La firma británica Burford Capital demandará a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la nacionalización en 2012 de la petrolera YPF, caso por el que en marzo pasado una corte de Estados Unidos falló a favor del Estado argentino.

Fuentes de la Procuración del Tesoro de Argentina consultadas este miércoles por EFE confirmaron que Burford ya les notificó su intención de recurrir al CIADI, tribunal de arbitraje que depende del Banco Mundial.

Las fuentes consultadas indicaron que Argentina ya está preparada para ejercer su defensa, aunque señalaron que hay que esperar para saber si el CIADI admite iniciar un arbitraje por pedido de Burford.

El pasado 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó una sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al Estado argentino a pagar a Burford y otra firma demandante 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, ascendería actualmente unos 18.000 millones de dólares.

El eje de la disputa judicial fue la nacionalización de YPF, dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por el Congreso en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51% de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la firma estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25% en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España, Burford puede acudir al CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor en 1992.

En los tribunales de Estados Unidos, Burford Capital y Eton Park reclamaron millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Preska les dio la razón en 2023 y condenó al Estado argentino, aunque rechazó la demanda que los querellantes también habían interpuesto contra la propia YPF.

El 27 de marzo último, la Corte de Apelaciones falló a favor del Estado argentino y también confirmó la decisión de Preska respecto la demanda contra YPF.

Burford y Eton Park tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir a esa cámara una revisión del fallo, y recién luego de esa instancia pueden presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

YPF, fundada en 1922, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.

Según el último balance de YPF, la compañía cuenta con activos por 29.439 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.044 millones de dólares.

EFE

Cada integrante del directorio de YPF ganará US$954.000 en 2026 por una tarea que insume no más de cuatro horas al mes, de acuerdo a un documento de la empresa aprobado el 8 de abril. La remuneración citada es en promedio, por lo que algunos directores cosecharán un ingreso largamente superior a US$1 millón, y otros bajarán a cerca de los US$500.000.

Entre los directores se encuentran el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán. Otro delegado del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni, resignará su sueldo en YPF, como suelen hacer los representantes en funciones de la Casa Rosada.

En cambio, el presidente Horacio Marín es uno de los ejecutivos cuyo ingreso supera con creces el de otros miembros del cuerpo directivo, porque en su caso, al desempeñarse además como gerente general, sí cumple funciones reales.

El directorio de 12 miembros está compuesto por representantes políticos del Gobierno nacional (Adorni, Catalán y Francos), las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, la secretaría de Energia, el ministerio de Economía y el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, entre otros.

Francos y Catalán no cobraron honorarios mientras fueron jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, pero en diciembre pasado, apenas dejaron sus cargos, comenzaron a ganar el estipendio, como informó este diario.

En el caso de Francos, el pago efectivo de sus honorarios contrastó con la declaración formulada al diario Clarín desde Punta del Este en enero, cuando afirmó que estaba tratando de acostumbrarse al “ocio” tras dos años de intenso trabajo. En las últimas horas, el exjefe de Gabinete volvió a ganar notoriedad cuando deslizó críticas a su sucesor, Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. La crítica de Francos al actual jefe de Gabinete provocó enojo tanto en las inmediaciones de Karina Milei como de Santiago Caputo, y fue atribuida a intenciones electorales para 2027.

Catalán, por su parte, se presenta como precandidato a gobernador de Tucumán, con el supuesto aval de Karina.

El 8 de abril, el directorio de YPF hizo público el llamado a asamblea de accionistas para el 30 de este mes, y allí se detalló la remuneración anual de los directores, de acuerdo a una información publicada por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD. La convocatoria argumenta que la remuneración propuesta es “adecuada y razonable”.

El texto también da cuenta de que los directores ganaron $10.849 millones en 2025, lo que equivale a US$9,2 millones, según la cotización promedio de la divisa estadounidense el año pasado.

El ingreso de los directores de YPF es uno de los más altos que paga el Estado argentino, tanto en la administración central como en organismos descentralizados o empresas públicas. Se trata de un cuerpo sin funciones efectivas en el manejo de la empresa, más allá de aprobar grandes lineamientos y asociaciones con otras petroleras. Según fuentes que pasaron por el directorio, la dedicación de cada miembro es de un par de horas cada dos semanas.

Las sillas en empresas públicas en las que el Estado es accionista son trofeos muy apetecibles, tanto para el Gobierno nacional como los provinciales

YPF tiene una estructura de vicepresidentes de área y gerencias con sueldos acordes a la industria petrolera (muy altos), pero la remuneración a directores sobresale en el mercado, tanto en relación a otras empresas públicas como a firmas privadas de gas y petróleo, indicaron voces del sector.

Cuando asumió Milei y designó a Marín al frente de la empresa estatal, el directorio aprobó un aumento para sus miembros muy superior a la inflación. Medido en dólares, los directores actuales ganan en dólares 60% más que sus pares durante la presidencia de Alberto Fernández. Con el tiempo, Marín se transformaría en un interlocutor de inmejorable vínculo con Milei.

Las sillas en empresas públicas en las que el Estado es accionista son trofeos muy apetecibles, tanto para el Gobierno nacional como los provinciales. Los gobernadores suelen asignar la función a aliados cercanos e incluso hubo casos que acomodaron a familiares, aunque también a opositores, como modo de facilitar la convivencia mediante un cargo de alto sueldo y baja visibilidad.

A su vez, el directorio de YPF es una puerta de salida de lujo. El primer secretario de Energía del gobierno ultraderechista, Eduardo Rodríguez Chirilo, fue otro ejemplo hasta fines de 2025.

Una norma no escrita dice que los funcionarios del Poder Ejecutivo no pueden duplicar ingresos en YPF, por lo que suelen resignar esos honorarios. Adorni respetó esa práctica.

Ello no aplica para los directores en otras empresas con participación estatal. En febrero, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, fue nombrado director en Aeropuertos Argentina, donde ganará cerca de $150 millones al año, mientras mantiene su sueldo como funcionario de Economía. El ingreso de Aeropuertos Argentina equivale a algo menos de la mitad del valor del crédito hipotecario que Furiase obtuvo en el Banco Nación para comprarse una suntuosa casa en el country Los Pilares, tal como informó el periodista Alejandro Bercovich en C5N.

Durante el Gobierno de Fernández, las sillas en empresas públicas correspondieron mayormente a funcionarios de La Cámpora, que cobraron sus ingresos. Hace más de diez años, cuando le tocó a Axel Kicillof completar posiciones en directorios, durante el mandato de Cristina, la norma fue que ninguno cobrara más que viáticos menores, dijo tiempo atrás uno de los designados, Emmanuel Álvarez Agis.

Tras once años de juicio, la Argentina acaba de ganar una apelación en los tribunales de Nueva York en un juicio que amenazaba con costarle US$18.000 millones. La demanda la había iniciado en 2015 Burford Capital, un fondo buitre que le había comprado el derecho a litigar a la familia Eskenazi, supuestos damnificados por la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012. Aunque los eventos habían ocurrido en la Argentina, los demandantes habían conseguido que la jueza Loretta Preska aceptara el argumento de que, ya que YPF cotiza en la bolsa de esa ciudad, tenía jurisdicción para entender en la causa. Lo que siguió fue una serie de decisiones igualmente antojadizas, que incluyeron una interpretación equivocada de las leyes argentinas, el cálculo sobredimensionado de la indemnización y la exigencia de que nuestro país le entregara a su juzgado las acciones de YPF. Ahora, los abogados de la Procuración del Tesoro que representaban a la Argentina consiguieron que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York entendiera el error de interpretación de Preska y revirtiera su sentencia, con lo que la demanda colapsó.  

Protagonista central de toda esta historia fue Mariana Lozza, quien condujo la defensa jurídica de nuestro país. En esta entrevista explica lo que estaba en juego, los pormenores del proceso y la importancia global que tiene el fallo. Mariana Lozza es de Bahía Blanca. Se recibió de abogada allí, en 2004, en la Universidad Nacional del Sur. Al año siguiente postuló para hacer una pasantía en la OEA y quedó seleccionada. Aprovechó su estadía en Washington para hacer un Master en derecho internacional, mientras trabajaba para costear sus estudios. En julio de 2007 regresó al país y ese mismo año fue contratada por la Procuración del Tesoro para atender demandas internacionales contra el Estado argentino. Tras diez años en esa función decidió renunciar y se dedicó a la actividad privada hasta que volvieron a convocarla en 2021, esta vez para ocupar el cargo de Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro. En ese cargo de altísima responsabilidad estuvo hasta hace pocos meses, cuando decidió renunciar y regresar a la actividad privada.

–La escuché en otra entrevista describir el fallo por YPF como algo histórico, pero no solo para la justicia argentina, sino también para la justicia estadounidense. ¿Por qué le parece algo tan trascendente? 

–Por supuesto, para la Argentina, por el monto. La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme. En lo sustantivo también, porque sienta un precedente importante para definir cómo se manejan las cortes de los estados en este tipo de controversias. En este caso fue Estados Unidos, pero si Estados Unidos confirmaba un fallo así, podía también ser a la inversa. Podía ocurrir que otros estados empiecen a dictar sentencias de este tipo que también podrían involucrar a empresas estadounidenses. Por el solo hecho de que haya una compañía que cotice en alguna bolsa extranjera, eso entonces les da jurisdicción a las cortes extranjeras. En este caso se enjuició a la Argentina, pero iba a sentar un precedente muy complejo para otros estados también. De hecho, esa preocupación uno la ve reflejada en los amicus curiae que presentan sobre todo Brasil y Uruguay, también Ecuador y Chile. En esos amicus lo que se ve es la preocupación de ellos, de que, por el solo hecho de estar cotizando en Nueva York, cualquier reclamo vinculado al estatuto de una empresa o sociedad de esos países podría ser llevado a las cortes de Nueva York. 

La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme

–Un tema importante, además, porque la justicia en EE.UU. ha tenido una tendencia a absorber temas de otras jurisdicciones. 

–Exacto. Este es un caso que marca un límite a eso. Una de las cosas que planteamos nosotros es que esto incluso iba a ser complejo para las propias cortes de Estados Unidos, porque iba a generar un incremento de la litigiosidad en Estados Unidos que sus tribunales tal vez tampoco iban a poder absorber. 

– ¿Y cómo explica que haya habido una diferencia tan marcada entre el fallo de Preska, con todas esas extralimitaciones, y el fallo de la Cámara que lo revierte? 

–En la apelación, nuestros argumentos preliminares o jurisdiccionales tenían que ver con un principio que se llama el Forum Non Convenience, es decir, que Estados Unidos no es el foro más conveniente para resolver esto, porque es un caso netamente sobre derecho argentino. Y después estaba el argumento jurisdiccional de “cortesía internacional”, que significa que en un caso como este, en donde está involucrado un Estado, hay actos justamente de ese Estado involucrados, donde se discute sobre el derecho argentino, las cortes de Estados Unidos tenían que rechazar jurisdicción. 

Pero lo que ocurre es que a la Cámara esto llega diez años después. En la audiencia los jueces de hecho preguntaron “¿por qué tenemos que estar decidiendo este caso, que es puramente sobre derecho argentino?”. Esos dos argumentos jurisdiccionales que le generan una incomodidad a la Cámara, eran los primeros que tenían que resolver. Lo que hizo la Cámara, y yendo ahí a tu pregunta, fue mirar el abanico de argumentos planteados sobre el fondo de la controversia y elegir uno o dos que permitieran patear todo el caso, sin entrar a decidir en las cuestiones preliminares o jurisdiccionales.

En el fondo, la Argentina presentó ante la Cámara varios puntos, si mal no recuerdo eran siete, sobre derecho argentino, que habían sido algunos de los que Preska había resuelto en contra de la Argentina. Alcanzaba con que la Cámara nos diera la razón en uno de ellos para que revirtiera la decisión y entonces no hubiera condena. Y eso es lo que ocurrió.

–El fallo de Preska fue durísimo y veníamos de un fallo por los holdouts del juez Griesa, que también había sido muy duro para la Argentina. ¿Percibió en todo ese tiempo alguna dimensión política en las decisiones judiciales? ¿Cómo pesa lo político allí? Pregunto para bien o para mal, porque también está presente la afirmación de Milei de que el juicio terminó a favor de la Argentina gracias a que él tiene buen vínculo con Trump… 

–Uno está tan imbuido en los argumentos jurídicos que a veces esas cuestiones te exceden. Yo leo el fallo en términos jurídicos porque lo jurídico está claramente presente en la decisión de la Corte de Apelación, se ve todo un desmenuzamiento detallado del argumento jurídico, con citas a, por ejemplo, decisiones de la Corte Suprema argentina. En la instancia de apelación se genera un espacio que no hay en la primera instancia, que es la posibilidad de presentar amicus. En la apelación se presentaron, como te decía, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Después, se presentaron el grupo de las diez provincias que recibieron parte de las acciones de YPF expropiadas. Y también grupos de académicos en derecho público, en derecho privado, en derecho internacional. Todo eso son cosas que se pueden hacer en Cámara, no se hacen antes porque no hay un espacio procesal. 

–Le pregunto lo mismo en referencia al ámbito local. La defensa atravesó varios gobiernos distintos. ¿Los cambios de gobierno afectaron en alguna de alguna manera las estrategias? ¿Tuvieron indicaciones distintas de los distintos procuradores a lo largo del tiempo? ¿Hubo interferencias políticas que desviaran o cambiaran las estrategias en algún momento?

–No, la verdad que no. Es reconfortante, desde lo técnico, la confianza en el equipo técnico que hubo de cada autoridad nueva que venía. En sí, lo que fue la defensa técnica o jurídica se mantuvo. 

–Durante el juicio hubo por lo menos dos intervenciones de la máxima autoridad de ese momento del país, Macri en su momento y Milei luego, con declaraciones públicas que hablaban de la ilegalidad de la acción expropiatoria argentina, es decir, que de alguna manera socavaban los argumentos técnicos con los que ustedes estaban trabajando. ¿Qué pasa con ese tipo de declaraciones? ¿Le parece que pudieron haber tenido algún efecto en el curso de la causa? 

–En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública de un lado y de otro. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior, o de hace dos administraciones, si es del oficialismo, si es del de la oposición. Hasta debates parlamentarios con declaraciones de los partidos más diversos se traen. Al leer la decisión de la Corte de Apelaciones, en este caso no veo que haya impacto. En el correr de los litigios se debate mucho sobre esto. Esto le pasa a la Argentina y les pasa también a otros estados. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades.

En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades. 

–También hubo una intervención del gobierno de Milei que de alguna manera se auto-adjudicó el mérito del éxito en la causa. ¿Qué le pasó con eso, con esa declaración? 

–Yo creo que se reconoce el trabajo de la Procuración y la Procuración viene interviniendo desde siempre, con lo cual, hay un mérito de esta administración y de las anteriores, que mantuvieron las líneas jurídicas que se habían planteado, con el equipo, con el mismo estudio jurídico extranjero, que podrían haberlos cambiado y no lo hicieron.  

–Este juicio es uno de tantos de los que hay y en los que Argentina está involucrada en los cuales los que promueven los juicios son fondos buitre que no son los damnificados directos, sino que compran los derechos a litigar. Argentina ya fue víctima de esta operatoria con el tema de los holdouts, también en Nueva York, que en ese caso perdimos. En ese momento hubo toda una serie de movimientos diplomáticos y también expresiones de especialistas que reclamaban poner fin a esa práctica de comprar derecho a litigar. Se invocó la doctrina Champerty en su momento. En 2015 parecía que iba a haber algún avance diplomático o incluso de doctrina jurídica en ese sentido. ¿En qué quedó eso? ¿Hubo algún avance en este tiempo para limitar este tipo de operatoria o estamos como en el mismo lugar que en 2015? 

–No. Que yo esté al tanto al menos, no hubo nada de eso. 

–¿Cómo imagina que va a seguir el caso por YPF? Entiendo que las chances son relativamente limitadas de que esto pueda ser apelado o que esa apelación, en todo caso, pueda ser atendida. 

–Los recursos en EE.UU. son limitados porque en general las chances de que se abran esos recursos es limitada. El éxito de un recurso ante la misma Cámara u otro ante la Corte Suprema son muy limitados en términos de porcentajes. Burford ha hablado de otra alternativa que barajan, que es llevar al tema a un arbitraje del CIADI. Acá lo que entra en juego es que en realidad este tipo de fondos se dedican a litigar, presentar reclamos y a generar incidencias procesales. Si van a un arbitraje CIADI, yo creo que la Argentina ahí tiene también una posición fuerte en varios aspectos. 

–Le hago la última: renunció hace poco, no lo sé, pero imagino que una persona de su nivel, fuera del Estado debe cobrar diez veces más de lo que ofrece el Estado, o incluso más ¿no? 

–Claro. Cuando uno elige estar en la función pública, hay mucho de vocación. Quise llegar a la audiencia con la Cámara porque en lo profesional es una experiencia increíble, sin dudas. Y en el caso puntual de la Dirección de Asuntos Internacionales, lo que le pasa es que está involucrada en litigio complejos, de mucha responsabilidad, donde están involucrados cientos de miles de millones de dólares; se precisan muchos recursos para la defensa de estos casos. Llega un punto en el que la brecha entre ese trabajo y los recursos con los que se cuenta es difícil de sostener en el tiempo.

EA/MG

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, crece el malestar de los empleados por los sueldos y porque, al mismo tiempo, observan que algunos de los nuevos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza usan los autos con chofer para pasar a retirar objetos personales. Los casos de corrupción suelen tolerarse cuando la economía va bien. Pero no cuando empeora.

A poco de comenzar el gobierno libertario, el que venía a ponerle fin a la casta política, han surgido escándalos y la aparición de nuevos se acelera: la criptoestafa $LIBRA promovida por Javier Milei, el cobro de presuntas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que empresarios vean a su hermano presidente; las valijas sin control aduanero de Leonardo Scaturicce, hombre de negocios ascendentes con vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo; sobreprecios en la compra de pañales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); supuestos sobornos del 3% a la hermana presidencial por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); vuelos privados y compra de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y ahora créditos hipotecarios del Banco Nación para un director del Banco Central, Pedro Inchauspe ($527 millones), el secretario de Finanzas, Federico Furiase ($408 millones), el director y agreviso twittero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez ($475 millones), y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira ($115 millones), conocido como Juan Doe en la red X.

En la entidad, que antes había sido denunciada por contratos de una empresa de seguridad de Adrián Menem, hermano del jefe de Diputados, no responden por el nuevo caso. ¿Tantos curros en tan poco tiempo de gestión demostraría que la nueva dirigencia que venía a enterrar la casta llegó tan angurrienta como su antecesora? Se van acumulan las denuncias de corrupción de diversos diputados opositores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Diego Giuliano, Rodolfo Tailhade y la exlibertaria Marcela Pagano.

Pero antes de los últimos destapes, en octubre pasado, el 40% de los argentinos ratificó el apoyo a Milei en una elección con una abstención historica. Enfrente estaba un Partido Justicialista (PJ) cuya líder, Cristina Fernández de Kirchner, está bajo arresto domiciliario condenada por corrupción. La inflación mensual, que era del 12% cuando el Presidente ganó el balotaje en 2023, había bajado al 2,3% y eso provocó que el Instituto de Estadística (Indec) informara este martes que la pobreza bajó del 40% en el primer semestre de aquel último año peronista al 28% en el segundo semestre de 2025. Aunque hay más desempleados y el salario alcanza para menos –eso demuestran los propios datos oficiales–, los menores saltos de los alimentos, el aumento de la asignación universal por hijo (AUH) –no así las otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar– y la necesidad de trabajar más horas en la economía informal para llegar a fin de mes explican la merma, aunque no la magnitud.

La mayoría de los expertos en estadísticas de pobreza coincide en que hay menos pobres que en el final del gobierno de Alberto Fernández –con Cristina Kirchner de vice y Sergio Massa como ministro de Economía– pero considera que la metodología estadística ha llevado a sobreestimar la cantidad que había en la gestión anterior y a infravalorar la que hay ahora. Es decir, ni era tanto como 40% antes ni era 28% al segundo semestre de 2025, antes de que en los últimos meses la inflación se afinque cerca del 3% mensual –la consultora Equilibra calcula 3,3% en marzo, por impacto de la guerra de Irán en la nafta y todo lo que se transporta, como la carne– y de que se acrecientes los despidos de industrias devenidas importadoras. O sea, digamos que la pobreza no bajó tanto como 12 puntos porcentuales, como indica el Indec, pero sí descendió. Milei dice que la bajó de 53% en el primer semestre de 2024 al 28%, pero se olvida de mencionar que él la empujó a ese 53% con la devaluación inicial de su gestión.

Y no es que la estadística esté manipulada como hacía Guillermo Moreno, condenado por haberlo hecho en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de artilugios más sofisticados en los que habían incurrido otras administraciones antes también. Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual se elabora el índice, sobreestima desde mediados de 2024 los ingresos registrados, es decir, los encuestados declaran más ingresos que los efectivamente cobrados y computados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se supone que lo mismo sucede con las entradas informales. “¿A qué obedece eso? No sabemos, mi principal hipótesis es que la baja de la inflación ayuda a que encuestados reporten mejor porque sus ingresos ahora son mas estables, varían con menos frecuencia. ¿Qué consecuencias tiene eso en la medición de la pobreza? Exagera la caída, dado que una parte de la mejora en los ingresos de los hogares no obedece a la situación real, sino a que la encuesta ahora los capta mejor”, concluye Tornarolli.

La junta de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec aclaran que el costo del reciente endeudamiento de las familias no se incluye en la canasta de pobreza y que la EPH tampoco considera transferencias no monetarias que fueron restringidas por este gobierno, como los bolsones alimentarios, las raciones en comedores, los medicamentos gratuitos y los otros recortes del PAMI y las obras sociales desfinanciadas.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), Agustín Salvia, primero juzga que es cierto que bajó la pobreza, lo atribuye a la menor inflación y la mejor de la AUH, pero advierte que existe una “ficción estadística”: “Hay una mejor captación de ingresos del sector asalariado y no asalariado (cuentapropista) informal, que es el gran motor de la caída de la pobreza. ¿Cuánto es por el crecimiento de la economía informal y cuánto por efecto de la medición? Es lo que ponemos en discusión. Además, tampoco se actualizó la canasta básica de la pobreza con el parámetro de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/2018, por lo cual los ingresos disponibles de la población se vienen achicando”. La canasta se basa en los gastos de 2004/2005, cuando pesaban menos las tarifas y los alquileres que ahora suben más que los alimentos.

Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), señala que siempre los encuestados declaran menos ingresos de los que tienen, pero la subdeclaración se redujo a partir de 2024, en coincidencia con nuevas preguntas que se agregaron ese año en el sondeo. Por eso, en Cifra-CTA ha dejado de usar la estadística de pobreza. También lo había hecho en la era kirchnerista, a pesar de su sintonía política. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se desempeña Hernán Letcher, también señala el problema de la composición de la canasta y la captación de ingresos no laborales a partir de más de 20 preguntas nuevas o modificadas respecto a 2023. Aquí abajo se las transcribe.

Pero Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejan la reducción de la pobreza. El jefe del Palacio de Hacienda desbordó optimismo en la reunión de este lunes con la Asociación de Supermercados (ASU), con su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, y los representantes de las grandes cadenas La Anónima, atendida por sus propios dueños Nicolás y Federico Braun; Carrefour, Néstor Sist; Changomás (de Francisco de Narváez, que se quedó con las ganas de comprar la filial del gigante francés porque no le alcanzó el financiamiento de Jorge Brito, dueño del Banco Macro), Juan Quiroga; la española Día, Agustín Ibero; la chilena Cencosud, Alejandro Arruiz; y Coto, Rodolfo Bava. Aunque uno de ellos le reconoció que vende 30% menos, Caputo dijo que la economía crece al 5%, que sin la guerra estaría en 10% y prometió que en dos meses la construcción “explotará” y derramará sobre el consumo. ¿Será por el inicio de obras mineras y gasíferas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)? Por lo pronto, la economía habría caído 1,5% en febrero y apuntaría a crecer sólo 2,5% en todo 2026, según Equilibra, la firma que dirige Martín Rapetti.

En el empresariado resuenan incógnitas. En primera lugar, si este modelo económico generará trabajo. Por ahora las empresas cierran producción local para abastecer desde China o incluso Brasil, donde tienen menos costos, más apoyo estatal, más escala y no hay cepo cambiario. Con los dólares del campo, Vaca Muerta y la minería se pueden cubrir las importaciones, pero no crear trabajo, que sólo se expande en la informalidad, a imagen y semejanza de Perú, el ejemplo citado por Caputo. La segunda duda es justamente cuándo se liberará el cepo a las compañías. Hay quienes en el equipo económico sugieren hacerlo ahora que sobran divisas, sobre todo de la cosecha de soja y maíz, pero en las charlas de madrugada de Milei y el ministro de Economía el presidente le explica por qué en el mercado cambiario es mejor que la libertad no avance. Le temerá quizás a un salto cambiario en la segunda mitad del año, cuando finalice la recolección de granos.

En el establishment, que se reunirá a fin de mes en el Foro Llao Llao, también preocupa lo que perciben como odio de Milei a los empresarios, empezando por Paolo Rocca. No por nada suenan eventuales presidenciables que salgan del propio mundo de los negocios. Mauricio Macri, cuyo nombre no se descarta para que el PRO retenga la ciudad de Buenos Aires en 2027, habla de Marcos Galperin, que dejó este año el día a día como CEO de Mercado Libre aunque sigue de presidente. En el PJ, el armador Juan Manuel Olmos dice que se necesita un outsider para desplazar al outsider y sondeó al presidente y accionista de Prestige Auto, Daniel Herrero, que tiene la licencia de Mercedes-Benz para vender acá sus autos y fabricar la Sprinter. Olmos también motoriza un armado federal y unas primarias para definir el candidato junto a diputados como Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Gustavo Bordet. Creen que hay que disipar los temores del electorado a una victoria peronista prometiendo equilibrio fiscal, pero no a costa de hipotecar el futuro destruyendo ahora la infraestructura, la ciencia y la educación.

Habrá que ver si uno de los pretendientes presidenciales peronistas, Axel Kicillof, logra alejar esos miedos, como lo hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer triunfo electoral en 2002, cuando abjuró de su anticapitalismo de elecciones pasadas. Kicillof no es anticapitalista, pero necesita despejar fantasmas. Ahora que la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón con la expropiación del 51% de YPF, puede demostrar que no estaba equivocado. Una victoria para él, para su entonces jefa, Cristina Kirchner, y para Milei, que logró el fallo a pesar de que estaba en contra de la reestatización. En cambio, entre los perdedores está el estudio litigante Burford, pero también Repsol y los Eskenazi. Si el fondo británico ganaba el juicio por US$16.000 millones -todavía puede apelar a la Corte Suprema de EE UU o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, debía destinar el 30% de lo ganado a solventar la quiebra de Petersen Energía, la empresa que armaron los Eskenazi para comprar en 2008 el 25% de YPF que estaba en manos de Repsol en una negociación mediada por Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Kirchner y su viceministro de Economía Kicillof nacionalizaron el 51% de YPF y decidieron que las ganancias de la petrolera se destinaran a la inversión y no a los accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para pagar el préstamo que Repsol y bancos internacionales les dieron para adquirir el 25% de YPF. Por eso, iniciaron su concurso preventivo en el juzgado de instrucción 3 de Madrid, donde habían radicado Petersen Energía. En ese proceso fue que Burford adquirió el derecho de los Eskenazi a litigar por la expropiación. Como el estudio británico por ahora perdió la batalla legal en EE UU, no podrá dirigir el 30% a pagar las deudas de Petersen Energía: se trata de US$2.126 millones verificados en 2013, más los intereses de 13 años. Más de la mitad se le debe a Repsol. El resto, al Santander, el Credit Suisse y el brasileño Itaú, entre otros. Curiosamente, en Repsol niegan que estén involucrados en ningún proceso vinculado a su etapa en Argentina, después que CFK y Kicillof los indemnizaran en 2014. Los Eskenazi, que se exponen a dejar impagas sus deudas y el consiguiente desprestigio, también se deslindan del caso y lo dejan en manos del administrador concursal.

El asesor financiero Sebastián Maril, que sigue el juicio de Burford desde el inicio, asegura que si el fondo logra revertir la sentencia, los dueños de los bancos Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos no ganarán dinero sino que podrán saldar las deudas de Petersen Energía con Repsol y las entidades internacionales. A su vez, sostiene que en ese caso -por ahora remoto- si Repsol algún día cobra, podría enfrentar una demanda del Estado argentino con el argumento de que no puede reclamar más después del contrato amigable de indemnización de 2014. “Repsol se va a quedar con lo que le llegue y la peleará para no devolverlo”, pronosticó Maril.

AR/MG

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó “prudencia” al presidente Javier Milei tras el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la causa por YPF y advirtió que respaldar los argumentos de los demandantes “es muy riesgoso para el país”.

“Que el presidente les dé la razón a quienes pretendían quedarse con YPF no solo es contrario a los intereses del país, sino que además es muy riesgoso en el caso de que surjan nuevas apelaciones”, sostuvo Kicillof durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense. En ese marco, remarcó que ahora “es total responsabilidad” del Gobierno nacional defender a la Argentina en el plano judicial.

El mandatario provincial consideró que las declaraciones oficiales pueden convertirse en argumentos utilizados por los llamados fondos buitre en instancias futuras del litigio. “Si alguien insiste en que tenían razón los demandantes, sigue dando argumentos para una apelación”, advirtió.

Kicillof también reivindicó la expropiación de la compañía realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó las políticas de privatización de la década de 1990. “YPF fue un ejemplo del vaciamiento de activos estratégicos para el país. Con la recuperación del control logramos revertir esa tendencia”, afirmó, y acusó a la actual gestión de “apostar nuevamente al mismo plan privatizador”.

En ese sentido, el gobernador apuntó contra sectores que, según dijo, “están del lado de los grupos que atentan contra el país” y sostuvo que “primero deben estar los intereses nacionales y la soberanía”. “No podemos permitir que, para oponerse al peronismo, elijan estar del lado de los fondos buitre”, enfatizó.

Además, Kicillof puso el foco en el impacto económico de la política energética y pidió utilizar a YPF como herramienta para amortiguar subas en los combustibles. “En un momento de alta volatilidad, en el que el litro de nafta en la Argentina supera los $2.000, el país cuenta con una empresa que puede intervenir sobre los precios internos. Llamo al Gobierno a cuidar el bolsillo de los argentinos”, señaló.

Por último, el mandatario defendió el rol de la petrolera como motor de desarrollo y advirtió sobre el riesgo de exportar recursos sin valor agregado. “YPF debe ser una palanca para la industrialización y para generar un proceso productivo en el país. La riqueza de Vaca Muerta tiene que servir para el desarrollo argentino”, concluyó.

CRM

El 3 de abril de 2025, en Nueva York, los ejecutivos de Burford Capital convocaron a sus accionistas a uno de sus eventos más importantes del año: el Investor Day. En el salón donde se discutía el futuro del fondo de litigios más grande del mundo, apareció en pantalla una filmina con un título que era casi una confesión: “El proceso de YPF será ruidoso, pero vemos algunas tendencias positivas”. Las “tendencias positivas” no eran datos del mercado financiero global. Eran frases del presidente Javier Milei.

La primera de esas frases correspondía a una entrevista de Milei con Chiche Gelblung en Crónica TV del 9 de octubre de 2023, cuando todavía era candidato. “¿Eso incluye los 16.000 millones de dólares de YPF?”, preguntó Gelblung. “Pará, pará, pará. Sí. Eso también tiene que pagarse. Es el error de Kicillof. Tiene que pagarse”, respondió Milei. La segunda cita era del 26 de diciembre de ese mismo año, ya electo, en una entrevista con Luis Majul en La Nación+: “Acá tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos 16.000 millones de dólares, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”.

Debajo de las citas, Burford incluyó tres indicadores macroeconómicos de la gestión Milei como prueba de que el cobro era viable: el déficit fiscal había pasado de -15% del PBI a un superávit de 0,3%; la inflación mensual había bajado del 25% al 2,4%; el riesgo país se había desplomado de 1.920 a 784 puntos. Y un párrafo sobre el FMI: el acuerdo que antes parecía imposible estaba cerca de cerrarse, lo que haría “manejable” la deuda argentina.

El mensaje para los inversores era inequívoco: el presidente del país deudor había reconocido públicamente la deuda dos veces. La economía mejoraba. Argentina podía pagar y, en sus propias palabras, quería hacerlo.

Un negocio construido sobre un solo juicio

Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, alcanza con recorrer las otras filminas de esa misma presentación. En la filmina 8, dedicada al resumen del negocio, Burford organizó su propuesta de valor en tres columnas. Las dos primeras describían su trayectoria y sus proyecciones de crecimiento. La tercera decía, escuetamente: “YPF es una fuente adicional potencial de flujos de caja robustos y retornos”. Era el único activo mencionado por nombre en toda la arquitectura del negocio.

En la filmina 19, donde proyectaban el crecimiento del portafolio hasta 2030, el gráfico llevaba una aclaración que lo decía todo: los US$5.500 millones proyectados estaban calculados “excluyendo activos relacionados con YPF”. YPF era tan grande que distorsionaba cualquier proyección y había que sacarlo para que los números del negocio ordinario tuvieran sentido.

La filmina 27 ponía los números sobre la mesa: Burford había desplegado apenas US$77 millones en el caso hasta diciembre de 2024. A cambio, tenía derecho a aproximadamente el 35% de la recuperación del caso Petersen, cuya sentencia ascendía a US$14.400 millones más intereses acumulando al 5,42% anual. Para marzo de 2025, esos intereses ya sumaban US$1.200 millones adicionales.

La filmina 44 completaba el cuadro con una frase que resumía la apuesta: “Creemos que los activos relacionados con YPF entregarán en última instancia una recuperación de diez cifras para Burford, pero el riesgo litigioso persiste”. Diez cifras: es decir, más de US$1.000 millones para el fondo. Y luego la confirmación: “El fallo final es una victoria completa contra Argentina de USD 16.000 millones, en el extremo alto del rango posible de daños.”

Pero la filmina 100 mostraba la otra cara de esa concentración. Entre los factores que amenazaban su retorno sobre el capital, Burford listaba: “YPF es una gran porción de nuestra base de activos. Con aproximadamente el 40% del valor razonable, puede deprimir el ROE en períodos en que no tenemos impacto de hitos”. El fondo más grande de litigios del mundo dependía, en un 40% de su valor, de ganarle un juicio a la Argentina.

La filmina 104, en el cierre de la presentación, lo reconocía con inusual franqueza: “El asunto YPF es un ejemplo fundamental de nuestro modelo de negocio… pero la escala lo convierte en un desafío de valuación”. Y luego: “Reconocemos que evaluar los activos relacionados con YPF es un desafío para los inversores que construyen una tesis de inversión.”

La filmina 106 listaba las tres prioridades estratégicas de la empresa para los próximos años. La segunda, en el medio de las tres, era: “Monetizar los activos relacionados con YPF”. No era un activo entre muchos. Era uno de los tres objetivos centrales de toda la compañía.

Comprar un pleito para hacer negocios

Burford Capital no es un fondo de inversión tradicional. Es una firma especializada en comprar litigios y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Su modelo es simple y brutal: adquiere los derechos de un juicio a bajo precio, financia los costos legales y cobra una parte sustancial si gana.

En el caso YPF, según detalla la filmina 26, la historia empezó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner re-nacionalizó YPF y, según alegaron los demandantes, incumplió el contrato con los accionistas al no hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las acciones que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. En 2015, Burford ganó un proceso competitivo para financiar la demanda del Grupo Petersen –de la familia Eskenazi, vinculada a los Kirchner– cuya empresa española había entrado en quiebra. Las acciones de YPF eran el único activo de esa compañía y no había dinero para costear el litigio. Burford puso el dinero a cambio de una porción de lo que se obtuviera. Invirtió, en total, US$77 millones a lo largo de años de litigación. A cambio, tenía derecho al 35% de una sentencia que la jueza Loretta Preska fijó en US$16.000 millones.

El hombre de Wall Street y el lobby en Buenos Aires

Con el fallo de primera instancia en la mano y la apelación pendiente, Burford no se quedó esperando en los tribunales. Montó una operación política paralela. Para eso contrató a Gerry Mato.

Mato es un argentino radicado en Wall Street desde hace décadas, con un extenso paso por el banco HSBC, que oficia de puente entre la comunidad financiera neoyorquina y la política argentina. Su nombre no es conocido masivamente, pero su rol en los últimos años fue decisivo en momentos clave. Fue él quien organizó, después de las PASO de 2023, la visita de Milei y su equipo económico a Nueva York para “presentarlo en sociedad” ante inversores y ejecutivos. En su casa de Greenwich Village se tejieron los primeros contactos entre el entonces candidato libertario y el establishment financiero internacional. 

Ese mismo Mato fue contratado por Burford para hacer lobby a favor de un acuerdo extrajudicial. Sus emisarios llegaron a Buenos Aires con un mensaje preciso: el descuento que Burford estaba dispuesto a aceptar se reducía con el paso del tiempo. Cada nuevo fallo favorable, cada instancia ganada, encarecía el arreglo. Conocían a Luis “Toto” Caputo y a otros funcionarios, pero la Procuración del Tesoro había dado una orden clara: no abrir ninguna instancia de negociación.

La estrategia de la apelación fue conducida desde la Procuración del Tesoro por Sebastián Amerio, quien asumió el cargo hace pocas semanas tras ser viceministro de Justicia, ungido ahí por Santiago Caputo, quien tiene sus propios vínculos con el poder republicano norteamericano a través de Leonardo Scatturice. Junto a Amerio trabajaron los subprocuradores Santiago Castro Videla y Juan Ignacio Stampalija. Desde Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy –también ficha caputista– coordinó la posición institucional del Ejecutivo.

De esos nombres es un dato aparte Castro Videla, quien es socio del estudio “Bianchi, Galarce y Castro Videla”. Lo llamativo es que Alberto Bianchi fue contratado por Burford Capital y por ese vínculo Castro Videla se excusó formalmente de intervenir en el caso YPF.

El equipo contó además con la participación de Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro en el macrismo, cuya experiencia acumulada en el caso desde gestiones anteriores resultó clave para darle continuidad técnica a una defensa que, en sus argumentos centrales, no había cambiado de un gobierno al otro, ni siquiera durante el kirchnerismo.

Ese último punto es el que más incomoda al oficialismo. “El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior”, explicó el abogado Sebastián Soler.

La posición argentina: aguantar y apelar

La Procuración del Tesoro, junto al estudio Sullivan & Cromwell, sostuvo durante todo el proceso que había argumentos sólidos para revertir el fallo. El primero: Argentina no había renunciado a su inmunidad soberana en este caso y la expropiación había seguido los pasos constitucionales. El segundo: el monto estaba groseramente mal calculado. Preska había convertido la indemnización al tipo de cambio del dólar de 2012, cuando el peso valía unos cuatro pesos y medio. Argentina argumentaba que debía usarse el tipo de cambio de 2023, cercano a los 270 pesos. Esa diferencia transformó una condena en pesos de pocos cientos de millones en el juicio más importante de la historia de Burford.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó el viernes la sentencia de Preska. Los jueces determinaron que los reclamos de los accionistas minoritarios no se ajustan al derecho argentino y que los estatutos de YPF no generaban un vínculo contractual directo entre el Estado y esos accionistas que obligara a hacer la OPA. Argentina ganó en la instancia decisiva.

El impacto fue inmediato: las acciones de Burford Capital se desplomaron más de un 35% en Wall Street en la misma jornada del fallo. El fondo que había apostado el 40% de su valor total a un solo juicio –el que usó las palabras de Milei para calmar a sus inversores apenas meses antes– se encontró de repente con las manos vacías. El viernes a la tarde-noche se conoció un comunicado de Burford donde se cuestiona la decisión de la Cámara de Apelaciones y anticipa que “eventualmente” acudirá a la Corte Suprema, además de considerar seriamente un arbitraje internacional de inversión contra Argentina.

Las filminas del Investor Day de abril de 2025 quedaron como el documento de una derrota que nadie en Burford quiso anticipar: la empresa que se jactaba ante sus accionistas de tener “la voluntad de pagar” de un presidente como aval, perdió el juicio más grande de su historia.

MC

El fallo a favor de la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio al Gobierno el impulso político que necesitaba para intentar dar vuelta la página del escándalo que envuelve desde hace semanas a Manuel Adorni. Por eso apenas conocida la noticia la usina virtual del mileísmo salió a invadir las redes sociales, con la particularidad de que fue el entorno del asesor Santiago Caputo –el asesor presidencial en conflicto con Karina Milei– quien motorizó la narrativa oficialista.

La usina caputista buscó posicionar a dos de los suyos como los protagonistas de la estrategia judicial argentina: la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, encargada de custodiar la firma del Presidente, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, hasta hace pocas semanas secretario de Justicia. Sin embargo la estrategia judicial del mileísmo respetó los lineamientos de gestiones anteriores, como la de Alberto Fernández y hasta de Axel Kicillof cuando fue el impulsor de la expropiación de YPF.

Qué se ganó y por qué

Para entender el peso del fallo hay que remontarse a 1993, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem se privatizó YPF y se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios: cualquier entidad que adquiriera el control de la compañía debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición para comprarles sus acciones a precio de mercado. Casi veinte años después, en abril de 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes a la española Repsol. La defensa argentina –liderada en ese momento por Kicillof como viceministro de Economía– argumentó que la ley de expropiación, al ser de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados. Los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna.

En 2015, el fondo Burford Capital compró por 15 millones de euros los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España al no poder pagar los créditos con los que habían adquirido su 25% de YPF. Burford demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado había actuado como un inversor privado y no cumplió las reglas de mercado de la propia empresa. En marzo de 2023, la jueza Loretta Preska declaró a la Argentina responsable por incumplimiento de contrato. En septiembre de ese año fijó el monto de la condena en US$16.100 millones –US$8.400 millones en daños y US$7.600 millones en intereses retroactivos al 8% anual desde abril de 2012– cargando la totalidad sobre el Estado nacional y eximiendo a YPF S.A. Argentina apeló. Este jueves, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena y ordenó la revisión total del proceso.

La estrategia de la apelación fue conducida desde la Procuración del Tesoro por Sebastián Amerio, quien asumió el cargo hace pocas semanas tras ser viceministro de Justicia. Junto a él trabajaron los subprocuradores Santiago Castro Videla y Juan Ignacio Stampalija. Desde Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy coordinó la posición institucional del Ejecutivo. El equipo contó además con la participación de Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro, cuya experiencia acumulada en el caso desde gestiones anteriores resultó clave para darle continuidad técnica a una defensa que, en sus argumentos centrales, no había cambiado de un gobierno al otro.

Ese último punto es el que más incomoda al oficialismo en el festejo de hoy, y que el abogado Sebastián Soler sintetizó con precisión en X: “Ya había coincidencia en que haber expropiado YPF benefició al país, pero algunos porfiaban que se había 'expropiado mal' y que eso 'nos iba a costar US$16.000 millones de dólares'. Desde hoy, ya no lo pueden decir. El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior.” Una lectura incómoda para el oficialismo, que festejaba la victoria como propia pero que en los hechos había continuado la estrategia legal del kirchnerismo.

La usina caputista tomó la delantera

El propio Santiago Caputo fue el primero en marcar el tono libertario. Con su habitual lenguaje críptico, publicó en X: “Las Fuerzas del Cielo operan de maneras misteriosas”, acompañado de una imagen que mostraba el derrumbe de la acción de Burford Capital. El fondo inglés, gran perdedor del día, vio sus acciones caer más de un 36% en la Bolsa de Estados Unidos apenas conocida la noticia. Horas después, Caputo volvió a postear, esta vez en clave más mística que política: “La Diosa Fortuna nos otorgó a los argentinos el privilegio de encontrarnos con Javier G. Milei para que salve el país. No perdamos esta oportunidad.” Un mensaje que, leído en clave interna, era también una declaración de principios frente a su propia pelea interna en la Casa Rosada.

La militancia digital amplificó sin matices. Agustín Romo, una de las cuentas más activas del ecosistema oficialista, escribió: “El mayor logro jurídico de la historia argentina lo hizo este gobierno. El de Javier Milei. Y los argentinos nos ahorramos 18 mil millones de dólares. Impresionante el laburo de todo el equipo legal, en especial el de la Dra. María Ibarzabal Murphy.” Minutos más tarde, ante la reacción opositora, Romo subió la apuesta: “Da lástima el peronismo queriendo adjudicarse el logro de ganar el juicio de YPF. Si ellos eran gobierno, en Estados Unidos nos condenaban a pagar diez mil veces más de lo que pedía Burford. Ustedes pactaron con Irán. Se piensan que es gratis? Boludísimos realmente.”

Milei y Kicillof como blanco

Milei no se quedó atrás en los improperios. En un discurso en un Centro de Capacitación de Capital Humano, el Presidente dijo que “tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. La frase fue aplaudida por su tropa pero desnudó también una operación política: Milei encontró en el gobernador bonaerense el rival más cómodo, el que le permite unificar a su electorado y correrse del escándalo Adorni con un solo movimiento. El comunicado oficial de la Casa Rosada fue, en ese sentido, más prolijo pero igualmente contundente: señaló que “las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria”.

La paradoja, sin embargo, es que el argumento con el que la Argentina ganó en Nueva York es exactamente el que Kicillof esgrimió en 2012: que la expropiación fue un acto soberano amparado por la ley nacional, no una operación de mercado. El gobernador bonaerense no tardó en señalarlo. Respondió en redes sociales que “la Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras”, y sostuvo que el resultado era “un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana”. Afirmó además que los abogados del Estado habían defendido en Nueva York los mismos argumentos que él sostuvo siempre, señalando la contradicción de un gobierno que criticaba la estatización mientras sus propios letrados la defendían.

Cristina Kirchner fue más institucional pero igualmente reivindicativa. Agradeció “como ex Presidenta y como ciudadana” al estudio Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la defensa del Estado desde 2020, y sostuvo que “la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”. Añadió que la decisión política de recuperar YPF “fue estratégica para el país” y que la posición argentina “siempre fue apoyada por Estados Unidos en las administraciones demócrata y republicana”. El fallo, en ese sentido, le daba un argumento que venía esperando hace años: la misma Cámara de Apelaciones que absolvía a la Argentina validaba, técnica y jurídicamente, la lógica de la nacionalización de 2012.

MC

El presidente Javier Milei se dirigió al país en cadena nacional tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto la condena contra la Argentina en el caso YPF. El mensaje, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, incluyó fuertes cuestionamientos a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof por la expropiación de la petrolera en 2012.

“Estos personajes del pasado nos llevaron a una aventura suicida”, sostuvo el mandatario, quien estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos judiciales que atraviesa este último.

Milei también destacó el rol del equipo legal del Gobierno al señalar que “gracias a la capacidad jurídica se logró revertir una situación adversa y cambiar el rumbo”. En esa línea, afirmó: “Logramos sacarnos de encima una amenaza heredada de administraciones populistas”.

El Presidente apuntó nuevamente contra la dirigencia anterior al advertir que “Cristina Kirchner y Axel Kicillof intentan adjudicarse este resultado”, y remarcó que el proceso iniciado en 2012 “podría haber dejado al país sin YPF y obligado a afrontar un pago de 16.000 millones de dólares, con un fuerte impacto en el desarrollo económico”.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado sostuvo que “expropiar está mal porque implica vulnerar derechos”, y cuestionó al populismo al afirmar que “puede generar resultados aparentes en el corto plazo, pero trae consecuencias negativas a futuro”. Además, planteó que “la mejor forma de proteger intereses estratégicos es a través de inversiones y seguridad jurídica”.

Por último, Milei subrayó que el fallo constituye “una decisión histórica” y aseguró que su gestión busca evitar que situaciones similares se repitan. En ese sentido, recordó que el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de reforzar la protección de la propiedad privada en el país.

Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la condena contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salieron a fijar posición con mensajes en redes sociales en los que reivindicaron la decisión tomada en 2012 y cuestionaron el discurso del presidente Javier Milei.

Kicillof sostuvo que la resolución judicial “deja en evidencia años de mentiras” en torno a la nacionalización de la petrolera y apuntó contra lo que definió como un “relato impulsado por los buitres” para desacreditar una decisión soberana del Estado argentino. En ese sentido, rechazó las críticas que durante años se dirigieron a su rol como entonces viceministro de Economía y afirmó que los argumentos jurídicos defendidos por el país en los tribunales estadounidenses fueron los mismos que el kirchnerismo sostuvo desde el inicio del litigio.

“El ‘impuesto Kicillof’ nunca fue más que una operación”, aseguró, en referencia a las críticas instaladas por sectores de la oposición y amplificadas por el actual oficialismo. Para el mandatario bonaerense, el cuestionamiento a la expropiación no apuntaba a una figura individual sino a poner en discusión la potestad del Estado de tomar decisiones estratégicas sobre sus recursos.

En esa línea, defendió la recuperación de YPF como “una de las decisiones más importantes de las últimas décadas” y la vinculó con el desarrollo energético del país, en particular con el impulso a Vaca Muerta. “Hoy es una palanca de desarrollo y clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”, afirmó. Además, criticó con dureza a Milei, a quien acusó de “actuar como empleado de intereses extranjeros” y de no haber defendido la empresa estatal.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner adoptó un tono más institucional, aunque igualmente enfático en la defensa de la medida. La ex mandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la defensa argentina desde 2020, y destacó que el fallo ratifica un principio central: que los estatutos de una empresa no pueden imponerse sobre la Constitución y el orden jurídico de un país.

“Es reconocer la soberanía de los Estados”, subrayó, al tiempo que consideró que la decisión judicial deja en claro que la expropiación de YPF “se hizo conforme a derecho”. En una serie de posdatas, también remarcó que la posición argentina fue respaldada por distintas administraciones de Estados Unidos y reivindicó el carácter estratégico de la medida.

En ese sentido, vinculó la recuperación de la petrolera con los resultados actuales del sector energético. Señaló que, gracias al desarrollo de Vaca Muerta desde 2012, la Argentina logró revertir su balanza energética y alcanzar superávit por miles de millones de dólares, un dato que utilizó para reforzar la idea de que la decisión tuvo efectos estructurales positivos.

Los pronunciamientos de Kicillof y Fernández de Kirchner se conocieron luego de que el presidente Milei celebrara el fallo como un logro de su gestión y volviera a cargar con dureza contra ambos dirigentes. La decisión de la justicia estadounidense, que aún puede ser apelada ante la Corte Suprema de ese país, reconfigura un litigio de más de una década y reaviva la disputa política local en torno a uno de los capítulos más controvertidos de la política energética argentina reciente.

El presidente Javier Milei celebró este viernes el fallo de la justicia de Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF, que representa un giro clave en el litigio y podría evitar que la Argentina pague entre 16.000 y 18.000 millones de dólares. En ese contexto, el mandatario no sólo reivindicó la decisión judicial como un hito para su gestión, sino que además lanzó una serie de duros insultos contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y escenificó un respaldo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano, Milei sostuvo que el resultado del juicio constituye “el mayor logro jurídico de la historia” y lo atribuyó al trabajo de la Procuración del Tesoro, del titular de YPF, Horacio Marín, y del equipo de abogados del Estado. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos”, afirmó, en referencia al fondo que impulsó la demanda contra el país.

Sin embargo, el presidente centró buena parte de su discurso en cuestionar el origen del litigio, vinculado a la expropiación de la petrolera en 2012. En ese marco, apuntó directamente contra Kicillof, quien fue ministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof”, lanzó, en línea con el tono confrontativo que caracteriza sus intervenciones públicas.

El mandatario también utilizó sus redes sociales para amplificar el mensaje y subrayar la magnitud económica del fallo. Según sostuvo, el escenario favorable obtenido tenía menos del 15% de probabilidades de ocurrir y permite que el país “no deba pagar nada” de la suma reclamada en tribunales neoyorquinos. Desde el oficialismo remarcaron que esto implica un alivio significativo para las cuentas públicas en un contexto de fragilidad financiera.

En paralelo, la actividad funcionó como una señal de respaldo a Manuel Adorni, quien atraviesa cuestionamientos por sus viajes y por presuntas propiedades no declaradas. El jefe de Gabinete fue uno de los protagonistas del acto y también apareció en imágenes difundidas por el Gobierno para celebrar el fallo, en lo que fue interpretado como un intento de blindarlo políticamente.

Si bien Milei evitó referirse de manera directa a las denuncias que rodean al funcionario, le dedicó un gesto explícito: “Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”, afirmó, ante su presencia en primera fila. La escena se completó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sobre esta última, el presidente también ensayó una defensa enfática frente a las críticas opositoras y mediáticas. La definió como la funcionaria más “torpedeada” de su gabinete y elogió su gestión por “cortar el curro de los intermediarios de la pobreza”, en un discurso que volvió a cargar contra lo que denomina “los gerentes de la pobreza” y los “medios ensobrados”.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos revocó la condena contra la Argentina y ordenó revisar la sentencia que había sido dictada en primera instancia. La decisión representa un cambio sustancial en el proceso judicial, que durante años puso en riesgo una cifra millonaria para el Estado argentino.

En la Casa Rosada, la resolución fue recibida con euforia y se interpreta como una validación de la estrategia jurídica del Gobierno. La administración de Milei busca ahora capitalizar el resultado como un ejemplo de eficiencia en la defensa de los intereses nacionales, en un escenario atravesado por tensiones políticas internas y cuestionamientos a algunos de sus principales funcionarios.

CRM

La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. 

De esta manera, la Cámara de Apelaciones de Nueva York invalidó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el resarcimiento multimillonario. No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. 

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, afirma el fallo que firman los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Además, el tribunal sostuvo que los “reclamos ”de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento“.

La reacción de Milei

Al conocerse la noticia, el presidente Javier Milei se adjudicó el logro en redes sociales: “GANAMOS EL JUICIO DE YPF. La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, posteó el mandatario, junto a una foto en la que está acompañado por su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. 

Ya en medio de un acto en el barrio porteño de La Paternal, el mandatario fue menos diplomático y desplegó su furia contra el Gobierno en el que se originó la causa: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, el imbécil, el incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó, sin filtro.

Y agregó: “Y ahora vengan a decir 'ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos; ah, pero el mameluco; ah, pero la gestión'... Acá está la gestión: 18 mil millones de dólares”.

El antecedente que anticipó el fallo y el origen de la causa

Días atrás, una corte de apelaciones de los Estados Unidos había aceptado la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país suramericano en el millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF hasta tanto se dictara una sentencia de fondo en el caso.

Fuentes oficiales informaron que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos aceptó este miércoles la solicitud de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de 'discovery' (descubrimiento de pruebas) orientado a ejecutar una sentencia en contra del país dictada en 2023 por la jueza superior del distrito de Nueva York Loretta Preska.

El tribunal de alzada suspendió el proceso de 'discovery' a la espera de la resolución de la apelación presentada por Argentina contra el fallo condenatorio por 16.000 millones de dólares.

Poco después de conocerse la decisión, el presidente argentino, Javier Milei, describió la medida como “histórica y sin precedentes”.

“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país”, expresó en un comunicado, y subrayó que la resolución “refleja el reconocimiento por parte de la Justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”.

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y aprobada por el Congreso en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El fallo fue apelado por Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

En junio de 2025, Preska ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y cuenta con activos por 29.439 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.044 millones de dólares.

La cronología de los hechos

El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.

En aquel momento, se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios, que establecía que cualquier entidad o persona que adquiriera el control de la compañía (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los socios restantes, pagando un precio predeterminado por fórmula.

En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes en su mayoría a la española Repsol.

El argumento de la defensa argentina en aquel momento, liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue que la ley de expropiación, al ser una norma de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados de la empresa.

En consecuencia, los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna por sus papeles.

En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de YPF.

Burford, junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.

Tras años de idas y vueltas sobre la jurisdicción (Argentina pretendía que el juicio se hiciera en Buenos Aires), la jueza Loretta Preska determinó en marzo de 2023 que el país era responsable por incumplimiento de contrato.

En septiembre de ese mismo año, la magistrada fijó el monto de la sentencia en US$16.100 millones de dólares, basándose en la fecha en que Argentina tomó el control de la empresa (16 de abril de 2012) y aplicando una tasa de interés retroactiva del 8% anual: daños principales: US$ 8.400 millones e intereses devengados: US$ 7.600 millones.

La jueza eximió de responsabilidad a la empresa YPF S.A., cargando la totalidad de la deuda sobre el Estado Nacional. Argentina apeló esta decisión ante el Segundo Circuito, argumentando que la jueza interpretó erróneamente el derecho local y violó la inmunidad soberana.

Tras el primer fallo de Preska, Burford inició un proceso de Discovery, por el cual pretendía detectar activos de la Argentina que fueron sujetos a embargos para cobrar el fallo.

Hace dos semanas, la misma Cámara de Apelaciones ordenó frenar estos procesos y ahora anuló el fallo de la jueza.

Fechas clave

1993 — PRIVATIZACIÓN

Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.

2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN

El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.

ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN

El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.

2015 — INICIO DE DEMANDA

Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.

2023 — CONDENA INICIAL

La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.

MARZO 2026 — ANULACIÓN

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. 

Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

Con información de la agencia NA

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente. 

Así lo expresó Marín en un posteo oficial en su cuenta de X: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

“@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía. 

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, cerró.

Para Milei, el alza del precio del petróleo beneficiará a Argentina como exportadora

El presidente Javier Milei insistió en que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo. “Es probable que para la segunda mitad del año todos los procesos bélicos hayan encontrado un final y entonces, en ese contexto, los precios se acomoden. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, afirmó desde Nueva York, donde participa del Argentina Week, previo a su viaje a Chile para la asunción de José Antonio Kast. 

Milei afirmó el alza del precio internacional del petróleo - que ya superó los 100 dólares por barril-, en pleno conflicto en Medio Oriente, beneficiará a la economía argentina debido a su condición de “exportador neto” de energía.

“Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo, Argentina es exportador neto”, aseguró el mandatario, al tiempo que indicó que el alza del crudo y de otros productos básicos que exporta el país podrían mejorar los términos de intercambio y fortalecer la posición externa de Argentina.

Señaló, además, que el contexto internacional también impulsa los precios de los principales productos agrícolas que exporta Argentina.

“Están subiendo todos los granos que exporta Argentina: soja, maíz, girasol”, dijo el jefe de Estado y añadió que el escenario mundial abre una oportunidad para fortalecer las reservas internacionales del país durante los próximos meses.

“Los términos de intercambio de Argentina están mejorando muy fuertemente. Con precios más altos, que se esperan que sean transitorios, usted se va a apurar a exportar”, manifestó en declaraciones a Now97.9.

La flexibilización de la ley de contratos de trabajo ya está vigente. En teoría busca bajar el costo laboral de las empresas para mejorar su eficiencia y, en el mejor de los casos, que contraten más empleados. Pero hace dos meses en este diario el historiador y ensayista Ezequiel Adamovsky se preguntaba por el costo patronal, es decir, cuánto les cuesta a las empresas sostener a sus máximos ejecutivos. Es un interrogante que se formulan las naciones a las que incluso Javier Milei suele presentar como modelo.

En países con mercados de capitales más desarrollados, donde un mayor porcentaje de la población invierte en bolsa, como Estados Unidos o España, las compañías que cotizan de manera pública deben informar cuánto cobran sus CEO y el resto de su primera plana e incluso compararlo con lo que ganan sus trabajadores promedio. De esta manera, tanto los accionistas pueden tomar conciencia de cuánto retribuyen a sus empleados de mayor rango y cotejarlo con las ganancias de la firma, pero esta información también ha alimentado sobre todo debates sociales sobre la desigualdad de ingresos entre los que más tienen, que suelen amasar cada vez más, y los que que menos tienen, que suelen constituirse en variable de ajuste para la ganancia de productividad.

“A nivel global, la remuneración promedio de un director ejecutivo o CEO se ha disparado un 50% en términos reales desde 2019 hasta alcanzar US$4,3 millonesen 2024, según datos de Oxfam”, cuenta el economista de esta ONG británico en su filial de México, Diego Merla. “Esto representa un ritmo de crecimiento 56 veces mayor que el del salario de las personas trabajadoras. Sumado a esto, es cada vez más común que los CEOs sean también ultraricos -es decir, millonarios con más de US$1.000 millones de patrimonio-, por lo que dicho aumento está directamente relacionado con el hecho de que en 2025 la concentración de la riqueza alcanzará un máximo histórico a nivel mundial. La riqueza combinada de los milmillonarios aumentó un 81% desde 2020 hasta alcanzar los US$18,3 billones. En América Latina y el Caribe la situación es aún más crítica: en el último año, la riqueza de los milmillonarios creció cerca de 39%, aproximadamente 16 veces más rápido que la economía regional. Este proceso de acumulación extrema se traduce en mayor influencia política. En Oxfam estimamos que las personas milmillonarias tienen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos que la población común”, completa Merla su análisis.

Para analizar la cuestión, analicemos las diez empresas argentinas con mayor capitalización de mercado, es decir, las que más valen entre las que cotizan en bolsa. Como Mercado Libre está listada en la plaza tecnológica norteamericana Nasdaq, es la única de las diez que ofrece detalles de los sueldos de sus máximos ejecutivos a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). Su fundador y principal accionista, Marcos Galperin, que renunció al cargo de CEO el pasado 31 de diciembre para pasar al cargo de presidente ejecutivo y pensar más en el largo plazo de la empresa, cobraba por ese cargo en 2024 –último dato disponible– a razón de US$1,1 millones por mes, un 43% más que en 2023. Claro que la firma aumentó ese año 93% sus ganancias. Los accionistas no tienen de qué quejarse.

Donde surge lo más llamativo es la brecha entre el sueldo de Galperin y el empleado medio de Mercado Libre, de US$1.589 por uno, según el reporte de remuneraciones de la empresa. Los trabajadores de la compañía, con fuerte presencia en Brasil, México y la Argentina, cobran en promedio US$720 por mes, alrededor de $1 millón a la cotización actual del peso. El Estado argentino otorga beneficios impositivos por la contratación de personal de la economía del conocimiento: fueron US$83 millones en 2025. En otras empresas de EE.UU. como Amazon la brecha salarial entre CEO y trabajador promedio fue en 2024 mucho menor que en Mercado Libre, de 43 a 1, pero en otras como Starbucks resulto bastante mayor, de 6.666 por uno.

Las otras nueve grandes empresas argentinas sólo deben informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el total de las remuneraciones de los directores, no cuánto cobra cada uno ni tampoco lo que ganan los CEO y otros máximos ejecutivos. Los directores tienen responsabilidad hasta penal, pero muchas veces su trabajo se limita a una reunión por mes, mientras que otros son los que llevan el día a día de las compañías. En cada firma se manejan con criterios diferentes y por eso la enorme diferencia entre los honorarios del directorio de una y otra.

En 2024 –último año como datos disponibles para la mayoría de las empresas analizadas–, YPF retribuyó en promedio a cada director con US$68.697 por mes, según el informe de remuneraciones remitido a la CNV. En su directorio están representados diversos representantes políticos del gobierno nacional y las provincias petroleras. En la actualidad, se sientan allí el presidente y CEO, Horacio Marín, pero también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

En el Grupo Financiero Galicia se informó que cada director cobra en promedio US$50.107 mensuales. Entre ellos figuran varios de sus accionistas principales, como Eduardo Escasany y Federico y Tomás Braun. En el Banco Macro, que ya reportó la remuneración de 2025, ganan US$53.355 por mes. En la cúpula se sientan varios dueños como Jorge y Constanza y Marcos Brito y Delfín Carballo, otros empresarios como los dueños de Havanna –Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli– y exsecretarios de Finanzas de gobiernos pasados –Mario Vicens y Sebastián Palla–.

En Pampa Energía cobran US$83.103. En su directorio se ubican también sus propietarios, Marcelo, Damián y Nicolás Mindlin, pero además otras figuras como la exjefa de asesores del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, Julia Pomares. En Telecom, que pertenece a los dueños del Grupo Clarín como los Noble Herrera y Héctor Magnetto, los directores ganan US$19.210. Entre ellos se encuentra su presidente, Carlos Moltini.

Otras firmas, en cambio, optan por relativamente menores remuneraciones a sus directores: Transportadora Gas del Sur (TGS), propiedad de Pampa, US$6.569; BBVA, la filial argentina del banco español, US$3.396; la eléctrica Central Puerto, de los Escasany, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca, US$1.427; y la siderúrgica Ternium, del grupo Techint, de Paolo Rocca, US$5.713 para 2025.

Entre los ejecutivos que más ganan en el sector privado, más allá de los CEO, están los CFO, chief financial officer, o directores de finanzas. En su informe de enero pasado, la consultora Adecco reportó que en grandes empresas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) embolsaban por mes entre $16,2 millones y 19 millones, el equivalente de entonces de entre US$11.200 y 13.100. En otro relevamiento de su competidora Randstad en la misma región, los CFO de bancos y servicios financieros cobraban entre $16,4/19,4 millones, lo mismo que los de hidrocarburos y minería, tecnología y laboratorios. Los de automotrices y manufacturas, entre $15,7/19,8 millones; los de consumo masivo, cadenas comerciales y servicios, entre 14,6/18 millones, y los de transporte y logística, entre 13,9/17,1 millones.

Los sueldos de directores, gerentes generales y otros ejecutivos en las empresas aumentaron entre 29% y 36%, según cuenta la responsable de búsqueda y selección de talento de Adecco, Alejandra López. La inflación fue del 31%, mientras que el índice de salario del sector privado registrado subió sólo 28%, según el Instituto de Estadística (Indec). “En muchos casos los incrementos de las altas posiciones se ubicaron levemente por encima de la inflación proyectada, lo que demuestra que las empresas priorizan mantener la competitividad salarial en los niveles de liderazgo”, analiza López.

“Además, estos cargos suelen incluir no sólo salarios fijos sino también bonos, incentivos vinculados al desempeño y el resultado del negocio, con lo cual la remuneración puede ser aún mayor, dependiendo de la industria y del tamaño de la empresa”, apunta la ejecutiva de Adecco. Los sectores que más pagan a la alta dirección en la Argentina son los de energía y minería. En Adecco observan que las firmas buscan directores y gerentes con trayectoria y liderazgo, pero también con capacidades de adaptarse a un contexto económico cambiante y de impulsar el crecimiento en ese entorno.

Desde la mirada de Adamovsky, “los salarios y bonos exorbitantes que se llevan los CEOs y ejecutivos vienen creciendo de manera injustificable”. “Pero además de eso hay que sumar toda una cantidad de prebendas gerenciales: comisiones, oficinas lujosas, choferes, pasajes en primera, viáticos, retiros a resorts lujosos, etc., una fortuna en costos que deben soportar las empresas”, agrega. Una discusión pendiente que puede interesar a los pequeños accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, aunque de manera más amplia a aquellos preocupados por la creciente desigualdad social.

AR/MG

Apenas dejó el puesto de jefe de Gabinete, en noviembre pasado, Guillermo Francos comenzó a cobrar honorarios de decenas de millones de pesos como representante del Estado nacional en el directorio de YPF, confirmaron fuentes de la empresa.

En la última asamblea de accionistas de abril de 2025, se dispuso una remuneración mensual de $80 millones en promedio para cada miembro del directorio de la petrolera con mayoría estatal. Medido en dólares, ese monto va en línea con lo percibido en 2024, cuando la nueva conducción “libertaria”, presidida por el exejecutivo de Techint Horacio Marín, estableció un abrupto salto en los honorarios hasta un nivel inusual para el mercado argentino, según ejecutivos del sector petrolero.

Mientras ejercía como jefe de Gabinete, Francos cumplió funciones como director titular en representación de la acción de oro del Estado, aunque sin percibir honorarios, en virtud de una norma no escrita que algunos gobiernos implementan, por decoro.

En enero pasado, el Ejecutivo dispuso cambios en su representación en YPF. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó a ocupar la silla principal en nombre del Estado nacional, pero Francos permaneció en el cuerpo directivo como director titular. Como representantes del Gobierno de Javier Milei, a ellos se suman el exministro del Interior Lisandro Catalán y el exdiputado pampeano (PRO) Martín Maquieyra, en este caso, por la silla del Ministerio de Economía. El cambio de estatus marcó el inicio de la percepción de honorarios para Francos.

La carga de trabajo de los directores de YPF es de un par de horas cada dos semanas, indicó otra fuente que conoce el funcionamiento de la empresa.

Andar liviano

Ese andar liviano tiene un correlato en expresiones del propio Francos, cuando fue entrevistado por Clarín en Punta del Este, en los primeros días de 2026.

En un diálogo centrado en la relajada vida del exjefe de Gabinete, Francos confesó: “¿Se me ve más joven? Dejamos el fragor del día a día, bajamos cinco cambios y ahora estamos tranquilos...No es fácil el ocio después de tantos años de estrés en la política… A veces el día se hace largo, pero es cierto, se siente el alivio de andar suelto de equipaje”. El exfuncionario contó que ocupa su atención su granja con 300.000 gallinas ponedoras de huevos en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y que recibió sondeos de empresas privadas para asumir nuevas funciones.

Francos no respondió consultas de este medio sobre sus ingresos en YPF.

No es fácil el ocio después de tantos años de estrés de la política

Guillermo Francos

La continuidad del exjefe de Gabinete en YPF corona más de cuatro décadas de sueldos estatales, en funciones relevantes tanto técnicas como políticas en todos los gobiernos dictatoriales y democráticos desde 1970, excepto el de Mauricio Macri, cuando se desempeñaba ya desde años previos como ejecutivo de Corporación América, el conglomerado de Eduardo Eurnekián. En cuanto a cargos electivos, Francos fue concejal de la Ciudad entre 1985 y 1993, y diputado nacional entre 1997 y 2000. En ninguno de esos puestos ganó tanto como en el directorio de YPF.

Antes de ser designado por Milei, primero como ministro del Interior y luego como jefe de Gabinete, Francos fue representante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el mandato de Alberto Fernández. Es otra de las posiciones de designación estatal con mayor remuneración, con cerca de US$20.000 por mes.

El 30 de abril pasado, el cuerpo de conducción de YPF estableció un presupuesto de $11.000 millones anuales para los once directores y dos revisores de cuentas. La misma acta de asamblea aclaró que tanto Francos como el otro representante del Ejecutivo, José Rolandi (entonces vicejefe de Gabinete), no cobrarían honorarios, y que tampoco lo habían hecho en 2024. El monto aprobado equivalía a unos US$70.000 por mes (según la cotización promedio del primer semestre de 2025) para cada director y los dos revisores de cuentas, aunque la suma puede ser ampliada a posteriori, según la inflación, la cotización del dólar y otras eventualidades.

El papel ad honorem en YPF cambió tras las elecciones legislativas que dispararon cambios en el gabinete. Rolandi fue reemplazado por Catalán, un hombre cercano a Francos que intentó postularse en 2025 a diputado por La Libertad Avanza en Tucumán y terminó durante pocos meses como ministro del Interior, luego de que Karina Milei optara por otro candidato.

La llegada de Maquieyra en nombre del Ministerio de Economía puso fin a la silla de Eduardo Rodríguez Chirillo. Este ejecutivo del mundo de las empresas energéticas fue el primer secretario del área en el Gobierno de Milei. En octubre de 2024, Rodríguez Chirillo dejó el puesto, pero se incorporó al directorio de YPF, donde pasó a cobrar varias veces más. Según fuentes del sector, ahora regresó como asesor al mundo de las empresas energéticas interesadas en participar de licitaciones y privatizaciones que organiza la Secretaría que Rodríguez Chirillo dirigió los primeros meses del Gobierno libertario. El exfuncionario no respondió consultas de este medio.

El atractivo directorio de YPF es un ámbito en el que dirimen tensiones el Ejecutivo, las provincias, el sindicato petrolero y el management de la compañía, que maneja en general un criterio competitivo del sector petrolero.

Rodríguez Chirillo regresó al mundo de las empresas energéticas, interesadas en participar de licitaciones y privatizaciones que organiza la Secretaría que el exfuncionario dirigió los primeros meses del Gobierno libertario.

No todos los directores cobran lo mismo. Marín, designado presidente de YPF por Milei y muy consustanciado con la impronta del mandatario —al punto de que lo provee de mamelucos para que juegue con los perros y viaje a recibir premios de la ultraderecha global—, actúa además como CEO de la firma, por lo que su porción de los honorarios es superior al promedio del directorio. Entre las sillas que más ganan están las de los representantes del Estado nacional.

La interna gubernamental se expresa en el directorio con el karinista Adorni y el tándem Francos-Catalán, que no obedece por completo a la hermana de Milei, pero menos todavía a Santiago Caputo. Éste, a su vez, fue socio de Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, oficina estratégica en la relación con la prensa y la publicidad. Marín, por su parte, reservó un lugar para Eduardo Ottino, otro ex Techint. El sindicato petrolero tiene un representante en Gerardo Canseco.

Los gobernadores se valen de su lugar en el directorio para equilibrar tensiones en el pago chico. Por caso, el neuquino Rolando Figueroa (La Neuquinidad) designó en YPF a su predecesor y presunto jefe de la oposición, Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino). A mediados de 2025, Figueroa lo echó mediante un sonoro comunicado, y designó en su reemplazo al ministro de Economía provincial. Ignacio Torres, otro de los gobernadores “petroleros” con silla propia en YPF, cedió el lugar de Chubut a un hombre del jefe sindical petrolero local, Jorge “Loma” Ávila, crucial para la alianza política del mandatario del PRO. El gobernador de Santa Cruz y sindicalista, Claudio Vidal, reservó su lugar para un representante de su gremio, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo nombró a César Biffi, un histórico de la UCR. El rionegrino Alberto Weretilnek, en cambio, designó a su pareja y exsecretaria de Energía, Ana María Confini.

Algunos gobernadores disponen que los honorarios de YPF a sus representantes sean girados a rentas de la provincia.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue designado como integrante del Directorio de YPF en representación del Estado nacional, en el marco de una reconfiguración de autoridades impulsada por el Gobierno en la petrolera de mayoría estatal. El funcionario asumirá como Director Titular clase A con Acción de Oro, una posición estratégica que le otorga al Estado capacidad de veto en decisiones clave de la compañía.

La incorporación se concretó tras una reunión del Directorio realizada en las oficinas de la empresa en Puerto Madero, donde se oficializaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo. Con esas salidas, el Ejecutivo avanzó en la cobertura de las vacantes disponibles y en la actualización de la nómina de conducción de YPF, que preside Horacio Marín.

Hasta ese momento, el cargo con Acción de Oro era ejercido por Guillermo Francos, quien continuará formando parte del Directorio al asumir la silla que dejó Rolandi. En línea con lo que ya hicieron otros funcionarios del actual Gobierno, Adorni decidió no percibir los honorarios correspondientes a su rol en la empresa y cobrará únicamente su salario como integrante del Gabinete nacional, que ronda los 5,9 millones de pesos brutos.

El Estado argentino conserva el 51 por ciento del paquete accionario de YPF, lo que le garantiza participación decisiva en la integración del Directorio y en la definición del rumbo estratégico de la compañía. En ese esquema, la Acción de Oro funciona como una herramienta institucional que asegura la intervención estatal en decisiones consideradas sensibles.

Además de la llegada de Adorni, el Directorio sumó al exdiputado del PRO Martín Maquieyra, en el marco de un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Mauricio Macri. La designación refleja el impacto de las alianzas parlamentarias en la conducción de la principal empresa energética del país.

Por el momento, los cambios aún no se ven reflejados en el sitio oficial de YPF, aunque desde la empresa indicaron que la información será actualizada en los próximos días. En cuanto a las remuneraciones, la Asamblea de Accionistas aprobó en abril de 2024 un presupuesto superior a los 10.189 millones de pesos para honorarios del Directorio. Según estimaciones, los contratos mensuales de las autoridades rondan los 70 millones de pesos, aunque esa cifra se reduce al descontar gastos operativos. En ese contexto, Adorni se sumó al grupo de funcionarios que optaron por no cobrar ingresos adicionales por su participación en la petrolera.

Con información de medios

JIB

El Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas del oro del país, en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF.

La presentación ingresó al juzgado de Loretta Preska, según dio a conocer el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, precisó Maril en el posteo. Por otro lado, también desestimó el pedido de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar para dar precisiones sobre el pedido.

“Esta madrugada Argentina respondió al pedido de los beneficiarios del fallo YPF quienes solicitaron a la Juez Preska ordenar al país la producción de una declaración jurada que indique la ubicación y uso de las reservas de oro del BCRA. El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el Ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, escribió en su cuenta de X el consultor, especialista en evaluación de riesgos crediticios, planificación financiera, sostenibilidad y gestión de riesgos en litigios.

“El oro es propiedad del BCRA, una entidad jurídica distinta del Estado Nacional y, conforme la práctica estándar de todos los bancos centrales, el BCRA preserva la confidencialidad de la ubicación y movimientos de sus reservas de oro”, explicó el Gobierno en su escrito.

Los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones intentan establecer conexiones para detectar activos que le permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia. Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio de Preska y está a la espera de esa resolución por parte de la Corte de Apelaciones.

El pedido ante Preska

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a comienzos de esta semana a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.

Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.

Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos y con el presidente del Banco Central, Santiaglo Bausili, están en “contacto continuo vía grupo de chat”.

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.

En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Con información de NA.

IG

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.

Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.

Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos y con el presidente del Banco Central, Santiaglo Bausili, están en “contacto continuo vía grupo de chat”.

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.

En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Con información de NA.

IG

La Argentina rechazará el pedido de “desacato” planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones, en los plazos procesales definidos por la magistrada.

El escrito será presentado el 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Burford elevó este jueves un pedido a la jueza para que declare en desacato y sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en lo que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales. El fondo busca establecer la vinculación entre YPF y el Estado Nacional (alter ego).

“Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”, afirmaron fuentes de la Procuración.

Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de “hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.

Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.

Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por US$16.000 millones, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.

“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes.

“Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.

Más allá de esta presentación del fondo Burford, desde la Procuración indicaron que Argentina “continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso”. 

Con información de NA.

Las petroleras que explotan la roca subterránea de Vaca Muerta ganan cada vez más, pero lo que aportan con sus impuestos a los estados nacional y neuquino se mantiene en los mismos niveles que cuando en 2012 comenzó a explotarse esta formación geológica subterránea. Así se desprende al menos de un informe que presentó este mes la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y que elaboró para ella el economista Gustavo García Zanotti.

“En un contexto de escasez, donde Argentina enfrenta dificultades para incrementar sus ingresos y contener o reducir los niveles de endeudamiento, el análisis de la tributación al sector extractivo adquiere gran importancia”, plantea García Zanotti, economista por la Universidad de Rosario, donde además enseña, doctor en desarrollo económico por la de Quilmes e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “El despegue productivo de Vaca Muerta fue posible debido a importantes inversiones del sector privado y al aporte de recursos fiscales por parte del Estado nacional, como por ejemplo los incentivos fiscales, o las inversiones realizadas por la empresa pública”, recuerda los subsidios al gas que otorgaron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, así como el camino que abrió YPF en la Vaca Muerta.

“En una primera etapa, los gobiernos de distintos signos políticos promovieron la expansión del sector a través de reformas orientadas a reducir la carga impositiva con el fin de aplacar el riesgo inversor e incentivar la producción, en un contexto de bajos precios internacionales”, recuerda García Zanotti, quien escribió uno de los capítulos del libro El país que quieren los dueños, de Alejandro Bercovich. “Sin embargo, una vez superada esta etapa, y habiéndose recuperado los precios internacionales, el régimen fiscal no se modificó. Esta situación produce problemas desde el punto de vista democrático. Si una decisión política de tal magnitud (como un régimen fiscal especial) se tomó en base a una circunstancia que ya no existe, es legítimo que se reabra la discusión sobre la continuidad, modificación, o revisión de dicha política.”

A partir de los datos revelados por las mismas empresas en sus balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) o la Inspección General de Justicia (IGJ), Zanotti detectó un fuerte aumento de sus ingresos. Medidos en pesos ajustados por inflación, YPF facturó en 2024 (último balance anual disponible) un 19,5% más que en 2012. Al igual que las demás petroleras principales de la Argentina, se ha concentrado en Vaca Muerta con el correr de los años. El resto de las 15 empresas analizadas y con presencia en esta roca neuquina (la angloholandesa Shell; Pan American Energy, PAE, de la británica BP, los Bulgheroni y la china CNOOC; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; Vista, de Miguel Galuccio; Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca; Compañía General de Combustible (CGC), de Eduardo Eurnekian; Pluspetrol, de las familias Rey y Poli; la norteamericana Chevron, entre otras) pasaron a ingresar 110,9% más en 12 años, es decir, más del doble (ver gráfico abajo).

Más facturación y más ganancias

No sólo facturaron más. También ganaron más. Las utilidades del conjunto de las petroleras se elevaron 159,5% en términos reales. O sea, si antes ganaban un dólar, ahora su beneficio es 2,60 prácticamente, según el informe La dimensión fiscal del auge de Vaca Muerta, de ACIJ.

“Era esperable que la masa de ganancias creciera porque vienen invirtiendo más. Están invirtiendo mucho, pero hay que ver cuánto derraman en el buen sentido –planteó en la presentación del informe el economista en referencia a las ganancias que distribuyen en la sociedad, no a la contaminación que se manifiesta en sismos, vuelcos de líquidos poluidos y emisiones de gases que calientan el planeta–. Los países están en un transición energetica. ¿Cómo financiarla? En parte con la energía.”

“Hubo pérdida de captación del Estado en las ganancias, ganaron las empresas y los acreedores internacionales que financiaron sus inversiones”, señaló García Zanotti. Es que las compañías tomaron créditos y emitieron deuda (obligaciones negociables) para conseguir los recursos invertidos, y después debieron comenzar a pagar los intereses de esos pasivos. En la gestión de Martín Guzmán como ministro de Economía (2019/2022) se forzó a las firmas argentinas a patear vencimientos hacia adelante ante la falta de divisas, por lo que la carga de intereses bajó en los últimos años, pero García Zanotti vaticina que volverá a subir en la medida en que recientemente han tomado más deuda para seguir expandiéndose.

En el gráfico de abajo se nota el devenir del pago de intereses: subió 300% entre 2012 y 2024, pero en los primeros ocho años había trepado 575% y en los últimos cuatro bajó 40,7%.

“Si aumenta la participación de los acreedores internacionales, disminuyen los impuestos que se van a pagar”, apunta el economista. Claro, los intereses son un gasto, disminuyen las ganancias y, por tanto, la base sobre la que se tributa. Además, más del 50% del financiamiento de las empresas es con préstamos de su casa matriz, con lo que el gasto de la petrolera se transforma en un ingreso del grupo internacional al que pertenece y que no paga impuestos por eso en la Argentina.

El Estado, en cambio, no ganó tanto. “En parte porque quiso estimular la inversión, desde 2013 con rebajas de cargas tributarias. YPF lideró la inversion inicial, pero además hubo rebajas impositivas, el Estado invirtió en infraestructura, en mantener un precio sostén del petróleo”, enumeró García Zanotti en su exposición. El Estado nacional hizo, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner –ahora rebautizado Perito Moreno–, clave para revertir el déficit comercial energético y convertirlo en superávit para solaz de las balanzas fiscal y de divisas en los últimos dos años. Junto al neuquino, puso algo de dinero en rutas, aunque tanto camión circulando por allí las destruye.

El Estado subsidió el desarrollo de la explotación, abrió camino con YPF e invirtió en infraestructura, desde las maltrechas rutas hasta el gasoducto clave para dar vuelta la balanza comercial energética

“La recaudación estatal nacional, provincial y municipal se mantuvo estancada”, alertó García Zanotti en la presentación. En su informe, sostiene: “Si bien las provincias productoras, en particular, Neuquén, se beneficiaron por el incremento de las regalías, el Estado nacional experimentó una merma en su capacidad recaudatoria, quedando relegado en el reparto del valor generado”. Vaca Muerta también abarca una pequeña parte de Mendoza y Río Negro. En los dos gráficos adjuntos se nota cómo las subvenciones treparon 180% en el caso de YPF de 2012 a 2015 y 160% el resto de las firmas de 2012 a 2016, pero fueron ajustadas por el gobierno de Mauricio Macri desde 2017, subidas y bajadas por el de Fernández. En 2024, representaban 25% más que en 2012, pero alrededor del 85% menos que cuando tocaron su techo hace diez años aproximadamente.

“Los subsidios fueron clave cuando había más riesgo inversor. Hoy ya no tanto subsidio porque se entiende que el sector ya despegó”, razonó el economista. En 2015, el 10% de la facturación de YPF venía de las subvenciones. En 2016, el 29% de lo que ingresaba PAE y en 2020, el 42% de Tecpetrol y el 44% de CGC, según el reporte. “En Tecpetrol, de 2018 a 2021, los subsidios más que duplicaron los recursos fiscales pagados”, añadió el experto.

Mientras, el pago de impuesto se redujo 3,5% desde 2012 hasta 2024. Pagan menos gravámenes porque están invirtiendo y eso se computa como gasto distribuido a lo largo de los años y por el pago de intereses, según explicó García Zanotti.

“La Argentina es el país que menos renta petrolera factura”, advierte el especialista. “En Argentina, la necesidad de abrir el debate sobre la política fiscal choca contra varias barreras. Una de ellas son los problemas que enfrenta la sociedad civil para acceder a la información sobre cómo se distribuyen los beneficios que genera la actividad. Los recursos hidrocarburíferos son no renovables, lo que plantea la necesidad de diseñar esquemas fiscales que permitan construir una transición energética justa”, concluye el documento.

AR/MG