De buenas a primeras, Guillermo Moreno circula en los medios del Grupo Indalo con plenos poderes. Conduce su propio programa y es columnista, panelista y entrevistado permanente. Habla largo, se pierde en sus teorías, aplica correctivos y abre puertas. Por ejemplo, a Miguel Ángel Pichetto, Sergio Berni y Santiago Cúneo, invitados a los mismos estudios y homenajeados por el exsecretario de Comercio.

La irrupción altisonante de Moreno en el que aparece como el principal multimedios opositor a Javier Milei despierta incógnitas. Para la lógica de la industria periodística argentina, no hay quien goce de semejante carta franca sin un objetivo político o económico detrás.

Moreno no es una figura especialmente popular (sacó 0,79% de los votos en las primarias presidenciales de agosto y quedó fuera de carrera), ni tiene peso territorial. Es entrador, maneja buen vínculo con pesos pesado del peronismo como Gildo Insfrán, pero no proyecta influencia sobre gobernadores ni legisladores de Unión por la Patria. De su paso por la función pública, los datos salientes fueron su incivilidad y la malversación de la estadística oficial, un latrocinio tolerado durante cinco años por los Kirchner, a costa de restarse crédito hasta para resaltar los logros sociales y económicos de sus Gobiernos. Que Cristina Fernández de Kirchner omita las estadísticas el INDEC 2007-2015 en las filminas de sus clases magistrales, exime de mayores argumentos sobre aquel período.

'¿Me podés explicar qué hace ese tipo ahí?', le preguntó un alto dirigente peronista a Fabián de Sousa. 'Da rating', respondió el accionista y encargado de la pata mediática del Grupo Indalo

El expostulante presidencial de Principios y Valores tampoco posee chequera propia para comprar espacios, vector primordial de la “instalación” de los políticos. Moreno tiene una empresa mayorista de ferretería y, según la versión unánime de quienes trataron con él, no es corrupto.

Un magnetismo extendido

“¿Me podés explicar qué hace ese tipo ahí?”, le preguntó un alto dirigente peronista a Fabián de Sousa. “Da rating”, respondió el accionista y encargado de la pata mediática del Grupo Indalo. Un argumento tan viejo como gastado, entre otros, por quienes impulsaron a Milei en las pantallas del Grupo América y buscaron maquillar el impulso que Eduardo Eurnekian le había dado a su economista jefe hacia 2017.

El magnetismo que ejerce Moreno en el Grupo Indalo se fue extendiendo a canales de streaming en auge, como Blender y Gelatina. Allí también las ocurrencias del exsecretario de Comercio causan gracia y entusiasmo. El combo incluye la circulación del discurso odiante de Cúneo (probablemente la voz pública más violenta y ultraderechista en la Argentina de hoy, lo que es mucho decir en el país de Milei), la dosis de xenofobia que acompaña al excandidato vicepresidencial de Macri, Pichetto, y el manodurismo cristino-bullrichista de Berni. Un verdadero dream team para imaginar una Argentina distinta.

“Es un esquema para ser usado como chantaje. Nadie puede creer en serio que eso sea un activo electoral, pero permite acumular capacidad de daño a la hora de negociar espacios o listas, como (Florencio) Randazzo”, interpreta un exministro del último Gobierno, no cristinista ni albertista. “Lo que no entiendo es qué hace Juan (Grabois)”, se pregunta el exfuncionario. El exjefe de la UTEP coincidió con Moreno en el canal virtual Gelatina y su ex precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, Pedro Rosemblat, tendrá al exsecretario de Comercio como invitado especial todas las semanas.

Las terminales de Indalo

Hay voces con peso en Unión por la Patria que elucubran teorías más conspirativas y le atribuyen al cristinismo la intención de crear un polo contrario inviable y, así, sobrevivir políticamente. “Que sea una pelea entre malos y peores, y deje al resto afuera”.

Otro dirigente acerca una hipótesis parecida, pero más sórdida. La versión percibe la mano de Milei para que la discusión en la Argentina quede circunscripta a una derecha libertaria y una nacional, ambas con condimentos ultras, pero sólo una de ellas con un líder carismático como el actual mandatario.  

Las terminales del Grupo Indalo brindan indicios para entender la movida, pero no certezas.

Hace años que De Sousa y Máximo Kirchner están enfrentados, al punto de que el diputado está vetado en los medios del conglomerado. Un indicio burdo de ese conflicto se vio esta semana con una noticia difundida por portales de Indalo sobre una supuesta trama de corrupción entre una consultora dirigida por dos miembros de La Cámpora y la agencia de noticias Télam. El título, el tono y el contenido de la nota, más propias de un medio oficialista, llamaron la atención a días de que el Gobierno de Milei decidiera cerrar la agencia de noticias más importante de América Latina y dejar a cerca de 800 personas en la calle. Clarín reprodujo el texto de C5N.com casi en su totalidad.

La frustrada relación entre Máximo y De Sousa tiene un reflejo intermitente en el vínculo con Cristina, aunque éste conlleva aristas más densas. La expresidenta dio siempre un trato preferencial al multimedios, con cuyos dueños tuvo relaciones comerciales. A su vez, el grupo, que cuenta con notables periodistas en el área de Judiciales, resultó crucial para exponer la turbiedad de varios procesamientos contra la exmandataria orquestados por el macrismo, la AFI y Comodoro Py. Esa misma ofensiva privó ilegalmente de la libertad a De Sousa y a Cristóbal López, los dueños de Indalo que habían alquilado propiedades a los Kirchner mientras expandían sus negocios estatales y privados.

El magnetismo que ejerce Moreno en el Grupo Indalo se fue extendiendo a canales de streaming en auge, como Blender y Gelatina. Allí también las ocurrencias del exsecretario de Comercio causan gracia y entusiasmo

Julián Leunda, responsable de relaciones institucionales y hombre fuerte en la división medios de Indalo, fue un funcionario muy cercano a Alberto Fernández —almorzaban juntos— y dejó el puesto de Jefe de Asesores de la Casa Rosada cuando los chats de Lago Escondido lo mostraron colaborativo con directivos del Grupo Clarín, jueces federales y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta que habían participado de esa excursión indebida a la Patagonia. Expuesto por la filtración, Leunda renunció y regresó a Indalo, desde donde había llegado a las inmediaciones del despacho presidencial.

El timing de Kicillof

El lugar de Indalo como opositor a Milei y Macri, más la relación inviable con Máximo, el perfil progresista de las redacciones de C5N y Radio 10 y la reivindicación de liderazgo de Cristina deberían encontrar una cercanía genuina con un dirigente que comparte esas características y fue reelecto gobernador de la provincia en la que viven 37% de los argentinos. No es el caso.

Axel Kicillof es el principal destinatario de los ataques cotidianos de Moreno desde las pantallas de Indalo. Como su “compañero” Pichetto, considera que el gobernador bonaerense es “antiguo”, “progre” y “marxista”, definiciones elocuentes en tiempos en que el Ministerio de Seguridad elabora acusaciones contra portadores de ideología “comunista” y Victoria Villarruel reivindica en cuarteles militares a quienes salvaron a la Argentina del “trapo rojo”.

La relación de Kicillof con Máximo y parte de la Cámpora entró en un punto de no retorno, lo cual no quiere decir que la convivencia haya dejado de existir

El gobernador bonaerense juega su proyección política en su capacidad para conducir el distrito más difícil de Argentina, bajo el fuego de Milei y sin los recursos extra y los programas que financiaba Alberto Fernández.

La relación de Kicillof con Máximo y parte de la Cámpora entró en un punto de no retorno, lo cual no quiere decir que la convivencia haya dejado de existir. En ese punto, la ofensiva de Milei para restar fondos que afectan tanto a la Provincia como a los municipios amalgama actos de resistencia que permiten pensar que kicillofistas y camporistas permanecen en el mismo barco.

Las diferencias con La Cámpora son políticas, de estilo, éticas e ideológicas. “No sé si no son liberales”, aguijonea una fuente próxima a Kicillof. La descripción sobre el círculo de Máximo Kirchner alude a una dinámica motivada en “celos personales, egos y la acumulación de poder por sí misma”. “Cultivar la interna permanente no es inocente; busca dividir y forzar el sometimiento”, narra la voz.

El obsceno episodio de Martín Insaurralde con una novia en el yate en aguas de Marbella, a semanas de las elecciones de 2023, sentó un límite y dejó heridas que siguen vivas. El mandatario bonaerense se comprometió ante sí mismo a no volver a entregar una posición relevante de su gabinete a manos de terceros —como Insaurralde, aliado de Máximo— en grado de coto cerrado. Esa crisis pudo haber costado bastante más caro en la mirada de allegados a Kicillof. Para más datos, Insaurralde es reportado por varias fuentes como un sujeto activo en las sombras de la política bonaerense.

Parte del entorno del gobernador percibe que ciertas actitudes de Cristina deslegitimaron su liderazgo, pero nadie en ese sector propone que la “nueva música” sea contra el legado de los Kirchner, como interpretaron ortodoxos de La Cámpora. “Todo lo contrario. Es reivindicando a Néstor y Cristina, para llevar a cabo políticas transformadoras”.

Las coincidencias de Kicillof con Massa no son mucho mayores que con Máximo, aunque las zonas de tensión están más acotadas. Un puñado de intendentes del Frente Renovador y, sobre todo, sus diputados y senadores en la Legislatura Bonaerense tienen capacidad de bloqueo, como ya ocurrió en febrero. La indefinición de Massa sobre su dedicación a la asesoría del fondo estadounidense Greylock o la vida política argentina es un dato ponderado por todo el sistema peronista. “Mientras se decide, se va a llenar de guita”, elucubra un dirigente de larga relación con el excandidato presidencial.

La incógnita de abril

Como todos los gobernadores, Kicillof no sabe realmente con cuántos fondos contará en abril. La recaudación en la provincia se divide en partes iguales entre la coparticipación federal y los impuestos locales, y juntos suman cerca de 85%. Las transferencias no automáticas, que Milei está en trámite de eliminar por completo, suman otro 8%. A los recortes por decisión política del gobierno nacional corresponde agregar la caída de la recaudación de impuestos al consumo producto de la recesión, que habría sido en torno a 30% en las últimas semanas de febrero, según estimaciones privadas.

La indefinición de Massa sobre su dedicación al mundo de las finanzas internacionales o a la política argentina es un dato ponderado por todo el sistema peronista

El gobernador bonaerense sostiene el mismo argumento que hicieron público los mandatarios patagónicos días atrás y que dejaron saber en la reunión con Nicolás Posse y Guillermo Francos el viernes. Si el Ejecutivo nacional, que se queda por ley con 42% de los impuestos federales coparticipables (IVA, Ganancias, Bienes Personales), se va a desentender de todo gasto en obra pública, salud y educación, el sistema completo de recaudación de impuestos entra en tela de discusión. Es decir, quién cobra, qué y a qué tasas.

Kicillof vislumbra tarde o temprano una segunda ola devaluatoria, producto de un tipo de cambio que se deprecia a razón de 2% mensual y una inflación en el rango de 25% a 15% entre diciembre y febrero. “La historia demuestra que, en períodos de apreciación del tipo de cambio, se produce una acumulación para la fuga. Con un cambio en valores equivalentes a 2017, antes de la implosión del programa de Macri, ¿por qué va a ser distinto?”, razonan en La Plata.  

Por lo pronto, Kicillof apela a reorganizar el cobro de impuestos para reemplazar faltantes, pero es una solución de emergencia. Con un anticipo de ingresos brutos a 254 empresas de alta facturación y sectores concentrados (sector financiero, supermercados), la Provincia acaba de recaudar $160.000 millones. Equivale a apenas un mes y medio de las transferencias que cortó el Gobierno nacional, y no se trata de un ingreso extra, sino anticipado.

Con este panorama, surge la pregunta sobre el margen de Kicillof para dar otro paso político, habida cuenta de que ya no contará con la posibilidad de ser reelecto en Buenos Aires en 2027. La voz cercana al gobernador evalúa como un activo la calidad de la gestión que —para la interpretación del oficialismo bonaerense— fue la razón principal del 45% que permitió la reelección en octubre pasado.

El “timing” de Kicillof para definir su destino político, hasta ahora, le dio frutos. En la línea del gobernador citan la experiencia del ministro de Economía de Cristina que acababa de dejar el cargo y asumía la banca en Diputados. Era el verano de 2016. A pocos meses de comenzado el Gobierno de Mauricio Macri, comenzó a militar en territorio bonaerense a bordo de un Renault Clío, cuando nadie lo tenía en los planes. Siete años más tarde, en 2023, resistió “una presión enorme” —de Máximo— para competir por la Presidencia y se dedicó a pelear por la reelección. Kicillof entendió que su mudanza ponía en peligro una victoria en Provincia, mientras Máximo barajaba el temerario nombre de Insaurralde. Nuevamente, Kicillof leyó el escenario con acierto.

El barullo de la ola ultra

Subyace en ámbitos opositores la idea de que sólo se puede interpelar al ciudadano subiéndose a la ola que llevó Milei a la Presidencia, y en esa meta cabe discutir mano a mano, divertirse y coquetear con proclamas antifeministas, antiizquierdistas, xenófobas y reivindicadoras de la desmemoria histórica. Si es entre el barullo de las risas, queda mejor.

Es la hora de sintonizar “la bronca del votante” y barajar las consignas que vomitan las canales de noticias macri-mileístas. “La gente voto un cambio y hay que interpretarlo”, alcanzan a decir los integrantes de Juntos por el Cambio que hacen fila para tratar de conseguir un presupuesto público o los Vendidos del PJ Tucumano.

La discusión de los últimos días, que envolvió a todo el arco político, por aumentos de los sueldos de diputados, senadores e integrantes del Ejecutivo, incluido MIlei, es un caso elocuente de la demagogia antipolitiquera. Subas de entre 30% y 48% —es decir, un bimestre de inflación en Argentina— para sueldos sustancialmente más bajos que los de un gerente bancario, un secretario de un juzgado, un programador, un periodista con pauta, un jefe petrolero o un asesor financiero encendieron el debate nacional y mostraron la doble faz de políticos que rara vez se animan a hablar con franqueza y a defender que sus posiciones de responsabilidad deben estar bien pagas. Entre otras cosas, para trabajar con algo de serenidad y poder arbitrar políticas que impulsen el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, desplomado desde que chocó la aventura de deuda y fuga de Macri.

La discusión de los últimos días, que envolvió a todo el arco político, por aumentos de los sueldos de diputados, senadores e integrantes del Ejecutivo, incluido MIlei, es un caso elocuente de la demagogia antipolitiquera.

Una política con presidentes y diputados que trabajen gratis coronaría una tierra todavía más fértil para que la ejerzan aquéllos que tienen otra fuente de financiamiento, o quienes ya tienen la vida hecha porque son dueños de hoteles en el Calafate, negocian pasamanos con parques eólicos y mandan los fondos a Luxemburgo, o cobran US$20.000 la hora de charla ante inversores por zoom.

La chacota que expresa el streaming peronista imagina que su Caballo de Troya entrará en la fortaleza de Milei y convencerá a los ciudadanos apoderados por la bronca de abandonar a quien postula la crueldad como política de Estado.

Un ejemplo viviente de la inutilidad de esa aproximación política es Berni, hombre muy celebrado en los círculos de la realpolitik del peronismo. Nadie como este militar retirado tuvo tanta responsabilidad en áreas de Seguridad durante los gobiernos kirchneristas. En su experiencia, no atinó a llevar a cabo una reforma valiosa que permitiera al menos mitigar la corrupción endémica y la propensión al delito en las fuerzas policiales. Cuando el manodurista Berni comanda las fuerzas de seguridad, éstas cometen las tropelías y el delito sigue su curso. Cuando toma la posta la manodurista Bullrich, también. La diferencia es que el rédito de la promición abierta del gatillo fácil se lo lleva la derecha sin síntomas vergonzantes.

Un ejemplo viviente de la inutilidad de esa aproximación política es Berni, hombre muy celebrado en los círculos de la realpolitik del peronismo

El historial del punitivismo demagógico lleva a “la mejor Policía del mundo” de Eduardo Duhalde o a la patética imagen de Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide en publicidades de la campaña de 1999, rodeados de policías con armas largas. Aquello era en el siglo XX, pero en 2024, el radical santafesino Maximiliano Pullaro y Bullrich pasaron, en cuestión de días, de la disputa solapada por el presunto mérito de haber hecho descender la violencia narco en Rosario con métodos Bukele a acusarse de complicidad con la Policía corrupta y de abandonar a la provincia a su suerte.

Esta nota, que La Nación decidió invisibilizar de su portal poco después de publicada, lo explica en detalle.

SL/DTC

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió hoy, a través de sus abogados, que se ratifique su sobreseimiento y el de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, con el objetivo de evitar el juicio oral y público por el caso de lavado de dinero conocido como Hotesur y Los Sauces.

Se trata de dos causas que están en trámite en un único expediente y donde el Tribunal Oral Federal 5 resolvió no hacer el juicio. Luego del sobreseimiento, la fiscalía apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal y ahora la sala II del Tribunal deberá resolver si ratifica la decisión para la familia o bien se lleva a cabo el proceso.

En la audiencia no estuvieron los propios imputados, sino sus abogados, incluido Ary Llernovoy, por la defensa de exmandataria. No obstante, previo a la audiencia, la vicepresidenta presentó sus argumentos por escrito por lo cual reclama se ratifique el sobreseimiento. 

La defensa criticó con dureza al fiscal general Mario Villar, quien hace pocos días pidió al Tribunal que ordene la realización del juicio al considerar que se trata consideró de una instancia clave para determinar si existió o no delito.

“No tiene ningún sentido llevar a cabo un juicio oral (máxime si su sustanciación puede insumir varios años) cuando a partir de los elementos incorporados al expediente los magistrados arriban a la convicción apodíctica de que los hechos denunciados no resultan típicos, antijurídicos, culpables ni/o punibles”, replicó la titular del Senado en el escrito.

También volvió a un argumento reiterado en la causa sobre los pagos hechos por Valle Mitre S.A, de Lázaro Báez, y M&S. SA y Alcalis Patagonia SAIC -estas dos vinculadas a Cristóbal López- y a la empresa “Los Sauces” fueron “banderizados y ”efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias“.

De esta manera, niegan categóricamente que haya existido maniobras de lavado de dinero. Al igual que minutos más tarde lo hicieron los abogados de distintos acusados, dijo que no existió prueba nueva por la cual analizar reanudar el caso, sino que “está resuelto” en cuanto a que no existió delito.

“Nuevamente vuelve a quedar en evidencia cómo los Fiscales intentan construir una nueva acusación a los martillazos a efectos de revertir un auto de sobreseimiento debidamente fundado que, como tal, debe ser convalidado en esta instancia”, criticó la defensa de exjefa de Estado. 

La decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone no tiene fecha definida y pueda que sea dé antes de finalizar el año, algo que tiene que resolver es si el juicio no se hace porque ratifican el sobreseimiento, o caso contrario que sí debe realizarse.

Concretamente, las maniobras bajo sospecha son los pagos hechos por Cristóbal López y Lázaro Báez a los Kirchner en concepto de alquiler tanto de hoteles como de complejos habitacionales en Santa Cruz. 

Es el único caso en el que la vicepresidenta está imputada junto a sus dos hijos, aunque ella no solo está en etapa de definición en este caso, sino también en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso AMIA y donde también la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si ratifica su sobreseimiento o bien ordena que se haga el juicio y se determine si es o no condenada. 

En la causa, el Tribunal Oral sobreseyó a la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de “Los Sauces” y “Hotesur”, pertenecientes a la familia Kirchner.

Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa y también Romina de los Ángeles Mercado, y Osvaldo Sanfelice,

El fiscal Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de dos votos del TOF5, los de Daniel Obligado y Adrián Grunberg, contra uno en minoría -el de la jueza Adriana Palliotti- que tomó el tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados.

Con información de NA y Télam

La Cámara Federal de Casación comenzará a revisar a partir del 10 de noviembre próximo el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, las firmas que administraban los hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El máximo tribunal penal convocó a una audiencia para analizar las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de activos.

La fecha de la audiencia es coincidente con el tramo final de la Causa Obra Pública, en la que los fiscales Diego Luciani y Jorge Mola están terminando con sus alegatos.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales (como ocurrió, por ejemplo, en las causas Dólar Futuro y Memorando de Entendimiento con Irán) o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

Para el caso de que la audiencia fuera oral, el tribunal previó una segunda jornada que eventualmente se celebrará el 22 de noviembre.

Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal número cinco, que a fines del año pasado adoptó tal decisión por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, la Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal ordene que se sortee un nuevo tribunal para realizar el juicio, para preservar la garantía de imparcialidad.

Con información de agencias.

IG

Con las disputas en Juntos por el Cambio por las candidaturas 2023 y un mayor protagonismo en la escena política, el expresidente Mauricio Macri adosó un buen pronóstico judicial en los últimos días. Su único procesamiento vigente quedó cerca de la nulidad y en las principales causas en las que está formalmente imputado o investigado no se han tomado decisiones trascendentales, por ahora, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes.

El presunto espionaje a un grupo de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan; el expediente penal por el acuerdo de su Gobierno con la empresa de su familia, Correo Argentino SA; el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en el marco del derrocamiento del expresidente Evo Morales; y la querella criminal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 son las principales causas en las que Macri está formalmente imputado o investigado. También tiene una causa por supuestamente haber presionado al empresario Cristóbal López.

En todos los casos, Macri ha negado las acusaciones. Las cinco causas se encuentran actualmente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Retiro, y se suman a una lista de expedientes que rozan al exmandatario por las acusaciones a algunos de los funcionarios de su mayor confianza y que en algunos casos están relacionados con beneficios y negocios del Grupo Macri.

Antecedentes

Macri estuvo procesado como jefe de Gobierno porteño por las supuestas escuchas ilegales pero fue finalmente sobreseído en diciembre de 2015. El juicio oral y público que debía llevarse adelante contra el resto de los procesados nunca comenzó. El principal era su padre, Franco, fallecido en marzo de 2019. 

En 2001, mucho antes de ingresar en la política pero ya como presidente de Boca Juniors, Macri había afrontado un procesamiento por el presunto contrabando durante su gestión en la empresa Sevel. Al igual que su padre, fue acusado de evadir unos 14 millones de pesos de aquel momento (equivalentes a 14 millones de dólares) por supuestamente cobrar reintegros por exportaciones e importaciones simuladas de autopartes de la empresa automotriz de su familia durante 1993. El caso no llegó a juicio. Ante los planteos de las defensas, la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno absolvió a padre e hijo.

Su tercer procesamiento llegó en diciembre de 2021 y es el único por un caso relacionado con su gestión como presidente de la Nación. Macri fue procesado por supuestamente haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, siguiera, se infiltrara y espiara a un grupo de familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que se organizaban para reclamar al expresidente por la desaparición del submarino y su tripulación. En esta causa, también quedaron procesados los entonces jefes de la AFI, quienes declararon que la vigilancia a los familiares de los marinos buscó preservar la seguridad presidencial. Sobre ambos exfuncionarios pesan otros procesamientos por otros casos de supuesto espionaje ilegal. 

El viernes último, el fiscal general José Agüero Iturbe dictaminó que el procesamiento de Macri en el caso de supuesto espionaje debe ser anulado, informó la agencia oficial Télam. En su escrito, presentado ante la Cámara Federal porteña, tribunal de apelaciones, el fiscal dio la razón a los planteos de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, y determinó que el juez federal de Dolores, Martín Bava, cometió “una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio” al procesarlo por hechos por los que supuestamente no lo había indagado. Bava fue quien procesó a Macri, le prohibió salir del país y lo embargó por una cifra en pesos equivalente a US$1 millón.

El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el actual juez de la causa, Julián Ercolini, debería citar nuevamente a indagatoria al expresidente y luego evaluar si debe o no procesarlo. El expediente comenzó en el juzgado federal de Dolores, pero en febrero último fue enviado a Comodoro Py a pedido de las defensas, que sostienen que debía ser investigado en la Ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de la Casa Rosada. 

Si bien los jueces de la Cámara Federal porteña no están obligados a cumplir lo dictaminado por el fiscal, la evaluación de Agüero Iturbe dejó a Macri muy cerca de su objetivo inmediato en este caso: que los jueces de la Cámara Federal porteña declaren la nulidad de su procesamiento.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enteraron del dictamen por los medios y al cierre de esta nota no habían analizado la posición del fiscal, confirmaron dos fuentes del tribunal a elDiarioAR. Tampoco han leído el expediente porque el trámite es reciente, pero será el próximo paso de los jueces antes de que se analicen sus votos y traten los planteos en un acuerdo para decidir si anulan el único procesamiento de Macri.

FMI y municiones

Al igual que el caso de supuesto espionaje a familiares del Ara San Juan, que se nutre de documentos e información aportada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, otros dos expedientes contra el expresidente fueron motorizados por el gobierno de Alberto Fernández: la querella criminal por el acuerdo con el FMI y el presunto contrabando de municiones a Bolivia.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

El fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. 

De avanzar la acusación, los imputados también podrían ser alcanzados por una demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado, cuyos trámites ya inició el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

El fiscal solicitó en 2021 que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si la firma del acuerdo configura la comisión de delitos penales o si se trató de “una mala política económica” que no puede ser penalizada, explicó una fuente del expediente. La jueza a cargo es Eugenia Capuchetti. A pesar del impulso oficial, los investigadores aún esperan información y documentos clave del Banco Central para avanzar con la causa, agregó la fuente consultada. Buscan determinar quiénes son los portadores de bonos que se favorecieron.

En julio de 2021, una denuncia del gobierno de Fernández abrió un nuevo frente judicial para Macri, esta vez, por el supuesto desvío de una parte de 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

Además de Macri, el fiscal Claudio Navas imputó a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y a ex autoridades y miembros de Gendarmería Nacional. 

Por el momento, la fiscalía continúa con la tanda de testimoniales de los gendarmes que integraron el primer grupo que viajó en el avión de la Fuerza Aérea a Bolivia durante el traslado de las municiones y que se instaló en la sede de la embajada, confirmó una fuente directa del expediente. Además, un juez de Bolivia requirió información sobre el caso argentino.

Correo y Cristóbal 

El caso Correo se divide en distintos fueros: la causa por la presunta quiebra fraudulenta de Correo Argentino SA se encuentra aún en los tribunales comerciales (desde 2001); existe un segundo expediente en el fuero contencioso administrativo federal (un fallo reciente de primera instancia no favoreció a Macri); y el expediente penal, en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

Desde febrero de 2017, Macri encabeza la lista de imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni (desplazado más tarde de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal), quien solicitó entonces que se lo investigara por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por el preacuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de los Macri. 

En junio de 2016, el ministerio de Comunicaciones aceptó la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada por el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). En marzo de 2019, fueron indagados Oscar Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales. Entre sus últimas medidas, solicitó vía exhorto información sobre la compra de créditos de la quiebra por parte del denunciado Meinl Bank, entre otros, informó una fuente judicial con acceso al expediente.

La jueza María Servini tiene a su cargo un expediente penal originado por el empresario Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López, contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños del grupo Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” en 2016 para que los medios de comunicación del grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, y ante la negativa de los empresarios se habrían originado denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos en su contra por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. 

En este expediente, el exfuncionario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tiene un pedido de captura y se lo considera prófugo de la Justicia. La jueza ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años.

ED

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó hoy al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a “cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública”, al hallarlo “autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”.

A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso “levantar las medidas cautelares” dictadas contra ambos, “como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación”.

El fallo fue leído esta tarde, minutos después de las 19, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron esta mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.

“No hubo ningún perjuicio fiscal”, sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un “pronunciamiento absolutorio”, porque -según dijo- se trató de una causa “armada” con “prueba falsa” que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.

Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron “iguales” a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo “ninguna prueba” que avalara la acusación.

Durante la mañana también, en el marco de lo que se conoce como “últimas palabras” antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.

“Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto”, aseveró el empresario.

Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien “la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar”.

El juicio había comenzado el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.

Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.

El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.

DA

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, Juan García Elorrio, anticipó este jueves que pedirá condenas para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio que se les sigue por supuesta defraudación al fisco en la empresa Oil Combustibles.

“Voy a solicitar que se condene” ante la “certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados”, sostuvo el fiscal en el inicio de su alegato final, en una nueva audiencia del debate que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

García Elorrio sostuvo que la fiscalía “tiene por probado con el grado de certeza requerida para el dictado de un fallo condenatorio, los hechos objeto de este proceso descriptos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio”

El fiscal aludió a la “actividad probatoria” incorporada en el debate que comenzó el 13 de junio de 2019.

“Existe prueba de cargo”, sostuvo ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Echegaray está procesado como supuesto coautor, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

AFIP desistió de la acusación penal

El 9 de septiembre último, la única querella en el caso, representada por la AFIP, anunció su decisión de desistir de la acusación penal y de la acción civil que llevaba contra los empresarios ante la “regularización total de las obligaciones tributarias objeto” del juicio oral.

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, el organismo le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le da la posibilidad a López regularizar parte de su situación fiscal.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

Con información de agencias.

IG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistió este miércoles de la querella contra el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al extitular del organismo Ricardo Echegaray en el juicio oral y público por el caso Oil Combustibles, según confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. 

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, la AFIP le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le permite a López regularizar parte de su situación fiscal, según el organismo.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como  informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

El escrito de este miércoles también fue presentado ante el juzgado de Julián Ercolini, donde aún tramita un segundo capítulo del caso, enfocado en la responsabilidad de los funcionarios de carrera. En junio último, Marcó del Pont también notificó a la Justicia que desistía de querellar a dichos funcionarios que tenían a su cargo controlar a la petrolera, pero informó que mantenía la acusación contra los accionistas y Echegaray, según publicó entonces La Nación.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

ED

Ya no pasa inadvertido ni se refugia, como antes, en el perfil bajo. Los 18 meses que permaneció en la cárcel de Ezeiza, más de 1.700 kilómetros al norte del lugar en el que se movió toda la vida, lo obligaron a cambiar. Después de que el macrismo lo llevara a vivir una experiencia que jamás imaginó, Cristóbal Manuel López, el empresario que nació a la exposición pública nacional montado a la ola del kirchnerismo, busca adaptarse a la nueva etapa. El dueño del Grupo Indalo se instala de lunes a jueves en Buenos Aires y vuelve todas las semanas a Chubut, su provincia. Pero tiene una actitud diferente y, según parece, otras prioridades. Eso dicen los que lo conocen desde hace muchos años y también los que lo ven moverse en Comodoro Rivadavia, donde reside su base de operaciones y donde comenzó su historia de poder. 

De larga relación con Néstor Kirchner y fuerte cercanía reciente con Alberto Fernández, López pasó 2020 alejado de los primeros planos, refugiado en su campo de Alto Río Senguer, pero inició 2021 con un protagonismo que sorprende a los lugareños. Su objetivo, según dice en privado, es lograr que la política se ordene y que el peronismo de la provincia se unifique para evitar que desde Buenos Aires le impongan candidaturas en las legislativas de este año. Más que eso, tal vez, reconstruir su propia base de legitimidad para no volver a quedar aislado en un contexto de adversidad. 

Su objetivo, según dice en privado, es lograr que la política se ordene y que el peronismo de la provincia se unifique para evitar que desde Buenos Aires le impongan candidaturas en las legislativas de este año.

Hace dos semanas, el empresario que asomó a Buenos Aires con el negocio de los tragamonedas y los casinos participó en Trelew de una reunión política con la dirigencia del PJ más destacada en una provincia que atraviesa una crisis sin precedentes bajo la gobernación de Mariano Arcioni. En la misma mesa se sentaron el vicegobernador de Chubut Ricardo Sastre, el presidente del PJ Carlos Linares, tres intendentes de lo más poderosos (Adrián Maderna, Trelew; Gustavo Sastre, Puerto Madryn; y Juan Pablo Luque, Comodoro Rivadavia) y el ex jefe de gabinete de Mario Das Neves y ex ministro de Agricultura de Cristina Fernández, Noberto Yahuar. La sorpresa fue Cristóbal, uno de los dos empresarios que acudió a la cita. El otro era Jorge Aidar Bestene, un hombre de negocios de larga trayectoria, que estuvo ligado a Das Neves, fue dueño del Grupo Jornada y hoy aparece ligado al vicegobernador Sastre, pero además forma parte del consorcio liderado por José Luis Manzano que acaba de comprar Edenor a nivel nacional. Vocero del encuentro, Yahuar afirmó que la dirigencia había llegado a un acuerdo para trabajar unidos hacia las elecciones legislativas de este año y las ejecutivas de 2023. Con movimientos muchas veces enfrentados, López y Bestene son desde siempre los dos miembros más relevantes del establishment con base en Chubut. El tercero es el Grupo Cardini, también dueño de medios y gran beneficiario de la obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro en Trelew reconocía una precuela. Un mes antes, Cristóbal había convocado a otra reunión, pero en Comodoro Rivadavia, la cuna del petróleo que alguna vez llegó a ser comparada con un emirato y defiende desde siempre intereses contradictorios con la zona de Puerto Madryn, Rawson y Trelew. El choque entre el Sur y el Valle, donde confrontar el poder político y el poder económico, parecía reeditarse con el dueño del Grupo Indalo como gran protagonista. Según publicó ADN Sur, López había reunido al intendente Luque -con pretensiones de ser candidato a gobernador en 2023-, al dirigente Linares -siempre muy cercano al kirchnerismo- y a dos sindicalistas de mucho peso en la provincia, el jefe de los petroleros privados, Jorge “Loma Ávila” y el de los Camioneros, Jorge Taboada. 

Con la mayor parte de sus bienes inhibidos por decisión judicial, Cristóbal dejó en manos de su socio histórico, Fabián De Sousa, la línea editorial de sus medios de alcance nacional y comenzó a actuar en política en su provincia, en busca de evitar la intemperie que lo afectó, tras la derrota del Frente para la Victoria, con la ofensiva del macrismo en su contra. Paradojas de esa historia, fue en esos años donde él y De Sousa edificaron una relación de máxima cercanía con Alberto Fernández. De Sousa lo dijo más de una vez: tuvieron más ayuda del ahora presidente que de las figuras más destacadas del cristinismo. Consultado sobre su actuación política, López le dijo a elDiarioAR que está trabajando para la “unidad del partido en su provincia” y descartó por completo ser candidato. A su lado confirman que su intención es sumarle a su poder económico una red de aliados en el PJ.

En Chubut, la hiperactividad del empresario que es dueño de C5N y Radio 10 sorprende si se la compara con los años del apogeo kirchnerista, cuando tenía sus prioridades en Buenos Aires y casi no se metía en la disputa provincial. Pero quienes conocen sus movimientos desde que asomó a los círculos del poder local recuerdan que así comenzó, en la década del noventa. Eran los tiempos del llamado Grupo Productivo, un espacio en el que López iniciaba su carrera como dueño de la empresa de recolección de residuos Clear y participaba del foro con un amplio espectro de dirigentes en el que se destacaba Martin Buzzi, un político que se había iniciado en la Ucedé y en los años kirchneristas llegaría a ser primero intendente de Comodoro y después gobernador de la provincia. 

La aparición de López, el empresario que durante décadas acumuló un poder formidable y se cuidó de no aparecer en público, llevó a que se especulara incluso con que pretendía ser candidato a senador por Chubut, algo que según dicen cerca suyo está descartado. Su intención es dejar de ser un mero aportante para las campañas del PJ y lograr una incidencia como armador que le permita tener un sillón en la mesa de las decisiones importantes. “Antes ponía guita y no decidía. No quiere que le vuelva a pasar”, dicen en la provincia. Lo que sí parece posible es que Cristóbal vuelva a promover algún nombre para el Congreso, como ya lo hizo con Alfredo Luenzo, el hoy senador nacional del Frente de Todos que había sido durante casi toda su vida un animador de las mañanas radicales de Chubut y socio menor de López en sus medios provinciales. Distante de López mientras estuvo en la cárcel, hoy preside la comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado. 

Contada mil veces a partir de su instalación nacional como líder en el negocio de los juegos de azar de la mano de Kirchner, la historia del dueño de Indalo incluye un temprano acercamiento a la UCR, en especial a Carlos Maestro, radical que gobernó Chubut durante toda la década del noventa. Desde entonces, aunque siempre sin dejarse ver demasiado, acumuló un poder indudable, multiplicó sus negocios a la enésima potencia y se convirtió en sinónimo del capitalismo de amigos. Enviado a la cárcel durante el macrismo con prisión preventiva por el juez Julián Ercolini bajo el cargo de “administración fraudulenta”, ahora López y De Sousa llevan adelante una causa por “extorsión y asociación ilícita” contra el operador judicial Fabian “Pepin” Rodriguez Simón en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.

Hoy el dueño del Grupo Indalo es el promotor de una nueva camada de dirigentes que defiende sus intereses en el tablero provincial y nacional. El más destacado es Julián Leunda, hoy funcionario nacional de estrecha relación con Alberto Fernández. Es el número dos de Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores de la presidencia de la Nación. Oriundo de Comodoro Rivadavia, Leunda tiene 30 años, fue directivo de Indalo muy cercano a De Sousa y es hijo del empresario comodorense Walter Leunda, que siempre estuvo emparentado con Cristóbal y fue durante años la cara de Ámbito Financiero en la provincia. Según publicó La Nación, Leunda estuvo hace dos semanas en el cumpleaños de Lucas Nejamkis, un ex funcionario de la jefatura de Gabinete que hoy trabaja con el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso. 

Hoy el dueño del Grupo Indalo es el promotor de una nueva camada de dirigentes que defiende sus intereses en el tablero provincial y nacional.

Entre las nuevas generaciones que en Comodoro vinculan con López aparece también el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky, de 31 años y ligado a La Cámpora. Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, también nació en la cuna del petróleo, es funcionario de carrera de la PSA desde 2009 y estuvo a cargo de la Seguridad durante la gestión de Buzzi como gobernador. En 2012, fue nombrado secretario del área y en 2014 asumió como ministro de Justicia y Seguridad en 2014. Durante los años del macrismo, se dedicó al periodismo. Le compró la radio al senador Luenzo, La Cien Punto Uno, y pasó a cumplir un doble rol, director periodístico y conductor de un programa todas las mañanas. Sobre todo Leunda pero también Glinsky son mencionados en Chubut como posibles candidatos en las próximas elecciones por el Frente de Todos. Sus nombres circulan como alternativa al de Santiago Igon, el diputado de La Cámpora que nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y está anotado entre los dirigentes que aspiran a pelear por una banca en el Senado en noviembre.

Después de la experiencia traumática, Cristóbal López se muestra decidido a actuar en política y construir, desde Comodoro Rivadavia, una red más amplia de poder con base en su provincia. Dice que la cárcel lo cambió por completo y quiere asegurarse que no le vuelva a pasar lo que ya le pasó.

DG

Las cifras de distribución de la publicidad oficial durante el primer año de gestión de Alberto Fernández exponen un crecimiento moderado en el gasto con respecto a 2019. En 11 meses de 2020 -lo publicado excluye diciembre- se invirtieron $4.704 millones, frente a los $3.350 millones de 2019, un aumento del 40% en términos nominales, de acuerdo a datos oficiales.

Tal crecimiento supone 5 puntos por encima de la inflación anual (35,5%) mientras falta conocer lo gastado en el último mes, aunque a los efectos de la comparación, diciembre de 2019 tuvo baja erogación publicitaria estatal, como ocurre en los cambios de Gobierno entre administraciones de distinto signo. Además, parte de la inversión de 2020 correspondió al canje de deudas impositivas y de seguridad social de las empresas mediáticas contraídas durante el Gobierno de Mauricio Macri por espacios de publicidad oficial, una práctica de larga data en el vínculo del Estado con las organizaciones periodísticas. Las continuidades, de todas maneras, no acaban allí.

Ganadores

En relación a los destinatarios de esos fondos se observan más continuidades que cambios. El Grupo Clarín (Clarín, TN, Canal 13, Radio Mitre, FM 100, La Voz del Interior, Los Andes, entre muchos otros) es el que más dinero recibió por anuncios: se quedó con el 13% del total para 2020. El dato consolida una leve caída respecto de años anteriores, ya que en 2019 acaparó el 15% y en 2017, el 18%. El lugar estelar que ocupa el holding que conduce Héctor Magnetto con ramificaciones en todo el mapa mediático argentino se percibe en que lidera la recepción de pauta en los rubros diarios, radio AM y radio FM, ocupa el segundo lugar en TV abierta y portales y el cuarto en señales de cable.

La segunda posición global le correspondió al Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Pop, Ámbito Financiero, Minuto Uno, entre otros) con poco menos de la mitad de lo captado por el Grupo Clarín. El top 5 de los más beneficiados se completó con el Grupo América (La Red, América TV, Supercanal, Uno), Octubre (La 750, Página 12, IPTV y, recientemente, Canal 9, entre otros) y VIACOM, la empresa estadounidense que aparece en un lugar de privilegio dado que su activo relevante en la Argentina es el canal Telefe. En esa línea, se percibe el privilegio de Diario Popular, el tercero de más ventas en el área metropolitana de Buenos Aires, que cierra la lista de los 10 principales receptores entre todos los grupos.

La nueva gestión le dio un lugar privilegiado al grupo liderado por Víctor Santa María, que crece en el sistema, a pesar de que su señal de noticias IP, lanzada como guiño el 17 de octubre de 2020, todavía no recibió dinero por pauta oficial. En su cómputo se incluye Canal 9, emisora que acaba de adquirir y donde tenía un acuerdo de producción.

Dos elementos se destacan en el análisis de quiénes encabezan el listado. Por un lado, son efectivamente los que más peso tienen en la audiencia y difusión. Por el otro, hay cierta continuidad al respecto con la gestión de Macri. Las principales diferencias se marcan en la caída de La Nación (La Nación, La Nación +) —privilegiado por la gestión Cambiemos— y el crecimiento del Grupo Olmos (Crónica TV, Crónica y BAE), Facebook y Telecentro, además de Octubre.

La pauta atiende en CABA

Otro aspecto a observar de la distribución de publicidad oficial es el tipo de medio o plataforma elegido para colocar los anuncios. En ese sentido, la mayor parte del presupuesto fue destinado a los medios tradicionales.

Los canales de televisión abierta de todo el país se quedaron con el 21% de la inversión mientras que los medios gráficos consiguieron el 19%, la radio (AM y FM), el 16% y las señales de TV por cable otro 16%. Entre los sitios webs (12%), la vía pública (10%) y las redes sociales (6%) se completa la torta. En este último rubro se destaca que Facebook (incluye Instagram) y Google (incluye YouTube) dominaron el escenario digital-social.

Los medios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron el 74% del gasto publicitario. Esto puede explicarse, entre otras, por dos razones. La primera es la centralidad del sistema en la Capital Federal. La segunda radica en la diferencia del valor de espacios publicitarios entre los medios que dominan el mercado (y operan desde CABA) y los regionales, provinciales y locales.

Ayudas y discrecionalidad

En medio de la crisis económica que sacude al país y se profundizó por la cuestión sanitaria desde marzo del pasado año, el aumento del gasto por encima de la inflación pareció justificarse en el marco de una fuerte asistencia estatal a la actividad privada. El sistema de medios no fue la excepción.

Además de la publicidad oficial, las ayudas se completaron con el ingreso de los medios al programa Aportes para el Trabajo y la Producción; la extensión del alcance del programa REPRO —que paga parte de los salarios— en algunas empresas mediáticas y la impresión de cuadernillos escolares para algunas editoriales vinculadas a grupos de medios.

Así, el Gobierno de Fernández contribuyó a sostener las fuentes laborales de los medios en el marco de la crisis y pese a las líneas editoriales, que fueron mayoritariamente críticas, tanto a la gestión en general como -desde los meses de abril y mayo en adelante- del manejo de la pandemia.

La mayor parte del gasto fue administrado por la Jefatura de Gabinete, oficina que incluye la pauta de Presidencia y los ministerios. Esa área invirtió la mitad del presupuesto mientras que los “organismos descentralizados” (como ANSES y PAMI) gastaron el 37% del dinero. El restante 13% -unos $566 millones- correspondieron al crédito que el Gobierno tiene con distintos medios que pudieron canjear (hasta marzo de 2016) deudas con el Estado por publicidad oficial.

En materia de pluralismo, la deuda con los sectores cooperativos, comunitarios y sin fines de lucro de la comunicación todavía es grande. El Ejecutivo destinó apenas $33 millones a este espacio del sistema entre enero y noviembre de 2020. De esos, más del 50% ($17 millones) fueron recibidos por un solo medio: el diario Tiempo Argentino. El resto se dividió en un largo listado de diarios (50%), portales (23%), radios (18%) y canales de televisión (9%) sin fines de lucro. Una inversión por debajo del 1% del presupuesto para garantizar voces diversas y no comerciales parece quedar a mitad de camino en la expresión de deseos de fomentar la pluralidad de medios.

Como la Argentina no cuenta con una ley que defina el modo en que debe administrarse la publicidad oficial, cada año es posible identificar discrecionalidad en quiénes y cuánto dinero reciben. Ese rasgo atraviesa todo el sistema, más allá de cambios en las administraciones y tipos de gobierno nacional, provincial o municipal.

Cable

Para analizar las discrecionalidades en el reparto corresponde poner el foco en los más pautados según cada tipo de medio y compararlo con las mediciones de rating. Entre las señales de televisión por cable, por caso, se encuentra que Supercanal (la señal de la cablera fundada por José Luis Manzano y Daniel Vila en Mendoza y San Juan) encabeza el ranking.  Esto, obviamente, contradice las mediciones. Lo recibido por pauta en 2020 por la empresa cuyana corresponde en un 95% a un canje de deudas que Manzano y Vila consiguieron durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que les permitió reducir sus pasivos y mejorar las condiciones de venta de la cablera al grupo inversor CVI Austral de Cargill. Por su parte la señal Crónica TV (del Grupo Olmos) recibió más publicidad oficial que TN (Grupo Clarín) y A24 (América), a pesar de que ambas la superan en rating.

Radio

En radio se destaca que Del Plata, Somos Radio y Splendid, todas de línea editorial amigable para el Gobierno, pero con niveles bajos de audiencia. Del Plata, incluso, no emitió gran parte del año por un conflicto sindical a raíz del no pago de salarios, y recién regularizó su aire en los últimos meses del año, cuando cambió de manos. En los tres casos, lo recaudado superó a la cosecha de Rivadavia, otra empresa en crisis que hace meses reorganizó la programación y regularizó el aire con voces de derecha dura, muy críticas del Gobierno, que lograron buena repercusión en la audiencia.

En el rubro de las FM, con escaso contenido político, también se percibe un beneficio para las radios con líneas afines a la gestión nacional. Radio Con Vos, que alterna programas periodísticos cercanos y críticos del Gobierno, ocupó un lugar destacado en la recepción de publicidad oficial muy superior a su audiencia. Las pasatistas Pop y Mega, de Indalo, también tuvieron premio, mientras que más abajo en la cuenta, las emisoras de contenido político El Destape (comenzó como una emisora online y ahora transmite en AM y FM) y La Patriada ocuparon un lugar considerable.

Web

Por último, entre los sitios web se destaca la cantidad de dinero pautado en Infobae, que casi duplicó en fondos recibidos a su inmediato competidos Clarin.com —ambos con una línea claramente opositora— pese a que la ventaja en visitas no tiene tal magnitud. Es cierto que el portal informativo líder no es parte de un Grupo, por lo que concentra todo lo que recibe en su única cuenta. Por su parte, los sitios de El Destape y Página 12 también sobresalieron en cuanto a montos recibidos, algo por encima de las visitas a sus páginas, aunque ambos exhibieron un alto crecimiento de clics en 2020.

Durante un primer año de gestión condicionada por la crisis económica y la pandemia, pocos fueron los cambios que se observaron en la administración de la publicidad oficial. Este recurso, que lubrica la relación gobierno-medios (y periodistas) fue central en 2020 para apuntalar un sistema con problemas de larga data. La promesa presidencial del discurso de asunción (regular y usar la pauta oficial para educación) aún no se concreta ni se atisban indicios. Mientras se espera que 2021 recupere algo de normalidad en la vida social, económica y cultural del país, será importante atender al impacto del año electoral y del desgaste pandémico en la administración de la publicidad oficial, recurso finito, maleable y eficaz para ordenar el sistema mediático. 

SM AE

La denuncia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, por la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta, pero también a la del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa. Así lo sostuvieron ante la consulta de elDiarioAR, fuentes judiciales, abogados y funcionarios del propio fisco. 

Este lunes, la titular de la agencia impositiva —cuyo mandato fue renovado el viernes por el presidente Alberto Fernández— presentó en los tribunales federales de Comodoro Py un informe de más 30 de páginas con los resultados de dichas auditorías, ordenadas en febrero último con el objetivo de determinar si el gobierno de Cambiemos había utilizado la AFIP para “perseguir” y “hostigar” a Cristina Fernández. 

En febrero, la vicepresidenta había denunciado una supuesta “connivencia” de las exautoridades de la AFIP con miembros de la Justicia, resaltó el comunicado enviado este lunes a los medios. La denuncia de la titular del organismo respaldó exactamente esa acusación, según la providencia firmada por Marcó del Pont. El texto fue presentado ante la fiscalía de Paloma Ochoa y el juzgado federal número 11, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. 

La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución".

La denuncia señaló que habrían existido “vías de comunicación alternativas con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales”, mencionó supuestos delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, según el comunicado oficial. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, agregó la titular de la AFIP. 

Los cuadernos

Durante las gestiones de Alberto Abad (diciembre 2015-marzo 2018) y Leandro Cuccioli (marzo 2018-diciembre 2019), la AFIP colaboró, entre otros expedientes, en varias causas por presunta corrupción contra Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios, tanto allegados, como Lázaro Báez y Cristóbal López, como los involucrados en los denominados “cuadernos de la corrupcion” que habría escrito el chofer Oscar Centeno y el caso Odebrecht. 

En Hotesur, por ejemplo, el organismo aportó información amparada en el secreto fiscal para evaluar si los acusados tenían “capacidad de comprar los hoteles”, pero no fue prueba “decisiva” para procesar a la vicepresidenta, sostuvo uno de los magistrados que intervino en el caso.

En una causa contra el financista Ernesto Clarens por presunto lavado de dinero de la corrupción, la AFIP aportó técnicos para el “análisis de los movimientos financieros”. Colaboraron a pedido de la fiscalía de Gerardo Pollicita, indicaron fuentes del caso. 

Existieron vías de comunicación alternativas, con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales".

Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR a cuatro funcionarios del organismo y a fuentes judiciales con acceso directo a los casos Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Corrupción en la Obra Pública y otros expedientes contra la vicepresidenta, los consultados sostuvieron que los aportes “contundentes” de la AFIP fueron únicamente en el expediente de los cuadernos de Centeno. 

En la causa que exploró supuestos pagos sistemáticos de coimas a funcionarios que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio junto al fiscal Carlos Stornelli, el aporte del fisco fue a través de la Dirección General Impositiva (DGI), entonces a cargo de Horacio Castagnola. Esa dependencia formó un equipo especial para trabajar los pedidos de Bonadio en el marco de la causa. 

“El organismo no aportó información sobre Cristina por los cuadernos, pero sí se concentró en contestar los oficios de Bonadio sobre las salidas de dinero efectivo de cuentas bancarias de empresarios y empresas. Cotejamos dichos movimientos con las fechas en las que los arrepentidos habían confesado los pagos a los Kirchner”, explicó un funcionario de la AFIP que intervino en el caso durante el gobierno de Macri. “Ahora van a mezclar todo”, agrega. 

Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual".

Este medio se comunicó con Abad, quien afirmó que se enteró de la denuncia por los medios y que, por el momento, no hará comentarios. El vocero de Macri derivó la consulta a Jimena de la Torre, la segunda de Cuccioli, quien se encuentra en Londres, trabajando en el ámbito privado. De la Torre dijo en Twitter: “Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”. 

Un organismo clave

En las auditorías presentadas este lunes en la Justicia, intervinieron la Dirección General Impositiva (DGI) —a cargo de Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner— y dos subdirecciones generales: Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna, según el comunicado oficial.

En diciembre, la gestión saliente y un grupo de históricos de la AFIP que trabajó en casos centrales durante el gobierno de Cambiemos interpretaron el nombramiento de García al frente de la DGI como el desembarco de la vicepresidenta en el organismo. Su hipótesis inicial era que el interés en la DGI no era “ofensivo”, sino “defensivo”. 

Fernández de Kirchner está procesada y camino a juicio por los cuadernos. Los funcionarios relegados tras la llegada de Marcó del Pont por su cercanía con la gestión de Cambiemos sostienen que el objetivo de las auditorías internas es “derribar cuadernos y Oil Combustibles”.

De acuerdo con el relevamiento de elDiarioAR entre fuentes judiciales que trabajaron y trabajan en los expedientes, a excepción de la causa de los cuadernos, en los principales expedientes contra la vicepresidenta, las pruebas aportadas por la AFIP han sido “escasas” o “colaterales” para fundamentar los procesamientos y elevar las causas a juicio oral y público.

Este medio intentó comunicarse con el abogado de Fernández de Kirchner y de sus hijos, Carlos Beraldi, pero no respondió los reiterados llamados al cierre de esta edición. La vicepresidenta y sus hijos siempre negaron las acusaciones judiciales.

Además de representar a CFK, Beraldi también es abogado de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, y querellante en otro expediente en el que sí podría impactar el resultado de las auditorías, según admitió una fuente con acceso al informe que ya tiene la Justicia. 

Oil Combustibles

La denuncia de Marcó del Pont tendría “impacto” en una causa que tiene a su cargo la jueza María Servini contra Macri, exfuncionarios de su gabinete y exautoridades de la AFIP que llevaron adelante la causa penal contra Oil Combustibles (Grupo Indalo), aseguró la fuente con acceso a las auditorías. 

“La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento”, dijo el texto de Marcó del Pont.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. 

En los tribunales, algunos de los magistrados que trabajaron y trabajan en el caso estimaron, prima facie, que la denuncia de la titular de la AFIP podría beneficiar a López, según sostuvieron ante las consultas. 

La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas.

“Lo que está impactando en el juicio son los testimonios de miembros de la AFIP que están declarando en el juicio y admitiendo que se cometieron irregularidades y arbitrariedades en el caso”, dijo a elDiarioAR Fabián Lértora, abogado de López, quien descartó que las auditorías puedan incidir en el resultado del juicio.  

Oil Combustibles tenía una deuda por $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. La querella sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria.

En ese expediente, la jueza Servini busca acceder a los cruces de llamadas de Macri y ya citó a indagatoria a los técnicos de AFIP que avanzaron con el caso penal, confirmaron fuentes del caso. 

Ganancias e IVA 

“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, enumeró el comunicado de Marcó del Pont. 

La presentación del lunes, según el comunicado oficial, se centra en presuntas irregularidades en las determinaciones de deuda de Cristina por el pago del impuesto a las ganancias y, en el caso de sus hijos, por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el cobro de alquileres de sus propiedades. 

Una de las presuntas faltas que denunció Marcó del Pont es que el organismo no notificó correctamente a Fernández de Kirchner sobre la investigación interna en su contra y eso le impidió defenderse ante el fisco, como marca el reglamento. Sostiene que evitaron notificar adrede a la entonces senadora, obviando, por ejemplo, una notificación personal, en sus domicilios públicamente conocidos o por el boletín oficial.

Marcó del Pont también objetó la “designación irregular de funcionarios a cargo de los procedimientos” y el ingreso a la base de datos fiscales de la vicepresidenta en “miles” de ocasiones —no precisaron el número ante la consulta de este medio— “sin fundamento legal”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, una de las exautoridades del organismo, quien pidió reserva de identidad, rechazó que se hayan cometido irregularidades en las fiscalizaciones contra la familia Kirchner y afirmó que siempre actuaron a pedido de distintos juzgados, lo que explicaría, dijo, la cantidad de consultas a los datos fiscales de los Kirchner. “Se les intimó por sus deudas, nada fuera de lo normal”, añadió.

ED