Mientras el gobierno de Jorge Macri presentaba el megaoperativo “Tormenta negra” desplegado en las últimas horas en quince villas y barrios populares porteños como una acción de seguridad, del otro lado de los allanamientos, las organizaciones territoriales cuestionaron la criminalización de trabajadores y vecinos en lugar de garantizar seguridad real.

“Un ejército de más de 1.500 fuerzas represivas, bajo falsos pretextos de operar contra infractores de tránsito, venta ambulante, control migratorio o guerra contra el narco nos persiguen, nos hostigan y nos criminalizan”, plantearon en un comunicado más de veinte redes, asambleas y espacios comunitarios de las comunas 4 y 8, agrupados bajo el nombre Interredes Villeras.

El documento, difundido mientras el operativo todavía estaba en curso, califica la acción como un “show represivo” y la enmarca en una disputa política entre el macrismo y el mileísmo: “Lo único que se está buscando con este megaoperativo es reprimir trabajadores y niños, quitándonos nuestra fuente de trabajo y militarizando nuestros territorios como estrategia para competir entre las dos fuerzas de la derecha”.

Desde la villa 31, una de las más afectadas, el Padre “Toto” De Vedia —referente histórico del trabajo pastoral en barrios populares porteños— sumó su voz: “Es más parecido a un show mediático que una acción real buscando eficacia en ordenar”, dijo en Urbana Play. Y describió una escena concreta: “Va acompañado de venir con armas largas y sacarle la comida a gente que está vendiendo. Se crea un clima de denigración a los villeros”. El sacerdote aclaró que no se opone a la seguridad en sí: “Nosotros apoyaríamos acciones concretas y reales”.

Los números del operativo —27 detenidos, 113 motos y 64 autos secuestrados, 25 comercios clausurados— también fueron puestos en perspectiva desde la política. El diputado Itai Hagman señaló una desproporción: 1.500 efectivos para 27 arrestos, de los cuales, según precisó, 13 correspondían a detenciones por causas penales. “Destruyeron casas y se robaron la mercadería de muchos laburantes”, escribió en redes sociales.

El comunicado de las Interredes cierra con una convocatoria a la organización y un pedido de intervención a organismos de derechos humanos, defensorías del pueblo, legisladores y medios: “Para detener esta arremetida, revertir esta campaña mediática estigmatizante y garantizar la no repetición de los hechos”.

Un informe presentado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) este miércoles encendió las alarmas sobre el avance del narcotráfico en un punto caliente del conurbano bonaerense. En el partido de San Martín, los homicidios dolosos se más que duplicaron en el primer trimestre de 2026, y tres de cada cuatro casos tienen vinculación directa con el mercado de drogas ilegalizadas.

El relevamiento, elaborado por el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas en San Martín, registró 20 homicidios entre enero y marzo de 2026, un aumento interanual del 122,2% respecto al mismo período del año anterior. En apenas tres meses, el distrito acumuló el 48,8% del total anual registrado durante todo 2025. El informe es una iniciativa del Núcleo de Estudios sobre Violencias (IDAES/UNSAM), ILSED y CEPAJ.

La violencia narco, concentrada y con impunidad

El informe destaca que el salto en San Martín no se explica por una tendencia provincial: mientras el resto del conurbano bajó o se mantuvo estable, este distrito fue en sentido contrario. Entre los primeros trimestres de 2024 y 2026, Moreno pasó de una tasa de 4,16 a 1,73 homicidios cada 100.000 habitantes, La Matanza de 2,99 a 2,01, y Tres de Febrero de 2,89 a 2,75. San Martín, en cambio, trepó de 2,95 a 4,44, la cifra más alta de toda la serie y más del triple de la media provincial, que se ubica en 1,20. Su tasa supera en un 61,5% a la del segundo municipio más violento del conurbano en el mismo período, Tres de Febrero.

De los 20 homicidios relevados, 15 presentan vinculación con mercados de drogas ilegalizadas: cinco por disputas territoriales entre bandas, cinco ligados al consumo problemático del autor o la víctima, y cinco en los que la víctima era ajena al mercado pero quedó en medio del fuego cruzado. Sobre esos 15 casos, más de la mitad —el 53,3%— no tiene todavía ninguna persona formalmente imputada.

La violencia está además territorialmente concentrada: el 90% de los hechos ocurrió bajo la jurisdicción de solo dos comisarías, la 4ª de José León Suárez (50% de los casos) y la 5ª de Billinghurst (40%). Los barrios más afectados son La Cárcova, Villa Hidalgo y El 18. Todos los homicidios ocurrieron en barrios populares, y la mitad de las víctimas tenía entre 16 y 25 años.

Las voces

El informe fue presentado en un encuentro que reunió a familiares de víctimas, referentes territoriales y especialistas. El ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín planteó una mirada estructural sobre el fenómeno: afirmó que en Argentina ningún mercado de drogas opera por fuera del Estado, al que describió como parte del sistema de gobernabilidad política de los territorios.

El ex diputado nacional Leonardo Grosso advirtió que las víctimas son en su mayoría “pibes de los barrios usados como carne de cañón en las disputas territoriales por la droga” y alertó por la impunidad que rodea a los casos. En un contexto de ajuste en políticas sociales, advirtió: “El narco avanza a paso firme ocupando el vacío que deja el Estado”.

El abogado Pablo Zappulla, del Centro Popular de Acceso a la Justicia (CEPAJ), sintetizó el objetivo del encuentro: “Lo que queremos es poner un conflicto arriba de la mesa para que la política lo escuche y no lo ponga debajo de la alfombra”.

También tomaron la palabra familiares de víctimas. Micaela Carrillo, familiar de un joven asesinado en José León Suárez en 2025, llamó a “empezar a enojarnos más”. María Ramírez, abuela de una joven asesinada en Villa Hidalgo en 2021, describió una situación de acorralamiento: “Miles de chicos caen día a día, el narcotráfico avanza, nos aplasta”.

'El Mencho' cayó. Nemesio Oseguera Cervantes era el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más importantes no solo de México, sino del mundo entero. El líder del cartel lo fue todo en el panorama del narcotráfico y el crimen organizado mexicano, tras fundar y llevar a su mayor cuota de poder al CJNG.

¿Y ahora qué? El abatimiento del líder del cartel por parte de las fuerzas mexicanas es de tal relevancia que amenaza con reconfigurar de manera violenta el statu quo del narcotráfico en todo el país.

Esto es así porque muchas de las grandes organizaciones criminales mexicanas se sustentan gracias a alianzas regionales y liderazgos personalistas, pero donde el clan familiar tiene un enorme peso. De hecho, el CJNG había logrado un notable crecimiento en los últimos años a costa de la guerra civil abierta en el rival Cartel de Sinaloa.

La caída de perfiles clave del Cartel de Sinaloa como 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada abrió una crisis de enormes dimensiones en su seno, con pugnas descarnadas por la sucesión y control del grupo. En ese contexto, 'El Mencho' aprovechó la ventana de oportunidad para crecer a costa del Cartel de Sinaloa.

La competición por el control criminal de México

No es en absoluto la primera vez que 'El Mencho' se hace fuerte a costa del Cartel de Sinaloa, ya que precisamente el CJNG emerge gracias a miembros del Cartel del Milenio, facción del primero. Y con la implosión del Cartel de Sinaloa, especialmente tras la caída de 'El Mayo' Zambada en 2024, se consolida el poder de Jalisco.

Fueron los 'Chapitos', los herederos de 'El Chapo' Guzmán, los que se acercaron al CJNG cuando se desató la batalla en los últimos dos años frente a la Mayiza, el sector heredero de 'El Mayo' Zambada. La enemistad entre los dos sectores más importantes del Cartel de Sinaloa se saldó con un renovado auge del CJNG.

De esta manera, 'El Mencho' logró una mayor hegemonía criminal en México, de nuevo, a costa de sus rivales. Ya de por sí el CJNG insistió en el establecimiento de alianzas y el apoyo a diferentes disputas en estados cercanos a su feudo, especialmente en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Algo más alejados de Jalisco, también pudieron penetrar con fuerza gracias a estas estrategias en Tamaulipas y Veracruz.

La difícil sucesión de 'El Mencho' en el CJNG

La caída de 'El Mencho' augura más inestabilidad. Si el CJNG no sobrevive a los siempre traumáticos procesos sucesorios del crimen organizado, la inestabilidad que sobrevoló la implosión de Sinaloa podría trasladarse también a este imperio criminal y a sus socios.

Junto a Oseguera Cervantes se encuentra fuera de combate una parte relevante de sus allegados. Con varios herederos familiares en prisiones estadounidenses —entre ellos su hijo y su hermano— también cayeron en esta operación 'El Sapo' y 'El Tolín'. El primero de ellos, importante peso en Puerto Vallarta, Jalisco, murió junto a 'El Mencho', según las informaciones estatales; mientras que el segundo fue arrestado, de acuerdo con la misma fuente.

“Los Cuinis” también son una facción emparentada con opciones de heredar el peso del CJNG, pero perdieron peso notable frente a nombres propios regionales desde la separación de 'El Mencho' con su esposa, Rosalinda González Valencia.

Pero en función de cómo de tumultuoso sea este proceso, el imperio de 'El Mencho' podría menguar. Y esto podría perjudicar también a los 'Chapitos'. Es decir, 'El Mayito Flaco', heredero de 'El Mayo' Zambada, y algunos clanes aliados en Durango podrían presionar en su disputa por los rescoldos del Cartel de Sinaloa y aprovechar para lanzar ofensivas frente al CJNG en el estado de Zacatecas.

También el territorio controlado por 'El Mencho' en Michoacán podría verse comprometido ante rivales regionales que tenían en común su animadversión al CJNG. E incluso en regiones más lejanas como Chiapas o Tamaulipas podrían desatarse ecos contra la presencia del CJNG o luchas contra sus socios, especialmente gracias a la pujanza del Cartel del Nordeste en el entorno de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

El fin de una generación de delincuentes

Con la caída de 'El Mencho' se profundiza la transformación del panorama criminal en México, que lleva años atomizándose, con una nueva generación de narcos al cargo de distintos clanes y el fin de los carteles de gran tamaño. De hecho, el CJNG carecía de una estructura tan clara como otros carteles y su conformación descentralizada podría tener réplicas en la nueva realidad criminal del país.

Además, la operación en la que murió contó con participación de Estados Unidos en México, junto a la Secretaría de Defensa Nacional. Por lo tanto, Donald Trump podría vender que terminó con uno de los capos que se encontraba (en esta ocasión, sí) al cargo de la producción de fentanilo.

La reacción de los miembros del CJNG y de sus socios llevó a acciones armadas y narcobloqueos en muchas regiones del país, por lo que si la situación escalase, tampoco sería descartable que sirviese de pretexto para una operación de mayor calado por parte de EE.UU.

Existe una importante lucha de facciones también dentro de las fuerzas de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses. Por consiguiente, si se dieran nuevos combates, habría que observar sobre qué fuerzas se concentran los ataques del CJNG. O si emergen diferencias de estrategia a la hora de abrir negociaciones para establecer un nuevo statu quo con las autoridades u otros grupos criminales.

Y también habrá repercusiones sobre el entramado regional, ya que los carteles mexicanos ampliaron notablemente su presencia en rutas y alianzas por todo el continente e incluso en otras partes del mundo. Así que, desde luego, todo cambia con la caída del que hasta la semana pasada podría ser considerado el narco más importante del mundo.

Nacido en 1966 en una comunidad rural en Aguililla, en el estado de Michoacán, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se adentró en el negocio del narcotráfico desde su juventud, desde el menudeo —por el que fue encarcelado en EEUU— hasta liderar una de las organizaciones criminales más violentas de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras varias deportaciones de EEUU y un período en prisión, regresó a México en los años 90. Allí se integró en estructuras del narcotráfico vinculadas al Cártel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010.

La trayectoria de Oseguera incluye una serie de calculadas alianzas y traiciones que le permitieron ir ascendiendo en el escalafón del hampa, haciendo uso de una violencia cada vez más descarnada. Por ejemplo, el asesinato, con la aquiescencia del Cártel de Sinaloa, de miembros del cártel de Los Zetas, una organización rival.

Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia EEUU.

Con él al frente, la organización fue acusada de cometer masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de la violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

El especialista en seguridad Eduardo Guerrero afirmó en 2021, según recoge The Guardian, que las autoridades al norte y al sur de la frontera estadounidense consideraban al grupo una amenaza para la seguridad nacional. “Disponen de enormes cantidades de dinero, armas de última generación, grupos paramilitares de estilo militar y vehículos... Y representan un reto muy grave para el Gobierno [mexicano], sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, donde un destacamento de 50 operativos del cártel puede derrotar fácilmente a cualquier fuerza policial local”, analizaba.

Entre los episodios de mayor impacto atribuidos a El Mencho destaca el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (hoy Secretario de Seguridad de México), Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, dejando varios muertos y heridos.

También se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el derribo de un helicóptero militar en 2015, así como bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.

El grupo criminal además ha sido vinculado con múltiples masacres y con centros de operación clandestinos, incluido el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hallado en marzo de 2025, así como propiedades aseguradas en el occidente del país señaladas como presuntos centros de adiestramiento.

Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de EEUU ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

El cerco de las fuerzas de seguridad venía estrechándose ya sobre la familia de Oseguera Cervantes. Su hijo Rubén, conocido como El Menchito y considerado el número dos de la organización, fue condenado en EEUU en 2024 por conspiración para el tráfico de metanfetaminas y el uso de un arma de fuego.

La caída de El Mencho representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años en México, comparable en dimensión a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016.

Con su muerte, el CJNG pierde a su máxima cabeza y comienza una nueva etapa, en medio de dudas sobre cómo se reorganizará y qué efectos tendrá en el crimen organizado en México.

Con información de agencia EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le manifestó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un “gran honor” conocerlo y que “ama a Colombia”, en una dedicatoria escrita en una tarjeta oficial de la Casa Blanca que le obsequió al finalizar una reunión bilateral de más de dos horas en Washington.

“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, dice el mensaje que acompaña una fotografía de ambos mandatarios sonrientes, publicada por Petro en la red social X. El presidente colombiano compartió además la imagen de un ejemplar del libro Trump, the Art of the Deal, firmado por el mandatario estadounidense con la frase: “Sos genial”.

Con tono irónico, Petro acompañó la publicación con un comentario: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

El encuentro, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, concluyó pasadas las 13:00 hora local y tuvo como objetivo relanzar la relación bilateral tras un año marcado por tensiones diplomáticas. Sin embargo, la visita no incluyó una recepción de alto perfil: Petro no fue recibido en la puerta del Ala Oeste ni contó con la tradicional guardia de honor militar, a diferencia de otros mandatarios latinoamericanos como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

El presidente colombiano llegó a la Casa Blanca a bordo de un vehículo del Servicio Secreto estadounidense con la bandera de Colombia. Desde la administración norteamericana, la portavoz Karoline Leavitt aseguró en una entrevista con Fox News que Trump ingresó a la reunión “con muy buena disposición”.

La cita fue la primera reunión cara a cara entre ambos presidentes y se produjo cuando Petro transita la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia prevista para el próximo 31 de mayo.

El tema central del diálogo fue el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se incrementó durante el Gobierno de Petro, mientras que el mandatario colombiano defiende su política de sustitución de cultivos ilícitos como una estrategia exitosa y de largo plazo.

Por parte de Estados Unidos participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. La delegación colombiana estuvo integrada por la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el embajador en Washington, Daniel García-Peña.

La reunión se dio tras un año de fuertes desencuentros entre ambos gobiernos. La administración Trump retiró a Colombia la certificación como país cooperante en la lucha contra las drogas, revocó el visado de Petro e incluyó al mandatario y a parte de su familia en la denominada “Lista Clinton”, lo que implica sanciones financieras por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Petro, por su parte, ha sido un crítico abierto de la política migratoria y medioambiental de Trump, así como de su postura frente a la guerra en Gaza. No obstante, el pasado 7 de enero ambos mantuvieron una conversación telefónica y acordaron retomar el diálogo, lo que derivó en el encuentro de este martes. Para concretarlo, el presidente colombiano debió recibir un visado especial del Gobierno estadounidense.

Con información de la agencia EFE

Luego de que el Gobierno de EE.UU. designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), el Departamento de Justicia estadounidense dio un giro en el plano judicial al rebajar esa figura a un “sistema de clientelismo” y eliminar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como líder de ese grupo narcotraficante.

El Departamento de Estado confirmó el 24 de noviembre de 2025 la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas tras haberlo catalogado en julio como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

La medida dio al Gobierno del presidente Donald Trump herramientas adicionales —sanciones financieras, persecución penal ampliada y cooperación internacional reforzada— para aumentar la presión contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Un grupo disputado

Aunque funcionarios estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de una red integrada por militares venezolanos —cuyo nombre alude a los soles que identifican el rango de los generales—, las investigaciones se formalizaron en marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

En ese momento, el Departamento de Justicia señaló a Maduro y a altos cargos del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello, como líderes de ese grupo narcotraficante, y ofreció recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Venezuela siempre negó de forma categórica la existencia del Cartel de los Soles y acusó a EE.UU. de fabricar un expediente para desestabilizar al país y derrocar al chavismo.

Para el centro de estudios InSight Crime, el Cartel de los Soles “no es un grupo jerárquico o ideológico. Su estructura está constituida por una red difusa de células instaladas dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia nacional, desde los rangos más bajos a los más altos”.

“Aunque el concepto se asocia principalmente con los sectores militares, también se han identificado otras ramificaciones del Estado incrustadas dentro del ecosistema criminal, incluyendo a cuerpos policiales, la rama ejecutiva y distintos funcionarios públicos”, añade.

Colombia también rechaza que se trate de una organización real. Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, ese cartel “no existe” y el tráfico regional de cocaína responde a redes criminales transnacionales con centros de operación fuera de Latinoamérica.

En contraste, los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, en línea con la Administración Trump, han reconocido al grupo como organización terrorista.

Desde agosto, EE.UU. mantiene más de 4.000 efectivos cerca de las costas venezolanas, junto a destructores, buques anfibios, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, en el marco de su lucha contra el tráfico de drogas que ha llamado 'Lanza del Sur'.

El Pentágono asegura que, en el marco de esa campaña iniciada en septiembre, ha destruido más de 30 embarcaciones y causado la muerte de más de un centenar de personas, a las que vinculó con el narcotráfico, en operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico.

Trump ha defendido públicamente el despliegue como parte de una ofensiva para “descabezar” el Cartel de los Soles, al que también acusa de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para enviar drogas a Estados Unidos.

Un giro clave en la acusación

Sin embargo, en la nueva imputación presentada por la Fiscalía estadounidense tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, desaparecieron la mayoría de las alusiones al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada.

A diferencia de la acusación de 2020 —en la que el término aparecía decenas de veces—, el documento actualizado solo lo menciona en dos ocasiones y ya no presenta a Maduro como su líder.

La Fiscalía mantiene los cargos por tráfico de drogas, pero ahora habla de un “sistema de clientelismo” en el que “poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de socios criminales”, y señala que esas ganancias van a funcionarios corruptos que “operan en un sistema dirigido desde la cima, conocido como el Cartel de los Soles”.

Tras su traslado a Nueva York, Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante la Justicia estadounidense este lunes. El mandatario venezolano se declaró no culpable y afirmó ser “un prisionero de guerra”.

Argentina declaró en agosto al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal

El Gobierno argentino dispuso en agosto pasado la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que depende del Ministerio de Justicia.

“Del lado correcto de la vida”, había destacado entonces el presidente Javier Milei al referirse al anuncio desde sus redes sociales.

“Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, había expresado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde sus redes sociales.

Por su parte, quien era ministro de Defensa, Luis Petri, había señalado que Argentina “dio un paso histórico al declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Con el presidente Milei protegemos a los argentinos y cerramos filas contra el crimen organizado que amenaza la región”, añadió en agosto desde sus redes sociales.

La acción se dio en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, adoptada en coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según el informó en aquel momento el Poder Ejecutivo, la decisión se fundamentó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

El objetivo era “fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado”, de acuerdo al texto difundido desde los canales oficiales.

También se proponía reforzar “la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales” y “reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”.

La inscripción en el RePET habilitó “la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Con información de agencias.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran desde este sábado por la noche en el Centro de Detención Metropolitano, ubicado en Brooklyn, según consignó The New York Times. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a ese medio, la pareja capturada sería trasladada antes a la sede de la DEA en Nueva York. El lunes deberían comparecer frente al tribunal que busca juzgarlos.

A lo largo y ancho del planeta, la mayor parte de los líderes mundiales han condenado la acción militar y la captura del mandatario venezolano y Flores. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la acción de Estados Unidos constituye un “precedente peligroso” para el mundo y llamó “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, en pleno respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”. Guterres afirmó, además, que le preocupa que “el derecho internacional no haya sido respetado”.

Desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta los gobiernos de Rusia y China condenaron la operación del gobierno de Donald Trump. En Francia, hubo críticas por parte del ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien dijo que “ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior”, hasta por la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien dijo que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.

También se sumó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien llamó a “respetar el derecho internacional”.

Sin embargo, Estados Unidos sostiene que tiene pruebas contra Maduro y una supuesta red de narcotraficantes que operaban junto al mandatario para introducir droga en el país del norte. Estas son ocho claves para entender de qué se acusará a Maduro y su esposa este lunes en Nueva York, según consta en el documento dado a conocer por la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de su cuenta en X. 

¿Quién acusa formalmente a Maduro en Estados Unidos?

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. El escrito en el que consta la acusación es firmado por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

¿Cuáles son los cargos formales contra el capturado presidente de Venezuela?

Maduro ha sido acusado de supuesta conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Su esposa, Cilia Flores, también es acusada al igual que altos funcionarios de Venezuela, como Diosdado Cabello.

¿Qué sostiene la acusación?

El fiscal de Nueva York afirma que durante más de 25 años, los líderes venezolanos “han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Según el fiscal de distrito, Maduro estaría al frente de esa corrupción y se ha asociado con sus presuntos cómplices “para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Estados Unidos sostiene que Maduro “ha manchado todos los cargos públicos que ha ocupado”: dice que como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, habría transportado grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas; que como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, habría proporcionado pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitado la cobertura diplomática de los aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

Luego, afirma que como presidente de Venezuela y “ahora gobernante de facto”, habría permitido “que la corrupción impulsada por la cocaína florezca para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

¿Quiénes son los otros acusados?

El fiscal de Nueva York asegura que estas supuestas operaciones de narcotráfico habrían enriquecido y consolidado “a la élite política y militar venezolana”, acusando especialmente al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y al ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. “Este narcotráfico a gran escala también ha concentrado el poder y la riqueza en manos de la familia de Maduro Moros, incluyendo a su esposa, la supuesta Primera Dama de Venezuela, Cilia Adela Flores de Maduro, y a su hijo, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’”, dice el documento analizado por elDiarioAR. 

Estados Unidos afirma que “este ciclo de corrupción basado en el narcotráfico llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a violentos narcoterroristas que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

¿Cuáles serían los supuestos vínculos con el narcotráfico?

La fiscalía sostiene que en diversas ocasiones y presuntamente desde 1999 o alrededor de esa fecha, funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro, se habrían asociado con “narcoterroristas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. “En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Además, la fiscalía sostiene que “las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”.

¿Cuál sería la supuesta ruta de la cocaína?

La llamaron “la ruta del Caribe”. La acusación habla de coca aportada por productores en Colombia, transportistas y distribuidores en Venezuela, y receptores y redistribuidores en los puntos de transbordo al norte.

El fiscal de Nueva York dice que enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México. Para 2020, aproximadamente, el Departamento de Estado estimó que “entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban anualmente a través de Venezuela”. Estados Unidos sostiene que los cargamentos marítimos se enviaban hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. Los envíos aéreos presuntamente se realizaban también, dicen en la acusación, desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente de tierra o hierba, y también desde aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos.

¿Por qué la acusación va más allá de Venezuela y Maduro?

En el escrito dado a conocer este sábado, la fiscalía sostiene que “a través de este narcotráfico, Nicolás Maduro Moros y miembros corruptos de su régimen facilitaron la corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región”. 

Los supuestos puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se basaban, dice el fiscal de Nueva York, en una “cultura de corrupción”, en la que se supone que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus ganancias a políticos que los protegían y ayudaban. 

A su vez, sostiene Estados Unidos, “estos políticos utilizaban los pagos generados por la cocaína para mantener y aumentar su poder político”. De igual manera, los políticos a lo largo de la “ruta del Caribe” eran corrompidos por los traficantes de cocaína, quienes les pagaban para protegerse del arresto y para permitir que traficantes favorecidos operaran con impunidad mientras traficaban cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. 

“Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también se beneficiaban del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo hacia Estados Unidos, donde la demanda y, por ende, el precio de la cocaína son más altos”.

¿Qué supuestos hechos concretos menciona la acusación en el caso de Maduro?

Estos son algunos de los hechos centrales atribuidos a Maduro en el escrito de acusación. La fiscalía dice que entre 2006 y 2008, aproximadamente, mientras se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro habría vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que “sabía que eran narcotraficantes” para ayudarlos a trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela bajo cobertura diplomática. 

Además, afirma que cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro habría facilitado el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. “En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero del narcotráfico. El avión regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”, sostiene el fiscal de Nueva York.

Luego, dice que entre 2004 y 2015, aproximadamente, Maduro y su esposa colaboraron para supuestamente traficar cocaína, gran parte de la cual había sido incautada previamente por las fuerzas del orden venezolanas, con la ayuda de escoltas militares armadas. 

La fiscalía asegura que durante este tiempo, el matrimonio habría mantenido “sus propios grupos de pandillas patrocinadas por el Estado, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”. Dice que Maduro y Flores también habrían ordenado “secuestros, palizas y asesinatos de quienes les debían dinero procedente del narcotráfico o que de alguna otra forma perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas”.

Entre octubre y noviembre de 2015, aproximadamente, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas —dos familiares de Maduro y Flores de Maduro— habría acordado, “durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA”, despachar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Maduro en el aeropuerto de Maiquetía. “Durante las reuniones grabadas con las fuentes, Campo Flores y Flores de Freitas explicaron que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos, describieron al Cártel de Los Soles, hablaron de una conexión con un ‘comandante de las FARC’ que supuestamente era de alto rango e indicaron que buscaban recaudar US$20 millones del narcotráfico para apoyar una campaña de Flores de Maduro en relación con las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de 2015”, dice la acusación.

En esa supuesta reunión, “Campo Flores se refirió a Maduro como su ‘padre’ y declaró que ‘lo que queremos es que recupere el control de la Asamblea Nacional’”. 

Alrededor de noviembre de 2016, Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados en un juicio en este Distrito por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Luego la acusación sostiene que alrededor de julio de 2019, poco después de que ciertos líderes de las FARC regresaran públicamente a las armas a pesar de la firma de los recientes acuerdos de paz con el gobierno colombiano, Maduro convocó a una conferencia de prensa grabada en video en la que anunció que las FARC y sus líderes eran bienvenidos en Venezuela.

MF

La defensa de José Luis Espert denunció ante la Justicia federal que la inhibición de sus cuentas bancarias en el marco de la causa que investiga su vínculo económico con el empresario Federico “Fred” Machado lo deja sin acceso a sus fondos y sin posibilidad de subsistir, una situación que calificó de extrema. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre”, advirtió su abogado en un escrito presentado ante el juzgado.

El planteo se produjo luego de que el Banco Central inmovilizara las cuentas del economista por orden judicial, impidiéndole depositar, transferir o extraer dinero, según sostiene la defensa. En la presentación, los abogados reclamaron que no figura en el sistema ninguna medida cautelar visible que justifique el bloqueo y exigieron al juez que informe quién ordenó la restricción, con qué fundamentos y bajo qué alcance, para poder ejercer una defensa efectiva.

La causa y el bloqueo patrimonial

La inhibición de las cuentas de Espert se da en el marco de la investigación que analiza el origen de los fondos con los que compró una casa en Beccar y un auto de alta gama, operaciones que quedaron bajo sospecha a partir de una denuncia penal y del seguimiento de transferencias vinculadas a Machado. En ese contexto, elDiarioAR reveló que Espert modificó en distintas oportunidades su versión sobre el origen del dinero, pasando de atribuirlo a una herencia familiar a justificarlo luego con ventas de bienes, renta financiera y facturación a empresas.

Esas inconsistencias patrimoniales, sumadas a omisiones en declaraciones juradas, llevaron a la Justicia a avanzar con medidas para preservar el patrimonio mientras se desarrolla la investigación, entre ellas la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas.

El avance de la causa generó alarma en el entorno de Espert, con intercambios internos y maniobras de contadores orientadas a justificar pagos y movimientos vinculados a Machado, algunos de los cuales quedaron bajo análisis judicial. La investigación también puso el foco en mensajes y comunicaciones que habrían sido borrados o “limpiados” en medio del escándalo, un dato que encendió alertas en el expediente.

“Morir de hambre”, el eje del reclamo

Más allá del fondo de la causa, el escrito presentado por el abogado Alejandro Freeland pone el acento en el impacto inmediato de la inhibición. Según sostiene, la imposibilidad de disponer de dinero no solo afecta su actividad económica sino que lo deja en una situación personal crítica. Para Espert, el bloqueo de sus cuentas no es una medida administrativa más, sino una pena anticipada que —afirma— lo priva de medios básicos antes de que exista una definición judicial sobre su responsabilidad.

“El Sr. Espert ha intentado hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BVVA y no le fue posible. Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S. No se puede depositar, transferir, extraer ni nada”, dice en un párrafo el escrito. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos, es condenarlo a morir de hambre”, concluye el escrito.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

MC

Durante años, José Luis Espert simuló haber tenido un vínculo puntual, sin ningún relieve, con Federico “Fred” Machado. Hace dos meses, abrumado por la evidencia, el entonces diputado y candidato admitió haber recibido un pago de US$200.000 en febrero de 2020 por una supuesta asesoría profesional a una firma minera guatemalteca, pero lo desligó por completo de cualquier sospecha de fraude o narcotráfico, delitos por lo que se acusa a Machado en Texas. Sin embargo, surgen pruebas en el expediente que tramita en un tribunal federal de San Isidro de que Espert se alteró cuando Machado fue detenido en Argentina, en abril de 2021, y que sus contadores se apresuraron a “limpiar antecedentes”.

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, por un pedido de extradición originado en una causa por narcotráfico y fraude de cientos de millones de dólares que investiga un tribunal federal de Texas. Dos años antes, en 2019, el empresario había aportado centenares de miles o incluso millones de dólares —las fuentes difieren en el monto— a la campaña presidencial de Espert, además de proveerle un avión privado y una camioneta Jeep Cherokee.

Ante el arresto de Machado, Espert apeló de urgencia al estudio contable Escobar, radicado en Pergamino, que había supervisado el contrato por US$1 millón con Minas del Pueblo, una de las firmas que utilizaba el presunto narco para girar dinero.

Los contadores del tradicional estudio Escobar entraron en fricción con Espert. “Nos mintió”, escribió una de ellas en el chat grupal. “Vos nos dijiste que era asesoramiento para restructurar la deuda pública y creímos (que) era con el Estado”, le reprochó Mercedes Armendrares, la profesional que llevaba la contabilidad del entonces aspirante a diputado nacional y sus hermanos. El diálogo, ocurrido el 25 de abril de 2021, días después de la detención de Machado, consta en intercambios de whatsapp que están incorporados a la causa producto de los allanamientos solicitados por el fiscal Fernando Domínguez y aprobados por el juez Lino Mirabelli, ambos del fuero federal de San Isidro.

“Buen día, tengo un tema delicado”, le escribió Fernando Escobar, titular del estudio pergaminense, a su colega Mariano Cosentino, socio de la firma BA Estudio, de Buenos Aires. Era el 26 de abril de 2021. Machado pasaba sus primeros días en una prisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche y Espert acusaba a sus rivales de derecha y ultraderecha de haberle armado una operación para desplazarlo de la carrera legislativa de ese año.

Cosentino evaluó el caso y respondió a Escobar cinco horas más tarde, a las 16. “Uf, qué cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Leí todo y está todo revinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo (Machado). ¿Querés que te llame para ayudarte a pensar?”.

Finalmente, ambos contadores aceptaron tomar el caso para realizar un “diagnóstico” y un “informe con sugerencias”. Evaluaron cobrarle hasta US$5.000 a Espert, pero finalmente le facturaron $150.000, unos US$1.500 de mayo de 2021.

Cosentino tomó la posta y mantuvo varias reuniones con Espert y sus abogados. El 8 de mayo, le escribió a Escobar: “Locura, recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas, me pasas sueldo de JLE y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien”.

Varianza es una firma creada por Espert y su esposa, Mercedes González, en diciembre de 2019, semanas después de la elección presidencial en la que el candidato del Frente Despertar obtuvo 1,4% de los votos. Días antes, la pareja había comprado una casa de 450 metros cuadrados en Beccar, con piscina y quincho, y en marzo siguiente, el economista adquirió un BMW valuado en unos US$80.000.

Locura, recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas, me pasas sueldo de JLE y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien

Mariano Cosentino, contador de José Luis Espert

En medio de esas compras, Espert recibió los US$200.000 de Minas del Pueblo por la consultoría que nunca realizó. Ése es el único pago de Machado a Espert del que hay prueba documental hasta ahora, además los aportes en especias de la camioneta y el avión. El contrato con Minas del Pueblo estipulaba giros por US$1 millón y hay testigos e indicios que apuntan a aportes millonarios durante 2019.

Una contadora del estudio mantuvo una larga charla con Espert cuando el estudio Escobar brindó el informe final y compartió su sensación al grupo: “Agotador JLE. ¡Que paciencia!”.

“Tremendo”, “un desastre”

Mercedes “Mechi” González solicitó a los mismos contadores que le armaran la “justificación de los fondos de 2021”. Un año después, en junio de 2022, Espert —ya diputado— pidió darse de baja de todos los impuestos y pasar a la categoría de monotributista.

El nexo entre Espert y Machado volvería a la superficie por las notas de este diario a partir de julio de este año. El Estudio Escobar se volvió a alterar. “Tremendo”, “un desastre”, comentaban sus integrantes mientras el caso crecía. Relataban paso a paso en el whatsapp grupal: “Están allanando la casa de Espert”, “le dieron con Tuti en la tele”.

A comienzos de octubre, con el caso en llamas, Mariano Cosentino volvió al ruedo. La esposa de Espert le pidió las declaraciones juradas de varios años para atrás. El estudio de Pergamino le envió a su colega de Buenos Aires toda la documentación referida a los manejos económicos de Espert.

En 2023, los hermanos Alejandra, Gustavo y José Luis Espert habían conformado el fideicomiso Encuentro de Castello, estructurado por el estudio Escobar. Los dos primeros temieron que el expediente Machado los afectara, pero Cosentino llevó tranquilidad. “La sociedad no tiene nada que ver”, les dijo en una reunión virtual del 8 de octubre pasado. Alejandra estaba “indignada” con su hermano José Luis.

El estudio Escobar trató de cortar amarras con José Luis Espert. “Le dije (a Cosentino) adelante de ellos (Alejandra y Gustavo) que aquí lo de JLE no lo llevamos más”, informó la contadora Armendrares a sus colegas el mismo día.

No sería tan fácil. “Allanaron el estudio”, informó lacónica Armendrares a sus compañeros. Ocurrió lo propio con el domicilio de Ignacia Escobar, hija del titular de la firma. Fernando Escobar subió el tono, aparentemente contra Espert. “Qué tipo hijo de re mil putas. Arrastra a mucha gente, sin comerla ni beberla”, escribió.

Espert le había ofrecido a Fernando Escobar la candidatura a intendente de Pergamino en 2019. Premonitoriamente, el contador, adherente radical, rechazó el convite. “¡Le dije que no!”, informó a sus colegas y empleados el 21 de junio de 2019. No sabía lo que le esperaba.

Ignacia Escobar dijo a este medio que nadie del estudio había intervenido para maquillar o borrar pruebas del nexo entre Espert y Machado, y negó cualquier vínculo con las causas que tienen al primero imputado por lavado de dinero en el juzgado de San Isidro, y al segundo, por narcotráfico en Texas. Cosentino, en tanto, declinó hacer comentarios.

Nuevos allanamientos

El jueves, Domínguez llevó a cabo el allanamiento de una propiedad y un comercio de Cosentino en Parque Leloir e Ituzaingó, y de la sede del fideicomiso Encuentro de Castello, de los hermanos Espert, en Pergamino.

Los allanamientos a Cosentino surgieron del contenido comprometedor de los whatsapps del estudio Escobar, mientras que el de la empresa de los hermanos Espert estaba demorado desde mediados de octubre, debido a una intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada, quien reemplazó a su colega Mirabelli unos días, sostuvo que esa firma estaba protegida por la inmunidad que le correspondía a Espert en tanto diputado, en una interpretación laxa de esa garantía.  

El fiscal Domínguez presentó un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la inmunidad de allanamiento de oficinas y propiedades de legisladores nacionales. Entendió que la protección constitucional previene el arresto, pero no la posibilidad de allanar oficinas, y menos aún, un domicilio de un fideicomiso que Espert comparte con sus hermanos. Por otra parte, la propia Cámara de Diputados había autorizado a requisar la oficina de Espert en el Congreso. Según Domínguez, el hecho de que la inmunidad de allanamiento sólo alcance a legisladores nacionales y no, por ejemplo, a un presidente, constituye una diferencia ante la ley que no está prescripta en la Constitución.

El planteo no fue tratado y el juez Mirabelli autorizó el allanamiento recién cuando el mandato de Espert concluyó el 10 de diciembre.

Prima facie, el registro de las oficinas del fideicomiso de los hermanos Espert no arrojó ningún resultado relevante. De todas formas, entre el contrato de Espert con Minas del Pueblo, lo ya recolectado en otras requisas y evidencias clave por analizar, como los celulares y computadoras de Machado, la prueba acumulada en el expediente es sólida y podría haber novedades próximamente, indicó una fuente con acceso a la causa.

slacunza@eldiarioar.com

SL

¿En qué estaban pensando los marineros cuando decidieron embarcarse en un viaje del que temían no sobrevivir? ¿Cómo se despidieron de sus seres queridos antes de partir? ¿Qué les llevó a aceptar una misión así? Para la Policía brasileña, las respuestas a esas preguntas siguen siendo tan desconocidas como la identidad de los marineros.

De lo único que están seguros los investigadores es del propósito de la nave: un ‘narcosubmarino’ con aspecto de mazmorra que, según ellos, estaba a pocos días de comenzar una odisea infernal de tres semanas cruzando el Atlántico con cientos de kilos de cocaína para Europa.

“Podrías pagarme todo el dinero que quisieras y te confieso que no me metería en una travesía tan delirante”, dice Fernando Casarin, el jefe de la Policía Federal de Brasil al mando de las fuerzas especiales que en mayo capturaron al narcosubmarino antes de salir del Amazonas.

“Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo”, agrega Casarin, cuya jurisdicción abarca el extenso estado de Pará, en norte del país, donde el submarino fue encontrado en un astillero clandestino de la isla de Marajó.

Beneficios gigantescos

En realidad, los narcosubmarinos son semisumergibles artesanales donde solo la cabina sobresale de la superficie. Los capos colombianos comenzaron a utilizarlos en la década de los 80 para transportar cocaína de contrabando por el Caribe hacia México y Estados Unidos.

En los últimos tiempos, los jefes del crimen se han vuelto mucho más ambiciosos fabricando naves de fibra de vidrio capaces de transportar cantidades enormes de cocaína a miles de kilómetros de distancia hasta las costas de Portugal y España.

Según Casarin, los gigantescos beneficios que genera el tráfico de la cocaína explican cómo es posible que los delincuentes sudamericanos sigan utilizando submarinos a pesar de los riesgos. En la frontera de Brasil con Colombia, principal productor mundial de cocaína, el kilo de esta droga se vende a un precio que oscila entre los 1.000 y los 2.000 dólares (entre 850 y 1.700 euros). En Europa, donde el consumo está en auge, esa misma cantidad se puede vender por unos 60.000 dólares (unos 51.100 euros). Un submarino que se las arregle para dejar cinco o seis toneladas de droga de contrabando en Europa podría generar a sus propietarios entre 200 y 250 millones de dólares (entre 170 y 213 millones de euros). “Las ganancias son astronómicas”, dice Casarin.

Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo

Fernando Casarin — Jefe de la Policía Federal de Brasil

Javier Romero, periodista español y uno de los principales cronistas de la industria de los narcosubmarinos, sospecha que los capos sudamericanos inauguraron a finales de los años 90 la ruta transatlántica. Pero la policía no confirmó su existencia hasta 2019, cuando interceptaron el primer artefacto de este tipo frente a la Península Ibérica, después de que sus tres ocupantes soportaran una pesadilla de 27 días desde su punto de partida en la Amazonía brasileña.

Según Romero, que escribe en La Voz de Galicia, el fenómeno se ha intensificado en los últimos meses de manera notable, con “un repunte de la actividad” en el verano, cuando el número de alertas de narcosubmarinos que llegaban a la Policía Nacional pasó de una cada tres meses a más de cinco avisos por mes.

A mediados de septiembre, la Policía española detuvo a tres sospechosos de origen colombiano y se incautó 3.500 kilos de cocaína que habían sido entregados en la costa gallega, aunque el narcosubmarino no estaba a la vista.

Una nave claustrofóbica

Tres meses después de la captura del narcosubmarino brasileño en Marajó, el periódico The Guardian ha podido acceder a la nave de 18 metros de eslora.

Entrar en su estrecha sala de control por la diminuta escotilla es una experiencia claustrofóbica y escalofriante, incluso estando en tierra firme. El espacio de descanso está compuesto por dos estrechas literas de madera a ambos lados del puente de mando. Un parabrisas de plástico era la única ventana al mundo de los marineros mientras avanzaban entre las olas para llegar a Europa a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Osvaldo Scalezi, que dirige la división antidroga de la Policía Federal brasileña, explica que el mayor riesgo de viajar en un narcosubmarino es asfixiarse, y no ahogarse en el mar, como asume la mayor parte de la gente. “Hay un motor muy potente ahí dentro y los tubos de escape están fabricados de forma muy rudimentaria; no hay nada que impida que los gases de combustión se filtren en el barco y los maten a todos por asfixia”, dice.

En la proa de madera, donde habrían almacenado las drogas, están las únicas comodidades de las que habría disfrutado la tripulación durante su travesía transatlántica de 6.000 kilómetros: un depósito de agua potable de 700 litros, un congelador y un aire acondicionado portátil para aliviar el calor en este sofocante aparato, similar a un invernadero.

Imagínese pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total

Javier Romero — Periodista en La Voz de Galicia

Mientras observa el casco de madera y fibra de vidrio, Casarin compara la temeraria expedición del narcosubmarino con la de los astronautas estadounidenses que protagonizaron el primer alunizaje en nuestro satélite natural en 1969. “Es algo de ese nivel”, dice: “Es una vida loca de piratas”.

Una industria global

De color azul y sin nombre, la nave de Marajó fue descubierta dos meses después de que en marzo se capturara un semisumergible casi idéntico cerca de las Azores. En esa operación conjunta participaron autoridades portuguesas, españolas, estadounidenses y británicas. Además de seis toneladas de cocaína, transportaba a cinco hombres, tres de los cuales eran brasileños de la región de Pará.

Según Casarin, la detención de esos tres brasileños refuerza la idea de que Pará y el estado vecino de Amapá se están convirtiendo en “un centro de construcción de este tipo de naves”. En opinión de Romero, las remotas selvas y manglares de la región son el lugar ideal para ocultar los “astilleros clandestinos” que construyen los narcosubmarinos.

Pero Pará no es ni mucho menos el único lugar de Sudamérica donde se fabrican estas naves y Europa tampoco es el destino más lejano.

Henry Shuldiner, investigador de Insight Crime y autor de un informe reciente sobre los narcosubmarinos, recuerda en una conversación con The Guardian cómo a finales de 2024 la policía colombiana interceptó un semisumergible cruzando el Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, una travesía que como mínimo lleva el doble de tiempo que la de Europa. En enero de 2025, dice Shuldiner, apareció un narcosubmarino hundido en las costas de Sierra Leona, lo que reforzó su creencia de que la industria de los narcosubmarinos se está extendiendo por el mundo.

Los narcosubmarinos generan miles de millones en ganancias, pero poco de ese dinero llega a los marineros que los pilotan a través del Atlántico. Casarin estima que los marineros brasileños ganan entre 30.000 y 50.000 reales (entre 4.800 y 8.000 euros) por un viaje de este tipo. Según Romero, autor del libro sobre narcosubmarinos Operación Marea Negra, a los marineros ecuatorianos del primer barco incautado en Europa les ofrecieron unos 15.000 dólares (unos 12.800 euros).

“El narcotráfico es una industria de explotación, siempre lo ha sido”, dice Romero, que llama “ataúdes propulsados por hélices” a las destartaladas embarcaciones. “Imagina pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, atraviesa un momento clave en su proceso judicial en Estados Unidos. El juez del Distrito Sur de Texas le dio un plazo de cinco semanas –hasta el 15 de diciembre– para decidir si se declarará culpable y colaborará con la investigación o si enfrentará un juicio por jurado el próximo año. 

La ventana de tiempo que le abrió la justicia norteamericana a Machado surge como la primera medida desde que fue extraditado desde Argentina la semana pasada. Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, el empresario habría liderado una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, con operaciones en Argentina, Uruguay, México y Estados Unidos. La trama incluía el uso de empresas pantalla, transferencias millonarias y compraventa de aeronaves, un rubro en el que Machado desarrolló buena parte de su fortuna.

El proceso judicial de Machado se aceleró en octubre tras la revelación de elDiarioAR de su vínculo con José Luis Espert, a quien le transfirió US$200.000 como parte de un acuerdo mucho más abultado. Espert finalmente renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y aunque Machado estaba detenido desde abril de 2021, la noticia generó que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Javier Milei habilitaran su extradición a EE.UU., lo que se efectivizó la semana pasada.

Ahora Machado debe decidir su estrategia judicial. De acuerdo a los últimos avances de la causa, si el empresario no comunica su decisión antes del 15 de diciembre, perderá el beneficio de una reducción en la condena por aceptar responsabilidad. En caso de declararse culpable, podría negociar una pena menor a cambio de información relevante sobre las operaciones financieras y los socios involucrados en la red. Esa es la puerta que le abrió el juez federal de Texas Bill Davis, lo que según supo este medio, se trata de un procedimiento habitual en la justicia norteamericana.

Si Machado decide ir a juicio, el proceso se realizará en 2026 en el Distrito Sur de Texas, donde otros implicados en la misma causa ya recibieron condenas. Es el caso de la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, que enfrenta una pena de 16 años.

Machado permanece detenido en una prisión federal de Texas, donde fue presentado ante el juez apenas horas después de su llegada al país. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera audiencia reclamó asistencia médica y acceso a sus medicamentos.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando este medio descubrió, en una serie de notas, su relación con Espert. Además de haber financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo. Incluso hay relaciones con la entonces gestión presidencial de Mauricio Macri.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables. Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funciones dentro del Congreso, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

MC

En una ciudad atravesada por la violencia narco y la desigualdad, la Iglesia busca tender puentes entre el Poder Judicial y los barrios más golpeados. Este sábado, en la sede de la Comunidad Padre Misericordioso —parte de la red del Hogar de Cristo— se lanzó en Rosario la Pastoral Judicial, una iniciativa que apunta a “humanizar la justicia” y acercarla a las realidades de exclusión.

El encuentro fue convocado por el arzobispo Eduardo Eliseo Martín y reunió a representantes de los tribunales provinciales y federales junto con organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de encierro y adicciones. Participaron, entre otros, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco, de la Corte Suprema de Santa Fe, y el juez Alejandro Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal.

La Pastoral Judicial nació en el conurbano bonaerense bajo el impulso del obispo de San Justo, Eduardo García, y ahora empieza a replicarse en otras diócesis del país. Su propósito, explicó García, es generar espacios de diálogo entre magistrados y comunidades vulnerables: “Tenemos que trabajar juntos con el poder judicial para que aquel que por su condición social es víctima no termine despedazado por los cuatro costados como Tupac Amaru”.

Durante la jornada, integrantes de la Comunidad Padre Misericordioso compartieron sus testimonios sobre el consumo problemático y la recuperación comunitaria. “Perdemos el físico, la mente y el espíritu por culpa de la droga”, resumió uno de ellos.

El ministro de la Corte santafesina Daniel Erbetta recordó una antigua práctica judicial: “Teníamos una acordada que obligaba a los jueces —incluso a los de la Corte— a visitar las cárceles. Es hora de retomar eso: los presos son responsabilidad de los jueces”.

En la misma línea, Falistocco señaló que fue “el propio Jesucristo quien incluyó entre las obras de misericordia visitar a los presos”. También participó Virginia Barreyro, directora de la DCAEP del Ministerio Público de la Defensa, quien remarcó la necesidad de articular el trabajo institucional con las comunidades “poniendo en el centro la dignidad de cada persona”.

El cierre estuvo a cargo del padre Fabián Belay, referente de la Pastoral de Adicciones, que sintetizó el sentido del encuentro: “El crimen está organizado. Necesitamos organizar el bien”.

Con el encuentro rosarino, la Pastoral Judicial suma una nueva escala en su camino nacional: un intento de acercar jueces, obispos y militantes barriales en una ciudad donde la justicia y la fe buscan hacerse cuerpo frente a la violencia y la indiferencia.

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña en 2019 de José Luis Espert, y de ser uno de los responsables de financiar la campaña de 2019 de José Luis Espert, una relación que fue revelada por elDiarioAR y que le costó al aún diputado (hoy de licencia) su postulación como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El financista partió este miércoles en un vuelo regular de la compañía United Airlines, rumbo a Houston, Estados Unidos, como parte del proceso de extradición.

Machado permaneció alojado en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hasta el momento en que fue llevado por la pista hasta el avión Boeing 777-200, escoltado por tres oficiales de los US Marshals, fuerza federal norteamericana encargada de custodiar y trasladar a detenidos y fugitivos que deben ser juzgados en los Estados Unidos.

El vuelo de la compañía norteamericana despegó desde Ezeiza a las 22.15 y arribó a Houston, Texas, pasadas las 5.

Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

Fue detenido en abril del año 2021 en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. Recién este año y tras la revelación periodística, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando elDiarioAR descubrió, en una serie de notas del periodista Sebastián Lacunza, su relación con Espert. Además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de US$200.000 en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

La advertencia a Caputo y Milei antes de partir

“A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”. Así contó Machado su relación con el Gobierno antes de ser detenido, en la entrevista brindada a la agencia NA días atrás.

En la nota también apuntó con visible “bronca y decepción acumulada” contra el diputado licenciado Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

El empresario también detalló presuntos vínculos que involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Sobre Bullrich, describe una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023.

Machado habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa de la familia Bada Vázquez (dueños de Lácteos Vidal), desde donde se habrían derivado al menos 215.000 dólares a la campaña de la entonces candidata.

En cuanto a Weretilneck, Machado lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su encuentro y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli, a través de una secretaría a cargo de la pareja del gobernador.

Con información de agencias.

IG

Federico “Fred” Machado, el empresario argentino acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de ser uno de los responsables de financiar la campaña de 2019 de José Luis Espert es extraditado este miércoles 5 por la noche. La relación entre ambos fue revelada por elDiarioAR y le costó al aún diputado (hoy de licencia) su postulación como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

El domingo pasado fue trasladado por la Policía Federal desde Viedma a Buenos Aires. Desde el aeropuerto internacional de Ezeiza será extraditado a Estados Unidos por un grupo de policías norteamericanos, según detalló Patricia Bullrich. El traslado está a cargo de un equipo de U.S. Marshals, fuerza federal norteamericana encargada de custodiar y trasladar a fugitivos. Según trascendió, Machado partirá a Houston, Texas, este miércoles a las 22.05 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo de un vuelo de United Airlines.

Machado fue detenido en abril del año 2021 en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. Recién este año y tras la revelación periodística, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando elDiarioAR descubrió, en una serie de notas, su relación con Espert. Además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

MC

La operación más sangrienta en años contra el narcotráfico en Brasil desató una ola de alarma en los países limítrofes. Luego de que al menos 132 personas murieran en un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, las autoridades de la Argentina, Paraguay y Bolivia anunciaron medidas extraordinarias de control y vigilancia en sus fronteras.

En Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de una supuesta “teoría del desbande” y reveló que este miércoles tuvo contacto con sus pares brasileños y paraguayos. Ya había anunciado desde la Casa Rosda una “alerta máxima” en todos los pasos fronterizos con Brasil, aunque no abundó en detalles.

“La lógica es que haya un desbande de 4 o 5 veces más la gente que fue detenida o asesinada o muerta”, dijo Bullrich en A24, pero rápidamente aclaró: “'Nosotros no tenemos ninguna información ni ningún hecho que preocupe a los ciudadanos argentinos”. Anticipó que la medida no afectará a los turistas. En una orden firmada y publicada en la red X, instruyó a las fuerzas de seguridad a utilizar un “manual de reconocimiento de señas” para identificar posibles integrantes de organizaciones narcoterroristas y a reforzar la cooperación con Brasil y Paraguay. Lo que apuntó la funcionaria es que ordenó a los agentes a revisar si hay viajantes con algunas de las señas características de Comando Vermelho, como tatuajes o marcas en la piel.

En Paraguay, el presidente Santiago Peña convocó al Consejo de Defensa Nacional (Codena), que declaró la “alerta” en la zona de la triple frontera y ordenó “acciones conjuntas y comunicación permanente” con los gobiernos de Argentina y Brasil.

El Codena informó que se reforzaron los controles migratorios, el patrullaje y la inteligencia en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, donde operan células vinculadas históricamente al crimen organizado brasileño. “La idea es reforzar todas las comisarías de los departamentos que están vinculados a la frontera de Brasil”, señaló el ministro del Interior, Enrique Riera, quien confirmó la participación de las fuerzas militares en el operativo.

También en Bolivia se encendieron las alarmas. El presidente electo Rodrigo Paz pidió al gobierno saliente de Luis Arce que disponga medidas inmediatas para evitar el ingreso de criminales provenientes de Brasil. “El resguardo de nuestras fronteras y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser una prioridad nacional”, expresó en un comunicado.

Bolivia comparte con Brasil una frontera de casi 3.500 kilómetros y en septiembre pasado se conoció que Sérgio Luis de Freitas Filho, alias “Mijão”, uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), había vivido en el país con identidad falsa, un caso que reavivó las sospechas sobre la presencia de redes del narcotráfico brasileño.

La operación que detonó la reacción regional fue lanzada el martes por unos 2.500 agentes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, zonas empobrecidas del norte de Río de Janeiro donde viven unas 200.000 personas. Según la Defensoría Pública brasileña, al menos 132 personas murieron —entre ellas cuatro policías— y 113 sospechosos fueron detenidos. Se decomisaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

Los enfrentamientos se extendieron durante horas y dejaron escenas de guerra urbana: bosques cercanos amanecieron plagados de cuerpos tiroteados, y vecinos denunciaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. El Gobierno regional de Río solo ha confirmado oficialmente 119 fallecidos.

Con información de agencia EFE

MC

Mientras familiares y residentes de las favelas de Río de Janeiro denuncian ejecuciones y desapariciones durante la operación policial realizada el martes (Operação Contenção) contra una facción criminal en la zona norte de la ciudad, el gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó como un “éxito” el operativo en el que al menos 132 personas murieron.

“Exceptuando la vida de los policías (fallecidos), el resto fue un éxito”, afirmó Castro, gobernador de Río de Janeiro, pese a que se trata del operativo más letal en la historia de Río, con decenas de muertos y fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y autoridades del gobierno federal.

Castro, dirigente del Partido Liberal (PL) y aliado del expresidente Jair Bolsonaro, durante una conferencia de prensa realizada el miércoles, sostuvo que el operativo representó un “duro golpe al crimen organizado” y permitió desarticular parte del liderazgo del Comando Vermelho, una de las facciones más poderosas del narcotráfico en Brasil.

El gobernador informó que, además de los cuatro policías muertos, otras 54 personas fallecidas eran “criminales” vinculados al Comando Vermelho. Sin embargo, cifras divulgadas por la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, encargada de ofrecer asistencia legal gratuita a la población, elevan el número de víctimas a 132, luego de que decenas de cadáveres fueran recuperados durante la madrugada por vecinos de las favelas afectadas. Se trata de la mayor cantidad de muertos en un solo operativo desde que se tiene registro en la ciudad.

Una de esas víctimas es Wellington Brito, de 21 años, cuyo cuerpo, según relata Folha do Sao Paulo, fue hallado por su propia madre, con las muñecas atadas. “Dejaron morir a mi hijo”, dijo Taua Brito.

Vecinos y organizaciones de derechos humanos vienen denunciando una “masacre” por parte de la policía y denuncian que muchos cuerpos fueron encontrados con signos de tortura. Es el caso de la manicura Beatriz Nolasco, también citada por el mismo medio, quien relató haber encontrado el cuerpo de su sobrino, Yago Ravel, de 19 años, decapitado. “Fue una masacre”, dijo la mujer.

Parte de esas escenas quedaron registradas en la plaza del Complejo da Penha, donde los vecinos y familiares fueron llevando los cuerpos encontrados tras el operativo policial. Allí, frente a una guardería, se fueron acumulando más de 60 cadáveres.

La abogada Flávia Fróes, quien representa a los familiares de las víctimas, aseguró que muchos cuerpos presentaban disparos en la nuca, signos de tortura y puñaladas.

“Muchos de los abatidos estaban en un área de bosque próxima a las favelas de la Penha y del Alemão, donde se concentró la operación. No creo que hubiese alguien paseando en el bosque en un día de enfrentamiento”, argumentó Castro, quien admitió que podrían existir “errores residuales” en la clasificación de los muertos. “Si hay errores, serán mínimos”, agregó.

Castro se solidarizó únicamente con las familias de los policías fallecidos, a quienes definió como las “únicas verdaderas víctimas” del enfrentamiento. También rechazó responder a las críticas de figuras del oficialismo nacional, entre ellas ministros del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y dijo que no pretende entrar en una “batalla política” ni en una “polarización ideológica” sobre la violencia en Río.

De acuerdo con el gobierno del estado de Río de Janeiro, la acción tenía como objetivo detener a líderes del Comando Vermelho sospechados de organizar ataques contra agentes de seguridad. La intervención se desplegó en un extenso perímetro que abarcó las comunidades de Complexo da Penha, Complexo do Alemão y áreas boscosas colindantes, donde se produjeron intensos tiroteos durante más de doce horas.

El secretario de Seguridad de Río de Janeiro, Victor dos Santos, defendió la acción asegurando que “todos los fallecidos eran sospechosos armados” y que el uso de la fuerza fue “proporcional”. Pero habitantes de las favelas denunciaron que entre las víctimas habría civiles sin vínculos con el crimen, y relataron episodios de allanamientos irregulares, ejecuciones extrajudiciales y obstrucción al trabajo de socorristas.

Críticas y preocupación por derechos humanos

Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y el Instituto Marielle Franco, reclamaron una investigación independiente sobre lo ocurrido. “El número de muertes y la falta de transparencia son alarmantes. Brasil no puede seguir tolerando operaciones que terminan con decenas de cuerpos en las calles”, señaló Amnistía en un comunicado.

Desde Brasilia, el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, expresó “profunda preocupación” por la magnitud del operativo y recordó que la Corte Suprema de Brasil mantiene restricciones sobre el uso de la fuerza policial en favelas durante acciones planificadas. En 2020, el Supremo Tribunal Federal había limitado las incursiones armadas en comunidades durante la pandemia por su alto costo en vidas civiles, pero las operaciones volvieron a intensificarse en los últimos dos años.

El presidente Lula da Silva evitó pronunciarse directamente, aunque miembros de su gabinete insistieron en la necesidad de revisar la política de seguridad pública de los estados. En contraste, Castro reiteró que mantendrá la estrategia actual y defendió la “autonomía estadual” frente a las críticas del gobierno federal.

Contexto de violencia crónica

Río de Janeiro registra algunos de los índices de letalidad policial más altos del país. Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), en 2024 murieron más de 1.300 personas en acciones policiales, cifra que representa casi una quinta parte del total nacional. Los enfrentamientos se concentran principalmente en comunidades pobres controladas por facciones del narcotráfico o por grupos parapoliciales conocidos como milicias.

Para sectores progresistas, el discurso del gobernador Castro refuerza una lógica de “guerra” que perpetúa la violencia estatal en los barrios populares. “Llamar éxito a una operación con más de cien muertos es naturalizar la barbarie”, señaló la diputada estadual Renata Souza, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), quien pidió la creación de una comisión parlamentaria para investigar los abusos.

Mientras tanto, en las favelas del norte carioca, familiares buscan identificar a las víctimas y reclaman por los cuerpos aún desaparecidos. Las calles de la Penha y del Alemão permanecen custodiadas por fuerzas de seguridad, en un clima de tensión y duelo.

CRM

Una gran operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro causó este martes por lo menos 64 fallecidos y 81 detenidos, en la que ya es la acción policial más sangrienta realizada en esa ciudad de Brasil, informaron fuentes oficiales.

El operativo, para el que se movilizaron unos 2.500 agentes, comenzó a primera hora de este martes en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río, y aún estaba en curso, según la Policía Civil.

El objetivo de la acción es detener a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil, y frenar la expansión territorial de la facción.

El Comando Vermelho se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía.

De los al menos 64 fallecidos contabilizados hasta el momento en la operación de este martes, 60 son civiles, supuestamente sospechosos, y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad.

Esta es ya la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro.

Hasta ahora, la más sangrienta de Río fue el 6 de mayo de 2021, cuando murieron 28 personas, entre ellas un uniformado, en la favela de Jacarezinho, en medio de graves denuncias de abusos de poder por parte de la Policía.

El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, calificó la operación de este martes como “la mayor” realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del crimen organizado de Brasil.

Castro aclaró que la operación aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

Medios locales informaron que integrantes del Comando Vermelho montaron barricadas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad. En numerosas avenidas fue cortado el tránsito y todos los cuerpos policiales de la ciudad fueron movilizados.

Castro aseguró, y mostró unos videos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos puntos de las favelas.

También fueron incautados más de medio centenar de fusiles de asalto y “una cantidad enorme de drogas”, según dijo el gobernador en declaraciones a CNN Brasil.

La operación provocó además el cierre temporal de colegios, cortes en algunas de las arterias viales de la ciudad, afectando a la circulación de un centenar de líneas de autobús, y la suspensión de los trabajos en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, entre muchos otros trastornos.

Con información de la agencia EFE

El Gobierno de EE.UU. aprobó este viernes sanciones contra Gustavo Petro, “por vínculos con el narcotráfico”, en lo que supone un paso más en su escalada contra el presidente colombiano.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se disparó a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, afirma el secretario del Tesoro, Scott Bessent: “El presidente Petro permitió el florecimiento de los cárteles de la droga y se negó a detener esta actividad. Y el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

La medida se toma en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, explica el Departamento del Tesoro, y llega después de varios ataques personales de Trump a Petro y de que EE.UU. le retirara el visado al ex presidente colombiano por participar en una manifestación en Nueva York contra el genocidio israelí en Gaza en la semana de la Asamblea de Naciones Unidas.

Según la Administración Trump, Gustavo Petro “otorgó beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de 'paz total', entre otras políticas, lo que llevó a niveles récord de cultivo y producción de cocaína. El 15 de septiembre de 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus secuaces, el presidente Trump determinó que Colombia es un importante país de tránsito o de producción de drogas ilícitas y que está 'incumpliendo manifiestamente' sus responsabilidades en materia de control de drogas”.

Petro fue sancionado “por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

El Tesoro también sanciona al hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos (Nicolás Petro); la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García; y Armando Alberto Benedetti Villaneda (Armando Benedetti) “por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”.

La consecuencia de las sanciones es que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas sancionadas también quedará bloqueada. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas sancionadas”.

Del Caribe al Pacífico. EE.UU. está extendiendo las ejecuciones extrajudiciales de supuestos “narcoterroristas” con el hundimiento de una supuesta narcolancha, este martes, en el “Pacífico Oriental”, cerca de las costas colombianas, según informó el secretario de Guerra –antes Defensa–, Pete Hegseth.

“Ayer, a las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo Hegseth, sin aportar pruebas de ese narcotráfico, ni del lugar exacto del ataque ni de las identidades de las personas asesinadas: “Nuestros servicios de información sabían que el buque estaba implicado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tránsito del narcotráfico y transportaba droga. Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.

“Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, añadió Hegseth, sin tampoco facilitar pruebas que demuestren el puerto de salida de la embarcación y el supuesto puerto de llegada.

“Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sentenció.

Este pasado domingo, Hegseth comunicaba un otro ataque contra una embarcación el pasado 17 de octubre. Hegseth señalaba en una publicación en X que esta embarcación estaba relacionada a la guerrilla del “Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, y que tres ocupantes habían sido asesinados en el ataque en “aguas internacionales”.

Hegseth aseguraba, sin pruebas, que esos ocupantes asesinados extrajudicialmente eran “terroristas” que portaban “un monto substancial de narcóticos”, y los llamó “la Al Qaeda del Hemisferio Occidental”.

Asesinados o puestos en libertad

Donald Trump está acumulando fuerzas militares cerca de Venezuela y autorizó operaciones encubiertas en el país. Mientras tanto, sigue hundiendo embarcaciones con personas a bordo que son ejecutadas extrajudicialmente con la justificación de que cargan con droga, sin aportar una sola prueba de ello, ni tampoco del puerto de salida ni del supuesto puerto de llegada.

Mientras la Administración Trump es capaz de matar a 34 personas extrajudicialmente en aguas internacionales, al mismo tiempo decide devolver a Colombia y Ecuador a los dos supervivientes del ataque el jueves pasado a un supuesto narcosubmarino.

Y una vez que eso ocurre, resulta que la fiscalía ecuatoriana decide no procesar al superviviente entregado por el Ejército de EEUU, según informa The New York Times.

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a los Estados Unidos, el empresario Federico “Fred” Machado rompió el silencio en una entrevista periodística en la que reveló que mantuvo contacto con el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Si hablo, se cae el país”, amenazó el supuesto narcotraficante que firmó un contrato por US$1.000.000 con José Luis Espert y le hizo una transferencia por US$200.000 durante la campaña electoral de 2019, lo que le valió ahora al economista renunciar a su carrera política, tras la revelación de elDiarioAR.

En ese marco, se supo que la extradición a los Estados Unidos del empresario y piloto acusado además de lavado de activos y estafa ya tiene fecha oficial: será el próximo 5 de noviembre. La confirmación llegó a través de una comunicación de Interpol a la justicia federal de Neuquén, poniendo punto final a un largo proceso judicial. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, el traslado se realizará desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea comercial, bajo un estricto operativo de seguridad que se terminará de definir en los próximos días.

Machado, quien actualmente permanece detenido en una delegación de la Policía Federal en Viedma, será entregado a las autoridades estadounidenses luego del fallo de la Corte Suprema y la posterior aprobación del Poder Ejecutivo.

La advertencia a Caputo y Milei

“A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”. Así contó Machado su relación con el Gobierno antes de ser detenido, en la entrevista brindada a la agencia NA.

En la nota también apuntó con visible “bronca y decepción acumulada” contra el diputado Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

El empresario también detalló presuntos vínculos que involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Sobre Bullrich, describe una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023.

Machado habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa de la familia Bada Vázquez (dueños de Lácteos Vidal), desde donde se habrían derivado al menos 215.000 dólares a la campaña de la entonces candidata.

En cuanto a Weretilneck, Machado lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su encuentro y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli, a través de una secretaría a cargo de la pareja del gobernador.

Con información de agencia NA

MC