La productora de hidrocarburos Tecpetrol, subsidiaria del Grupo Techint, entabló días atrás una demanda por $134.200 millones (US$96 millones) contra la empresa estatal Energía Argentina SA (ENARSA), dependiente de la Secretaría de Energía, a raíz de supuestas facturas impagas e intereses punitorios, según la agencia estadounidense de noticias financieras REDD, que accedió al expediente judicial.

La denuncia de la empresa de Paolo Rocca fue radicada en el juzgado 6 del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, y ya pasó por una mediación prejudicial, que fracasó. El reclamo de US$96 millones se suma a otro por US$640 millones en concepto de subsidios a la producción de gas que fue entablado en 2019, originado en un presunto cambio en las condiciones de un contrato decidido por el Gobierno de Mauricio Macri, cuando le tocó enfrentar una crisis financiera.

Tecpetrol alega que ENARSA acumuló decenas de facturas impagas o abonadas parcialmente por el gas natural entregado u ofrecido en el segundo semestre de 2023, y a lo largo de 2024 y 2025, en el marco del programa Plan Gas Ar, informó el periodista Sebastián Lacunza en REDD.

La firma de Rocca no respondió consultas sobre su presentación judicial.

El Plan Gas Ar fue lanzado en diciembre de 2020 y estableció un precio en el orden de los US$3,5- US$4 por millón de BTU, la unidad de medida que se utiliza para la comercialización del gas. Ese precio fue mucho más economico que el costo de importar desde Bolivia o a través de barcos con gas licuado y, a la vez, reactivó la producción porque a las empresas del sector (YPF, Totalenergies, Tecpetrol, Pampa Energía y otras) les resultó redituable.

Diferentes rondas del programa extendieron contratos hasta diciembre de 2028. La llegada de Javier Milei a Casa Rosada supuso el final de las licitaciones del Plan Gas Ar, porque el Ejecutivo se propone transitar a un esquema de libre comercio entre privados. Sin embargo, la Secretaría de Energía se comprometió a cumplir los contratos ya firmados.

El silencioso reclamo de la subsidiaria de Techint se da tras meses en los que Milei acusó a Rocca y otros empresarios “prebendarios” de ser “chorros”, “coimear” a Gobiernos y organizar un golpe de Estado en 2025. La última andanada de acusaciones contra “Chatarrín” (Rocca) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar, Fate) por supuestamente perpetrar un “ataque a los argentinos” tuvo lugar el 10 de marzo pasado, en la apertura de la Argentina Week que organizó el Gobierno en Nueva York para atraer inversiones.

Rocca, dueño de una fortuna de US$ 7.300 millones según la revista Forbes, prácticamente no respondió en público a las agresiones del mandatario, pero la demanda judicial de Tecpetrol tiene una lectura inequívoca de que el grupo se prepara para acelerar la batalla.

La presentación a la que tuvo acceso REDD, incorporada al expediente el 3 de marzo pasado, indica que la firma solicitó una mediación prejudicial con la Secretaría de Energía, que no llegó a buen puerto, algo previsible porque esas negociaciones se dieron en el momento en que el Presidente puso al dueño de Techint en la mira.

El texto de la demanda indica que ENARSA transfirió “de manera tardía montos parciales de las facturas emitidas y en algunos casos, no ha cancelado facturas íntegras”.

El núcleo del reclamo se origina en que el Plan Gas Ar estipula la modalidad take-or-pay. Ello significa que las productoras tienen la obligación de ofrecer un volumen determinado y que, si no se consume en su totalidad, igual debe ser pagado, porque el despacho de gas varía, por ejemplo, por razones climáticas. Según el texto de Tecpetrol, el Estado no le abonó el equivalente a cerca de 313 millones de metros cúbicos de gas. Sobre el monto supuestamente adeudado, la presentación calcula intereses de 150% anual, según lo acordado en el contrato.

El presunto no pago por parte del Estado dejó a “la empresa gravemente perjudicada por la falta de retiro y pago de los volúmenes comprometidos”, indicó la agencia estadounidense citando documentos judiciales.

Desde 2024, primer año del Ejecutivo ultraderechista, la Cámara de Exportación y Producción de Hidrocarburos (CEPH) realizó varios reclamos administrativos ante la Secretaría de Energía por supuestas demoras en el pago del gas de “demanda prioritaria”, que es el que se entrega para consumo domiciliario y las centrales térmicas de generación eléctrica, y cuyo precio fijó el Plan Gas Ar.

Dentro de la organización que agrupa a empresas nacionales y extranjeras hay posturas agresivas y otras amigables hacia el Gobierno, lideradas estas últimas por YPF, cuyo presidente, Horacio Marin, muy cercano a Milei, fue casualmente directivo de Tecpetrol durante tres décadas. En general, las compañías coinciden en que la demora afecta la liquidez para afrontar inversiones y el flujo normal de trabajo, y los más críticos argumentan que el Gobierno usa esos fondos que presuntamente no paga para maquillar el superávit fiscal.

Una fuente del sector disocia el reclamo juidicial de Tecpetrol/Techint del conflicto entre Rocca y Milei, y en cambio le da un marco netamente económico y jurídico. La misma fuente apunta que hay otras productoras de gas en proceso de negociación e incluso algunas están formalizando la queja.

Ante los reclamos de las empresas, el coordinador de la Secretaría de Energía y virtual encargado del área, Daniel González, dijo meses atrás que el Gobierno no respondería “operaciones”.

Según el escrito de Tecpetrol, ENARSA habría incumplido sus obligaciones de compra mínima por 61,7 millones de metros cúbicos de gas en 2023, 40,1 millones en 2024 y 212,5 millones en 2025.

El monto reclamado de US$96 millones incluye intereses hasta el 26 de enero pasado. A partir de entonces, Tecpetrol sostiene que deben sumarse nuevos sobrecargos.

La nueva demanda se monta sobre un juicio que Tecpetrol inició en 2019 contra el Estado nacional, en reclamo por US$640 millones de otro plan de subsidios organizados durante el Gobierno de Mauricio Macri para la producción de gas, conocido como Resolución 46. Ese programa benefició a Tecpetrol por sobre ninguna otra empresa. La productora de Rocca se transformó entre 2016 y 2018 en el principal productor privado argentino de gas.

En suma, Tecpetrol recibió US$ 1.500 millones en subsidios por la Resolución 46 e invirtió US$ 1.900 millones. Cuando, en 2018, Macri se enfrentó a la crisis de deuda externa y debió pedir auxilio al FMI, la Secretaría de Energía intentó poner un freno a los subsidios ilimitados que había acordado el ministro Juan José Aranguren. Tecpetrol entendió que le cambiaban las reglas de juego e inició una demanda ante el fuero contencioso administrativo federal, y citó a su favor la opinión de Aranguren y de su sucesor, Javier Iguacel, quienes resistieron la interpretación de la Resolución 46 que hizo Gustavo Lopetegui, uno de los funcionarios más allegados a Macri que intentó frenar la canilla abierta de fondos desde el Estado hacia la productora de gas de Techint. Fue una de las internas más sonoras del Ejecutivo de Cambiemos.

Milei llegó a Casa Rosada cargado de elogios de Rocca y de sus aportes durante la campaña electoral. La demanda por US$ 640 millones, resistida durante los Gobiernos de Macri y Alberto Fernández, hibernó hasta la segunda mitad del año pasado, que se empezó a mover.

En diciembre pasado, Rocca se quejó de que uno de sus principales competidores con los que convive en la CEPH, Pan American Energy (PAE), manejado por la familia Bulgheroni, organizara una licitación para la construcción de tubos para la exportación de gas en la que habilitó propuestas de empresas de una docena de países, algo inédito en un mercado en el que Tenaris, firma de Techint, reinó durante décadas. La adjudicataria para el proyecto Southern Energy, liderado por PAE, resultó la india Welspun por US$ 200 millones, y a partir de allí se inició la cadena de agravios del Presidente al accionista de Techint.

No obstante, Tecpetrol, tercera generadora de gas detrás de YPF y Totalenergies e incipiente actor en el mercado del petróleo, es una de las beneficiarias de la reducción de impuestos para la producción de hidrocarburos establecida en el régimen integral para grandes inversiones (RIGI), por lo que el balance de su relación con el Gobierno es mixto.

En siderurgia, corazón histórico de Techint, el negocio en Argentina retrocede, pero en gas y petróleo, abre nuevos horizontes de ganancias.

El “patrimonialismo” es materia de estudio de Fernando Haddad. En 2016, mientras se desarrollaba el proceso de destitución de Dilma Rousseff, el actual ministro de Economía de Brasil y excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores enmarcó sus efectos:

“Un gran equívoco del PT sería éste: subestimar el carácter patrimonialista del Estado brasileño. Hay un error en hablar de corrupción sistémica o de lobby en Brasil. La corrupción en el país es más grande que sistémica, y es el corolario de nuestro patrimonialismo. Afirmar que la corrupción, aquí, es sistémica puede dar la impresión de que sería posible un patrimonialismo no corrupto”

Continuó Haddad, referente de la izquierda universitaria de su país, citado en el número de enero de la revista Piauí.

“No hay lobby en el patrimonialismo. El lobby supone por lo menos dos lados, si no en una mesa cuadrada, por lo menos en un mostrador. En el patrimonialismo, el poder político es el poder económico —‘los dueños del poder’, en la definición de Raymundo Faoro—que se sientan a una mesa redonda. No se distinguen los lados. En un contexto como ése, no hay víctimas, excepto los que no están a la mesa; hay negocios”.

La figura de los “dueños del poder”, en cuanto a un poder político indistinguible del económico, es esencial para comprender parte de la historia latinoamericana. En algunos países, la alternancia en el manejo del Estado se entiende por diferencias internas de la elite, e incluso familiares. No es sólo una cuestión de las naciones más pobres de América.

En Chile, cuarta economía de Sudamérica, la Unión Democrática Independiente (UDI), uno de los dos grandes partidos legados por el pinochetismo —ahora son varios más—, es referida como la formación “gremialista”. Su mentor, el ultraderechista Jaime Guzmán, creó en la década de 1960 el concepto para sintetizar a los “cuerpos intermedios de la sociedad”, “despolitizados”, “técnicos”, entre ellos, las representación empresarial. Eso, en los papeles de la cátedra de la Universidad Católica de Chile. Con la deriva del pinochetismo y la UDI, el lenguaje político afinó la idea. El “partido gremialista” pasó a ser inequívocamente el de la elite económica vinculada al Opus Dei y los Legionarios de Cristo.

Con el correr de la democracia, el otro partido de naturaleza pinochetista, Renovación Nacional (RN), compartió la representación de los intereses del empresariado. A la hora de la propuesta, la educación le tocaba al dueño de la universidad privada más lucrativa; la salud, al de la clínica más importante de Santiago. De hecho, el único presidente de derecha electo por voto popular desde el retorno de la democracia hasta 2025, Sebastián Piñera (RN), era uno de los empresarios más acaudalados del país.

La hora de los CEOs

La historia “patrimonialista” fue distinta en Argentina. La identidad común entre las elites económica y política funcionó hasta que dejaron de cometer fraude electoral. El voto libre consagró primero a la UCR y luego al peronismo. La línea de tiempo de ambos movimientos albergó vertientes a izquierda y derecha, liberal-conservadoras, de centro, socialdemócratas, más allá y más acá. No fueron partidos de “dueños”. Sus dirigentes del siglo XX, nacidos mayormente de la clase media, las universidades públicas, la inmigración y los sindicatos, negociaron, confrontaron, pactaron, se dejaron infiltrar, se corrompieron y fueron víctimas del “poder real”. En la definición del brasileño Haddad, el lobby actuó sobre los dos partidos mayoritarios, pero la democracia argentina no fue “patrimonialista”. Grosso modo, hubo una mesa cuadrada, con partes en relativa tensión. Claro que el acceso de los dueños a las sillas gubernamentales encontró atajos con las dictaduras. La última —la genocida— elevó a Martínez de Hoz como una cara indisociable del poder agrario y financiero.

El ascenso de Mauricio Macri marcó un punto de inflexión en democracia. Se trató de un apellido icónico de la “patria contratista”, aunque de relación conflictiva con sus pares. No accedió tanto una “clase” como el proyecto cuentapropista de un gran empresario, metódico, que empezó por Boca Juniors y terminó en Casa Rosada. Antes que con “dueños”, el fundador del PRO llegó al Ejecutivo junto a directivos de empresas, ONG y vertientes más o menos innovadoras de la derecha.

A los CEOs del Gobierno de Macri les habría venido bien comprar un jean en la peatonal de Berazategui

La etiqueta “Gobierno de los CEOs” agradó al macrismo como símbolo de profesionales exitosos en el mundo privado, de esos que nunca compraron un jean en Argentina y “se la jugaron por el país”. Una teoría vulgar, propia de la radio que suena en el taxi, dijo que como Macri y su equipo eran millonarios, no tenían ningún otro interés que el buen gobierno. De hacer negocios personales, ni hablar.

La hora del soez

Faltó calle —les habría venido bien a los CEOs comprar un jean en la peatonal de Berazategui—; sobraron dogmas, pulsión por la deuda y lucro negociado del mismo lado del mostrador, o en la mesa redonda, describiría el brasileño Haddad. La frustración fue tan estrepitosa, que pudo presumirse que sería la última experiencia de un Gobierno de CEOs, pero Milei llegó para darle una vuelta de tuerca, recargada, con nuevo sentido.

El soez proclama a los cuatro vientos la victoria sanadora del salvajismo del capital sobre la “política inmunda”. La aventura tiene contornos patrimonialistas, pero tampoco es equiparable a la historia de las elites latinoamericanas, ni a la combinación de conservadurismo y “saber técnico” (gremialista, según el chileno Guzmán) de Macri.

Milei es el hijo maleducado de un empresario prebendario, que pasó por las aulas de la Universidad de Belgrano, protagonizó una pobre hoja laboral y tiene un tuit fijado que acusa al Grupo Clarín de extorsionar para hacer negocios. Acaba de declarar una supuesta guerra a “Chatarrín”, Techint, con argumentos similares.

Ambos grupos, Clarín y Techint, juegan en liga propia. El primero, por su prevalencia inusitada en el mundo de los medios, combinada en las últimas tres décadas con un poderío en el área de las telecomunicaciones que lo sentó a la mesa del gran capital como uno más. El segundo, por volumen de facturación, proyección internacional y cantidad de empleados. El conglomerado de Paolo Rocca tiene fierros que sobresalen en el firmamento argentino.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín

Hay periodistas y políticos que podrían ponerse a algunas de las dos empresas —Techint o Clarín—como un segundo apellido. Acaso el agronegocio como conjunto pueda competir en ese terreno. Por nombrar un ejemplo de poca monta, si alguien dijera Silvana Giudici de Clarín, nadie se alteraría.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín. Daba en el blanco. Algunos de los apuntados siguen en funciones.

La influencia de Techint transcurre por vías más discretas. Nunca se corroboró, por ejemplo, que el imperio de Rocca hubiera asistido a un grupo mediático conservador en una crisis financiera de principios de este siglo en un volumen tal que lo tornó socio de facto. Sin embargo, hay indicios inequívocos de su influencia. Existen medios y editorialistas que ponen la lucha del libre mercado contra el Estado elefantiásico en un altar. También lo hace Paolo Rocca, de allí la prodigalidad de sus alabanzas y su apoyo efectivo al ascenso de Milei. Bastó que Techint perdiera la primera licitación de construcción de caños de acero para la industria hidrocarburífera en muchas décadas, para que surgieran voces impensadas sobre la necesidad de ir de a poco, de no llevar al país a un suicidio en el camino al deseable fin del proteccionismo.

Caben las preguntas si el experimento de Milei podría definirse como un modo de patrimonialismo y cuánto tiene de real la puja del Gobierno ultraderechista con los poderosos Clarín y Techint.

La conformación del gabinete y el mecanismo de decisión gubernamental apuntan trazos de un poder económico sin intermediarios, algo así como un “patrimonialismo” clásico, pese al carácter plebeyo del propio Milei y de parte de su entorno (Karina, Spagnuolo, Lemoine, Pettovello, Gordo Dan). Las posiciones en Trabajo, Salud, Energía y Agro fueron delegadas a las respectivas industrias, lo que no las exime de intereses contrapuestos propios de cada sector.

La foto más nítida y acompasada es la del ministerio de Economía y el Banco Central, que bien podrían sintetizarse como una megacartera de Finanzas. El equipo surgió de diferentes camadas del JP Morgan que luego se volcaron a sus propios fondos de inversión y forjaron nuevas sociedades, dato crucial en un ciclo de financiarización de la economía internacional, en el que la renta se acumula sobre ingenierías financieras creadas para solventar otras ingenierías financieras —todo es comercializable, desde los despidos, el banco de horas de las enfermeras, el riesgo ambiental, los préstamos a insolventes—, y así hasta el infinito.

Delegación por ausencia

Milei es relatado por testigos como ausente de la gestión cotidiana. Esos testimonios y la mera observación de su utilización del tiempo denotan ensimismamiento en batallas de Twitter, sus perros, los premios vergonzantes que se hace entregar en Miami y Madrid, los whatsapps que les manda en tiempo real a los conductores de TN, LN+ y A24, y, si los tribunales lo demuestran, el 3% y oportunidades estilo $LIBRA que administraría su hermana.

Este diario informó tempranamente, antes de la asunción del economista de la Libertad Avanza en Casa Rosada, cómo los estudios jurídicos corporativos redactaban la que luego se conoció como ley Bases y el mega-DNU que encauzaron todo el mandato. Un puñado de bufetes, de esos que cobran cientos de dólares por hora, trabajaron desinteresadamente en beneficio del Estado. Otro ciclo de “jugarse por el país”.

Milei y el ministro Federico Sturzenegger dirían que ellos promueven el libre mercado mediante desregulaciones draconianas, hasta el punto de generar resistencia en nichos anquilosados, lo que sería lo contrario al gobierno de las corporaciones, al menos de la elite local.

El alcance de la sumisión pavloviana de la política exterior y comercial a los dictados del trumpismo —no sólo indisimulada, sino que festejada por el mileísmo— está por verse. Podría tratarse de un “patrimonialismo” con sede en otro país que, por las nuevas dinámicas tecnocapitalistas, prescinde algo de la elite local, nunca del todo. Es explícita la sintonía entre Milei y el tecnoempresario argentino más famoso, Marcos Galperín, que se traduce en la extensión de beneficios impositivos anuales por cientos de millones de dolares, cuya lógica económica es cuestionada incluso por miradas ortodoxas. Algunos avanzan —José Luis Manzano— y otros aparecen —Leonardo Scaturicce—. Por ahora, la apertura bajo normas estadounidenses es sellada en acuerdos anegados por el secretismo, que tienden a asfixiar la mera posibilidad de una producción industrial, científica y tecnológica local, aunque para ello está siendo más efectiva la motosierra que corta presupuestos clave y desfinancia la investigación.

Todo indica que la prioridad de la Casa Blanca es bloquear el comercio y los proyectos estratégicos con China. Sin embargo, los caños que amenazan a Techint son chinos o tienen componentes de ese origen. El tiempo dilucidará cuánto de la voluntad del trumpismo se corona, y cuál será la respuesta de Pekín, principal destino de exportaciones argentinas y una de las primeras fuentes de inversión extranjera.

El liderazgo del grupo que comanda Héctor Magnetto, impuesto por sofocación de la competencia, alcanza todos los formatos de medios. El negocio del infoentretenimiento está en plena reconfiguración y Clarín parece haber parado la pelota. En años recientes, se desprendió de emisoras del interior del país y cerró productos digitales y gráficos.

Con la dictadura, Papel Prensa; con Alfonsín, Radio Mitre; con Menem, la televisión abierta y el cable; con Néstor Kirchner, el virtual monopolio de la TV paga y un avance decisivo en provisión de internet; con Macri, el salto a Telecom, nueva escala económica.

Forcejeos en grado de tentativa

Llegó Milei. Hay presuntos forcejeos. Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista y las tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas críticas de Marcelo Bonelli, investigaciones como la reciente sobre $LIBRA y otros contenidos que aparentemente enojan al irascible.

El interés primordial de Clarín en los años de Milei es la compra de Telefónica por parte de Telecom, lo que le otorga dominio en el mercado de telefonía móvil y consolida la preeminencia en internet y TV paga: inaprobable con cualquier criterio de libre competencia.

Milei fijó el tuit “la gran estafa argentina”, enojado con la pretensión de Clarín, pero su Gobierno, en los hechos, habilitó la fusión, que marcha viento en popa. Telecom y Telefónica unificaron balances, management y criterios comerciales. Aunque hay un expediente abierto en la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), cada día que transcurre, la operación se torna más irreversible. En la hipótesis de que en algún momento se termine el pacto evidente que habilita contenidos de odio oficialista en segmentos centrales del grupo —un motivo podría ser el dictamen de la ANC—, los tribunales podrán dar curso automático a las previsibles cautelares, y los años pasarán.

Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista pura y dura, y tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas y contenidos que aparentemente enojan al irascible mandatario

La pérdida de mercado en el segmento de caños sin costura y la provisión de acero en general puede significar un duro golpe para Techint, que ningún Gobierno se atrevió a habilitar. Sin embargo, el conglomerado de Rocca tiene otro pilar en el negocio de los hidrocarburos con Tecpetrol. Es uno de los tres principales productores de gas en Argentina y está camino a serlo también en petróleo.

A Techint le corren las generales de la ley, con una Secretaría de Energía volcada a aprobar adhesiones al régimen de grandes inversiones (RIGI) que benefician principalmente a empresas locales: YPF, Pan American Energy (Bulgheroni), Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía (Mindlin). Algunos de esos proyectos ya habían sido anunciados antes de la asunción de Milei en Casa Rosada. Con una rebaja excepcional de impuestos y libre acceso y disponibilidad para girar utilidades al exterior, los grandes jugadores locales están encantados con el RIGI y van por más.

En evaluaciones de firmas internacionales, hay segmentos de la producción de gas y petróleo en Argentina en los que la carga impositiva ya está entre las más bajas de América Latina, aunque siguen siendo un problema el costo de financiamiento y la logística. La Secretaría de Energía anunció que planea extender los beneficios del RIGI a toda la producción de gas y petróleo. Maná del cielo que hace un tiempo no barajaba el accionista petrolero más optimista.

Tecpetrol le suma un apéndice de negociación que pasa por debajo del radar. En 2019 entabló un juicio al Estado por un supuesto cambio en las reglas de juego para el pago de un subsidio para la producción de gas en Vaca Muerta, dispuesto por el Gobierno de Macri en 2018, cuando se le quemaron los papeles. Entre 2016 y 2020, la empresa de Rocca invirtió US$1.900 millones en su proyecto de gas Fortín de Piedra y recibió US$1.500 millones de subsidio. Pretende otros US$640 millones por vía del reclamo judicial.

¿La defensa legal del Estado estará actuando como corresponde ante un reclamo de esa magnitud?

SL

slacunza@eldiarioar.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec se produjo en buenos términos y descartó que existan motivos ocultos detrás de su renuncia. Según explicó, la decisión estuvo vinculada a cuestiones técnicas relacionadas con la metodología del índice de inflación y no a presiones externas.

En declaraciones televisivas, Luis Caputo negó que el Fondo Monetario Internacional haya intervenido en la modificación de la medición y aseguró que la desvinculación de Marco Lavagna se dio de manera consensuada. Detalló que existía un plan para aplicar cambios metodológicos en una etapa de desinflación, con plazos previamente anunciados, aunque ese proceso terminó demorándose. En ese contexto, atribuyó parte de la controversia a cuestionamientos políticos impulsados por sectores que, según dijo, buscan que al país “le vaya mal”.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo además que la situación del Indec no tuvo impacto en la gestión del presidente Javier Milei. También reveló que mantuvo contacto con Marco Lavagna luego de su salida y que el exfuncionario le manifestó su malestar por las versiones que circularon, al tiempo que se mostró dispuesto a realizar una aclaración pública para despejar dudas.

Por otra parte, Luis Caputo se mostró optimista sobre el rumbo económico y anticipó que este año el país podría crecer cerca de un 4%. En ese marco, afirmó que los salarios mejorarán y que tanto la inflación como la pobreza continuarán en descenso. “Se recuperó la esperanza”, expresó, y destacó que el actual gobierno logró sacar a millones de argentinos de la pobreza.

El ministro también remarcó la llegada de inversiones y el retorno de jóvenes que habían emigrado, al señalar que se trata de un cambio estructural orientado a reducir impuestos y atraer capitales. A su vez, sostuvo que la administración libertaria debe actuar con empatía hacia los más de 47 millones de argentinos.

Consultado por la polémica en torno a los precios de la indumentaria, luego de admitir que compra ropa en el exterior, Luis Caputo afirmó que fue sincero y defendió la apertura del sector al sostener que ahora puede competir, pese a las diferencias de precios entre productos locales e importados. En ese sentido, consideró que en un esquema de economía cerrada, como el de gestiones anteriores, no se generaba crecimiento.

Finalmente, el ministro se refirió a los cuestionamientos del empresario Paolo Rocca tras la pérdida de una licitación vinculada a Vaca Muerta y negó la existencia de competencia desleal. “Techint es una compañía sólida y tiene margen para volver a participar en futuras licitaciones”, concluyó.

Con información de medios

JIB

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, publicó una carta en la que fijó su postura sobre la licitación de tubos que perdió su empresa a manos de un grupo indio.

Con el título, “Desafíos para una Argentina Competitiva”, ponderó cómo hacen los países para defender los países ante el comercio desleal y destacó que el grupo Techint puso en marcha inversiones por US$5.400 millones en la Argentina durante los últimos tres años.

La carta completa

“He leído con atención los comentarios del presidente Milei y las intervenciones de sus ministros sobre la conducta de Tenaris en ocasión de una licitación de tubos de conducción para SESA, un importante proyecto para la exportación de LNG desde Argentina.

“Querría aclarar algunos aspectos relevantes de nuestra posición sobre este asunto:

1. La licitación

“SESA es una empresa privada que licitó la provisión de 137 mil toneladas de tubos de acero de 36” de diámetro, con recubrimiento anticorrosivo.

Tenaris es una empresa privada que participó con una oferta de 2.090 dólares por tonelada, un precio equivalente a los valores en las principales economías libres como Estados Unidos o Europa, y consistente con los costos directos e indirectos de nuestra operación en Argentina.

Al ser informados de que había otra oferta a menor precio por parte de un proveedor de origen indio, y siguiendo una práctica absolutamente lícita y habitual en el marco de una relación entre privados, propusimos reducir nuestro precio un 24% hasta igualar la oferta india, y lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo aunque no resulte rentable para este negocio en particular.

SESA, actuando en el pleno respeto de sus reglas internas, decidió adjudicar el proyecto al proveedor indio. Perdimos entonces una licitación importante, que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura.

El nivel de precios de este proyecto resulta inferior al de proyectos anteriores, cuando el precio del acero y el petróleo en el mundo era el doble que el actual, impactado por la pandemia y por la invasión de Rusia a Ucrania“.

2. El mercado mundial del acero

“La industria siderúrgica y sus derivados atraviesan un escenario global de fuerte sobrecapacidad, impulsado por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos que no operan bajo reglas de mercado. Frente a esta situación, aparece la lógica reacción defensiva de las principales economías occidentales aplicando aranceles, cuotas y acciones anti-dumping que buscan evitar que el comercio desleal afecte sectores estratégicos como el siderúrgico, relevante para toda la cadena de valor industrial.

Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes (incluida la Argentina). Europa aplica una salvaguarda que combina cuotas y aranceles que ascenderán al 50%. México y Canadá actúan en la misma dirección con aranceles en el orden del 35% y 50%, respectivamente. Brasil también, frente a un incremento relevante de las importaciones desde China, ha introducido una salvaguarda que aplica cuotas y aranceles del 25%. Incluso la India aplica una salvaguarda contra las importaciones de acero. El freno a la exportación de acero chino de manera directa o indirecta -vía terminación en terceros países- en estas grandes áreas económicas, está provocando un desvío de excedentes comerciales a precios de dumping hacia países relativamente más abiertos, como es hoy la Argentina.

En el acuerdo recientemente firmado entre Argentina y Estados Unidos hay dos secciones muy relevantes sobre la aplicación de reglas del juego en el comercio:

Alineación en materia de seguridad económica: Argentina reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países. Ambos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes.

Empresas estatales y subsidios: Argentina se ha comprometido a abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.

Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería“.

3. El Grupo Techint en la Argentina

“La actual administración ha logrado resultados importantes en la recuperación de la economía, bajando la inflación, reduciendo la dimensión del Estado y asegurando el equilibrio fiscal, lo que ha generado una baja del riesgo país y un fuerte apoyo del gobierno de Estados Unidos. También ha logrado un sólido respaldo en las elecciones de medio término, y tiene abierto el camino para implementar reformas esenciales para promover la competitividad de los sectores productivos que hoy tienen que soportar una carga tributaria muy superior a la de sus competidores. Adicionalmente, las empresas actúan hoy en un contexto de relaciones laborales y de informalidad.

Las empresas del Grupo Techint han apoyado directamente la acción de la actual administración en todas las oportunidades de diálogo en el país y en el exterior, y manifestado su confianza con inversiones relevantes en la Argentina. Como Grupo invertimos en el país 1.400 millones de dólares en 2024, 1.600 millones en el 2025 y tenemos comprometidos 2.400 millones para el 2026, que ya están en curso.

Proyecto VMOS, Techint Ingeniería y Construcciones Proyecto VMOS, Techint Ingeniería y Construcciones

“Hacia adelante, apostamos a una Argentina que pueda también crecer en su actividad industrial y competir en el mundo. Un ejemplo es Tenaris que exporta actualmente el 70% de su producción en Campana. Para lograrlo es muy importante que el sector privado tenga un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las políticas de inserción en el comercio mundial y las reformas esenciales para la competitividad de las empresas.

La construcción de industrias competitivas demanda conocimiento que se incorpora a lo largo del tiempo, recursos humanos calificados, innovación y tecnología, inversión sostenida, compromiso con la comunidad y mucha determinación. Este es el camino que muchas empresas han recorrido en todos los sectores. El Grupo Techint seguirá apostando por el desarrollo de la Argentina como lo ha venido haciendo desde hace 80 años“.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Luis Caputo eligió una defensa política e ideológica para explicar el conflicto abierto con Techint tras la licitación de tubos de acero que el conglomerado de Paolo Rocca perdió en manos de una compañía india. En simultáneo, el ministro de Economía avaló un nuevo auxilio financiero de Estados Unidos que permitió a la Argentina cumplir con un vencimiento clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos frentes, el ministro de Economía recurrió a una serie de definiciones públicas que buscaron desactivar críticas, pero que expusieron las tensiones de fondo del programa económico.

“No es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó Caputo este lunes al referirse a la polémica por la licitación que ganó una empresa de la India y que dejó afuera al principal grupo siderúrgico argentino. El ministro insistió en que la decisión no estuvo dirigida contra Techint y rechazó que exista un enfrentamiento con el empresariado local: “No es Techint sí o Techint no. Es si el Estado paga lo que corresponde o vuelve a pagar sobreprecios”.

En la misma línea, defendió el proceso al sostener que “cuando hay competencia real, los precios bajan” y que el Gobierno no está dispuesto a convalidar esquemas heredados. “Durante años se naturalizó que el Estado pagara más caro. Eso se terminó”, remarcó. “Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. ¿Qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron para que lo pague la gente. Unos 4000 dólares salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A US$ 1400. Fijate la diferencia del modelo”, dijo en radio Mitre.

La empresa india Welspun se quedó con el contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. Son El 500 kilómetros de tubos a cargo del consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía.

Ropa cara e inflación

El ministro también puso el foco en el sector textil como uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que considera distorsiones de larga data en la economía argentina. “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”, afirmó sin matices, y sostuvo que los precios locales estuvieron históricamente inflados por un esquema de protección que “benefició a muy pocos y perjudicó a millones de consumidores”. En esa línea, Caputo defendió la apertura de importaciones y cuestionó los aranceles y restricciones que protegieron a la industria: “Durante años se usó el argumento del empleo para justificar precios absurdos”, dijo, y agregó que el Gobierno no está dispuesto a sostener sectores que “no sean competitivos a nivel internacional”.

Luego Caputo volvió a poner un número sobre la inflación de enero, que se conocerá en los próximos días: “Seguramente esté en torno al 2,5%”, dijo sobre una estadística que está estancada en los dos puntos. En diciembre se alzó a 2,8% y acumuló en todo 2025 una variación de 31,5%. “Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales”, subrayó.

Nuevo rescate de EE.UU.

Mientras el ministro relativizaba el conflicto con Techint, el frente externo volvía a mostrar hasta qué punto la estabilidad financiera depende de apoyos extraordinarios. El Tesoro de Estados Unidos, bajo la conducción de Scott Bessent, giró a la Argentina US$ 808 millones mediante una operación con Derechos Especiales de Giro (DEGs), que permitió pagar los intereses al FMI sin recurrir a las reservas en dólares del Banco Central.

Caputo no ocultó la importancia de esa asistencia y la justificó como parte de una relación fluida con Washington. “Tenemos un diálogo permanente y muy constructivo con el Tesoro de Estados Unidos”, señaló, y destacó que la operación permitió “cumplir con el Fondo sin generar un impacto negativo en las reservas”. Según el ministro, este tipo de mecanismos financieros “ordenan el programa” y le dan previsibilidad al esquema cambiario.

La ayuda de Bessent no fue un hecho aislado. Es la tercera intervención directa en pocos meses, luego de un giro de US$ 1.185 millones en octubre y de la habilitación de un swap por US$ 2.500 millones. En Economía lo presentan como una señal de respaldo político al rumbo de Milei, pero el dato concreto es que sin ese auxilio el pago al FMI habría absorbido una parte sustancial de los dólares comprados por el Banco Central en enero.

El calendario inmediato agrega presión. En febrero está prevista una nueva visita del FMI para realizar la segunda revisión del acuerdo por US$ 20.000 millones firmado en abril del año pasado. El organismo llega en un contexto delicado: aunque el Banco Central logró comprar más de US$ 1.100 millones en enero, las reservas siguen siendo un punto sensible y el propio Fondo monitorea de cerca el ritmo de acumulación.

MC

En medio de la escalada del conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, publicó una columna de opinión en el diario Clarín en la que salió a respaldar al empresario y a reivindicar el rol de las grandes compañías y de sus líderes en el desarrollo económico del país.

El texto, titulado “La transformación del país exige empresarios líderes globales y un nuevo prestigio social para quien produce”, no menciona explícitamente al Presidente ni a la licitación de tubos que detonó la disputa, pero funciona como una defensa política y cultural de Rocca frente a los cuestionamientos oficiales.

Empresarios con “nombres y apellidos”

Desde el inicio, Rappallini plantea que el desarrollo no es un proceso abstracto sino que tiene protagonistas concretos. “Cuando uno habla en serio de progreso, hay una verdad simple que los países exitosos entendieron hace décadas: el desarrollo tiene líderes con nombres y apellidos”, sostiene.

En esa línea, afirma que los países con altos niveles de ingreso y estabilidad construyeron una “clase dirigente empresarial, una burguesía moderna”, integrada por empresarios que lideran la inversión, la innovación, la producción y el empleo, y que “empujan la frontera productiva de una sociedad”.

También remarca la relación entre empresas líderes y prestigio internacional: “Hay una relación directa entre el prestigio internacional de un país y la calidad de sus empresas”, y agrega que las marcas funcionan como “la carta de presentación” de una sociedad productiva.

Grandes empresas y PyMEs, un mismo modelo

Rappallini defiende un esquema en el que conviven grandes compañías y un entramado de pequeñas y medianas empresas. “Se necesita un entramado completo: el 1% de empresas líderes que empujan la escala, la tecnología y la exportación, y el 99% de PyMEs que forman el tejido territorial”, escribe.

Ese modelo, señala, es el que se repite en los países desarrollados y requiere también un cambio cultural: una sociedad que valore a quienes producen, invierten y compiten.

Para reforzar ese punto, cita a Juan Bautista Alberdi, a quien define como “el primer liberal argentino”, y recupera una frase de Bases: “La nueva política debe tender a glorificar los triunfos industriales, a ennoblecer el trabajo, a rodear de honor las empresas”.

La defensa explícita de Rocca

Hacia el final de la columna, el presidente de la UIA personaliza su argumento en la figura de Paolo Rocca, a quien presenta como un ejemplo del empresario comprometido con la producción y la industria.

“Un empresario comprometido no es solo alguien que dirige desde un escritorio: es alguien que vive su empresa”, sostiene, y enumera valores como la disciplina, la vocación de trabajo y la mejora continua. Luego, lo identifica sin rodeos: “Todo eso es Paolo Rocca”.

Rappallini describe al CEO de Techint como un dirigente que “con más de 70 años sigue levantándose cada día para estar desde temprano en su empresa, recorriendo plantas, conociendo procesos, liderando equipos”, y afirma que ese tipo de liderazgo explica por qué algunos países prosperan.

El contexto político del respaldo

La publicación de la columna se dio en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y el grupo Techint, tras la adjudicación de una licitación de tubos de acero a una firma de la India y los posteriores ataques del Presidente al empresario.

Tal como anticipó elDiarioAR, la controversia abrió un debate interno en la UIA sobre si salir o no a respaldar a Rocca frente a las críticas oficiales. La nota de opinión en Clarín confirma que la conducción fabril decidió intervenir públicamente y marcar posición.

MC

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el empresarios ítalo - argentino y CEO de Techint Paolo Rocca en medio del conflicto por la licitación en Vaca Muerta.

A través de su cuenta de X, el mandatario reposteó un mensaje de un usuario que lo acusaba de intentar afectar la estabilidad de la administración libertaria. “Que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”, expresó el usuario “Ziberial”.

Al respecto, el mandatario citó la publicación y añadió: “Dato”. Además, destacó una serie de mensajes en contra del empresarios. “Visita a una amiga canta con ella y después da un discurso dejando al descubierto a empresarios prendarios como Roca que más se puede pedir amo a JM”, expresó otra de las cuentas que fue viralizada por el libertario. 

Tampoco se privó de apodar a Rocca como “Don Chatarrin”, luego de hacer propias las palabras de un militante de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien expresó: “Es coherente con todo lo que venimos viendo: parte del empresariado prebendario apostó a que el cambio no sobrevivía al primer test electoral. Perdieron la apuesta. El esquema de aprietes, operaciones y lobby clásico ya no condiciona al poder político. Domadisimo Don Chatarrin”. 

El conflicto con el dueño del Grupo Techint surgió por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió frente a otra compañía de la India. El episodio escaló cuando la firma dejó trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, también participó del debate y aclaró que la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca.

Con información de agencias.

IG

En Southern Energy, el consorcio que exportará gas de Vaca Muerta por barco al mundo, les llama la atención que el grupo Techint pataleara públicamente por su derrota en la licitación para proveer los tubos del gasoducto que unirá formación neuquina con la costa rionegrina justo cuando está subastándose la obra que instalará esos caños. La constructora Techint es una de las diez que presentó oferta técnica en esta nueva licitación que se definirá a fines de marzo.

Por un lado, el grupo de Paolo Rocca amenaza con presentar un recurso antidumping (contra la venta por debajo del costo, que es competencia desleal) contra la importación de tubos indios Welspun, que los elaborará con acero chino, después de una licitación que finalizó el 23 de diciembre y que el conglomerado ítaloargentino intentó reabrir hasta que Southern Energy ratificó su decisión el 7 de enero. Todo el entuerto fue revelado el pasado domingo en el diario La Nación. Por otro lado, Techint se presentó por estos días en alianza con Sacde, la constructora de Marcelo Mindlin, para construi el gasoducto, en competencia contra Contreras Hermanos en consorcio con la norteamericana Pumpco y la italiana Bonatti; Víctor Contreras SA en sociedad con la italiana Sichim; BTU, OPS, la brasileña Bueno Engenharia y IEB Construcciones, según las listó Econojournal. Está en juego un tubo de 480 kilómetros y una planta compresora en Neuquén. Los oferentes pueden ofertar por toda la obra o partes de ella.

Habrá que ver qué decide Southern Energy, que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC), seguida por la estatal YPF (su presidente, Horacio Marín, exjecutivo de Tecpetrol, la petrolera de Techint), Pampa Energía (que también es de Mindlin), la británica Harbour y la noruega Golar.

Sin embargo, será difícil que Southern Energy pueda objetar la propuesta técnica de Techint, que está haciendo ahora un oleoducto desde Vaca Muerta a la costa de Río Negro para la exportación y que en 2022 y 2023 hizo con Sacde en tiempo récord el gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno por el actual gobierno) para llevar el gas neuquino a la provincia de Buenos Aires. El Kirchner fue un negoción para el grupo de Rocca: en Brasil fabricó el acero, en Valentín Alsina fabricó con eso los tubos, construyó el tramo principal del ducto y después lo aprovecha inyectándole gas de Tecpetrol. La clave estará en la oferta económica, en la que trastabilló la siderúrgica de Techint, Tenaris.

La licitación de la provisión de los caños había comenzado en octubre pasado con la presentación de ofertas técnicas de diez empresas, incluidas Tenaris, Welspun y otras de India, China, Colombia, España y México. Sólo seis aprobaron la primera fase y pudieron acercar su propuesta económica: la de Techint, Welspun, otra india y tres chinas. La finalmente ganadora ofertó los tubos por US$203 millones y Tenaris, por 296 millones, un 45% más, aunque en el grupo argentino alegan que los indios excluyeron gastos como aranceles de importación o flete mientras que ellos incluían descuentos y servicios. Los rivales chinos pedían un 15% más que Welspun.

Sin conocer las ofertas de los demás, la subasta preveía una segunda instancia para mejorar las propuestas iniciales. Techint abarató la suya, pero quedó 40% más cara que la de la ganadora india. Ya no rige más la ley de compre nacional, que derogó el presidente Javier Milei y que permitía que las grandes empresas locales venzan en las licitaciones con precios hasta 8% más onerosos (15% en el caso de las pymes).

El 23 de diciembre, el directorio de Southern Energy decidió por unanimidad, es decir, con el voto de los representantes de los Bulgheroni pero también de los de Marín y Mindlin, que Welspun era la triunfadora. Ya había terminado el proceso, pero al día siguiente Tenaris presentó una tercera propuesta por US$250 millones. El consorcio exportador la rechazó el 30 de diciembre. El 6 de enero, la acerera de Techint hizo un cuarto intento e igualó la oferta de Welspun, aunque admitió que iba a pérdida sólo para mantener la actividad en su planta de Valentín Alsina. Un proyecto así podría sumar 300 empleos, según fuentes gremiales. Pero el 7 de enero el grupo liderado por PAE, la dueña de Axion Energy, volvió a desechar la intención de Rocca con el argumento de que había cerrado ya con el gigante indio.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió por la red social X la decisión de Southern Energy y aprovechó para repudiar el compre nacional, a contramano de lo que está haciendo el gobierno aliado de Donald Trump en EE.UU. En cambio, el exdiputado Diego Bossio atacó por la misma vía la actitud del Gobierno: “PRECIO. El consorcio que compra los caños para un gasoducto que transportará gas a los barcos de licuefacción, Southern Energy, hace lo que tiene que hacer: comparar precio y calidad y elegir la mejor opción vía licitación internacional. Señalarla o escracharla es no entender cómo funciona una economía normal. Nada que objetar ahí. COSTO. El problema no son las empresas. El problema es el costo argentino para cualquier empresa, sea grande, mediana o chica. Aún siendo Techint. Impuestos distorsivos, financiamiento caro, logística deficiente, regulación errática y una macro que encarece producir. Así, cualquiera que produzca en suelo argentino está en desventaja y la idea de libre mercado que pregona el presidente es una parodia. Solo está en su cabeza y lo único que hace es desfavorecer a capitales argentinos, aun los que saben competir en los mercados del mundo”.

“¿Qué hace el gobierno de Milei frente a eso?”, se preguntó Bossio. “Pelea. No baja el costo argentino. Y pelea. Declama falsas libertades de trabajo. Y pelea. No coordina soluciones. Provoca, agrede y busca culpables. Es decir, pelea. Y encima, uno de sus ministros con sus ideas de desregulación está más cerca de Narnia que de la Argentina. Los gobiernos no están para moralizar decisiones económicas normales. Están para cambiar las condiciones que las vuelven inevitables”, concluyó el exdirector ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

AR/MG

La Unión Industrial Argentina (UIA) delibera por estas horas de manera presencial para decidir si responde la agresión del presidente Javier Milei al mayor empresario manufacturero del país, el italiano residente bonaerense Paolo Rocca. El jefe de Estado calificó este martes a las 11 por la red social X al dueño de Techint como “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”, después de que fuentes vinculadas al grupo difundieran que iba a presentar un recurso antidumping (venta por debajo del costo, lo que supone competencia desleal) contra la empresa india Welspun, que lo venció en la licitación para proveer los caños del nuevo gasoducto de Vaca Muerta.

Como cada 15 días, tocaba este martes a la tarde reunión de la cúpula de la UIA y el ataque de Milei a Rocca acaparó la discusión. “El 80%” de los máximos dirigentes de la entidad fabril está de acuerdo con respaldar al empresario siderúrgico y petrolero, según altas fuentes del sector. Pero todavía falta que los propios representantes de “la T” -como apodan al conglomerado- aprueben la moción, según otros informantes.

El vicepresidente de desarrollo industrial de la UIA, David Uriburu, es uno de ellos. También lo está meditando el presidente de la UIA, Martín Rappallini, que siempre estuvo en sintonía con Rocca, pero también intentó mantener una buena relación con el gobierno libertario, pese al retroceso industrial en estos dos años. “Rappallini está buscando la forma de plantear técnicamente el problema”, argumenta un tercer dirigente consultado.

Fuentes vinculadas a Techint respondieron la diatriba de ayer del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por la licitación perdida de los tubos del proyecto Southern Energy, que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) y que servirá para exportar gas neuquino en barco desde Río Negro. Nunca Bulgheroni y Rocca se llevaron bien.

“Tenaris (siderúrgica de Techint) es el principal fabricante de tubos de acero con y sin costura del mundo, tiene plantas productivas en 17 países y más de 26.000 empleados a nivel global. En condiciones de competencia leal, la oferta de Tenaris para el proyecto FLNG de Southern Energy es competitiva con el precio internacional. La diferencia que circuló del 40% entre la que resultó ganadora y la de Tenaris es falsa”, negaron cerca de Rocca la cifra que había tirado Sturzenegger.

En la industria local defienden a Techint sosteniendo que la oferta de la india Welspun, que elabora tubos con acero chino, no contemplaba aranceles de importación, tasa de estadística, flete ni logística y que Sturzenegger no mencionó los descuentos y servicios que ofrecía el grupo de Rocca. Aún así, alegan que Tenaris igualó la propuesta de Welspun en una segunda instancia, que Southern Energy desechó. Es curioso pero en este consorcio encabezado por PAE aparece como segundo accionista la estatal YPF, que preside Horacio Marín, un exejecutivo de Techint.

“Contra una oferta realizada a precios de dumping Tenaris ofreció, en una carta enviada al directorio de Southern Energy, igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa con el objetivo de preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular, el cual representa más del 60% del mercado argentino de tubería”, explican cerca del grupo ítaloargentino con sede fiscal en Luxemburgo. Recuerdan que el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que benefició a este proyecto de exportación de gas, “en sus considerandos establece entre sus objetivos principales fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión”.

“Sin embargo, con este proyecto va a ocurrir todo lo contrario. Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional y todos los argentinos, se financia el trabajo en India y China. Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales que penalizan la agregación de valor”, agregan.

TenarisSiat, la división que haría estos tubos -como los hizo en 2022 para el gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires-, emplea a 420 personas y, por cada empleado de la compañía, se estima que hay otros cuatro empleos asociados en su cadena de valor, según las fuentes vinculadas a Techint. En la oposición a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se advierte que sin el proyecto de Southern Energy se pierden 300 empleos.

“El debate de fondo es si queremos ser Noruega o Nigeria”, reclaman cerca del grupo de Rocca, que a fin del año pasado rogó por una política industrial que el gobierno libertario se niega a enarbolar por su fanatismo del mercado, una postura contraria a la de su admirado Donald Trump. “Desarrollados adecuadamente en un proyecto país, los recursos naturales pueden ser una palanca poderosa para generar divisas, crear empleo de calidad, desarrollos tecnológicos y activos de largo impacto que apuntalen el crecimiento futuro de la Argentina. Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía”, alegan en el entorno de uno de los cinco empresarios más ricos de la Argentina, detrás de Marcos Galperin (Mercado Libre), Hugo Sigman (Insud, grupo farmacéutico y audiovisual), Alejandro Bulgheroni y Luis Perez Companc (Molinos Río de la Plata y Molinos Agro).

No es la primera vez que los tubos de un gasoducto enfrentan a Techint con un presidente argentino. En 2023, la entonces vicepresidenta y exjefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner se quejó del grupo, pero no por los precios, sino por fabricar el acero en Brasil para terminar de elaborar los caños en Valentín Alsina, sede de TenarisSiat. Aquella polémica le costó el puesto al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aunque finalmente los tubos se hicieron mitad en el socio vecino y mitad en el país para terminar de construir el gasoducto Kirchner, que revirtió el déficit comercial energético de la Argentina y que Milei rebautizó como Perito Moreno.

AR/MC

El presidente Javier Milei calificó este martes de “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tras la polémica por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió frente a otra compañía de la India.

Lo hizo a través de un posteo en X, luego de que Techint dejara trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

Según publicó este lunes el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca. Desde el grupo Techint rechazaron esa versión: “La diferencia que circuló del 40% entre la que resultó ganadora y la de Tenaris es falsa”, señalaron fuentes cercanas a la compañía, propietaria de la siderúrgica Tenaris.

Sturzenegger defendió el resultado al destacar el beneficio que representa para el costo total de la obra. Si bien la licitación fue entre empresas privadas, el desplazamiento del grupo Techint tiene un fuerte impacto político.

El proyecto contempla la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma india Welspun se impuso a otros 15 oferentes internacionales provenientes de países como China, España, México y Turquía.

Con información de la agencia NA

El Grupo Techint, uno de los principales conglomerados industriales de Argentina, quedó en el centro de una controversia en el sector de infraestructura energética tras perder una licitación millonaria para proveer los tubos de un gasoducto estratégico de Vaca Muerta a una firma india y ahora evalúa presentar una denuncia por presunto dumping contra su competidor, según consignó el diario La Nación.

El proyecto en cuestión forma parte de Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, para construir un gasoducto de casi 500 kilómetros que transportará gas natural desde Vaca Muerta hacia Río Negro, donde se licuará para su exportación como GNL.

El proceso de licitación

Las idas y vueltas entre Techint y SESA

Tras la adjudicación, TenarisSiat envió varias cartas a SESA con el intento de mejorar sus condiciones comerciales:

La defensa oficial y la polémica por la competitividad

La decisión de adjudicar el contrato a una empresa extranjera tuvo eco político. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la elección en redes sociales y entrevistas, argumentando que una oferta más cara significaría “menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

Más aún, Sturzenegger cuestionó que se favorezca el “compre nacional” en licitaciones si con ello se imponen “sobreprecios” que impactan en la viabilidad económica de proyectos estratégicos.

Advertencia por pérdida de puestos de trabajo

Más allá de la disputa entre empresas, elDiarioAR reveló que sectores sindicales y trabajadores advierten sobre el posible impacto en el empleo local. Líderes metalúrgicos señalaron que la importación de tubos en lugar de comprarlos a Techint podría significar la pérdida de hasta 300 puestos de trabajo directos, sin contar los empleos en la cadena productiva asociada.

Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”. “En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético.

Qué puede venir ahora: la denuncia de Techint por dumping

Tras quedar excluido del contrato, Techint analiza la presentación de una denuncia por presunto dumping contra Welspun.

La empresa sostiene que la oferta india se realizó con precios artificialmente bajos —posiblemente por debajo del costo real en condiciones de mercado leal— y que los tubos ofrecidos habrían sido fabricados con insumos provenientes de China, lo que implicaría competencia desleal.

TenarisSiat, la filial de Techint que produce los tubos en Argentina, también enfatiza que su oferta hubiera sido competitiva “en condiciones de competencia leal”, y que el precio bajo de la competencia extranjera no contempla costos como aranceles, fletes, logística o garantías financieras.

Además, la empresa destaca que en su planta de Valentín Alsina emplea alrededor de 420 trabajadores, y que por cada puesto directo se generan otros cuatro empleos indirectos, un argumento que busca dimensionar el impacto laboral que implicaría el predominio de importaciones a precios muy bajos.

MC

Al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le gusta meterse con los grandes empresarios argentinos. Defiende las importaciones puerta a puerta como las del portal chino de ropa Shein, pese a las críticas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, a la desigual carga tributaria con sus rivales extranjeros. Hace lo imposible modificando normas para traer las vacunas antiaftosa brasileñas de Tecnovax, propiedad de Diego La Torre y Matías y Nicolás Grosman, pero por ahora no ha logrado convencer al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) para romper el monopolio de Biogénesis Bagó, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y Juan Carlos y Sebastián Bagó.

Ahora se ha metido otra vez contra Paolo Rocca, mandamás de Techint: en agosto pasado se le rió en la cara cuando contó que la apertura importadora de acero le había provocado al grupo una caída de la producción siderúrgica a la mitad y ahora reivindicó que el futuro ducto para exportar gas de Vaca Muerta a través de la costa de Río Negro, el proyecto llamado Southern Energy, usará tubos indios y no de la multinacional que opera desde Buenos Aires y Milán pero tiene residencia fiscal en Luxemburgo.

Pero más allá de los embates del ministro con Rocca y otros grandes empresarios, los trabajadores de los sectores en disputa alzan la voz sobre el impacto de la importación. Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”.

“En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético. Derosso enfrentará en elecciones internas, inéditas en 30 años, al actual secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán. “Tenemos propuestas serias para devolver a los afiliados sus aportes en vivienda, salud, educación, esparcimiento y hacer una discusión responsable del salario”, explica Derosso sus diferencias con Furlán, que ahora impulsa en la CGT un paro contra la flexibilización laboral.

Sturzenegger, mientras tanto, defendió este lunes por la red social X la decisión de Southern Energy, consorcio que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) seguida por la estatal YPF, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar GNL, a favor de la siderúrgica india Welspun y contra Techint.

“Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a @GrupoTechint por ser productor nacional”, se refiere a un artículo de Pablo Fernández Blanco en el diario La Nación.

“A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos”, propone Sturzenegger. “Primero. @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación”, continúa el doctor en economía con su tesis de considerar héroes a los importadores, pese a que muchos de sus colegas lo hayan rebatido con el argumento de que si no, no habría países con déficit comercial.

“Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”, prosigue el ministro: “Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.

“Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, continúa Sturzenegger. “¿Ahora como (sic, sin acento, aunque debería llevarlo) defendemos no darle el contrato a @GrupoTechint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento (de) que los caños de afuera son más baratos”, cayó en el error del queísmo.

“¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?”, se preguntó. “Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ”me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta“. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!”, recurrió al cierra de los discursos de su jefe Javier Milei.

AR/CRM

Patricia Bullrich es una política experimentada, con calle, que sabe encontrar el aplauso ante ciertas audiencias. El jueves pasado, sentada a la derecha de Paolo Rocca, jugó casi de local en el encuentro Propymes que anualmente organiza el Grupo Techint, el gigante siderúrgico, constructor y petrolero que emplea a 25.000 personas y contrata o vende a unas mil pequeñas y medianas empresas.

La senadora de La Libertad Avanza desgranó desde el escenario del centro de convenciones de Recoleta el proyecto de reforma laboral que Javier Milei acababa de firmar. Su óptica contribuyó a alimentar el imaginario de la audiencia: los empresarios (grandes, medianos y pequeños) son “héroes” que luchan en la tormenta económica argentina, resisten al Estado voraz y padecen a trabajadores que tratan de esquilmarlos con su holgazanería intrínseca, sus avivadas fingiendo enfermedades o su traición para hacerles juicio. En el ideario libertario que prima en la política y el mundo empresarial de hoy, toda regulación a contratar y despedir es mala, todo impuesto merece ser eliminado (“no podemos hacerlo de golpe, pero vamos en esa dirección”, dijo Bullrich), todo juez laboral es un parásito y todo sindicalista es corrupto, al menos hasta que un rayo lo transporte mágicamente al lado de las fuerzas del cielo.

La exministra de Seguridad eludió con picardía la media docena de veces en que Rocca, a su lado, pidió elevar aranceles ante las importaciones chinas, bajo el eufemismo de “desarrollar política industrial”. El titular de Techint procuró tocar una fibra sensible en el Gobierno del Soez: “Trump nos muestra el camino” sobre cómo imponer aranceles de 50% a la oferta china.

Por si quedaran dudas, los proveedores pymes que hicieron uso de la palabra casi no mencionaron el detalle de la caída de los ingresos de las familias o la infraestructura pública abandonada desde que asumieron los hermanos Milei. El núcleo de sus reclamos fueron los costos laborales —en sintonía con Bullrich— y China —en sintonía con Rocca—.

Un emprendedor de sembradoras que expuso en Propymes había sido corredor de motociclismo de alta competición en su primera juventud. “Tiene tanta adrenalina ir en una moto a 300 kilómetros por hora que manejar una pyme en Argentina”, bromeó. El joven abandonó el motociclismo y regresó a su empresa familiar en Arequito, en 2008, al borde de la quiebra. Desde entonces, creció hasta los 170 empleados, pese a “décadas pasadas de decadencia”, que se habrían terminado con Milei en la Casa Rosada. Todo —se sobreentiende— por mérito propio.

Rocca procuró tocar una fibra sensible en el Gobierno del Soez: 'Trump nos muestra el camino'

La hipótesis de que los caños que necesita Vaca Muerta provengan del país asiático, “desleal y predatorio”, hoy ocupa el primer lugar en la agenda de Techint, que tiene a su área de siderurgia en Ternium y Tenaris, de grandes obras en Techint Ingeniería y Construcción, y a Tecpetrol como buque insignia en gas y petróleo. Ese reemplazo ya está por ocurrir en una licitación por un gasoducto que lleva adelante Southern Energy, un consorcio liderado por Pan American Energy (PAE), la firma que encabezan los Bulgheroni como accionistas principales. “Invitaron a licitar a todos los chinos posibles. Una locura”, sintetizó en un diálogo informal una persona presente en el cóctel de cierre en Recoleta. Un rumor que recorre la industria es que Tenaris podría cerrar su planta SIAT en Valentín Alsina, ante la falta de demanda de tubos de acero.

Una fuente cercana al proyecto Southern Energy, que además de PAE tiene como socios a YPF, Pampa Energía y dos firmas internacionales, indicó a este medio que la licitación por el gasoducto de 480 kilómetros desde Vaca Muerta tiene hasta ahora a 15 oferentes de nueve países de América, Asia y Europa, y el resultado está abierto.

Hubo otro momento en que Bullrich se ganó el aplauso de la concurrencia. Por alguna lógica insondable, el Gobierno del Soez incluyó reformas impositivas en el paquete de la ley laboral. Una de ellas reincide en rebajas de impuestos a vehículos de lujo y a la compra de embarcaciones y aeronaves. Bullrich intentó alguna explicación productivista, pero trastabilló y acabó sincerándose: “Si alguien se quiere comprar un barco, que se lo compre, por supuesto”. Acaso había presentes unos cuantos empresarios pymes a los que les gusta navegar, porque nació la aprobación espontánea.

La letanía sobre el heroísmo empresarial abarca todos los rubros, desde Vaca Muerta a las finanzas, y transcurre sin el más mínimo atisbo de mirada lateral o de indagación sobre por qué los ensayos “promercado” conocidos en Argentina han terminado en derrumbes sociales y económicos. Nada equipara, no obstante, la autoerección del monumento al esfuerzo individual que en julio o agosto de cada año se brinda la Sociedad Rural en Palermo, “la fiesta del hombre de campo”. “Hombre”, un dato cierto. La voz femenina es casi inexistente en las convenciones del mundo empresarial argentino.

Del emprendedor al evasor

Hay algo a revisar en el inconsciente de la elite económica argentina. “Héroes” es la palabra dominante en los encuentros empresariales, pero también es la que utilizó Milei para referirse a los evasores.

Se deriva una simbiosis de esa fricción en el plano de la representación política. En las pasadas elecciones, un grupo de gobernadores se presentó como “representantes del interior productivo”, defensores de la apertura, ávidos de ayudar a Milei “porque si le va bien a él, nos va bien a todos los argentinos”, pero sin desatender los intereses del pago chico. Nada demasiado nuevo bajo el sol, aunque parecía mejor organizado. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se esmeraron en reclamar la baja de los impuestos al agro; los de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz lideraron el pedido de reducción de retenciones y otras cargas a hidrocarburos; y los de Jujuy, San Juan y Salta hicieron lo propio con la minería.

Tanta devoción sirvió de poco. A fin de cuentas, sus votantes —que casualmente, coinciden bastante con los que apoyan a Milei— desatendieron la oferta de representación del “interior productivo” y la avenida del medio, poblada por nombres con recorrido en derechas tradicionales, la UCR y el peronismo, y se decantaron por vedettes, tarotistas, evangelistas, entrepreneurs y streamers que les acercó la boleta que punteó Karina Milei.

La oda al “empresario héroe” se monta sobre una negación muy abarcativa: no existe el Estado que invierte (o invertía) miles de millones de dólares por año para sostener el mejor sistema universitario público de América Latina, ni una organización científica en más de un sentido modélica para la región. Ambos, universidades e investigaciones científicas (Conicet, INTA, INTI, hoy en proceso de desmantelamiento), proveen profesionales y avances técnicos que terminan generando negocios y ganancias empresariales, que jamás son mencionados en las reuniones de la elite. Tampoco tienen ningún valor las promociones impositivas ni los blanqueos periódicos, que condonan cada tanto miles de millones de dólares de evasión —y se terminan compensando con la recaudación del IVA o rebajas de jubilaciones—; ni los planes sociales y un sistema de pensiones universal que previenen caos social. La protección a través del manejo del tipo de cambio o del comercio exterior, o la provisión barata de electricidad, que han lastrado el equilibrio de las cuentas públicas —y en más de un sentido, se tornaron contraproducentes— tampoco son tenidas en cuenta en las sesiones de autoayuda de los hombres de negocios.

Universidades e investigaciones científicas (Conicet, INTA, INTI, hoy en proceso de desmantelamiento) proveen profesionales y avances técnicos que terminan generando ganancias empresariales, que jamás son mencionados en las reuniones de la elite

Generosidad ultra

Todo este magma de “sentido común” que supo leer y potenciar Milei para llegar a la Presidencia habilitó una transferencia de recursos de pobres a ricos, en pleno desarrollo.

Los negocios de petróleo, gas, soja y maíz generan ganancias exuberantes, pero el ímpetu por bajarles impuestos y retenciones no parece tener fin. Los US$1.600 millones que el Estado dejó de cobrar cuando el Ministerio de Economía habilitó a la desesperada unas 72 horas de “retenciones cero” al agro en septiembre pasado se suman a los US$570 millones que en 2026 dejará de percibir el fisco por otra ronda de algarabía. En la producción de Vaca Muerta y de litio en Norte, especialistas marcan que la carga impositiva ya se ubica entre las más bajas de Sudamérica, pero algunas firmas locales demoran decisiones porque estiman que el Gobierno puede darles todavía más, mediante reinterpretaciones del generosísimo RIGI.

La línea quedó trazada de entrada. En noviembre, la recaudación sobre los bienes de la cúpula económica se redujo en un 68%, que se explica tanto por un descenso de la tasa dispuesta en diciembre de 2023 como por un anticipo abonado en 2024, mientras las jubilaciones se encuentran en un piso en décadas. Hay plata para gastar US$300 millones en aviones F16 que Dinamarca procuraba sacarse de encima, pero no hay partida para la expansión de cloacas ni de conexiones de agua en el presupuesto 2026. La lista sigue con el desfinanciamiento histórico del Conicet y las universidades.

El palo en la rueda

La prédica libertaria puntualiza en “el costo laboral” y la “carga impositiva” como dos de los principales males del país.

Con este “escenario base”, en parte heredado y en parte buscado, el Ejecutivo se apresta a implementar la reforma laboral, con voluntad de aprobación en diciembre, y otra impositiva, todavía en un estado difuso.

Milei repite una estrategia que ya utilizó Macri. Acelera el deterioro del mercado de trabajo, para después ofrecer la hiperflexibilización como solución a los problemas autogenerados.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió el ultra, hasta septiembre pasado se habían perdido 185.700 o 2,8% de los empleos formales registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En el segmento estatal, el procentaje de descenso es similar. El balance general es un aumento de la desocupación, en parte compensado por un alza abrupta de autónomos y monotributistas, de 121.000 puestos, 5%. Como explicó Bullrich en la convención de Techint, eso no es malo, “porque los jóvenes no quieren depender de nadie”. Prefieren pedalear.

Milei es el rey de la minería y el petróleo, pero en ese segmento, el derrumbe de empleos en 21 meses alcanzó el 7,5%.

La consultora Invecq, de los economistas Matías Domecq, Matías Sturt y Santiago Bulat, realizó una interesante presentación en la jornada de Techint.

El famoso “costo laboral” no se verifica como un peso muy superlativo en la comparación con países como Brasil y Uruguay, que han tenido una mejor performance económica que Argentina en la última década y no han pasado por traumas tan profundos. Al incluir conceptos como aguinaldo, vacaciones, aportes a la Seguridad Social, indemnizaciones y aviso de despido, el costo sobre el salario promedio de trabajadores registrados alcanza 61% en Uruguay, 63% en Brasil y 68% en Argentina. En la comparación con el resto de América Latina, Argentina se destaca por un mayor peso en la Seguridad Social, y está en el segmento inferior en el rubro vacaciones.

La diferencia sí se vuelve abismal en el contraste con Paraguay, en el que el “costo laboral” representa 44% del salario. Eso sí. Los paraguayos de 65 años o más que reciben jubilación contributiva son 11,9% (más de 90% en Argentina), otro 50% recibe una pensión no contributiva (Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia) y sólo 34% tiene seguro de salud (no hay PAMI). Hasta ocurre el milagro de que la jubilación mínima en Paraguay (US$167) es inferior a la de Argentina (US$230), perforada por el Gobierno de los Milei. Es tal la informalidad en el vecino del norte, que se calcula que sólo 1,5% llegan a completar los 30 años de aportes al llegar a la edad de jubilarse (OIT).

El dogma Sturzenegger es inmune al dato. La motosierra en manos del ministro de Desregulación se apresta a desbaratar la mecánica de las vacaciones, fraccionándolas y repartiéndolas durante meses no veraniegos. Es decir, irrumpe en un rubro en el que el marco regulatorio argentino presenta menos costos que en Brasil (que duplica, porque los brasileños tienen más días de vacaciones) y Uruguay (33% más), y similar a Chile y Colombia, según Invecq.

Algo similar ocurre con las indemnizaciones, otra bestia negra que afecta a los “héroes” del emprendedorismo. Argentina está en un status similar a Chile y Uruguay.

El deterioro del mercado laboral argentino se ubica en el creciente empleo informal. Alcanza 36,8% de los asalariados, pero si se consideran los monotributistas, una categoría que Gobiernos como los de Macri y Milei se especializan en hacer crecer a paso firme, suman 42%. Se necesitan 27 monotributistas con un ingreso de $2 millones mensuales para alcanzar un aporte a la Seguridad Social similar al de un solo trabajador registrado con el mismo sueldo, informó Invecq.

Es decir, el déficit se encuentra en que el segmento que realiza aportes (58%) no alcanza para cubrir un sistema jubilatorio que abarca a casi todos los mayores de 65 años.  

El blanqueo lanzado por Milei en 2024 generó una registración de 16.703 trabajadores que estaban en la informalidad, 0,3% del total. Equivalen a apenas un tercio de los puestos formales en el sector privado que se destruyeron entre junio y septiembre.

Los gobiernos que “insertan a Argentina en el mundo” lanzan blanqueos a mansalva y tienden a extender los períodos de prueba al infinito. El blanqueo lanzado por Milei en 2024 generó una registración de 16.703 trabajadores que estaban en la informalidad, 0,3% del total. Equivalen a apenas un tercio de los puestos formales en el sector privado que se destruyeron entre junio y septiembre.

Sturzenegger ideó otra solución para un problema que no es tal, el monto indemnizatorio, que se encuentra acorde al equilibrio de la región. En todo caso, el incremento del costo está asociado a la alta litigiosidad, que en cantidad de juicios acumulados en los últimos doce meses, se encuentra cerca del pico de 2017, en una dinámica que parece asociada a las crisis económicas antes que a la deslealtad del empleado al que le gusta ir a tribunales.

La solución elegida por el Gobierno ultra consiste en transferir tres puntos de los aportes a la Seguridad Social a un fondo de asistencia laboral (FAL). Esa caja actuará como un seguro para la empresa a la hora de despedir empleados. Como acumulará un volúmen latente, mayormente sin uso, se transformará en un activo financiero, sujeto a compras, ventas y cotizaciones. Es decir, se desfinanciará todavía más a la Agencia Nacional de Seguridad Social que paga las jubilaciones, lo que podría leerse como otra transferencia de ingresos regresiva.

El “coloso” liberal ya implementó un régimen por el estilo en 2024, pero fue aprobado ignorado por los empresarios. Sturzenegger encontró la solución. Transforma la norma en obligatoria y transfiere el costo a los jubilados.

Sturt, de Invecq, evaluó que que el 28% de la carga tributaria total sobre el PBI es acorde a un país con el desarrollo intermedio de Argentina. Es unos puntos mayor al promedio latinoamericano (21,5%), el doble que en Paraguay (14%), inferior a la de los países de la OCDE (32%) y unos veinte puntos inferior a los países más desarrollados del norte de Europa.

Una vez más, el déficit está en la composición de la recaudación fiscal y en la alta evasión. Son bajos los ingresos por impuestos a los segmentos altos (bienes personales, Ganancias a las personas) y altos los asociados al consumo masivo, que se superponen en algunos casos (IVA, ingresos brutos provinciales, tasas municipales, combustibles). La evasión del IVA llega a 37% en Argentina, muy superior a la registrada en Colombia, Uruguay y Chile.

Ante la suma de distorsiones en los recursos del Estado y la distribución del ingreso, el dogma libertario propone enaltecer la evasión, desmantelar los organismos de control, reducir impuestos a los ricos y sectores con hiperganancias asociadas a los recursos naturales y cargar el peso del ajuste en jubilados, docentes y científicos.

El soberano se expresó en octubre y apoyó el rumbo.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La nota fue actualizada a las 12 del 14 de diciembre con detalles de la licitación del gasoducto de Vaca Muerta.

Con el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en el escenario, los industriales terminaron de sellar este jueves su venia a las reformas que impulsa Javier Milei en el ámbito impositivo y laboral. El magnate hizo guiños para la rebaja de gravámenes y la flexibilización laboral, aunque también se tomó un momento para reclamar “una política industrial”, ausente en los casi dos años de gestión libertaria.

Al participar de la 31 Conferencia Industrial de la UIA, el empresario dueño de una de las mayores fortunas del país -un patrimonio de 5.800 millones de dólares- dijo que “estamos entrando en un nuevo ciclo de intervención activa, en un mundo inestable” y que “como país implica volver a pensar en términos de política industrial”. “Esto significa pensar desarrollos sectoriales, áreas que hay que defender y áreas donde es necesario promover la transformación, intervención activa y proyectos de largo plazo”, señaló.

Habló de dos fases en la gestión de Milei, marcando la victoria libertaria en las urnas. Dijo que “todos nosotros podemos construir un diálogo constructivo con el Gobierno en una segunda fase, después de una primera exitosa fase de estabilización de la macro”.

Dijo que “el Gobierno está haciendo un fuerte reordenamiento de la macroeconomía” y que a esto hay que “asociarlo con una política industrial, un término que en Argentina ha sido desprestigiado por todos los abusos y falta de transparencia, intervenciones”, lo que despertó el aplauso del auditorio.

En medio del inicio de la discusión sobre las reformas impositiva y laboral que aún está confeccionando el Gobierno, Rocca pidió menos gravámenes. “La industria necesita reducir la carga impositiva, reducir la informalidad, tenemos que ampliar la base de recaudación con el principio absoluto de equilibrio fiscal y de mantener un peso del Estado acotado pero distribuir la carga sobre un sector muchísimo más amplio”, apuntó. “Esto ayudaría a reducir la carga impositiva que hoy es una piedra para todos”, remarcó.

Y abogó por la flexibilización laboral que propone la Casa Rosada. “Tema laboral es una reforma muy importante, también al corazón de esto está el tema de la informalidad”, subrayó. “Una reforma laboral debería apuntar a reducir la informalidad, reducir la litigiosidad y permitir flexibilidad que incremente la productividad”, planteó.

MC

Una forma de constatar si el Caso Cuadernos representa “el mayor juicio contra la corrupción de la historia” o una fraudulenta maniobra judicial es dar cuenta de la versión oficial de quienes edificaron el expediente: el diario La Nación, el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En septiembre u octubre de 2017, un expolicía, José Bacigalupo, recibió una caja cerrada de manos de su conocido Oscar Centeno, un exsargento y exchofer del ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta. Bacigalupo sintió curiosidad porque Centeno le comentó la sensibilidad de la información contenida en la caja, la abrió y se encontró con una bitácora con fechas, lugares, montos, coimeros y coimeados, anotados en ocho cuadernos a lo largo de varios años. Estaban mencionados buena parte de los empresarios más acaudalados del país y el entramado de obras públicas de los gobiernos de los Kirchner. El escándalo golpeaba, literalmente, las puertas de Cristina.

Bacigalupo sentía —según contó a La Nación— que el problema del país no eran “los que están (Macri), sino que éstos (Cristina) van a volver si no se los para”. Tamaña vocación ética y republicana empujó al expolicía a entregar el material a su vecino Diego Cabot, a quien admiraba por su trabajo periodístico. Era enero de 2018, cuando el Gobierno de Cambiemos comenzaba a empantanarse por el fin del festival financiero y el recorte de 20% de las jubilaciones, versión macrista de la motosierra. Bacigalupo olfateaba —con alguna razón— que Cristina podía volver.

La Nación clasificó y fotocopió el contenido de los ocho cuadernos, y los devolvió a Bacigalupo el 21 de marzo de 2018. El expolicía reintegró los textos a Centeno, quien le reprochó que la caja estuviera abierta. La queja, por suerte, se desvaneció en el instante, según contó el expolicía a Cabot.

Pocos días después, La Nación contactó al fiscal Carlos Stornelli. El medio entendió que debía coordinar las acciones con el fiscal que se había transformado en un azote de los funcionarios kirchneristas desde Comodoro Py, junto al juez federal Claudio Bonadio. Éste había intentado avanzar contra Baratta y su histórico jefe, Julio de Vido, en una causa por la compra de gas natural licuado, pero tuvo un traspié porque un perito plagió su informe con fuentes inconexas de internet. La frustración, que ya entonces estaba expuesta, no impidió que el mismo juzgado absorbiera la denuncia que llegaba desde Bacigalupo por intermedio de La Nación.

El diario analizó que la publicación del contenido de los cuadernos sin la venia de Stornelli y Bonadio daría tiempo a que los nombres anotados por Centeno eliminaran pruebas o se dieran a la fuga. Correspondía —evaluó La Nación— darle cuerpo a una causa en beneficio del país, al costo de resignar el valor periodístico esencial de informar con plena libertad.

“Avanzá”

Pasaron unos meses y llegó el momento. “Avanzá lo antes que puedas”, instruyó una fuente de Comodoro Py a Cabot el 30 de julio de 2018. Al día siguiente, el periodista se reunió con Bacigalupo y Stornelli en un café en la intersección de Cabildo y Federico Lacroze, barrio de Belgrano.

El expolicía que había descubierto ese tesoro periodístico sintió algún remordimiento porque la judicialización del caso perjudicaría a su compinche Centeno, quien había confiado en él al entregarle los cuadernos en custodia. “Yo le dije al Negro que iba a terminar preso si no se presentaba ante la Justicia”, se consoló Bacigalupo.

El 1 de agosto de 2018, el diario conservador informó en un título secundario de tapa que Centeno había sido arrestado, sin mayores detalles. “Coimas: una detención impacta al kirchnerismo”. Fue una forma sigilosa de dar la campana de largada y pisar la primicia. En la madrugada de ese día, con los diarios en proceso de distribución, se dispararon decenas de allanamientos y arrestos gestionados por Stornelli y aprobados por Bonadio.

La Nación se felicitaría en las horas posteriores por “privilegiar la institucionalidad a la primicia”. Tuvo su recompensa. Con el dato de los allanamientos que le habían pasado desde Comodoro Py, consiguió la foto exclusiva de Baratta saliendo de su domicilio en Belgrano, esposado y con la mirada desconcertada.

Además de Cristina y funcionarios de su Gobierno, el festival de nombres lanzados entre el 1 y el 2 de agosto de 2018 incluía a íconos del mundo empresarial como supuestos pagadores de coimas: Corporación América (Eurnekián), Roggio (Aldo Roggio), IECSA (Calcaterra-Macri), Electroingeniería (Ferreyra), IMPSA (Pescarmona), Isolux, Taselli, Chediack, MSU (Santos Uribelarrea), Albanesi (Loson), Panedile (Dragonetti), Esuco (Wagner) y otros.

Sin embargo, uno en particular, acaso el más relevante del firmamento económico argentino, no fue mencionado ni por La Nación ni por Stornelli en su raid mediático de aquellas horas. Pasarían tres días hasta que Infobae, tras acceder a los textos, titulara el 4 de agosto: “Los detalles de los traslados de ‘bolsos’ y ‘paquetes con dinero’ entre el Grupo Techint y el departamento de los Kirchner”.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

Resultó que el chofer de Baratta había constatado nueve visitas a la sede de Techint para trasladar “bolsos” y “paquetes”. En particular, el contacto del Gobierno de los Kirchner con Techint había sido a través de Héctor Zabaleta, encargado de operaciones no estructuradas, y Luis Betnaza, principal ejecutivo del grupo y mano derecha de su mayor accionista, Paolo Rocca.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

La respuesta se terminaría de redondear con el tiempo.

Rocca asumió la responsabilidad días después de los allanamientos iniciales. Dijo que había entregado millones de dólares en coimas para “defender a nuestra gente” en Venezuela luego de la decisión de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor, en 2008. “Entiendo que Luis Betnaza cedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces (de Cristina)” para organizar la salida de cientos de empleados de ese país, que supuestamente se encontraban en condiciones apremiantes. Cabe intuir que la amenaza de Chávez a Rocca por la integridad física de sus ejecutivos fue bastante silenciosa, porque no había habido ninguna noticia por el estilo entre 2007 y el 16 de agosto de 2018, cuando Rocca explicó lo sucedido.

Esa versión no es la que reflejaron los documentos diplomáticos estadounidenses expuestos en los cables de WikiLeaks. Por el contrario, esos textos confidenciales expusieron reuniones del embajador estadounidense con Rocca que dieron cuenta de una coordinación acompasada entre la empresa y el Gobierno de Cristina para reclamar a Chávez una indemnización. Si el accionista de Techint tenía alguna preocupación por sus empleados, no la mencionó a la Embajada de Washington en Buenos Aires. Al embajador estadounidense le sorprendió el generoso monto de la compensación obtenida por Techint: US$1.970 millones.

En 2021, el juez federal Julián Ercolini, con la causa derivada en su juzgado tras el fallecimiento de Bonadio, dio por probada la entrega de dinero a Baratta por parte de Techint, pero argumentó que obedeció a “razones humanitarias” para salvar a su gente de las represalias de Chávez. Rocca, Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos. Stornelli no apeló, tampoco lo hizo en tiempo y forma la Unidad de Información Financiera bajo el Gobierno de Alberto Fernández, y la decisión quedó confirmada.

Las sortijas del fiscal

Otro pilar de la causa son los arrepentidos.

Según informó La Nación el 8 de agosto de 2018, Stornelli les dijo a los abogados de un ejecutivo de Isolux que no había “sortijas para todos”, como si el arrepentimiento no fuera una delicada figura penal acorde a pautas estrictas, sino una zanahoria a discreción del fiscal.

Quienes obtuvieron sortijas fueron más de treinta imputados entre empresarios, exfuncionarios y dos figuras centrales en el caso: el chofer Centeno y José López, aquel de los bolsos en el convento, ícono esperpéntico de la corrupción en los años de los Kirchner en Casa Rosada.

La ley establece que un arrepentido no puede ahorrarse información ni obstaculizar el desarrollo de la causa. Si esos extremos se comprueban, los beneficios otorgados se revierten, la pena se agrava y lo presuntamente confesado pierde valor. Centeno tuvo suerte.

Disparadas las primeras detenciones, Stornelli se lanzó con cierta desesperación a buscar los originales de las anotaciones, ya que sólo había recibido las fotocopias entregadas por La Nación. El fiscal allanó varios domicilios, sin éxito. Unos días después, Centeno confesó que había incinerado sus cuadernos Gloria, Convenor, Rivadavia y América en el mes de mayo de 2018, por sugerencia de un amigo. Su relato fue pormenorizado. “Me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Es decir, el chofer no colaboró, pero, no obstante, Stornelli aceptó sus confesiones y le concedió la libertad.

Centeno vivió desde entonces en una casa en Capital Federal a costa del erario público. Un año y medio después de su afirmación de que había quemado los cuadernos, éstos aparecieron sanos y salvos, menos uno, el quinto. Un desconocido abordó a Cabot en una esquina de Núñez como lo había hecho tiempo antes Bacigalupo. Tampoco ese giro implicó la revocatoria de la condición de colaborador de Centeno, lo que habría desmoronado buena parte del expediente.

Uno de los imputados, Armando Loson, accionista de la generador eléctrica Albanesi, detectó que su nombre había sido anotado en un cuaderno como Marcelo, y luego apareció corregido con otra letra. Encargó un peritaje y detectó cientos de presuntas modificaciones. Este año, informes oficiales de Gendarmería y Policía Federal incorporados al expediente confirmaron la existencia de tachaduras, enmiendas con corrector y agregados de terceros autores. Todo ello, en contenidos clave, como direcciones, nombres y montos de dinero. Otro peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reportó recursos lexicográficos distintos entre un cuaderno y otro, como si hubieran sido escritos o pensados por personas diferentes.

Jueces como fichas

A la turbiedad del origen de la causa direccionada al tándem Stornelli-Bonadio, premios y castigos a través de supuestos arrepentimientos e influencias políticas y económicas, y la prueba original que resucitó de sus cenizas como el Ave Fénix, se suma la composición del tribunal.

Un clásico de Comodoro Py consiste en manosear las causas hasta que son desplazados los jueces inconvenientes y quedan a cargo otros que ni siquiera corresponden al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los tres integrantes del tribunal que juzgará a Cristina, Germán Castelli, forma parte del cardumen que fue trasladado a dedo a Comodoro Py por el Gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir el requisito constitucional, en 2018. La Corte Suprema ya determinó que esas designaciones no son válidas, pero los trasladados seguirán en el cargo hasta que sean designados los ocupantes definitivos, con el voto del Senado. En otra de las piruetas absurdas del máximo tribunal, hace años imparten justicia magistrados que entraron por la ventana al fuero de las causas más políticas del país.

Una jueza suplente del tribunal oral, Gabriela López Iñiguez, que no responde a la mesa judicial que mueve las fichas en Comodoro Py, fue separada del caso porque en otro expediente dedicó párrafos críticos al fiscal Stornelli. Sus colegas intuyeron que podía ser parcial. En su lugar fue designado Néstor Costabel, recusado por Cristina porque ya actuó en otros expedientes que la tuvieron como imputada, pero resultó confirmado en el puesto. Por la aparente salud delicada de un magistrado titular, se supone que el primer suplente deberá actuar pronto.

Una mirada mínimamente legalista obligaría a diseccionar “el mayor juicio sobre corrupción de la historia” para separar la podredumbre y salvar indicios que, en efecto, alumbran una corrupción sistemática con la obra pública y las concesiones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En un fuero federal dominado por patas del macrismo, los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y una aristocracia judicial anquilosada, no caben esperanzas de que se cumpla el debido proceso.

El debate oral tendrá que escuchar a 71 imputados y más de seiscientos testigos. Salvo alguna maniobra procesal para economizar tiempo, cabe prever que el caso permanecerá abierto varios años. Si se quiere leer la influencia electoral que tendría otra sentencia condenatoria sobre Cristina, habría que pensar más en 2031 que en 2027.

El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso

En cualquier caso, el latido de un caso con estas características alimentará el engranaje que mueve la política argentina hace años. Un sector farisaico de la política, las instituciones y los medios clamará a los cielos ante algún testimonio o detalle “revelador”. Habrá indignaciones lacerantes en las noches televisivas de Clarín y La Nación, comunicados compungidos de alguna asociación empresarial y tuits lanzados por Fernando Iglesias desde su palacete en Bruselas.

Cristina y los suyos argumentarán que el proceso no es más que un escarmiento por su atrevimiento a meterse con “el poder real”.

Sin respuestas

La expresidenta tiene argumentos para señalar un mecanismo sistemático que la tiene a ella en el banquillo y a sus acusadores, impunes. La lentitud y negligencia en todo lo que atañe a Macri y Javier Milei son proporcionales a la animadversión en contra de Cristina.

La proclama será levantada en el expediente y en la política. El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso. Exigirá que cualquiera que esboce una candidatura pose con el cartel “Cristina Libre” como elemento central de campaña. Mientras, una gran mayoría de la sociedad seguirá pensando que la expresidenta es culpable y muchos hasta gozarán con la arbitrariedad en su contra, con lo que la derecha no se resistirá al incentivo de mantener el mecanismo vigente.

Nada de ello ahorra a Cristina y los suyos la necesidad de hacerse responsable de preguntas elementales.

Estas cuestiones, entre muchas otras, ya no serán respondidas por los Kirchner. Las tropelías judiciales que se cocinan en Comodoro Py les brindan un puente de plata para eludir explicaciones, con una razón legítima. En un sistema democrático, rigen el principio de inocencia y el derecho de defensa.

Sin embargo, la letanía de que toda acusación sobre corrupción responde a una “venganza” por aquellos años “maravillosos” no es lo que cabe para un nuevo liderazgo que se proponga pensar un futuro del peronismo y que el país salga de la encerrona en que se encuentra.

Las nuevas melodías deben exigir el respeto al estado de derecho, a la vez que retomar la decencia como bandera del progresismo y/o el peronismo. Sin atajos ni explicaciones pueriles que agravian el sentido común.

Si no es por convicción, que sea por estrategia.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Después de la victoria electoral libertaria, el presidente Javier Milei se propone mandar al nuevo Congreso una reforma tributaria que cree un súper IVA que reemplace al impuesto provincial a los ingresos brutos, entre otras rebajas de gravámenes. El establishment la espera con ansias y así lo hizo saber en el último coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Pero en ese mismo encuentro no sólo pidió menos tributos sino también que se combata a los competidores que trabajan en la informalidad, es decir, que se emprenda una lucha contra la evasión, esa misma que Milei ha elogiado en infinidad de veces. Claro que los grandes empresarios suelen apuntar contra La Salada o los supermercados chinos, pero también ellos recurren a estrategias contables para pagar menos de lo que les corresponde. No por nada después figuran como principales adherentes a los blanqueos de capitales que se repiten casi en cada gobierno.

Si el Estado rebaja impuestos, deberá compensarlos con más motosierra al gasto público o empezando a cobrar a aquellos que evaden. En ese sentido, la Argentina la evasión llega al 44% de la recaudación potencial en IVA, según el informe 2024 del Centro Interamericano de Administradores Tributaristas (CIAT) que redactó el experto uruguayo Fernando Peláez Longinotti a partir de datos de 2019 a 2021.

Ese 44% es uno de los niveles de evasión más alto de Latinoamérica, cuyo promedio es 26% y sólo es superado por México (51%) y República Dominicana (47%). El menor fraude en IVA se registra en Ecuador (0%), El Salvador (13%) y Paraguay (16%).

En cuanto al impuesto a las ganancias de las empresas, en la Argentina la evasión alcanza al 69% de lo que debería recaudarse. Se trata del mayor nivel de toda Latinoamérica, donde el promedio es del 47%.

Inmediatamente detrás de la Argentina figuran Perú (65%), Brasil y Panamá (ambos con 60%). Entre los más eficientes en la lucha contra la evasión de la renta de las compañías aparecen Ecuador (25%), República Dominicana (26%) y Chile (28%).

En 2023, los expertos Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti publicaron con la fundación de la socialdemocracia alemana Friedrich Ebert una investigación llamada “Cruzas fronteras para cosechar ganancias. El abuso fiscal de las grandes empresas del agronegocio”.

“¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? A través de la planificación fiscal, las corporaciones desvían precios de transferencia (los de sus exportaciones) con el objetivo de disminuir ganancias en la región y aumentarlas en Uruguay. Esto se logra gracias a la creación de empresas tipo cáscara en países donde pagan bajísimos o nulos impuestos como Uruguay, a las que les transfieren utilidades generadas desde los países donde producen”, concluyeron Gaggero y García Zanotti. Es decir, no sólo evade el restaurante de Palermo o el verdulero de la esquina.

La investigación apuntó contra la cooperativa ACA; Adecoagro, ADM, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Cofco, Dreyfuss, Monsanto (Bayer), Perez Companc, Syngenta, Vicentin y Viterra. Es decir, empresas norteamericanas, chinas o argentinas. No importa el origen. El método de elusión impositiva es el mismo.

Gaggero y García Zanotti también publicaron otro análisis en la misma línea titulado "La internacionalización del grupo multinacional Techint y su vínculo con la planificación fiscal. Un análisis de la estructura corporativa y las empresas del grupo en Uruguay". Se difundió también en 2023 en el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo. “La operatoria de las empresas uruguayas del grupo Techint se vinculan a una estrategia de planificación fiscal para minimizar el pago de impuestos. Esta estructura resulta funcional principalmente a los fines de generar transacciones intra-grupo entre empresas que son jurídicamente independientes, pero forman parte de una misma organización, habilitando la posibilidad de trasladar ganancias y activos a países de baja tributación”, sentencian los expertos.

AR/CRM

Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

La compañía de la familia Rocca dividió a Rinconadillas, una comunidad de 82 familias y logró así la licencia social para operar en ese territorio y extraer el ansiado “oro blanco” en una zona catalogada como la Séptima Maravilla Natural del país. Aquí, otras comunidades se oponen al avance de las mineras. 

La necesidad de trabajo convenció a parte de los habitantes de Rinconadillas y le concedió la victoria a la empresa, que arrastra un pasado de causas de corrupción, sobornos y abandono de las comunidades afectadas por su actividad.

Tecpetrol es parte del grupo económico Techint, también dueño de la empresa Tenaris, uno de los principales productores de caños de acero sin costuras del mundo, destinados a la construcción de oleoductos y gasoductos para la industria fósil. El grupo Techint es propiedad de la segunda familia más rica de Argentina, los Rocca, y es liderado por Paolo Rocca, quien ocupa el puesto 529 de los más ricos del mundo, con una fortuna de U$S5.600 millones, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes de 2024.

Tecpetrol, división petrolera de Techint, tiene operaciones de gas y petróleo en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el proveedor del 18% del gas que se consume en Argentina, gracias a sus explotaciones en Fortín de Piedra, en el yacimiento Vaca Muerta, la mayor reserva de gas y petróleo no convencionales del país, y entre las principales del mundo (la segunda en gas y cuarta en petróleo a nivel global).

Techint, la empresa madre de Tecpetrol, carga con una mochila de antecedentes judiciales en causas de corrupción, como el caso Lava Jato en Brasil y los cuadernos de la corrupción en la obra pública en Argentina. La principal compañía del grupo, Tenaris, ha pagado multas en los Estados Unidos por dos causas distintas en las que admitió haber realizado pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos en Brasil y Uzbekistán. 

En Argentina, además, sus ejecutivos admitieron haber realizado pagos ilegales a un funcionario público en el caso de los cuadernos de la corrupción, pero la Justicia cerró el caso a favor de los acusados.

A pesar de haber admitido pagos ilegales en al menos tres países, Techint siempre sale airoso de los tribunales, sea por acordar millonarios pagos en multas o por decisiones de jueces y fiscales.

Esta compañía de combustibles fósiles, que arrastra antecedentes judiciales de alto calibre, inició la expansión de sus inversiones en el litio en 2023, cuando adquirió el 100% de las acciones de la minera canadience Alpha Lithium, buscando ingresar en el negocio de la transición energética. A través de la compra, la petrolera de Techint heredó los derechos de exploración y explotación en concesiones mineras en tres salares de la provincia de Salta: el Tolillar, el Salar del Hombre Muerto y Arizaro, los dos últimos en etapa de exploración. 

La inversión se dio como parte del crecimiento de Argentina en el sector y de su integración al conocido “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile. “Actualmente generamos sólo el 5% de la producción global, si bien tenemos 24% del total de los recursos”, afirmó Andrea Rocca, presidente de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol, sobre las proyecciones de Argentina de expandirse en el negocio.

Tecpetrol buscaba desembarcar en el negocio litífero desde hacía al menos tres años. En febrero de 2022, la petrolera activó una planta piloto de extracción directa de litio en Olacapato, en la Puna salteña, la provincia vecina a Jujuy. En su sitio web señaló que su objetivo estaba dirigido a extraer litio de Jujuy: “La planta se construyó para probar la tecnología a utilizar en Guayatayoc, un salar que estamos explorando en Jujuy”. La compañía respondió a Mongabay Latam y elDiarioAR que se trata de una planta que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de litio en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Tecpetrol aún no había desembarcado en la laguna ni contaba con la licencia social de las comunidades indígenas para operar en sus territorios pero ya daba por sentado que lo lograría. De hecho, ante la consulta de estos medios en abril de 2024, confirmó en ese momento que la empresa estaba “en una etapa muy temprana, trabajando con las autoridades y las comunidades locales a fin de obtener la licencia social y ambiental”.

Un modus operandi

El equipo periodístico de elDiarioAR y Mongabay intentó obtener respuestas de Tecpetrol y Techint tras la asamblea de junio último, en la que parte de la comunidad de Rinconadillas dijo “sí al litio” y aprobó el ingreso de la petrolera para la exploración en la Laguna de Guayatayoc. Sin embargo, la compañía no quiso responder más preguntas ni consultas.

“Las empresas mineras y las corporaciones saben muy bien que la estrategia es divide y vencerás”, explica Melisa Argento, investigadora de Conicet. La experta añade que, básicamente, se trata de dividir a las comunidades entre “ganadoras” y “perdedoras”. Las comunidades ganadoras son las que van a recibir los beneficios de las mineras. “Las otras son las relegadas, las olvidadas, a las que también se les destruye el territorio, su forma de vida, la agricultura, la pastura, los animales se les mueren, tienen conflictos territoriales todo el tiempo con las empresas”. Dijeron “no al litio”, pero pagaron igual las consecuencias ante la falta de unidad de las comunidades. Justamente, lo que el grupo inicial de 38 comunidades buscaba evitar.

“La promesa de empleo puede valer para la primera etapa, cuando las empresas están en la fase de construcción y pueden contratar mano de obra local, pero después el trabajo se tecnifica y vuelve a haber una expulsión, una desocupación en la región”, sostiene la investigadora. Luego, en las comunidades pueden crecer otros rubros como gastronomía, empleo de seguridad, limpieza y mantenimiento.

“En Catamarca, otra provincia donde se extrae litio, la empresa Livent —hoy Arcadium— opera en el Salar de Hombre Muerto, en la zona de Antofagasta de la Sierra. Es la casuística de todo lo que estamos diciendo”, asegura Argento. La investigadora explica que hay que mirar allí para ver lo que pasará en Jujuy durante los próximos 25 años: “La injusticia socioambiental permanente y la vega del Río Trapiche seca”, afectando la provisión de agua a los pobladores de la zona. 

En Catamarca, por ejemplo, el progreso no se tradujo en beneficios para las comunidades linderas al salar. Y las consecuencias se sintieron cuando la minera intentó ampliar su explotación, explicó Argento. “Cuando la comunidad decidió resistir el avance de la segunda etapa de Livent en la zona, tuvieron persecución, hostigamiento, al punto de que las familias decidieron salirse de la resistencia. En la lucha quedaron muy pocos y son muy atacados”, explica. El equipo periodístico intentó comunicarse con Livent pero no fue posible obtener una respuesta de la compañía.

Sismos inducidos

Los antecedentes de Tecpetrol no están vinculados al negocio del litio, pero sí a la extracción de gas. En la provincia de Neuquén, la empresa cambió para siempre la vida en un paraje rural, Sauzal Bonito. Este pueblo de unos 300 habitantes, se ubica a 48 kilómetros al suroeste de Añelo, la ciudad base de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo y cuarto en petróleo no convencional a nivel global. Aquí, los combustibles fósiles se extraen mediante el mecanismo del fracking. 

Sauzal Bonito es el pueblo más cercano al yacimiento de gas que explota Tecpetrol en Vaca Muerta: Fortín de Piedra. Desde que la petrolera de Techint se instaló allí para desarrollar la actividad del fracking, la localidad comenzó a temblar. 

Los sismos coincidían con el inicio de las operaciones de fracking, explicó a Mongabay y elDiarioAR el geógrafo Javier Grosso Heredia, quien dirige el Observatorio de Sismicidad Inducida junto a Guillermo Tamburini Beliveau. El organismo ya contabilizó casi 500 sismos inducidos desde finales de 2018 hasta julio de 2024 en esta zona de Vaca Muerta, informó Grosso Heredia. 

“Nunca existió un reconocimiento de la responsabilidad de Tecpetrol en la producción de los sismos ante los habitantes de Sauzal Bonito”, afirma Grosso Heredia. “La empresa tampoco hizo público cómo es su sistema de semáforos sísmicos, que ayudaría a informar y actuar preventivamente ante los sismos en el pueblo”, agrega el geógrafo. “Sin embargo, sí aportó 500 millones de pesos (unos US$526.000 al valor del cambio actual) para la construcción de viviendas antisísmicas”, explica el investigador. La petrolera no admite la conexión entre el fracking y los sismos, pero accedió a financiar un paliativo para los vecinos. 

El caso de Sauzal Bonito llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2022, ante un amparo ambiental presentado por la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo, habitantes de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra la provincia de Neuquén. Sin embargo, el caso aún no fue tratado por los jueces del tribunal.

La extracción de litio en el salar de Catamarca y el fracking en la provincia de Neuquén son evidencia de los problemas que podrían llegar con la explotación en Guayatayoc. El primer conflicto es notorio y se ve en las grietas que amenazan con romper del todo la unidad de las 38 comunidades indígenas que hace 14 años y en bloque se oponían a la llegada de la minería.

ED

Un gigante se ha instalado en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna, en la provincia de Jujuy. En esta pampa de sal, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, pretende extraer litio. Tiene la mirada puesta en la Laguna de Guayatayoc, donde hasta hace apenas unos meses era impensado que la minería litífera pudiera avanzar y conquistar un área habitada por 38 comunidades indígenas, que llevan más de 14 años resistiendo al inminente desembarco de las compañías mineras. El viernes 15 de noviembre representantes de comunidades indígenas de la cuenca se presentaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su reclamo.

“Nosotros no vamos contra el litio, nos preocupa el agua y el medio ambiente. Nos puede afectar mucho si hay esa actividad porque necesita de mucha agua”, le dijo a Mongabay Latam y a elDiarioAR Raúl Callata, presidente de la comunidad de Rinconadillas. Entonces, era principios de junio y las cartas no estaban echadas. 

En esta región del noroeste argentino se extiende la cuenca de Salinas Grandes —una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina—, que incluye a la Laguna de Guayatayoc, el segundo espejo de agua más grande de Jujuy. Es una cuenca compartida entre Jujuy y su vecina, la provincia de Salta. 

Los ríos y arroyos que se forman en este ecosistema alimentan un humedal de altura, donde conviven desde tres clases distintas de flamencos, suris (ñandúes) y vicuñas hasta animales de pastura que las comunidades crían para su supervivencia.

Aquí, una decena de empresas buscan desarrollar trabajos de exploración en busca de litio. Su meta: satisfacer la demanda mundial de “oro blanco”, un mineral clave para la transición hacia el uso de energías limpias que no beneficia hoy a la Argentina y menos a las comunidades de la cuenca de Salinas Grande que le dijeron “No al litio” en 2010.

“La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral (cultural, social y comunitaria) de las comunidades indígenas, que cohabitan el territorio hace muchísimos años de manera colectiva. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social”, afirma Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cómo logró Tecpetrol aterrizar en una zona que lleva años oponiéndose a la minería? La compañía se movía en territorio hostil. El grupo organizado de comunidades indígenas había impedido hasta el momento el desarrollo de la minería de litio en sus territorios. Hasta el 21 de junio de 2024, cuando la petrolera consiguió lo que se había propuesto: obtener la licencia social para operar en una porción de la cuenca, pero a costa de dividir a las comunidades. 

“No al litio”

El clima que esperaba a la petrolera era difícil. Desde 2010, unas 38 comunidades Kolla y Atacama se oponían a la explotación del litio en esta cuenca. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la CIDH—, las mineras y los gobiernos de Salta y Jujuy han continuado con sus planes en la región. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse. Pero no le será tan fácil.

Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc basan su economía en el turismo comunitario —Salinas Grandes es una de las zonas más visitadas de Jujuy—, el pastoreo de animales, la elaboración y venta de tejidos, así como la extracción de sal. Esto quiere decir que cualquier movimiento de mineras en la zona puede afectar directamente su economía.

“Cuando en 2010 y 2011 llegaron las empresas a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, querían comprar voluntades y hacer intervención en las comunidades”, explica Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con experiencia en la relación entre las comunidades indígenas y las mineras.

Las comunidades acordaron que decidirían en bloque ante cualquier intento de las mineras de ingresar en la cuenca.

Las primeras grietas

Durante 2023, la unidad se quebró. La ausencia del Estado de la provincia de Jujuy, como denuncian las comunidades, la crisis económica y el lobby de las empresas fue mermando en algunas de estas sociedades aisladas y vulnerables. Dos petroleras que pretendían buscar litio en las salinas desembarcaron en la cuenca. La primera fue Pluspetrol, de la mano de su división minera, Litica. La segunda fue Pan American Energy (PAE), con su minera Lithos (actualmente denominada Lithion Energy). Lo hicieron a través de promesas de trabajo y sustituyendo al Estado de la provincia de Jujuy, ausente en todos los aspectos de la vida de la población indígena: salud, educación, trabajo, bienestar social e infraestructura, según pudo corroborar el equipo periodístico en la zona.

La siguiente grieta entre las comunidades sería abierta por una tercera petrolera, Tecpetrol.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, ubicado en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi, de 5896 metros de altura. Flores es uno de los defensores ambientales de este territorio. 

“Estamos más complicados que antes porque las empresas ahora tienen más apoyo del Estado provincial y nacional. Tienen más libertad y acciones en las comunidades. Nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando del agua”, dijo Flores a Mongabay Latam y elDiarioAR en junio. “Nos quitan el agua de la Puna”. 

Flores asegura que las empresas hacen un “trabajo político” junto al Gobierno. También plantea que existen distintas formas de actividad económica en la zona que no dañan el ambiente ni ponen en riesgo la provisión de agua dulce en la región y que no son incentivadas por el Estado, en alusión a la ganadería, el turismo, la venta tejidos y sal. 

—¿Cómo sigue la pelea de las comunidades en este contexto?— preguntamos.

—No te puedo contar la estrategia. No sé si me estás preguntando eso para nosotros o para decírselo a las empresas. Perdóname pero hoy dudamos de todo. Estamos tan preocupados por todo. 

En la Puna, donde el viento hace mella, la desconfianza erosiona todo a su paso. 

Verónica Chávez es dirigente de la comunidad Santuario Tres Pozos, también en la cuenca. Mientras se aprestaba para exponer ante la asamblea de la CIDH, dijo a Mongabay y elDiarioAR: “Lo que no queremos es que la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sea saqueada”. “Este paisaje es visitado por el mundo y queremos que nos ayuden a proteger esa hermosa cuenca y el territorio a lo ancho y largo de la provincia de Jujuy”, afirmó Chávez. “La decisión de una comunidad o de parte de una comunidad puede perjudicar a todas las comunidades, por eso vamos a seguir luchando colectivamente”, agregó la dirigente indígena. 

La conquista de Rinconadillas

Desde 2023, cuando obtuvo la autorización del gobierno de Jujuy para explorar litio en la Laguna de Guayatayoc, Tecpetrol puso en marcha una estrategia de acercamiento con la comunidad de Rinconadillas, cuyo territorio coincide con otra porción de la cuenca que la petrolera desea explorar en busca de litio. 

En esta comunidad, su comunicación vía terrestre depende del buen estado de la ruta provincial 11, que luego de 20 kilómetros la conecta con la ruta nacional 52, pavimentada. Por este tramo, las familias acceden a Las Salinas Grandes y al pueblo de Purmamarca, una vez atravesada la sinuosa Cuesta de Lipán. 

Los días en Rinconadillas son casi todos iguales, tranquilos. De día, reina el sol; de noche, el cielo es un mar profundo de nubes. En sus menos de 100 casas, algunas centenarias y de piedra, hay una escuela, un centro comunitario, tres posadas para turismo, una iglesia, un salón en el que se reúnen las tejedoras, un paupérrimo puesto sanitario y una plaza, en donde hay servicio de internet abierto pero no hay señal de telefonía. 

Este bucólico paisaje, de cinco cuadras de largo por tres de ancho, esconde varios problemas. El agua que se consume tiene altísimos niveles de fluoruro, desaconsejados para el consumo humano porque supera el límite que recomienda el Código Alimentario Argentino, explicaron los habitantes al equipo periodístico durante una visita a la comunidad en junio de 2024. Los habitantes exhiben en sus dientes un desgaste fuera de lo normal. La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno jujeño puso en marcha un proyecto piloto que busca garantizar agua apta para el consumo humano, al menos por unas horas durante el día. 

La comunidad indígena tenía sus dudas sobre el litio. Raúl Callata, presidente de la comunidad y también cocinero de la escuela de Rinconadillas, admitió que el emprendimiento minero atrajo de inmediato a los jóvenes. “La falta de trabajo los obliga a pensar que es posible y se muestran dispuestos a darle el visto bueno”, contó en junio de 2024, días antes de que una parte de la comunidad decidiera dar el visto bueno a Tecpetrol para explorar la laguna en busca de litio.

Rinconadillas tenía programado reunirse en asamblea para decidir si otorgaría la licencia social a Tecpetrol —es decir, su permiso para operar en la porción de territorio de la comunidad— el 27 de julio de 2024. Mongabay y elDiarioAR visitaron a la comunidad entre el 6 y el 8 de junio último para documentar la forma de vida de la comunidad y dialogar con sus habitantes sobre las distintas posturas con respecto a la presencia de Tecpetrol. 

También consultó a la petrolera sobre sus actividades en la zona. Tras la visita y la consulta, todo se precipitó, aseguraron los habitantes consultados, quienes solicitaron no dar a conocer sus nombres por la fuerte división que ahora impera en la comunidad. Se convocó a una asamblea extraordinaria en Rinconadillas para el 21 de junio, cinco semanas antes de lo programado. 

En las asambleas, un integrante de cada familia vota. La invitación a la asamblea del 21 de junio se realizó apenas dos días antes y excluyó a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales porque trabajan, por ejemplo, en Purmamarca, que está a 100 kilómetros de distancia. “Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, dijo uno de los vecinos consultados. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, afirmó. 

Sobre un total de 82 familias censadas, solo llegaron a la votación representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realizara la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9. Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado, porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, aseguró uno de los vecinos consultados. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” por el resto de las comunidades de la cuenca, lamentó la fuente.

Ecos de la asamblea

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades de la zona que continúan oponiéndose al desembarco de las mineras. Las primeras en expresarse en contra de Rinconadillas fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros, y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros de Rinconadillas. A través de comunicados, indicaron que el grupo “continúa defendiendo el agua y el territorio”, que las comunidades “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”. 

Waldo Barconte tiene 31 años y oficio en Rinconadillas. Es tejedor, lo aprendió de sus padres y de sus abuelos. Con un telar que tiene en su casa y junto a su esposa, realiza diversos productos, como mantas rústicas —“las que más se venden”, cuenta—, que luego negocia su padre en Purmamarca o Tilcara. Complementa esos ingresos fabricando bloques de cemento pero desde diciembre no vende ni uno. “Está parado todo”, dijo. 

Aun con una rutina diaria de trabajo, opinó a favor de otorgar la licencia social a la minería. “No hay trabajo en el pueblo y podría ser una fuente de ingresos para los jóvenes, que cada vez se dedican menos a las artesanías o a la cría de animales. La mayoría quiere tener celular e internet, estamos modernizados”. ¿Lo hablan entre tus amigos?, preguntaron Mongabay y elDiarioAR: “Sí, tenemos algunas dudas pero la necesidad es mayor y por eso decimos 'sin miedo al éxito, vamos', después se verá”.

Tras la asamblea del 21 de junio, en la que un sector de la población de Rinconadillas decidió por el sí al litio de manera anticipada y sin la participación de todos los habitantes del paraje, el sector de la comunidad que quedó excluido de la asamblea presentó una acción de amparo ambiental ante la Justicia junto a representantes de otras comunidades de la cuenca, como El Moreno y Santuario Tres Pozos, explicó la abogada que tramita la acción, Alicia Chalabe.

Sin embargo, tras la asamblea del 21 de junio, Tecpetrol dio por superada la etapa, dio un nuevo paso y presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la provincia de Jujuy. José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, dijo a Mongabay Latam y elDiarioAR que para el gobierno de la provincia la exigencia legal de realizar una consulta previa, libre e informada se cumplió. La asamblea del 21 de junio es la confirmación de ello, sostuvo el funcionario en diálogo con el equipo periodístico.

“El Estado de Jujuy no tenía ninguna injerencia ni conocimiento del proyecto. Se trató de una consulta entre privados: la empresa y la comunidad”, afirmó Gómez. Con la aprobación de parte de la comunidad de Rinconadillas para el desembarco de la compañía en la zona, la licencia social está concedida, según el funcionario. 

—El resto de las comunidades de la cuenca reclaman que la consulta previa, libre e informada debería haber sido realizada con el bloque de todas las comunidades. ¿Cuál es la posición del gobierno de Jujuy frente a este reclamo? —preguntó el equipo periodístico.

—¿A usted le gustaría que yo decida sobre qué puede hacer usted en su casa? —respondió el funcionario, defendiendo la decisión de la asamblea del 21 de junio—. Las comunidades tienen derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el uso de sus territorios. Estamos hablando de una exploración con un impacto muy acotado. La perforación, que vendría más adelante, sí puede tener más impacto porque hay que hacer caminos y una plataforma en el salar.

—¿Por qué cree que existe tanta resistencia al litio por parte de la mayoría de las comunidades de la zona?

—Son posicionamientos ideológicos. Se oponen al desarrollo. Las comunidades a veces son usadas por sectores con intereses económicos que no quieren el desarrollo —aseguró Gómez, aunque no identificó a dichos sectores. Actualmente, debido a los controles oficiales y a la cultura y estrategia de trabajo de las mineras es impensado que pueda dejarse sin agua a la comunidad. 

Una sociedad dividida

En la comunidad de Rinconadillas se habla del litio en las esquinas, en la plaza o a la salida de la misa, que se celebra una vez por mes. El domingo 9 de junio, por la mañana, un representante de Tecpetrol mantuvo una reunión informativa en el salón comunitario para quienes quisieran oír sobre la exploración. Fue la tercera. Por una instrucción expresa de las autoridades comunitarias, no hubo registro en video, fotos o audio de ese encuentro. “Nadie quiere quedar pegado porque ya se mira mal a Rinconadillas desde otras comunidades —como Tres Pozos y Alfarcito— porque dicen que no se hace lo suficiente para oponerse a la explotación”, sostuvo el vecino que pidió no ser identificado.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, es el único guía de turismo del pueblo, oficio para el que se capacitó con Las Warmis, una organización de mujeres de La Quebrada de Humahuaca que trabaja por el desarrollo regional a través de la capacitación y la generación de emprendimientos. “Eso me cambió porque tomé conciencia de nuestro origen, de dónde venimos”, dice. Sarapura es uno de los miembros de la Cooperativa Espejo de Sal, que ofrece servicios turísticos y está integrada por las comunidades indígenas de Alfarcito, Sauzalito, Santa Ana, Barrancas, Susques, Cerro Negro —de La Poma— y Rinconadillas. “Desarrollamos un turismo vivencial, que los turistas compartan nuestras actividades. La pandemia fue un golpe muy fuerte, nos estamos recuperando”, cuenta.

Reflexivo, se opone a la minería. “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso también espantará a los suris, vicuñas y flamencos, entre otras especies”, afirma. 

“Es lamentable que a los jóvenes sólo les interese la minería habiendo tantas otras cosas por hacer, como la agricultura y la ganadería. Ya lo hablamos en la cooperativa y hay roces. Por eso tememos invertir mucho en turismo y que dentro de unos años los paisajes estén destruidos y nos obliguen a irnos. Es triste el desarraigo, tener que comenzar todo de nuevo en otro lado”, precisa preocupado por el futuro de sus dos hijos.

Coincide con esta postura Herminia, de 38 años, madre soltera de cuatro hijos, que se dedica a la cría de llamas, teje y cocina para los turistas. “Ya lo pensé y no quiero la minería, mis hijos tampoco. En unos años quedará todo destrozado y esto será puro desierto para nuestros nietos y sus hijos”, señala. En junio, admitió que desde Tecpetrol había cierta premura para que la comunidad tome una decisión. “Quieren que firmemos rápido para que ellos puedan explorar y hay un grupito de mayores y jóvenes que está apurando, que dice que estamos perdiendo oportunidades”, sostiene.

“A mí me gustaría que haya consenso, que no se tenga que votar porque eso provocará roces. Lamentablemente, el pueblo está dividido”, adelantaba en junio Raúl Callata. El consenso, finalmente, no fue posible.

ED

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado SA, anunció que el próximo viernes 8 de noviembre, realizará una importante subasta de la firma Techint, por renovación de flota. La misma, se llevará a cabo de forma on-line, con presencia de martillero público.

Durante el remate, se podrán adquirir: excavadoras hidráulicas, palas cargadoras, grúas, tiende tubos, pick-ups Toyota y Ford, torres de iluminación, neumáticos para maquinarias, zorras hidráulicas, entre otros cientos de lotes.

Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Llega una nueva subasta de la reconocida firma TECHINT y siempre son una excelente oportunidad para empresas y pymes nacionales, de adquirir maquinaria, vehículos y herramientas en muy buenas condiciones de mantenimiento y a precios convenientes”.

Para conocer el detalle de todos los lotes y poder inscribirte, se debe ingresar al siguiente link: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/

La petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró su objetivo en la Puna jujeña: la aprobación de un sector de la comunidad indígena de Rinconadillas, ubicada en un pasaje aislado, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de esta región, para explorar la Laguna de Guayatayoc en busca de litio. Así pudieron establecerlo una alianza entre Mongabay y elDiarioAR en base a testimonios y documentos de la asamblea local.

El negocio del “oro blanco” es una de las apuestas fuertes de la petrolera, propiedad de la familia Rocca, la segunda más rica de Argentina, que tiene una concesión del gobierno de Jujuy pero que requería de la licencia social de la población indígena que controla este territorio y que llega con una comunidad dividida para la que la convivencia social entre sus habitantes y con las comunidades aledañas ya no será igual. Tecpetrol dividió y reinó.

El territorio de la comunidad de Rinconadillas se encuentra en una de las zonas más conflictivas para la minería del litio: la cuenca que conforman el salar Salinas Grandes -una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina- y la Laguna de Guayatayoc, donde desde hace 14 años un grupo de 38 comunidades se oponían al desembarco de las mineras, desarmando los planes de negocios de las compañías y del gobierno de Jujuy, que impulsa este tipo de actividad extractiva. 

La comunidad de Rinconadillas era una de las 38 comunidades que se oponían a la minería de litio en sus territorios desde 2010. Entonces, las asambleas que gobiernan en estas comunidades decidieron que ninguna de las comunidades iba a tomar decisiones por separado y que actuarían en bloque. La cuenca es una sola, establecieron entonces, y la decisión frente a las mineras debía tomarse en conjunto. Decidieron “No al litio” y a través de cortes de ruta y demandas judiciales, que llegaron a la Corte Suprema de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), frenaron los objetivos de las empresas y el gobierno de Jujuy.  

Sin embargo, durante el último año, un grupo de petroleras que desarrollaron divisiones mineras para ingresar en el negocio internacional del litio comenzaron a resquebrajar la alianza de las comunidades. La primera fue Pluspetrol, que logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera y Aguas Calientes, se separaran del grupo y acordaran otorgarle a la petrolera la licencia social para operar en sus territorios. La segunda fue Pan American Energy en la comunidad de Lipán, como informó elDiarioAR en marzo último. El tercer caso es el de Tecpetrol. Mongabay y elDiarioAR se comunicaron con Tecpetrol pero la empresa declinó hacer comentarios por el momento.  

Cómo se tomó la decisión

La decisión de la comunidad de Rinconadillas de otorgar la licencia social a la petrolera de Techint fue adoptada en un encuentro extraordinario el 21 de junio último. La comunidad está dividida en dos grupos. Un grupo se opone a la llegada de la minería frente a los riesgos ambientales y el peligro de la escasez de agua en una de las zonas más áridas del país. La minería de litio, conocida como “minería del agua”, por la cantidad de agua que insume, amenaza sus formas de vida, desde el pastoreo de animales hasta el turismo comunitario y la extracción de sal para consumo humano e industrial. 

Hay, en cambio, quienes están a favor y creen que Tecpetrol solucionará los problemas socioeconómicos de la comunidad: la falta de empleo y la falta de servicios básicos, ante la ausencia casi total del Estado jujeño y nacional.

El debate iba a darse en una Asamblea General convocada para el 27 de julio. La fecha había sido confirmada por el presidente de la comunidad, Raúl Callata, afirmaron fuentes directas de la asamblea a Mongabay y elDiarioAR. Sin embargo, el 19 de junio, de manera exprés, un grupo de habitantes convocó a una Asamblea Extraordinaria, que se realizó el viernes 21 de junio, a las 8.30, en la sede de la organización, frente a la plaza de la comunidad. De acuerdo a consultas con fuentes que pidieron no dar a conocer sus nombres, la invitación a los miembros -vota una persona por familia- dejó afuera de cualquier posibilidad de participar a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales y que suelen regresar los fines de semana. Muchos de ellos, se oponen a la minería de litio. Se trató de la misma estrategia realizada en la asamblea de Lipán meses atrás.

“Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, señaló una de las personas consultadas. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, se lamentó. 

Por esta razón, sobre un total de 82 familias censadas, solo asistieron representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realice la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9 con la exposición de un miembro informante, en representación de la comisión directiva de la comunidad, que detalló el motivo del encuentro. 

Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios, antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, se indicó. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” frente al resto de las comunidades de la cuenca con las que tenían un acuerdo desde 2010, lamentó la fuente.

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades aborígenes que se encuentran en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. Las primeras en expresarse en contra fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros; y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros. A través de comunicados indicaron que “continúan defendiendo el agua y el territorio”, que “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” que habían acordado las comunidades hace años. Es decir, decidir en bloque una postura común sobre los pedidos de licencia social.

En los últimos días se hicieron públicas numerosas expresiones en contra de la decisión de Rinconadillas y por esa razón, con la firma de su presidente y otras 44 personas, la comunidad emitió un comunicado dirigido a las autoridades y representantes de las comunidades de la zona. “Solicitamos a las autoridades y miembros de las comunidades aborígenes, incluidas sus comisiones directivas y órganos de comunicación y representación, abstenerse de continuar efectuando publicaciones, declaraciones, acusaciones, escraches, amenazas y requerimientos que de manera absolutamente improcedentes, agravian y difaman a los integrantes de nuestra comunidad”, señala el primer párrafo. 

Además, solicitaron que “se dirijan hacia esta comunidad con el respeto, seriedad, formalidad, pericia y profesionalidad de rigor”. 

La comunicación tiene otras consideraciones y pone en la superficie que el debate sobre la actividad está vivo y genera profundas diferencias hacia adentro y afuera de los pequeños pueblos de la Puna jujeña, un escenario que también se repite en esta región del lado salteño, frente a un Estado casi ausente en políticas educativas, de salud e infraestructura para estas poblaciones.

ED/DTC