A las puertas de un año electoral que promete ser electrizante, el gobierno de Javier Milei enfrentará la semana próxima una de sus máximas pruebas de fuego: consolidar su influencia sobre la Corte Suprema mediante el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La escena, como en una partida de ajedrez donde los peones avanzan mientras los alfiles se preparan para cortar diagonales inesperadas, desvela una pugna por el control simbólico y real del más alto tribunal de Justicia. Pero este tablero no está exento de trampas y cañones listos para disparar desde las sombras.

El oficialismo, fiel a su estilo, plantea una estrategia de doble filo. “Los dos o ninguno”, había sido el mantra inicial desde Balcarce 50, pero el pragmatismo cambió las reglas a mitad del juego. Ahora, Milei está dispuesto a avanzar con Lijo a través del Congreso y dejar a García-Mansilla en manos de un decreto en comisión. La decisión, aunque legal según los cánones de la Constitución, tiene el aroma de la confrontación y el riesgo de judicializar el proceso, algo que desde el kirchnerismo ya anticiparon como inevitable.

El polémico magistrado de Comodoro Py es el caballo de batalla de Milei en esta cruzada. Lejos de la retórica rupturista que lo caracteriza, a la hora de ocupar el lugar dejado vacante en la Corte por Elena Highton de Nolasco, el Presidente no dudó en proponer a uno de los jueces más cuestionados de los tribunales federales de Retiro. Una decisión que, según indican varias fuentes, se vincula a la influencia de otra figura de gran relevancia en el mundo judicial: la del juez Ricardo Lorenzetti, posible aliado de Lijo en caso de que este llegue al máximo tribunal.

Con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado, en donde fue fundamental la estampa de la kirchnerista Lucía Corpacci, su pliego está a un paso de ser debatido en el recinto, donde necesitará los dos tercios de los votos presentes para convertirse en miembro de la Corte. La fecha prevista es el próximo jueves 20. Como en toda buena obra teatral, el desenlace de esta historia dependerá tanto de las alianzas de último momento como del movimiento de los actores más impredecibles. En este caso, los senadores de Unión por la Patria.

El dictamen de Lijo, oficializado el miércoles tras meses de letargo, llegó en un momento legislativo complejo. El kirchnerismo ya calificó el proyecto de Ficha Limpia, que acaba de ser aprobado por Diputados, como una herramienta para “proscribir” a su líder y amenaza con endurecer su posición. Sin embargo, no faltan quienes ven allí una carta de negociación estratégicamente jugada por el oficialismo. ¿Podría la Casa Rosada dar la orden de dilatar la iniciativa, originalmente impulsada por el PRO, a cambio de que Cristina Kirchner le garantice los votos necesarios para colocar a Lijo en la Corte? ¿La inminente suspensión de las PASO es otro comodín de ese virtual toma y daca?

Más allá de las especualciones, los principales requisitos del Instituto Patria para apoyar la candidatura del juez federal son tres y muy concretos: abrir una discusión que incluya la incorporación de una mujer a la Corte, la ampliación del tribunal y el nombramiento del Procurador General de la Nación. Pero en este ida y vuelta de intereses cruzados, ninguna de las partes está demasiado dispuesta a ceder, y cada movimiento se convierte en una declaración de intenciones.

Para que el pliego sea aprobado el próximo jueves, Milei necesita asegurarse 48 votos en caso de que todos los senadores estén presentes. Actualmente, el kirchnerismo cuenta con 34 bancas propias, lo que obliga a La Libertad Avanza a buscar el respaldo de al menos 14 senadores de la oposición o de bancadas provinciales. Este “poroteo” llevó a una intensa ronda de negociaciones en busca de voluntades clave. Desde el mileísmo confían en que algunos sectores dialoguistas, particularmente del peronismo no alineado con el kirchnerismo, podrían terminar de inclinar la balanza, aunque reconocen que la tarea no está exenta de dificultades.

Es que la estrategia de Milei incluye un cuidadoso cálculo político. En las últimas horas, según pudo saber elDiarioAR, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, asumió nuevamente el rol de operador clave, acelerando los contactos con dirigentes opositores para garantizar un avance sin contratiempos. La mesa chica del Gobierno, encabezada por Santiago Caputo, confía en que la aprobación del pliego de Lijo sea vista como un triunfo que compense las resistencias generadas por el eventual decreto de García-Mansilla, quien durante su exposición ante la comisión de Acuerdos del Senado, en agosto pasado, llegó a admitir que no conocía a Milei y que el cargo se lo había habría ofrecido el propio asesor presidencial.

El catedrático es rechazado de plano por el kirchnerismo. Su pliego nunca consiguió siquiera las nueve firmas necesarias para salir de comisión. Sin embargo, el Gobierno no parece decidido a dejarlo caer. En un movimiento que recuerda a los tiempos de Mauricio Macri, en el entorno de Milei aseguran que podrían designarlo en comisión durante la única semana de febrero en la que el Congreso estará en receso, una vez que finalicen las sesiones extraordinarias. Un paso audaz, pero también peligroso, que amaga con encender una discusión institucional de proporciones.

Decreto sí/decreto no

Desde Casa Rosada, la narrativa busca mostrar a Milei como un presidente que agota todas las instancias parlamentarias antes de recurrir al recurso del decreto. Es una estrategia discursiva que intenta legitimar una decisión que, aunque contemplada por la Constitución, no deja de ser controvertida. “No pueden decir que no tuvimos voluntad de diálogo”, insisten las fuentes oficiales, recordando que desde diciembre el mandatario lo podría haber firmado y no lo hizo.

El kirchnerismo, mientras tanto, no solo observa, sino que también actúa sopesando costos y beneficios. En noviembre, el senador José Mayans entregó una carta a Guillermo Francos en la que se advertía que el eventual nombramiento por decreto abriría un frente de batalla. “Pediremos inmediatamente la destitución”, le dijo formoseño al Jefe de Gabinete. Pero en el Gobierno hicieron caso omiso a lo dicho por Mayans y decidieron avanzar, incluso bajo la amenaza de una judicialización. “El Senado no puede voltear un nombramiento por decreto en comisión”, replican fuentes cercanas a Milei.

Detrás de esa ingeniería jurídica está la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal, fundamental a la hora de revisar y elaborar de los argumentos que respaldan las distintas medidas oficiales. Su misión, discreta pero crucial, es asegurar que todo trabajo solicitado por Milei cuente con una base legal lo más sólida posible y así evitar hipotéticas impugnaciones. En el caso de García-Mansilla, el objetivo es ni más ni menos que blindar su designación por decreto, una decisión que está destinada a levantar polvareda.

La cuestión desvela particularmente al equipo de jóvenes abogados que trabajan a muy pocos metros de Ibarzábal, en el Salón de los Próceres del primer piso de la Casa Rosada. Uno de ellos, Ignacio Arizu, publicó en noviembre un extenso artículo en el blog En Disidencia, donde defiende la práctica de los nombramientos de jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial durante el receso de la Cámara alta, —exactamente lo que Milei pretende hacer ahora—, amparándose en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución.

En su análisis, Arizu utiliza una elaborada argumentación “textualista” e “histórica” para destacar que la referencia constitucional a “empleos que requieran acuerdo del Senado” incluye no solo a embajadores o generales, sino también a los magistrados judiciales. Respalda así su postura técnica con antecedentes de la Constitución de 1853, la reforma de 1860 y la práctica estadounidense, país que sirvió como modelo para esta cláusula. El letrado, que fue ayudante en la cátedra que García-Mansilla dicta en la Universidad de San Andrés, también refuta en su texto las críticas que sostienen que este mecanismo afecta la independencia judicial. Según él, se trata de una herramienta excepcional diseñada para evitar la parálisis institucional.

Pero no todos dentro del oficialismo ven en esta maniobra un camino allanado. Las voces más precavidas advierten que avanzar con un decreto podría desencadenar una serie de reacciones en cadena, incluyendo la judicialización del proceso y una eventual resistencia del propio máximo tribunal a tomar juramento a García-Mansilla. El antecedente de 2015, cuando la Corte mostró cautela frente a los nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, sigue fresco en la memoria.

Además, desde la oposición podrían argumentar que se trata de un mecanismo irregular. Que esos “empleos” que se mencionan en la Constitución, y de los que Arizu se aferra para sostener su argumento, en realidad únicamente son válidos a la hora de nombrar por decreto a empleados del Ejecutivo, pero que no corren por igual si se trata de integrantes de otro poder, como los jueces. ¿O acaso Santiago Caputo está pensado en echar mano a este recurso, considerado excepcional, para llenar las 150 vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías del pueblo que todavía quedan por ocupar en la Justicia?

A medida que se acerca el 1° de marzo, fecha en la que Milei inaugurará el año legislativo, el Gobierno se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Si el pliego de Lijo no es aprobado por el Senado, el Ejecutivo tendrá apenas seis días hábiles para firmar los decretos, notificar al tribunal y garantizar que sus dos candidatos estén sentados en el Congreso para escuchar el discurso presidencial. Es una tarea titánica que requiere sincronización absoluta. Y de una confianza que, en Balcarce 50, nunca deja de confundirse con cierta actitud temeraria.

PL/MG

La expresidenta Cristina Kirchner recibió este martes en el Instituto Patria a una delegación de funcionarios de ONGs y autoridades académicas de la República Popular China, en un gesto de acercamiento hacia uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro con representantes del gigante asiático en el marco del evento 'La iniciativa de la franja y la ruta: oportunidades y desafíos para América Latina', organizado por el Instituto Patria junto a la Academia China de Ciencias Sociales, según destacó a través de las redes sociales.

La delegación china estuvo encabezada por Li Jun, vice presidente de China NGO Network for International Exchanges (CNIE), y por autoridades de la Academia China de Ciencias Sociales: Zhang Guanzi, director del Instituto del Estudio de Información; y Li Xuesong, director del Instituto de Economía Cuantitativa y Tecnológica.

También estuvieron la exmandataria Chai Yu, directora del Instituto de América Latina; Du Zhixiong, director del Instituto de Desarrollo Rural, y Wang Xiaoquan, director e investigador de la Secretaría del Consejo Nacional de Think Tanks de Alto Nivel, entre otras autoridades.

La visita de los funcionarios del país asiático se dio luego de que la exjefa de Estado fuera elegida presidenta del PJ, desde donde viene proyectando su figura como principal referente de la oposición al gobierno de Javier Milei.

Como parte de su agenda internacional, Fernández de Kirchner había recibido a fines de octubre al embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, quien representa a otro de los principales socios del país.

MM con información de la agencia NA.

Cristina Fernández de Kirchner busca calmar a un peronismo en ebullición, mareado entre la caza de “traidores” y los intentos fallidos de mostrarse compacto para enfrentar al gobierno de Javier Milei. La expresidenta todavía no dio indicios sobre cuál será su estrategia, pero un sector que la apoya espera que use al PJ nacional como plataforma para ordenar la interna.

La principal orden de Cristina a los suyos fue dejar de exponer las peleas en los medios y desmentir cualquier debate sobre cargos partidarios. “La versión de que quiere la presidencia del PJ salió del periodismo, para nosotros no es un tema, no es algo de lo que estemos hablando”, responden desde su mesa chica a elDiarioAR ante la consulta sobre su renovado interés en el partido.

Lo cierto es que la discusión arrancó porque los tiempos apremian. El PJ elegirá a sus autoridades el 17 de noviembre, en una convocatoria a la que se plegó la pata bonaerense del partido que conduce Máximo Kirchner. Por eso tendrá una atención especial: sus resultados reflejarán no sólo el peso de la exvicepresidenta en el espacio opositor, sino el valor de La Cámpora en un kirchnerismo marcado por su propia discusión de poder.

La única certeza que comparten en el círculo de Cristina es que si ella decide dar un paso al frente lo hará, al igual que en las últimas oportunidades, después de un operativo clamor de intendentes y gobernadores. Una efeméride podría resultar el puntapié para ese operativo: los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, que se cumplen el 1° de julio. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prepara un acto grande en la Quinta de San Vicente. Hasta ahora, Cristina no confirmó si participará o tendrá su propio evento: todavía no tiene “nada en agenda”.

El dilema sobre la utilidad del PJ

Un sector del kirchnerismo considera que la estrategia para ordenar el espacio debe hacerse traspasando las fronteras del Instituto Patria y que el desembarco de Cristina en el PJ demostraría su voluntad de ponerse de nuevo al frente y ampliar la construcción propia. Además, sería un gesto hacia el partido del que tantas veces tomó distancia. Es lo que repiten, por ahora en voz baja, algunos intendentes del Conurbano bonaerense que incluso lo imaginan como una instancia previa a una eventual candidatura a diputada por la Provincia en 2025. El trasfondo es el mismo de siempre: incluso a quienes la critican, Cristina les suma votos.

“El riesgo de no tener a Cristina en la boleta el año próximo es grande. La primera discusión es si ella estaría dispuesta a hacerlo. Y la segunda es si habrá generosidad en el pedido de que sea candidata. El pedido puede empezar por el PJ, algo que ella podría aceptar o no”, dijo un dirigente camporista a elDiarioAR.  

Otro actor de peso en la Provincia, distante de Máximo Kirchner pero que no se desmarca de la conducción de Cristina, planteó una mirada distinta: “Ir al PJ implicaría abrir la puerta a un costado institucional que Cristina rechaza. Aunque se lo pidan, no la imagino queriendo sacarse fotos con dirigentes del peronismo a los que no quiere o habilitar a que cualquiera adentro del partido se le anime en esta elección”.

La pregunta de fondo es sobre la utilidad del sello. Según el razonamiento de este dirigente, a Cristina le convendría que vaya alguien de peso en el peronismo que no implique una renovación, pero sea capaz de contener la interna, como el formoseño Gildo Insfrán o el sanjuanino José Luis Gioja. “El PJ nacional sólo resuelve fondos para la campaña, que ahora en la era Milei entran en duda. El PJ hoy es una cáscara vacía”, opinó.

La posibilidad de una Cristina candidata en el PJ tendría otro sentido estratégico: eliminar a los posibles contrincantes y despejar la previa del armado de listas de cara a las elecciones de medio término, que ya se prevé conflictivo. Además, funcionaría como una jugada en espejo a la de Mauricio Macri, quien decidió encabezar al partido para mantenerse vigente.

Después de la votación por la Ley Bases en el Senado, la expresidenta dio una señal sobre el tema. En un cuestionamiento al colaboracionismo del entrerriano Edgardo Kueider y al correntino Carlos “Camau” Espínola con Milei, retuiteó a una militante que opinó que la iniciativa insignia del Gobierno hubiera naufragado si en lugar de ellos las boletas las encabezaban sus compañeras de fórmula, dos camporistas. Hubo quienes leyeron ahí una señal de que su lapicera jugará fuerte a favor de La Cámpora en las legislativas del año próximo.

La urgencia de ordenar la Provincia

El objetivo inmediato de Cristina es volver a fortalecerse en su territorio, la provincia de Buenos Aires, donde estallan las mayores disputas internas que no logra acallar: el armado de Axel Kicillof choca con el de La Cámpora que conduce Máximo Kirchner.

En los últimos días, esa interna tuvo un capítulo ruidoso. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los mayores impulsores de una eventual candidatura nacional de Kicillof y el primero en arengar gestos de “autonomía” del gobernador, hizo un acto en Quilmes, metiéndose de lleno en el territorio de la camporista Mayra Mendoza, la intendenta que va por su segundo mandato y a la que Máximo busca instalar como una posible candidata a gobernadora.

El desembarco de Ferraresi cayó muy mal en Quilmes, donde insinuaron que el responsable de ordenar esos movimientos debía ser el gobernador. “El flyer inicial de la convocatoria tenía una foto de Axel, después lo sacaron. Si le pidieron a Ferraresi que lo edite, ¿por qué no le pidieron la suspensión del acto? el gobernador no puede estar ajeno a esas movidas”, dijo a elDiarioAR una fuente del oficialismo local. Dos días más tarde, un grupo de intendentes participó de una reunión con Kicillof y algunos funcionarios. Entre ellos estaban Ferraresi y Mendoza. “¡Sos un cagón!”, le gritó ella a su par de Avellaneda, frente a la mirada atónita de los demás.

Cerca de Kicillof aseguran que su diálogo con Cristina jamás se cortó y en el entorno de la expresidenta la ubican por encima de la interna. Lo cierto es que cuando pudo hacer un gesto de equilibrio jugó para uno de los bandos y eligió sacarse una foto con su hijo Máximo, Mendoza y Eduardo “Wado” de Pedro, de la que excluyó a Kicillof. Cristina por ahora no da indicios de cuál será su rol. Está decidida a marcar los tiempos y su carta, una vez más, por ahora está en el enigma. 

LA/MF

Decidida a mantener su porción mayoritaria de poder, Cristina Kirchner salió a jugar fuerte en la interna peronista por el liderazgo. 

En una acción coordinada, un sector de su espacio político avanza con la expulsión del senador Carlos “Camau” Espínola del peronismo de Corrientes para prohibirle que pueda volver a ser candidato con el sello partidario, mientras se espera que el mismo camino corra para Daniel Scioli, al que ya le advirtieron con quitarle las credenciales de afiliación. El feriado largo quizás retrasa los planes, pero se espera una presentación contra el funcionario de Javier Milei para las próximas horas. 

La ex presidenta puso en marcha rápidamente el operativo desde el Instituto Patria para condicionar al resto de sus socios y advertirles de las consecuencias que tiene que la dejen a un lado. En definitiva, de eso se trata: de re encender la hoguera del peronismo contra aquellos que la quieren ver corrida de la discusión de candidaturas.

Nadie sabe qué va a hacer Cristina Kirchner en 2025 pero algo es seguro: trabajará por fortalecer a su sector en la elección de medio término en la provincia de Buenos Aires, el territorio donde se dan las mayores disputas internas del cristinismo, que ahora, votación mediante en el Senado, Cristina extendió hacia el interior. Será con o sin ella candidata. 

Desde esa mirada explican en el Patria el retuit que reavivó las disputas y habilitó a pedir expulsiones partidarias. Con un click, Cristina promovió que las listas las deberían encabezar dirigentes de La Cámpora, más fieles que los peronistas tradicionales, como los díscolos Espínola y Edgardo Kueider, el otro de los senadores apuntados por el cristianismo. Intervenido el PJ de Corrientes y con “Camau” expulsado, es seguro que el senador no podrá aspirar a la candidatura a gobernador el año que viene. 

En paralelo, se lanzó una campaña contra los tres legisladores de Unión por la Patria que votaron a favor del régimen especial para las grandes inversiones (RIGI) y del regreso del impuesto a las Ganancias, representantes de provincias mineras, sin conducción nacional. 

Los destinatarios de las críticas fueron Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Horacio Pietragalla inició la pelea en la red X. “Se vendieron por 4 pesos con 50”, les dijo, con foto y todo, bajo el mote de traidores.   

El malestar dentro del peronismo no kirchnerista se acrecienta desde entonces. La senadora Moisés no se quedó callada y salió a pegar duro. “Si Néstor los viera, le daría vergüenza haber criado gente tan sectaria y dañina”, arremetió, y sostuvo que “los camporistas se creen dueños de la verdad”.  

La novedad parece ser que la interna traspasa ya los límites de la provincia de Buenos Aires y empieza a extenderse a los peronismos provinciales. La toxicidad de la disputa, incluso, está haciendo tambalear la unidad del bloque de senadores, que logró mantener a sus 33 integrantes votando en contra de las medidas de Javier Milei, a excepción de un par de artículos. Difícil poder mantener la cohesión si el tono sube a los niveles del último fin de semana. 

La senadora jujeña llegó a su banca después de pasar una interna justamente contra La Cámpora. “No le debe nada al Patria”, recuerdan a su lado, y aclaran que todo se habló en la reunión de bloque que tuvieron el martes, de 4 horas, un día antes de la sesión. 

El otro apuntado fue Scioli, funcionario de Milei, una suerte de presidente honorario de un virtual peronismo libertario. Juliana Di Tullio propuso su expulsión del partido, lo que implicará que, de concretarse, no podrá volver a presentarse como candidato con el sello del PJ. Para eso debería activarse alguna presentación en territorio bonaerense, lugar de su última afiliación. La están esperando.

Por las dudas, él abrió el paraguas ayer y salió a recitar el Perón que más le conviene. Los invitó a leerlo y les dedicó un “Perón siempre la vio”. 

Por ahora, el PJ a nivel nacional espera. Todavía no sale a cazar traidores. No tiene cazador. Sin presidente, con elecciones recién convocadas para noviembre, ni siquiera se conformó la Comisión de Acción Política que se anunció en el último congreso partidario de Ferro, en febrero.

MV/MG

Desde el Instituto Patria, durante la inauguración del Salón Mujeres del Bicentenario, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó a Javier Milei, apuntó contra el plan económico del ministro Luis Caputo, advirtió sobre peligros en caso de que se sancione la Ley Bases y recordó algunos hitos de su gestión. “Todo lo que anuncian, todo lo que dan como verdad absoluta no tiene conexión con la realidad. Esto es lo que está pasando”, dijo.

Ante un auditorio repleto de público femenino entre quienes se contaban Estela de Carlotto, Verónica Magario, Cecilia Moreau, diputadas, senadoras y Oscar Parrilli como excepción, Cristina Fernández revindicó el valor de la lucha de las mujeres en la historia de la creación de la Argentina aunque aclaró que no es feminista y señaló: “En un día muy particular porque allá por el 2009, en vísperas del Bicentenario, decidimos inaugurar en la Casa Rosada el Salón de las Mujeres del Bicentenario. Yo no soy militante feminista. Digo esto porque tal vez se haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer que había un sesgo ideológico, una carga de diferencia entre los argentinos”.

En este sentido, la expresidenta advirtió: “Yo creo que estamos en presencia de una fuerza política que no tiene un problema con las feministas, tiene un problema con las mujeres”, pero con optimismo expresó: “Queríamos incorporar esto en esta casa, el Instituto Patria, y también con el optimismo de que, algún día, todas ellas volverán a la Casa Rosada”.

Sobre Milei, Fernández dijo que “tiene mucho prejuicio” y que se lo comunicó “el día que asumió”. Al respecto recordó una anécdota: “En un momento largo, cuando ingresa, le digo, 'Presidente acá, colóquese a mi izquierda'. Y, entonces, el chiste como es sabido: 'No, a su izquierda es imposible'. Yo digo, 'No vaya a creer, no vaya a creer. Tiene muchos prejuicios. Cuando se sienta en el sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios como se le están cayendo ahora en la realidad de todos los días'”.

“A lo mejor el objetivo es que sigamos endeudados”

Al referirse al tratamiento en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, la expresidenta dijo: “Deberíamos estar preocupados, deberían estar preocupados todos los argentinos” y aclaró que le preocupa particularmente un capítulo al que ella llama “Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI” al que describió “de una economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología de investigación y desarrollo”.

“Es ese capítulo que es el RIGI, y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa más importante en todo el periodo de la democracia fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. Y eso que nosotros no privatizamos nada. Al contrario, recuperamos Aerolíneas Argentinas y recuperamos YPF para todos los argentinos”, agregó.

“A lo mejor el objetivo es que sigamos endeudados internamente para, de esta manera, seguir controlando nuestro desarrollo y nuestra vida. Me parece que se parece a esto último, porque que alguien me explique cómo vamos a dejar la energía de esta manera, además olvidándonos del autoabastecimiento interno”, deslizó.

“Digo que es esto porque además de las concesiones que se hacen, hay una que a mí particularmente me parece que refleja en toda su extensión el objetivo de este proyecto: a la inversión extranjera directa a partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos, no la tenemos. ¿Con qué dólares van a pagar al Fondo Monetario Internacional? ¿Con qué dólares vamos a sostener el desarrollo de las industrias que evidentemente no le importan a nadie?”, concluyó.

La historia detrás del Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario

El Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario fue inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner el 6 de marzo de 2009, durante su primera presidencia. El argumento de la por entonces presidenta para llevar adelante la ceremonia fue que le parecía “muy injusto” que a las mujeres se las reconociera “un solo día y que los 364 días restantes fueran solo de ellos”.

En 2015, cuando asumió el poder Mauricio Macri, el espacio fue reconvertido en una oficina. Permanecieron los cuadros de las mujeres homenajeadas, pero el salón no volvió a usarse para actos, muestras ni disertaciones. En 2020, por decisión de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero reinauguró el espacio como lo que había sido originalmente. En él, se homenajeaba a Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas. Se trata de las mismas figuras que están reconocidas ahora en el Instituto Patria ya que en Casa Rosada, el 8 de marzo de este año, el Gobierno de Javier Milei decidió reconvertir el espacio en el Salón de los Próceres y exponer allí las figuras de José de San Martín, Julio Argentino Roca, Carlos Saúl Menem, Martín Miguel de Güemes, Mariano Moreno, Juan Bautista Alberdi, Tumba del Soldado desconocido de Malvinas, Carlos Pellegrini, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Justo José de Urquiza, Esteban Echeverría, Juan Bautista Cabral, Bartolomé Mitre, Bernardino Rivadavia, Hipólito Bouchard, Victorino de la Plaza, Facundo Quiroga, Nicolás Avellaneda, Guillermo Brown, Francisco Moreno y Cornelio Saavedra.

MM

Esta tarde, la ex presidenta de la Nación (2007-2015), Cristina Fernández de Kirchner, volvió al Instituto Patria para iniciar una nueva etapa como oposición al gobierno de Javier Milei. “Otra vez en casa”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter). En Tik Tok, la ex vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) compartió el video de su recibimiento entre abrazos y regalos ─chocolates de Rapanuí, vírgenes y libros─ de los miembros de la asociación civil peronista.

Entre los obsequios que la esperaban en su oficina, la ex mandataria mostró a cámara la versión original del discurso que el expresidente Juan Domingo Perón pronunció el Día del Trabajador en el año 1951.

Fernández de Kirchner ya había anunciado su regreso a las oficinas del think tank kirchnerista la semana pasada durante su despedida del Senado de la Nación. “No me voy a ningún lado, saben dónde encontrarme. Voy a estar acá cerquita, a dos cuadras, en el Patria”, había dicho a los empleados de la Cámara Alta tras los rumores de su presunto retiro de la actividad política.

El jueves pasado, la expresidenta participó de su última sesión al frente del Senado para tomar juramento a los legisladores electos y elegir a las nuevas autoridades de la Cámara. El domingo 10 de diciembre, finalmente, se despidió definitivamente del Congreso luego de acompañar en la Asamblea Legislativa a Javier Milei y Victoria Villarruel en su jura como nuevos presidente y vice de la Nación.

El Instituto Patria es una asociación civil plural que busca promover “la reflexión y la construcción del pensamiento para la acción”. Según consigna en su página web, el think tank trabaja sobre cuestiones de justicia social, soberanía económica, derechos humanos, fortalecimiento de la democracia e integración regional en América Latina.

ACM/JJD

El Cuerpo Médico Forense estableció que Claudio Herz, el hombre que amenazó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las puertas del Instituto Patria, “no se encuentra en condiciones psíquicas de ser sometido a proceso”, según el informe entregado ante el juez federal Daniel Rafecas.

“En función del examen realizado y los antecedentes recabados es verosímil que el causante por alteración morbosa de sus facultades mentales no haya podido, al momento de los hechos que se le imputan, comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones”, dice el informe de tres páginas.

Se trata de una “ampliación del informe pericial” solicitado respecto de Herz, quien en octubre pasado fue procesado por los delitos de “amenazas” e “incitación a la violencia colectiva”, en la causa en la que se lo investigó ya que en julio de 2022 se paró con un megáfono frente a la sede del mencionado instituto y amenazó con la “horca” a la Fernández de Kirchner.

De aquella manifestación participaron poco más de 15 personas, entre los cuales estaban los referentes de la agrupación Revolución Federal, según surgió de registros periodísticos. Actualmente, los mismos están procesados en el marco de otro expediente.

La ampliación del informe pericial había sido pedida por el juez Rafecas a instancias de la defensa oficial, por lo que el magistrado ahora deberá correr vista de los resultados a la querella y a la fiscalía, tras lo cual podría declarar inimputable al acusado, habiendo atendiendo previamente las opiniones de las partes.

En las conclusiones del informe pericial, se indicó que Herz “presentó sus facultades mentales descompensadas” y que “su cuadro orienta a un síndrome delirante con condicionamiento de su conducta y posibilidad de conductas de desajuste”. Se afirmó que “sufre una afección psíquica que compromete su capacidad de comprensión” y que “su capacidad judicativa se encuentra desviada”, además que presentó “dificultad para adaptarse a la entrevista por suspicacia y reticencia”.

En octubre pasado, Rafecas procesó a Herz en un fallo de 27 páginas, donde sostuvo que “el dolo exigido” para tomar esa decisión surgía de las propias manifestaciones de Herz, las cuales “tenían la fuerza de incitar a la violencia colectiva”, a su vez que remarcó que se trató de expresiones “dirigidas a generar violencia”.

Las amenazas a la Vicepresidenta

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 21 de julio del 2022, cuando un grupo de personas se autoconvocó en la puerta del Instituto Patria, en Rodríguez Peña al 80 de la ciudad de Buenos Aires, para proferir insultos y amenazas a la Vicepresidenta, además de dañar las instalaciones.

Herz se apersonó en el lugar de los hechos “megáfono en mano, para asegurarse que su mensaje llegue a su destinataria”, donde “expresó una serie de amenazas concretas, las cuales, por su contenido, forma y modo de expresión, es evidente que generan un claro amedrentamiento”, sostuvo Rafecas al procesarlo.

“Ahora te toca la horca, el único camino para deshacernos de vos, de todos tus cómplices, tu hijo y toda la basura que nos gobierna, eso es lo que te vamos a hacer, te vamos a sacar a patadas en el culo” y “te vamos a ahorcar acá adelante del Instituto Patria o si no delante del Senado”, fueron algunas de las amenazas que Herz realizó.

“Los vamos a buscar con ametralladoras para liquidarlos en el momento y ahorcarlos, ahorcarlos por todo lo que nos hicieron, durante años, estamos padeciendo desde el 2003”, fue otra de las frases del procesado.

La causa se inició a partir de una presentaciones realizada por Fernando Castiglioni, el apoderado del Instituto Patria. A través de filmaciones registradas en el lugar, se identificó a Herz como quien profería dichas amenazas a través de un megáfono.

LC con información de agencia Télam

Testigos del día a día de Alberto Fernández y/o Cristina Fernández de Kirchner apelan a razones del orden de la psicología o características de la personalidad para explicar la fallida relación entre los líderes del Frente de Todos. El abordaje es recurrente en despachos ubicados a ambos lados de la grieta interna del Frente de Todos, con argumentos que no parecen inválidos, pero encierran una particularidad: dejan al margen razones de índole política y relacionamiento con el poder, que serían fundamentales para dar cuenta de cómo dos militantes en el peronismo desde que tienen uso de razón ejercen los cargos para los que pidieron el voto.

Situaciones personales que le tocaron vivir a Cristina son citadas como causa de su cansancio y enojo. El relato indica que una década de acusaciones judiciales, muchas de ellas en manos de jueces y fiscales venales, erosionaron la energía y el foco de atención de la vicepresidenta. Nada —coinciden las fuentes— afectó tanto a Cristina como la enfermedad de su hija, disparada por las mismas causas penales. Como narró la vicepresidenta, sus decisiones recientes más trascendentales estuvieron en algo o en mucho condicionadas por la atención de la salud de Florencia Kirchner.

'Se enojó con la realidad' es una frase que circula para resumir por qué la aguerrida Cristina de 2021 parece no dialogar con la acuerdista de 2019

Esos elementos ya estaban presentes en mayo de 2019, cuando la abogada nacida en La Plata desbarató el tablero político al proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente. Fue una jugada estratégica, racional, propia de una dirigente sin par en lo que va del siglo en cuanto a su capacidad de liderazgo. Ocurrió que, en simultáneo con el Gobierno del Frente de Todos, nació la pandemia. La necesidad de atender la crisis sanitaria con las restricciones impuestas por la deuda externa monumental legada por Cambiemos llevó a la vicepresidenta a concluir rápidamente que su elegido no era el hombre para el momento. “Se enojó con la realidad” es una frase que circula para resumir por qué la aguerrida Cristina de 2021 parece no dialogar con la acuerdista de 2019.

¿Y el quilombo?

El arma gatillada a centímetros de su cara terminó de acrecentar la desconfianza generalizada y recluyó a Cristina en una mesa (demasiado) chica, con actuación determinante de su hijo. La presidenta del Senado se dedica a pelear por su libertad y la de Florencia, en una batalla en la que se siente, en varios sentidos, sola. La tocaron a Cristina y no se armó ningún quilombo.

Los argumentos sobre la personalidad también reinan a la hora de explicar por qué Alberto Fernández no atinó a tomar las riendas efectivas de su Gobierno, reconocer como tales a quienes arrojaban piedras y conducir un proceso político para el que, como él tempranamente definió, con Cristina no alcanzaba. El Presidente tenía un activo único para edificarse. No era, en efecto, el dueño de los votos, pero con él alcanzó para ganar las elecciones. “A llorar al campito” habría dicho un peronista de los de no hace mucho.

La incapacidad para asumir la desaprobación de Cristina que le atribuyen a Alberto lo llevó a creer durante mucho tiempo que siempre habría alguna medida, algún discurso, alguna cabeza para entregar que habilitaría la reconciliación. “Alberto no es traidor”, “es buen tipo, frena ante los vínculos personales”, “es pusilánime”, “no le da”, “un procrastinador serial”, “’vamos viendo’ es su esencia” son frases de un repertorio para pintar un liderazgo que no fue. Más allá de los insultos de quienes le profieren trato de enemigo, las descripciones más descarnadas del Presidente provienen de parte de exfuncionarios que dicen haber dado pelea en vano ante cristinistas que siguen actuando como advenedizos a sus cincuenta años.

Ira, traición, deslealtad, coraje, furia, amor, venganza, pasión, lástima, mezquindad son motores esenciales de la política, pero no alcanzan para entender por qué dos políticos con enorme experiencia y una coalición de Gobierno con mucho en el debe, pero también logros relevantes en el haber, enfrentan un fin de mandato sin norte, ni liderazgo ni candidato, inhibidos ante un frente de derecha que, ayer nomás, dejó un trauma socioeconómico tras su paso por el Ejecutivo.

Con mucho en el debe, pero también logros en el haber, el oficialismo enfrenta inhibido a una coalición de derecha que, ayer nomás, dejó un trauma socioeconómico tras su paso por el Ejecutivo

Las cuestiones de las personas tendrán su peso, pero subyace un déficit con el que el peronismo —y el de centroizquierda en particular— viene cabalgando hace años, vinculado a la capacidad, no sólo de dar respuestas, sino de entender demandas sociales, principalmente de su base electoral. Problemas vinculados a la calidad de la gestión del Estado y el cumplimiento de objetivos a los que se dedican abultados presupuestos y organigramas están sobre la mesa. El peronismo comenta y alerta —con base empírica— que las recetas de Juntos por el Cambio (JxC) y el resto de las derechas no harán más que agravar los lastres sociales. Interesante, pero el trabajo precario, la desigualdad educativa y el hacinamiento en barrios pobres siguen ahí para cerca de un tercio de la población. Como advierte JxC —también con base empírica—, los kirchnerismos gobernaron quince de los últimos diecinueve años. Hola Milei.

La mesa mínima

En medio del eco en las desavenencias gestuales entre el Presidente y la vice y una nueva ronda de “desilusión” del Cuervo Larroque, una voz relevante del hemisferio cristinista ponía esta semana la mirada en el papel de la mesa mínima que articula con la jefa entre el Instituto Patria y el Senado. “Sin Cristina, ¿quién de ellos tiene algo?”.

La pregunta alude a una divergencia de intereses en el campo vicepresidencial. El cristinismo, La Cámpora y la mesa chica son conjuntos que se intersectan, pero no significan necesariamente lo mismo. No son equivalentes un gobernador o un intendente con votos propios, un adherente ideológico, un funcionario, un burócrata, un peronista con vida prekirchnerista y un dirigente cuyo activo excluyente es haber sido bendecido por el dedo de la jefa. Todos ellos pueden reivindicarse cristinistas e incluso inscribirse en La Cámpora. Sin embargo, sus intereses parecen divergentes.

Cristina tiene un país en mente, anclado en la idealización sin reflexión crítica sobre el período 2003-2015. Con esa mirada y esa añoranza, la vicepresidenta fluctúa entre acuerdos pragmáticos para “construir un capitalismo en serio” hasta con quienes la querían meter presa, y la convocatoria a una lucha frontal, con el pueblo movilizado, contra el FMI, el Grupo Clarín y la Corte Suprema. Envuelta en sus contradicciones y límites, Cristina concibe un proyecto de poder.

Para quien debe su existencia política y económica al liderazgo de la vicepresidenta, la ecuación es más simple: se trata de conservar influencia como sea. Si no se puede ganar, cabe luchar para mantener la capacidad de bloqueo. De allí que resulte factible rechazar de buenas a primeras un acuerdo con el FMI discutido durante dos años con el absurdo argumento de que “había que seguir negociando”. La epifanía de oposición al Fondo es siempre redituable, aunque sea a costa de desentenderse de la fecha de default establecida en documentos firmados por Macri en 2018 y sujetos al derecho internacional. En la misma apuesta por la supervivencia, más vale dar por perdida la elección de 2023 con un bienio de antelación o coquetear con la abstención antes que resignar espacios y presupuestos en una nueva coalición panperonista que podría verse tentada con no quemarse dos veces con la leche del Instituo Patria.

La fortaleza de Máximo es vicarial. Sus desplantes, sus vetos, sus sillas vacías en la Asamblea Legislativa no valen tanto por lo propio como por lo que se supone que representa la voluntad de su madre

La misma voz que posa la mirada en la mesa chica pone el acento en Máximo. “Por sí sólo, ¿qué tiene?”. Su recorrido electoral demuestra que no mucho. La única vez que ocupó un lugar destacado en una boleta no le fue bien. En 2015, Máximo Kirchner encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente para la Victoria (FPV) en Santa Cruz, provincia que elige sólo dos por turno. Daniel Scioli ganó el tramo presidencial por amplio margen y Alicia Kirchner fue electa gobernadora. La de Diputados fue la única categoría nacional o provincial en la que el FPV perdió. Unos 11.000 santacruceños de los 79.000 que eligieron al boleta de Scioli excluyeron del sobre al hijo de los dos políticos más importantes de la historia de la provincia.

La fortaleza de Máximo es vicarial. Sus desplantes, sus vetos, sus sillas vacías en la Asamblea Legislativa no valen tanto por lo propio como por lo que se supone que representa la voluntad de su madre. El exjefe del bloque del Frente de Todos puede doblegar a los intendentes y quedarse con la jefatura del PJ en la provincia de Buenos Aires, empujar a Axel Kicillof a sobreactuar su antialbertismo como modo de resistencia a los intentos de La Cámpora de bajarlo de la reelección y anclar a funcionarios de su confianza al mando de presupuestos clave (PAMI, ANSES). ¿Podría ganar una primaria?  

Quien lleva la voz cantante de Cristina y su círculo más puro es el Cuervo Larroque. No presume de tener capital electoral, más allá del desliz de utilizar la primera persona del plural cuando le enrostra a Alberto Fernández quién es el verdadero dueño de los votos. El caso de Eduardo Wado de Pedro es distinto.

El rancho de Wado

La pertenencia del ministro del Interior a la mesa decisoria que conduce Máximo es puesta en duda por muchos. Incluso, algunas de las llamativas incursiones de Wado merecieron críticas que fueron reportadas como originadas en el Patria. De lo que pocos dudan es de la fortaleza del vínculo personal entre el titular de Interior y Cristina.

De Pedro dice que quiere ser candidato a presidente. Por ahora sin relieve en las encuestas, su carácter afable, su interpelación a diferentes públicos y su capacidad de diálogo con los peronismos forman parte de su activo, aunque las volteretas en torno a su adhesión al Gobierno en el que ocupa una de las sillas más importantes del gabinete dejaron secuelas, no sólo en Alberto y su círculo, sino entre quienes las observaron de afuera y midieron sus acciones en términos de lealtad.

Semanas atrás, el ministro del Interior dio un paso en falso cuando difundió haber sido víctima de la mezquindad del Presidente por su exclusión de un encuentro entre Luiz Inácio Lula da Silva y los organismo de derechos humanos. Estela de Carlotto se ocupó de aclarar que no había habido tal exclusión, sino un simple olvido de su parte. La misma titular de Abuelas de Plaza de Mayo aplicó un correctivo mucho más significativo cuando bloqueó el intento del cristinismo duro de hacer pasar la marcha por Memoria, Verdad y Justicia del 24 de marzo por un acto en contra de la “proscripción” de la vicepresidenta. La sola elaboración de un ardid tan burdo habla de la debilidad de quienes por estas horas agitan las banderas por “Cristina 2023”.

Sin foto con Lula ni marcha del 24, Wado consiguió la adhesión de Luis Barrionuevo. El dirigente gastronómico dijo que ponía “unas fichas” para la candidatura de De Pedro. Se trata de un dirigente sin votos pero con influencia, puesta al servicio de Carlos Menem y Macri en décadas pasadas. Y no fue peccata minuta. El sindicalista se jactó de haber entrenado a falsos arrepentidos para alimentar causas que terminaron con procesamientos de Cristina y sus hijos. “Más allá de si Barrionuevo le suma o no, debería preguntarse por qué un dirigente con esos objetivos lo elige como candidato”, sugiere una fuente que lo mira a distancia.

El experimento con Barrionuevo tiene el amparo en la máxima de Juan Domingo Perón sobre los ranchos que se hacen con barro, paja y bosta. La combinación de esos ingredientes es clave. De eso sabe el kirchnerismo tras habilitar una nueva escala de imbricación entre servicios de Inteligencia y los jueces federales durante los Gobiernos de Néstor y Cristina. En el tramo final del segundo mandato de ésta, le fue asignado a los camporistas De Pedro y Julián Álvarez pulsar esa relación en el Consejo de la Magistratura. Cuando Cambiemos llegó a Casa Rosada, la mesa judicial de Mauricio Macri tomó ese dispositivo, lo podó de indeseables, incorporó su propio arsenal de Inteligencia y emprendió la mayor persecución contra adversarios y opositores que se haya registrado desde el reinicio de la democracia.

Se ve que en el rancho de Comodoro Py orquestado por Néstor y Cristina no había suficiente paja y barro. 

SL

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi descartó por el momento la elevación a juicio oral de la causa por el espionaje a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su domicilio y en el Instituto Patria, por el que están procesados los ex jefes de la central de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El juez postergó “para el momento procesal oportuno” el pedido de elevación a juicio que le había formulado el fiscal federal Franco Picardi.

“En relación al requerimiento de elevación a juicio formulado, téngaselo presente para el momento procesal oportuno”, suscribió el magistrado, al entender que la investigación está incompleta, pese a que la causa lleva ya cuatro años.

“La solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace más que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa”, respondió Martínez de Giorgi.

Picardi había pedido la elevación a juicio en el marco de una serie de planteos, entre los cuales figuraba el de avanzar en la investigación contra el ex presidente Mauricio Macri, de quien dependía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El espionaje al Instituto Patria y al domicilio particular de Cristina Kirchner fue descubierto por militantes que observaron automóviles extraños merodeando a la hoy vicepresidenta en 2018.

Ese episodio fue sobreseído por los tribunales de Comodoro Py 2002, pero estalló nuevamente cuando el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, descubrió en los teléfonos secuestrados en el marco de una causa por drogas información sobre espionaje ilegal.

Picardi pidió el juicio oral para los ex jefes de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos y también para dos de sus colaboradores, Alan Ruiz y Martín Coste.

Ruiz es sindicado como quien convocó a un grupo de nuevos espías, en su mayoría provenientes de la Policía de la Ciudad, para conformar el grupo de WhatsApp Súper Mario Bross, que realizó las tareas de inteligencia que, según la Cámara Federal –en un controvertido fallo- fue obra de “cuentapropistas”.

Con información de NA.

IG

Un hombre imputado por amenazar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una protesta frente al Instituto Patria la tarde del 21 de julio pasado fue detenido la noche del viernes por la Policía Federal Argentina, informaron fuentes policiales.

El fiscal en lo criminal Leonel Gómez Barbella había pedido el viernes la detención del hombre.

El planteo se hizo al juez que lleva la causa, Manuel de Campos, a quien también solicitó citar a declaración indagatoria a una agente de la Policía de la Ciudad que ese día estuvo a cargo de la seguridad en el lugar, informaron fuentes judiciales.

Gómez Barbella actúa como fiscal en el marco de una denuncia de oficio presentada por su colega Mónica Cuñarro y que quedó sorteada en el juzgado de De Campos.

La detención, que realizaron agentes federales del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado, se hizo por el presunto delito de “amenaza coactiva agravada”.

Gracias a las investigaciones, los agentes policiales pudieron determinar que el hombre buscado es un argentino de 64 años y se ocultaba en el hotel “Titán” ubicado en la calle Moreno 3.100, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, con las pruebas aportadas por los investigadores el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo de Manuel Arturo De Campos, se ordenó el allanamiento del lugar donde se logró la notificación del investigado y el secuestro de un teléfono celular, cuatro pendrives, carteles utilizados en las manifestaciones y un camisolín sanitario blanco, que portaba el día del hecho que se investiga.

Los elementos personales del hombre acusado quedaron bajo custodia policial y a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “amenazas”.

En el dictamen remitido al juez De Campos, el fiscal consideró que hay elementos para sostener que se “incitó a desórdenes sociales a los gritos en la vía pública expandiendo sus graves amenazas por medio de un megáfono hacia la vicepresidenta, su hijo y sus partidarios”.

“El encartado amenazó para alarmar o amedrentar a otro, en la especie a la Dra. Fernández de Kirchner, infringiéndole un mal dependiente en todo o en parte de su voluntad”, agregó el dictamen del fiscal.

En ese sentido, “la amenaza fue idónea para alarmar o amedrentar a la vicepresidenta, en lo que hace a la idoneidad en sí misma de la amenaza”, sostuvo.

Por los mismos incidentes, el Instituto Patria radicó otra denuncia por “intimidación y amenazas” en los tribunales federales de Retiro.

En su denuncia, la fiscal sostuvo que en la tarde del 21 de julio, frente al Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80 y “mientras un grupo de personas se encontraban manifestando en la calle”, el ahora imputado “profirió a través de un megáfono reiteradas frases amenazantes, de gravedad y de tenor intimidatorio a Cristina Fernández de Kirchner con el claro propósito de que abandone sus funciones como vicepresidenta”, según el texto.

En la denuncia, la fiscal detalló que todo ocurrió frente a al menos dos efectivos de la Policía de la Ciudad. Los agentes “pese a esas frases intimidatorias, no solo no detuvieron el accionar flagrante dando intervención al fiscal nacional en turno” sino que con uno de ellos mantuvo “una platica de conocimiento anterior”.

El acusado “saludó con un puño” a uno de esos policías y luego continuó con las amenazas a través del megáfono, agregó la denuncia.

“Dichos acontecimientos, a mi juicio, constituyen los delitos de amenazas coactivas, que concurren idealmente entre sí y a su vez con el delito de intimidación pública”, sostuvo la fiscal denunciante.

CRM con información de la agencia Télam

En el Instituto Patria, cuya presidenta honoraria es Cristina Fernández de Kirchner, terminaron esta semana un informe llamado “Precio de los Alimentos e Intervención Directa del Estado Nacional. Análisis y recomendaciones preliminares”, que contiene una receta para resolver la inflación de la comida antes de las elecciones presidenciales de 2023, en tiempos en que Alberto Fernández plantea su guerra contra las subas. El informe desestima la idea de una empresa nacional de alimentos, que propuso el director nacional de Políticas Integradoras, Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad, por considerar que se trata de un proyecto poco efectivo y muy costoso. El reporte sorprende al admitir que el déficit fiscal y la emisión monetaria contribuyen a la inflación y concluye que su reducción debe complementarse con la aplicación de las leyes de abastecimiento, de defensa de la competencia y de góndolas -por ahora incumplida-, las retenciones y los fideicomisos, pero también con ayuda a pequeños productores de alimentos y expansión de mercados barriales.

El reporte, coordinado por José María Fumagalli, que comanda la Comisión de Desarrollo Productivo del Patria después de dirigir durante 23 años la Cámara de la Industria Química, comienza reconociendo que “a las múltiples causas que dan origen al proceso inflacionario para el conjunto de los bienes transables (déficit fiscal, emisión monetaria, cotización del dólar, expectativas económicas, entre las principales), en el caso de los alimentos se agregan otras causas específicas que interactúan entre sí reforzando la inflación”. “La primera es la existencia de mercados internacionales de futuro para todos y cada uno de los commodities de origen agropecuario; la segunda es la estructura monopólica que caracteriza tanto a los exportadores de esos commodities, como a los productores de alimentos. Esa interacción tiene como principal resultado que los precios que se aplican en el mercado doméstico no sólo están ligados a los precios de exportación, sino que además suben ante expectativas de aumento de los precios internacionales y, acción monopólica mediante, nunca reflejan las reducciones que periódicamente se producen en el mercado mundial. A estas dos primeras se agregan otras, también realidades específicas de algunos alimentos: tal el caso de la estacionalidad que caracteriza a frutas y hortalizas, producto del desajuste entre las variaciones entre oferta y demanda en algunas ocasiones. Otro motivo adicional son los imprevistos climáticos, tales como sequías e inundaciones”, continúa analizando el Patria las causas. Entre los autores figuran también Vilma Cabrera, José Luis García Palazón, Julio Rojas, Sandra Nicolás, Juan Luis Vendrell Alda, Milagros Barbieri, Lucas Antonietti, Angelina Antico Zalazar, Lucas Gallo Mendoza, Marcelo Seijas, Raúl Sánchez, Marcelo Yaquet, Ignacio Pasmanter, Guillermo Urdínez y Braian Gómez. Su coordinador, Fumagalli, aclara que “la propuesta corresponde al consenso alcanzado por el equipo de trabajo y no compromete la opinión de la Comisión de Desarrollo Productivo ni del Instituto Patria”.

El reporte reconoce, por un lado, la motivación social de la lucha contra la inflación, pero tampoco esconde el objetivo electoral: “Consideramos que el control de la inflación de los alimentos y otros productos que integran la canasta básica será una de las variables principales que definirá el resultado de las elecciones 2023”. Más adelante sostiene: “Parece conveniente que la implementación de la IDE (intervención directa del Estado) se realice mediante un esquema modular y progresivo que permita obtener resultados concretos y demostrables a más tardar en mayo/junio de 2023”.

Consideramos que el control de la inflación de los alimentos y otros productos que integran la canasta básica será una de las variables principales que definirá el resultado de las elecciones 2023

“La IDE cuenta como antecedente con la existencia del programa Acercar Alimentos (canales cortos de comercialización) y la existencia de Mercados de Cercanías, que podrían acoplarse fácilmente al proyecto”, ejemplifica los tipos de acciones recomendados. El instituto que encabeza la vicepresidenta de la Nación también aboga por replicar la experiencia de pequeñas empresas estatales provinciales que producen o comercializan alimentos: “Asimismo cuenta con la posibilidad de integrar experiencias provinciales existentes (Sol Puntano en San Luis, Agroandina de La Rioja, AICAT de Catamarca, CERET de La Pampa), así como proyectos ya elaborados con finalidades similares (TRIS y ARA)”. TRIS fue un proyecto nacional de 2004 que proviene de la sigla Trabajo Rural para la Inclusión Social y ARA fue otra iniciativa de Almacenes Regionales Argentinos. El Patria analizó además los ejemplos de Mercasa, una sociedad anónima pública española que dispone de 23 mercados, y la estatal boliviana Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

“La implementación de la IDE mediante una empresa estatal ad hoc generará enormes expectativas, pero no garantiza en modo alguno el control de los precios al consumidor final de sus productos. YPF es un ejemplo, tanto de eficiencia empresaria, como de la inutilidad de ese objetivo”, concluye el informe. Apunta que generaría “una enorme burocracia”, requeriría una inversión difícil de financiar y no llegaría a materializarse para 2023.

Una empresa estatal ad hoc generará enormes expectativas, pero no garantiza en modo alguno el control de los precios al consumidor final de sus productos

Antes de desplegar sus recomendaciones, el Patria hace una aclaración: “La problemática inflacionaria de los alimentos reconoce múltiples causas, por lo cual la solución a ese flagelo también hace necesaria la combinación simultánea de diferentes políticas y herramientas que complementen a los mecanismos indirectos con que ya actúa el Estado Nacional, tales como el control de la aplicación de la legislación sobre abastecimiento, defensa de la competencia, la aplicación de retenciones, creación de fondos fiduciarios, medidas de promoción, etc”. “Una de las alternativas posibles es la urgente puesta en marcha de un conjunto de mecanismos estatales para intervenir directamente en el mercado de alimentos y eventualmente de otros productos que integran la canasta básica. Estos mecanismos pueden adoptar diversas estructuras previstas para el funcionamiento de la administración del gobierno, tales como una empresa estatal, agencia del estado nacional, ente autárquico, entre otras.”

El think tank cristinista fija tres objetivos:

Para apoyar a los pequeños productores, se recomienda un blanqueo tributario: “Se puede recurrir a medidas tales como una desgravación de impuestos, tal como se aplica a las empresas en el Régimen de Promoción a la Economía del Conocimiento”. Para apuntalar la distribución propone usar la empresa estatal Comercialización y Logística Central SE, que da servicios de almacenaje, transporte y logística, o el Mercado Central. Por último, sugiere “una enérgica campaña de inspección y verificación del cumplimiento de precios acordados en lo programas vigentes por parte de la Secretaría de Comercio Interior”. 

AR/CC

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retornó este jueves a la sede del Instituto Patria, donde se reunió con los precandidatos a legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe que cuentan con su apoyo, el del presidente Alberto Fernández y el del gobernador Omar Perotti.

La expresidenta puso una foto en Twitter a la que añadió el texto que dice: “Después de casi un año y medio de esta maldita pandemia...Volver al PATRIA, el lugar que más me gusta. La primera reunión con @lewanrosario, @sacnun, @mirabellarob y @MastalerMagui”.

Cristina Kirchner se fotografió con los precandidatos a senadores nacionales Marcelo Lewandoski y María de los Ángeles Sacnun (quien aspira a su reelección) y los aspirantes a diputados Roberto Mirabella y Magalí Mastaler.

Esas listas, en las cuales está inscripto como senador suplente el propio Perotti, fueron el resultado de una ardua negociación entre el gobernador, el Presidente y la Vicepresidenta.

Esta reunión es una clara señal para el exministro de Defensa Agustín Rossi -pese a que se declaró prácticamente como el único defensor de la expresidenta en Santa Fe-, quien lanzó su propia precandidatura a senador acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Esa actitud le valió a Rossi un directo pedido público de renuncia de parte del presidente Fernández desde Perú, cuando estaba asistiendo a la asunción de su par Pedro Castillo.

Recientemente, en un acto realizado en el barrio Los Hornos de Santa Fe, Perotti aseveró: “Esta es mi lista, con Marcelo Lewandowski. Esta es mi lista con Marilyn Sacnun. Con Roberto Mirabella, con Marcos Castelló, con Jorgelina (Mudalell) aquí en la ciudad de Santa Fe. Entonces allí yo no especulo. Yo digo yo estoy aquí, este es el proceso que estamos llevando adelante y este proceso no se negocia”.

Con información de la agencia Télam

CRM

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, consiguió lo que quería: que el aumento de tarifas de este mes fuera del 6%, no más, como pretendía el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, tal como ansía el jefe del Palacio de Hacienda -de perfil bajo tras sus frustrados intentos de subir tarifas y bajar la inflación-, Bernal presentará en breve una propuesta de segmentación de las facturas de gas según los ingresos de los usuarios.

“Estamos trabajando fuertemente para la segmentación”, comentó Bernal, también vocal y referente energético del Instituto Patria, en diálogo con elDiarioAR. “De parte del Enargas presentaremos al Presidente en breve algunas propuestas”, continuó el funcionario. Este cronista le preguntó si era posible lograr tan rápido la fórmula para segmentar, dado que hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández venía advirtiendo sobre dificultades, por ejemplo, con las bases de datos de los clientes y contribuyentes. “Es posible segmentar los subsidios de acuerdo con criterios de inclusión y exclusión. Se hará un uso dirigido de subsidios a quienes más los necesiten”, completó el jefe del ente regulador. En otra conversación con Infobae, explicó los criterios que tendrá en cuenta para definir quiénes necesitan las subvenciones: “Beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), tarjeta Alimentar, diferenciación para inquilinos, entre otros”.

Pero la presentación de la propuesta de segmentación no significa necesariamente que en el segundo semestre del año vaya a aplicarse un aumento de tarifas para los hogares de mayores ingresos, tal como anhela Guzmán. “Hasta ahora no hay en el horizonte nuevos aumentos”, contestó Bernal cuando elDiarioAR le preguntó por la posibilidad de ese incremento.

A fines de abril se había desatado un escándalo cuando el ministro de Economía quiso echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que, al igual que Bernal, llegó a su cargo por el impulso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Guzmán filtró a la prensa que lo despedía por “incompetente” dada la demora en la segmentación que él quería aplicar en la segunda mitad de 2021. Finalmente, la electricidad sólo aumentó 9%, menos de lo que ansiaba el ministro; Basualdo se quedó en su puesto y no se habló más públicamente de segmentación en la tarifa de luz ni de si habrá o no segunda alza en el año. Por lo pronto, esta semana se juntaron a conversar de tarifas y economía en general Guzmán y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, principal consejero de la vicepresidenta en la materia y que como ministro de Economía entre 2013 y 2015 había designado a Basualdo como integrante del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La foto de ambos en el despacho del Palacio de Hacienda simbolizó la tregua en el debate interno del Frente de Todos en un año electoral.

AR

Había pasado menos de una semana de la asunción de Alberto Fernández cuando Cristina Kirchner convocó a Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, al despacho que ella todavía tiene en el primer piso de la sede de la fundación, centro de su poder durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. La flamante vicepresidenta había dado unos días antes, en un acto en Avellaneda, una pista del papel que tenía en mente para su colaborador más cercano y para el instituto, después del regreso del peronismo al poder. “Fue y sigue siendo un lugar de pensamiento y de discusión”, había dicho en público, con Parrilli aplaudiendo en primera fila. La instrucción en privado fue más directa: “No se desmovilicen”.

Transcurrido un año y medio del gobierno de Alberto Fernández y con Cristina ya instalada en el Senado, el Patria dejó de ser la base de operaciones del kirchnerismo y cerró sus puertas por la pandemia. La vicepresidenta no visita su oficina del palacete de Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre desde el verano de 2020, cuando, en un movimiento calculado, eligió ese lugar para firmar el acta con la que asumió su interinato en el Poder Ejecutivo, ante la primera gira internacional de Alberto Fernández. Pero Parrilli y el resto de la mesa chica del instituto, una vieja guardia que mutó en ala dura, se las arreglaron para cumplir la orden que les dio Cristina. El Patria transita una nueva reconversión política. Concebido como una fortaleza para combatir el desmembramiento político y resistir las ofensivas judiciales durante el gobierno de Cambiemos, transformado después en epicentro de la reunificación por capítulos del peronismo, hoy opera como usina de propuestas y planteos subterráneos que alimentan las principales pulseadas dentro del oficialismo.

En simultáneo, se consolidó como el instituto partidario de formación política más activo de la Argentina, con 3.340 diplomados en 2020 y 10.471 desde su fundación, en 2016. En los últimos meses, completó la apertura de sucursales locales, “casas patria”, en ocho provincias, siete de ellas encabezadas por mujeres; forjó una alianza de cooperación con el Instituto Lula, de Brasil, del que Cristina tomó la idea en 2015; se apresta a renovar por primera vez su comisión directiva, con ascensos y destierros incluidos; tiene funcionarios de sus filas en trece ministerios y organismos descentralizados del Estado nacional, y cuenta con 346 socios permanentes -que pagan entre $850 y $3.000 por mes- y 1.500 adherentes cuya identidad logró mantener en secreto en una disputa iniciada por la Inspección General de Justicia (IGJ), durante el gobierno de Macri (que debe resolver la Corte Suprema). Conserva además la actividad vía Zoom de una parte de sus 28 comisiones de trabajo.

En los últimos meses, completó la apertura de sucursales locales, “casas patria”, en ocho provincias y forjó una alianza de cooperación con el Instituto Lula, de Brasil, del que Cristina tomó la idea en 2015.

Por esos ámbitos pasaron hace tiempo discusiones que en los últimos meses estallaron en el corazón del Gobierno. Las más notorias: la disputa por la reforma del Ministerio Público, encarada por Parrilli en el Senado, y la pelea por el aumento de tarifas, protagonizada por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y por Federico Bernal, interventor del Enargas, integrante de la comisión directiva del Patria y titular de la comisión de Soberanía y Derechos Energéticos del instituto, donde trabajó con Basualdo, dirigente de La Cámpora. En la exposición con la que abrió la audiencia pública del Enargas, el 16 de marzo, Bernal no hizo más que reiterar los ejes de los seminarios que dictó en el Patria durante los últimos años. “En todos los análisis del sector energético y de sus servicios públicos, de lo único que se pretende discutir es sobre su relación o impacto en la balanza comercial, con el déficit o superávit fiscal, con los muchos, pocos o nulos subsidios”, dijo, anticipando la batalla que, un mes y medio después, enfrentaría a Basualdo y al ministro de Economía, Martín Guzmán. Cerca de Parrilli rechazan que las tarifas deban acompañar a la inflación y, desafiantes, repiten una frase que le oyeron hace poco a Amado Boudou: “Es verdad que hay que revisar las tarifas, pero tiene que ser una revisión a la baja”.   

La agenda de la discordia incluye la disputa por el tenor de la negociación con el FMI, encabezada también por Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia del Senado; la propuesta para avanzar con una reforma integral del sistema de salud, elaborada por Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense y referente de la comisión de Salud del Patria, y la puja por la posición argentina frente al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, en la que intervino el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, profesor en seminarios de política exterior del instituto.

“A partir de diciembre de 2019, nuestro papel es de fuerte apoyo al Gobierno, de elaboración de propuestas y también de críticas, pero las mantenemos en privado”, responde Parrilli a elDiarioAR, en su despacho del Senado. El presidente del Patria es el único que sigue yendo de vez en cuando a la sede del instituto. Él se encargó de alquilar el edificio, que hasta 1993 albergó al Círculo de la Prensa y que en 1942 ofició de sala velatoria de los restos de Roberto Arlt. Antes de cerrar el contrato, Parrilli le advirtió a Cristina sobre un dato que lo inquietaba: en 2015 había funcionado como búnker de la campaña presidencial de Sergio Massa. “¿Y cuál es el problema? Alquilalo igual”, respondió ella. 

El senador usa un despacho de la planta baja, donde también tiene su oficina Teresa Parodi, exministra de Cultura y secretaria general del Patria. Sin cargo en el instituto, Carlos Zannini también solía usar una de las oficinas de la planta baja. En el segundo piso, justo encima del despacho de Cristina, tiene su oficina Máximo Kirchner. La última vez que el edificio tuvo actividad fue el 12 de marzo pasado, con la presentación de Las 50 sombras del Agro, un libro elaborado por el Centro de Estudios Agrarios, de técnicos cercanos al kirchnerismo, y prologado por Juan Grabois. “Debatimos todos los temas. No nos asusta tener diferencias con los funcionarios. Pero nunca vamos a poner en peligro la unidad”, agrega Parrilli.

Un funcionario que tiene despacho en la Casa Rosada y a Alberto Fernández como jefe político ofrece una mirada más crítica del papel que hoy interpreta el instituto: “Si vas a bordo de un barco que corre peligro de hundirse y te movés mucho, sos un irresponsable. La agenda del Instituto Patria es absolutamente ajena a la realidad, nadie en la calle habla de los temas que hablan ellos. Existen solo porque Cristina les da un espacio. Son altoparlantes de lo que creen que diría Cristina”.

'La agenda del Instituto Patria es absolutamente ajena a la realidad, nadie en la calle habla de los temas que hablan ellos. Existen solo porque Cristina les da un espacio', dicen en la Casa Rosada.

Los kirchneristas que no integran el instituto reivindican a coro el papel de Parrilli. “Trabaja mucho, no es un cuentapropista y nunca se movió un centímetro, ni en los peores momentos”, dice un funcionario nacional, que gobernó en el conurbano, y blanquea que las tensiones internas del oficialismo van a continuar: “La unidad en la diversidad es unidad y disputa, pasa en todas las coaliciones”. Pero aclaran que el Patria no es la representación de Cristina Kirchner, sino una porción en el amplio universo kirchnerista: “Hay una confusión cuando se habla del Patria como sinónimo de Cristina o del cristinismo. El dispositivo político principal de Cristina hoy es Máximo, que conduce el kirchnerismo en el día a día. El Patria es más rupturista que Máximo y que La Cámpora. Parrilli o Moreau [Leopoldo] se pueden sobregirar. Pero Máximo es la voz oficial de Cristina”. Medio en serio, medio en broma, Parrilli suele correrlos por izquierda: “Al lado nuestro parecen conservadores”.  

La relación del Patria con La Cámpora pasó por diferentes etapas. Al principio, sus referentes más importantes mantuvieron distancia y no se involucraron en las comisiones del instituto, para facilitar el acercamiento de dirigentes que eran críticos de la agrupación. El comando se unificó en 2017, con la formación de Unidad Ciudadana. Desde entonces, el equipo de comunicación de La Cámpora centralizó, en una oficina del primer piso del instituto, la estrategia de militancia en redes de todo el kirchnerismo. Ahí se diseñó la campaña que llevó a Cristina al Senado, cuando la agrupación se propuso recuperar el terreno que les había sacado el Pro en la batalla político-digital. En esa oficina se editó, en absoluto secreto, el video con el que Cristina anunció la candidatura presidencial de Alberto Fernández, el 18 de mayo de 2019. Los compañeros de fórmula se habían reencontrado en ese mismo edificio, un año y medio antes. En la campaña de 2019, Alberto Fernández visitaba el Patria todas las semanas para encuentros con la cúpula de La Cámpora, en el salón Eva Perón, la sala de reuniones pegada al despacho de Cristina.

“En la historia simbólica del kirchnerismo, el Patria es el lugar de la resurrección”, cuenta un referente nacional de La Cámpora. Ahí se organizó la primera entrevista que dio Cristina después de dejar la Casa Rosada, en mayo de 2017, con Víctor Hugo [Morales], Navarro [Roberto] y Sylvestre [Gustavo]. Se hizo en el auditorio de la planta baja, un patio de techo vidriado, el más grande del instituto. “Un pequeño Patio de las Palmeras”, describe con picardía un integrante de la comisión directiva. “Como se llenó de gente en la puerta tuvimos que poner una pantalla en la calle -recuerda el referente de La Cámpora-. Ahí nos juntó Cristina en 2018, después de que le allanaron el departamento, para decirnos que buscáramos un candidato a presidente, porque a ella no la iban a dejar”. En esos años, era común ver a dirigentes hacer tiempo durante horas al pie de la escalera palaciega que conecta el hall de entrada con el primer piso, al que solo se podía acceder con el permiso de Parrilli. “Querían toparse con Cristina, o, al menos, que los vieran los secretarios de Cristina desde arriba para que ella supiera que estaban ahí”, cuenta un integrante de la comisión directiva.

El Patria tiene dos directivos ministros: Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), vicepresidente y una suerte de “embajador político” del instituto, y Tristán Bauer (Cultura), vocal y figura de peso en el día a día del instituto.

Ausente en la mesa chica del Frente de Todos, el Patria tiene dos directivos ministros: Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), vicepresidente y una suerte de “embajador político” del instituto, y Tristán Bauer (Cultura), vocal y figura de peso en el día a día del Patria. Los referentes de las comisiones de trabajo pueblan las segundas y terceras líneas de ministerios y organismos importantes: María Laura Garrigós, referente de la comisión de Administración de Justicia, es la interventora del Servicio Penitenciario Federal; Santiago Fraschina, de la comisión de Economía, es secretario general de la Anses; Ofelia “Pipa” Cédola, amiga y compañera de militancia de Cristina y referente de la comisión de Trabajo, preside la Fundación YPF, la exministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, titular de la comisión de seguridad del Patria, encabeza el gabinete de asesores de la ministra Sabina Frederic. La lista se engorda con embajadores como María Fernanda Silva (Vaticano), Eduardo Zuain (Rusia) y Ariel Basteiro (Bolivia), entre otros.   

Las obligaciones de la gestión y la virtualidad disminuyeron el caudal trabajo de las comisiones, reconocen en el Patria. Antes de la pandemia, la preocupación era evitar la infiltración de espías, por lo que se dispuso que solo se puede participar con invitación de un integrante de la comisión. En cambio, las restricciones de la cuarentena favorecieron el desarrollo de los seminarios. “Como ahora todos los talleres de formación son virtuales tuvimos un boom de participantes del interior y de otros países”, cuenta la diputada nacional Claudia Bernazza, coordinadora de los seminarios, referente de la comisión de Estado y Administración Pública del instituto y pieza clave en el funcionamiento del Patria.

La diputada asumirá un lugar en la comisión directiva, en la asamblea prevista para el 6 de junio. Parrilli, Ferraresi y Parodi mantendrán los tres cargos principales y se sumarán Judith Said, cercana a Parrilli y funcionaria de la AFIP; la diputada Mónica Macha, referente de Nuevo Encuentro y encargada de las “casas patria”, y la santafecina María del Carmen Alarcón, cónsul general en Shangai, China. Perderán su lugar dos dirigentes que “se borraron” del Patria en el peor momento de Cristina: Patricio Mussi, exintendente de Berazategui, y Hernán Y Zurieta, intendente de Punta Indio.  

Según los cálculos de Bernazza, la mitad de los asistentes a los cursos son militantes de organizaciones kirchneristas y la otra, simpatizantes sueltos que buscan herramientas para desarrollar la “micromilitancia” en reuniones familiares, entre amigos o con compañeros de trabajo. Al finalizar los seminarios, todos se llevan un diploma, que muchos suelen encuadrar, con la firma de la presidenta honoraria del Patria, Cristina Kirchner. En 2020 el curso con más inscriptos fue por lejos “Peronismo y Feminismo en tiempos de emergencia”, con casi 1100 participantes. En 2021, el seminario que figura primero en la oferta académica aborda otro tema urticante dentro del Gobierno: el combate de la inflación. Incluye una “conferencia especial” del ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, un nombre que circuló como eventual reemplazante de Guzmán, en la crisis por las tarifas. El taller se titula como su último libro: Todo precio es político.

GS

En un acto virtual, que compartió con el expresidente brasileño Lula Da Silva, la vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo hoy que la pandemia que azota al mundo era “algo inimaginable” y remarcó que las históricas “diferencias entre el norte y el sur” en el ámbito internacional se reflejan actualmente en “el acceso a las vacunas, que es el acceso a la vida”.

“Lo que está atravesando el mundo es algo inimaginable, absolutamente nunca pensamos en esta nueva guerra con un enemigo invisible”, planteó la ex mandataria en el marco de la firma de un convenio entre el Instituto Patria y el Instiuto Lula para poner en marcha un seminario conjunto de formación política.

Cristina indicó que “las diferencias que se daban entre el norte y el sur tal vez en materia de ingresos, de generación de autonomía, de industrialización, ahora se dan mucho más abajo: en el acceso a las vacunas, por ejemplo, que es el acceso a la vida”.

A su vez, consideró que la emergencia sanitaria “va a obligar a nuevos desafíos” por lo que exhortó a que el seminario que iniciarán en conjunto ambos institutos rompa “los moldes de como se discute en todos los seminaros y animar a pensar en cosas diferentes”, ya que -consideró- “es bueno y escencialmente necesario nuevos pensamientos e ideas” para lo que viene tras la pandemia. “Va a ser necesaria la política mucho más que antes porque en estos momentos con nuevas derechas que quieren abolir la política, va a ser necesario el debate en serio, sin dogmatismos y que nos debemos todos”, agregó.

En su mensaje, que fue grabado, la vicepresidenta recordó que del Instituto Lula tomó “la idea de fundar el Instituto Patria, allá por 2016”, que “fue refugio contra todos los procesos de persecución que se desarrollaron en nuestro país”, en referencia al accionar que le atribuye a la Justicia durante la gestión de Mauricio Macri.

“Persecución a quienes habíamos conducido los destinos de la patria, precisamente en elecciones libres, populares y democráticas. Como le pasó a Lula también, como le pasó a Rafael Correa en Ecuador, como le pasó a Evo Morales también en Bolivia”, señaló en el marco de su teoría del Lawfare.

“Antes se utilizaban las Fuerzas Armadas para desalojar a los gobiernos nacionales y populares, ahora se utilizan a sectores del Poder Judicial en el armado de causas que destruyeran, fundamentalmente, a los dirigentes nacionales, pero sobre todo la memoria en el pueblo de lo que esos gobiernos habían logrado en materia de progreso social, de conquistas de derechos”, insistió Cristina.

Lula, por su parte, sostuvo que el seminario “va a formar políticamente a futuros dirigentes y va a mostrar nuestra historia, lo que nos forjó, lo que sucedió cuando Cristina y yo presidíamos nuestros países”.

“Cuando le dijimos no al ALCA y si al Mercosur y creció nuestra economía; la creación de la Unasur. América latina estaba en ebullición, conquistando soberanía. Fue un momento maravilloso, de esperanza, de luz. Contruímso un bloque político fuerte y un bloquee económico. Lamentablemente los golpes destuyeron nuestros sueños”, recordó el brasileño.

Por último, Lula destacó que actualmente “Alberto Fernández recuperó la Argentina” y que el PT va a “recuperar Brasil en 2022”, en referencia a las elecciones en el vecino país.

DA con información de agencias

En días en que cada gesto pesa una tonelada, Cristina Kirchner cerró la semana en la que quedó a cargo del Poder Ejecutivo con una actividad compartida con Lula Da Silva, expresidente de Brasil y, según la lectura del oficialismo, otra víctima continental del lawfare.

Los dos formaron parte del acto conjunto que realizarán este viernes, desde las 17, el Instituto Patria y el Instituto Lula, para establecer convenio marco de cooperación. Cristina y Lula grabaron mensajes para darle su aprobación a la iniciativa. La actividad, bajo la modalidad virtual, estuvo encabezada por el presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, y por el economista Marcio Pochmann, de parte del Instituto Lula. También intervino la “Comisión de política exterior soberana” de los dos espacios de formación.

El acto sirvió para lanzar el primer curso bilateral de las dos fundaciones, denominado “Un proyecto común: Integración y soberanía”. Parrilli y Pochmann darán detalles de esta primera actividad y del camino de cooperación a recorrer.

El lazo que se formalizó este viernes existe desde la creación misma del Instituto Patria. Al tanto del instituto de formación de cuadros técnicos desarrollado por Lula después de dejar la presidencia, en 2010, Parrilli le llevó la idea a Cristina, a fines de 2015. El Patria nació en 2016, con inspiración brasileña.

Con información de agencias.

IG

Se reúnen todas las semanas y, aunque tengan sus matices, están de acuerdo en líneas generales sobre cómo encarar la lucha contra la inflación. Son los integrantes del Gabinete económico, que preside el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que integran su vice, Cecilia Todesca Bocco, el ministro de Economía, el empoderado Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, entre otros. Coinciden en que el aumento de precios es un fenómeno principalmente macroeconómico, aunque unos pongan más énfasis en la política monetaria y otros en los controles de precios, pero están lejos de las críticas que llegan desde el cristinismo contra dicho enfoque, según uno de los integrantes de ese gabinete.

Cinco ejes tiene el plan de Guzmán y su secretario de Política Económica, Fernando Morra (hizo su tesis de maestría sobre cómo otros países redujeron la inflación y ahora recibe críticas K por presunta “ortodoxia”). Primero, apuntalar la recuperación económica para que, con ella, se inicie la “consolidación” fiscal -es decir, la reducción del rojo. Puede que Marcó del Pont y Todesca Bocco tengan una visión menos fiscalista que el ministro, pero tampoco disienten con él en este aspecto. Cuando la primera presidía el Central entre 2010 y 2013, con la asesoría de la actual vicefa de Gabinete, la inflación directamente se negaba. Cristina Fernández era la jefa de Estado. Después vino Mauricio Macri y sus economistas con una frase de campaña: “Eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy Presidente.” Según su promesa, podía lograrse en dos años. Ahora, en cambio, Guzmán y Morra sostienen que moderarla es la prioridad y podría llevar dos o tres gobiernos, si se mira la experiencia internacional de países como México, Colombia, Chile, España, Italia o Corea del Sur.

En segundo lugar, el Gobierno apunta a reforzar el mercado de deuda doméstico para financiar el déficit, y no con más emisión monetaria. Marcó del Pont advirtió en alguna reunión a Guzmán que darle a la maquinita de billetes no provoca en sí inflación pero genera excedentes que terminan yendo al dólar blue, cuya brecha con el oficial impacta en las expectativas de devaluación oficial y en los precios. “Martín simplifica el problema”, comentó un testigo del comentario. El ministro aceptó la observación, pero al final del día eliminó las ayudas de emergencia de la pandemia (ATP e IFE) para acotar la emisión, así bajó el blue y desactivó las especulaciones de depreciación del peso oficial y de una inflación que algunos bancos extranjeros como Citi y HSBC predecían en el 60% para 2020 (terminó en 36,5%).

En tercer término, Guzmán quiere impulsar las exportaciones, de modo de desalentar devaluaciones que siempre disparan los precios. Por eso, desactivó las amenazas de aumentar las retenciones que habían pronunciado Todesca Bocco y el propio Alberto Fernández como estrategia para sentar al campo a negociar precios locales disociados de las elevadas cotizaciones internacionales.

En cuarto lugar, la acumulación de reservas del Banco Central, razón de la vigencia de un cepo cambiario que evite shocks del dólar. En el Central planean continuar con las restricciones a los pagos de deuda corporativa, el dólar ahorro y las importaciones de bienes finales mientras las exportaciones sigan por debajo de los US$ 90.000 millones anuales, frente a los 55.000 millones de 2020.

Por último, Guzmán y Morra abogan por un acuerdo para “acompañar” las expectativas de precios y salarios porque, “si se negocian desordenadamente, quedarán desanclados”, según analizan en el gabinete. En ese contexto, se encuadran los Precios Máximos de los productos de consumos masivo vendidos en supermercados y las sanciones por incumplir con su abastecimiento, a cargo de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dependiente de Kulfas.

Los ministros de Economía y Desarrollo Productivo coinciden en que, aunque la inflación es un fenómeno macroeconómico -razonamiento de Guzmán que aplaudieron los grandes empresarios la reunión del Acuerdo de precios y salarios-, en economías inflacionarias y con fuerte concentración los agentes se anticipan en los aumentos. Por eso, admiten que medidas heterodoxas no resuelven la inflación, pero pueden ayudar a coordinar expectativas que a comienzos de año vaticinan un piso del 40% al 45% para 2021, en lugar del 29% de meta oficial. “Reducir la inflación es una prioridad porque se traduce en un problema macroeconómico que es retroalimentado por pautas de comportamiento desarrolladas de forma adaptativa en un momento complejo para la toma de decisiones y generación de expectativas” sostuvo el ministro ante los hombres de negocios.

Sin embargo, hay presiones dentro del Frente de Todos para que se acentúen las recetas heterodoxas bajo la concepción de que el enfoque macroeconómico exculpa a las grandes empresas en su responsabilidad de formar precios. Español sintió en carne propia esos apremios en los comentarios K de las redes sociales. Quizás por eso, este año, decidió levantar el perfil y comunicar más las inspecciones que desde el año pasado viene desplegando para controlar precios. Kulfas y ella salieron de recorrida por supermercados. En ese contexto podría encuadrarse, también, la imputación contra una decena de grandes compañías por desabastecimiento, aunque en el Gobierno aclaran que no se trató de una medida intempestiva al estilo de las de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, sino que la investigación llevaba un mes y busca que se reanude la provisión, no que se apliquen multas. “Alberto se levantó combativo”, celebró las imputaciones a grandes empresas Juan Grabois, que agrupa a movimientos sociales aliados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la jefatura de Gabinete señalan que hay consenso sobre la lucha antiinflacionaria dentro del Gobierno, pero que hay bases del Frente de Todos que piden desde afuera más controles de precios y de exportaciones. En el Gabinete económico no logran identificar quiénes están detrás de las críticas al enfoque macroeconómico del combate a la inflación, pero miran hacia el Instituto Patria, el think tank de Cristina Kirchner, a la diputada y economista Fernanda Vallejos, a su colega y profesor Horacio Rovelli, pero no al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, principal consejero sobre economía de la vicepresidenta. En el Gobierno lo ven a Kicillof opinando más sobre tarifas que sobre inflación en general.

En el cristinismo dicen desconocer disidencias de cualquier tipo. Sostienen que la vicepresidenta carece de un referente económico y que en la materia se guía por sus propias conclusiones. Tiene puesto el énfasis en tres ejes. Primero, la negociación de la tarifas de energía, para la que confía en los funcionarios que ella misma colocó: el secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y los interventores de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, y del Gas (Enargas), Federico Bernal. En segundo término, Cristina Kirchner le da prioridad a Precios Cuidados y otros acuerdos para contener la inflación a partir de la experiencia de su propio gobierno. Por último, repite como letanía la frase que pronunció en diciembre pasado en el Estadio Ciudad de La Plata en el aniversario del gobierno de Kicillof: “Hay que alinear los salarios y las jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”.

También llegan presiones desde el Movimiento Evita, que conducen Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro y que se mantienen distantes de Grabois y la vicepresidenta. A disgusto de Kulfas y Español, que defienden que el control de precios recae sobre los inspectores de Comercio Interior, el Evita y otras organizaciones sociales afines como Barrios de Pie Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) organizaron hace una semana a 20.000 militantes para vigilar el cumplimiento de los Precios Máximos. Hay discusiones internas en el Gobierno -Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias y Pérsico, de Economía Social- sobre el impacto político de esas movidas en las diversas clases sociales de la Argentina. En cambio, Desarrollo Productivo coordinó operativos con la AFIP de Marcó del Pont.

AR

La Cámara Federal de Casación resolvió por mayoría que la causa de presunto espionaje ilegal contra los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri sea investigada por los tribunales federales de Capital Federal, como pedían procesados y allegados al expresidente. De esta forma, tras meses de disputa sobre la radicación de la causa, la Sala IV del tribunal penal apartó al juez federal y a los fiscales de Lomas de Zamora que intervienen en el caso, de acuerdo al fallo que accedió elDiarioAR.

El planteo para la mudanza del expediente a Comodoro Py había sido presentado por Darío Nieto, exsecretario privado de Macri, quien fue indagado en la causa de Lomas de Zamora por su presunta participación en el espionaje ilegal. Al pedido de Nieto se sumaron las defensas de los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex número uno y dos del organismo de Inteligencia durante el macrismo. La causa quedaría ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli, quien fue investigado a su vez en la Justicia de Dolores, en otra causa sobre presunto espionaje ilegal.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo resolvieron el conflicto de competencia que estaba pendiente desde el año pasado con la disidencia de la tercera integrante de la sala, Ángela Ledesma.

La investigación abarca dos expedientes construidos en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El primero se enfoca en “las vigilancias a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su domicilio” durante 2018, y por estos hechos ya están procesados Arribas, Majdalani y un grupo de exagentes de la AFI.

El cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas.

En el segundo “se investiga el espionaje a políticos afines y opositores, dentro de los cuales había detenidos por corrupción (en la cárcel federal de Ezeiza), a quienes les escuchaban las conversaciones desde la cárcel”, explicó un comunicado del tribunal. Por este caso, Arribas, Majdalani, exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal y exagentes de la AFI fueron indagados a finales de 2020. Su situación aún no está definida.

El juez federal de Lomas Juan Pablo Auge, que se hizo cargo de la investigación después de que fuera apartado su colega de Lomas Federico Villena, “aseguraba que debía ser él quien continúe con la investigación por lo avanzado del proceso”. El camarista Leopoldo Bruglia había determinado que el epicentro de los hechos era la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene sede la AFI y desde donde se habrían impartido las supuestas órdenes investigadas, y también los domicilios supuestamente espiados como el particular de la vicepresidenta o la sede del Instituto Patria.

“Los jueces Borinsky y Carbajo explicaron que las causas debían continuar tramitando de modo conjunto ya que su escisión traería aparejado un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio, ya que los abogados deberían defenderse ante dos jueces distintos que podría tomar decisiones distintas e incurrir en sentencias contradictorias”, sostiene el comunicado.

Se investiga el espionaje a políticos afines y opositores, dentro de los cuales había detenidos por corrupción (en la cárcel federal de Ezeiza), a quienes les escuchaban las conversaciones desde la cárcel.

En el fallo, los dos jueces detallaron que “de la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados, mientras que algunas de sus ramificaciones habrían sucedido en el conurbano bonaerense”. “El cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas”, aclararon.

Además, los jueces de Casación convalidaron los allanamientos que la Justicia federal de Lomas de Zamora realizó en el domicilio de Nieto, secretario privado del expresidente.

El inicio de las actuaciones en Lomas de Zamora se debió a que un detenido en una causa por presunto narcotráfico, Sergio Rodríguez, declaró ante el juez Federico Villena que el exagente de la AFI Facundo Melo lo condujo a poner un artefacto explosivo en el domicilio de un ex funcionario de Defensa en Recoleta, Capital Federal. El juez fue apartado de la causa tras planteos de las defensas: Villena era el mismo juez que había autorizado las tareas de inteligencia de 2018, ahora investigadas.

Una vez apartado Villena, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide detectaron una supuesta red de espionaje ilegal que incluía a los agentes de la AFI luego imputados Alan Ruiz, Diego Damau Pereyra, Jorge Sáez y Leandro Araque, entre otros, quienes fueron promovidos o incorporados durante la gestión de Arribas y Majdalani. Los exagentes niegan haber realizado inteligencia ilegal y sostienen que cumplían órdenes.

Desde esa red llamada Super Mario Bros, los informes habrían llegado a la Casa Rosada a través de la funcionaria del área del Documentación Presidencial Susana Martinengo, de acuerdo a los fiscales. La exfuncionaria negó los cargos en su indagatoria. En el último pedido de procesamiento, Incardona y Eyherabide no incluyeron a Nieto, del entorno más próximo de Macri, sospechado previamente de recibir los datos recabados por Martinengo. Nieto también se declara inocente.

Entre las víctimas del presunto espionaje ilegal se encontrarían Cristina Fernández de Kirchner, Salvatore Pica —pareja de Florencia Macri—, María Eugenia Vidal, Cristóbal López, Hugo Alconada Mon, Diego Santilli, Carlos Zanini, el periodista Rodis Recalt, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, entre muchos otros.

*Este artículo se actualizó a las 15.18 del 12 de febrero con información sobre la causa judicial y la posición de los acusados.

ED

No hay una sola madre de todas las batallas. Hay tres. Por lo menos en la coyuntura económica argentina. Tarifas, precios de los alimentos y una pandemia que amenaza con dañar la recuperación de la actividad.

En el Gobierno hay diversas posiciones sobre cuánto deben aumentar las tarifas de electricidad y gas. En septiembre pasado, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el presupuesto 2021, sostuvo que las tarifas y los subsidios debían aumentar a la par de la inflación -prevista en un 29%-, meta difícil de alcanzar según la mayoría de los economistas, que anticipan entre 45% y 50%. Pero, tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como su asesor en energía en el Instituto Patria e interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, sostienen que las facturas sólo deben subir 9% y en abril. En el kirchnerismo duro, mientras tanto, piensan que, en un año electoral, directamente no deberían aumentar.

El secretario de Energía, Darío Martínez, viene repitiendo en diversas entrevistas que los sectores de menores ingresos no sufrirán alzas, los de ingresos medios pagarán de acuerdo con la inflación o la evolución salarial y los de mayores ingresos, un porcentaje mayor. “A los de Puerto Madero, la máxima expresión del aumento”, dicen en la Casa Rosada. Martínez, muy alineado con Guzmán, además de insistir con la segmentación de tarifas según ingresos, sostiene que lo importante es que los subsidios se acoten al 1,7% del PBI. Como el presupuesto prevé un crecimiento del PBI del 5,5%, entonces las subvenciones podrían ser del 1,7% pero aumentar por encima de la inflación, lo que implicaría que las tarifas subirían menos.

Queda claro, entonces, que no se elevarán 29% como preveía Guzmán en un principio, pero tampoco está definido que la cifra definitiva sea el 9%. Tal vez lo sea en el caso del gas, pero quizás el porcentaje sea mayor en el de la electricidad, que requiere de subvenciones más cuantiosas. En Energía sostienen que las diferencias de internas no son grandes, que la segmentación tarifaria es una tarea que llevará tiempo y que no producirá una baja significativa de los subsidios.

Funcionarios K conjeturan que Cristina Fernández de Kirchner no va a caer dos veces en el mismo error de congelar las tarifas. Otros. que la quieren menos. la critican por creer que los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri hincharon los bolsillos de las empresas del sector cuando, según ellos, sus balances no lo demuestran. En la Rosada recuerdan que los diputados dirigidos por Máximo Kirchner y el Senado, que preside su madre, ya aprobaron ese presupuesto 2021 que preveía aumentos tarifarios por inflación, pero admiten que tal vez terminen siendo menores y se compensen los mayores subsidios con un crecimiento económico superior al esperado (+5,5%) y una recaudación adicional de retenciones por el nuevo boom de precios de materias primas agrícolas.

Un ministro del Gobierno advierte que, si el alza de tarifas resulta demasiado pequeña, será objetada por el FMI, preocupado por la reducción de las subvenciones. Guzmán plantea que la Argentina necesita recuperar la senda del crecimiento sostenible y por eso reclama al FMI postergar cuatro años los vencimientos del préstamo récord que le dio a Mauricio Macri. Una de las incógnitas es cuánto del 4,5% de déficit fiscal presupuestado se financiará con emisión monetaria y cuánto con colocación de deuda en el mercado local. Oficialistas sometidos a regañadientes a Guzmán opinan que él podría conseguir todo el financiamiento que requiere en el mercado doméstico si ofreciera instrumentos atractivos. En su debut como secretario de Finanzas, Mariano Sardi logró este jueves cinco veces más fondos de lo que buscaba.

También esta semana, Sardi y el también nuevo secretario de Política Económica, Fernando Morra, retomaron las negociaciones online con el FM,I después del receso de las fiestas. Las conversaciones continuarán la semana próxima. Aunque el gobierno de Estados Unidos, accionista mayoritario y con poder de veto en el Fondo, cambie este miércoles, tanto el staff del organismo como su directora gerenta, Kristalina Georgieva, permanecerán y es con ellos que se discuten las políticas fiscal y monetaria para los próximos años. Hasta ahora, Georgieva y los técnicos se muestran lejos de las tradicionales posiciones dogmáticas del FMI, movilizados a favor de que el mundo haga una política contracíclica ante la pandemia. Pretenden, eso sí, que la Argentina les de seguridades de que devolverá el crédito que le otorgó a Macri -por impulso de Donald Trump- la anterior jefa del FMI, Christine Lagarde.

En Wall Street calculan que la Argentina recibiría 12.000 millones de dólares extra gracias al alza de la soja y las demás commodities.

La decisión final correrá por cuenta del directorio del Fondo Monetario Internacional, donde sí tendrá peso el nuevo gobierno de Joe Biden. Habrá que esperar a que Janet Yellen -cuyo tutor de tesis fue el mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz- se acomode como secretaria del Tesoro y designe a la persona que se encargará del caso argentino. En 2001, George W. Bush tardó ocho meses en esa tarea. Fernández espera que Biden se demore mucho menos. Mientras tanto, los fondos de inversión de Wall Street presionan de antemano a sus amigos demócratas para que el FMI exija a la Argentina un sendero de ajuste, reformas estructurales y apertura económica, con una clara intención: que el país vuelva a reestructurarles la deuda.

Guzmán quiere que el pacto con el Fondo pase por el Congreso, de modo tal que cuente con un apoyo político amplio. En el kirchnerismo duro sostienen que el Legislativo no es una escribanía y que Guzmán no puede lavarse las manos sino que debe poner la firma, como reclamó sin nombrar a nadie la vicepresidenta a fin de año en el acto en el estadio Ciudad de La Plata.

En Wall Street calculan que la Argentina recibiría 12.000 millones de dólares extra gracias al alza de la soja y las demás commodities. Igual no les agrada un gobierno con controles de precios y de cambios ni que YPF reestructure su deuda porque -alegan- obedece a la necesidad de frenar la salida de dólares por dos años. Los más gurkas´+} llegan a advertir que la petrolera estatal argentina va camino de convertirse en una nueva Petróleos de Venezuela (PDVSA). En Economía responden que, con el canje de deuda, YPF busca fondos para invertir y producir, lo que permitirá luego afrontar los pagos de su abultada deuda. En el establishment, en tanto, hay dudas sobre cómo impactará esta reestructuración en el financiamiento de las otras empresas argentinas.

Alimentos para el mundo, precios para el consumo

La segunda madre de las batallas radica en el encarecimiento de los alimentos. El alerta lo lanzó el Indec cuando, el jueves pasado, publicó el dato de inflación de diciembre: 4%, el valor más alto para 2020. El Gobierno ya llegó a acuerdos por el aceite y con la cadena del maíz -cereal con el que se alimentan vacas, cerdos y pollos-, pero aún falta instrumentarlos. El pacto por el aceite es más sencillo, porque depende directamente de las grandes empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportador de Cereales (Ciara-CEC). En cambio, el convenio por el maíz tiene varias aristas. Hay que asegurar que una parte de la producción vaya a precios menores que los internacionales para los productores porcinos, avícolas, lecheros y vacunos. Resulta clave, en consecuencia, darles financiamiento y asegurar la trazabilidad de los valores rebajados hasta los supermercados y las carnicerías. 

En materia financiera, el acuerdo requiere del compromiso de las aceiteras y las bolsas de cereales. Entonces aparecen dos actores pesado del nuevo Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), creado en 2020 por más de 40 cámaras , que ha sabido construir un buen diálogo con el actual gobierno (en contraposición con la Mesa de Enlace). En ese Consejo destacan las figuras de Gustavo Idígoras -ex funcionario técnico, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y hombre que responde al ex senador peronista cordobés y dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, a su vez cuñado del jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo- y José Martins -mandamás de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires-. En el Gobierno califican a Martins como una rara avis del sector, alguien que aceptó la derrota electoral del proyecto político con el que más se identificaba el campo en 2019 y que, ante la amenaza de cuatro años de enfrentamientos como en los ocho años de Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con ella el año pasado como inicio de su estrategia de diálogo.

En el Ejecutivo rescatan que incluso en la Mesa de Enlace hay dirigentes sensatos y abiertos al diálogo, pero advierten que están bajo la presión de bases y dirigentes más duros, enrolados en Juntos por el Cambio. Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), se desmarcó del lockout de adhesión dispar de la última semana. Pero los líderes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA, la entidad con más socios), Jorge Chemes, y la Federación Agraria (que tradicionalmente nucleaba a los más chicos), Carlos Achetoni, mantuvieron el diálogo en privado con altos funcionarios a pesar de la protesta. Estas tres entidades están en el CAA.

La que se mantiene al margen es la Sociedad Rural, cuyo presidente, Daniel Pelegrina, enfrenta una interna del ex ministro de Agricultura de Macri, Luis Miguel Etchevehere. Pelegrina es uno de los pesos pesados del Foro de Convergencia Empresarial, que integra a decenas de cámaras pero donde dominan la Asociación Empresaria Argentina (AEA, el club de dueños de grandes empresas), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de Comercio de EE. UU. en la Argentina (Amcham) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Foro se ha convertido en la voz más crítica de los hombres de negocios contra el gobierno de Fernández, con recientes reproches por el finalmente suspendido cierre de la exportación de maíz, la regulación de las telecomunicaciones, el programa de Precios Máximos en supermercados y las idas y vueltas con las cuotas de las prepagas. El coordinador de este foro es Miguel Blanco, director general de Swiss Medical, la empresa de Claudio Belocopitt, quien ha expresado sus reparos sobre la reforma sanitaria que impulsa la vicepresidenta para coordinar las tareas del Estado, las prepagas y las obras sociales. Blanco es, además, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y fue director financiero The Exxel Group, aquel conglomerado de empresas de vertiginoso crecimiento en los 90 y veloz derrape en los 2000.

En el Ejecutivo hay conciencia de que tampoco pueden tirar demasiado de la cuerda porque necesitan de las exportaciones agrícolas para que entren dólares.

En las próximas semanas, los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aspiran a sellar acuerdos por los precios de la carne y del trigo, materia prima para el pan, las pastas, las empanadas y la pizza. Los funcionarios negocian con el consorcio de exportadores de carne bovina ABC el valor de 10 cortes populares para todo 2021. Además, con una perspectiva de dos años, se aspira a dejar de enviar la media res a las carnicerías para que lleguen directamente los cortes cuarteados, como sucede en todo el mundo (menos en la Argentina y Paraguay). Con el cuarteo se podrían distribuir los cortes populares en determinadas zonas y los más caros en otras. Esa transformación requiere de inversiones en los frigoríficos que se dedican solamente al mercado local y que, en general, operan desde la informalidad.

En el caso del trigo, al igual que en el del maíz, se busca asegurar el abastecimiento interno a un precio diferencial del internacional. La cantidad ya está acordada, pero no todavía el valor. Al igual que en el caso del maíz, el Gobierno negocia bajo la implícita amenaza de que si no se llega a un acuerdo de caballeros, se aumentarán las retenciones a la exportación o se reinstalará los registros de operaciones de exportación (ROE), los cupos que durante el kirchnerismo administró de manera polémica Ricardo Echegaray.

En el Ejecutivo hay conciencia de que tampoco pueden tirar demasiado de la cuerda porque necesitan de las exportaciones agrícolas para que entren dólares y se eviten devaluaciones bruscas que disparen la inflación en el año electoral. En el sector privado critican que Basterra haya adoptado primero la prohibición de exportaciones de maíz para después sentarse a negociar, en lugar de haber apostado primero por el diálogo. En la Rosada lo defienden y destacan que evitó que escalará el conflicto. Sostienen que quieren potenciar el sector agroindustrial argentino, pero que en esta crisis económica eso no puede terminar impactando en el poder adquisitivo de las familias.

Mientras tanto, la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, acordó con las grandes empresas de alimentos, bebidas e higiene una ampliación del programa Precios Cuidados y la liberalización controlada de 40 rubros sometidos a los controles de Precios Máximos. En el empresariado adjudican su dureza a la presión que, sobre ella, ejercen las críticas de los kirchneristas más duros y advierten por eventuales faltantes de algunos productos cuyos costos aumentaron en 2020 dos o tres veces más que los precios finales.

La pandemia, marchas y contramarchas

La tercera madre de las batallas económicas tiene raíz sanitaria. En marzo pasado, Alberto Fernández privilegió la salud por sobre la economía. Hoy la situación es distinta y su objetivo radica en evitar, por todos los medios, que la pandemia provoque más cierres de la actividad que el de los bares que funcionan de 1 a 6 de la madrugada. “Costó mucho recuperar la economía como para, ahora, volver a cerrarla”, admiten en la Rosada. Allí prevén que, antes que afectar cualquier otro sector productivo o comercial, se prohibirán primero las reuniones sociales y después las familiares. Un ministro reconoce que en febrero se agudizará la cantidad de contagios, pero confía en que en marzo o abril se masifique la vacunación, con lo que se evitaría un escenario catastrófico en lo sanitario y lo económico. En Economía miran con preocupación cómo los nuevos confinamientos en Europa están impactando la actividad. De todos modos, rescatan que finalmente la caída del PBI de 2020 resultaría un poco inferior al 10%, es decir, por debajo de los peores pronósticos que, en su momento, soltaron los economistas más alarmistas y de mayor rating. 

Entre el 10% y el 20% de la clase media cayó en desgracia durante la cuarentena y buscó ingresos en sectores de la llamada economía popular.

La industria no se parará e, incluso, estaba previsto exceptuarla de un eventual toque de queda nocturno (que finalmente no se adoptó). El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) para asuntos laborales, Daniel Funes de Rioja, habló con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para que en las fábricas se testee con frecuencia al personal (algunas grandes empresas, por ejemploToyota, hacen pruebas aleatorias periódicas, pero las pymes carecen de esa capacidad) y también se vacune inmediatamente después que se haya atendido a los profesionales de la salud, los docentes y las personas de riesgo. Moroni trasladó el pedido a su par de Salud, Ginés González García. El ministro de trabajo también recibe la presión empresaria para que, a fin de mes, deje de prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización por cesantías, en contraposición al pedido de los sindicatos, temerosos por los puestos de trabajo ante un panorama económico aún incierto.

En la economía popular también aspiran a seguir recuperando la normalidad. La salida del aislamiento, que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se extendió de marzo a noviembre, supuso una bocanada de aire fresco para muchos trabajadores de clases bajas y medias. En la Secretaría de Economía Popular, que conduce Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, calculan que entre el 10% y el 20% de la clase media cayó en desgracia durante la cuarentena y buscó ingresos en sectores de la llamada economía popular: recurrió al cuentapropismo, se puso a cocinar para vender hamburguesas caseras, comida vegana o tortas o a producir barbijos fashion. Hay trabajadores informales que recuperaron las changas, pero ahora cuentan con la mitad de los clientes que tenían antes de la pandemia. Por ejemplo, pileteros o jardineros. Varios de ellos fueron los que abarrotaron La Salada y la calle Avellaneda en las fiestas para comprar ropa y revenderla luego en sus barrios. Las organizaciones sociales han podido desmontar las ollas populares, aunque quedan en pie los comedores (mientras reabren rotiserías y panaderías) y se crean infinidad de verdulerías y locales que se dedican exclusivamente a la venta de productos de limpieza.

En el Evita, que mantiene una fuerte interna con La Cámpora, señalan que el crecimiento económico resulta tan prioritario como la distribución de las vacunas. Mientras no haya suficientes inoculaciones, drama que sufre toda América Latina y el resto del mundo en desarrollo, apuntan a trabajar en la prevención: recordar a los trabajadores que deben usar barbijo y mantener las burbujas con sus compañeros de tareas laborales. A diferencia de las orgas más cercanas a la vicepresidente, están de acuerdo con la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero reclaman más subsidios o créditos para que la gente pueda trabajar. También que vuelvan las clases, dado que los niños más pobres han sido los más excluidos de la educación digital.

Que se recupere el empleo y la educación regrese a las escuelas son deseos compartidos tanto por los de arriba como por los de abajo. Las diferencias, a veces tensas, arrancan en el cómo.

AR