La compañía de telecomunicaciones Claro Argentina, filial de la mexicana América Móvil, objetó la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina, confirmaron a EFE fuentes oficiales y de la empresa.

Claro Argentina hizo una presentación al respecto ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina, confirmaron a EFE fuentes de ese organismo regulador.

El pasado 24 de febrero, Telecom Argentina compró la filial del grupo español Telefónica por 1.245 millones de dólares (1.153 millones de euros), una operación que está bajo evaluación del Enacom y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que estudian la posible configuración de un monopolio en el sector.

Fuentes de Claro consultadas por EFE indicaron que la empresa pidió al Enacom deje sin efecto la ejecución de la compraventa hasta que el organismo regulador expida una autorización a la operación.

La filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, alega que las operaciones de compraventa de empresas de telecomunicaciones deben contar con una autorización previa del organismo regulador.

La ley Argentina Digital, sobre tecnologías de la información y las comunicaciones y aprobada en 2014, establece en su artículo 13 que cualquier transferencia o cesión de licencias y toda modificación de las participaciones accionariales deberán ser autorizadas de forma previa por la autoridad de aplicación de la norma, “bajo pena de nulidad”.

Claro también solicitó al Enacom que los permisos de uso de espectro de bandas para comunicaciones móviles sean excluidos de la compraventa dado que Telecom Argentina “ya cuenta con el máximo de acumulación de espectro de estas bandas”.

Asimismo, Claro alega que la licencia de servicio telefónico básico que posee Telefónica Móviles Argentina “requiere de autorización previa para su transferencia de control”.

Si bien Telecom Argentina ya concretó el pago por la compra de la filial de Telefónica, la integración de ambas empresas ha sido suspendida de forma preventiva, en principio por seis meses, a partir de una resolución adoptada el pasado 25 de marzo por la Secretaría de Industria y Comercio de Argentina.

Telecom tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).

Telefónica y Telecom dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1989 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Según el Gobierno de Javier Milei, la participación resultante de la integración de las dos empresas implicaría una concentración del 61% en el mercado de telefonía móvil y del 69% en telefonía fija, mientras que en los servicios de internet residencial la concentración podría llegar al 80% en algunas zonas del país.

Claro compite en este mercado con servicios de telefonía móvil y de internet.

MM con información de la agencia EFE.

Claro Argentina informó el programa de medidas que viene implementado para alcanzar su compromiso de reducir su huella de emisiones de CO2e, en un 52% para el año 2030 y llegar a la neutralidad de emisiones en el 2050. Con este objetivo, la compañía ha fijado dos líneas de trabajo complementarias: una corresponde al uso más eficiente de recursos energéticos en los procesos operativos. La otra línea es la incorporación y uso de fuentes renovables para mejorar su matriz energética a través de un acuerdo firmado con YPF Luz.

En cuanto a la eficiencia de los recursos energéticos, las acciones de Claro Argentina se focalizan en:

En relación con la incorporación de fuentes renovables a la matriz energética, Claro firmó un contrato por 10 años con YPF Luz para abastecer sus operaciones con energía proveniente de fuentes renovables -solar y eólica- por un total de 50.000 MWh/año; de los cuales 30.000 MWh/año provienen del Parque Solar Zonda, ubicado en San Juan, y 20.000 MWh/año del parque eólico más grande de Latinoamérica, en General Levalle, Córdoba que comenzará a operar a finales de este año. A través de este acuerdo con YPF Luz, Claro espera cubrir en 2024 el 20% de su demanda energética anual con energía limpia. Con esta acción, la compañía habrá reducido en más de 15.000 toneladas anuales sus emisiones de CO2e.

Telecom, la empresa de los dueños del Grupo Clarín y dueña de la marca Personal, y la mexicana Claro se comprometieron hoy a invertir US$350 millones para adquirir lotes de 100 megahertz (MHz) de especto radioeléctrico para ofrecer la tecnología de Internet celular 5G, que aumenta la velocidad y la cantidad de contenido que se transmite ahora por las redes 3G y 4G. Su rival española Telefónica, propietaria de Movistar, presentó una oferta de US$175 millones por 50 MHz.

Así finalizó la licitación de espectro de 5G y ahora las tres empresas tienen 21 días para desembolsar ese dinero. Eso sí, pueden pagar en pesos al tipo de cambio oficial, con lo que es muy probable que no entren divisas nuevas para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central. Sin embargo, serán recursos económicos que le vendrán bien al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para apuntarla la meta de déficit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del 1,9% del PBI. Pero el aspirante a la Casa Rosada anunció las inversiones con una consigna que va más allá de la acuciante coyuntura por falta de fondos que “los ciudadanos tengan Internet y celulares más rápidos y más baratos”. Lo del menor precio tiene que ver con el anhelado efecto de la competencia.

En un acto oficial que inevitablemente se mezcla con la campaña del ministro candidato, Massa señaló el desafío que supone desplegar el 5G en el territorio del octavo país más extenso del planeta. Además de las mayores velocidad y contenidos para los ciudadanos, el funcionario destacó que esta licitación es una “oportunidad de ingresos para el Estado en momentos complejos por la peor sequía de historia”. Se trata de ingresos de US$825 en total a cambio del “uso de un bien público”, que es el espectro.

“Es importante para las metas fiscales. Es importante para valorar el bien público. Es importante por la confianza del sector privado cuando dominaba la incertidumbre política. Quiero hacer un agradecimiento a las tres compañías que han licitado”, le hizo un guiño a la firma del Grupo Clarín -con la que siempre mantuvo una buena relación pese al enfrentamiento del kirchnerismo con esa corporación-, la empresa de América Móvil -la del multimillonario mexicano Carlos Slim- y la de Telefónica -cuya partida de la Argentina nunca se concretó hasta ahora pese a los rumores de posibles compradores de su filial-.

Massa opinó que esta licitación sirve para despegarse “de la disputa electoral y mirar el largo plazo” y para “poder avanzar en inversiones de magnitud”, dado que el desembolso es sólo para comprar espectro, pero ahora las compañías deberán invertir en infraestructura para traerla a la Argentina y desplegarla aquí. Entre los principales proveedores de la tecnología 5G están las chinas Huawei y ZTE, que EE.UU pedía vetar por razones de seguridad nacional, pero que finalmente podrán proveer a Telefónica, Claro y Telecom. De hecho, las firmas de los dueños de Clarín (Héctor Magnetto, Felipe y Marcela Noble Herrera, José Aranda y Lucio Pagliaro) y la de Slim ya operan con Huawei en la Argentina. Otros proveedores son la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia, mientras que la norteamericana Cisco ofrece parte de los equipos dentro de una opción tecnológica llamada Open RAN.

“La competencia por la tecnología es clave para los ciudadanos”, celebró Massa. “La competencia por el precio del servicio es uno de los valores más importantes”, agregó, antes de advertir que el mercado tampoco soluciona todo, como plantea su rival del balotaje, Javier Milei. “Que con el Estado sigamos haciendo inversiones en sectores donde por oferta y demanda no alcanza para desarrollar infraestructura. No todo depende del mercado, quedarían ciudadanos abandonados a la buena de dios. Es clave seguir con la inversión del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) en barrios populares, con Arsat en lugares donde por volumen de mercado a ninguna empresa le interesa abrir competencia o aumentar inversiones.”

Pese a que Telecom, Telefónica y Claro habían renegado contra la licitación del 5G, negociaron con el Enacom cambios en las condiciones y finalmente presentaron primero las ofertas técnicas y hoy las económicas. Sólo quedaba la duda de si la empresa española iba a ofertar por 50 o 100 MHz. En un principio, Telefónica y su asociación con pymes y cooperativas Infraestructura Digital Argentina (IDA) había llegado a presentar un recursos de amparo primero en la ciudad de Buenos Aires, sin éxito, y después en Mendoza, con fallo favorable, contra la licitación porque se negaba a pagar por el espectro y a que el Estado reservara parte de él para la firma estatal Arsat, según fuentes oficiales. Después se sentó a negociar y terminó consiguiendo que se pueda ofertar por 50 MHz, en lugar de la exigencia inicial de hacerlo sólo por 100. Otros asuntos que se negociaron fueron la condición inicial de depositar el dinero en dólares, que al final se pudo desembolsar en pesos, y la facilitación de las importaciones para traer equipos del exterior. Claro que no es lo mismo poner US$350 millones que su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial.

En lo que no cedió el Gobierno fue en que algo debían abonar por el espectro -otros países no lo requieren-, la reserva de espectro para Arsat y en la exigencia de que cuando el 50% de la clientela haya migrado a 5G los operadores tengan la obligación de ofrecer una prestación básica universal (PBU), a un precio rebajado para alcanzar a toda la población sin importar su nivel económico. Pese a la amistad de Massa con EE.UU y su funcionario de Seguridad Nacional, Juan González, el ministro candidato no cedió a la presión contra Huawei -prohibida en la superpotencia y en numerosas potencias occidentales- y estableció la llamada neutralidad tecnológica. Es decir que los tres operadores podrán contratar a quien sea, ya sea a la firma china o a la tecnología Open RAN, donde participan compañías estadounidenses. Pronto comenzará una mesa de diálogo entre el Gobierno y las cooperativas y las pymes que proveen Internet en pequeñas localidades para sumarlas al 5G.

“Las operadoras no querían la licitación, especulaban con la que la hiciera el próximo gobierno, se pelearon todo el tiempo con nosotros y entre ellas, pero entraron”, comentan en los despachos oficiales. “Clarín jugó a fondo en la campaña con (Patricia) Bullrich, hasta le hizo guiños a Milei, a diferencia de La Nación, pero ahora se dan cuenta de que necesitar estar en un país medianamente estable”, explican. “La presión de Estados Unidos tampoco funcionó porque acá Clarín y Claro usan Huawei”, agregan.

“El avance de esta nueva tecnología implicará potenciar la continuidad del despliegue de 4G y la llegada de Movistar Fibra a los hogares, para que todos los clientes se vean beneficiados de igual manera”, informó Telefónica. “Hay que recordar que Movistar ya es 5G hace más de un año, cuando desarrolló el primer laboratorio 5G, con autorización del Enacom, para que el ecosistema emprendedor, entre otros actores, pudiera desafiar sus proyectos bajo esta tecnología; permitiéndoles realizar los ajustes necesarios y así lograr escalabilidad en el menor tiempo posible. De esta manera, una vez más, como desde hace 33 años, la compañía apuesta al crecimiento del país impulsando la evolución tecnológica y desarrollando productos y servicios que aceleren la digitalización de ámbitos públicos, el sector privado y de la sociedad en general”, completa la operadora española, que llegó a la Argentina cuando se privatizó el servicio.

“Celebramos que se haya concretado un paso muy importante para la evolución de la industria TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la Argentina, con el compromiso desde Telecom de seguir invirtiendo en servicios innovadores para nuestros clientes y para el país”, informó la empresa de los dueños de Clarín. “5G ya es una realidad en nuestras redes de Personal porque nos veníamos preparando para este momento. Con la asignación se irá extendiendo el encendido progresivamente”, agregó la firma.

AR/DTC

El Ente Nacional de Comunicaciones anunció que espera recaudar US$1.050 millones en la subasta de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G, que se realizará el 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

La confirmación de la fecha de la subasta y de los recursos que generará para el Estado nacional ocurre a horas de la apertura del mercado financiero después de una jornada de alta tensión cambiaria.

“El próximo martes 24 de octubre, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), concretará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar alrededor de 1.050 millones de dólares”, difundió este miércoles el organismo.

Las tres empresas de servicios de comunicaciones móviles con red propia (Claro, Movistar y Telecom) participarán de la subasta después de haber presentado las garantías de ofertas y ya fueron precalificadas como oferentes.

El procedimiento licitatorio y “el valor base” de los lotes de frecuencia a subastar “se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico”, indicaron desde el Enacom.

El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria, que se utilizarán para comunicaciones con tecnología 5G.

En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno, precisaron desde el Enacom.

El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que “requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, indicó el organismo.

Los detalles del comunicado de ENACOM

Con información de agencias.

IG

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) lanzó la subasta para el otorgamiento de la banda más lucrativa del espectro 5G, uno de los objetivos centrales para el año fijados por Sergio Massa, pero incluyó en el pliego una posibilidad reclamada por las empresas líderes del sector. El pago podrá ser efectuado en pesos; es decir, no acumulará dólares a las reservas, de acuerdo con la resolución publicada en el boletín oficial el martes.

Tras una discusión extenuante con los principales actores de las telecomunicaciones —Telecom, Movistar, Claro y Telecentro— y entre diferentes áreas del Ejecutivo, ENACOM anunció el lanzamiento de la subasta de 300 MHz en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base para cada lote fue establecido en US$350 millones, por lo que la suma de los tres redundaría en US$1.050 millones.

La citada es la banda más apetecible en función del alcance técnico y la población objetivo, indicó una fuente al tanto de las negociaciones. Otras bandas brindan posibilidades de máxima precisión, pero menor mercado potencial, y a la inversa.

5G es una tecnología que permite altas prestaciones para determinadas industrias, ya sea para el manejo a distancia de instrumentos sofisticados en tiempo real, con una reducción al mínimo de la “latencia” —por ejemplo, una intervención quirúrgica— o para la transmisión masiva de datos —por ejemplo, de medidores de consumo de gas—, indicó a elDiarioAR el consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier.

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento

Industrias como la minería, Vaca Muerta y el agronegocio podrías valerse de la tecnología y expandir sus fronteras. En cuanto al público masivo, los usuarios podrían constatar los beneficios del 5G en lugares de alta concentración, como recitales, espectáculos deportivos y artísticos, o centros comerciales. Hoy, las muchedumbres tornan insuficientes las antenas de 4G, mientras que la nueva escala solucionaría el colapso, indicó Carrier.

El 10 de diciembre a la vista

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento.

Massa, con incidencia directa en ENACOM a través del presidente del organismo, su allegado Claudio Ambrosini, aceleró la subasta pese a las turbulencias financieras y la incertidumbre política y económica que genera el proceso electoral. La coincidencia en la industria y en las oficinas del Gobierno involucradas era que ya no quedaba margen para postergaciones si el objetivo era conceder el espectro por 20 años antes del 10 de diciembre.

Con el antecedente de la licitación del espectro 4G en 2014, que le valió al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la recaudación de US$2.200 millones y resultó en una sustancial mejora en la calidad de las comunicaciones móviles, el Ejecutivo de Alberto Fernández aspiraba a un resultado similar, de menor monto y otro tipo de prestaciones.

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro. En ese punto, Claro, tercer gran actor de las telecomunicaciones en Argentina, propiedad del mexicano Carlos Slim, se mostró más permeable a ingresar moneda dura al país, en el marco de una política comercial que en la industria consideran agresiva y ante la posibilidad de ganar espacio en TV paga y banda ancha, expresó una fuente al tanto de las negociaciones.  

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro

Las empresas mencionadas facturan sus servicios a casi la totalidad de la población argentina y enfrentan restricciones parciales para acceder a dólares a la cotización oficial, por lo que Telecom y Movistar consideraban inadmisible la obligación de erogar dólares, tal como había planteado el Gobierno antes y después de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hace 13 meses.

El propio titular del Palacio de Hacienda computó en febrero pasado que ENACOM podría recaudar US$1.500 millones con la subasta en cuestión, y que ello iría a fortalecer reservas. Alberto Fernández también se había manifestado en similar sentido.

En dólares, pero en pesos

La resolución de ENACOM publicada el martes en el boletín oficial establece que la cotización de la oferta debe ser formulada en dólares, pero el inciso 2 del artículo 37 aclara que, “de conformidad con lo establecido en el Código Civil y Comercial”, la erogación podrá ser en “moneda de curso legal” con el “tipo de cambio vendedor” fijado en el Banco Nación “el día hábil inmediato anterior a efectuar el pago”.

Las empresas, que desde la privatización de ENTEL en 1990 demostraron conservar alta rentabilidad tanto en escenarios intervencionistas como de libre mercado, ahora quedan habilitadas para utilizar sus depósitos, bonos y otros instrumentos en pesos, pese a que, por el volumen de su facturación y sus reservas internacionales, también cuentan con acceso a dólares en el exterior. En particular, Movistar podría apelar a un giro de su casa matriz, pero en todo el transcurso de la negociación dejó en claro que no lo haría, indicaron una fuente del Gobierno y otra de la industria.  

La habilitación del pago en pesos atiende una de las principales demandas de los potenciales ofertantes, pero no fue la única decisión que benefició al trío de jugadores en el mercado móvil. Otros aspectos de la convocatoria de ENACOM generan resistencias y llevan a que las Telecom, Movistar y Claro, por ahora, no se hayan expresado en público al respecto.

Un dato elocuente es que los representantes de Juntos por el Cambio en ENACOM, José Corral y Silvana Giudice, votaron en contra del llamado a licitación. Giudice en particular lleva dos décadas de actuación pública con posturas que inexorablemente son coincidentes con las del grupo Telecom/Clarín.

El cuarto en discordia

Durante los meses de discusiones se barajó la posibilidad de que se habilitara a un cuarto operador. Esa hipótesis tenía nombre: Telecentro, la empresa de TV paga y banda ancha del duhaldista expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Su eventual presencia en la compulsa generó un forcejeo entre Massa y Alberto Fernández, en la que se impuso el criterio del primero. El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro.

Otras miradas dentro del Ejecutivo pugnaron por una apertura mayor, que sacara la puja de las manos exclusivas de firmas que son largamente cuestionadas tanto por su reparto estanco del mercado como por la calidad del servicio que prestan. Una licitación más segmentada, no integral, que exigiera contraprestaciones para acceder al negocio más lucrativo, habría dado espacio para nuevos jugadores o habría condicionado a los grandes, indicó otra voz al tanto de las idas y vueltas de la subasta.

El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro

De todas formas, ni el uso de pesos para acceder al 5G ni la reserva de mercado para actores conocidos agotan el debate. Las empresas cuestionan el monto base de la oferta (US$350 millones) y el otorgamiento de 100 MHz a la estatal ARSAT, dispuesto también por ENACOM.

La aparición de ARSAT como “cuarto operador” por ahora es meramente formal. La empresa estatal no tiene infraestructura ni capacidad de financiarse para desarrollarla. Los 100 MHz que le asignó ENACOM, además, no están “limpios”, es decir, hay operaciones piloto o puntuales en ese segmento que deberían ser reasignadas.

El papel de ARSAT genera aprehensión en las grandes porque entienden que podría ser una vía para que entre un competidor que alquile el espectro de la firma estatal o que se asocie a ella sin haber pagado el equivalente en pesos a US$350 millones, indicó una fuente de la industria citada por la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence. Los nombres que sobrevuelan la aprehensión de los grandes son el citado Pierri y el grupo Vila-Manzano, que participó de la licitación del 4G, pero abandonó el intento.

Red “neutral”

El precio base de US5350 millones también genera quejas en la industria. “Aunque sean al cambio oficial, son muchos pesos y hay que tenerlos”, dijo la fuente de la industria.

Carrier coincide en que el precio es alto en relación a las experiencias ya consumadas en Brasil y Chile.

En el Gobierno responden que se establecieron requisitos más bajos para el denominado “despliegue” en infraestructura. Un precio de licitación más bajo y exigencias más altas en tiempos y montos de inversión habrían sido un factor desalentador para un negocio que requiere insumos importados, es decir, bienes a ser pagados en dólares, indicó una fuente citada por REDD.

A la presencia de ARSAT y el precio base, Carrier suma otro aspecto que podría generar reticencia en las tres grandes de las telecomunicaciones: la tarifa social. Si bien restan aspectos por definir, el pliego exige prestaciones a precios bajos que podrían llegar a beneficiar a un tercio de la población.

El negocio de las telecomunicaciones encuentra múltiples aristas, que se entienden a la luz del volumen de facturación y la incidencia en la vida cotidiana de la población.

Otra de las aristas que quedó resuelta en la resolución de ENACOM es la “neutralidad” de la red. Ello quiere decir que el regulador no exige un tipo particular de tecnología, sino que habilita a cada prestador a contratar proveedores según su criterio. Ese mercado encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero una firma sobresale por participación de mercado, la china Huawei, que facturó US$96.000 millones en 2022.

Ese mercado de tecnología 5G encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero uno sobresale por participación global de mercado, la china Huawei, que facturó US$ 96.000 millones en 2022

Estados Unidos puso toda su capacidad de lobby en contra de Huawei, pero el Gobierno argentino se ancló en la “neutralidad”. Esa decisión no fue objetada por Telecom, que ya contrató a la firma china para el desarrollo piloto de la red 5G.

Otro punto que estuvo presente durante los dos años de negociación fue el decreto 690 de 2020, que definió a la industria de las telecomunicaciones como servicio público esencial en competencia. Esa decisión de Alberto Fernández otorgó al Estado una amplia potestad regulatoria sobre tarifas y prestaciones de la TV paga, la banda ancha y las comunicaciones móviles. Toda la industria reaccionó en contra y las grandes del sector obtuvieron cautelares que, tres años más tarde, siguen vigentes, ante la inacción de la Corte Suprema.

Así las cosas, no habría que descartar que los tribunales federales se presten a otorgar nuevas cautelares si es que alguien busca postergar la licitación hasta más allá del 10 de diciembre. 

JJD

Movistar es la empresa de telecomunicaciones con mejor desempeño en materia de protección de la información de sus usuarios. Así lo indica la tercera edición del informe “¿Quién defiende tus datos? Argentina” de la Asociación por los Derechos Civiles, que evalúa la manera en que 7 grandes compañías de este rubro ─Personal, Telecentro, Movistar, Arlink, DirecTV, IPLAN y Claro─ protegen la privacidad y datos personales de sus clientes.

Las obligaciones legales de estas empresas respecto del tratamiento de la información de sus usuarios están determinadas, entre otras normativas, por la Ley Nacional de Datos Personales. Esta regulación data del año 2000 y, con el avance de la big data y las telecomunicaciones en las últimas décadas, ha quedado desactualizada ante nuevos parámetros internacionales. En septiembre de 2022, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) promovió la discusión de un anteproyecto que enfatiza el deber de las compañías en la recolección y tratamiento de estos datos. Hasta su aprobación, continuará existiendo cierta laxitud y opacidad respecto a las obligaciones de las empresas.

De conformidad con el artículo 6 de la ley actual, las 7 compañías estudiadas informan al usuario sobre la finalidad para la que son recolectados sus datos. Sólo 4 empresas, sin embargo, especifican de forma detallada y clara para el titular de la información los fines de su recopilación y se comprometen a no exceder dichos usos: Movistar, DirecTV, IPLAN y Claro. Personal y Telecentro, las dos compañías con mayor participación en la provisión de internet fijo en el primer semestre de 2021, según la Cámara Argentina de Internet (CABASE), proveen esta información de manera más vaga y ambigua. Arlink, que concentra el 1.67% de este servicio, los explica de manera detallada, pero no se compromete de forma explícita a limitarse a dichos fines.

“Como se masificó mucho el uso de datos, eso debería haber venido de la mano de informar la finalidad de la recolección de manera más precisa, informar los cambios en la política de manera más precisa y salir un poco de lo que la ley te obliga a hacer, es decir, tomar la ley como piso mínimo, pero mejorar a partir de ahí”, explicó Victoria Penas, autora del informe y abogada especialista en Derecho Internacional Público y Penal, a elDiarioAR.

El aumento del volumen de datos recolectados y utilizados surge, en parte, de la ampliación de la conectividad en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el cuarto trimestre de 2022, los accesos a internet fijos ascendieron a 7.946.140, mientras que los móviles alcanzaron 36.616.187. Esto representó un incremento interanual de 1.3% y 6.8%, respectivamente. En este contexto, como destaca la especialista, las empresas podrían haber avanzado más allá de los requerimientos mínimos de la ley para ajustarse a las nuevas circunstancias.

Las compañías, sin embargo, continúan aprovechando la laxitud de la norma y suelen atenerse únicamente a los parámetros establecidos a principios de siglo. Esto se da, por ejemplo, en lo referente a la calidad de los datos. Si bien todas las empresas relevadas tienen su base de datos inscripta en la AAIP, Arlink, DirecTV y Claro no presentan otra expresión clara de compromiso con la veracidad y precisión de los datos recolectados. En estos casos, garantizar la calidad de los datos ─deber establecido en el artículo 4 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales─ es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Las empresas podrían solicitar periódicamente una actualización de la información para compartir con su clientela el deber en cuestión y evitar que el titular de los datos tenga que solicitar, por su cuenta, la rectificación correspondiente ante cambios de domicilio, correo electrónico u otro dato personal.

En cuanto a la seguridad de los datos, sucede algo similar. Aunque las 7 empresas estudiadas se comprometen a adoptar las medidas necesarias para cumplir con este deber, contemplado en el artículo 9 de la ley, sólo Movistar aclara qué tipo de sistema utiliza para proteger los datos y evitar su uso desautorizado, lo que brinda mayor transparencia a su clientela. Las compañías restantes no explicitan qué herramientas concretas usan o, en el caso de DirecTV e IPLAN, exhiben un compromiso muy laxo que deja margen para un manejo poco cuidadoso de los datos.

Para cumplir con su deber de proteger la información de sus usuarios, las compañías de telecomunicaciones, además, están obligadas por ley a mantener la confidencialidad. El Estado es el único agente que puede solicitarles datos, metadatos o intervenciones de comunicaciones a las empresas para llevar adelante investigaciones penales.

En virtud del artículo 10 de la ley, las empresas deben entregar esta información a las autoridades gubernamentales cuando haya una orden judicial de por medio y/o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, defensa nacional y salud pública. “Lo que debería ser habilitante de una solicitud de datos, en principio, debería ser una orden judicial. Puede haber un caso concreto de datos no tan identificables que no comprometan tanto al sujeto que puedan ir por la vía administrativa”, detalló Penas a elDiarioAR.

De conformidad con la norma, la política de Telecentro contempla la entrega de datos al Estado ante estas circunstancias, pero no especifica qué implican todas aquellas situaciones en las que no es necesaria una orden judicial. Movistar presenta una política igualmente ambigua: pide resolución judicial, pero no aclara los requisitos para aquellos pedidos que se hacen por vía administrativa ni con qué frecuencia se entrega información sin autorización legal previa. Arlink, DirecTV e IPLAN, a su vez, no mencionan una orden judicial o resolución equiparable como requisito para la cesión de datos al gobierno. América Móvil, empresa dueña de Claro, expone la necesidad de presentar una orden judicial en su página web, pero no figura en el sitio local de la sucursal argentina.

La evaluación de las solicitudes de datos para determinar si son pertinentes, a pesar de constituir un aspecto central para preservar el derecho a la privacidad de los usuarios, es poco común entre las empresas estudiadas: sólo los departamentos legales de IPLAN y Claro examinan el pedido gubernamental. Esta falta de rigurosidad a la hora de responder a los pedidos gubernamentales deja amplio margen de discrecionalidad al accionar del Estado y, tal como establece la especialista, es central que las empresas comiencen a fijar requisitos claros. “Cuanto más alto se le pone la vara al Estado, más transparente se vuelve el ejercicio de sus funciones”, señaló.

Tal como explicó a elDiarioAR la autora del informe, las empresas de telecomunicaciones podrían adoptar medidas que excedan los deberes mínimos estipulados en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales vigente actualmente. En relación a las solicitudes gubernamentales de información, las compañías podrían notificar a los titulares antes pedidos de información y publicar estadísticas sobre estos pedidos en informes de transparencia en sus páginas web. Se trata de documentos periódicos en las que debería figurar la cantidad de solicitudes recibidas por parte de fuerzas de seguridad y organismos estatales, cuántas se aceptan o rechazan y quiénes son los agentes solicitantes en cada caso.

Del total de empresas analizadas, sólo 3 empresas comunican a sus usuarios sobre este tipo de pedidos: Movistar lo hace a través del Informe anual de Transparencia de las Telecomunicaciones que publica en su página web, Claro mediante un apartado en los Informes de sustentabilidad de América Móvil, mientras que IPLAN las publica por fuera de estos documentos. “Los informes le permiten a la gente saber, primero, que las empresas reciben solicitudes de datos, que es algo que no toda persona usuaria conoce, y, segundo, el volumen de solicitudes, qué tipos de datos se requieren, si son intervenciones de comunicaciones, datos de tráfico de internet, etc”, detalló Penas a este medio.

Movistar e IPLAN también han avanzado con la adopción de políticas para responder ante violaciones de los derechos de su clientela. Ambas compañías crearon canales de denuncia específicos para casos de vulneración de la privacidad. Estos canales deben ser de rápido acceso para los clientes para que sean eficientes. “Estamos hablando de temas por los que, en general, la gente no reclama y si, además, el canal de denuncia tenés que encontrarlo en el último rincón de la página, probablemente las personas menos lo hagan”, agregó la autora en comunicación con elDiarioAR.

ACM

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes un alza de la tarifa de telefonía, Internet y TV paga del 9,5% el mes próximo y de otro 9,5% en julio, lo que significa un 19% acumulado. Se suma al 9,8% que había autorizado para las pymes, incluidas las cooperativas, con menos de 100.000 abonados en enero, por lo que ellas totalizarán a julio un 31,6%. Pero las grandes empresas del sector, amparadas por fallos judiciales, desconocen la facultad del Estado de regular las tarifas, que había sido establecida por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en 2020, y por eso remarcan según sus propios criterios.

Por ejemplo, la española Telefónica Movistar aplicó un 16% en febrero y anunció otro 12,6% para mayo, con lo que acumulará un 30,6% en los primeros cinco meses del año, más que el 9,5% aprobado para las grandes o del 20,2% que regirá acumulado para las pymes. Telecom Personal (propiedad de los dueños del Grupo Clarín) aumentó 25% en lo que va del año, mientras que la mexicana Claro apostó por ahora por mantener los precios sin cambios. Pero en 2021, Claro los subió 45%; Personal, 49% y Movistar, 44%, por encima del 21% que el Gobierno había autorizado o del 43% que les había aprobado a las pymes. También Telecentro, de Alberto Pierri, y DirecTV, ahora en manos de los Werthein, remarcaron por encima de lo permitido, amparados también en sentencias.

El DNU 690/2020 reguló el sector, pero fallos de primera y segunda instancia pusieron en tela de juicio la facultad del Gobierno de fijar tarifas. Ahora se espera que la Corte Suprema se expida para determinar quién tiene razón: si las empresas o el Gobierno, en cuyo caso las compañías deberían devolver lo cobrado en exceso a los usuarios. Por ahora, no se ha cristalizado el intento de acordar una solución por fuera de los tribunales. Mientras, las pymes se atienen al DNU en parte porque dependen del Estado para que les subvencione el mejoramiento de su infraestructura y porque rivalizan con las grandes por el precio mayorista que les cobran para usar sus redes.

En el primer trimestre de 2022, el rubro comunicaciones se encareció 12,8%, menos que la inflación (16,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En 2021, subió 35,8%, por debajo del 50,9% de los precios en general. Los valores son clave para un sector que necesita de inversiones para mantener y mejorar el servicio, pero que a la vez deben ser accesibles para permitir el acceso de la población a la conectividad requerida para el trabajo y la educación en el mundo actual.

AR

Luego de que circularan mensajes de al menos una empresa de telecomunicaciones en los que se informa a los usuarios aumentos en las facturas de los próximos meses, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aclaró que no autorizó ningún incremento en los precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga. 

“Cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente”, aclaró en un comunicado oficial que fue difundido este miércoles. Indirectamente, el texto responde al accionar de la empresa Movistar, que en las últimas horas envió mensajes a sus usuarios anticipando aumentos “de 8% desde mayo y 7% desde junio”.  

“Son adecuaciones de precios que la compañía informó a sus clientes”, confirmó a elDiarioAR una fuente de la compañía, que pertenece a Telefónica.

El ente oficial se encuentra negociando por estos días con las empresas del sector los aumentos para el próximo trimestre, pero todavía no llegó a ningún acuerdo. Los últimos aumentos definidos fueron del 7,5% para febrero y del 2,5% para marzo, en ambos casos para la telefonía celular, lo que completó las subas del primer trimestre.

Existe una “posibilidad concreta” de que a partir de abril los aumentos se definan de manera trimestral mediante una fórmula, que podría contemplar los indicadores de evolución de los salarios y de inflación, aunque todavía no fue definido. El mecanismo deberá ser aprobado en última instancia por la Jefatura de Gabinete.

Por otro lado, el organismo recordó que las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal creada por el decreto 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes. Además, el mes pasado Enacom endureció mediante una resolución su régimen de sanciones, que aumentó el monto hasta $76 millones, y habilitó otros instrumentos como suspensiones, clausuras, caducidad de licencias e inhabilitaciones. 

A comienzos de este año varias empresas aplicaron aumentos por encima de los autorizados para sus servicios de internet y TV por cable y, si bien la mayoría luego devolvió lo cobrado demás, Telecom es la única gran empresa que todavía permanece “en rebeldía”. Se ampara en la cautelar dictada por la Justicia Federal Córdoba a partir de un recurso interpuesto por TV Cable Color SRL, una prestadora de cable de la pequeña localidad de Villa del Rosario, que cuenta con unos 1.000 abonados.

El Gobierno participa en la definición de las tarifas de las telecomunicaciones desde la entrada en vigencia del decreto 690/20, que las definió como un “servicio público esencial en competencia”. Hasta entonces, los ajustes de precios eran definidos por las propias compañías sin intervención estatal. 

DT

El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro otorgó una medida cautelar solicitada por una empresa de cable de la localidad de Villa del Rosario para suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020, y las resoluciones derivadas que regulan al sector de las telecomunicaciones, de acuerdo a un fallo emitido el lunes al que tuvo acceso elDiarioAR.

Una vez conocida la decisión, las interpretaciones del Gobierno y el Grupo Clarín, el principal operador en el sector a través de su controlada Telecom, fueron opuestas. Para el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) y Jefatura de Gabinete, lo dispuesto por Bustos Fierro atañe exclusivamente a TV Cable Color SRL, la empresa de TV paga de la localidad Villa del Rosario (15.394 habitantes en 2010) que cuenta con unos 1.000 abonados. Para el Grupo Clarín, que vía su empresa hermana opera las marcas Telecom (telefonía fija), Personal (telefonía móvil), Fibertel (internet) y Cablevisión (TV paga), lo resuelto es de alcance general y aplica a todo el país.

Por lo pronto, el Gobierno anticipó que apelará la cautelar y ratificó la vigencia del decreto para todas las empresas excepto TV Cable Color SRL, indicaron fuentes oficiales.

Contra la opinión del fiscal, Bustos Fierro entendió que el DNU podría ocasionar daños irreparables a la empresa dado que establecía el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020 y la prohibición de cortar el servicio a quien no pudiera pagarlo. Ello —entendió el magistrado— impediría a TV Cable Color recuperar las inversiones. Además, el juez —uno de los más veteranos del fuero federal— adujo razones de libertad de expresión garantizadas por el Pacto de San José de Costa Rica, dado que la supuesta pérdida de sustentabilidad podría ocasionar el acallamiento de voces, en línea con lo sostenido por el Grupo Clarín y por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), entidad que agrupa a las empresas de TV paga en la que Cablevisión tiene un peso decisivo.

El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita

Gonzalo Quilodrán

“No escapa al tribunal que la declaración de servicio público de una actividad que se ejercía de manera lícita y libre en el mercado resulta violatoria a los derechos adquiridos en el patrimonio de la empresa afectada”, escribió Bustos Fierro.

Para el Ejecutivo, el fallo no sólo se circunscribe al cable de Villa del Rosario sino que la demanda se tornó abstracta. El reclamo de la firma “era por el congelameinto del DNU 690 —fijado en agosto— y después de eso Enacom ya autorizó subas de ocho por ciento en enero y siete por ciento en febrero”, dijo la secretaria de Innovación de Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, a elDiarioAR. La visión es coincidente con la de Claudio Ambrosini, Gustavo López y Gonzalo Quilodrán, presidente, vicepresidente y director del ente regulador, respectivamente. “El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita”, afirmó a este medio el salteño Quilodrán. En cuanto a las objeciones de Bustos Fierro por la modificación legislativa vía un DNU, en el Gobierno recordaron que el Senado ratificó la medida por amplia mayoría en la sesión del 7 de septiembre de 2020.

En la mirada opuesta de ATVC, “el Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom (deben) abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno” referido al DNU y las posteriores resoluciones. “El organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país”, dijo la asociación mediante un comunicado.

En sus medios, el grupo que tiene al diario Clarín como cabecera asumió la postura de la cámara de TV paga como propia. Telecom Argentina no respondió la consulta de este medio, aunque una fuente cercana coincidió en que la cautelar incluye el negocio del holding.

Disputa en dos velocidades

El fallo de Bustos Fierro llega luego de varios traspiés de empresas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que procuraron revertir el DNU 690 ante diversos juzgados del país, sin éxito. El citado decreto estableció que toda la industria TIC es considerada “servicio público esencial en competencia”, lo que habilita a Enacom a fijar la tarifa, establecer beneficios sociales y requisitos de calidad y accesibilidad a las empresas, que además de las marcas de Clarín, incluye a Claro, Telefónica, Telecentro, DirecTV y Supercanal. Uno de los reveses judiciales lo tuvo la propia Telecom, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara rechazó un amparo el pasado 29 de enero.

El Poder Ejecutivo Nacional y Enacom deben abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

ATVC

La puja entre el Gobierno y las empresas del sector tiene dos velocidades. La primera, de fondo, atañe a la regulación general de la industria TIC, que hasta agosto definía unilateralmente las tarifas y el Estado sólo intervenía si las empresas lo aceptaban. A su vez, la definición de accesibilidad, tarifas sociales y calidad había quedado virtualmente liberada durante el Gobierno de Mauricio Macri, lo que fue drásticamente revertido con el cambio normativo de agosto.

En segundo orden, la disputa es por el aumento de tarifas este verano. El Ejecutivo acordó con las empresas un congelamiento que rigió entre abril y agosto de 2020, en la fase crítica del confinamiento. Luego extendió la medida vía el DNU hasta fin de año hasta que, finalmente, habilitó cinco por ciento de alza en enero para las empresas con más clientes, y ocho por ciento para las cooperativas y pequeños prestadores. Esta semana, Enacom dispuso otro siete por ciento de aumento en febrero para los más chicos y se apresta a autorizar una suba para servicios premium de los más grandes. Ese esquema es inadmisible para las empresas del sector, que aducen que los aumentos del primer cuatrimestre de 2020 (hasta 22 por ciento según el Gobierno) no cubrieron la inflación anual de 36 por ciento. En Enacom replican que si bien la industria TIC quedó rezagada el año pasado, vivió cuatro años previos de alta rentabilidad y aceleración de la concentración.

Fallo con doble acción

Bustos Fierro es un juez federal de largo recorrido. En 1999, cobró notoriedad al habilitar un eventual tercer mandato consecutivo de Carlos Menem ante un recurso presentado por José Manuel de la Sota. La re-re de Menem, finalmente, no prosperó por razones políticas. En un movimiento que puede tener consecuencias decisivas, el amparo obtenido por la empresa de cable de Villa del Rosario tuvo como complemento la declaración de inconstitucionalidad de la ley que fija un límite temporal a las cautelares que atañen al Estado.

La empresa cordobesa había solicitado la inconstitucionalidad del artículo cinco de la ley 26.854, que establece un máximo plazo seis meses prorrogable para las cautelares contra una medida del Estado. Bustos Fierro entendió que “no resulta razonable que se le imponga un plazo de vigencia” dado que están en juego derechos fundamentales, por lo que el demandante podría verse en “estado de indefensión” si no se resuelve la cuestión de fondo antes de que caiga el amparo.

Entre varias supuestas falencias de la decisión del juez federal de Córdoba, el equipo jurídico de Enacom anotó en la noche del martes que “tratándose la discusión central de la constitucionalidad de los DNU 690/20 y 311/20, la medida dispuesta no fue notificada al Poder Ejecutivo de la Nación”. “Se privó al PEN de ensayar su argumentación y se decidió la procedencia de la cautelar en base a los dichos unilaterales de la empresa actora”, advirtieron abogados del regulador de las comunicaciones.

SL con la colaboración de Pablo Ibañez

Carlos Slim, el hasta hace pocos años hombre más rico del mundo, dio positivo de Covid-19, dijo su hijo en un tweet. El mexicano dueño del emporio de las telecomunicaciones América Móvil y el que puso dinero de su fundación para producir la vacuna de Oxford-AstraZeneca en América Latina, “ha tenido una evolución muy favorable al Covid a más de una semana de síntomas menores”, dijo Carlos Slim Domit.

En agosto pasado, a través de la Fundación que lleva su nombre, el empresario de 80 años firmó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para producir entre 150 y 250 millones de vacunas contra Covid-19 destinadas para la región de América Latina.

La semana pasada arribó a México el primer lote de la sustancia activa de la vacuna desarrollada por Oxford-AstraZeneca fabricada en el laboratorio argentino mAbxience, propiedad del multimillonario local Hugo Sigman. La partida será envasada en 6 millones de dosis en las instalaciones mexicanas de Liomont, que se encargará de completar el proceso de estabilización y fabricación. La distribución a gran escala está prevista para marzo.

Además de telecomunicaciones con epicentro en América Latina, el emporio de Slim incluye firmas de infraestructura, energía e industria automotriz. En la Argentina, sus marcas son Claro, líder en telefonía móvil, y la incipiente Claro TV.

Slim hijo no agregó más detalles sobre el estado de salud de su padre.

La fortuna del magnate que llegó a ser de hasta US$ 101.000 millones es ahora estimada en US$ 64.000 millones, según la revista Forbes.

Con una diferencia de horas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que dio positivo de coronavirus. AMLO, como lo nombra la prensa de ese país, mantuvo una llamada telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, en la que terminó de acordar la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, según la cuenta de tuiter que maneja el fondo ruso de inversiones.

Mexico destinó US$ 240 millones para poder vacunar a 12 millones personas con la vacuna rusa, que precisa de dos dosis, informó el Gobierno la semana pasada.

Al 21 de enero, México había vacunado a 552.335 de sus habitantes, un 0,43% de su población. Se trata de uno de los países más golpeados por el coronavirus, donde murieron 149.614 pacientes de Covid-19, cuarto lugar mundial en la escala letal. Los contagios suman 1.763.219 a lo largo de toda la pandemia.

En cuanto a la Argentina, los vacunados hasta este lunes eran 292.386 personas, un 0,65% de su población. El número de contagios es de 1.867.222 y de muertes, 46.827.

PG

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) puso a disposición a partir de hoy un formulario para que los usuarios y usuarias de telefonía, internet y TV por cable puedan informar cuando no logren acceder a los abonos básicos incluidos en el DNU que convirtió las telecomunicaciones en servicio público esencial, vigente desde el 1° de enero. De todos modos, estos planes no están disponibles aún porque las compañías se encuentran “adecuando sus sistemas”, proceso que se completará antes de fin de mes.

Esos beneficios, que fueron agrupados bajo el nombre de Prestaciones Básicas Universales (PBU), están destinados a entre 10 y 15 millones de argentinos de menores ingresos, entre los que se cuentan jubilados, beneficiarios de programas sociales, empleadas de casas particulares, trabajadores no registrados y monotributistas de las categorías más bajas, entre otros. Incluyen opciones desde los $150 mensuales en telefonía móvil, de $380 para telefonía fija y descuentos de hasta 40% en las tarifas más bajas de cable. 

Según detallaron a elDiarioAR en Enacom, el mecanismo para acceder a las PBU consiste en completar una declaración jurada —que estará disponible en los canales de atención de las empresas y puede descargarse también de la página del ente público— en la que se da fe de pertenecer a alguno de los grupos de usuarios y usuarias alcanzadas por la norma. “Las empresas están obligadas a brindar el servicio con el sólo hecho de recibir esa declaración, sin ningún tipo de trámite adicional”, puntualizaron. 

Las compañías de telecomunicaciones —cuyos principales exponentes en el país son las firmas Claro, Telefónica, Telecom, Cablevisión, DirecTV y Telecentro— podrán cruzar luego los datos de los usuarios con los registros oficiales y, en caso de detectar a aspirantes a los que no les corresponde, quitársela y, eventualmente, cobrar alguna diferencia. 

Pese a que el decreto comenzó a regir el 1° de enero, los planes todavía no están disponibles. “Siempre este tipo de medidas demandan algún tiempo para aceitar los mecanismos y capacitar al personal”, detallaron en Enacom. “Nosotros estamos en permanente contacto con las compañías y, con seguridad, las PBU estarán implementadas este mes. Podría ser la semana que viene o los primeros días de la otra”, añadieron.

Mientras tanto, el formulario servirá como una herramienta para monitorear el avance de la implementación. Pese a que tiene carácter simplemente informativo, en el organismo que preside Claudio Ambrosini aseguran que se evaluará imponer multas si, luego de un margen de tiempo necesario para adaptar el sistema, las compañías no cumplen con lo dispuesto en el DNU. “Aunque se quejen y digan públicamente que esto las va a llevar a la quiebra, es algo que están obligadas a hacer”, insistieron. 

Enacom no descarta imponer multas si, luego del tiempo que demore la implementación, las compañías no cumplen con lo dispuesto en el DNU

Los abonos básicos fueron incluidos en el DNU 690/20, de agosto pasado, que tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas. En el segmento de comunicaciones móviles, liderado por la empresa Claro y seguido por Personal (Telecom Argentina) y Movistar (Telefónica), los planes parten desde los $150 mensuales e incluyen 500 minutos libres, 500 mensajes SMS, y texto de WhatsApp libre. En cuanto al servicio básico de telefonía, hegemonizado por Telefónica y Telecom Argentina (Grupo Clarín), la prestación básica incluye 300 minutos por mes a $380. 

En el servicio de cable, las empresas deberán ofrecer descuentos de hasta 40% sobre la tarifa más baja, según su cantidad de abonados y dominio del mercado. En este segmento, quienes se reparten la mayor parte de la torta son Cablevisión (Telecom/Grupo Clarín), DirecTV (AT&T) y Telecentro (Alberto Pierri). 

También se exige en el servicio de internet al hogar que los prestadores con más de 50.000 accesos totales ofrezcan 10 megabits por segundo de capacidad en áreas urbanas o 5 megabits en áreas rurales por $700 por mes o un descuento del 30% del valor del plan con menor capacidad ofrecido por la compañía. 

DT

El Gobierno anunció el 18 de diciembre pasado que este 1º de enero comenzaba a regir la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que convirtió las telecomunicaciones en servicio público esencial. Entre las disposiciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), figuraba la creación de planes de telefonía celular a $150 mensuales para, al menos, los 10 millones de argentinos de menores ingresos (jubilados, beneficiarios de planes sociales, empleados de casas particulares y trabajadores de bajos ingresos, entre otros), así como otros de $700 para banda ancha fija, $380 para telefonía básica y un descuento de hasta 40% en la TV paga.

En el primer día hábil de enero, las empresas aún no ofrecían esos paquetes. Las compañías habían rechazado esas ofertas enmarcadas dentro de la denominación Prestación Básica Universal (PBU) con los argumentos de que las tarifas desalentaban la inversión y de que les resultaba difícil de implementar y de controlar a los beneficiarios.

“No tenemos esos planes, en los próximos meses los habrá”, respondió un empleado de atención al cliente de Personal, marca de Telecom Argentina, cuando elDiarioAR llamó para consultar por el plan de $150, que incluyen 500 minutos de aire y Whatsapp de texto ilimitado, más la opción de datos de navegación por otros $200 por mes o $18 por día. El empleado comentó que el paquete más barato que ofrece esa marca es de $490. Fuentes oficiales de Telecom (de los dueños del Grupo Clarín) aclararon: “Aún estamos trabajando en el ajuste de los sistemas para incorporar los nuevos planes, dado el escaso tiempo transcurrido desde la publicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la norma que los dispuso”.

“Por el momento, no tengo información”, contestó un empleado de atención telefónica de Movistar cuando se lo interrogó por el plan de $150. Agregó que la marca de la española Telefónica ofrece un plan de $880 como mínimo. Desde el área de comunicación de Telefónica de Argentina respondieron: “La compañía se encuentra trabajando en la adaptación de sus sistemas para poner en marcha los planes de Prestación Básica Universal y Obligatoria, reglamentados por el Enacom a pocos días de finalizar diciembre. Para asegurar un servicio de calidad y adecuado los requerimientos técnicos, siempre es necesario un trabajo de configuración previo no menor a 30 días. Tanto en la actualización de precios como la creación de nuevos planes de conectividad se requiere de un proceso claro, previsible y que contemple los tiempos necesarios de implementación; de lo contrario, se pone en riesgo no sólo la prestación del servicio, sino la sustentabilidad de todo el sector TIC (tecnologías de la información y la comunicación), en un momento en el cual la conectividad resulta esencial para toda la sociedad argentina”.

“Por el momento, no está disponible”, respondió un empleado de atención al cliente de Claro cuando se le preguntó por la PBU para telefonía celular. Lo más barato que ofreció la firma mexicana de Carlos Slim fue un plan de $525. A título corporativo, Claro, propiedad de América Móvil, prefirieron guardar silencio.

En Enacom no se inquietan por ahora. “Calculo que demorarán unos días en implementarlo pero por cuestiones administrativas”, declaró su vicepresidente, Gustavo López. Anticipó que subirán a la página web del Enacom un formulario para eventuales reclamos de usuarios.

La PBU también implica que las empresas de TV paga (Cablevisión, DirecTV, Claro TV, Telecentro y Supercanal, entre otras) ofrezcan descuentos de entre 20% y 40% sobre los planes más baratos, según su posición de dominio del mercado y la cantidad de suscriptores, y que los prestadores de internet hogareño (Fibertel, Movistar, Telecentro y otros) brinden servicio a $700 por 100 Mbps de velocidad. Las empresas de telefonía básica deberán ofrecer 300 minutos libres a $380.

AR

La resolución de Enacom presentada el viernes por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, incluyen todos los servicios de telecomunicaciones, entre ellos telefonía móvil y fija, internet y TV paga. Según aclaró el titular de Enacom, Claudio Ambrosini, la oferta tiene caracter obligatorio y las empresas deberán, en principio, otorgar el descuento ante la solicitud del usuario, y luego cuestionar los avales si fuere el caso. Los siguientes son los beneficios centrales de la denominada “prestación básica universal” para jubilados, trabajadores de sueldos bajos, empleados del hogar, beneficiarios de AUH y otros planes sociales.

Conectividad móvil (Claro, Personal y Movistar)

Los planes de $150 mensuales incluyen 500 minutos libres para hablar, 500 mensajes SMS, y texto de Whatsapp libre. Por $200 más, los usuarios podrán agregar 1GB de navegabilidad móvil mensual.

Telefonía fija (Telecom, Movistar y prestadores locales)

Por $380 se podrá hablar 300 minutos a cualquier punto del país y destinos 0800 sin límite.

TV paga (Cablevisión, DirecTV, Telecentro, Supercanal y otros 1.000 prestadores)

Prestadores con más de 500.000 abonados deberán ofrecer rebajas de 30% sobre su plan más barato, y de 40% allí donde tengan posición dominante.

Además, los dueños de señales televisivas por suscripción las deberán ofrecer a los prestadores de TV paga en forma individual y no en paquete. Por ejemplo, el Grupo Clarín, Disney, TNT y otros se verán impedidos de armar paquetes que encarecen el servicio, sobre todo, a prestadores de TV paga que tienen poco margen de negociación.

Internet al hogar (Fibertel, Movistar, Claro, Telecentro y otros)

Proveedores con más de 50.000 accesos ofrecerán 10 megas de capacidad en áreas urbanas, y 5 megas en áreas rurales por $700 por mes o un descuento del 30% del valor del plan con menor capacidad ofrecido por la compañía. Las empresas más chicas brindarán 2 megas por $600.

Receptores de los planes

La resolución de Enacom establece que la prestación básica universal está destinada a jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el Monotributo Social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, receptores de becas del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

La norma incluye asimismo a los clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

El gobierno de Alberto Fernández tiene un plan de inversiones de $22.000 millones para los cuatro años de mandato para expandir la conectividad a barrios humildes y pueblos y ciudades que hoy cuentan con un servicio precario. El fondo, en parte heredado de la administración de Mauricio Macri porque no los usó, se alimenta del 1% de la facturación mensual de las empresas.

Hace un año, nadie —ni el propio Alberto Fernández— tenía en los planes un marco jurídico que estableciera que la telefonía móvil, la TV paga y la conexión a internet serían un “servicio público esencial”; es decir, que el Estado tendría potestad de fijar precios, estándares de calidad y accesibilidad en un negocio que mueve miles de millones de dólares por año.

Las urgencias de la pandemia lo hicieron posible. Esta semana, el gobierno se apresta a autorizar un aumento de tarifas en enero -bastante menor al ya anunciado por algunas empresas a sus clientes- y a publicar la letra chica del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que regula el mercado protagonizado por Telecom y su vinculada Clarín, y secundado por pesos pesado como Telefónica, Claro (Carlos Slim), DirecTV (AT&T) y Telecentro (Alberto Pierri).

El DNU, publicado el 22 de agosto y ratificado por el Senado dos semanas después, no tuvo pretensiones épicas de “democratizar la información”. Fue, antes que nada, una reacción a las apuradas para pisar un aumento de tarifas que las empresas pretendían —según fuentes del gobierno— de 40% en el segundo semestre de 2020, tras ganarle a la inflación en los años precedentes. Con la economía lastrada por el coronavirus, Fernández apeló a un instinto no sólo personal, sino de todo el frente que integra: los aumentos de tarifas generalizados en contexto recesivo liman la popularidad presidencial. Un andar penoso durante un mandato dando cuentas de por qué las boletas que pasan debajo de la puerta o llegan a la casilla de email superan a la inflación no es una opción para un político peronista que mira la experiencia reciente de los presidentes argentinos.

Ante el cambio normativo, las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) dejaron de lado cuentas pendientes y se unieron para denunciar una injerencia del Estado que conspiraría contra las inversiones. Por ahora, el decreto resistió pedidos de cautelares ante el fuero federal, mientras que el frente corporativo unánime, patentado en una solicitada en agosto, ya no es tal. Cada empresa tiene saldos por negociar. Telefónica puso varios activos latinoamericanos en venta, Claro padece en la Argentina una cancha desnivelada por Clarín, algo similar a lo que la empresa de Slim sometió a sus competidores en México y otros países, y DirecTV enmarca su juego en la estrategia global —y los límites anticoncentración— de AT&T.

La política TIC de los Fernández también parece sortear, relativamente, un sino que erosiona al gobierno en general: la coexistencia de funcionarios que no siempre apuntan para el mismo lado. En este caso, esa dispersión poco resolutiva tiene al menos un texto para exhibir -el DNU- con efectos contantes, sonantes y crecientes.

El organigrama de Ente Nacional de la Comunicación (Enacom) expone con claridad los abordajes disímiles del gobierno sobre la industria TIC. Preside el órgano Claudio Ambrosini, del círculo estrecho de Sergio Massa. En la agenda del presidente de la Cámara de Diputados no figura el conflicto con las empresas de telecomunicaciones. El segundo de Enacom, el radical forjista Gustavo López, fue un defensor de la ley audiovisual de 2009, lleva una larga trayectoria de pecado “intervencionista” y tiene terminales en Cristina Fernández, de quien fue funcionario. Fuentes al tanto de las negociaciones —con las empresas y dentro del Ejecutivo— coinciden en señalar que ganó peso la directora María Florencia Pacheco, definida como un “cuadro” de la provincia de Buenos Aires que orbita en Santiago Cafiero. Completan el directorio de Enacom el albertista salteño Gonzalo Quilodrán, también designado por el Ejecutivo; el peronista pampeano Alejandro Gigena, por la primera minoría del Congreso, y la radical Silvana Giudici, por la oposición. A Giudici le toca la amarga tarea de remar en absoluta minoría, producto de un órgano regulador con dominio del oficialismo de acuerdo al diseño establecido por Macri en 2016, del que ella fue la principal defensora.   

En cualquier caso, todo lo que sale de Enacom recala en el jefe de Gabinete y, como paso previo, se discute con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, otra de las escépticas sobre los beneficios del libre juego de la oferta y la demanda en la industria TIC.

Alberto Fernández heredó dos paradigmas antagónicos de sus predecesores. Una década atrás, su hoy vicepresidenta daba pelea en tribunas y pantallas contra los “generales multimediáticos”. Cristina logró sancionar una ley audiovisual de letra escandinava, pero la aplicó con criterio santacruceño; un texto con regulación antimonopólica y expansión de derechos, y una implementación que puso todos los cañones contra Clarín y fue indulgente -o incluso, promotora- de los incumplimientos de Telefónica e Indalo, por citar a dos privilegiados. Le siguió Macri y su fe en el laissez faire total en un área que, en los papeles, desbordaría cualquier límite por la propia fuerza de la tecnología. No está comprobado que el gobierno de Cambiemos hubiera sentado a los abogados corporativos a redactar las normas del sector, pero al cabo de cuatro años de Macri en la Presidencia, el nivel de concentración en la Argentina registra pocas comparaciones en el mundo.

Sin vocación por trascender en la materia, portador de un discurso poco elaborado que abreva en clichés a la hora de hablar del mercado de medios y el derecho a la información, Alberto Fernández tiene una oportunidad de avanzar con una legislación antimonopólica que verdaderamente fomente la competitividad y garantice la conectividad en barrios humildes y pueblos poco habitados. Nada está dicho, porque al margen de lo que se termine de definir en estos días, luego hay que tener pericia y margen político para llevarlo a cabo.

Hasta ahora, la principal ventaja del gobierno fue que logró centrar el debate público en el problema de las tarifas, mientras que las denuncias sobre el supuesto “avasallamiento de la prensa independiente” disparadas en algunas pantallas no tuvieron recorrido, más allá de los tres o cuatro comunicados de rigor de organizaciones cautivas. En otro plano, Macri le dejó a su sucesor un argumento a mano para refutar los previsibles reclamos de que este tipo de modificaciones legislativas se debe alcanzar por consenso y tras extensas negociaciones. Los cambios implementados por Cambiemos en el área de medios y telecomunicaciones desde la misma semana en que asumió el gobierno, en diciembre de 2015, se basaron en DNU, decretos simples y, sobre todo, resoluciones administrativas. En cuanto a la seguridad jurídica, será difícil empeorar. 

SL

A dos semanas del fin del congelamiento de tarifas en telefonía móvil, internet y TV paga, el gobierno aprobará esta semana aumentos en torno a 5% para servicios básicos, que podrían llegar hasta 9% en algunos segmentos y tipos de productos. El nuevo esquema, que se inscribe en la regulación de todo la industria de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), será definido por Alberto Fernández en el marco de los objetivos de control de la inflación que planteó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Fernández revisó, en detalle, el esquema tarifario y, en paralelo, analizó la propuesta de reglamentación que se confeccionó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sobre cómo se regularán los servicios de telefonía, TV paga y provisión de internet con el nuevo status de “servicio público” que el gobierno fijó mediante un decreto presidencial en agosto pasado. En Enacom esperan que el Presidente se expida en los primeros días de la semana, una vez que reciba el dictamen de Jefatura de Gabinete, indicaron fuentes próximas al órgano regulador.

El 5%, que en algunos segmentos básicos podría trepar a 9% de aumento y en ningún caso será superior al dígito, significa entre menos de la mitad y un cuarto del 20% que anunciaron algunas empresas a sus clientes, entre ellas Telecom-Clarín y Telecentro, de Alberto Pierri. Hubo, según confiaron a elDiarioAR fuentes oficiales, contactos de primer nivel entre el gobierno y las compañías, e incluso un diálogo entre Fernández y Jorge Rendo, gerente de Relaciones Externas de Clarín. Desde el grupo no confirmaron el contacto.

La regulación de las comunicaciones móviles es la más importante por la cantidad de usuarios. Enacom tiene registradas 56 millones de líneas en funcionamiento para 44 millones de habitantes.

La definición de tarifas es el asunto más urgente y de mayor repercusión pública en la industria TIC: telefonía fija y móvil, internet al hogar y móvil, y TV paga. Al respecto, el gobierno evitará un anticipo de la escala de aumentos para el primer semestre, sino que se propone evaluar mes a mes el cuadro de tarifas de acuerdo a los costos y la evolución de la inflación general.

Atado al paquete tarifario, pero en lo referido específicamente a la reglamentación, aparecen aspectos que involucran miles de millones de dólares de facturación y, por lo tanto, son más caros para las empresas que el porcentaje de aumento en enero, como el alcance de las tarifas sociales —que el gobierno quiere establecer en el marco del “servicio público”—, los precios para “alquilar” infraestructura pública o privada, estándares de calidad y derechos de acceso. 

Desde el 22 de agosto, cuando el DNU fue publicado en el boletín oficial —ratificado en septiembre por el Congreso—, la Jefatura de Gabinete y el Enacom mantuvieron reuniones con empresas del sector para establecer el hilado fino. Las negociaciones fueron, coinciden las partes, tensas, con quejas frecuentes de operadores por lo que definen como falta de avances y fluidez en el diálogo. Según los operadores, la intervención estatal en la industria TIC con parámetros similares a los servicios de electricidad y gas daña la rentabilidad de un sector que requiere grandes volúmenes inversión.

Del lado del gobierno, el jefe de Gabinete Cafiero controló de cerca el ida y vuelta de la regulación, que en el plano legal corresponde a Enacom, la oficina dependiente del Ejecutivo que creó Mauricio Macri en diciembre de 2015, cuando eliminó vía un DNU el corazón de la ley audiovisual sancionada en 2009. 

Como muchas áreas del Gobierno, Enacom tiene caciques que no siempre apuntan para el mismo lado. Su presidente, Claudio Ambrosini, es un hombre que reporta a Sergio Massa. El vice, Gustavo López, tiene terminales en el cristinismo y es un vocal de larga data a favor de la regulación estatal del sector. 

Jefatura de Gabinete y Enacom avanzaron en líneas que parecen consolidadas en el borrador sujeto a aprobación del presidente, de acuerdo a lo informado por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence, con cita a tres fuentes del Gobierno. Varias de ellas no serían del agrado de Clarín-Telecom, aunque se abre un compás de espera en temas sensibles como el alquiler de la infraestructura existente a la competencia.

Telefonía e internet móvil

El proyecto bajo análisis establece un plan de minutos con acceso libre a texto de WhatsApp a un costo para el cliente menor a $ 200, al cual se podría añadir 1 gigabyte de datos a un valor final del orden de los $ 350. La regulación contempla que se podrían prepagar minutos diarios a bajo precio. Las comunicaciones móviles son las más importantes entre las TIC en función de la cantidad de usuarios, ya que Enacom tiene registradas 56 millones de líneas en funcionamiento para 44 millones de habitantes. 

TV Paga

El proyecto de Enacom incluye en la regulación al servicio de suscripción satelital, como DirecTV, que había sido excluido del DNU de agosto. Las empresas líderes, como Cablevisión, de Clarín —con cerca de 40 % del mercado—, y DirecTV, the AT&T —con cerca de 33%—, deberán ofrecer mayores descuentos a sus abonados como tarifa social. El mercado de la TV paga está concentrado entre empresas que administran el 85% de los abonados, en un país que hace décadas tiene más del 80% de su población adherida a algún servicio, pero seccionado geográficamente y disperso en el último 15% en manos de operadores de pueblos y ciudades pequeñas o medianas. Los cableros de menor porte tendrán menor exigencia de ofrecer descuentos. Este, no obstante, era uno de los temas bajo análisis de la lapicera de Cafiero, quien se expediría entre hoy y mañana.

Otro aspecto clave es que las proveedoras de contenidos deberán ofrecer sus señales a las empresas de TV paga en forma individual y no en paquete, y a precio regulado. No es un tema menor y obedece a un reclamo específico de Claro TV y de los operadores menores. Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, lidera el market share de la telefonía móvil, pero es débil en TV paga, en la que apenas logró avances en algunos partidos del Gran Buenos Aires. En principio, enfrenta dos dificultades. Primero, el amplio dominio de Cablevisión/Fibertel, que tiene al Gran Buenos Aires y al Gran Córdoba ya cableados sobre postes en la vía pública: en varios distritos, a los nuevos les exigen el soterramiento de sus tendidos, algo mucho más oneroso. En segundo orden, los productores de contenidos más importantes —una vez más, Clarín— venden las señales como paquetes, lo que eleva artificialmente su precio. Por ejemplo, Canal 13 o TN son productos atractivos para un cablero, pero Magazine o Volver no lo son tanto. Clarín no vende Canal 13 si no le compran sus canales menos vistos, en lo que técnicos de Jefatura de Gabinete y Enacom entienden como competencia desleal, de acuerdo al informe de REDD. 

Internet fija

El entrecruzamiento de datos con receptores de asignación universal por hijo y jubilaciones más bajas permitirá determinar quiénes podrán acceder a tarifas de banda ancha más convenientes. Sin embargo, el nudo de la “democratización” del acceso a internet está vinculado al uso de las redes existentes. La fusión de Telecom y Cablevisión, aprobada por el Gobierno de Macri en 2018, implicó que en algunas ciudades sólo quedara un oferente de internet al hogar, sobre todo, en aquellas en las que antes convivían Arnet y Fibertel y pasaron a ser sólo una. Este sesgo se da, sobre todo, desde Córdoba hacia el norte, en la que era el área original de Telecom tras la privatización de Entel. Una forma de solucionar este dominio o monopolio puro, según la región, es a través del alquiler de la infraestructura a un precio regulado. Esta vía implica una serie de regulaciones técnicas y económicas que podrían no estar incluidas en la reglamentación del DNU firmado por Alberto Fernández en agosto, que se conocerá en las próximas horas o días.

Con agencia REDD Intelligence. Colaboró Pablo Ibáñez.