El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del predio de Costa Salguero a una unión de empresas vinculadas a los grupos Clarín y La Nación, en una decisión que reavivó tensiones políticas y empresariales y abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar la propuesta ganadora.

La concesión, por diez años y con un plan de inversiones que supera los $13.200 millones, quedó en manos de Exponenciar S.A., integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), del Grupo Clarín, y Publirevistas S.A., asociada al Grupo La Nación. El proyecto prevé transformar el predio en un nuevo polo de exposiciones y actividades culturales bajo la marca “Buenos Aires Ferial”, con obras que incluyen ampliación del centro de convenciones, espacios gastronómicos y áreas verdes de uso público.

Una oferta más alta, descartada

La decisión del Ejecutivo porteño generó controversia porque la empresa competidora, La Rural S.A. —vinculada al grupo IRSA de Eduardo Elsztain— había presentado una oferta económica superior: un canon mensual de $310 millones frente a los $240 millones propuestos por el consorcio ganador.

Pese a esa diferencia, la administración de Jorge Macri rechazó la impugnación presentada por La Rural y ratificó la adjudicación a Clarín y La Nación. Según la resolución oficial, la oferta La Rural “no superaba el estándar de razonabilidad” debido a dudas sobre su “viabilidad económico-financiera” para sostener el canon ofertado.

La explicación no conformó al grupo empresario, que evalúa escalar el caso a la Justicia. Voceros de IRSA señalaron que la decisión fue “irregular” y que su propuesta “era la mejor”, mientras analizan posibles acciones legales para revertir el resultado del proceso licitatorio.

Un negocio millonario y una interna que escala

La adjudicación se produce en un contexto de tensiones dentro del ecosistema político y empresarial que rodea al PRO y a La Libertad Avanza. La decisión de favorecer al consorcio ligado a Clarín y La Nación, pese a la oferta más alta de IRSA, profundizó una disputa que ya venía escalando entre ambos conglomerados, históricamente cercanos al macrismo.

El negocio no es menor: la explotación del predio, ubicado en uno de los puntos más codiciados de la Costanera Norte, representa ingresos estimados en más de $65.000 millones durante la próxima década.

El plan de Exponenciar incluye la construcción de un nuevo pabellón con terraza verde, paneles solares y sistemas de recuperación de agua de lluvia, además de la incorporación de locales comerciales, espacios culturales, senderos para bicicletas y áreas gastronómicas frente al río.

Mientras avancen las obras, el predio permanecerá abierto durante 2026 con una agenda activa de ferias y eventos.

Debate abierto: uso del espacio público y transparencia

La adjudicación vuelve a poner en discusión el destino de la Costanera Norte, un territorio históricamente atravesado por disputas entre desarrolladores privados, organizaciones ambientales y gobiernos de distinto signo. También reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de concesión de bienes públicos estratégicos.

Aunque el Gobierno porteño defendió la decisión como “ajustada a la ley”, la controversia promete escalar en los tribunales y en la arena política.

Voces en contra

Desde el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, sostienen que la adjudicación de Costa Salguero a manos de empresas de Clarín y La Nación “no solo reconfigura el mapa de negocios de la ciudad, sino que cristaliza una nueva etapa en la relación entre el poder político local y las estructuras mediáticas nacionales”.

En un informe publicado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo, se sostiene que lo sucedido “enciende las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad”. Y argumentan: “Costa Salguero trascendió su función de centro de convenciones para convertirse en un ícono de la identidad política del PRO (Propuesta Republicana). Desde el ascenso de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno y posteriormente a la Presidencia, el complejo funcionó como el 'búnker' oficial del partido para las noches electorales. Allí se celebraron los triunfos de 2015 y 2017, y se procesaron las derrotas. Esta simbiosis espacial generó una percepción pública de Costa Salguero como un territorio ”propio“ del oficialismo porteño, difuminando la línea entre un espacio público concesionado y una sede partidaria de facto”.

Según el Observatorio, la propuesta inicial de los gobernantes del PRO, de la mano de la última etapa de Horacio Rodríguez Larreta como alcalde porteño, fue impulsar “una rezonificación agresiva de la Costanera Norte bajo el paraguas del ”Distrito Joven“. La pieza central de este plan era la Ley N° 6.289, aprobada en diciembre de 2019, que autorizaba la disposición (venta) de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco”.

“El objetivo era desarrollar un barrio náutico de lujo, con edificios residenciales de hasta 10 pisos, comercios y oficinas, transformando un espacio de uso transitorio en propiedad privada perpetua. El argumento oficial sostenía que la venta financiaría obras de infraestructura y permitiría integrar la ciudad al río mediante parques públicos en los espacios remanentes”, explican en su informe, aunque la propuesta “desató una movilización ciudadana sin precedentes en la historia reciente de la planificación urbana porteña” y generó que las audiencias públicas convocadas por la Legislatura para tratar la rezonificación “rompieron récords de participación, con más de 2.000 oradores inscritos y un rechazo casi unánime (98%) al proyecto de torres”.

Koutsovitis y Baldiviezo detallan en su informe que en julio de 2024, Jorge Macri “anunció oficialmente que desestimaba el proyecto de las torres residenciales. 'En Costa Salguero vamos a hacer algo distinto... Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones', declaró, calificando la idea de vender los terrenos para vivienda como 'un error'. Y estructuró el proceso administrativo ”como una Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de uso y explotación del Sector 5“. El contrato ahora estipulaba ”la concesión por un plazo de diez años.

El objeto es amplio: “Diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial”, lo que implica que el concesionario “no solo administra lo existente, sino que tiene la potestad (y la obligación) de modernizar la infraestructura, que data de los años 90”. La nueva propuesta “permite la explotación para ferias, congresos, eventos corporativos, espectáculos culturales y deportivos. A cambio, el concesionario debe mantener los espacios verdes circundantes y garantizar cierta integración con el parque público adyacente, aunque el núcleo del negocio sigue siendo el recinto cerrado”.

De acuerdo al informe, “la licitación atrajo a dos pesos pesados del establishment argentino, representando una colisión de intereses entre el capital inmobiliario/agrario y el capital mediático”.

Por un lado, La Rural S.A., “una alianza estratégica al 50% entre la Sociedad Rural Argentina (SRA), dueña histórica del predio de Palermo, y Ogden, un vehículo de inversión controlado mayoritariamente por IRSA (de Eduardo Elsztain, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings) y minoritariamente por DF Entertainment (Diego Finkelstein)”.

Por el otro, “la Unión Transitoria de Empresas formada por Publirevistas S.A.U. (subsidiaria 100% de S.A. La Nación) y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (subsidiaria clave del Grupo Clarín)”, los gigantes multimedios, “socios históricos en negocios estructurales como Papel Prensa y, más recientemente, en Exponenciar S.A., la empresa que organiza Expoagro”.

Según los analistas, “esta concesión opera como un mecanismo de compensación o alianza estratégica. En un contexto donde la pauta oficial (publicidad estatal) está bajo escrutinio y recorte a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei, los gobiernos locales buscan otras formas de mantener relaciones fluidas con las empresas periodísticas”. Y sostienen: “Entregar un negocio estructural y rentable a largo plazo (10 años) es una forma más sofisticada y menos visible de transferir recursos que la pauta publicitaria directa. Convierte a los medios en 'socios' del desarrollo urbano, alineando sus intereses corporativos con el éxito de la gestión de la ciudad. Además, ”la hipótesis del 'blindaje' sugiere que, al otorgar este negocio, Jorge Macri asegura un tratamiento editorial benévolo o al menos no hostil por parte de las dos redacciones más potentes del país (Clarín y La Nación) en un momento político delicado, donde su gestión busca diferenciarse y consolidarse“.

Como conclusión, para el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, “la preadjudicación de Costa Salguero a la UTE Clarín-La Nación es mucho más que un trámite administrativo; es una radiografía del poder en la Buenos Aires de 2025. En el plano administrativo, sienta un precedente polémico sobre la capacidad del Estado para rechazar ingresos garantizados basándose en proyecciones técnicas discutibles sobre la rentabilidad ajena. En el plano urbano, consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta. Y en el plano político, sella una alianza de hierro entre el macrismo porteño y el sistema de medios tradicional, construyendo un refugio mutuo ante la incertidumbre de la era Milei”.

“El futuro inmediato deparará batallas legales por parte de La Rural y escrutinio legislativo por parte de la oposición. Pero si la adjudicación se confirma, Clarín y La Nación pasarán de ser los narradores de la realidad argentina a ser los anfitriones físicos de sus eventos más importantes, operando desde uno de los terrenos más valiosos de la capital. La Ciudad, por su parte, habrá asegurado un socio potente, sacrificando caja inmediata a cambio de capital político y estabilidad estratégica”, concluyeron.

Con información de agencias y el Observatiorio del Derecho a la Ciudad.

Analizar cuánto recibe la Ciudad de Buenos Aires por el alquiler de sus inmuebles puede parecer un viaje al pasado, cuando el país registraba otro índice de inflación, muy lejos del 113% interanual actual. Desde las propiedades más pequeñas a los predios de casi 50.000 metros cuadrados, el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, mantiene un sistema de cánones cuestionado, que sería buen negocio sólo para sus inquilinos: los costosos restaurantes en la Costanera Norte y polos gastronómicos, boliches, inmobiliarias, depósitos de comercios, playas de estacionamiento privadas, canchas de tenis y fútbol y hasta Artear, la sociedad de Canal 13, del Grupo Clarín. Todos ellos pagan sumas muy alejadas de los precios del mercado, de acuerdo con la información oficial a la que accedió elDiarioAR. 

En julio último, Felipe Miguel, jefe de Gabinete del gobierno de Rodríguez Larreta, respondió un pedido de informe del legislador opositor Juan Manuel Valdés (Grupo Bicentenario, peronismo porteño) con la lista de valores actualizados por un total de 108 concesiones de la Ciudad. El Ejecutivo porteño percibe poco más $92.000.000 por mes por 89 de estas propiedades concesionadas. Los plazos de los contratos son de entre 5 y 30 años.

Otras doce concesionarios tienen cánones “variables”, cuyos montos no se dieron a conocer o no pagan canon a la Ciudad porque “compensan con obras”. Otras propiedades se abonan a la Secretaría de Cultura porteña —tampoco se informó cuánto pagan— o sus cánones se abonan en paquete con otra propiedad concesionada por el gobierno porteño. Hay dos concesiones, entre ellas Paseo Gigena, en las que aún no comenzó la explotación comercial y por ende el concesionario no está abonando canon. 

elDiarioAR informó el 6 de agosto que Luis Caputo y Santiago Bausili, ex funcionarios de Mauricio Macri, están detrás del millonario negocio inmobiliario de Paseo Gigena, ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, que es terreno público. Ambos consultores organizaron el fideicomiso para financiar una megaobra. Mientras los privados negocian alquileres en dólares, el gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos que, en el mejor de los casos, corresponderá al 15% de la facturación de los privados.

Valores 

Los cánones mensuales que actualmente se están pagando incluyen valores que van desde los $21.119,32 por un depósito debajo de una autopista hasta los $13.700.000 por Punta Carrasco, en la Costanera Norte. En algunos pocos casos las concesiones están a nombre de particulares y no de empresas, pero no hay registro público que ayude a identificarlos y localizarlos, ya que en las adjudicaciones no figuran sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI). 

El predio que explota Punta Carrasco SA es el canon más alto. Sin embargo, se trata de 48.000 metros cuadrados y el metro cuadrado se concesiona a apenas $285. El canon, considerado muy bajo en comparación a los valores del mercado, ha sido actualizado porque era aún más bajo, ya que en 2017 el concesionario pagaba $400.000 por mes. elDiarioAR intentó comunicarse con la sede de la sociedad que explota el predio pero no fue posible comunicarse con el número de teléfono publicado en el sitio oficial.

Otro canon informado es el del centro de exposiciones Costa Salguero, explotado por la concesionada a Telemetrix SA con plazo hasta el 31 de diciembre próximo. La restitución será parcial, informó Miguel, y ya se ha procedido a la restitución de algunos de esos espacios. El canon actual es de $1.074.865,60. Este medio se comunicó con la sede de la compañía a cargo de la concesión pero aún no recibió respuesta.

Costa Salguero es el predio usualmente elegido por el gobierno de Rodríguez Larreta para su búnker electoral. Además, el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad contrató a la firma que explota el predio por $128.384.000 para la “Provisión de un Espacio para emplazar el Centro de Cómputo y Monitoreo de las elecciones de la Ciudad donde se llevará a cabo el Escrutinio Definitivo del Distrito”, informó Tiempo Argentino.

En el caso del edificio de Artear SA, en Lima 1261, barrio porteño de Constitución, donde funcionan Canal 13 y Todo Noticias (TN), el multimedios del Grupo Clarín abona un canon de $784.424,73. El predio tiene 8.750 metros cuadrados, informó el multimedios ante la consulta, lo que arroja un valor de $90 el metro cuadrado, entre 20 y casi 30 veces menos que el valor dle mercado, de acuerdo al sitio inmobiliario Zonaprop. Los precios de alquileres en Constitución oscilan entre $1.871 el metro cuadrado y $2.685 el metro cuadrado. “El precio del canon inicial fue establecido por la Ciudad”, respondió Artear ante la consulta.

En la compañía respondieron que “el proceso de adjudicación del predio se llevó a cabo a través de una licitación pública y forma parte de un plan de urbanización e integración al tejido urbano de los bajos de autopistas de toda la Ciudad”. “Para formalizar el resultado de la licitación, el 21 de diciembre de 2020, Artear y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebraron un acuerdo de concesión de uso y explotación de carácter oneroso por el inmueble en Lima 1261 bajo la traza de la autopista 25 de Mayo por un período de hasta 30 años”, agregó el multimedios, que ocupa el predio desde su privatización, en 1989. Antes, Canal 13 era del Estado y también ocupaba el predio desde la dictadura militar.

Artear aseguró que “presentó y logró la aprobación por parte de la Ciudad de un plan de mejoras y equipamiento por $170.809.000 que incluye la refacción del predio, parquización, iluminación junto a la construcción de una plaza interactiva y tres locales comerciales destinados a ONGs (UNICEF, Hospital Garraham y Fundación Huésped). Además, se construyó un espacio multiuso destinado al Ministerio de Educación de la Ciudad sobre la calle San Juan”. Se destina el 10% del frente y contrafrente del predio para obras de la Ciudad, dijo la compañía de medios.

Un sistema cuestionado

En general, las concesiones de los inmuebles de la Ciudad se licitan o se subastan. En la mayoría de los casos se trata de contratos por periodos largos, de 15 o 20 años. “En todos los contratos, se utiliza una tasación del Banco Ciudad para establecer el canon inicial. En el contexto económico inflacionario del país, con el transcurso del tiempo, se han modificado las metodologías de actualización del canon. Actualmente, se actualizan cada seis meses, tomando como punto de partida la fecha de presentación de ofertas y utilizando un promedio de índices del IPC de la Ciudad”, informó el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a cargo del área de concesiones.

Los cuestionamientos al sistema de cánones y concesiones ya habían quedado plasmados en un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en el que se da cuenta de un “perjuicio económico y legal para la Ciudad”.

“Es un sistema obsoleto —dijo el legislador Valdés en diálogo con elDiarioAR— y tenemos que votar un nuevo sistema en la Legislatura. Creo que uno de los puntos que deben cambiar es que las concesiones deben contar con la aprobación de los legisladores”. “La Ciudad está perdiendo recursos. Los fondos que ingresan por cánones podrían destinarse a solucionar la crisis habitacional en vez de favorecer con cifras módicas a los amigos del poder que terminan siendo inquilinos VIP”, afirmó el legislador porteño.

Las concesiones dependen del ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de José Luis Giusti, un funcionario del espacio radical porteño, quien apoyó a Martín Lousteau para jefe de Gobierno porteño. elDiarioAR envió la semana última una serie de preguntas sobre el sistema de concesiones: si en el ministerio creen que el sistema de concesiones debería ser modificado para que la Ciudad pueda percibir más ingresos por cánones; cómo debería modificarse el sistema; y cuántas de las concesiones en la Ciudad están vencidas y siguen en manos de los concesionarios sin nueva licitación.

“Todas las concesiones vencidas se encuentran en alguna etapa del proceso licitatorio correspondiente. En el caso del predio de Costa Salguero, cuyo nuevo proyecto urbanístico fue sancionado por la Legislatura porteña, el proceso se encuentra interrumpido por un amparo judicial”, respondió la cartera a cargo de Giusti.

El ministerio de Desarrollo Económico también afirmó que “todas las concesiones pagan el canon correspondiente. Para establecer el canon al momento de la tasación, el Banco Ciudad tiene en cuenta el nivel de inversión en infraestructura y espacio público exigido por el pliego, que pasan a ser propiedad de la Ciudad”. 

La Auditoría de la Ciudad realizó al menos dos informes sobre concesiones: uno sobre el período 2013-2016 y otro sólo 2017-2018. En ambos informes las conclusiones son las mismas, pero las irregularidades señaladas no se corrigieron. Los auditores plantearon que los cánones fijados son tan bajos o quedan desactualizados que generan perjuicio económico para la Ciudad.

También sostienen que se renovaron concesiones a empresas que tenían deudas impositivas con el Gobierno de la Ciudad, que incumplían supuestamente con la Constitución porteña y con la Ley de Compras y Contrataciones o que no estaban habilitadas para desarrollar la actividad que realizaban en las propiedades inmuebles de la Ciudad.

Nota: este artículo se actualizó el 24 de agosto a las 13:37 tras la confirmación de Artear sobre los metros cuadrados del predio concesionado por la Ciudad en Constitución.

ED/JJD

La discusión por los proyectos inmobiliarios que avanzan sobre espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires cobró voltaje en las últimas semanas de 2021. El 2 de diciembre, la Legislatura aprobó la rezonificación de Costa Salguero y de los terrenos de IRSA en Costanera Sur, pese al rotundo rechazo expresado en las audiencias públicas. Al calor de esa disputa, el concepto de Ciudad Verde que enarbola el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta quedó más en entredicho que nunca.

Una semana después de que el oficialismo de la Ciudad impusiera su mayoría en la Legislatura para aprobar las rezonificaciones, Clarín publicó una noticia con el cintillo “Más espacio público”, el título “La Ciudad sumó el equivalente a 21 Plazas de Mayo para el disfrute de los vecinos” y un copete informativo sobre la “intervención de avenidas, calles y veredas”. La nota contenía elementos clásicos: citas de funcionarios, estadísticas y fotos. El único elemento extraño era la firma a cargo de algo llamado Brand Studio.

Ubicada en el portal junto a otras notas de actualidad, de las que no distinguía ningún elemento visual como tipografía, tamaño de letra o color, el texto era, en realidad, una aviso comercial que costó $1.245.000 al Gobierno de la Ciudad (GCBA), de acuerdo a información oficial suministrada a elDiarioAR.

La publicidad irregular es demostrativa del interés que despierta la disputa por el espacio público en el Ejecutivo porteño, administración que apela a una contabilidad creativa que computa derivadores de tránsito y canteros para mejorar la estadística de espacios verdes, como informó este diario.

Reclamos porteños

Una variedad de protestas por espacios públicos recorre Buenos Aires y logra eludir el control de la agenda mediática que sostiene el Gobierno de Larreta. El rechazo a los edificios en Costa Salguero, el predio ferroviario otorgado a IRSA en Caballito, la tala de árboles por el Metrobús en Paseo Colón, la ausencia de plazas en Villa Santa Rita y otros reclamos en barrios como Colegiales, Soldati y Paternal ganan espacio en el debate público.

El texto de Clarín, que comienza con frases laudatorias como “el Gobierno porteño transformó el espacio público desde el inicio de la pandemia con el objetivo de generar cada vez más oportunidades pensadas para el disfrute de los vecinos”, es de acceso libre, es decir, elude el muro de pago y está abierto a comentarios de los lectores. Y los lectores comentaron. “Permitir que los restaurantes usen veredas y calles no es ganar espacio público, es molestar a los transeúntes que no pueden caminar tranquilos por las veredas”, opinó Jalb48. PadreClaudio recalcó que “Villa Santa Rita no tiene aún espacios verdes”, ante lo cual Jalb48 respondió que pronto construirán una torre de 60 metros, “pero la pintarán de verde”.

La publicación de la publinota llamó la atención de Mariano Tilli. Este politólogo y docente publicó un hilo sobre Brand Studio, una empresa de marketing del Grupo Clarín que se dedica a comercializar espacios de apariencia periodística. No era la primera pieza de ese tipo pagada por el GCBA en el mismo medio. Había al menos otros dos ejemplos sobre postas aeróbicas en plazas y la asistencia a víctimas de violencia de género, y una serie sobre transporte, otro punto crítico del debate porteño.

Empresas periodísticas de Argentina y el mundo desarrollaron en los últimos años el denominado branded content, fuera en formatos tradicionales o para redes sociales. Los principales grupos de medios adoptaron esa variante, presentándola con eufemismos del estilo “content lab”, como forma de mitigar el declive publicitario y de circulación que afecta a la industria periodística desde hace años. De alguna manera, la crisis terminó por arrasar un precepto básico de cualquier manual de estilo y de ética periodística, el deber de caracterización, que indica que los contenidos informativos y los publicitarios tienen que estar diferenciados en fondo y forma, y que no corresponde inducir a la confusión.

Los principales grupos de medios adoptaron esa variante presentándola con eufemismos del estilo “content lab”, como forma de mitigar el declive publicitario y de circulación que afecta a la industria periodística global desde hace años.

En general, los clientes de los “content labs” son empresas —algunas con pinta turbia, como la de Cositorto—, eventualmente oficinas de turismo estatales, pero de lo que no hay muchos antecedentes es de que un Gobierno paute de ese modo sobre un tema ríspido de la agenda política. Semejante intervención desnaturaliza por completo el debate púbico. Si, además, ese Gobierno está dirigido por un virtual candidato a presidente como Rodríguez Larreta y el beneficiario económico es el principal multimedios de Argentina, que argumenta que su fortaleza económica es la garante de su independencia, la confusión premeditada adquiere mayor oscuridad. 

En su respuesta ante un pedido de acceso a la información, el Gobierno de la Ciudad detalló que “durante el año 2020 se realizaron contrataciones de espacios de publicidad no tradicional, también llamado ‘contenido brandeado’ o ‘branded content’ en medios líderes de muy alta audiencia”, a los que identificó como Clarín, La Nación e Infobae.

Penetración

“El ‘contenido brandeado’ y, en general, la publicidad no tradicional son herramientas cada vez más reconocidas como la vía adecuada para lograr una mayor eficiencia en la comunicación y mayor penetración de los mensajes”, se sinceró el Gobierno porteño.

En Clarín afirman ser los más prolijos del mercado a la hora de presentar recursos como el Brand Studio. “Es una de las vías de monetización que más crecen en la industria; todos los medios de referencia tienen estos departamentos. No hay congreso de medios donde no los promocionen como alternativa a la publicidad tradicional y a la programática”, indican.

En el principal multimedios consideran muy difundida la práctica de que Gobiernos de todos los niveles paguen por branded content, aunque matizan que algunos competidores, a los que evitan nombrar, no se preocupan por aclarar que es una nota con precio. Para algunos de ellos, el arreglo con algún Gobierno representa su fuente principal de sustentación. “La firma de Band Studio no deja lugar a dudas. Cuando no lo aclaran, es un 'chivo' institucionalizado y está mal”, resume una voz del Grupo.

Combo

Máximo Merchensky, subsecretario de Comunicación Social del GCBA, detalló que la nota en cuestión sobre las supuestas 21 plazas de Mayo formó parte de un paquete que incluyó el auspicio de una conferencia titulada “El mundo que viene, la apuesta por la energía” y el branded content asociado, tanto en la web como en la edición impresa, más un streaming del evento.

Este medio consultó al GCBA cuál fue la cuenta total y el destino de las publinotas durante 2020 y 2021. Tras dilatar la respuesta durante dos meses, la información se restringió al costo del branded content de las “21 plazas de Mayo” ($ 1.245.000). Sí, en cambio, el informe detalló que, en 2020, las publinotas se enfocaron en la prevención del coronavirus y el dengue, y se concentraron en “las webs de los sitios Clarín, Infobae, La Nación, Revista Hola (Grupo La Nación) y Olé (Grupo Clarín)”. Ese año, “la inversión en contenido brandeado fue del 1,56 % de la inversión total de publicidad gráfica y digital”, informó el Ejecutivo porteño.

“Las notas de branded content del GCBA se publicaron en las webs de los sitios Clarín, Infobae, La Nación, Revista Hola (Grupo La Nación) y Olé (Grupo Clarín)”

Estos textos engañosos tienen un antecedente en la prensa gráfica de décadas pasadas: el suplemento o la publinota enunciada bajo el rótulo “espacio de publicidad” que, a diferencia de la nueva variante, se diferenciaba del resto del diario o revista con recursos tipográficos. Aunque se prestaba a confusión, al menos respetaba el “deber de caracterización”.

De algún modo, el contenido brandeado queda a mitad de camino entre el antiguo “espacio de publicidad” y la venta espuria de contenidos informativos a intereses políticos o comerciales, en beneficio de una empresa editora o de un periodista, conocida en las últimas décadas como “chivo”. Tan viejo como el periodismo, el pago del “chivo” fue adoptando diferentes modalidades, fuera cash, un contrato en el Estado, una asesoría empresarial, un regalo, el abono corporativo a un newsletter o una charla, o un aviso oneroso en un blog, un programa de cable o de FM sin audiencia.

SL

Déficit de espacios verdes, primacía de vivienda suntuosa entre las nuevas construcciones, remate de tierras públicas sin instrumentos que garanticen un mínimo de diversidad social: hace poco en este diario mencioné algunas derivas problemáticas del modelo de gestión urbana del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, ¿qué hace, a todo esto, la oposición de la Ciudad de Buenos Aires?

La aprobación, en plena pandemia, de los proyectos oficiales para la construcción en altura en Costa Salguero y Costanera Sur le dio visibilidad a los grupos de interés y partidos opositores que resistían la iniciativa. Pero un repaso por los comunicados y las intervenciones públicas de algunos dirigentes de los opositores Frente de Todos (FdT) y Frente de Izquierda (FIT) muestran un desconocimiento general del tema y escasa creatividad política a la hora de proponer alternativas.

Desde una supuesta cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante que “recomienda la OMS” (un eslogan repetido hasta el hartazgo pero que como recomendación no existe) hasta un video de “artistas nacionales y populares” con Cecilia Roth condenando la construcción de torres frente al río desde una torre frente al río, el kirchnerismo regaló flancos débiles en el debate por el futuro del borde costero. Mientras tanto la izquierda, a tono con esta época de inflación discursiva, denunciaba un “ecocidio urbano”.

En Costa Salguero, la propuesta oficial del larretismo estaba adornada con la terminología de la época: “llevar ciudad”, “mixtura de usos”, “activación a toda hora”, según repetían los funcionarios en columnas de opinión y entrevistas amables en las insistían en el mecanismo genérico favorito de esta administración para los predios de grandes dimensiones: destinar un porcentaje de suelo a uso y utilidad pública y permitir construcciones en el área restante.

El plan alternativo del peronismo porteño -que se acompañó con una importante campaña de recolección de firmas- fue la creación de “un gran parque público” al que se propuso bautizar con el nombre de Diego Armando Maradona. Un modelo de espacio público decimonónico cuyas ventajas con respecto al proyecto de usos mixtos de Larreta (que también se presentaba como la apertura de un gran parque público) no terminaban de quedar claras. Algunas voces en las redes sugirieron, con cierto desdén clasista pero también con un ojo en eventos recientes que sensibilizan a la ciudadanía, que un gran espacio verde en el centro de la ciudad tendría destino de ocupación informal de terrenos.

Meses más tarde, la movida para oponerse al convenio entre el gobierno porteño y la desarrolladora IRSA en Costanera Sur tampoco pasó de la “denuncia” de los “negocios inmobiliarios”, ni se terminó de entender cuál era la propuesta del kirchnerismo para ese espacio, en manos privadas desde 1993, más allá del eslogan de expropiar el área para crear una segunda Reserva Ecológica y de una reunión tardía con clubes y entidades deportivas para presentar un proyecto “que incluya a la comunidad del deporte”.

El Frente de los Automovilistas y los Propietarios

En otros casos, los referentes del progresismo porteño terminan en la misma vereda que los actores sociales más conservadores, aquellos que en otras latitudes son los enemigos de la nueva agenda urbana. Una postal reciente: la construcción por parte del gobierno porteño de un parque lineal en la avenida Honorio Pueyrredón que busca conectar dos espacios verdes en la Comuna 6. La propuesta no es muy diferente a otras similares implementadas en París, Río, Nueva York o Ciudad de México, en línea con la sana tendencia a nivel mundial de crear parques lineales y calles de convivencia en los centros de las ciudades. 

La izquierda se opuso al proyecto para reclamar, en cambio, un parque en el Playón Ferroviario de Caballito, como si una cosa impidiera la otra. Militantes y comuneros del kirchnerismo marcharon junto a asociaciones vecinales con pancartas de “¿Dónde vas a estacionar?”, en línea con los reclamos del conductor de TN Autos. (A todo esto, la ministra de Larreta que impulsaba el parque lineal recibía elogios del asesor de la alcaldesa socialista de París.)

Lejos de ser episodios aislados, a veces incluso terminan siendo temas de campaña, como la batalla de Matías Lammens contra los parquímetros o la promesa de Daniel Filmus de sacar “muchas de las bicisendas”. Un hilo invisible une a estas conductas reactivas: la defensa del inexistente “derecho humano al parking”, como lo llamaba irónicamente el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y que difícilmente maride con la agenda de los grupos ambientalistas que simpatizan con el kirchnerismo.

También hay contradicciones en temas de vivienda. Por un lado, el discurso de la izquierda y la centroizquierda es el de una encendida defensa del derecho al hábitat digno en una ciudad donde cerca de uno de cada diez hogares tiene problemas de vivienda, lógico y en línea con posiciones progresistas. Pero después, estos mismos líderes aparecen en marchas entre carteles de “Basta de demoler” abrazados a las propietarias de casonas de Núñez que se oponen a cualquier cambio de normativa, los clásicos sectores NIMBY (not in my back yard).

Las ONGs que resisten la “destrucción” de la ciudad recuerdan que Buenos Aires tiene 141 mil edificios anteriores a 1941 y que “sólo” 18.000 de ellos fueron seleccionados para tratar su protección como patrimonio arquitectónico. ¿Es poco? ¿Qué creen que pasará con el precio de los inmuebles y el acceso a la vivienda si buena parte de los 122.500 edificios restantes también son “protegidos”?

Lo cierto es que los reclamos de “falta construir vivienda” y aquellos de “no toquen nada” difícilmente funcionen juntos. Una ciudad que quiera alojar más habitantes posiblemente necesite mayor constructividad en ciertas áreas. Luego se podrán reclamar herramientas que garanticen un grado de mixtura social, para que no todas las nuevas unidades sean para las clases altas, pero una lógica conservacionalista pura y dura beneficia más a los actuales dueños de casas en Belgrano que a las clases medias o los sectores populares.

Se dirá que una alternativa es trabajar el problema de “casas sin gente y gente sin casas”, pero los dirigentes tienen que entender que el remedio propuesto -el impuesto a la vivienda ociosa- no va a resolver por sí mismo el déficit habitacional de los sectores de menores recursos.

La felicidad por decreto

Así planteados los desafíos, queda claro que es difícil salir de este laberinto sin entender la manera en la que funcionan los mercados de la vivienda. De otra manera, pasa lo que pasa: se aprueba una Ley de Alquileres que propone enganchar el valor mensual a una fórmula que combina salarios e inflación en un momento -mediados de 2020- donde el “acuerdo entre privados” probablemente hubiese resultado en aumentos menores. De hecho, al imponer tres años de contrato en una situación de extrema inestabilidad macroeconómica, la norma generó incentivos para que los dueños establecieran un valor inicial muy alto (o sacaran la propiedad del mercado, lo cual también hace que suba el precio de las que quedan).

La lección es que así como no se puede decretar la felicidad, tampoco se puede imponer una ley muy protectiva en un mercado informal deprimido. Y cuando fracasa echarle la culpa a la falta de controles, como esos hinchas que en 2018 le pedían “más huevo” a los jugadores de la Selección cuando lo que hacía falta era buen juego.

Lo mismo puede decirse de la campaña en contra de los créditos UVA (que más que “una estafa” fueron la última ventana de oportunidad que tuvieron los no herederos para acceder a un crédito hipotecario en la Ciudad) o el enamoramiento de la construcción y entrega de “la casa propia” como única forma posible de acceso a la vivienda.

Ni el Estado tiene los fondos -ni la capacidad- para construir vivienda para todos, ni todos los deciles de ingresos en esta Argentina empobrecida tienen la misma capacidad de repago. ¿Dónde están los proyectos de alquiler social, de fomento a privados para desarrollos con destino social, en suma, una mínima articulación con el mercado?

Algunos lo intentan. Manuel Socías, legislador del FdT proveniente del think-tank de Carlos Tomada, presentó un plan para revivir el microcentro según el cual los propietarios podían sacar créditos a tasa negativa para encarar readecuaciones y convertir sus oficinas en viviendas de alquiler para sectores medios. No era un programa compulsivo sino que partía de un esquema de incentivos. La iniciativa nunca se trató.

En este sentido, podría decirse que la principal responsabilidad política del actual estado de cosas no recae en la oposición, que desde hace tiempo se enfrenta a una alianza gobernante con mayoría propia en la Legislatura luego de que el larretismo cooptara a varios de sus antiguos opositores (de la Coalición Cívica al Partido Socialista, pasando por los sellos electorales de Graciela Ocaña y el ex rival Martín Lousteau). Pero precisamente por eso, la articulación política y la construcción de consensos tiene que partir de bases firmes y coherentes. Si la apuesta es a largo plazo, al progresismo porteño le falta un discurso de futuro: menos defensa de casonas de Saavedra y estacionamiento gratuito en la calle y más herramientas del nuevo urbanismo; menos “controles de precios” y más políticas públicas que anticipen las movidas de los actores privados.

Los sectores a la izquierda del espectro político tienen que abandonar las alianzas improbables con propietarios y automovilistas, dejar de confundir densidad con hacinamiento, y entender que no existe crédito hipotecario sin un mínimo de estabilidad macroeconómica. Dado que sus dirigentes hoy no forman parte del gobierno, lo que enfrentan es un problema principalmente conceptual. Como decía Vladimir Illich, lo primero que hay que hacer es “estudiar, estudiar y estudiar.”

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires computa la existencia de 3.646 “espacios verdes”, de los cuales, 1.763 —casi la mitad— son canteros y 422, “derivadores de tránsito”. Entre ambas categorías suman 60% de las unidades verdes oficiales, número que desciende a 11% si la medición es en hectáreas.

La lista de rarezas del registro ecológico de la Ciudad también incluye 618 plazoletas con una superficie de no más de un cuarto de manzana y, por lo general, secas; 203 “veredas” que rodean pequeños fragmentos verdes, jardines ornamentales, cementerios, canchas de fútbol, bordes costeros, patios y pasajes, de acuerdo a una estadística oficial suministrada a elDiarioAR por la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno porteño, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

Para la nomenclatura de la Dirección General de Antropología Urbana, una plazoleta “tiene una función simbólica y en muchos casos alberga monumentos o hitos de la Ciudad, de superficie de hasta 2.500 metros cuadrados”. De esos reductos hay 618 en la Capital, y ocupan 93,1 hectáreas. Las 203 veredas “verdes” (26 hectáreas) son espacios de tránsito y acceso a viviendas, es decir, de baldosas, pero que rodean un área con césped o plantas. Palermo y Belgrano son los barrios donde las veredas coquetas tienen mayor incidencia.

Esas áreas pseudoverdes se acumulan sobre aquéllas sobre los que no habría mayor discusión: 353 plazas, 64 parques, dos reservas ecológicas y un ecoparque (exzoológico).

Con todo adentro, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostiene que la Capital Federal cuenta con 6,7 hectáreas cada 10.000 habitantes (o 6,7 metros cuadrados por habitante), ratio que fue esgrimido por los funcionarios de la Ciudad como un umbral aceptable para el promedio de América Latina ante la reciente polémica por la habilitación de proyectos inmobiliarios en la tierra pública de Costa Salguero y en la ex República de la Boca, en manos de IRSA desde 1997.

Muchos espacios, que no necesariamente son grandes parques y plazas, también se contemplan como importantes para la superficie verde de una ciudad

Ministerio de Espacio Público

Críticos del Ejecutivo porteño sostienen que no hay respaldo académico o urbanístico al criterio de que 6,7 hectáreas cada 10.000 habitantes son sustentables, pero si sólo se tuvieran en cuenta los espacios verdaderamente verdes (plazas, parques, reservas ecológicas), la relación bajaría a 4,7 hectáreas/10.000, lejos de cualquier estándar aceptable.

elDiarioAR intentó obtener la visión de la ministra de Espacio Público, Clara Muzzio. A cambio, esa dependencia envió un texto que habla de una “Infraestructura Urbana Verde” que sería efectiva para mitigar el impacto de las altas temperaturas y las fuertes lluvias. “Es por ello que muchos espacios, que no necesariamente son grandes parques y plazas, también se contemplan como importantes para la superficie verde de una ciudad”, dice la respuesta, en lo que parece aludir a las categorías heterodoxas del registro oficial. 

La cuestión del tamaño

¿Una plaza es un área verde? Depende. Un ejemplo que alimenta la duda sería Miserere (Once), dominada por baldosones, casi sin césped, en el epicentro de uno de los barrios más sofocados por el cemento. Sobre lo que no parece haber debate es que un derivador de tránsito o un cantero no son “hectáreas puramente verdes” definidas en el Plan Verde 2016-2019 lanzado por el Ejecutivo de CABA.

Ese programa trazó un objetivo de 110 hectáreas verdes que Horacio Rodríguez Larreta dio por cumplido durante la reciente campaña electoral, pero un detallado informe de Chequeado tachó tal presunción como falsa.

Según Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo y docente de la Maestría Paisaje, Medioambiente y Ciudad en la Universidad de La Plata, el consenso académico internacional estipula que, para salvar singularidades del registro, una ciudad debe tener entre 10 y 15 hectáreas verdes cada 10.000 habitantes, es decir, cerca del doble de lo que declara el Gobierno de la Ciudad y el triple si se ajusta el cómputo.

María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, toma como parámetro la ley de Ordenamiento Territorial vigente en la Provincia de Buenos Aires. Esta ingeniera industrial, crítica del Gobierno de Rodríguez Larreta, remarca que un espacio verde debe, para ser tal, tener “continuidad hidrológica vertical”, es decir, el agua debe fluir desde la superficie hacia las napas, lo que excluye terrazas, jardines verticales y, obviamente, cemento.

El texto enviado por el Ministerio de Espacio Público evalúa que las 6,7 hectáreas cada 10.000 habitantes de la capital argentina contrastan con las 13,6 hectáreas de Nueva York y las 30 hectáreas de Bruselas (30 m2), pero son más que las 6 hectáreas de México y Santiago, y las 4,2 hectáreas de Lima.

En la comparación nacional, Rosario más que duplica el área verde de Buenos Aires, con 10,4 hectáreas/10.000 habitantes, de acuerdo al estudio de la Iniciciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (Ices) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En cualquier caso, lo importante, sugiere el informe porteño con cita a la Organización Mundial de la Salud, es el tamaño, pero también la calidad.

Accesibilidad con bemoles

El ministerio de Muzzio refiere que, de acuerdo a un estudio de la Fundación Bunge y Born que aborda el concepto de accesibilidad, el 87,6% de la población porteña reside a menos de diez minutos de un espacio verde público.

A la hora de la verdad, la “accesibilidad” tiene sus bemoles. Caballito, por caso, es uno de los barrios más poblados de la Capital Federal, cuyos habitantes están entre los más activos en el reclamo de áreas verdes. Parque Rivadavia, Parque Centenario o Plaza Irlanda son grandes extensiones “accesibles” para el gran barrio del centro geográfico de la Ciudad, pero a todas luces insuficientes en relación a los habitantes, dato comprobable un domingo a la tarde, cuando multitudes se amontonan sobre la gramilla, en postales que, de apacibles, tienen poco.

En cualquier caso, que 12,4% de la población esté alejada de zonas verdes, según el particular enfoque de Bunge y Born que el Gobierno de CABA hace propio, marca que “hay mucho por hacer” para el “objetivo de reverdecer Buenos Aires”, admite la cartera de Muzzio.

Dicho objetivo choca de plano con la avanzada que se da no sólo en lugares emblemáticos que el Gobierno de Larreta pretende privatizar, como Costa Salguero, sino también en terrenos ferroviarios en Colegiales y Caballito, en las inmediaciones de las vías de las líneas Mitre y Sarmiento, respectivamente, donde los famosos desarrolladores, en alianza íntima con el Ejecutivo porteño, pugnan por vencer la resistencia de vecinos. En el caso de Caballito, una larga batalla judicial mantiene paralizado y degradado un importante terruño sobre la avenida Avellaneda, calle de por medio con el Club Ferro. En un área que descomprimiría la afluencia a Parque Rivadavia y Plaza Irlanda, IRSA y la administración de Larreta apuntan a construir edificios y centros comerciales.

En su haber, el Gobierno de la Ciudad anota avances verdes en el Paseo del Bajo, en Puerto Madero; el Parque de la Estación, en Almagro; y la Reserva Ecológica Lago Lugano. El caso del Parque de la Estación es curioso, porque vecinos agrupados en organizaciones que coadministran esa hectárea y media que pertenecía al Ferrocarril Sarmiento y hoy alberga especies autóctonas, denuncian que debieron resistir durante años, mediante recursos y movilizaciones, el intento del Ejecutivo de Buenos Aires de construir edificios y comercios.

Barrios sin sombra

Más allá del déficit de espacios agradables con césped, árboles, sombra y sonidos de aves en un contexto de avance de las torres y el hormigón, los números suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta de un reparto sumamente dispar entre los barrios.

Los 3.646 “espacios verdes” del registro público suman 2.063 hectáreas, o 1.453 si excluyen los canteros, plazoletas y las categorías inscriptas como “otros” por la Secretaría de Desarrollo Urbano. De ellas, 343 hectáreas —casi un cuarto de los espacios verdes reales— corresponden a la Reserva Ecológica Costanera Sur, que se ubica sobre el Río de la Plata y sólo linda con las últimas torres de Puerto Madero y la villa Rodrigo Bueno, y permanece cerrada desde el atardecer, los lunes y los días de lluvia. Es decir, su inserción en la trama urbana de la Ciudad es bastante limitada, remarca Márquez. Nuevamente, el concepto de “accesibilidad” gana complejidad.

Como la reserva ecológica pertenece a la Comuna 1 (Retiro, Puerto Madero, San Telmo y parte del Centro), la estadística cada 10.000 habitantes crece allí hasta 18,2 hectáreas, el triple del promedio de la Ciudad. También se destaca la Comuna 8, una de las más pobres de la Capital Federal (Soldati, Lugano, Riachuelo), con 18,8 hectáreas/10.000, porque el catastro anota en su haber el Parque Indoamericano, el ex Autódromo, el ex Interama y otros terrenos, varios de ellos degradados o con acceso restringido. La beneficiada comuna de Palermo (14), al contar con los bosques homónimos, asciende hasta 12 hectáreas/10.000 habitantes.

En el fondo de la tabla se ubican Balvanera, Once y San Cristóbal (comuna 3) y Almagro-Boedo (5). Ni siquiera suman con canteros, cementerios o derivadores de tránsito; tienen unas pocas plazas y arañan las 0,4 y 0,2 hectáreas cada 10.000 habitantes, respectivamente. Precisamente en el límite de ambas comunas se da una de las luchas del momento. Vecinos y organizaciones reclaman la construcción de una plazoleta en la intersección de Avenida Corrientes y Gallo, donde fueron demolidas construcciones precarias, a la que ya le pusieron nombre: Tita Merello.

El proyecto del Gobierno de Larreta es otro. Pretende cambiar la zonificación mediante un “convenio urbanístico” para que un desarrollador erija 73 metros.

SL

La nota fue actualizada el 26 de diciembre de 2021, a las 12, para incluir el dato de Rosario.

La aprobación en soledad por parte de la alianza gobernante de un paquete de leyes de carácter inmobiliario cierra uno de los capítulos centrales de la historia del desarrollo urbano en la Ciudad de Buenos Aires.

La sesión de este jueves, que terminó por habilitar cambios de usos para los predios de Costanera Norte y Costanera Sur y una mayor constructividad en diferentes áreas de la ciudad, fue apurada antes del recambio legislativo a pesar de que los proyectos habían cosechado un amplio rechazo durante las audiencias públicas.

En el caso de Costa Salguero, la aprobación definitiva de un proyecto que permite construir edificios con destino residencial y comercial parece ignorar el hecho de que la Justicia porteña declaró en dos instancias la inconstitucionalidad de la venta de los terrenos, y que asociaciones políticas y vecinales acaban de presentar 50.000 firmas que de acuerdo con la Constitución de la Ciudad permitirían debatir un plan alternativo para el predio.

El caso de Costanera Sur merece una salvedad, y es que los terrenos sobre los que se propone la rezonificación ya son privados desde la década del noventa. Es decir que no carga sobre sus espaldas el problema de la enajenación de tierras, aunque un mínimo repaso histórico deja al desnudo el hecho de que la propietaria del predio hace tiempo que puede construir con la normativa vigente, solo que al privado no le gusta y por la presión (exitosa) por un cambio de usos.

El resultado de esa presión fue ni más ni menos que el convenio que el GCBA llevó al recinto, que permite la construcción de torres de hasta 145 metros de altura, lo que fue demasiado incluso hasta para varios de los legisladores que integran la alianza gobernante.

Es decir que esta transformación de amplias áreas de la trama urbana de la ciudad se está llevando adelante sin más apoyos que el de su propio frente. 

Esta escena cuanto menos desprolija ilustra un modo de hacer ciudad que difícilmente responda a los desafíos de la época en términos de sustentabilidad, acceso a la vivienda o derecho a la ciudad.

Voces y propuestas

En septiembre, elDiarioAR convocó a diferentes especialistas en ciudades para que dieran su visión sobre hacia dónde iba el desarrollo urbano porteño.

La investigadora María Eugenia Goicoechea caracterizaba el enfoque de los gobiernos macristas como “un intento por fomentar el desarrollo de las zonas degradadas pero con un sentido de revalorización, fiscalista y con una excesiva confianza en el desarrollo inmobiliario”. Para el urbanista Marcelo Corti, la consecuencia de este proceso era clara: “un mercado no ajustado a las necesidades de uso, donde amplios sectores de la clase media quedan por fuera del acceso al suelo”.

A este estado de situación le seguían propuestas concretas, acaso superadoras. Cynthia Goytía, directora de la maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, sugería avanzar con proyectos de vivienda asequible o construcción de vivienda para alquiler, tal como habían hecho Chile o Uruguay.

Mientras tanto, el consejero coordinador del Plan Urbano Ambiental, Gabriel Lanfranchi -insospechado de antimacrista- pedía una intervención concreta por parte del gobierno para garantizar la mixtura social al interior de estas construcciones y evitar que “terminen siendo únicamente para la elite”.

Estas sugerencias nunca se incorporaron a los proyectos.

Una aclaración. Los problemas que enfrentan quienes viven en la Ciudad no son exclusivos de Buenos Aires, y no todo es achacable al gobierno porteño. Argentina lleva una década sin crecer y el crédito hipotecario está en mínimos históricos, destruido por las sucesivas crisis macroeconómicas del país. Es decir que cualquier proyecto que surja desde la calle Uspallata tiene sus límites y obliga a sus impulsores a buscar soluciones creativas.

Pero en el área de desarrollo urbano parece seguir un patrón que es de todo menos creativo. “El esquema arranca con que el privado tiene una idea, propone modificar la normativa para hacerlo y el gobierno vende la idea. A lo mucho, si ciertas capas de la población presionan mucho, se hace un concurso de arquitectos. Pero las demandas de los que usan la ciudad no son atendidas”, resumió el urbanista Mauricio Corbalan.

El abismo entre las herramientas propuestas y las necesidades reales de la población se ensancha cuando el gobierno se limita, en muchos casos, a trabajar sobre las propuestas que le acercan las desarrolladoras. 

Difícil saldar el déficit de espacios verdes cuando la herramienta propuesta (los “convenios urbanísticos”) habilitan excepciones al Código de Edificación que el propio gobierno aprobó en 2018 a cambio de que el privado ceda una placita en un lugar en el que no hace falta.

Difícil saldar el déficit de vivienda cuando se observa que la mitad de las nuevas construcciones residenciales la componen unidades suntuosas, y no se piensan otras herramientas de política pública para torcer la tendencia.

El régimen urbano en la Ciudad de Buenos Aires se consolida a paso firme y sin rivales a la vista. Pero detrás de su éxito político se esconden problemas que el analista no puede dejar de señalar.

Vamos Juntos, el bloque oficialista en la Legislatura porteña, logró aprobar este jueves dos proyectos del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta: la rezonificación de Costa Salguero, para habilitar allí la construcción de edificios privados, y el convenio con el grupo IRSA para levantar un nuevo barrio en la exCiudad Deportiva de Boca.

Con 36 votos a favor, del oficialismo y aliados; 22 en contra, del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, quedó aprobada la rezonificación de Costa Salguero; en tanto que el convenio con IRSA recibió 36 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones.

Las posturas de los bloques políticos

Frente de Izquierda

En el primer discurso de la sesión, la diputada del Frente de Izquierda Amanda Martín dijo que desde el bloque de Horacio Rodríguez Larreta “quieren hacer un tratamiento express, antes del recambio legislativo”, y agregó que “el oficialismo no se hace cargo del contenido de esta sesión”.

Martín afirmó que “en la ciudad se van rematando las tierras públicas, mientras tenemos al menos dos problemas graves: las inundaciones, que afectan particularmente a las villas, y la crisis habitacional”. Y remarcó que desde su bloque “siempre vamos a defender una ciudad para las y los trabajadores, y no para los especuladores”.

La legisladora por el FIT consideró que los proyectos “no tienen por destino resolver la crisis habitacional” del distrito y fustigó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por “desconocer la voluntad popular”.

“Este paquete de negocios inmobiliarios no tienen por destino resolver la crisis habitacional de la Ciudad. Al revés, la agravarán ya que su impacto será encarecer el suelo urbano y con ello dificultar más la compra y el alquiler de las viviendas”, afirmó la legisladora durante la sesión ordinaria.

En ese marco, detalló que “de acuerdo a estimaciones de especialistas, en las nuevas construcciones el metro cuadrado cotizará por arriba de los 5.000 dólares en la Costanera Sur y en 9.000 en la Norte”, tras lo cual advirtió que “son precios exorbitantes imposibles de afrontar para los trabajadores”.

Martín dijo que “el impacto ambiental también será muy grave. La Ciudad tiene un déficit de espacios verdes. Se estima que rondan los siete metros cuadrados por habitante cuando las recomendaciones internacionales duplican esa cifra”.

“Además la construcción en la Costanera Sur será sobre un humedal, que debe ser preservado como parte del cuidado del ambiente”, agregó.

“Las audiencias públicas realizadas expresaron el rechazo masivo de la población a estos negociados inmobiliarios”, recordó y expresó su repudio “a que Larreta desconozca la voluntad popular”, al tiempo que manifestó el respaldo de su espacio a la movilización que desarrolla en las puertas de la Legislatura.

Frente de Todos

El bloque reafirmó su oposición a los proyectos inmobiliarios al asegurar que favorece a las “grandes desarrolladoras” e implica “el remate de tierras públicas” en la costa de la Ciudad.

Durante la sesión ordinaria del Parlamento capitalino, los legisladores del bloque opositor coincidieron en señalar que las iniciativas para levantar torres en la Costanera Norte y la Sur incrementarán “la especulación financiera”, mientras que advirtieron que no cuentan con “un beneficio comunitario”.

El legislador Juan Manuel Valdés consideró que el avance del paquete de proyectos “es un retroceso porque implicará dejar a las próximas generaciones sin acceso al río y quedarán privatizados terrenos para unos pocos que son los que pueden pagar los altos costos de esas viviendas”.

“Rodríguez Larreta lleva vendidas 276 hectáreas desde que asumió como jefe de Gobierno”, precisó y agregó que a los convenios urbanísticos que posibilitan las nuevas torres “les falta el interés y el beneficio comunitario ya que quedan como fuente de especulación financiera”.

La legisladora Claudia Neira indicó que “no se entiende la planificación integral del área costera en la que se insertan estos proyectos” y sostuvo que “lo que hace el Gobierno porteño es incentivar una clase de construcción, como lo son las viviendas de lujo, al lado de Puerto Madero, donde más de la mitad de los departamentos están vacíos”.

María Bielli, también del FDT, evaluó que la batería de proyectos refleja “el negocio que cierra perfecto para las desarrolladoras inmobiliarias”; al tiempo que sostuvo que “nos quiere hacer creer que hay un beneficio para la Ciudad, a partir de una composición insignificante”.

A su vez, la diputada Lucía Cámpora dijo que “Rodríguez Larreta y la fuerza que gobierna la Ciudad sabe que está votando algo que la ciudadanía rechaza y, por eso, pone las vallas en la Legislatura y también por eso esperó a que termine la compaña electoral para avanzar con estos proyectos”

“Rodríguez Larreta es la representación institucional de las grandes desarrolladoras inmobiliarias y ustedes, los legisladores del oficialismo, legislan para favorecer esos negocios y rematan tierras públicas”, aseveró.

Vamos Juntos

El legislador porteño del bloque oficialista de Vamos Juntos Daniel Del Sol defendió el paquete de proyectos inmobiliarios para levantar torres en la Costanera Norte y Sur, que eran debatidos esta tarde en la sesión de la Legislatura, al indicar que son “medidas que fomentan tanto la inversión, la generación de empleo y la ampliación de los espacios públicos”.

“La Costanera se va a transformar, tanto en el Norte como en el Sur, creando espacios verdes con mixtura de usos que permitan hacer ciudad donde hoy no la hay, dando continuidad a las innovaciones que se vienen concretando en la Ciudad de Buenos Aires hace 14 años”, sostuvo Del Sol.

Puntualmente, sobre el convenio entre el Gobierno porteño con la empresa IRSA para levantar torres en la zona sur de la ribera, el legislador indicó que “esta ley permitirá recuperar, renovar e integrar a la Ciudad un terreno en desuso de 70 hectáreas, que se encuentra privatizado, restringido a la ciudadanía y sin la posibilidad de convivencia con el río”.

En este sentido, agregó que los acuerdos urbanísticos con constructoras privadas para habilitar nuevas edificaciones en altura “tendrán contraprestaciones que serán destinadas a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del Área Central, comprendida en el Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible que aprobamos recientemente”.

“En este difícil contexto económico para los argentinos tenemos que tomar medidas que fomenten tanto la inversión, la generación de empleo y la ampliación de los espacios públicos, como la transparencia y la eficiencia en el control”, destacó a modo de resumen de los expedientes con proyectos inmobiliarios que forman parte del temario de la sesión ordinaria.

Con información de Télam.

IG

El Frente de Todos (FdT) de la Ciudad de Buenos Aires, junto a organizaciones políticas, sociales y ambientales, presentó este jueves en la Legislatura porteña un total de 53.864 firmas, las cuales avalan una iniciativa popular que propone crear un parque público en Costa Salguero y evitar así que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avance con la privatización de ese predio, ubicado en la Costanera norte, a orillas del Río de la Plata.

“Para que la Ciudad de Buenos Aires sea sustentable hay que defender lo público, la sociedad y la vida. Costa Salguero es un símbolo de la defensa de un modelo de democracia que pone al ser humano en el centro del debate”, dijo el candidato a diputado nacional Leandro Santoro (FdT) en la puerta de la Legislatura, donde se organizó un breve acto.

Y agregó que “la ciudad está siendo agredida por los desarrolladores inmobiliarios que no piensan la construcción como una forma de dar vivienda a los sectores populares y las clases medias, si no como un negocio de especulación, haciendo que los alquileres sean más caros y, la ciudad, más desigual”.

El proyecto del oficialismo porteño para Costa Salguero prevé la construcción allí de edificios privados, los cuales tendrían un alto valor comercial.

Luego, Santoro se refirió a las próximas elecciones, y recordó que el 14 de noviembre se votarán también legisladores porteños.

En este sentido, consideró que “la construcción de una ciudad más igualitaria pasa porque en esta Legislatura el poder esté más repartido, que haya más equilibrio institucional y que no pueda, el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), como hace habitualmente, traer cualquier proyecto sabiendo que se lo votan”.

Y concluyó: “Los invitamos a que en esta Legislatura también se sienta el poder de la solidaridad, ¡a votar, compañeros y compañeras!”.

Del acto participó también el senador nacional y presidente del Partido Justicialista porteño, Mariano Recalde, quien se refirió a la iniciativa popular, y explicó que es “un mecanismo constitucional de participación ciudadana”.

“Hace unos pocos meses decidimos promoverla para que las miles de personas que se opusieron al proyecto de privatización en la audiencia pública encontraran otro canal de expresión, para que, de una buena vez, Larreta escuche lo que reclama el pueblo”, agregó.

Y luego dijo que gracias a “la participación ciudadana, sumada a la militancia de las organizaciones políticas, sindicales sociales y ambientalistas fue posible que tener la cantidad de firmas necesarias para que la legislatura trate este proyecto”.

Por último, dijo que el proyecto es “bien concreto y sencillo, tiene dos artículos: uno que deroga la venta de Costa Salguero y otro que dispone la creación de un parque público costero en ese predio”.

Hasta diciembre próximo, cuando cambie la conformación de la Legislatura en función del resultado de las elecciones, el FdT contará con 17 bancas en en el recinto, de un total de 60; mientras que Vamos Juntos tiene 26 y, a su vez, forma un interbloque con UCR-Evolución y el Partido Socialista, sumando así 37 legisladores.

De acuerdo a las leyes porteñas, los proyectos de ley presentados mediante iniciativa popular, es decir con el apoyo del 1,5% del electorado, deben ser votados en la Legislatura en un período no mayor a un año, desde que toman estado parlamentario, más allá de la voluntad del bloque mayoritario.

En octubre de 2020, la Legislatura aprobó en primera lectura, con votos del oficialismo y aliados, el proyecto de ley de rezonificación de Costa Salguero, una iniciativa del Ejecutivo porteño para habilitar la construcción de un conjunto de edificios de 10 pisos.

Entre noviembre de 2020 y enero de este año se hizo, también en la Legislatura, una audiencia pública virtual para debatir la rezonificación, en la que se inscribieron más de 7.000 personas y más del 97% de los oradores rechazaron la privatización.

Entre las organizaciones que acompañaron la iniciativa se encuentran la Alianza por el Clima, los Jóvenes por el Clima, Eco House y el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.

Para el acto, frente a la Legislatura, en la calle Perú, instalaron una gran escenografía que representaba al Río de la Plata y su ribera verde, donde había reposeras, sombrillas y unas 35 cajas con la leyenda: “en esta caja hay 1500 firmas que piden un parque público en Costa Salguero”.

“Representa cómo quedaría si fuera un parque público, si no, tendrías las torres”, comentó el legislador porteño del FdT Matías Barroetaveña.

Además, desde una ventana del tercer piso del edificio, se desplegó una bandera que decía “No vendan la Costanera”.

La ley que autoriza la venta de Costa Salguero, un predio ubicado en la Costanera norte y en las inmediaciones del aeroparque metropolitano, es autoría del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y fue aprobada en la última sesión de 2019 con votos del oficialismo, que en ese momento contaba con la mayoría necesaria.

Actualmente, la posibilidad de vender Costa Salguero se encuentra frenada por dos fallos de la justicia porteña: una resolución del juez de primera instancia Leonardo Furchi, quien consideró en abril pasado que la ley que autorizó la enajenación del predio fue inconstitucional, y una confirmación de segunda instancia dictada en octubre por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Además de Santoro y Recalde, estuvieron la vocera presidencial Gabriela Cerruti, la candidata a diputada nacional Lorena Pokoik, la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien es candidata a renovar su banca, y el bloque del FdT de la Legislatura.

Con información de Télam.

IG

El secretario de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires hablando de espacio público en la sección Propiedades de La Nación. Todo un síntoma de época.

La entrevista -autopercibida manifiesto de urbanismo- atraviesa varios temas estructurales sobre el rol de la planificación urbana y sobre cómo se piensan y se gestionan modelos de ciudad. Los planteos de Álvaro García Resta como responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano no son, por lo tanto, opiniones incidentales; constituyen un sentido político que define significativamente cómo vive la gente en Buenos Aires.

Hay tres cuestiones cruciales; la primera tiene que ver con la concepción del espacio público. Por un lado, el diseño está atravesado por una mirada clasista que entiende que las plazas y parques son para correr y pasear el perro, mientras soslayan otras dimensiones como las ambientales (si se lo diseñara con menos cemento, claro) o las políticas (su papel simbólico como lugares de manifestación colectiva, de despliegue cultural). Es una reducción funcionalista del ciudadano estereotipado que construye el gobierno de Buenos Aires. Por el otro, está el tema de qué variables definen el ideal de espacio público. En una extraña reflexión cuantitativista, García Resta afirma que una persona que se queda todo el día o varias personas que se quedan unos minutos pueden dar cuenta del éxito de un parque en términos de concurrencia y permanencia. Eso no es ser disruptivo con las políticas públicas, es hacer un promedio -que, además, no tiene ninguna racionalidad de planificación urbana-. Pero lo notable es que el secretario también simplifique las críticas: en la audiencia de Costa Salguero, las 1.163 declaraciones en contra (frente a 30 a favor) desplegaron una diversidad y solidez de argumentos inédita que explican por qué “hacer ciudad” no es edificar ni tampoco privatizar tierra pública para consumo suntuoso. La concurrencia a grandes parques urbanos depende fuertemente de la infraestructura de movilidad y el servicio de transporte público; la permanencia, de la calidad del espacio y el paisaje para usos diversos, impredecibles. Para el secretario, sin embargo, quienes participaron de la audiencia son personas que se oponen a vender un par de hectáreas. Esto no sólo pone en evidencia los límites de argumentación de la gestión para sostener el proyecto sino que visibiliza que la participación social válida es la que no interfiere con el esquema de negocios de los funcionarios del PRO. Más aún, plazas y parques han surgido allí donde hubo movilización social y resistencia a los desarrollos inmobiliarios propuestos desde la secretaría -como el caso paradigmático de Manzana 66-; el espacio público en CABA no es mérito de la antropología urbana, es producto de una ciudadanía que disputa activamente las decisiones sobre el espacio urbano.

Y ahí emerge una segunda cuestión: la del modelo de gestión democrática. La supuesta dicotomía entre el “viejo urbanismo” y uno nuevo -encarnado en la visión antropológica- es una mera operación retórica para posicionarse como una vanguardia que ahora sí entiende y se preocupa por lo que necesita la gente. No hay nada de nuevo en eso, desde su configuración como disciplina a finales del siglo XIX, el urbanismo siempre ha tenido como objeto cómo se vive y se podría vivir en las ciudades. Los cambios desde abordajes más centralizados, que exaltaban la voz de los técnicos, hacia modelos participativos, dan cuenta de una trayectoria histórica y cada vez más compleja de los problemas urbanos. En ese devenir, la literalidad de hacer “lo que dice el vecino”, más que una propuesta innovadora de participación social, es una fórmula demagógica que la gestión de la ciudad ha encontrado para validar su falta de capacidad técnica y su incompetencia para gestionar el conflicto. ¿Qué vecino dice? ¿el que tiene acceso a redes, tiempo, ganas, incentivos para participar? BA Elige ha sido la apoteosis de esta metodología, con propuestas que tras cumplir con un procedimiento administrativo y ser las más votadas (que en el mejor escenario no llegan ni a 500 votos en una ciudad de 3 millones de habitantes) están en condiciones de implementarse sin ningún criterio de planificación territorial -así impliquen, por ejemplo, temas sensibles como instalar más cámaras de seguridad-. Esa lógica, escalada, resulta en la reciente convocatoria de convenios urbanísticos abierta a propietarios de terrenos; un collage de proyectos de desarrollo inmobiliario, que denigra un instrumento valioso para la gestión de suelo, sobre la premisa de valorizar la tierra urbana.

Desarrollar mecanismos para que las plusvalías de la urbanización (que surgen del esfuerzo colectivo de la sociedad) no queden en manos de los propietarios del suelo, es la base de una gestión urbana justa.

Ahí, la tercera -y extremadamente sensible- cuestión. ¿Por qué encarecer el precio de la tierra en una ciudad que cada vez tiene más gente sin ingresos suficientes para acceder a una vivienda? Porque el gobierno, bajo un supuesto de redistribuir riqueza que nunca se cumple, se financia capturando parte de esa valorización. Desarrollar mecanismos para que las plusvalías de la urbanización (que surgen del esfuerzo colectivo de la sociedad) no queden en manos de los propietarios del suelo, es la base de una gestión urbana justa. Promover desarrollos inmobiliarios para generar artificialmente ese flujo, es hacer caja. Hay muchas maneras de financiar el desarrollo urbano, pero implican creatividad y, sobre todo, mucha audacia política; hace cuatro gestiones el gobierno porteño elige promover el desarrollo inmobiliario especulativo y vender tierra pública sistemáticamente (de manera irregular y, casi siempre, bajo precio de mercado).

Pero además de creatividad y audacia, hay que tener funcionarios y técnicos capacitados. La tierra urbana no es renovable. De hecho, es un recurso finito y escaso. No tener conocimientos adecuados sobre cómo funcionan los mercados de suelo redunda en que se afirmen y difundan errores conceptuales como este. ¿Tal vez el periodista y el secretario hayan intentado referirse a los procesos de destrucción creativa que se dan en las ciudades? En cualquier caso, lo segundo sólo reafirma lo primero: al ser un bien escaso en un contexto donde la producción inmobiliaria genera rentas enormes, “liberar” suelo para que esté disponible para nuevos desarrollos es una estrategia central de reproducción del capitalismo. Cuando eso se traduce en las 150 hectáreas que las gestiones del PRO vendieron entre 2009 y 2019, implica que la ciudad perdió suelo para aumentar 40% los espacios verdes o para construir más de 86.000 viviendas que reduzcan el déficit habitacional, como surge en el informe del despacho del diputado Barroetaveña. Esto no es un problema técnico: la decisión política es debilitar al Estado, que debería ser un actor central en la regulación del mercado de suelo para garantizar que efectivamente quienes viven en la ciudad tengan vivienda, equipamientos y espacios públicos accesibles y de calidad.

Tomar decisiones de política pública implica tener, ante todo, creatividad política para proponer soluciones colectivas que no surgen, que no podrían surgir, de la suma de individualidades; supone la capacidad de ir más allá de los sentidos comunes instalados, de acompañar la escucha sensible con un rol activo en el desarrollo de propuestas superadoras. Pero sobre todo, implica respetar la esencia pública de la planificación urbana, gestionando los recursos de la ciudad como genuinos bienes comunes. Con participación comunitaria escenográfica, incapacidad técnica y gestión empresarial, el costo social de este modelo urbano es altísimo.

GG

Leandro Santoro sale del edificio de la Legislatura, donde acaba de votar en contra del proyecto que permitirá construir torres y edificios en un tercio de las 70 hectáreas que la empresa IRSA posee en Costanera Sur. Como de costumbre, a Horacio Rodríguez Larreta le sobraron legisladores para imponer su iniciativa. A media tarde de un jueves, la calle Perú aparece desangelada, con un vacío impropio de su historia. Es la nueva normalidad. Santoro, primer candidato a diputado por el Frente de Todos en Capital Federal, saca al Alfonsín que lleva a dentro y juega ante sus colaboradores con una imitación lograda. Tiene una cita en Congreso, su próximo barrio político. elDiarioAR lo acompaña en el trayecto por Avenida de Mayo y le realiza la siguiente entrevista.

Disparada por la foto del festejo de Fabiola Yáñez en Olivos, la palabra “decepción” circuló entre muchos que votaron a Alberto Fernández y siguen sin compartir la ideología y las prácticas del macrismo. ¿Notás que hay decepción entre una parte de los votantes del Frente de Todos, no sólo por la foto, sino por el rumbo del Gobierno?

No se puede hacer una afirmación a partir de una percepción. Probablemente haya sectores que estén decepcionados, pero eso no caracteriza necesariamente una evaluación. Hay que entender que las primeras impresiones de una situación traumática, en general, suelen provocar intuiciones como las que citás. No es lo mismo que leer una derrota electoral, que tiene otro significado. A los períodos históricos y a los Gobiernos se los evalúa integralmente. Todos tienen aciertos, errores, generan expectativas, que a veces las cumplen y, a veces, no. La defraudación o el desencantamiento no es algo que pueda caracterizar un período tan cortito como el que llevamos.

Hay que entender que las primeras impresiones de una situación traumática, en general, suelen provocar decepción

Una promesa esencial del Frente de Todos era recuperar los ingresos de los sectores medios y pobres. ¿Ves factible que el Gobierno de Fernández termine en dos años dando continuidad la distribución del ingreso heredada de Mauricio Macri?

No está pasando eso, estás equivocado. Durante el macrismo, las tarifas de servicios públicos y todos los precios regulados subieron muy por encima de la inflación. La reforma previsional les hizo perder a los jubilados más de 20% del poder adquisitivo del salario, se cerraron 25.000 empresas, se tomó deuda pública para financiar la timba. Que durante el Gobierno de Alberto Fernández sufrimos una crisis impredecible, que modificó las expectativas, es cierto. Que buena parte de los compromisos asumidos no se pudieron cumplir por la pandemia, obviamente. La economía y el comercio mundiales se derrumbaron, y la actividad económica se paralizó durante más de un año como consecuencia del aislamiento y el distanciamiento, pero la intención política y la orientación del rumbo general del gobierno están puestos en recuperar los ingresos de los sectores trabajadores. No hay ninguna medida que haya tomado el Gobierno que haya empeorado la situación social.

La estadística dice que la inflación superó los ingresos de los trabajadores no sólo en 2020, comprensible por la pandemia, sino también en los últimos meses.

El sector privado registrado le está ganando a la inflación; los sectores informales efectivamente están perdiendo un poquito. Estamos en el primer semestre del año. Todos somos conscientes de que la inflación es un problema estructural, que tiene una inercia anterior al Gobierno de Macri. Ese problema encontró un Gobierno que trató todo el tiempo de intervenir para nivelar la desigualdad y la pérdida del poder adquisitivo del salario. Con los bonos a los jubilados y pensionados, la reducción del impuesto a las Ganancias, una política de subsidios (a los servicios públicos) que actúa como salario indirecto, el IFE, el Repro II, la ATP. Un montón de políticas, en un contexto en el que todos los países del mundo están sufriendo una crisis similar a la nuestra. Pero nosotros tuvimos dos crisis, la de la pandemia y la que heredamos del macrismo, que combinaba recesión e inflación.

¿De qué manera se podrá dar el salto desde medidas de contención o reparatorias a una real recuperación de los ingresos?

En principio, la reactivación de la economía se empieza a notar en la construcción y en la industria. La redistribución del ingreso primaria es la del salario; la secundaria es cuando interviene el Estado. La recuperación del trabajo y del poder adquisitivo, en el marco de paritarias libres y de una política que tienda a fortalecer la capacidad productiva y exportadora, va en esa dirección. En segundo lugar, las modificaciones progresivas de los impuestos, por ejemplo, Ganancias para las empresas. Se modificó de tal forma que la pyme paga cinco puntos menos que antes, las empresas que facturan hasta $50 millones pagan lo mismo, y las grandes, 35%, cinco puntos más. Es una línea de trabajo. Con Bienes Personales pasó lo mismo. El macrismo lo reduce con la intención de poner un impuesto a la herencia, y después se olvidó de la herencia. Nosotros tratamos de gravar el patrimonio, que es lo que se recomienda en el mundo para disminuir la desigualdad social. Obviamente, siempre lo importante es la matriz de intervención del Estado para tratar de garantizar mayor igualdad de oportunidades.

¿Por qué no retoman la idea del impuesto a la herencia?

No es momento de discutir los impuestos de esa manera. Es una discusión que en la Argentina se tiene que dar de manera integral con todos los actores sentados a la mesa, porque si se llegara a dar el caso de que, por una mayoría circunstancial, se modifica parte de la matriz tributaria sin consenso suficiente, el día de mañana, si cambia el Gobierno, eso podría retroceder. Necesitamos consenso alrededor del concepto de equidad tributaria. Forma parte de esas políticas de Estado que siempre decimos que los argentinos tenemos que llevar adelante y muchas veces nos cuesta conducir.

No es momento de gravar la herencia. Necesitamos consenso

Intervinieron en la escala de Ganancias personales, subieron sustancialmente el piso y excluyeron del gravamen al segundo 5% que más ingresos tiene. ¿Eso no va en sentido contrario a la equidad impositiva, al terminar beneficiando a parte de la elite de mayores ingresos?

Estamos hablando de salarios de un piso de $150.000 pesos, no hay elite ahí.

Mientras el promedio de los salarios de los trabajadores es la mitad.

La discusión sobre el impuesto a las Ganancias viene de la época de Macri, que se había comprometido a eliminarlo y terminó incluyendo 1.5 millón de personas más. Cuando quitás ese descuento a sectores de clase media-media y media-alta, como destina esa plata al consumo, reactiva la economía y ello termina cerrando el círculo virtuoso de producción y empleo. Es un ejemplo de cómo tiene que girar la economía.

¿No hubiera sido más sano dedicar el monto que se deja de percibir por Ganancias a políticas que beneficiaran a sectores medios-bajos?

Si hay algo que nosotros hicimos fue poner recursos públicos en los sectores de menores ingresos, como la tarjeta Alimentar, que llegó a cuatro millones de personas. La Argentina está en una situación de emergencia. En 2020, tuvimos 6 puntos del PBI volcados al sostenimiento de la economía. Estamos teniendo 1,5 punto del PBI al plan de estímulo y aliento para superar las restricciones del Covid-19. El instrumental que tiene el Gobierno está supercondicionado. Si se trata de estabilizar los precios, se derrumba la actividad económica; si se trata de inyectarle dinero a la economía, se genera inflación. La capacidad del Gobierno de intervenir no es la misma que en otros momentos históricos. Aumentar el gasto público para inventar un nuevo instrumento monetario para asistir un sector, tal vez, en el intento de resolver un problema, termine produciendo otro. Se acaban de anunciar créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos de más de $150.000, exenciones impositivas para empresas que contraten a los pibes, capacitación para la clase media-media y media baja para el plan Argentina Programa. Hay una batería de políticas tendiente a asistir a los distintos sectores, pero las capacidades del Estado como consecuencia de las políticas del Estado y de la pandemia son mucho más limitadas que en otros momentos. La gente entiende que la respuesta del Estado en función de las capacidades con las que cuenta es satisfactoria. El contexto termina determinando el instrumental para intervenir.

Dos sectores, el de la agroexportación y parte de la generación de energía, lograron preservar sus ingresos en dólares en un contexto de privaciones colectivas y un peso depreciado. ¿A qué se debe ese privilegio?

Nadie está planteando en la Argentina subir las retenciones. Ningún sector lo tiene en la agenda.

Eso no invalida un instrumento que está bastante por debajo que hace una década, y consolida una alta rentabilidad.

Sobre ese tipo de detalle, hay que preguntarle al que se ocupa de la gestión. Las retenciones se modificaron y, si se tuvieran que subir, eso sería parte de una negociación política de la que no formo parte. Tampoco estoy en condiciones de establecer qué tipo de impuesto hay que cobrar a los generadores de energía, porque es un tema que tiene que ser evaluado en función de muchas variables.

A Larreta nunca lo vi en mi vida. No soy parte de ninguna negociación, no tengo ningún funcionario en la Ciudad, ni me pidieron ayuda, ni colaboré.

¿Podrá Larreta llevar a cabo la rezonificación del predio de IRSA en Costanera Sur y el proyecto de Costa Salguero?

Si la sociedad se moviliza, no. Si no se moviliza, sí, porque el número, en la Legislatura, lo tiene. Lo único que puede cambiar la voluntad de Larreta es que sienta que pierde votos. Si la sociedad no se entera qué está pasando, probablemente eso no ocurra y el proyecto avance.

Aldo Roggio confesó ante la Justicia que pagó coimas a Ricardo Jaime para explotar el servicio del subte, Metrovías. El Gobierno de Larreta le prorrogó la concesión muchas veces y se apresta a otorgarle una renovación por muchos años. ¿Por qué el subte, que funciona tan mal, no aparece en la agenda de la oposición en CABA?

Cuando Aldo Roggio le dijo al juez que él había pagado coimas presenté un proyecto para excluir del registro de proveedores del Estado a los que se habían declarado pagadores de sobornos. El macrismo no me dejó tratarlo.

Sergio Berni y Patricia Bullrich sostienen que el peronismo de la Ciudad es socio del macrismo. ¿Qué pensás?

A Larreta nunca lo vi en mi vida. No soy parte de ninguna negociación, no tengo ningún funcionario en la Ciudad, ni me pidieron ayuda, ni colaboré. No tengo diálogo, sólo conozco a (Diego) Santilli porque era el vicejefe y presidente de la Legislatura.

¿Y el PJ de la Ciudad?

El PJ es amplio. Vengo del radicalismo, no soy quién para andar metiéndome en lo que tiene que hacer el peronismo y cómo tiene que desarrollar su vida interna.

SL

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la Ciudad de Buenos Aires Leonardo Fuchi declaró este martes la inconstitucionalidad de la ley 6.289 que fue aprobada en 2019 por la Legislatura local y autorizaba al Gobierno porteño a la venta del predio de Costa Salguero, en la Costanera Norte.

La resolución del magistrado hizo lugar al amparo presentado por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Gabriela Cerruti y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el Gobierno porteño. La administración de Horacio Rodríguez Larreta apelará el fallo. 

En el fallo, Fuchi declaró “la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad”, lo que reglamentan los alcances de las audiencias públicas para la participación ciudadana y el proceso obligatorio para las normas sancionadas en el Parlamento denominadas “de doble lectura”.

En rigor, los diputados aprobaron en diciembre del 2019 la ley por la cual se habilitó a la administración porteña a desprenderse de los terrenos de la Costanera donde funcionaron los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco mediante un solo debate legislativo, lo que fue objetado por la diputada Cerruti y el Observatorio ante la Justicia.

Es que, para los amparistas, la iniciativa debía encuadrarse en las normas “de doble lectura”, es decir, ser sometida a dos tratamientos en comisión y en el recinto, incluyendo la realización de una audiencia pública, lo que el Ejecutivo no cumplió.

“El fallo que da lugar al amparo y declara la inconstitucionalidad de la ley que intenta vender los terrenos de Costa Salguero es fruto de la movilización de las fuerzas políticas y sociales de la Ciudad”, aseguró Cerruti en su cuenta de Twitter después de conocida la resolución judicial.

De esta manera, la venta del predio de Costa Salguero quedó suspendida y se estima que la medida incidirá en la ley que aún está en debate en la Legislatura que, a su vez, avala un proyecto inmobiliario para la construcción de edificios en el lugar, lo que es resistido por organizaciones sociales y políticas que plantean que allí haya un espacio verde y público.

La rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco (lo que permite que se puedan construir edificios en ese lugar) requiere de una segunda aprobación en la Legislatura. En octubre pasado, el larretismo hizo valer su mayoría en el recinto: consiguió 35 votos a favor, incluidos dos del socialismo de Roy Cortina, más nueve avales del bloque radical alineado con Martín Lousteau y el mítico Enrique Nosiglia.

Los terrenos en cuestión fueron concesionados en la década del 90 a la empresa Telemetrix, que hace pocas semanas recibió una extensión del contrato de explotación hasta mediados de año por parte del Gobierno de la Ciudad.

Con información de Télam.

IG

Organizaciones políticas, ambientales y sociales se movilizaron este lunes a la Legislatura porteña, en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias, para manifestarse “en contra de la privatización de la Costanera”, y exigieron que el predio de Costa Salguero sea destinado a un espacio verde y público.

“Ante la apertura de las sesiones, nos movilizamos en contra de la privatización de la Costanera”, dijo a Télam Pilar Barboas, de la organización Ambiente en Lucha, y agregó que “hay un proyecto de venta de los terrenos en Costa Salguero para hacer edificios de lujo, lo cual es parte del plan privatista de la Ciudad y de seguir con la especulación inmobiliaria”.

La activista se refirió así a dos iniciativas del oficialismo porteño (Vamos Juntos): una que busca vender parte del predio Costa Salguero y otro que apunta a modificar sus normas urbanísticas y habilitar allí la construcción de edificios.

“Costa Salguero es un espacio público y seguir construyendo edificios en la Ciudad, con los pocos espacios verdes que hay, traerá daños ambientales. Una pandemia como la que atravesamos hace más necesario recuperar esos espacios”, añadió Barboas, quien pidió a los legisladores que “voten en contra de este proyecto y que dejen ese espacio para la población, para las y los trabajadores”.

La movilización fue convocada por las dos coordinadoras que reúnen organizaciones ambientales: Basta de Soluciones Falsas y La Ciudad Somos Quienes la Habitamos.

También estuvieron presentes agrupaciones del Frente de Izquierda y el movimiento Somos-Barrios de Pie.

“No queremos que se nos prive del derecho al ambiente sano y a un espacio natural, libre y limpio, como puede ser la Costanera, que entendemos es de todos los porteños que tiene que ser cuidado como un patrimonio porque hace a una mejor calidad de vida, que es una forma de poder ganar en salud”, dijo a Télam Walter Córdoba, de Somos-Barrios de Pie.

“Necesitamos una ciudad que crezca y que a su vez sea sustentable. El Gobierno busca generar un negocio inmobiliario, cercenar un derecho, tapar una parte de la Ciudad con torres y eso va a generar un impacto ambiental negativo”, añadió.

El proyecto de ley para cambiar las normas urbanísticas de Costa Salguero, autoría del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue aprobado en “primera lectura” en octubre de 2020.

Luego, desde noviembre de 2020 y hasta enero de este año, se realizó una audiencia pública virtual sobre esa iniciativa, en la que se inscribieron más de 7.000 personas, lo que marcó una participación récord en la historia de la Legislatura de la Ciudad.

En dicha audiencia, según un relevamiento del Frente de Todos, principal bloque opositor en la Legislatura porteña, más de 97 por ciento de los oradores rechazaron la construcción de edificios.

La audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se realizó en la Legislatura porteña a lo largo de los últimos dos meses, finalizó con el 97,6% de sus oradores rechazando el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busca habilitar en esos predios la construcción de edificios de hasta 10 pisos.

De acuerdo a un relevamiento realizado por los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Lucía Cámpora, expusieron en la audiencia un total de 2.057 personas, de las cuales 2.002 se opusieron a la iniciativa del Ejecutivo local, que propone cambiar las normas urbanísticas de estos dos predios, que están ubicados en la ribera del Río de la Plata y abarcan 32 hectáreas.

“Miles de ciudadanos y ciudadanas expresaron su rechazo al proyecto que se pretende desde el Gobierno de la Ciudad”, dijo al respecto Valdés a través de un comunicado, en el cual agregó: “Tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que llegue al recinto”.

El proyecto de rezonificación fue aprobado en primera lectura en la Legislatura porteña en octubre pasado, con votos del oficialismo (Vamos Juntos) y de bloques aliados (UCR-Evolución y Partido Socialista), y la audiencia pública era requisito para que la norma llegue al recinto para una segunda y definitiva votación.

“El rechazo a las torres que se pretenden construir superó el 98%. Entre los principales argumentos expuestos estuvieron el peligro que representa la edificación de torres en ese complejo para quienes las habiten por su cercanía al aeropuerto, el déficit de espacios verdes que tiene la Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de recuperar esos espacios para el disfrute de las futuras generaciones”, detalló Valdés.

La audiencia comenzó el 27 de noviembre pasado, y se desarrolló a lo largo de 30 jornadas.

En una resolución de diciembre del año pasado, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) advirtió que los edificios proyectados “atentan contra la seguridad aeronáutica”, ya que se construirían a menos de 500 metros de la cabecera de una de las pistas del aeroparque metropolitano Jorge Newbery.

La gran cantidad de oradores convirtió a esta audiencia en la más numerosa realizada en la Legislatura porteña, y una de las organizaciones que convocaron a la ciudadanía a participar fue el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), cuyo referente es el abogado Jonatan Baldiviezo.

“Si consideramos que esta audiencia pública fue la más larga de la historia de la Ciudad y también la más numerosa, con 7.053 personas inscriptas, y que más del 97% de les ciudadanes que expusieron se manifestaron en contra del proyecto de venta y cementación del borde costero, la indiferencia del Jefe de Gobierno es alarmante, sobre todo en un sistema de gobierno que, según la Constitución porteña, debe ser una democracia participativa”, apuntó Baldiviezo en declaraciones a Télam.

En diciembre de 2019, el oficialismo porteño, que en ese momento contaba con 32 bancas en la Legislatura, de un total de 60, aprobó una ley que autorizaba la venta de las tierras de Costa Salguero y Punta Carrasco, que pertenecen al Estado local, y luego lanzó el “Concurso nacional de ideas”, convocando a proyectos arquitectónicos que incluyeran la construcción los edificios.

Sin embargo, la venta de las tierras se encuentra suspendida por un fallo de la justicia local en segunda instancia, el cual consideró que las tierras ribereñas son de “especial tutela” por su valor ambiental; además, la Constitución porteña establece en su artículo 8° que los terrenos costeros son “públicos y de libre acceso y circulación”.

Dicha Constitución también establece, en su artículo 1°, que la Ciudad de Buenos Aires, “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”.

“Mientras se desarrollaba en la Legislatura porteña la audiencia pública (…) el Jefe de Gobierno avanza como si este debate no estuviera sucediendo, como si supiera el resultado de antemano o, peor aún, sin importarle lo que la ciudadanía exprese en sus intervenciones”, añadió Baldiviezo.

Y advirtió que “en el Plan Plurianual de Inversiones (2021-2023) figura que se destinará 4.800 millones de pesos para Infraestructura en Costa Salguero y más de 812 millones de pesos para el proyecto ejecutivo del Colector (cloacal)”.

En la audiencia, integrantes del ODC, del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, de la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos” y otras organizaciones, así como ciudadanos que no pertenecen a ninguna agrupación, se manifestaron a favor de la creación de un parque público costero en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

Marta Gofin, una de las oradoras de la última jornada, dijo que “el proyecto oficial afecta la preservación y necesaria ampliación de espacios verdes en la Ciudad, y que en esta esta pandemia quedó en evidencia que son deficientes”.

Gofin, quien es psicóloga y residente del barrio de Flores, solicitó además que “la totalidad de las tierras comprometidas en el proyecto oficial se conviertan en un parque costero”.

Con información de agencia Télam.

IG

El arquitecto Álvaro García Resta es un corredor amateur. En los tiempos libres de su cargo de secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad, sale a trotar por Palermo. Y desde esa condición apuesta a que el proyecto de venta y desarrollo inmobiliario en Costa Salguero generará un nuevo espacio que aprovecharán los runners porteños. También, asegura, lo usarán los dueños de los nuevos departamentos, los empleados de los comercios construidos y los visitantes del espacio público incluido en el plan oficial. Si bien admite la posibilidad de incluir alguna modificiación, el funcionario larretista defiende de forma blindada la iniciativa del gobierno. 

En la ronda de audiencias públicas, la enorme mayoría de los expositores se opuso a la venta. ¿Cómo lo interpreta?

Era previsible por la composición de los que se anotaron para dar los discursos. Tenemos un observatorio que sigue el día a día qué se dice, y vimos una línea pareja entre los argumentos expuestos. Incluso sobre la forma de darlos, con declaraciones textuales que son iguales. 

¿Le parece mal que se hayan organizado?

No, no, es legítimo que se organicen.

¿De dónde piensa que surgió esa supuesta bajada de línea?

De dónde no se, pero son discursos muy parecidos entre sí, la estructura y argumentos. Uno se puede oponer con una agenda propia, incluso colectiva, pero acá hubo una agenda ideológica que excede el marco del proyecto. Igual es indistinto. Fue un proceso perfectamente democrático y participativo. 

¿Por qué le parece bueno el proyecto del Gobierno de Larreta? 

Donde no hay ciudad, hay que hacerla. La ciudad es una mixtura de usos, y el de Costa Salguero es un predio desconectado de la ciudad. Y que pase una sola cosa no es bueno; que haya sólo parque está mal. Que haya sólo oficinas, locales o vivendas, está mal también. Lo ideal es que el local de gastronomía sea solidario con el parque y el parque con la oficina, y la oficina con la vivienda. Eso garantiza la accesibilidad plana. Que los que trabajan disfruten del río. También los habitantes y los visitantes. El éxito del espacio público se mide en la cantidad de gente que lo visita. Si va mucha gente, es exitoso. Ahora a la costa no va tanta gente, y la mixtura de uso garantiza que sí lo haga. Además el porcentaje mayoritario, un 76 por ciento, es para espacio público y verde. 

Uno se puede oponer una agenda propia, incluso colectiva, pero acá hubo una agenda ideológica que excede el marco del proyecto

¿Por qué dice que destinar todo ese espacio para un parque público sería un fracaso? 

Uno va a un parque pleno que está a 6 cuadras, y se queda ahí hasta que tiene ganas de ir al baño, comer o tomar algo. Si no, es una playa desierta. La mezcla de servicios y espacio público atrae el doble. El objetivo es que la gente vaya y se quede. Un buen ejemplo es Puerto Madero. La mayor parte de la gente pasea por los diques y no por los parques. Se necesitan los servicios.

En los terrenos de Costa Salguero entonces podría haber parques con servicios, pero sin edificios.

Sí, puede ser. Pero la vivienda te garantiza un tipo de vida: ocupación nocturna, pertenencia, etcétera. No es un uso no deseado. La parte inmobiliaria es un eslabón de la cadena del desarrollo.

¿Le sorprendió que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario aceptara la apelación planteada respecto al reclamo de “libre acceso y circulación” a la costa?

No. Está bien pedido el amparo y la respuesta de la sala II era posible. Esa tierra arrastra una historia difusa. Es discutible. El primer fallo fue favorable al proyecto, y el segundo no. Ambos esperan una tercera instancia. Vamos a hacer lo que haya que hacer en función del fallo. Y vamos a aceptar lo que la Justicia diga. 

¿Pero usted sostiene que es una zona pública de dominio privado?

Hay herramientas en la historia del predio para decir que es de dominio privado.

¿Evalúa hacer cambios en el proyecto?

Somos respetuosos de los procesos, incluso más que de los proyectos en sí. Nosotros planteamos un concurso público y abierto, con la Sociedad de Arquitectos. Hubo un ganador y es el proyecto que está proyectado. Pensamos honrarlo. La audiencia es una herramienta democrática. La gente puede criticar, pero el concurso es legítimo y dio un resultado. No es que lo ideó la Ciudad. Es más, el plan del estudio ganador aumentó los parámetros de espacio verde respecto a lo construido, en comparación con la rezonificación que había aprobado la Legislatura. La ley decía 35 por ciento de construcción y 65 por ciento de parque. El proyecto plantea 74 y 26 por ciento.

Hay herramientas en la historia del predio para decir que es de dominio privado

¿Cuáles son los inversores interesados en el proyecto? 

No lo sé. La situación macroeconómica es bastante imprevisible. Es difícil pensar en eso. No tengo reuniones ni información al respecto. El proceso viene un poco turbulento.

¿Los cuatro o cinco grandes actores del negocio inmobiliario son los principales candidatos?

Abrís un diario y dice que son viviendas premium. Otro dice que es imposible vivir ahí por el ruido. Depende del lado de la biblioteca en la que estés (se ríe). No son torres, eso sí. La normativa lo establece claro en metros. Dependiendo de la zona, son entre 18 y 26 metros. No son torres y no es un proyecto para público ABC 1.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) planteó en un informe que el proyecto “atenta contra la seguridad aeronáutica” por su cercanía con Aeroparque. ¿Qué piensa de ese dictamen?

Es un informe que en principio no parece técnico. Son sugerencias de la ANAC. Además nosotros creemos en el desarrollo de la ciudad, no en el desarrollo de la infraestructura aeronáutica. La vida de la gente es más importante que la de los aviones. El impacto sobre el ecosistema del río y la costa tiene más que ver con el aeropuerto que con un proyecto de parque y vivienda. La agenda ambiental y urbana requiere que hablamos del predio como parte de un todo. 

¿Cuánta plata le entrará a la Ciudad por la venta?

Es complejo de saber. Depende de la oferta y demanda, de la cotización del dólar y las devaluaciones.

¿La venta de Costa Salguero es un proyecto bisagra para el gobierno porteño? 

Es bisagra porque la ciudad podrá llegar al río. Soy arquitecto y estudie una maestría en ciudades. Siempre escuché lo mismo: que Buenos Aires le da la espalda al río. Por eso en la historia de la Capital puede ser una bisagra. Puede implicar un efecto dominó en el puerto, las areneras, el aeropuerto. La infraestructura deben ser puesta al servicio de la gente y no de los aviones y barcos. El río es para la gente.

AF

Pese a una traba judicial inesperada y el rechazo casi unánime de los expositores en las audiencias, el larretismo avanza con la venta de Costa Salguero. El jueves próximo terminará la ronda de opiniones públicas no vinculantes sobre el proyecto impulsado por el gobierno porteño. Previsiblemente, el clima en las presentaciones virtuales (con asistencia récord) fue desfavorable al plan oficial. Hasta el lunes pasado, se acumularon 1892 expositores: 1847 personas opinaron en contra de la privatización con fines inmobiliarios y de uso público. Sólo 44 la defendió. 

El oficialismo porteño, sin embargo, atribuye esa tendencia a una politización del debate, orquestada por la izquierda y el kirchnerismo. Y si bien considera la posibilidad de incorporar alguna modificación puntual al proyecto (la Secretaría de Desarrollo Urbano sigue el día a día de las audiencias), descarta por completo archivar la venta. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está determinado a modificar la fisonomía de las 32 hectáreas que ocupan Costa Salguero y Punta Carrasco, frente al Río de la Plata y cerca del aeropuerto Jorge Newbery.

El Puerto Madero II proyectado no podrá superar los 29 metros de altura. En caso de concretarse, los edificios construidos ocuparán el 26% de la superficie total del terreno. Así lo dispuso el estudio de arquitectura Menichetti y Franck que, acatando el pliego de condiciones oficial, ganó el concurso. El 74% restante deberá transformarse en parque público sobre distintas áreas de la ribera. Aunque algunos expositores relativizaron esa proporción: plantearon que la parte pública del plan se volvería, en la práctica, un espacio semi-privatizado para los ocupantes de las viviendas, oficinas y comercios. 

“Ese lugar debería estar destinado a un gran parque público. La pandemia nos hizo ver la necesidad de multiplicar los espacios verdes. Tenemos menos de la mitad de los metros cuadrados verdes por persona recomendados por la Organización Mundial de la Salud”, afirma el legislador del Frente de Todos Leandro Santoro. La Ciudad cuenta con 6 metros cuadrados por habitante, contra los entre 10 y 15 que sugiere la OMS.

Desde fines del año pasado, la consigna de rechazo al proyecto fue: “defendamos nuestro río; parque sí, torres no”. Se realizaron varias manifestaciones, tanto en redes como en caravanas de autos y bicicletas.

Ese lugar debería estar destinado a un gran parque público. La pandemia nos hizo ver la necesidad de multiplicar los espacios verdes

El argumento central del larretismo para defender el proyecto es que actualmente la zona de Costa Salguero se encuentra desaprovechada y de espaldas a la ciudad. “Es un predio desconectado de la trama urbana. Ahí se necesita una mixtura de usos: que pase una sola cosa no es bueno. Que sea sólo parque estaría mal. Sólo oficinas, viviendas o locales, también. La mixtura haría que vaya más gente. Y eso garantizaría una accesibilidad plena para que todos disfruten del río”, promete a elDiarioAR el secretario de Desarrollo Urbano porteño, Álvaro García Resta.

En el anteúltimo día de exposiciones y discursos, que empezaron el 27 de noviembre y finalizarán este jueves, abundaron nuevamente los cuestionamientos al plan del gobierno. La ingeniera ambiental Sara Montenegro afirmó que “para el extractivismo urbano, las plazas y los parques no son espacios rentables y deben ser convertivos en algún tipo de negocio, se privatiza el ocio e impone que no se puede disfrutar sin consumir”.

Es un predio desconectado de la trama urbana. Ahí se necesita una mixtura de usos: que pase una sola cosa no es bueno. Que sea sólo parque estaría mal. Sólo oficinas, viviendas o locales, también

La audiencia pública sobre la venta de Costa Salguero es la más larga de la historia de la ciudad. Con 7053 personas inscritas para alzar su voz, también batió récords de participación. El rechazo de varios grupos ambientalistas, sociales y políticos al proyecto hizo del caso una situación bisagra: si el larretismo gana esta pulseada, que se libra en la Legislatura, en la Justicia y en la calle, sentará un precedente clave. Difícilmente después quede músculo político y social para resistir propuestas similares de desarrollo inmobiliario para la Capital.  

¿Cómo sigue esta trama? La rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco (lo que permite que se puedan construir edificios en ese lugar) requiere de una segunda aprobación en la Legislatura. En octubre pasado, el larretismo hizo valer su mayoría en el recinto: consiguió 35 votos a favor, incluidos dos del socialismo de Roy Cortina, más nueve avales del bloque radical alineado con Martín Lousteau y el mítico Enrique Nosiglia. El gobierno da por descontado que repetirá esa mayoría en la llamada segunda lectura. “Vamos a acompañar, aunque quizás hagamos algún aporte para mejorar el proyecto”, revela un legislador de la UCR.

El proyecto, sin embargo, enfrenta otra traba algo inesperada. Además de la rezonificación, la Legislatura de la Ciudad ya aprobó la venta de los predios costeros. La ley de privatización fue votada en diciembre de 2019. Pero en octubre del año pasado, la justicia aceptó una apelación y suspendió la venta. Con un agravante para el alcalde Rodríguez Larreta: la decisión no fue tomada por uno de los jueces de primera instancia que suelen desairar al gobierno y marcarle la cancha a través de amparos. Al contrario, la tomó una sala de cámara a la que el oficialismo considera “prudente”.

Tras un primer fallo positivo para el larretismo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad aceptó la apelación planteada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas y la diputada Gabriela Cerruti. Si bien no resolvió el planteo de fondo y apenas dictó una cautelar, los jueces concedieron que, según la Constitución de la Ciudad, los terrenos podrían considerarse de dominio público por su importancia para el medio ambiente y deberían ser de “libre acceso y circulación”.

“El PRO, junto a los principales desarrolladores y terratenientes urbanos, pretende que el entorno ribereño se uniformice bajo los criterios que dieron origen a Puerto Madero: exclusión, apropiación y concentración de las tierras públicas por los sectores económicos de mayores recursos, fragmentación social y espacial, e incremento del valor del suelo a través de la creación de nuevas desigualdades”, plantea ante elDiarioAR el abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad Jonatan Baldiviezo. 

Habitual amparista en contra de los planes del gobierno, Baldiviezo se convirtió en una molestia cotidiana para la gestión amarilla. Entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, el PRO manda en la Capital desde hace 14 años.

La discusión sobre si Costa Salguero pertenece al dominio privado de la Ciudad o al dominio público, como argumentaron los amparistas, es crucial. Parece algo abstracta, pero tiene una consecuencia muy concreta. Los espacios de dominio público, como los ríos o las plazas, son prácticamente inalienables. Es decir, para venderlos, el gobierno necesitaría dos instancias de aprobación en la Legislatura. Y algo más: estaría obligado a conseguir el aval de dos tercios de las bancas. Actualmente no cuenta con esos 40 votos. Dentro del oficialismo, incluso existió un pase de facturas cruzado respecto a la falta de solidez técnica en el proyecto.  

La espada de Damocles judicial le suma imprevisibilidad al proyecto. ¿Habrá actores inmobiliarios dispuestos a invertir a riesgo, sin contar con garantías sobre la viabilidad política y jurídica de ese negocio? No existe una respuesta definitiva al respecto. Cerca del gobierno descartan rápidamente una opción: que empresas extranjeras del real state se embarquen en esa aventura. La mezcla de pandemia, traba judicial e incertidumbre cambiaria atentan contra esa posibilidad. La expectativa está puesta en los tanques locales del mercado inmobiliario. ¿Quiénes? El poder permanente de la construcción en la Capital: IRSA, Consultatio, Raghsa y TGLT. En nombres propios, Eduardo Elsztain, Eduardo Costantini y Nicolás Caputo. 

“La industria de los amparos es un desastre para este tipo de inversores. Pero a la vez ellos están acostumbrados a esperar y pueden apostar y esperar unos años”, concluye un legislador del oficialismo. 

AF

Un funcionario larretista se agranda. Sentado en una de las oficinas del edificio modernista de la jefatura de gobierno, asegura: “La pandemia nos ahorró un año de trabajo en la instalación de Horacio”. Se refiere a la visibilidad nacional que ganó el alcalde durante el 2020. Entre los funcionarios porteños, desde los de primera hasta tercera línea, nadie duda: Horacio Rodríguez Larreta será el candidato a presidente de Juntos por el Cambio en 2023.

Dan por hecho que Mauricio Macri le dará su aval, y ese dedazo del expresidente a la vez traería un beneficio adherido: el traspaso del núcleo de votantes amarillos que se identifican más con elmandatario o, puestos a elegir un plan B, con Patricia Bullrich. 

Este viernes, Rodríguez Larreta recibió el alta de su médico. Se recuperó del Covid-19 y ya retomó su agenda. A la mañana recorrió el dispositivo Detectar que se abrió en River Plate. Estuvo acompañado por su vice, Diego Santilli, y el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, uno de los dirigentes que amaga desde hace años con saltar a la política electoral. En la sede de River en Núñez, se testean contactos estrechos de coronavirus.

“Seguimos trabajando en coordinación con el Gobierno nacional y con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, dijo Larreta al terminar la visita. 

Agregó: “Somos conscientes de que hay rebrote en la Ciudad y en el mundo, por eso es tan importante que nos cuidemos hoy más que nunca. Es la mejor manera de enfrentar esta situación”. El reconocimiento del repunte en los contagios anticipa un dilema: ¿cómo hará la administración porteña para cumplir con su promesa de que vuelvan las clases presenciales? Especialmente porque el ensayo presencial de fin de año fue apenas una especie de muestra gratis simbólica de pocos alumnos.

Juntos por el Cambio en bloque hizo una bandera de la necesidad de que se termine la virtualidad. El lunes pasado, el espacio opositor se lo exigió al gobierno nacional. Y el jueves, Mauricio Macri potenció el reclamo. 

“La Ciudad de Buenos Aires demostró que es posible abrir las escuelas, respetando los protocolos y las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud. Ese camino es el que esperamos que tome la Provincia de Buenos Aires, que tiene la enorme responsabilidad de educar a 5 millones de chicos -prácticamente la mitad del país”, escribió Macri en su facebook. 

El elogio de Macri a Rodríguez Larreta, con quien mantuvo un trato frío hasta hace unos cuatro meses, a su vez le dejó la vara alta respecto a la vuelta de los chicos a las aulas en la Capital. A poco más de un mes de que empiece el ciclo escolar, el larretismo se mantiene intransigente en esa postura. Los representantes del Ministerio de Educación de la Ciudad y los sindicatos docentes se reunieron este viernes por primera vez. El oficialismo ratificó su objetivo: empezar en las aulas el 17 de febrero. Los gremialistas pidieron garantías sanitarias a cambio, como única respuesta. 

Aval de Iglesias

Por ahora, los halcones cambiemitas celebran la dureza del oficialismo porteño. Hasta el diputado Fernando Iglesias arengó al larretismo por “bancar esta decisión hasta las últimas consecuencias”. Pero a medida que se acerque la fecha, el debate sobre la modalidad educativa dejará de ser una abstracción grietera.

El alcalde detalló que “estamos viendo hace varias semanas un aumento significativo en la cantidad de casos. Antes de Navidad estábamos en 465 casos por día y hoy estamos en 1200. Esto se da producto de los encuentros de fin de año”.

El Gobierno de la Capital sumó un nuevo Centro de Testeo en el predio de la Rural para atender a turistas y residentes que vuelvan de sus vacaciones. Se trata del predio de La Rural. Será exclusivo para atención vehicular.

Romper el cerco

El larretismo además pretende sumar a La Red Solidaria de Juan Carr a la logística de vacunación en la Capital. Con un ojo y medio puesto en 2023, el objetivo permanente del alcalde es dar señales de amplitud ideológica. Pretende partir desde el piso duro del macrismo-bullrichista, pero a su vez quiere romper ese cerco. La compensación ideológica es su fórmula. Por eso los operadores porteños se muestran reacios a que Patricia Bullrich encabece la lista de diputados por la Capital. La postulación de la exministra de Seguridad, sin embargo, ya pinta inevitable. Los larretistas ponen un pliego de condiciones: que no sea una imposición externa y que La Piba entre dentro de un esquema de campaña que la contenga y suavice su perfil explosivo. ¿Qué alternativas manejan cerca de Rodríguez Larreta, en caso de que Bullrich no se postule? Muchas, en parte supeditadas a qué perfil de candidatos ponga el Frente de Todos en la Ciudad. Desde el ministro de Salud, Fernán Quirós, hasta Diego Santilli y María Eugenia Vidal entran en el poker de nombres posibles. En silencio público absoluto, la exgobernadora bonaerense se encuentra tironeada entre dirigentes capitalinos y bonaerenses. El intendente de Pinamar Martín Yeza lo blanquó ante elDiarioAR: “Quiero que sea candidata a diputada en la provincia”.

Puerto Madero II

En paralelo a la especulación electoral, el oficialismo avanza con la privatización de Costa Salguero y Punta Carrasco. Pese a las campañas de la oposición, de los movimientos ambientalistas y ciudadanos, el larretismo planea vender esas 18 hectáreas para realizar un desarrollo inmobiliario. Una suerte de Puerto Madero II.

Con mayoría automática oficialista, la Legislatura ya aprobó la venta y la rezonificación. Durante enero, continúan la audiencias públicas no vinculantes para debatir sobre la idea del oficialismo. Las exposiciones se realizan vía YouTube de 9 a 14. Al momento, opinaron 1621 personas. El 98% se opuso a la venta de las tierras públicas. El larretismo, sin embargo, no piensa modificar su hoja de ruta. A lo sumo incorporará alguna observación que surja de las audiencias y no altere el espíritu del proyecto.

AF

Esta nota fue modificada en su título el viernes 15 de enero a las 20.38. El título original decía “no quiere” en lugar de “condiciona”, y “edilicio” por “inmobiliario”.

La rezonificación de Costa Salguero es la tercera parte de una saga que comenzó en 2018 con la aprobación del llamado “Distrito Joven”, un plan del gobierno porteño que habilitaba la instalación de locales gastronómicos, bares y boliches en tierras ganadas al río con el objetivo de revitalizar la franja costera. El plan dividía el área entre el Parque de la Memoria y Costa Salguero en cinco sectores y el gobierno aseguraba que para la explotación de estos locales buscaría un modelo de concesiones a operadores privados.

Esto cambió radicalmente en diciembre de 2019, cuando el oficialismo porteño aprobó, en soledad y en una de las últimas sesiones del año, un proyecto de ley para la venta (ya no concesión) de los terrenos del sector 5, donde hoy funcionan las concesiones de Costa Salguero. Con la firma del propio Horacio Rodríguez Larreta, y con la intención de “llevar adelante una política de austeridad respecto al patrimonio inmobiliario de la Ciudad”, el proyecto habilitaba el desarrollo urbanístico en hasta el 35% del sector, aclarando que las edificaciones no podrían superar los cuatro pisos de altura debido a cercanía al aeroparque Jorge Newbery. La votación ocurrió en medio de reclamos generalizados de la oposición. “Esta sesión parece un pijama party de venta de tierras”, dijo el legislador Gabriel Solano. Pero eso no sería todo.

Tras la autorización para la desafectación del dominio público, y en plena pandemia, las autoridades locales firmaron un convenio con la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y lanzaron un “concurso de ideas” para ese sector de la Ciudad. Luego de discutir el proyecto ganador con el estudio Franck-Menichetti, el larretismo llevó al recinto la famosa propuesta de “rezonificación” en la que aparecían edificios de hasta 29 metros de altura, más del doble de lo propuesto el año anterior.

Tampoco queda clara la solidez legal de la movida. A finales de octubre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad dictó una cautelar que suspende la venta de los terrenos (lo aprobado hace un año atrás) hasta tanto se resuelva si las tierras pertenecen efectivamente al dominio público del Estado. En ese caso, explicaron los jueces, es posible que no se hayan cumplido con los requisitos constitucionales para la sanción de la ley, dado que fue aprobada en una sesión sin el procedimiento de doble lectura con audiencia pública. Los magistrados recordaron que el predio “forma parte del dominio del Estado y constituye parte de la Ribera del Río de la Plata, ha sido objeto de particular tutela tanto en el orden constitucional, como en el de las normas que mayor importancia tienen en la planificación urbanística y que constituyen el eje de las políticas de desarrollo de la Ciudad, como son el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico.”

Un proyecto urbano que incluye la venta de tierras públicas a metros del Río de la Plata es el eje de una encendida disputa que enfrenta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, aprobada en la Legislatura en primera lectura con votos del oficialismo y sus aliados. Ahora se discute en audiencias públicas en las que la mayoría de los participantes reclama que toda el área se convierta en un espacio público de acceso libre. ¿Qué es exactamente la “rezonificación” de Costa Salguero y por qué genera tanta controversia?

“Lo primero que hay que destacar es que este proyecto propone usos privados en tierras públicas. Permite y alienta la construcción de una hilera de edificios a lo largo de 800 metros de la avenida Costanera”, explica en diálogo con elDiarioAR Bárbara Rossen, coordinadora de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo porteña.

Concretamente, el oficialismo propone una reclasificación de usos de 32 hectáreas de terrenos públicos linderos al río que forman parte de los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero. Hoy funcionan allí clubes, boliches, estacionamientos y un centro de convenciones gracias a una serie de cuestionadas concesiones a operadores privados que llegarán a su fin en 2021. Por primera vez en tres décadas, estos terrenos vuelven al dominio público. La pregunta es qué hacer con ellos.

La propuesta del gobierno de Rodríguez Larreta consiste en vender parte de esas tierras y permitir en un sector de Costa Salguero la construcción de hoteles, viviendas y comercios en edificios de hasta nueve pisos. Los tres cuartos restantes quedarían como un parque. “Pero para que las personas lo usen es necesario que el espacio esté preparado, que tenga infraestructura y que haya movimiento”, argumentó Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, durante la primera jornada de audiencias que tuvo más de siete mil inscriptos. Según el funcionario, habrá un 74% destinado al parque que se va a complementar con otro 26% de usos “que favorecen la concurrencia y la permanencia, como locales gastronómicos y culturales”, los cuales se espere que lleven “más seguridad” a la zona.

El arquitecto Miguel McCormack, socio y director del estudio McCormack Asociados, coincide con el concepto. “Un parque necesita tener sus bordes activos para ser útil. Los bordes se activan con la mezcla de usos que aseguran los edificios, es decir, la inversión privada, y estos usos se deben complementar y distribuir a lo largo del día y del año”, dice, y ejemplifica: “Viviendas, trabajo, comercio, gastronomía, recreación, cultura, servicio, todas estas actividades ocupan distintas franjas de tiempo y, mezcladas correctamente, favorecen la vida social en los espacios abiertos por afuera de los edificios, que es lo que acá resulta relevante. Un parque separado de la ciudad me resulta un esfuerzo estéril.”

Varios de los arquitectos, urbanistas y paisajistas que participan de las audiencias se oponen a este razonamiento. “El problema del gobierno es asociar vitalidad con consumo, pensar automáticamente que la forma de ‘revitalizar’ el área es meter un Starbucks o edificios de oficinas”, sostiene Maria Jose Leveratto, integrante del Colectivo de Arquitectas que se opone al proyecto. “Un parque público bien mantenido no debería tener problemas de seguridad. Se pueden pensar un montón de otros usos públicos para el parque, desde actividades sociales, culturales y hasta escolares.”

Según cifras del legislador Juan Manuel Valdés, en sus ocho años como jefe de gobierno Mauricio Macri remató 205 hectáreas de tierras públicas, a las que se le sumaron otras 267 hectáreas en apenas cuatro años de gestión de Rodríguez Larreta.

Según el proyecto oficial, los usos permitidos en Costa Salguero incluyen -además de los residenciales- una amplia gama de servicios y comercios, que van desde hoteles cinco estrellas, armerías, pinturerías, casas de remates hasta locales de venta de motos, autos, aviones y embarcaciones. Todo planteado en una serie de edificios compactos, que del lado más cercano a Aeroparque tendrán unos seis pisos de altura y con una capacidad constructiva en progresivo aumento hasta que del extremo opuesto se permiten construcciones de hasta 29 metros, es decir, planta baja más ocho pisos. Mientras tanto, en Punta Carrasco se habilita la construcción de un helipuerto. La oposición denuncia que se trata de un “barrio náutico.”

“Este proyecto viene traccionado por una manera de gestionar del gobierno porteño, un masterplan invisible que va colonizando sectores de la ciudad por medio de cambios de normativas y ventas a desarrolladores”, explica Mauricio Corbalan, urbanista y miembro fundador del grupo de investigación m7red. “En muchos casos la ciudad se encuentra con que tiene que desarrollar sectores, pero no tiene la potencia política para hacerlo. El esquema arranca con que el privado tiene una idea, propone modificar la normativa para hacerlo y el gobierno vende la idea. A lo mucho, si ciertas capas de la población presionan mucho, se hace un concurso de arquitectos. Pero las demandas de los que usan la ciudad no son atendidas.”

Desde la Defensoría, Rossen enmarca esta propuesta como parte de una política sistemática de venta de terrenos públicos a desarrolladores privados. Según cifras del legislador Juan Manuel Valdés (Frente de Todos), en sus ocho años como jefe de gobierno Mauricio Macri remató 205 hectáreas de tierras públicas, a las que se le sumaron otras 267 hectáreas en apenas cuatro años de gestión de Rodríguez Larreta.

“El paisaje que se piensa construir en Costa Salguero es un paisaje de ostentación y privilegio, hablamos de viviendas valuadas entre 9 mil y 12 mil dólares el metro cuadrado”, dice Rossen. Según un informe reciente del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el metro cuadrado promedio en la ciudad ronda los 2.500 dólares. “Los bienes y los espacios públicos son la oportunidad que tienen los Estados para dar un poco de justicia urbana, y acá se está desperdiciando esta oportunidad”, concluye.

FP