La investigación que tramita en la justicia federal argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, atraviesa su momento procesal más avanzado desde que se inició en 2023, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. Una resolución dictada en enero por la Cámara Federal porteña ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la pesquisa “con urgencia” bajo el principio de jurisdicción universal, lo que reactivó el expediente tras meses de idas y vueltas.

El fallo rechazó cuatro planteos centrales de las defensas: la eximición de prisión de uno de los imputados, el acceso irrestricto al expediente, la supuesta incompatibilidad con la investigación de la Corte Penal Internacional y el argumento de que Argentina no podía intervenir. Con esa decisión, la Cámara confirmó que el país tiene competencia para avanzar y que la investigación internacional no impide el desarrollo del proceso local.

La causa se inició en junio de 2023, cuando el equipo de InterJust (en aquel momento parte de la Clooney Foundation for Justice) presentó una denuncia en tribunales argentinos en representación de familiares de víctimas, invocando la jurisdicción universal ante la imposibilidad -según sostuvieron- de obtener justicia en Venezuela.

Dos legajos y 16 imputados

El expediente –identificado como “legajo 1”– se centra en funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por los asesinatos de dos manifestantes en 2014, en el marco de lo que la acusación describe como un ataque sistemático contra población civil.

Hay 16 imputados, todos acusados por crímenes de lesa humanidad. Según la imputación, cada acusado habría tenido un rol específico dentro de la cadena de mando.

En paralelo, otro expediente –el “legajo 3”– apunta contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos legajos están a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Stornelli, aunque se investigan por separado.

Jurisdicción universal “pura”

Uno de los puntos centrales de la resolución de enero fue ratificar que Argentina debe aplicar el principio de jurisdicción universal y hacerlo de manera activa. El razonamiento de la Cámara fue que los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación primaria de investigar crímenes internacionales y que la intervención de la Corte Penal es complementaria, no excluyente.

Ignacio Jovtis, Director para América latina de InterJust y abogado representante de familiares de víctimas en una de las causas, señaló que “Argentina se ubica en una posición singular porque a diferencia de otros países, no exige un nexo territorial o de nacionalidad para investigar este tipo de delitos, sino que basa su competencia en la gravedad de los hechos”. Esa interpretación ya fue aplicada en causas como la investigación de los crímenes del franquismo y el genocidio rohinyá.

Declaraciones clave y nuevo escenario político

Un punto de inflexión fueron las declaraciones tomadas en Argentina a víctimas venezolanas y a fiscales que denunciaron presiones y amenazas en su país. El objetivo fue acreditar la imposibilidad de una investigación independiente en Venezuela, un requisito central para justificar la intervención extranjera.

En cuanto al contexto político venezolano, las fuentes consultadas sostienen que, aunque hubo cambios formales de liderazgo, la estructura de poder y la cadena de mando de las fuerzas de seguridad permanecen prácticamente intactas. El sistema judicial, agregan, sigue sin ofrecer garantías para investigar a los responsables.

No obstante, un eventual escenario de justicia transicional podría facilitar en el futuro el acceso a pruebas hoy inaccesibles.

Respecto de la ley de amnistía venezolana, la posición de los impulsores de la causa es que ninguna norma interna puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Aunque el texto excluiría formalmente las graves violaciones de derechos humanos, persisten dudas sobre cómo se garantizarían verdad, justicia y reparación.

LN/MC

La convocatoria de este sábado en Plaza de Mayo para pedirle al gobierno de Javier Milei la liberación de los represores se enmarca en una postura negacionista de los juicios por la verdad, que desde 2006 ya significaron la condena de 1.200 personas, entre militares y civiles, acusados de cometer delito de lesa humanidad durante la última dictadura. 

La manifestación organizada por la hermana de un diputado de La Libertad Avanza y de militares retirados –y con la asistencia de un represor condenado con domiciliaria–, reclama por los que consideran “presos políticos”. En su narrativa hablan de “patriotas cautivos” o “veteranos de las dos guerras”, en referencia al conflicto de Malvinas y la lucha “contra la subversión”.

“Nuestros viejos son enfermos que se mueren en las cárceles”, dijeron a elDiarioAR desde la agrupación Pañuelos Negros, que coordina Asunción Benedit, hermana del diputado nacional Beltrán Benedit. La frase no se condice con la realidad: según datos oficiales, actualmente hay 539 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario. De los últimos diez años, 2025 es el segundo con menos personas detenidas por delitos de lesa humanidad.

Es decir, alrededor del 84% de las personas detenidas cumplen la pena en sus casas. Uno de los casos es Orlando “Hormiga” González, represor del Grupo de Tareas de la ESMA, que hasta el lunes pasado formaba parte del grupo coordinador de la protesta de este sábado. En diálogo con elDiarioAR llegó a admitir que no iría a la manifestación “por estar con la domiciliaria”. “Tampoco tengo interés en ir. Yo colaboré ya que piden también por mí”, agregó. Luego publicó un documento en el que se corrió del grupo por diferencias en la organización.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa en su web que, desde 2006, 1.202 personas fueron condenadas y 213 resultaron absueltas en 353 sentencias por la represión estatal durante la dictadura. “La estadística es el resultado de la actualización trimestral de las principales variables relacionadas al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, a partir de la sistematización y el procesamiento de datos que realiza la procuraduría especializada de la información remitida por las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en estos procesos en todo el país”, explican en Fiscales.gob.ar.

Los datos actualizados al 18 de septiembre pasado indican también que 60 causas fueron elevadas a juicio oral y público, otras 280 transitan la etapa de investigación preliminar y que actualmente se realizan 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones.

La procuraduría relevó que en este contexto hay 356 procesados/as y 177 en el estadio intermedio de la falta de mérito. Otras 75 personas fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal, mientras que 103 fueron sobreseídas. En tanto, suman 502 los/as imputados/as por el Ministerio Público Fiscal que aún no fueron indagados.

En los procesos por crímenes de lesa humanidad hay 539 personas privadas de su libertad. De estas últimas, 454 se encuentran en arresto domiciliario, 63 en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo, y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federales y provinciales.

Los casos en Campo de Mayo son los más cuestionados, porque se trata de una cárcel considerada “VIP” para los represores. Allí fueron trasladados justamente el año pasado un grupo de represores encabezado por Alfredo Astiz que hasta entonces permanecían en un pabellón de mujeres en la cárcel de Ezeiza. El beneficio lo obtuvieron gracias a la gestión del gobierno de Javier Milei. 

Fueron visitados por diputados de La Libertad Avanza en una comitiva que lideró Beltrán Benedit –recordemos, el hermano de Asunción, de Pañuelos Negros–. Y tuvieron la venia del ministro de Defensa, Luis Petri –porque Campo de Mayo es unidad penitenciaria que está dentro de la guarnición militar–, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –que conduce el Servicio Penitenciario Federal–. 

El grupo de diputados libertarios se fotografió con los represores, que fueron trasladados en mayo de 2024: además de Astiz, aparecen Mario “El Cura” Marcote, Miguel Britos, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Raúl Guglielminetti, Julio César Arguello, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien luego falleció.

“Nosotros pedimos la libertad de todos. No son crímenes de lesa humanidad, sino de venganza total. Habría que reveer muchas causas”, afirmaron desde Pañuelos Negros. Desde la agrupación negacionista denunciaron en el Consejo de la Magistratura a jueces que firmaron sentencias por lesa humanidad y también le enviaron pedidos escritos al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al Procurador General, Eduardo Casal. 

Los negacionistas se sienten protegidos por el aval mileísta a la última dictadura: “Ahora podemos hablar con el gobierno de Milei. Tenemos libertad. Después qué es lo que va a hacer el Presidente, no sabemos”, dijo a este medio la voz consultada, que pidió expreso anonimato. El libertario dijo en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 solo hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”, cuestionó la cifra de 30.000 y el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.

En las últimas semanas la Corte Suprema le hizo un guiño a los represores al fallar que los acusados no pueden estar más de tres años en prisión preventiva. El máximo tribunal se quejó de las demoras en las causas de lesa humanidad. Según estadísticas oficiales, el promedio de espera de veredicto es de 11 años, y el debate oral más largo ya lleva casi 4 años.

El 11 de noviembre pasado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata rechazó la aplicación del reciente precedente “Castillo” de la Corte Suprema frente a las presentaciones formuladas por cuatro detenidos por crímenes de lesa humanidad para que se les otorgue el cese de la prisión preventiva. Una semana antes, se rechazó el pedido de salidas transitorias al sacerdote católico Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua.

MC/CRM

Tras la victoria electoral del Gobierno y cuando militares retirados y votantes libertarios lanzaron una convocatoria a la Plaza de Mayo para pedir la liberación de los represores, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó duras críticas a Javier Milei. Calificó al mandatario como “un monstruo” y denunció que en la Argentina actual se vive “una democracia sucia”, marcada por la desigualdad, la impunidad y el miedo.

“Tenemos democracia, pero estamos peleados porque esta es una democracia sucia, donde vale todo, la plata se gira donde quieren ‘los privilegiados’ y el pueblo está empobrecido”, afirmó Carlotto, de 94 años.

Carlotto sostuvo: “Este hombre, que yo no considero un presidente, sino un monstruo, porque con tranquilidad comete delitos que no se castigan y está destruyendo nuestro país en lo moral y económico”.

La titular de Abuelas también cuestionó el contexto social y político que posibilitó la victoria de Milei en las elecciones legislativas de octubre. “El presidente fue elegido por segunda vez: hay algo que anda mal”, señaló. Y añadió: “Quizás no estábamos preparadas para dar notas para que la gente entienda qué tiene que hacer… hay otras personas buenas… pero hay miedo y eso paraliza y te dice ‘no te metas, cuidado’. Aunque un gobierno sea votado, el miedo borra la palabra democracia”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en El Destape Radio y tuvieron fuerte repercusión en redes sociales y medios digitales. Carlotto trazó un paralelismo con el pasado dictatorial y afirmó: “Vemos a los jubilados, cómo los golpean”, en referencia a los episodios represivos registrados en movilizaciones contra las reformas previsionales impulsadas por el Gobierno nacional.

La titular de Abuelas viene denunciando desde el inicio del actual mandato la falta de financiamiento estatal para programas de Memoria, Verdad y Justicia, y ha calificado esa situación como una “deuda impaga” del Estado con los organismos de derechos humanos.

Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que el próximo 24 de marzo realizará una vigilia conmemorativa a 50 años del golpe de Estado de 1976, en el marco de una creciente preocupación por el rumbo de las políticas de derechos humanos en el país.

El sábado pasado elDiarioAR reveló que para el próximo 29 de noviembre a las 16 en la Plaza de Mayo un grupo de militares retirados y militantes mileístas convoca a una movilización frente a la Casa Rosada para exigir la libertad de condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La acción surgió de un grupo de ex miembros de las Fuerzas Armadas –algunos veteranos de Malvinas–, tiene su raigambre en redes sociales y ya escaló a funcionarios del gobierno de Javier Milei y al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

La convocatoria tiene una conexión evidente con el discurso libertario que cuestiona la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos. El propio Milei consideró en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”. Y el año pasado se supo que un grupo de legisladores oficialistas visitó en el penal de Ezeiza a represores como Alfredo Astiz; al poco tiempo, dichos detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Campo de Mayo.

Más reciente en el tiempo, durante la campaña legislativa Milei apareció con sus candidatos con un cartel que vanalizó la consigna “Nunca Más”. Días atrás elDiarioAR registró en el evento La Derecha Fest –donde participaron funcionarios como Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine– la venta de remeras con un Falcon Verde como los usados en la última dictadura para los secuestros. Y también se supo que el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.

MC

El Tribunal Oral Federal N°5 (TOF 5) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de excarcelación presentado por Carlos Guillermo Suárez Mason (h), condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el principal centro clandestino de detención del terrorismo de Estado.

La defensa del ex marino había invocado el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, dictado el 23 de octubre, que fijó nuevos límites a la prisión preventiva y estableció que ninguna persona puede permanecer más de tres años sin sentencia firme. Sin embargo, el tribunal consideró que ese criterio no se aplicaba a su caso porque Suárez Mason (h) ya cuenta con una condena confirmada por la Cámara de Casación desde mayo de 2023.

La resolución del TOF 5 marca un contrapunto con la nueva doctrina de la Corte, que según diversos organismos de derechos humanos podría abrir la puerta a la liberación de represores condenados por delitos de lesa humanidad.

En este contexto, en la negativa a liberar a Suárez Mason (h), el TOF 5 sostuvo que el represor “se encuentra cumpliendo una condena firme” y que “no corresponde aplicar retroactivamente una doctrina que refiere a situaciones procesales distintas”.

Suárez Mason fue condenado a prisión perpetua en noviembre de 2017, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en mayo de 2023. ) El represor fue uno de los oficiales rotativos que tuvo el grupo de tareas de la ESMA.

El año pasado, Suárez Mason (h) fue uno de los represores que se reunió y fotografió junto a diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitarlos al penal de Ezeiza, donde estaban alojados en ese momento. En ese encuentro fue protagonista Alfredo Astiz. Posteriormente, todos los represores fueron trasladados a Campo de Mayo.

El antecedente Von Wernich

En paralelo, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata dictaminó en las últimas semanas que debe rechazarse el pedido de salidas transitorias formulado por el sacerdote Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura.

El dictamen remarcó que “no se verifican cambios de conducta ni actos de reparación hacia las víctimas” que habiliten un beneficio carcelario. Para el Ministerio Público, la concesión de salidas o libertades anticipadas en estos casos “debe analizarse con criterios de especial rigor” por tratarse de crímenes imprescriptibles.

El entorno libertario

El debate sobre las prisiones de los genocidas volvió al centro de la escena política luego de que se conociera que Santiago Viola, abogado vinculado al oficialismo y apoderado electoral de La Libertad Avanza, apareció como defensor de cómplices de represores de la ESMA en distintas causas judiciales.

elDiarioAR publicó este jueves que Viola asumió la representación de imputados civiles por apropiación de bienes de desaparecidos, entre ellos ex funcionarios y empresarios con vínculos con la Armada. El caso generó polémica en el contexto de una administración que suele cuestionar la agenda de derechos humanos y relativizar los crímenes de la dictadura.

MC

La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió este jueves que las extensas prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad deben estar debidamente justificadas con “indicios concretos” de riesgo procesal, al considerar que prolongar el encierro sin fundamentos suficientes implica una “pena anticipada” y una violación al debido proceso.

El pronunciamiento del máximo tribunal surgió en el marco del caso de Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU), y que permanece detenido con prisión preventiva desde diciembre de 2013, en el marco de una causa por secuestros y homicidios ocurridos antes del golpe de Estado de 1976.

La Corte resolvió sobre una nueva prórroga dictada en mayo de 2025, lo que eleva a casi doce años su detención preventiva, pese a que el plazo máximo previsto por ley es de tres años.

En su resolución, la mayoría integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza sostuvo que “un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, y enfatizó que las prisiones preventivas deben basarse en riesgos procesales reales y no en la sola gravedad del delito imputado.

“El hecho de que el imputado esté acusado de gravísimos delitos no justifica por sí solo la imposición ni la prolongación de una medida tan gravosa”, afirmaron los jueces, quienes agregaron que “la presunción de inocencia es un principio que debe honrarse sin excepción”.

En disidencia, el juez Ricardo Lorenzetti consideró inadmisible el recurso sin pronunciarse sobre el fondo del planteo.

El fallo también cuestionó el accionar de la Cámara Federal de Casación Penal, que había denegado un recurso sin evaluar los argumentos relativos al exceso en la prisión preventiva. La Corte remarcó que, pasados los tres años legales, esta forma de detención es “la excepción de la excepción” y su aplicación requiere de una rigurosa fundamentación específica.

Castillo ya cuenta con una condena a prisión perpetua en otra causa, por lo que esta decisión no implica su liberación inmediata, sino un posicionamiento institucional sobre los límites de la prisión preventiva en los procesos por crímenes de lesa humanidad. El juicio en esta causa particular continúa en trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

La resolución

La causa contra Castillo

En mayo de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el martes la condena a prisión perpetua impuesta a Carlos Ernesto “Indio” Castillo y anuló la absolución de Juan José “Pipi” Pomares, por su participación en crímenes de lesa humanidad perpetrados por el grupo paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU) entre febrero y abril de 1976. Ambos habían sido juzgados por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, en 2017, por las privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios, entre otros delitos y según cada caso, de los perseguidos políticos Antonio Domínguez, Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, Hugo Daniel Pastorini, Adelaida Úrsula Barón, Leonardo Guillermo Miceli y Roberto Fiandor.

En su fallo, los camaristas señalaron que la CNU operó en connivencia con una red estatal e integraba parte del plan represivo. En cuanto a Pomares, que había llegado al juicio acusado junto a Castillo por los homicidios de Domínguez, Dinotto y Martini y la “sustracción de una persona con el fin de obligarla a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”, en perjuicio de Pastorino y Barón, la Sala IV enfatizó que se debió haber considerado válido el testimonio de Walter Martini, quien fue testigo del secuestro de su madre cuando tenía diez años y reconoció en un libro de fotos a Pomares. Otra de las víctimas sobrevivientes, Pastorini, también lo reconoció. Respecto a esa situación, el TOF había declarado -por mayoría- la nulidad de esos reconocimientos fotográficos realizados en la etapa de instrucción de la causa.

Tras conocerse el fallo de la Casación Federal, el auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, Juan Martín Nogueira, solicitó que se prohíba la salida del país de Pomares, lo que así dispuso el TOF platense.

De acuerdo con el fallo de Casación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 deberá dictar un nuevo pronunciamiento respecto de la responsabilidad de Pomares, sin necesidad de realizar un nuevo debate.

El juicio

Los ex miembros de la CNU habían sido juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata. En dicho juicio el Ministerio Público Fiscal fue representado por Carlos Dulau Dumm y Juan Martín Nogueira, quienes habían solicitado la pena de prisión perpetua para ambos acusados. Finalmente, el Tribunal resolvió imponer la pena de prisión perpetua para Castillo y dictó la absolución “por el beneficio de la duda” de Pomares.

En su alegato en el debate oral, el entonces fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira había enfatizado que “los casos objeto de este juicio no se insertan en el contexto generado por el aparato de poder organizado de la dictadura instaurada por las fuerzas armadas a partir del 24 de marzo [de 1976], sino que la intervención penalmente relevante está dada por un grupo paraestatal denominado Concentración Nacional Universitaria, CNU, que funcionó, junto con muchos otros grupos, con la aquiescencia y favorecimiento de un gobierno democrático bajo el estado de sitio, que a través de una serie de decretos consolidó un sistema de violencia y muerte respecto de un grupo de la población reputado disidente, subversivo o disfuncional al sistema, lo que preludió, y preparó diría, el plan sistemático de desaparición de personas”.

Así hablaba el “Indio” Castillo frente al TOF N°1 de La Plata

En abril de 2020, La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su conformidad con la denegación de la prisión domiciliaria al genocida Carlos Ernesto Castillo, quien había sido condenado a prisión perpetua en un juicio oral y público en 2017. El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata no dio a lugar el pedido de prisión domiciliaria que solicitó la defensa de Castillo, ordenando al Servicio Penitenciario Federal que continúe realizando los correspondientes controles y chequeos médicos sobre el recluso.

La decisión judicial lleva fecha del jueves 16 de abril de 2020 y no hace lugar al pedido de los abogados de Carlos Castillo, conocido como “El Indio”, quien fue condenado por delitos de Lesa Humanidad el 29 de Noviembre de 2017. En el juicio fue encontrado culpable de los secuestros y homicidios de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino; todos hechos cometidos entre Febrero y Abril de 1976. La Subsecretaría de Derechos Humanos fue querellante en el debate oral.

“Castillo tiene una condena por delitos gravísimos. Además en su actual lugar de detención se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para poder cumplir con todos los recaudos del aislamiento social y obligatorio”, explicó Verónica Bogliano, Directora de Querellas en Crímenes de Lesa Humanidad de la Subseretaría. Y agregó: “No nos sorprende que los represores quieran aprovecharse de una situación tan preocupante que se vive en el mundo entero para tratar de lograr algún beneficio individual”.

Algunos datos sobre el “Indio” Castillo

Con información de agencias.

IG

El 15 de diciembre de 2023, cinco días después de la asunción de Javier Milei como presidente, la justicia federal del Chaco concedió la libertad condicial al entonces coronel Horacio Losito sobre el que pesan tres condenas –una de ellas perpetua– por delitos de lesa humanidad. Esa decisión judicial fue la que le permitió asistir al acto que la vicepresidenta Victoria Villarruel organizó en el Senado para homenajear a ex combatientes de Malvinas.

“Quiero repudiar, pero sobre todo manifestar mi preocupacion por la presencia del genocida Losito, que vino a esta casa y que participo de un acto junto a la vicepresidenta Villarruel”, dijo este jueves el senador Eduardo “Wado” de Pedro, durante la sesión en el que se discutieron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

En 2011, Losito fue condenado a prisión perpetua por su participación en los fusilamientos de Margarita Belén, en Resistencia, en la que once presos políticos fueron fusilados. Otros cuatro aún permanecen desaparecidos. Además, suma otras dos condenadas de 25 años cada una, también por su participación en el aparato represivo de la dictadura. La última de esas condenas se dictó en noviembre de 2023, por secuestros y torturas cometidos dentro de la VII Brigada de Infantería del Ejército, en Corrientes. Pero un mes después, ya con el nuevo gobierno libertario, el Tribunal Oral Federal de Resistencia le otorgó la libertad condicional.

Ninguno de estos antecedentes pesaron a la hora de convocarlo para que participe de la conferencia “Los guerreros de Top Malo House hablan del feroz combate” que se realizó el pasado 31 de marzo en el salón Illia del Senado. El acto, que en los hechos fue un homenaje a los ex veteranos, estuvo a cargo del denominado “director de Gesta de Malvinas”, Nicolás Kasanzew, uno de los asesores más ceranos a la vicepresidenta.

Lo que si pesó a la hora de la invitación fue que Losito combatió en Malvinas en la Compañía de Comandos 602 junto a Eduardo Marcelo Villarruel, padre de la vicepresidenta, y el ex carapintada Aldo Rico, quienes se desempeñaban como número dos y uno respectivamente.

En una nota de opinión publicada en Infobae, Kasanzew destacó el desempeño de Losito en Malvinas. “Batallar hasta caer desangrado: la epopeya del comando Losito en el combate de Top Malo House”, fue el título. Allí no se menciona ninguno de los delitos por los que fue condenado tres veces.

Del acto tambien participó  Marcelo Cinto Courtaux, director de Relaciones Parlamentarias del Senado, cuyo padre, de igual nombre, está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad vinculados a la Contraofensiva de Montoneros.

Sin embargo, los antecedentes de Losito si fueron tenidos en cuenta por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien en enero de este año decidió darlo de baja junto a otros 22 represores ya que todos ellos tenían condenas firmes por delitos de lesa humanidad.

La decision de Petri cayó como un baldazo de agua a Villarruel quien decidió sumarlo al homenaje en el Senado del pasado 31 de marzo.

“Fue una experiencia increíble, no por la guerra en sí que es demencial e inhumano, sino de estar pisando Malvinas después de estudiarla en diferentes institutos y estar ahí para defenderla efectivamente con lo mejor que sabía hacer”, dijo Losito en el Senado, quien durante la guerra se desempeñaba como teniente primero.

Losito consiguió su libertad porque el juez de Ejecución del Tribunal Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, consideró que ya había cumplido los dos tercios de su condena a perpetua tras permanecer en prisión 20 años. Aunque fue revocada por la Cámara y tuvo que volver a prisión, el 11 de enero pasado, el Tribunal Oral Federla de Resistencia resolvió dejarlo en libertad condicional.

La visita del Losito al Senado se suma a las visitas que varios diputados de La Libertad Avanza hicieron a represores en el penal de Marcos Paz entre los que estaba Alfredo Astiz.

El miércoles, durante un acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Ushuaia, Villarruel sostuvo que “hubo un relato tergiversado de Malvinas para desmerecer a las Fuerzas Armadas” que se instaló durante los años posteriores a la guerra. “Se habló de los chicos de la guerra, de la ineficiencia, cobardía, falta de preparación y todo tipo de mentiras destinadas a desmerecer a nuestros hombres de armas”, afirmó. “Fruto de esa maquinación, los veteranos de guerra, soldados y militares fueron escondidos a la sociedad. Nuestras Fuerzas Armadas fueron desprestigiadas, perseguidas y desarmadas, y el recuerdo de la guerra se limitó al de un hecho vergonzoso que debíamos olvidar”, destacó.

No es el primer homenaje que recibe Losito desde que está en Libertad. En marzo del año pasado, fue reivindicado como “héroe de Malvinas” durante un acto en el el Regimiento de Infantería Monte 30, de Misiones.

Fue condenado tres veces por delitos de lesa humanidad. Sus víctimas del centro clandestino El Olimpo todavía recuerdan la insignia nazi en el brazo con la que llegaba a la torturas. Este martes, murió a los 84 años Julio Héctor “El Turco Julián” Simón, uno de los símbolos de la represión y el espanto que ocurría en los centros clandestinos de detencion de la dictadura.

Cumplía su condena en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Dos semanas atrás, la Justicia volvió a rechazarle un pedido de prisión domiciliaria.

Simón había sido condenado en 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires. El ex integrante de la Policía Federal formaba parte del circuito de represión llamado “ABO”, integrado por los centros clandestinos de Detención “El Atlético”, “Banco” y “El Olimpo”. La justicia lo encontró culpable del secuestro, tortura y desaparición de 181 personas.

Su primer proceso judicial comenzó en 2006. Fue uno de los dos juicios que se llevaron adelante tras la reapertura de las causas por crímenes del terrorismo de Estado. Fue condenado a 25 años de presión por la detención ilegal y torturas a José Poblete y Gertrudis Hlaczik, y la apropiación de su hija de ocho meses, Claudia Poblete. En ese mismo juicio fue condenado otra pieza clave de la represión, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Luego llegarían las otras condenas, tambien por secuestros y torturas en la causa ‘Batallón 601’.

Había nacido el 12 de agosto de 1940. Con el regreso de la democracia, se instaló en Brasil y sólo regresó luego de que fueran sancionadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que le garantizaron impunidad. Pero en 2001, el juzgado que investigaba la apropiación de Claudia Poblete decretó la nulidad de ambas leyes. La decisión judicial abrió el camino para que luego la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad.

De sus días como torturador, el director de cine Jorge Augusto Taglioni testificó que el “Turco” Julián –tal como se lo conocía en los centros de detención– se ensañaba particularmente con los secuestrados judíos y no ocultaba su fascinación por el nazismo.

El camarista Gustavo Hornos, al rechazar el pedido de prisión domiciliaria escribió: “Julio Héctor Simón, al momento del examen, se encuentra clínicamente compensadocon buen estado de salud aparente, sin evidencias clínicas de patologías físicas crónicas en evolución”. Y recordó las razones que lo mantenían en prisión: “Es preciso también señalar que el acusado fue condenado a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor de los delitos de homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber mediado violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, los que concurren materialmente entre sí”.

 A fines de febrero había ingresado al Hospital Larcade de San Miguel con “pie diabético”, producto de problemas vasculares vinculados a enfermedades preexistentes. 

Estaba internado en el Hospital Larcade de San Miguel donde le apuntaron un pie a causa de una diabetes.

En 1995, dio un reportaje a Telenoche Investiga. Allí aseguró que para él la tortura era “absolutamente negativa”,ya que “el detenido quedaba demasiado deteriorado en algunos casos cuando no se podía prescindir del shock eléctrico”.

Hoy, al conocerse la noticia de su muerte, Carlos Pisoni, referente de HIJOS, escribió en su cuenta de X: “Murió un 25 de marzo y pudo ver el millón de personas que se movilizaron ayer contra lo que él ejecutó”.

A lo largo de 2024, el año en que Javier Milei llegó a la presidencia, la justicia argentina dictó 14 sentencias en causas en las que se investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En total, 20 personas fueron condenadas y otras 12 resultaron absueltas. Se trata del número más bajo de los últimos diez, cuando la justicia producía un promedio de 23 causas cada año.

Los datos se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Allí se destaca que desde 2006, cuando se reactivaron los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se realizaron 332 sentencias que condenaron por esos graves delitos a 1.195 personas. De ese total, 196 resultaron absueltas.

El dato más llamativo es que durante 2024 el número de sentencias producidas en los juicios de lesa humanidad estuvo muy por debajo del promedio de la última década, cuando se mantuvo por encima de los 20 fallos por año. Sólo en dos oportunidades la justicia concretó menos sentencias, en 2018, cuando se hicieron 19 fallos, y en 2020, el año de la pandemia –sólo 11 sentencias–.

“Se observa que hubo un descenso en la cantidad de juicios iniciados durante el 2024 (15), respecto del año 2023 (26), registrando, a su vez, un valor inferior al de 2022 (18). Asimismo, se verificó una menor cantidad de causas que obtuvieron sentencia (14)”, detalla el informe que en otro tramo agrega: “Si tomamos en cuenta los datos registrados durante el 2023, se observa que disminuyó el total de personas que obtuvo una sentencia condenatoria (58), mientras que aquellas que obtuvieron una sentencia absolutoria registraron una variación menor (16)”.

La baja en la producción de sentencias coincide con la llegada al poder de un gobierno que reivindica niega los crimenes de la dictadura y reivindica el accionar de los represores. Las disoluciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la negativa del Ministerio de Seguridad a entregar archivos de sus integrantes a pedido de los organismos que investigan la apropiación de menores y la decisión de suspender el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo libertario como parte de una escalada negacionista.

La baja producción de sentencias de este año no va de la mano con las causas abiertas ya que todavía siguen sin resolución otras 668 según el informe.

El documento, que es elaborado a partir de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país, detalla que durante este año se iniciaron 15 juicios orales, de los cuales 7 continúan con el debate en curso, y 8 ya obtuvieron sentencia. Dos de esos juicios se resolvieron por juicio abreviado. “Además, hay 65 causas con elevación a juicio y, de las cuales, en dos casos, se fijó fecha de inicio de debate para fines de 2024, lo que implica un descenso en relación al año anterior”, agrega el informe.

Desde que comenzaron los juicios, hubo un total de 3.775 personas investigadas por delitos contra la humanidad. Hasta ahora el 31% (1.195) de los acusados fueron condenados, en tanto la mayor parte de ellos, 1.218 ya fallecieron. Siguen abiertas las causas de 370 procesados y 465 imputados.

El pasado 11 de julio, seis diputados de La Libertad Avanza visitaron en el penal de Ezeiza a un grupo de represores entre los que se encontraba, entre otros, Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti. Los legisladores alegaron que querían interiorizarse sobre las condiciones de detención y su reclamo de prisión domiciliaria. Sin embargo, el informe señala que a pesar de los reclamos por supuestas causas humanitarias, la mayor parte tanto de los condenados por delitos de lesa humanidad como quienes están siendo procesados ya goza de este beneficio: “De las personas que atraviesan el proceso de juzgamiento detenidas, el 81% se encuentra bajo arresto domiciliario, lo cual morigera la privación de libertad, consolidándose desde el año 2016 como la modalidad de arresto predominante”

La misma situación se repite con los condenados: “El 79% cumple su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, siendo el rango etario predominante de esta población la de 76 a 80 años. Mientras que, en el otro 21% restante que cumple su detención en establecimientos penitenciarios, predomina el rango etario de 70 a 75 años”.

El informe precisa que todavía hay 33 personas prófugas, de las cuales a 11 se les negó la extradición, 1 enfrenta ese proceso, 3 han sido ubicadas y 18 aún continúan con paradero desconocido.

Con respecto a los delitos sexuales como delitos autónomos cometidos durante la dictadura militar, el 2024 tampoco fue un buen año en materia de sentencias: “En 2024 se registraron 4 sentencias por este tipo de hechos, lo cual implica un descenso en relación a las 6 registradas el año pasado. Sin embargo, aumentaron las sentencias dictadas que abordan estos delitos de manera autónoma (17%) respecto de las sentencias de lesa humanidad en general”.

Hasta hoy, suman 57 las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad que contemplan delitos por violencia sexual. En ellas se impusieron condenas por hechos en los que fueron damnificadas 220 mujeres y 39 varones.

MG

Marcos Levin, de 90 años, exdueño de empresa de colectivos de larga distancia La Veloz del Norte, de Salta, murió en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer empresario argentino condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar, un símbolo de la estrecha relación que hubo entre los autores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sectores del poder económico. Cumplía dos condenas, con arresto domiciliario, por su participación en los secuestros y violaciones a los derechos humanos en contra de trabajadores de su empresa. 

Levín, quien también fundó las firmas La Veloz Seguro, Salnet, construyó la Terminal de Ómnibus de Salta y el Hotel Alejandro I —de uso habitual para conferencias y escenario de actos políticos, como la reciente visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para la presentación del partido La Libertad Avanza— atravesaba un grave problema de salud. Por eso, la Justicia Federal autorizó la desactivación de la pulsera electrónica con la que cumplía condena en su domicilio para su traslado al Hospital Italiano. Falleció este sábado 21, durante la mañana.

El expropietario de La Veloz del Norte fue condenado por la Justicia Federal salteña en 2016 a 12 años de prisión, por delitos de lesa humanidad y por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos, exempleado de su empresa que era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Cobos fue secuestrado en enero de 1977 y trasladado a la Comisaría 4° de capital salteña, en donde fue sometido a castigos físicos y tormentos. Se convirtió así en el primer caso de un empresario argentino condenado por haberse asociado al aparato represor. Levín, además, presidía en aquellos años la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y se constató que tenía un estrecho vínculo con la Policía provincial y el Ejército. Fue entonces cuando la UTA puso en marcha una serie de reclamos gremiales y se valió de esas relaciones para sofocar las protestas salariales. 

El secuestro de Cobos se “blanqueó” a través de causa fraguada de supuesta defraudación, jamás comprobada. Por los tormentos a los que fue sometido, sufrió roturas de ligamentos de los hombros que no fueron atendidas a tiempo y tuvo secuelas permanentes. Fue liberado en abril de 1977 y exonerado de La Veloz. En su alegato, los fiscales consideraron probado que Levín no sólo reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y la aplicación de la ley antisubversiva, sino que también “aportó” a la Policía “información de inteligencia relativa a los trabajadores”: las listas de los empleados de la empresa, los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los datos sobre su actividad gremial.

La segunda condena fue en noviembre de 2023, a la pena de 18 años de prisión, por haber sido considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, uso de violencia y amenazas, en contra de 16 trabajadores de su empresa que fueron secuestrados en Salta y en Tucumán. Las víctimas revelaron que fueron sometidas a sesiones de “picana eléctrica” y otros tormentos. Contaron que los policías solían encender una radio a todo volumen y también el motor de una motocicleta que estaba pegada a una pared, para tapar los gritos de dolor. Para la Fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, representado por Levín. 

“No nos alegra”

“La muerte de ninguno de los represores juzgados y condenados no nos alegra, ni a la familia Cobos, ni a los organismos de Derechos Humanos que llevamos décadas luchando por Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Cristina Cobos, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura y referente en DDHH en Salta, hermana de Víctor Cobos, el gremialista de UTA perseguido por Levín, y de Martín Cobos, secuestrado y acribillado en un paraje salteño en septiembre de 1976.

“Pretendíamos que cumpla su condena en una cárcel común pero esto no ocurrió con Levín, ni con muchos de los genocidas que ya fallecieron por ser personas de avanzada edad. La impunidad biológica nos ganó a todos los familiares que desde hace 40 años venimos pidiendo justicia. La justicia cuando llega muy tarde ya no es justicia. Y eso es lo que pasó en el caso Marcos Levín, fue condenado cuando ya tenía una avanzada edad y le otorgaron la prisión domiciliaria”, sostuvo la una consulta sobre la muerte de Levín.

“Los familiares de las víctimas jamás hemos recusado tales decisiones de la justicia, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se realizaron. Lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente para que la justicia les abarque a todas las víctimas. Siempre los familiares hemos pedido en cada juicio que si el dolor es perpetuo, que la condena también sea perpetua”, sostuvo.

DC/JJD

“Nos trataron como a un botín de guerra, sufrimos violencia, vimos cómo torturaban a nuestros padres y nos separaron; no merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”, reflexiona Mario Páez, desde Laguna Paiva, una pequeña ciudad ubicada al norte de Santa Fe. Fue secuestrado cuando tenía 14 años, en febrero de 1980, por una patota policial que ya había cometido una seguidilla de detenciones ilegales y que buscaba a su padre, Catalino Páez, fallecido en 2016. En 2025 será uno de los testigos en un juicio oral que sentará un precedente porque el Tribunal Oral de Santa Fe juzgará a cinco imputados por delitos específicos contra las infancias, acusados de abandono de persona como crimen de lesa humanidad, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada, durante la última dictadura cívico militar.

Este juicio, conocido como Laguna Paiva II, comprende a 16 víctimas menores edad, entre uno y quince años, que fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención y 11 sufrieron abandono de persona. Las niñas y niños, arrancados de sus casas junto a sus padres, fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2) o a la Guardia de Infantería Reforzada, “centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe en donde permanecieron en condiciones infrahumanas de vida”, se señaló en la denuncia a la que accedió elDiarioAR y que avanzó por el volumen de las pruebas. “Quedaron absolutamente abandonados a su suerte”, se puntualizó. 

En todos los casos, los niños padecieron el despliegue del terror en contra de sus vidas y fueron testigos y víctimas de las amenazas de las patotas de criminales que destrozaron sus hogares, sostuvo Federico Pagliero, uno de los abogados responsables de motorizar la causa, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) Regional Rosario. Los imputados son Antonio Parvellotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe; Eduardo Riuli, ex oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, que al momento de los hechos era secretario del juzgado federal; Oscar Valdéz, ex oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, que ex comisario de la seccional de Laguna Paiva.

–¿Cuál es la importancia de este juicio que se hará en 2025?–, consultó elDiarioAR a Pagliero.

–De este nuevo debate se puede abrir un precedente novedoso para la ampliación de los sujetos de derechos y los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad porque además de las víctimas directas, que fueron los hombres y las mujeres buscados, también hubo familias e hijos abandonados.

–¿El abandono constituye un delito de lesa humanidad? 

–Por supuesto y eso surge con claridad de los testimonios. “Sobrevivimos de casualidad”, nos relataron las víctimas que durante los secuestros pasaron hambre, penurias y situaciones muy dolorosas. Busqué antecedentes de estos delitos en los juicios por crímenes de lesa humanidad y no los hay, por lo que será un acto de reparación para estos hombres y mujeres que durante años no se animaron a hablar o no pudieron hacerlo.

–¿Podría aseverarse que el terrorismo de Estado tuvo como objetivo también a las infancias, en algunos casos?  

–Es así, porque la persecución genocida no solo se dio contra las personas que tenían militancia política, sino también contra sus familias. Por el valiente testimonio de 16 sobrevivientes, que eran niños en 1980, constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres.

Constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres

Federico Pagliero — Representante de la APDH

La APDH Rosario emitió un comunicado en relación a la causa Laguna Paiva II, cuyo debate oral comenzará en junio de 2025. “Las niñas y niños de Laguna Paiva tendrán su juicio”, se tituló el documento en el que se señala que “es un juicio histórico de lesa humanidad por incluir un delito inédito en la historia de estos debates”. “Se juzgará el abandono de persona en relación a los niños y niñas que fueron abandonados cuando sus padres y madres fueron secuestrados por la patota genocida del centro clandestino 'D2' de Santa Fe”, puntualizó el pronunciamiento.

En diálogo con elDiarioAR, Norma Ríos, de 72 años, miembro honoraria de la APDH a nivel nacional, de la que es su secretaria sobre casos de delitos de lesa humanidad, e integrante de la mesa directiva de Rosario, señaló que “es inmensa” la importancia del juicio. “Hasta aquí, sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres”, sostuvo. “Aunque a algunos los hayan entregado a familiares, es inmenso e inimaginable el dolor de los chicos que durante años callaron esos abusos y torturas. Y hay que sacarlo a la luz. Es preciso poner sobre la mesa la perversión y esa crueldad contra la niñez porque les pasó a muchos y nunca hablaron. Hay que romper con ese silencio y con ese dolor que sobrellevan hombres y mujeres que ya son mayores de 40 años”, destacó la Ríos.

Hasta ahora sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres

Norma Ríos — APDH

La dirigente hizo hincapié en que estos delitos, en este caso, se cometieron en una ciudad pequeña, como Laguna Paiva, que hoy tiene alrededor de 16.000 habitantes, en donde fue difícil romper el silencio por la estigmatización que pesaba sobre los padres de estos niños. “En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'”, contó Mario Páez, quien reconoció que fue duro sacar esos recuerdos. Por eso, Ríos destacó el trabajo del equipo legal.

Sobre ello, el abogado Pagliero, de 37 años, admitió que fue complicado comenzar a hablar con esos adultos sobre lo que les había sucedido en la niñez. “Viajamos mucho a Laguna Paiva, nos encontramos varias veces y eso generó un ambiente de confianza. Tanta, que nos sorprendió que cuando empezaron a hablar los primeros después se sumó el resto y no pararon de recibir información y testimonios. Parecíamos un equipo de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) rompiendo un silencio de más de 40 años”, rememoró. “Hoy somos como una gran familia”, reflexionó.

En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'

Mario Páez — Secuestrado a los 14 años

El ensañamiento

En el TOF de Rosario ya se realizó en 2021 el juicio “Laguna Paiva I”, también impulsado por la APDH Rosario, cuyo resultado fueron condenas de entre 5 y 6 años, que dejó insatisfechos a los denunciantes pero que fue la punta del ovillo para este segundo juicio. En esa ocasión, fue Mario Páez, de 60 años, el único testigo que era un niño cuando se abordaron los secuestros de su padre, tíos y parientes adultos, todos ocurridos entre febrero y abril de 1980.

En ese primer juicio quedó en claro que el grupo de tareas D2 se ensañó con Catalino Páez y su extensa familia. Una particularidad es que todos los hermanos Páez se casaron con las hermanas Medina, formaron una gran familia en Laguna Paiva y sufrieron en carne propia la persecución estatal. 

¿Por qué Catalino? Criado en el campo, trabajó desde joven en el frigorífico Nelson, en Laguna Paiva, en donde se sumó a la militancia político obrera al integrarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y convertirse en la cara visible de la organización sindical La Lucha. Fue protagonista de huelgas, era una voz con fuerte predicamento en su pueblo y fue el responsable de su partidario en la zona, por lo que estuvo en la mira de las fuerzas represivas desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Cuando se producen las primeras desapariciones, el dirigente abandona el pueblo y se aleja a “un exilio interno”, como lo describe su hijo mayor, Mario. De ser una familia en la que se vivía con un sueldo fijo se convierten en nómades que se afincaban en pueblos pequeños para dedicarse durante meses a actividades del campo, como trabajar en cosechas. “A veces, muchas, apenas había para comer”, rememora.

En ese recorrido para escabullirse, Catalino y su familia se instalan en Lima, provincia de Buenos Aires, en donde trabajan en la fabricación artesanal de ladrillos. Antes de dar con el dirigente, las fuerzas represivas secuestraron a Miguel Páez, a su esposa Elva Medina y a sus cuatro hijos. La hija mayor, de 15 años, fue torturada. También caen sobre Graciela Páez y sus cuatro hijos. En la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, se llevan a María Ceferina Páez, a su esposo y dejan a sus cinco hijos abandonados en la casa familiar. La hija mayor, de 13 años, buscaría durante días a sus padres hasta llegar a la comisaría de la localidad, en donde es detenida y sometida a abusos, aunque todavía no pudo darse con la identidad de sus autores, que serían del D2 de Santa Fe. En Seres, finalmente, se llevan a Ramona Páez. Un raid delictivo con el que los genocidas unieron piezas hasta dar con el último destino de Catalino y su familia.

“Nos amenazaban con armas que apoyaban en el cuello”

El 15 de febrero de 1980, Catalino amaneció con problemas de salud y se fue a ver a un médico en el pueblo, recordó a elDiarioAR su hijo Mario. Por entonces, el matrimonio tenía ocho hijos: Mario (14 años), Mónica (12), Ramón (10), Carlos (9), Jesús (6) César (5) y Ceferino, de 18 meses. Juana estaba embarazada de María, de dos meses. Cuando su padre no estaba, uniformados rodearon la humilde vivienda, golpearon a su madre, lo tomaron a él de los pelos y lo tiraron al piso. “A los dos nos preguntaban por mi padre, mientras nos amenazaban con armas que nos apoyaban en el cuello”, recuerda. Una hora más tarde, su padre regresó del pueblo y apenas se dio cuenta de la situación fue encapuchado y golpeado de manera salvaje. Los tres fueron llevados a dependencias del D2, ubicadas en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el centro de Santa Fe. Catalino y su esposa fueron torturados y golpeados. Mario también. 

Sus hermanos, agregó Mario, sobrevivieron unos días con la venta de los ladrillos que ya estaban terminados, hasta que una familia vecina los acogió. Después, fueron a parar a servicios sociales del Estado provincial, hasta que fueron recuperados por su madre un mes después, luego de ser liberada. “En ningún caso de los Páez y Medina hubo muertes pero sí una sistemática violación a los derechos humanos. Además de perseguirlos y haberles saqueado sus casas, los dejaron sin nada. Esos niños vieron escenas que jamás olvidarán y que quizás encuentren algo de consuelo en la justicia”, sostuvo el abogado Pagliero. Catalino fue liberado en 1984 y retornó a la militancia.

“La gente se olvida”

En la voz de Mario Páez no hay bronca, ni sed venganza. Relata con tranquilidad cada suceso pero sí salen a la superficie sus dudas, preguntas sin respuestas. “¿Por qué nos pasó esto a nosotros y con ese odio, si mi padre y mis tíos jamás agarraron un arma, eran hombres de trabajo, de campo? ¿Por qué la gente se olvida y prefiere mirar para otro lado? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para que haya algo de justicia?”. Muchos por qué, que quizás no sean todos respondidos en un nuevo juicio, aunque las familias tienen esperanzas.

Cuando elDiarioAR pregunta cómo recuerda a su padre, Mario se derrumba. Su voz se quiebra. Intenta hablar pero no puede. Hace silencio. Pide disculpas. Como si tuviera que pedir perdón por conmoverse una víctima de la última dictadura cívico militar que vio como torturaban a su padre, al que casi no reconoció por el rostro deformado de los golpes. Y que vio también de qué manera pateaban a su madre en el vientre, pese a que clamaba que no lo hicieran porque estaba embarazada. 

“Mi padre fue un hombre comprometido con sus ideas –dice–, con ganas de vivir en un país justo y reivindicaba las luchas de los postergados. No merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”.

DC/MG

Sin decir ni una palabra, Sara Martínez escuchó la sentencia de los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de Tucumán, en la Megacausa “Jefatura III”. Nada la inmutó pero se destacó en la sala colmada por sostener en lo alto las fotos de Alberto Martínez y de Noemí del Valle Ramírez, víctimas de la última dictadura cívico militar. Su profunda mirada estuvo clavada en los magistrados y en los imputados. Así siguió este lunes 30 de septiembre cada detalle de la lectura, de poco más de dos horas, de las nueve condenas a prisión perpetua, penas de entre 8 y 13 años y las siete absoluciones. 

A las 16.15, mientras afuera ardía la tarde con 37°, comenzó la lectura del veredicto, que fue firmado por los jueces Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y Federico Bothamley, tras un juicio que arrancó en mayo de 2023 y que decidió el destino de 24 acusados por hechos cometidos contra 232 víctimas –84 aún desaparecidas– en su mayoría jóvenes, algunos menores a 18 años, que eran obreros azucareros o estudiantes y que vivían en la capital tucumana, sobre todo.

A poco de que los secretarios comenzaran con la lectura, Sara extendió los brazos con las fotos y se paró. Tenía motivos. Alberto era su tío, fue secuestrado el 21 de julio de 1976 en Concepción, en el sur tucumano, el mismo día que Noemí. Sus nombres, sobre un total de 293, figuran en la “Lista de Clemente”, una prueba documental clave en este juicio, pues se trata de un listado que aportó un testigo, en donde figuran los datos de detenidos y torturados en la exJefatura de Policía de Tucumán, Centro Clandestino de Detención (CCD). 

Junto a los nombres de Alberto y Noemí, entre paréntesis, se escribieron las iniciales DF, sus condenas a muerte, “destino final”. En agosto de 2016, los restos de él fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la fosa común Pozo de Vargas, en Tafí Viejo, previamente extraídos por peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Ella permanece desaparecida, ese limbo lacerante que marcó las vidas de quienes aún esperan saber sobre sus seres queridos, secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico militar.

Antes de llegar a la sentencia se produjeron 368 testimonios, se incorporó numerosa prueba documental e instrumental, entre ellas, las pericias de 17 personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron identificados en el Pozo de Vargas y en otra fosa común; 107 hábeas corpus, 67 documentos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y otros 87 testimonios de víctimas ante la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) en Tucumán, que funcionó entre 1984 y 1985. “Vine porque debo estar, por la memoria de mi hermano, porque mi madre murió sin saber a dónde estaba su hijo y porque no es justo tanto dolor”, sostuvo a elDiarioAr Ramón Rodríguez, con la fotografía de su hermano Enrique en sus brazos. Era trabajador de la actividad azucarera en Río Seco, en el sur de la provincia, e integraba la comisión directiva de la filial zonal de la otrora poderosa Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA). Una patota lo secuestró de la casa familiar la noche del 16 de agosto de 1976 y permanece desaparecido. Ramón siguió inmutable cada palabra del fallo y cuando terminó se retiró, en silencio, a su casa en Tafí del Valle. Nada para festejar. 

Las condenas

Los condenados, entre exmiembros del Ejército y expolicías tucumanos, fueron 17. Prisión perpetua para Mario Senco, Camilo Colotti, Ramón Cooke, Mario Dursi, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte y Augusto Neme. 13 años de prisión para Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Nieva, Miguel Venturino, Juan Villacorta y Pablo Zárate; 12 años para Ramón Jodar y 8 años para Alberto Rivero. También hubo absoluciones, entre ellas, para Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Ricardo Sánchez, Guillermo Ugarte, Camilo Colotti, José Abba, Olga Aguilar y Orlando Chaile. Las condenas fueron por violación, violación agravada, homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas agravadas, abuso deshonesto y violación de domicilio, entre otros delitos. 

A las 18:03 finalizó la lectura y cuando los jueces se retiraban de la sala, familiares y víctimas cantaron “Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles de Argentina”, mientras miraban a los imputados. Solo uno de ellos les dirigió un insulto. La presencia de gendarmes evitó que hubiera contacto también con los familiares de los condenados.

Quedó dando vueltas en la sala el interrogante sobre por qué tantas absoluciones, por lo que habrá que esperar la lectura de los fundamentos de la sentencia, prevista para el próximo 26 de noviembre, a las 15.

“Lo conseguido es una aproximación a la justicia, no nos convence pero es parte de la búsqueda de justicia. Y a veces nos quedamos con sabor a poco, aunque está dentro de los parámetros”, reflexionó a este medio Martín Suter, hijo de Juan Carlos Suter, secuestrado y asesinado en julio de 1976, y Ana María Tejeda, secuestrada también unas horas después del velorio de su esposo, quien está desaparecida. “Es poco para el daño que causaron, les tendrían que haber dado 20 años, como mínimo, a quienes estuvieron implicados en la desaparición de mi padre”, sostuvo Viviana Jacobe. Su padre, Ricardo, fue secuestrado el 19 de agosto de 1976, en Río Seco. Trabajaba como electricista en el ingenio azucarero La Providencia. Está desaparecido.

Para los abogados que representaron al Ministerio Público Fiscal el fallo fue positivo, entre otras razones, porque se probó que se cometieron delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la exJefatura de la Policía de Tucumán y en el exingenio azucarero Nueva Baviera, en Famaillá, en cercanías de “La Escuelita”, el primer CCD del país. “También creo que lo fue por el tratamiento del derecho a la verdad, ya que es la primera vez que un tribunal tucumano habla sobre esto de manera positiva. Es decir, hubo sentencias sobre la existencias de los hechos, a pesar de que no había ninguna persona imputada”, sostuvo el fiscal federal Pablo Camuña. “Las 17 condenas son positivas porque siguen las líneas de los tribunales anteriores, resta ver los fundamentos de las absoluciones y ver si se va a Casación. Pero la aplicación de perpetuas y condenas a personas que antes no habían sido llevadas a juicio, es positivo”, agregó. Y cerró: “esperamos que el fallo traiga algo de alivio a las víctimas y sus familias, que tenga algún efecto reparatorio como se supone que produce un símbolo tan fuerte como condenas por hechos gravísimos”.

“Lo seguiré buscando”

Julia Castillo fue una de las primeras en ingresar a la sala del Tribunal y la única que cubrió su cabeza con el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo Hugo Pastor Juárez, que era empleado del ingenio Bella Vista, fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976. Desde entonces, nunca más volvió a verlo aunque por testimonios se supo que estuvo en centros clandestinos de detención. “Este es un momento de mucho dolor aunque algo conseguimos, tendrían que haber tenido perpetua todos. Es un poquito de consuelo, como para darle un poco de confianza a los jueces, a la Justicia”, le confiesa a elDiarioAR. “Yo seguiré buscando a mi hijo, su nombre está en la 'Lista de Clemente' y a su lado las iniciales de DF, por lo que supongo que fue asesinado, pero continuaré buscando sus restos hasta mi último día porque necesito saber a dónde está para poder prenderle una vela, al menos”, dijo, con apenas un hilo de voz.

“Violencia contra la mujer”

En las 90 fojas del fallo el tribunal también declaró que las niñas, adolescentes y mujeres víctimas en la presente causa, “padecieron actos que constituyen formas de violencia contra la mujer”, un avance fundamental para la caracterización de los delitos de las causas que aún están pendientes y que se pondrían en marcha en los próximos meses. También determinaron los jueces Lilljedahl, Costa y Bothamley que se mantenga la situación procesal de los condenados que cumplen con prisión preventiva, a las que les agregaron las preventivas para Mario Senco, Ramón Jodar y Alberto Rivero, con cumplimiento domiciliario, cuyo control deberá efectuarse con tobillera electrónica.

Para la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, “el balance del juicio es positivo porque el Poder Judicial Federal funcionó, como es su obligación, en un juicio que demandó un año y medio y con una gran prueba documental, como la lista confeccionada por los propios perpetradores de los delitos”. “En lo personal, fue importante porque desde el Ministerio Público trabajamos con las víctimas y los equipos interinstitucionales, con profesionales de salud, también para acompañar a las víctimas”, cerró.

Con cautela, Caro Frangoulis, referente tucumana de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), señaló a este medio tener “un sabor amargo por las siete absoluciones”, aunque destacó que fue respetado el pedido de las cadenas perpetuas y prisión para otros, de entre 12 y 13 años. “Igual, me parece importante el fallo en este momento, en donde late tan fuerte el negacionismo desde lugares importantes del Estado. Por eso, haber llenado la sala, como lo hicimos los organismos, las víctimas y familiares, es una señal de esperanza, que no todo está perdido”, dijo. Aunque se mostró poco conforme con la actuación del tribunal -“nunca terminé de sentir un compromiso fuerte de sus miembros”- puso el acento en que fue un día histórico. “Es muy importante para Tucumán y ahora esperamos que se den vuelta las absoluciones en Casación. Para este Tribunal creo que le fue difícil entender el proceso de una provincia que fue diezmada por la represión”, añadió.

Lo que viene

Si no hubiera contratiempos, el 17 de febrero de 2025 comenzará el primer juicio en Tucumán en el que se analizará la responsabilidad empresarial por delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado. Será en la causa Ingenio La Fronterita, que abarca crímenes cometidos contra 68 personas en las instalaciones de ese ingenio azucarero, de las 11 continúan desaparecidas

Los imputados son los exdirectivos del ingenio Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador; Eduardo Buroti y Fernando Cornú De Olmos, exmiembros del directorio. Los tres están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio.

DC/MG

La Cámara Federal porteña ordenó este lunes la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad, según informaron fuentes de la querella.

La Justicia argentina ya aplicó anteriormente este principio para abrir investigaciones por diversos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Francisco Franco (1939-1975); en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar; y en 2022 por las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Estas son las fechas de la causa contra Maduro en Argentina:

- 18 de enero de 2023 - El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) -que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos- presentó en la Justicia Federal de Argentina una denuncia penal contra el Gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La denuncia se presentó en Argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido.

- 14 de junio de 2023 - La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia federal de Argentina, pidiendo que se investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Ambas denuncias fueron unificadas en una sola causa, asumida por el fiscal federal Carlos Stornelli.

- 14 de febrero de 2024 - El FADD presentó ante el despacho del fiscal una ampliación de la denuncia inicial, que incluía, entre otros, el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija, y desaparecida.

- 26 de febrero de 2024 - Amnistía Internacional respalda el pedido para que la Justicia Federal de Argentina, sobre la base del principio de jurisdicción universal, investigue las graves violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el Gobierno de Maduro. Mediante la figura de 'amicus curiae' (amigo del tribunal), Amnistía Internacional sostuvo que la Justicia argentina era competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los culpables.

- 6 de abril de 2024 - Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, ordenaron investigar la posible responsabilidad del Gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en el marco del principio de justicia universal.

En su fallo, los indicaron que “corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.

- 17 de septiembre de 2024 - El tribunal celebró una audiencia en la que víctimas venezolanas, representantes del FADD y la Fiscalía solicitaron el arresto de Maduro y otros jerarcas. En ella, expusieron sus testimonios cinco víctimas, quienes relataron la persecución, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas de las que fueron víctimas en su país, como parte de las prácticas de terrorismo de Estado que presuntamente aplica el Gobierno de Maduro.

- 23 de septiembre de 2024 - El tribunal ordena la captura de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.

EFE.

IG

Pese a las acciones y directivas que el Gobierno de Javier Milei tomó desde el inicio de su gestión contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia con el desmantelamiento de áreas sensibles de investigación y análisis sobre las violaciones a los derechos humanos, una serie de investigaciones de lesa humanidad en la que se analizan la complicidad civil empresarial han cobrado un nuevo impulso en las últimas semanas.

Una de esas investigaciones es la que ocurre en los Tribunales Federales de San Martín, donde se realiza actualmente un proceso oral y público que hecha luz sobre el funcionamiento de la estructura de inteligencia de la Fuerza Aérea y sobre el secuestro y apropiación de menores nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico militar. No obstante, familiares y querellantes reclaman mayor celeridad para evitar que la impunidad biológica se imponga por sobre la Justicia.  

Las disoluciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la negativa del Ministerio de Seguridad a entregar archivos de sus integrantes a pedido de los organismos que investigan la apropiación de menores y la decisión de suspender el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo libertario como parte de una escalada negacionista.

Sin embargo, los procesos judiciales de lesa humanidad siguen adelante y se verificaron algunos avances en investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado contra trabajadores y la participación civil en la delación al aparato represivo.

El 4 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de Emilio Parodi, exgerente de la empresa Molinos Río de La Plata durante la última dictadura. El ejecutivo está acusado de participar en los secuestros de trabajadores de la empresa que estaba ubicada en Avellaneda.

“Estamos empujando esta causa desde hace años. Comenzamos a querellar con otros familiares y empezamos a tener la sensación de que esta vez podemos obtener justicia”, señaló en diálogo con elDiarioAR Analía Fernández, hija de Francisco Fernández, trabajador de la empresa que se encuentra desaparecido desde el 7 de julio de 1976, cuando fue secuestrado por un grupo de tareas.  

Fernández ingresó a Molinos en 1973 y se desempeñaba en el área de mecánica, donde había integrado la Lista Blanca del Sindicato de Aceiteros ligada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), ligada a las organizaciones de superficie del peronismo revolucionario. Santos Ojeda y Roberto José Rivolta, son los otros dos trabajadores que permanecen desaparecidos.   

Parodi es acusado de haber confeccionado listas de trabajadores que tenían actividad sindical y entregarlas al Ejército. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, compuesta por los jueces Carlos Alberto Vallefin y Roberto Agustín Lemos Arias, confirmó el procesamiento del jefe de personal de una de las empresas harineras más grandes del país.

“Con este procesamiento, la causa quedó a un paso del juicio oral y público. Esperemos que pronto tengamos novedades y podamos lograr una condena. Luchamos contra el tiempo. Esperemos que el proceso se haga el año que viene y Parodi llegue vivo para responder por haber entregado a mi papá y a sus compañeros”, remarcó Analía, maestra de una escuela primaria del Gran Buenos Aires.  

Parodi es acusado por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenaza en perjuicio de Francisco Fernández. 

Otra investigación sobre complicidad empresarial que tuvo avances en las últimas semanas fue la de astilleros Astarsa, cuya instrucción está en manos de la jueza federal de San Martín Alicia Vence.

La magistrada citó, el 12 de septiembre pasado a prestar declaración indagatoria al exgerente de Astarsa, Daniel Lacoa, y al ex subgerente de la misma empresa Carlos Alberto Collongues.

Los exdirectivos son acusados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 19 víctimas que fueron entregados a las fuerzas represivas por la patronal. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los militares se instalaron en la empresa, ubicada en el partido de Tigre y con la complicidad de directivos y algunos sectores sindicales fueron secuestrados varios trabajadores, algunos de los cuales permanecen desaparecidos.

Collongues, quien es actualmente tesorero de la Fundación para el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y es sindicado como responsable de confeccionar nóminas de empleados para astillero al Ejército, no se presentó por motivos de salud.

Lacoa –quien era su superior y está sospechado de conocer la existencia de esas listas– presentó un escrito en el cual negó los hechos que se le imputan.

Una pelea contra la impunidad biológica

“Estamos dando una pelea contra la impunidad biológica. Se demoran mucho los llamados a las indagatorias en todas las causas. En esta en particular hay muchas pruebas y está todo dado para avanzar con medidas concretas”, indicó Pablo Llonto, abogado que litiga en varias causas de lesa humanidad y que en el expediente de Astarsa representa a los familiares de las víctimas.    

En tanto, en los tribunales federales de Rosario sigue el juicio que analiza la responsabilidad del exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en Villa Constitución, de un exjefe militar, de 21 expolicías federales, de un exprefecto y de un ex policía santafesino como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios.

Se trata de hechos ocurridos durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como “El Villazo”. Los delitos se procesan después de 49 años, pero los acusadores son optimistas en relación a su resolución.  

“Venimos con un ritmo bastante bueno en relación a la realización de las audiencias, y si seguimos de esta forma, creo que podemos tener un veredicto antes de fin de años”, estimó el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate,  

En cambio, la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en el Ingenio “La Fronterita”, en Tucumán, se encuentra demorada. La investigación se elevó a juicio oral hace tres años, pero la realización del debate se concretaría en febrero del año que viene.

“Es una causa que abarca delitos cometidos contra 68 personas en las instalaciones de esa fábrica azucarera. La empresa había cedido parte de su terreno para que se montara un centro clandestino de detención que fue parte de un circuito represivo que se montó en Famaillá durante el operativo Independencia”, afirmó el abogado tucumano Rodrigo Scrocchi, quien sigue la querella que representa a Andhes, un organismo de derechos humanos que desde hace años representa a las víctimas del terrorismo de Estado en el norte de Argentina.    

Los acusados son Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori y Fernando Cornú De Olmos, directivos de este ingenio en los conflictivos tiempos del Operativo Independencia.

El accionar de la Fuerza Aérea

Más allá de los casos de complicidad civil, otro juicio de lesa humanidad que avanza es el que se sigue en los Tribunales de San Martín por las causas unificadas de Mansión Seré IV, Riba II y las comisarías de Haedo, Castelar y Moreno. Un proceso en el que se investiga el accionar del aparato de inteligencia de la Fuerza Aérea durante el terrorismo de Estado en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Se aguarda que el debate de este proceso se prolongue durante un año, durante el cual se analizarán crímenes perpetrados en perjuicio de 114 víctimas, que estuvieron cautivas en el ámbito de la Subzona militar 16, correspondiente al organigrama represivo que la última dictadura militar desplegó en el país.

El 6 de octubre de 1978, el su oficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Vázquez “El Colo”, Francisco Gómez y otros militares, secuestraron a José Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit -embarazada de 8 meses-, y la hijita de ambos, Mariana Eva Pérez, quien entonces tenía 15 meses. También se llevaron a Gabriel Pontnau socio de José Manuel en un negocio de cotillón que ambos tenían en Martínez. La desaparición de Gabriel es analizada por primera vez en un proceso oral y público.

Mariana --quien hoy tiene 47 años-- fue entregada a su primo Marcelo Rubén Moreyra, de 17 años, al que siguieron controlando y amenazando durante meses. Fue Marcelo quien reconoció a un “pelirrojo” entre los represores que “le dejaron” a su prima. No era otro que Vázquez Sarmiento.

El 12 de septiembre pasado, Mariana Eva Pérez Rosinblint declaró ante el Tribunal y narró su historia como víctima y el recorrido que siguió conocer la verdad y lograr Justicia.

Vázquez Sarmiento fue condenado el año pasado a 15 años de prisión por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, el nieto restituido 102. El pasado 11 de julio recibió la visita, junto a otros represores como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, de los diputados libertarios Beltrán Benedit, estuvieron presentes Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.

A excepción de Bonacci, el resto de los legisladores se fotografiaron con este grupo de criminales de lesa humanidad como parte de una actividad en la cual se planificaban estrategias para que los represores accedieran a prisiones domiciliarias.

 “El Colo”, como se lo conoce a Vázquez Sarmiento, se desempeñó en los años del terrorismo de Estado como un agente de la inteligencia de la aeronáutica. Estuvo 20 años prófugo y su detención se produjo en 2021 en la localidad bonaerense de Ituzaingó, tras permanecer prófugo durante más de 20 años.

A fines de 1977, “El Colo” llevó a su casa a un niño recién nacido en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA y que le sustrajeron a María Graciela Tauro, detenida cuando cursaba el cuarto mes de embarazo.  

Hace 22 años, Ezequiel, con la colaboración de Abuelas de Plaza de Mayo, denunció que había sido anotado como hijo biológico de Juan Carlos Vázquez Sarmiento y su pareja, Stella Maris Emaldi.

En 2016, en la primera causa RIBA, fueron condenados a 25 años de prisión Omar Rubens Graffinga y Luis Tomás Trillo, por los secuestros de Patricia y José Manuel. Francisco Gómez, apropiador de Guillermo Pérez Rosinblit, también nacido en la ESMA e hijo menor de la pareja desaparecida, recibió una condena de 12 años de prisión. 

“Estos juicios son importantes para abrir otras investigaciones y formular otras imputaciones. Sobre todo en tiempos en los cuales hay una política negacionista desde el Poder Ejecutivo”, aseguró Verónica Bogliano, letrada a cargo de la querella que sigue en este juicio la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

LC/MG  

En horas clave en torno a la discusión en el seno del oficialismo por la polémica generada a raíz de una reciente visita de legisladores de La Libertada Avanza a represores detenidos en Ezeiza, que incluye la inminente expulsión del bloque mileísta de la diputada mendocina Lourdes Arrieta y, en sintonía con su cruzada personal, un acto en “homenaje a las víctimas del terrorismo” que encabezará este martes en el Salón Azul del Congreso la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer estadísticas sobre el rango etario, la modalidad de arresto y la situación procesal de las personas presas e investigadas por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.

En los datos recolectados, la oficina especializada puso el foco sobre la porción de privados de la libertad que cumplen condenas con prisión efectiva o preventiva en sus domicilios, en sintonía con los informes periódicos de la Procuración General de la Nación.

Según publica el portal Fiscales.gob.ar, “de acuerdo con las estadísticas elaboradas por la procuraduría con base en la información proporcionada por las fiscalías federales y unidades especializadas de las diferentes jurisdicciones del país, en la actualidad hay 636 personas detenidas, de las cuales 508 se encuentran en arresto domiciliario y 128 se encuentran bajo custodia penitenciaria. En este universo de privados y privadas de la libertad, 504 cuentan con condenas, 127 están procesado/as y 5 fueron indagados/as y aguardan la resolución de su situación procesal”.

Las estadísticas indican que entre los 504 condenados y condenadas, “389 se encuentran en arresto domiciliario; y entre las/os 127 procesados/as, la cifra es 115. En tanto, a 4 de las 5 personas indagadas les fue concedida la detención en su lugar de residencia”.

En este contexto, la procuraduría aclaró que dos personas que fueron condenadas se encuentran en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de prisión, pero continúan detenidas por estar procesadas con prisión preventiva en otras causas.

Desde 2006 se investigó a 3.746 personas y recibieron condena 1.187, de acuerdo con el último informe estadístico -difundido en junio pasado- sobre el estado de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Además, 190 fueron absueltos.

Rangos etarios

La procuraduría estableció distintos niveles etarios para clasificar a las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y analizar su modalidad de arresto y su situación procesal:

Datos

Con información de Fiscales.gob.ar

IG

En poco más de siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei empujó hacia un retroceso inédito en las políticas de memoria sobre la última dictadura. Así lo muestra un informe recién publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, con un balance alarmante de lo hecho hasta ahora por La Libertad Avanza.

Bajo el título “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, el documento refleja cómo la promesa de campaña de terminar con el llamado proceso de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en decisiones cotidianas de gobierno. “Pero hay más que eso −señala el informe−. Una de las corrientes que integra el oficialismo tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos que reivindican la represión clandestina. Elogios al indulto a las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional y reinstalar el ‘algo habrán hecho’”.

Uno de los temas más preocupantes es la postura oficial frente a los condenados por delitos de lesa humanidad. Actualmente hay 642 presos por esos crímenes, de los cuales casi el 80% cumple arresto domiciliario. Un repaso por las declaraciones y gestos de distintos funcionarios en los últimos meses exhibe el alineamiento gubernamental con las agrupaciones promilitares que abogan por la liberación de los represores y cómplices. Javier Milei elogió los indultos de 1989 y 1990 decretados por Carlos Menem, al igual que el procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra. La vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a buscar una “solución jurídica” para los condenados. A eso se sumaron las visitas de enviados del Ministerio de Defensa a la cárcel de Campo de Mayo; y de un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza.

En materia de investigación histórica y judicial, el gobierno desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y que durante años había sido un insumo clave para la búsqueda de pruebas jurídicas. En la misma línea, cerró la mesa de trabajo sobre documentos de inteligencia vinculada a la represión ilegal que funcionaba en la ahora ex Agencia Federal de Inteligencia; y mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, el principal acervo del país con documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.

En Argentina ya se identificaron 814 sitios que sirvieron como lugares de detención, tortura y/o desaparición durante la dictadura, muchos de los cuales funcionan hoy como espacios de memoria o museos. Desde que asumió Milei, estos sitios fueron desfinanciados en todo el país y el Gobierno despidió a la mitad de los trabajadores de los espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. No sólo se interrumpieron las obras de infraestructura sino también las excavaciones arqueológicas, algunas de ellas para buscar restos de desaparecidos, y las tareas de conservación de espacios que aún hoy son prueba judicial. Además, el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los funcionarios más entusiastas de la línea oficial, avaló un acto reivindicatorio de marinos retirados en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en el que celebraron “haber hecho historia en la ESMA usurpada”.

Otro de los asuntos que tienen en vilo a los organismos de derechos humanos es la actitud oficial frente a la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos que fueron apropiados. Se estima que unas 300 personas, hoy adultas, aún no conocen su verdadera identidad. El Gobierno habilitó por ley la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada hace 20 años para indagar en instancias prejudiciales sobre los casos de chicos sustraídos a sus padres. Por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad comenzaron a negar la entrega de legajos de sus agentes a la Conadi en el marco de los expedientes por apropiaciones.

Uno de los blancos preferidos de la avanzada libertaria son las reparaciones patrimoniales a víctimas de la dictadura, que el oficialismo identifica −al igual que lo había hecho Mauricio Macri− como el “curro de los derechos humanos” pese a que conforman una obligación asumida por el Estado argentino frente a organismos internacionales y que tienen fuerza de ley. Además de haber echado a los trabajadores del área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de Milei ordenó una auditoría de todos los pedidos de reparaciones y suspendió discrecionalmente los pagos hasta nuevo aviso.

El informe del CELS y Memoria Abierta concluye que las decisiones tomadas en los últimos siete meses abrieron un camino que será complejo desandar en el futuro, incluso cuando acabe este ciclo político. “Muchas de estas acciones sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de los niños secuestrados; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”.

FFB/DTC

Ignacio Jovtis no duerme desde hace días. Este abogado argentino radicado en Madrid ha regresado al país con una misión: que los familiares de dos víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela declaren ante la Justicia argentina. Que declaren y estén a salvo. Han atravesado un periplo de una década para llegar a estar frente a un juez que escuche sus historias. Han perdido a sus seres queridos en manos de fuerzas de seguridad venezolanas y aseguran que sus asesinatos han sido en el marco de un plan sistemático de violación de los derechos humanos en su país. 

Jovtis podría pasar por un jugador de la selección de básquet pero es un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos y actualmente, tras haber trabajado durante 16 años en la organización Amnistía Internacional, se desempeña en la Fundación Clooney, que investiga y litiga crímenes de guerra y lesa humanidad en numerosos países. Su cargo formal es responsable senior de Programas de la Iniciativa Docket de Clooney Fundation for Justice.

Jovtis ha sentido el rigor del terror. Ha estado sentado a la mesa escuchando los testimonios de víctimas que poco después han desaparecido de la faz de la tierra en distintos puntos del planeta. Ahora, su mayor preocupación es proteger a las familias venezolanas que se encuentran en Argentina. Por eso, evitará dar datos que permitan identificarlas.

Está exhausto pero no lo demuestra cuando recibe a elDiarioAR para explicar por qué ciudadanos venezolanos declararon esta semana ante el juez federal Sebastián Ramos por delitos cometidos presuntamente en Venezuela y por qué esperan que en los tribunales porteños surja una sentencia que les devuelva la fe en la Justicia. 

–¿Qué podemos saber de los casos que se encuentran en la Justicia argentina?

–Nosotros presentamos denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en 2014 por fuerzas de seguridad venezolanas. Desde esa fecha, las familiares de víctimas que representamos estuvieron buscando justicia en su país. En Venezuela, en los casos que tenemos nosotros, se ha vulnerado claramente el debido proceso y hace un año, las familias han decidido y nosotros los hemos acompañado a iniciar una causa en Argentina bajo lo que se llama el principio de jurisdicción universal. Para nuestra sorpresa todo se ha dado con velocidad: en menos de un mes se abrió la causa, en julio del año pasado. Luego, se cerró en febrero de este año por decisión del juzgado de primera instancia y en abril se reabrió por orden de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña. Solicitamos la declaración de una de las víctimas frente a la Justicia argentina y es lo que estamos haciendo hoy y mañana -por el jueves y viernes de esta semana-, para contar la historia que nunca habían podido contar de esta manera en Venezuela. Es un momento realmente histórico. 

Esperemos que la Justicia argentina haga lo que esté a su alcance para darle justicia a esta gente que hace más de diez años que está buscando justicia y se da la cabeza contra la pared.

–¿Por qué no han podido contar su historia ante la Justicia de Venezuela?

–Ellos nunca habían declarado frente a un juez y una Justicia imparcial. Nunca. Además, Argentina habilita a organismos de derechos humanos a ser querellantes e impulsar el expediente y eso no hubiese sido posible hacerlo en Venezuela. Esto representa una ventana de oportunidad para muchas víctimas venezolanas que están buscando justicia porque les pasó lo mismo. Ahora mismo hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional sobre estos crímenes, pero por la propia naturaleza del tipo de procesos que lleva adelante esta instancia, son procesos muy macro. Entonces, son lentos, llevan mucho tiempo. Ninguna de las víctimas ha declarado ante la Corte Penal Internacional como está sucediendo en Argentina. Esperamos que pase, pero va a tardar. Por eso lo que está pasando ahora en Argentina tiene un peso muy importante, no solo para las víctimas que están declarando, sino también para para las víctimas venezolanas que están declarando en Argentina. Se abre otra ventana, otra avenida de rendición de cuentas.

–¿Por qué se puede recurrir a la jurisdicción internacional en estos casos?

–No se trata de hechos aislados sino de dos hechos en el marco de un plan sistemático. Eso es lo que habilita o activa la jurisdicción universal. No cualquier delito lo hace, sino determinados delitos: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad. Y no es que nosotros hayamos establecido que se trata de un plan sistemático sino que lo ha dicho la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional, que hablan de indicios para creer que estos tipos de delitos se cometieron en este contexto de crímenes de lesa humanidad, de manera sistemática. Por eso, en Argentina hemos podido abrir el caso para estas dos víctimas, pero dentro de ese contexto, no estamos hablando de casos aislados. Hace años que trabajo sobre Venezuela, y lo vengo sosteniendo al menos desde hace siete años: se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

–¿Cuáles son estos delitos de lesa humanidad?

–En la Corte Penal Internacional tenés casos de tortura, de persecución, de violencia sexual, cometidos, no de manera aislada, sino de manera sistemática por parte del Estado o por la aquiescencia del Estado, con su beneplácito. 

–Dijo que se trata de delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad. ¿Ocurrieron durante una represión, durante detenciones? ¿Hay responsabilidad política?

–Por cuestiones de seguridad no podemos dar datos concretos de los casos. Las personas están declarando. Nosotros nos enfocamos en las fuerzas de seguridad, y no en las autoridades políticas. En Venezuela, tenemos muchos ejemplos de la falta de investigaciones. Naciones Unidas sacó un informe muy amplio solamente sobre este tema, sobre la falta de investigaciones genuinas en Venezuela, donde, por ejemplo, no hay investigaciones de la cadena de mando en las fuerzas de seguridad. En el mejor de los casos hay condenas a los rangos más bajos, pero nunca hay una investigación sobre las responsabilidades de los superiores. Hemos visto problemas o irregularidades, no necesariamente en los casos que nosotros presentamos en Argentina, pero sí en otros: detenciones sin órdenes de arresto, personas que son llamadas ante la Justicia sin la posibilidad de elegir o tener un abogado. Esas cosas han pasado, existen. Me pasó ver una boleta de excarcelación -orden de un juez de excarcelar- que no se cumple. Tal vez la persona continúe presa por un año más. Hay casos en los que el juez dicta una excarcelación y el Estado no cumple.

Ellos nunca habían declarado frente a un juez y una Justicia imparcial. Nunca.

–¿Cómo es la situación en el Poder Judicial?

–Dentro de la Justicia, está lleno irregularidades, como llamar a un acusado -en este caso a una víctima de este sistema- a una audiencia sin que pueda tener presente a un abogado o que transcurra un proceso judicial en su contra sin notificarle o que no haya ningún tipo de investigación de las cadenas de mando. También existen presiones a los y las fiscales que quieren investigar. Reciben amenazas cuando intentan investigar este tipo de violaciones. Muchos se han ido del país y han sufrido también ellos mismos violaciones de derechos humanos. Las personas que denuncian e investigan violaciones a derechos humanos en Venezuela corren riesgo. En la inmensa mayoría, además, al menos de los casos que conocemos, no existe una investigación genuina. Las víctimas tienen que acudir a jurisdicciones alternativas como la Corte Penal Internacional o Argentina.

–¿Por qué en Argentina y no en otro país?

–La Argentina es uno de los países donde se aplica lo que se llama el principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal básicamente es la facultad que tiene un juez para investigar determinadas violaciones de derechos humanos como genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, con independencia de quién las cometió, contra quién se cometieron y dónde se cometieron. El primer antecedente que tenemos que recordar es el de Augusto Pinochet, en el que un juez español español le pidió a un juez inglés la extradición de un presunto perpetrador chileno por crímenes cometidos contra chilenos en Chile. En Argentina, de hecho, hay otras causas abiertas. Está la causa del franquismo, en la que desde 2010 se están investigando crímenes cometidos en España en 1936. Argentina también tramita el caso del genocidio rohinyá en Myanmar, Birmania, Y hay otro en estado más inicial sobre Colombia. El más avanzado es el franquismo, que ya lleva 14 años. Hay otras cuestiones que parecen menores pero que no lo son, como el tema del idioma, de la practicidad para la producción de prueba. Eso ayudó también a elegir a Argentina, donde además hay una diáspora venezolana muy importante.

En Venezuela, en los casos que tenemos nosotros, se ha vulnerado claramente el debido proceso y hace un año, las familias han decidido y nosotros los hemos acompañado a iniciar una causa en Argentina.

–¿Qué esperan de la Justicia argentina en esta etapa?

–Esperemos que haga lo que esté a su alcance para darle justicia a esta gente que hace más de diez años que está buscando justicia y se da la cabeza contra la pared. Argentina ahora está en una situación en la que puede empezar a dar esa respuesta de alguna manera. La audiencia de hoy y la de mañana -por jueves y viernes- ya la está dando. Para las víctimas que nosotros estamos representando es lo más cerca que han estado alguna vez de la Justicia. Que un juzgado los escuche directamente y que ellos se puedan expresar de manera que puedan contar lo que les pasó a ellos y a sus familiares, eso nunca les había pasado. Los casos de jurisdicción universal son difíciles porque la prueba no está en el país, pero nosotros realizamos un trabajo de más de un año para presentar la demanda y recolectamos más de 15.000 páginas de evidencias. 

–¿Qué tipo de resolución puede darse en este tipo de casos donde los acusados están en otro país y en un país como Venezuela?

–Obviamente, lo que queremos todos y todas es una sentencia y que si hay responsables penales individuales, que sean identificados y sancionados. Pero, ya el hecho, el recorrido de que un juez, una jueza te escuche y poder contar la historia, tiene un elemento reparador que es importante. Están los mecanismos de tratados de extradición entre los países. Por eso digo que nosotros sí apuntamos a que haya una sentencia, pedidos de extradición y que los culpables sean extraditados a Argentina y cumplan la pena. Es difícil, pero no es imposible. 

–¿Qué esperan de las autoridades judiciales y políticas de Venezuela?

–Nos gustaría que haya colaboración de las autoridades venezolanas, que colaboren con la Justicia argentina. Todos sabemos que eso no es fácil, pero también por eso nosotros hemos procurado trabajar tanto la evidencia. Nosotros todavía no estamos en condiciones de decir que Venezuela no colabora porque estamos en un estadio procesal temprano. Entonces todavía son especulaciones. Pero suele pasar que la colaboración cuesta mucho por varios motivos, a veces por voluntad y también a veces por los tiempos. Una cosa que yo aprendí haciendo este trabajo es lo que son las burocracias en cancillerías, en ministerios de Justicia y nunca están en el centro las víctimas. 

ED/MG

Los responsables de la llamada Noche de los Lápices, en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, fueron condenados hoy por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata a prisión perpetua luego de diez años de proceso.

El exministro de Justicia bonaerense Jaime Lamont Smart y el médico Jorge Antonio Bergés fueron dos de los condenados a perpetua más relevantes de la jornada. También se penó a Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo.

Por otra parte, Julio Condioti fue condenado a 25 años de prisión y Enrique Barre fue absuelto. El represor Miguel Etchecolatz, que también participó de estos delitos, murió antes de la condena. Todos son represores que actuaron en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La causa, que tuvo su primera elevación a juicio en abril de 2012, contó con Abuelas de Plaza de Mayo como querellante junto con los nietos restituidos Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Garack -quien busca a su hermano o hermana-; y con Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y Graciela Borelli Cattaneo, hermana de un ciudadano uruguayo víctima del Plan Cóndor.

Abuelas acusó a los imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad.

El juicio

La causa Pozo de Banfield, tal como se denominó a la brigada de esa ciudad, abordó 442 casos e investigó los crímenes contra 253 víctimas: en la del Pozo de Quilmes, 181; y en “El Infierno”, sede de la Brigada de Lanús, 62.

El debate se ocupó de investigar privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio, y delitos contra la integridad sexual.

MM

Un grupo de defensores de los derechos humanos encabezados por el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la presidenta de Abuelas de Plata de Mayo, Estela de Carlotto, le pidieron al Poder Judicial que “declare que los delitos de lesa humanidad y el genocidio son de acción imprescriptible e insusceptible de la concesión de beneficios como la amnistía, indulto o conmutación de penas”.

La acción de amparo, presentada ante la Justicia Federal de La Plata, reclama que se “haga cesar toda situación de amenaza que lesione derechos consagrados en la Ley Suprema de la Nación, Tratados Internacionales de Derechos Humanos; concretamente, la Convención de Roma (…) que descalifica toda iniciativa institucional de los Estados que comporte la amnistía, el indulto, o la conmutación de penas, en beneficio de los autores responsables de los crímenes contra la humanidad”.

La acción judicial, que también suscriben la socióloga Dora Barrancos, el exjuez Carlos Rozansky y el constitucionalista Jorge Cholvis, es un “amparo preventivo en defensa de la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Los firmantes explicaron la acción a raíz de “la situación objetiva de amenaza, de sesgo negacionista, pretendiendo modificar o reivindicar la trágica historia del Estado terrorista (1976/83)” por parte de Gobierno de Javier Milei.

La acción judicial quedó radicada ante el juez federal de La Plata Alberto Recondo, a quien los amparistas le pidieron que “tutele la vigencia y supremacía de la normativa constitucional, convencional y legal, aquí invocada, que excluye al titular del PEN el ejercicio de la atribución” de indultar conferida por Constitución Nacional “en materia de estos crímenes”.

La acción de amparo busca que se “haga valer que el Poder Judicial de la Nación es garante último y máximo del deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, ello, aún por sobre los actos de los otros poderes del Gobierno Federal que estén contradicción con ella”.

Con información de NA.

IG

El rastro económico dejado por el agente parapolicial Aníbal Gordon y su banda, que bajo el amparo de la SIDE y el Plan Cóndor perpetraron delitos de lesa humanidad en el centro clandestino conocido como “Automotores Orletti”, se devela por estos días en Mar del Plata, donde se sigue el primer juicio por lavado de activos a cuatro hijos de un antiguo integrante de esa organización delictiva, que adquirió campos con dinero robado a víctimas del terrorismo de Estado.

Los acusados son tres mujeres y un hombre: María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, hijos del fallecido Leonardo Miguel Save, quien supo integrar la gavilla de Gordon y que con fondos sustraídos a un militante uruguayo adquirió dos campos en la localidad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires.

Los cuatro hijos de Save son investigados por realizar maniobras para incorporar al mercado legal dinero obtenido por su padre durante los años del terrorismo de Estado. El proceso oral y público se desarrolla en los Tribunales Federales de Mar del Plata, y está a cargo del juez Roberto Falcone, quien encabeza el debate de esta causa de forma unipersonal.

Según sostiene la acusación a cargo del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, la familia Save habría realizado, al menos desde 1999, maniobras y operaciones con las cuales obtuvieron la propiedad de esos campos, que en la actualidad continúan administrando, y que fueron adquiridos mediante secuestros, torturas y desapariciones.

Fuentes con acceso a la causa estimaron que los hijos de Save, que son representados en este proceso por el Ministerio Público de la Defensa, podrían recibir penas de entre dos a 10 años por los delitos que se les imputan.  

Cesiones de derechos, escrituras falsificadas, boletos de compra venta firmados por terceras personas forman parte de una trama delictiva que se remonta a octubre de 1976, cuando el represor Save compró esos campos en Chascomús, localidad de la cual también era oriundo.

¿Cómo obtuvieron Gordon (muerto en prisión, en 1987) y Save esos fondos para llevar a cabo este intento de consolidar un proyecto inmobiliario en una de las zonas más prósperas del territorio bonaerense? La hipótesis que sigue la fiscalía, la querella de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la del Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos apunta al secuestro y posterior desaparición del militante uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Mendez.

Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Aníbal Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en el centro clandestino de Orletti

Mechoso Mendez era un exilado uruguayo que vivía en Argentina desde del golpe de Estado que se había perpetrado en el vecino país en 1973. En Argentina, participó del armado del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), y por eso se convirtió en un objetivo del régimen castrense uruguayo.

Como parte del Plan Cóndor, la coordinadora represiva orquestada por las dictaduras militares del Cono Sur, represores uruguayos encabezados por el militar uruguayo José “Nino” Gavazzo, comenzaron a operar en Argentina en la persecución de militantes de ese país.

Con la colaboración de la SIDE y banda de Gordón, los represores uruguayos utilizaron Orletti, un centro clandestino ubicado en el barrio de Floresta, como base de sus operaciones en Argentina.

El 26 de septiembre, la patota integrada por la banda de Gordon y los represores liderados por Gavazzo secuestraron a Mechoso Mendez y mediante torturas llegaron a los fondos que el partido tenía en Buenos Aires y con el cual financiaba las actividades de sus militantes que se encontraban en la clandestinidad.

Mediante torturas en Orletti y amenazas a su familia, los represores lograron que Mechoso Mendez entregara los recursos del PVP.  

La Instrucción de la causa, que inició en 2013 el juez federal Alejo Ramos Padilla, estableció que la banda de Gordon obtuvo entre 2 y 8 millones de dólares. Gavazzo y su grupo pudieron quedarse con otra parte del botín, pero la justicia no pudo establecerlo.

El dirigente opositor uruguayo resultó asesinado. Su cuerpo, depositado en un barril lleno de cal apareció flotando en un canal de San Fernando. En 2009, el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió que se identificaran sus restos, que habían sido depositados en una tumba como NN.

Con los fondos en su poder, la banda de la SIDE capitaneada por Gordon y secundada por Save, adquirió terrenos en Chascomús, donde tenían la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario. Pero una interna en el seno de aparato del terrorismo de Estado truncó esa lucrativa iniciativa.

Grupos operativos al mando del ministro de Gobierno bonaerense, Ibérico Saint y el entonces jefe de la policía provincial, el coronel Ramón Camps, sacaron a los operarios que trabajaban en los campos y los trasladaron a la Comisaría 1° de Chascomús, donde padecieron torturas.

En el marco de las audiencias del juicio que se desarrolla en Mar del Plata, cuatro extrabajadores declararon que hía desempeñado tareas en los campos´, que estaban en una zona adyacente a la laguna de Chascomús. Contaron que recibían un pago semanal a cargo de una persona que identificaron como “el lobito”, y que incluso vieron en el lugar a Gordón y a Save.

Los testigos recodaron que un día llegaron militares que los trasladaron a la Comisaría de Chascomús, donde luego de unos días comenzaron a liberarlos. Más tarde, comenzaron a recibir sobres en sus casas con dinero y notas en las cuales se disculpaban por el trato que les habían propinado. 

Un testigo contó además que quienes estaban a cargo de los campos antes de que se produjera la irrupción de los militares, se hacían llamar como “grupo SIDE”.

Durante años, en Chascomús se corrieron rumores sobre la existencia de enterramientos clandestinos en esos campos, pero las pericias que se realizaron no lograron dar con restos humanos.

“Save estuvo detenido por otros delitos y es claro que tuvo contactos con sus hijos sobre estos campos y que hubo maniobras para ingresarlos al mercado legal. Esa es la hipótesis con la que trabajamos”, señaló en declaraciones a elDiarioAR Verónica Bogliano, directora de Querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Las audiencias de este juicio se desarrollan todos los miércoles desde el 7 de febrero y estima que podría haber un veredicto en abril. 

Además de imponer un modelo económico, el terrorismo de Estado también operó para desapoderar a las víctimas de sus bienes y esto es lo que analizamos en este juicio

Verónica Boglaino — Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense

“Además de imponer un modelo económico, el terrorismo de Estado también operó para desapoderar a las víctimas de sus bienes y esto es lo que analizamos en este juicio”, observó Boglaino, quien reseñó que el accionar delictivo de Gordón quedó probado en otras tres sentencias judiciales sobre Orletti.

De delincuente común y custodio de organizaciones sindicales, Aníbal Gordón cultivó desde los años ’60 una fama de pesado que le permitió sumarse en la década siguiente a las filas de la organización parapolicial de la Triple A, donde inició un prolífico derrotero delictivo como agente inorgánico de la SIDE en la denominada “lucha antisubversiva.

Conocido como “el coronel”, “el jovato” o “el exquisito”, en función de las habilidades que sus secuaces le reconocían en las mesas de tortura, Gordon se convirtió en una pieza clave de la maquinaria orquestada en Orletti, por donde pasaron militantes uruguayos, chilenos, bolivianos y paraguayos capturados en Argentina en medio del desarrollo del Plan Cóndor.

Su nombre adquirió notoriedad en agosto de 1983, cuando una patota que capitaneó secuestró al dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly, a quien debieron liberar en medio de las repercusiones que esa captura había producido en una opinión pública que le había picado el boleto de salida a una dictadura militar que estaba en franca retirada.

En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon. “¿Muchachos, vienen a buscarme por derecha?”, alcanzó a preguntarles a los efectivos que lo detuvieron

En 1984, tras el retorno de la democracia, una comisión policial detuvo en una casa de las sierras de Córdoba a Gordon que era buscado por varios delitos. “¿Muchachos, vienen a buscarme por derecha?”, alcanzó a preguntarles a los efectivos que lo detuvieron.

En octubre de 1986, Gordón recibió una condena de 16 años de prisión. Un año más tarde, murió de cáncer de pulmón en la cárcel. El rastro de sus crímenes aún se sigue.

LC/MG              

Aunque ocho de cada diez detenidos por investigaciones sobre delitos de lesa humanidad gozan de prisión domiciliaria, el reclamo de que los represores mayores de 70 años cumplan sus arrestos en sus casas vuelve a aparecer como la punta de lanza de los defensores de militares acusados por crímenes durante la última dictadura. La llegada al poder de La Libertad Avanza le da nuevo espesor a un pedido histórico de grupos que reivindican la “lucha contra la subversión” y a la vez esgrimen argumentos humanitarios en favor de los exmiembros de las fuerzas armadas y de seguridad, cuya liberación se plantean como verdadero objetivo de fondo.

En una carta de lectores enviada al diario La Nación, la activista prodictadura Cecilia Pando y varias familiares de represores condenados −entre ellas, las hermanas de Alfredo Astiz− presionaron públicamente al nuevo gobierno para que opere en favor de su reclamo: “¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”.

En enero Pando afirmó en una entrevista con Radio Con Vos que durante la campaña electoral hubo contactos por ese tema con la vicepresidenta Victoria Villarruel, otra defensora de la “guerra contra el terrorismo” que está distanciada con Pando desde hace años. “Hubo personas [que firmaron la carta a La Nación] que hablaron con Victoria −dijo Pando−. Ella se dedica a solucionar el tema de las víctimas del terrorismo y después se le habrá planteado el tema jurídico de los militares”. Consultada sobre las “promesas” incumplidas del gobierno, Pando aseguró que fueron hechas por el “entorno” de Villarruel, aunque se negó a dar nombres.

Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizadas a diciembre de 2023, actualmente sólo el 18% de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% está en prisión domiciliaria, el 14% permanece en dependencias penitenciarias federales o provinciales y el 9% se aloja en la unidad penal de Campo de Mayo. La proporción de detenidos en sus hogares viene creciendo sin interrupciones desde hace casi una década.

Aun así, el asunto perdura como uno de los principales caballos de batalla de los grupos prorepresores, y acaso como el que ven más realizable. La prisión domiciliaria para adultos mayores es un beneficio previsto en la ley argentina que contempla las dificultades médicas que la cárcel común puede acarrearles. Aunque se trata de una prerrogativa exclusiva de los jueces, Pando y compañía se mueven con la idea de que la vía para motorizar su exigencia es la política.

Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, el reclamo había encontrado eco entre funcionarios como el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, quienes en público o en privado sostenían que la domiciliaria para adultos mayores debía correr también en casos de lesa humanidad. “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor, ya que la cárcel está planteada como lugar de rehabilitación, esté detenida en su casa”, dijo Peña en 2016, cuando le preguntaron sobre la excarcelación del represor Miguel Etchecolatz.

Con La Libertad Avanza en el gobierno, el tema reaparece no sólo en la agenda política sino también judicial. La primera reunión del nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con un órgano de la Justicia ocurrió el pasado 19 de diciembre, cuando visitó sin agenda a los jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país. Un día antes de recibir al ministro, la sala IV de la Cámara, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, le dio trámite a un recurso de la defensa de Diego Chemes, represor del centro clandestino de detención El Vesubio, para que la Casación celebrara un plenario para unificar su doctrina en torno a la concesión de domiciliarias para mayores de 70 años.

El planteo se elevó al presidente de la Cámara, el propio Borinsky, quien lo metió por fuera del orden del día en una reunión con los presidentes de las cuatro salas que estaba prevista para la mañana del 19, es decir, un rato antes del encuentro con Cúneo Libarona. La maniobra tomó desprevenido e irritó al presidente de la sala II, Guillermo Yacobucci, quien se opuso a fijar el plenario y forzó a que quedara en suspenso. Curiosamente, Yacobucci suele ser propenso a conceder domiciliarias a represores, mientras que Borinsky suele votar en contra.

Aunque Cúneo ni mencionó el tema en la reunión con los magistrados, en la propia Casación hay quienes se preguntan si no hubo una intención frustrada de “ofrendarle” un gesto al ministro. “La carta de protesta a La Nación la mandaron justo después de Año Nuevo −observa un funcionario judicial−. ¿Y si la ‘promesa incumplida’ era que los presos pasaran las fiestas en casa?”.

Con la composición actual de jueces, hoy ninguna sala de la Casación tendría mayoría a favor de la domiciliaria automática para represores. Dos días antes de la polémica por el plenario, la Corte Suprema también había dado una fuerte señal en contra al anular las domiciliarias concedidas a dos ex policías santafesinos condenados por crímenes de lesa humanidad. La Corte ratificó su criterio de que no basta con que un detenido sea mayor de 70 años, sino que también debe acreditarse que la permanencia en la cárcel común puede impedir su adecuada atención médica.

Se trata de un tema sensible y dentro del propio movimiento de derechos humanos hay voces que admiten el argumento humanitario como criterio general. Sin embargo, la mayoría de los organismos defiende que el beneficio no es automático, sino que se trata de una potestad de cada juez y que las circunstancias de cada preso deben revisarse de modo particular.

Las querellas de H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos advierten que el arresto domiciliario implica un menor control del Estado, lo que conlleva un mayor riesgo de incumplimiento de las penas, fuga de los presos y obstaculización de las investigaciones. “Esto es fundamental en los casos de prisión preventiva, porque hablamos de personas que formaron parte de un aparato organizado de poder con cobertura estatal −dice Anabella Montaner, abogada de H.I.J.O.S.−. Esas estructuras aún pueden ser funcionales a fugas, destrucción de pruebas o amenazas contra la integridad de los testigos, como ocurrió con Jorge Julio López”.

Según Montaner, en los casos de represores condenados, “la cárcel común se fundamenta además en la necesidad de que la sanción sea proporcional a los crímenes: estamos hablando de delitos contra la humanidad que se siguen perpetuando hasta hoy, porque los responsables siguen sin decir dónde están las y los nietos apropiados y los cuerpos de los desaparecidos”.

FFB/JJD