero que puede llevarle su familia para aprovisionarse en la cantina de la cárcel de Piñero. Machuca es un miembro de Los Monos conocido por las entrevistas que concedió a Rolando Graña cuando estaba prófugo y por haber tenido contactos con el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio.

La sospecha de los orígenes de la violencia lleva a las cárceles pero hasta ahora no surge un vínculo entre los imputados y los presos. Los crímenes de Celentano y el taxista Héctor Figueroa y una balacera en la que se hizo tiro al blanco contra el frente de la comisaría 15ª fueron perpetrados con la misma arma, una pistola 9 milímetros, y con balas entregadas a la policía de Santa Fe en 2021. El dato es todavía un hilo suelto, aunque coincide con otro episodio: el tiroteo contra un colectivo de la línea 130, el 22 de enero, en el que también se dispararon balas de la policía y que fue acompañado de un mensaje que mencionaba a Pullaro.

El tiratiros, según el fiscal Pablo Socca, fue enviado en esa ocasión por Emiliano Avejera, preso de alto perfil en la cárcel de Piñero, y el mensaje buscó escrachar a Yamil Azum, detenido a su vez en Coronda por narcomenudeo y otros delitos. El nombre de Pullaro fue un anzuelo para llamar la atención de la prensa y engañar a los fiscales que investigan amenazas contra el gobernador.

Saldutti aseguró ayer que “hay medidas en curso” por el crimen del playero Bruno Bussanich. Hubo dos sospechosos pero ningún indicio en su contra y quedaron en libertad. La recompensa ofrecida por el gobierno provincial, con el rostro del asesino como fue registrado por una cámara de vigilancia, tampoco dio resultado hasta el momento.

El refuerzo de 450 efectivos federales y los vehículos del Ejército desplegados el jueves y los 400 agentes de la policía bonaerense que se sumaron ayer a los patrullajes no disipan el miedo ni los pedidos de custodia. Los centros de salud provinciales permanecen cerrados y los municipales redujeron su atención a un tercio. No hay atención nocturna en las estaciones de servicio locales de Rosario y tampoco en otras cuatro ciudades vecinas.

Las actividades de Semana Santa del popular padre Ignacio se harán en forma virtual por seguridad. En barrio Rucci, donde se encuentra la parroquia del sacerdote, fueron baleados transportes del Servicio Penitenciario provincial en uno de los episodios que desencadenó la saga de violencia.

Los centros de salud provinciales siguen cerrados y los municipales redujeron su atención a un tercio. Las estaciones de servicio de Rosario y otras cuatro ciudades vecinas no trabajan de noche y las misas del padre Ignacio para Pascuas serán virtuales.

Los perejiles y los poderosos

Si bien el intendente Pablo Javkin celebra que nunca como ahora los reclamos de la ciudad fueron tan escuchados desde Buenos Aires, las tensiones entre la Nación y la provincia ante la crisis persisten. El presidente Javier Milei rescató la palabra “narcosocialismo”, acuñada por Andrés Larroque en 2012 para atacar al entonces gobierno del Frente Progresista por la detención del jefe de policía Hugo Tognoli acusado de proteger a narcotraficantes. Sal en las heridas del socialismo, uno de los principales aliados de Pullaro.

Patricia Bullrich parece salir mejor parada de la situación que el gobernador de Santa Fe. La ministra de Seguridad anunció que impulsará una ley antimafia –algo que ya había adelantado en diciembre, cuando presentó en Rosario el Plan Bandera–, está imponiendo en la discusión pública y en la prensa el término narcoterrorismo y aprovechó la oportunidad para presentar el protocolo Chocobar para las fuerzas federales. Un émulo del policía porteño, el gendarme Héctor Daniel Rivas, afronta justamente ahora en Rosario un pedido de 23 años de prisión por fusilar por la espalda a un chico de 15 años que estaba desarmado y le rompió el vidrio de su auto con aparente fines de robo.

Ante “el avance global del crimen organizado de tipo mafioso”, Bullrich anunció además la creación de la Unidad Antimafia en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. El decreto invoca el Código Penal Italiano y define al crimen organizado “como el conjunto de aquellas actividades ilegales llevadas a cabo por un grupo estructurado de tres o más personas que actúan de manera concertada durante cierto tiempo”. La Unidad Antimafia desplegará “un abordaje integral y multiagencial en el combate del crimen organizado mafioso”, incluso tareas de investigaciones, con lo que en principio se superpone con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que tiene el mismo objeto en el Ministerio Público Fiscal (https://www.mpf.gob.ar/procunar/).

Pullaro inició su gobierno en forma arrolladora con la sanción de un paquete de leyes, pero parece haber bajado varios cambios después de chocar de frente con la crisis de seguridad. Si en menos de tres meses logró la adhesión de Santa Fe a la ley de narcomenudeo, la sanción de una ley de inteligencia criminal, una modificación del Código Procesal Juvenil que avanza hacia una mayor punibilidad de los menores y otra del Ministerio Público encargado de las investigaciones, ahora impulsa una reforma del Código Procesal Penal de la provincia considerada “un giro al oscurantismo” por jueces y académicos.

El proyecto en danza se presentó en diciembre como parte del paquete que también incluyó una nueva ley de Servicio Penitenciario provincial. Impulsado por el millón de votos que lo erigió gobernador, Pullaro logró el tratamiento exprés de las normas en la Legislatura provincial pero tropezó con la oposición de jueces, abogados e incluso integrantes de su propia coalición para la reforma del Código Procesal Penal.

La controversia gira alrededor de dos aspectos: la posibilidad de que una persona pueda pasar hasta 35 días presa sin saber los motivos de su detención y el reemplazo de la audiencia imputativa –donde se formulan los cargos y se ejerce la defensa– por una notificación electrónica.

“Es un camino equivocado”, dice Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). “Santa Fe no tiene un problema de puerta giratoria. La cantidad de personas encarceladas en la provincia se duplicó en la última década y eso no afectó en nada a la criminalidad, más bien la situación se agravó y además aumentó la tasa de homicidios dolosos”, advierte el especialista a elDiarioAR.

Santa Fe no tiene un problema de puerta giratoria. La cantidad de personas encarceladas en la provincia se duplicó en la última década y eso no afectó en nada a la criminalidad, más bien la situación se agravó y además aumentó la tasa de homicidios dolosos

Julián Alfie — Director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)

Alfie se reunió en diciembre con legisladores santafesinos y les advirtió sobre “una política criminal boba” en gestación con la reforma, “que llenará las cárceles de perejiles y soldaditos”. El riesgo podría incrementarse con la adhesión de Santa Fe a la ley de desfederalización de estupefacientes, o ley de narcomenudeo.

La ley de narcomenudeo se encuentra vigente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un informe reciente de la Procunar afirma que la mayor cantidad de causas que se tramitan bajo esa norma son por tenencia de drogas para el consumo personal. Un punto donde los narcotraficantes no son visibles.

La Procunar también señala que el traspaso de la competencia de la Justicia Federal a la provincial “puede resultar en una fragmentación de las investigaciones”, por lo que considera indispensable “una coordinación eficaz entre ministerios públicos para intercambiar información y coordinar el avance de las investigaciones”.

“El problema no es a cuántas personas se detiene sino a quiénes se detiene –subraya Alfie–, y para eso el Ministerio Público tiene que llevar adelante una persecución estratégica, inteligente, orientada a los eslabones de los mercados criminales que puedan afectar su rentabilidad. Lamentablemente la reforma del Código propuesta en Santa Fe no va en ese camino sino por el contrario, para seguir encarcelando perejiles a mansalva o a últimos eslabones de la cadena, lo que seguramente saturará el sistema y volverá más difícil perseguir a quienes hay que perseguir si se quieren hacer las cosas bien”.

El Inecip asesoró a la provincia de Santa Fe en el proceso de reforma del sistema penal, en 2014. “La eliminación de la audiencia es una vuelta al oscurantismo del viejo sistema escrito –agrega Alfie–. Además del derecho del imputado a conocer y controvertir la acusación, afecta al derecho de la víctima a expresarse en los primeros momentos del proceso. Allí donde no hay audiencia oral y pública se compromete la transparencia y la posibilidad ciudadana de controlar los procesos penales”.

La llamada ley de fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación también encontró reparos y pudo ser aprobada con modificaciones. La palabra “fortalecimiento” en el enunciado de la ley “escondía ataques a la autonomía”, según Alfie. El director del Inecip recuerda que en Santa Fe existe “una ley cerrojo” por la cual “todos los fiscales de la provincia quedan a tiro de las sanciones de la Legislatura sin las garantías necesarias” y que el origen de esa ley fue “el haberse animado algunos fiscales a tocar intereses de ciertos dirigentes del Senado provincial”. Una causa sobre los subsidios que otorgaba un grupo de senadores terminó en 2017 con el legajo cerrado, la unidad de investigación disuelta y los fiscales que la integraban enviados a destinos de castigo. “Fue un mensaje claro de la política: no iba a legitimar investigaciones que tocaran sus intereses”.

El Código Procesal Juvenil dispone el cese de los juzgados de menores y que las investigaciones sean tramitadas por fiscales del sistema penal, al tiempo que determina que los menores de 18 años tengan el mismo procedimiento que los mayores con investigaciones a cargo de fiscales supervisados por jueces. “Esta ley deja a los adolescentes sin defensa especial y específica y les impone un plazo de prisión preventiva igual al de los adultos. Viola los estándares constitucionales y legales de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley”, dijo la ex diputada provincial Matilde Bruera, una de las pocas voces que cuestionó el proyecto.

“Hace diez años que la situación es grave en Rosario –dice Alfie–. Cíclicamente vivimos la misma historia: gobiernos nacionales que envían fuerzas federales que no inciden realmente porque lo que se necesita es una política criminal seria, con una decisión política de tocar los intereses que hay que tocar para afectar la rentabilidad de los mercados criminales”.

Los nuevos organismos, leyes y protocolos se inscriben en esa historia. “Si los mercados criminales se han desplegado es porque generan una rentabilidad muy alta que beneficia a distintos sectores y no solo a los integrantes de los grupos criminales”, destaca Alfie. El iceberg podría sumergirse todavía a mayor profundidad en Santa Fe.

OA/MG