El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti calificó como “inadmisible” el desarrollo del juicio de la causa Cuadernos, criticó al Consejo de la Magistratura porque “funciona mal”, y sostuvo que una reforma laboral debe salir “por consenso” para ser sostenible en el tiempo.

“No puede ser o no es admisible un juicio de una mega causa en esos términos para toda la sociedad, no está bien. El punto es por qué sucede esto y qué hay que hacer”, dijo Lorenzetti.

“Cuando entré a la Corte hicimos un plan de políticas de Estado, y dijimos varias cosas, entre ellas, hablamos de las mega causas. Se definió una política especial. Tiene que haber una estructura que respalde a esos jueces para que puedan ejercerla. El problema es la organización, no solo los jueces. Lo que falla es el abandono a la política de Estado”, sostuvo el supremo en diálogo con Radio Rivadavia.

Lorenzetti explicó que en “los jueces están sobrepasados”, porque “faltan cubrir muchas vacantes”, pero aseveró que en una mega causa “hay que trabajar, y en el verano también, cuando uno tiene un caso de esta magnitud hay que acelerar y hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad”.

Además, el juez manifestó que de cara a la gente “lo importante es la rapidez, pero también la imparcialidad y la transparencia”, porque “no se puede condenar mediáticamente, no es eso lo que el derecho tiene que hacer, tiene que funcionar con equilibrio e imparcialidad”.

Consultado sobre la reforma laboral que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso, el magistrado dijo que lo que sancione el Parlamento debe apuntar a “una política equilibrada y sostenible en el tiempo”, porque eso es indispensable para que haya “seguridad jurídica”.

“En la argentina hubo muchas reformas laborales y también muchos cambios en los poderes judiciales”, sostuvo, y aseguró que “las reformas que se hacen sin consenso no se sostienen en el tiempo” ya que “si cambiamos a cada rato es un problema para la seguridad jurídica”.

En cuanto a la reforma laboral puntualizó que “hay que corregir el sistema de las indexaciones que multiplican las indemnizaciones hasta cifras inadmisibles”, y señaló que la Corte “ha revocado varias veces” este tipo de sentencias, pero sus fallos no tienen obligatoriedad.

“Las sentencias de la Corte no son obligatorias, necesitamos que tengan más obligatoriedad, porque en el tema laboral muchos tribunales siguen emitiendo fallos como si no existiera una jurisprudencia”, advirtió.

Ante una consulta, Lorenzetti dijo que la Justicia tiene como gran problema “la cobertura de los cargos”, porque “el Poder Judicial está haciendo muchos esfuerzos personales, pero funciona hoy gracias al esfuerzo de jueces, juezas y empleados, porque hay muchos juzgados sin jueces”.

“He pasado cinco presidentes y creo que no hay una política de Estado sobe el Poder Judicial. Tenemos que estar de acuerdo en que el Poder Judicial es independiente. Cuando uno ve como se nombran los jueces en la Nación y las provincias, pasan por un filtro político muy fuerte. Y la idea de partidización no es buena”, aseveró.

Por otra parte, criticó también al Consejo de la Magistratura que “no funciona bien desde hace años”, y remarcó que, si bien “los consejeros son personas correctas que trabajan”, es una instancia “que está mal diseñada, ya que funciona como un sistema legislativo cuando es un órgano ejecutivo”.

Insistió en que “los jueces deben ser nombrados por una carrera judicial”, y agregó que “el Consejo de la Magistratura designa jueces de instancia y eso está regulado. El problema más serio es que están regulados los antecedentes, pero la designación demora seis años, muchísimo tiempo”.

“Este es un debate que hay que dar y no ocultar las cosas, porque tenemos jueces que uno no sabe cómo llegaron” al cargo, añadió.

Más adelante reclamó que desde el Estado hay que “despolitizar la gestión, porque no podemos poner amigos en todos lados. Hay que hacer concursos. Debemos tener profesionales”.

También se pronunció en favor de que, a la hora de designar jueces en la Corte, exista “un equilibrio entre lo político y el poder judicial”, y señaló y también que hacen falta “mujeres, porque hoy somos tres varones y nos falta equilibrar”.

Lorenzetti mencionó que el decreto 222/2003 dictado por el ex Presidente Néstor Kirchner “hablaba de este balance” entre designaciones políticas y de carrera, y destacó como ejemplos que “tanto Carmen Argibay como Elena Highton venían del Poder Judicial”.

El Canal de la Patria, un canal de riego que se extiende por unos 250 kilómetros en la provincia de Santiago del Estero, se ha convertido en una trampa mortal. Cientos de animales, incluso especies en peligro de extinción, han muerto ahogados ante la inacción de las autoridades nacionales y provinciales.

Por eso, tras varios meses sin solución oficial, tres ONG –Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas– demandaron al Estado Nacional y a la provincia de Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar derechos ambientales y humanos ante los impactos de esta megaobra. Solicitaron al máximo tribunal que tome cartas en el asunto y frene la masacre de fauna silvestre en la segunda extensión boscosa más importante de Sudamérica: el Chaco americano.

El objetivo del Canal de la Patria era asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas) a lo largo de esos 250 kilómetros, proporcionar el volumen necesario de agua para su potabilización en Quimilí y brindar agua potable al Acueducto del Sudeste y Acueducto Quimilí-Vilelas.

Comenzó a construirse en 2021 y las obras se finalizaron parcialmente en 2024, con un presupuesto estimado en más de 36.265 millones de pesos (poco menos de 29 millones de dólares). El canal fue construido por medio de una excavación en tierra a fines de los 1970, pero no cumplía sus objetivos por tener deficiencias técnicas y falta de mantenimiento. Por eso, Santiago del Estero decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, desde su toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí, sumando además un segundo ramal.

El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, lo que lo convierte en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas, de acuerdo a los estudios técnicos presentados ante la Corte Suprema. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir. Mueren ahogados.

Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los técnicos de las ONG comprobaron que no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños.

La obra se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las regiones más amenazadas del planeta: se encuentra entre los sitios con mayor deforestación del mundo y los niveles más altos de degradación ambiental, de acuerdo con FARN. Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023: en ese período, el 27,9% de la deforestación en Argentina ocurrió en la provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos.

Entre los años 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) realizaron numerosos viajes a territorio para hacer relevamientos. Estos permitieron documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles. A estos registros iniciales se sumaron nuevos casos, detectados a través de relevamientos posteriores y reportes ciudadanos, lo que confirma que el impacto sobre la fauna continúa.

Entre las especies afectadas se encuentran el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla, declarado en estado Vulnerable), la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis, Vulnerable), la corzuela parda (Subulo gouazoubira), el pecarí de collar (Pecari tajacu, Vulnerable para Argentina), la mulita (Dasypus hybridus), el oso melero (Tamandua tetradactyla) y el mataco bola (Tolypeutes matacus). La mayoría de estas especies están en peligro de extinción o sufren tendencias poblacionales negativas a nivel mundial.

Además de las muertes directas, el canal fragmenta el hábitat, actuando como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético, lo que aumenta la probabilidad de extinción local, explicaron las ONG en la demanda. “Este impacto es tan severo que atenta contra especies protegidas y declaradas monumentos naturales en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Córdoba”, sostuvo FARN.

Además, los científicos alertaron sobre la potencial contaminación del agua. La gran mortandad de animales y su consecuente putrefacción dentro del canal podría alterar la calidad del agua. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública de las personas que dependen del canal para su consumo y abastecimiento.

Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explicó a elDiarioAR y Mongabay Latam que decidieron presentar la demanda ante la Corte Suprema y no ante los tribunales de Santiago del Estero, ya que se trata de una problemática que afecta a especies migratorias entre las provincias vecinas de Santiago del Estero, por lo que corresponde la intervención de la Corte cuando se trata de una causa que involucra a varias jurisdicciones.

“Al construirse con cemento, los animales entran a tomar agua, en medio de una región seca, pero luego no pueden salir. No cuenta con corredores de fauna. Cuando se empezaron a dar los ahogamientos se instalaron como medidas de mitigación ciertas escaleras. Pero la verdad es que las escaleras no eran adecuadas para que los animales pudieran salir”, afirmó Fernández.

“Además, todo depende de cómo viene el agua. Cuando aumenta el caudal, por precipitaciones, por ejemplo, los animales son arrastrados. Quedan incrustados contra la reja con el agua que viene en dirección bajando y no pueden escapar de ninguna manera. Además, el canal tiene una especie de reja justamente para que no pasen residuos sólidos que se van acumulando, que quedan atrapados ahí. Y ahí quedaban atrapados también los animales”, agregó el abogado que interviene en la demanda.

Fernández destacó que en el estudio de impacto ambiental del canal no se analizó seriamente cómo la obra iba a afectar a la fauna local: “Justamente por esos problemas metodológicos y puntos ciegos en el estudio de impacto ambiental, se terminó aprobando una obra muy perjudicial”.

Las autoridades no han dado respuestas concretas ni una solución real, sostiene Fernández: “Sólo, con el problema ya consumado, se construyeron esas escaleras que no funcionaron. Fueron tardías, fueron insuficientes, fueron superficiales y eso es lo que generó que la problemática no cese”.

La problemática llegó a las ONG gracias a investigadores que estaban relevando la situación, como el biólogo Diego Gallego, quienes armaron una especie de censo de todos los animales que iban apareciendo muertos. “Y esto se repitió luego con el equipo de Vida Silvestre. También hubo un tercer censo. Todos demostraron que esas medidas de mitigación, las escaleras, fueron a todas luces insuficientes”, asegura Fernández.

Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con la provincia de Santiago del Estero para conocer su versión de los hechos, si responderán la demanda y si se encuentran realizando nuevas medidas de mitigación para solucionar el impacto. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no habían enviado respuestas.

La demanda ante la Corte Suprema plantea una solución técnica: entubar el canal, de manera que los animales no continúen cayendo.

Fernández también explicó por qué demandaron al Estado Nacional: “Es el que hizo el estudio de impacto ambiental, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento”, entidad disuelta por el presidente Javier Milei en 2024, durante su plan de achicamiento del Estado, por lo que no se han podido localizar a las autoridades.

Con el caso en la Corte, dependerá ahora de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, quienes marcarán los tiempos del litigio contra Santiago del Estero y la Nación por el Canal de la Patria.

*Producción realizada en colaboración de con Mongabay Latam

ED/MC

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó in limine la recusación que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner había presentado contra el juez Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad. El fallo, adoptado por unanimidad entre Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti, consideró que el planteo fue presentado fuera de plazo y sin fundamentos jurídicos sólidos.

Según la decision de la Corte, los argumentos de Fernández de Kirchner para recusar a Lorenzetti son “manifiestamente inadmisibles”, por lo que deben ser desestimadas de plano.

Con esta decisión, queda despejado el camino para que el máximo tribunal decida el futuro judicial de la expresidenta. Los tres miembros de la Corte deberán reunirse para decidir si confirman la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. De confirmarse el fallo del Tribunal Oral Federal 2, Cristina Fernández de Kirchner no podrá presentarse como candidata en las elecciones bonaerenses. Sin embargo, la Corte no tiene plazos para expedirse aunque su decisión está atravesada por cuestiones políticas en un año electoral.

La recusación, presentada el 5 de mayo, alegaba que Lorenzetti no garantiza imparcialidad por antecedentes de disidencias judiciales, declaraciones televisivas y una denuncia parlamentaria realizada por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Los abogados invocaron que el comportamiento de Lorenzetti vulneraría los principios de imparcialidad judicial establecidos en los Principios de Bangalore y en precedentes jurisprudenciales como el caso “Llerena”.

La Corte, sin embargo, sostuvo que “la mayoría de los hechos alegados ya eran conocidos con anterioridad” al recurso extraordinario del 13 de febrero, y que por lo tanto debieron haberse planteado antes. Sobre las declaraciones más recientes —como la entrevista del 1º de mayo donde Lorenzetti opinó que el caso debía resolverse antes de las elecciones— el tribunal concluyó que “no constituyen una causal objetiva ni comprobable de recusación”.

“El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley”, afirma el fallo, que además remarca que no se ofrecieron pruebas ni se invocaron causales previstas por el Código Procesal Penal.

Por último, la Corte reiteró que las recusaciones contra sus propios miembros deben ser interpretadas de manera restrictiva, argumentando que su aceptación podría afectar el principio del juez natural y el normal funcionamiento institucional.

La Corte tambien deberá resolver si acepta el planteo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien a mediados de mayo pidió que se eleve a 12 años de prisión la condena de la expresidenta por supuestamente encabezar una asociación ilicita para beneficiar a empresarios amigos en la obra pública en Santa Cruz.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que este lunes sus abogados recusaron al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para que no pueda entender en la denominada “Causa Vialidad”, que se encuentra en estudio del máximo tribunal, y aseguró que el objetivo del magistrado es “proscribir” su candidatura para las elecciones de este año.

“Hoy, en la causa ‘Vialidad’, recusamos a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema”, debido a “sus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo en el canal América 24” en las que manifestó que “no hay que demorar más” la decisión de aceptar o rechazar el recurso de queja de la exmandataria.

La dos veces presidenta y una vez vicepresidenta está condenada a seis años de prisión en un fallo que fue ratificado en noviembre último por la Cámara Federal de Casación Penal, que negó la apelación ante la Corte, por lo que sus abogados recurrieron a la Corte Suprema en recurso de queja.

“Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos”, afirmó Fernández de Kirchner en su cuenta de X.

Opinó que las declaraciones de Lorenzetti en el mencionado canal de noticias “no hacen más que confirmar las veladas amenazas ‘en off’ vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado de la Nación”.

“En ese mismo sentido, son de público y notorio todas las circunstancias que rodearon la nominación de dicho magistrado como nuevo miembro de la Corte, y el rol de Lorenzetti en ese proceso”, agregó.

Cristina señaló que la participación de Lorenzetti en la nominación de Lijo fue denunciada “por una Senadora Nacional en la sesión pública”. Añadió que los hechos “no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje”.

“En realidad, nada nuevo bajo el sol: Proscribir es el verbo… y el sujeto, el Peronismo”, señaló la expresidenta, quien acompañó su publicación con un enlace al escrito completo, los anexos periodísticos y el anexo de las acordadas del máximo tribunal de la Nación.

Con información de la agencia NA

Manuel García-Mansilla ya no tiene acceso a las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el jueves por la noche, el juez nombrado en comisión y por decreto en el máximo tribunal por el presidente Javier Milei puede incurrir en un delito si cumple con el mandato presidencial. Es que por esas horas el máximo tribunal fue notificado de la medida cautelar dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que el nuevo juez cortesano se abstenga de intervenir en los expedientes que tramitan en la Corte hasta que se analice el procedimiento por el cual fue nombrado.

Este último viernes, García-Mansilla tampoco acudió a su despacho del Palacio de Justicia ni presentó la prometida nota a sus colegas de la Corte para plantearles que sean ellos quienes decidan sobre su futuro: si puede o no seguir siendo juez de la Corte en comisión y por decreto, luego de que el Senado rechazó su pliego. Los caminos del abogado conservador se bifurcan pero terminan en el mismo lugar: la preciada Corte. Por un lado, ejerce como juez en comisión y por decreto hasta fines de 2025; por otro, la mayoría de los senadores decidieron que no podrá ser juez de la Corte por el mecanismo que plantea la Constitución. Es como si estuviera disociado en dos entidades.

En el tribunal, atravesado por el destino de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el decreto de Javier Milei, los colaboradores de los jueces se preguntan quién será capaz de inmolarse por García-Mansilla, con qué objeto. Les parece un sinsentido. “La decisión sobre si seguir o no como juez en comisión tiene que tomarla García-Mansilla, no sus colegas”, explican muy cerca de los jueces.

El jueves de esta semana será un día clave para entender cómo sigue la dinámica en la Corte. Ese día, los jueces deben reunirse en el acuerdo semanal para despachar fallos pendientes. ¿Se presentará García-Mansilla o acatará la cautelar de Ramos Padilla? ¿Qué va a pasar con las resoluciones administrativas de la Corte -–as que generan las peleas entre los jueces– y con los fallos judiciales que ya firmó García-Mansilla en estas últimas semanas? ¿Se caen como su pliego en el Senado?

En las horas siguientes a la sesión en la que los senadores votaron contra el deseo de Milei, la caída de los pliegos de los dos postulantes a la Corte tuvo una serie de lecturas políticas que no pasaron desapercibidos en terminales peronistas que tienen un pie en el ámbito judicial. Y en el fondo aparece la figura de Fernández de Kirchner.

Se esperaba que la historia diera un vuelco de 180 grados en la sesión del jueves. En febrero lo llamativo fue que García-Mansilla logró jurar como juez del máximo tribunal y el juez federal Ariel Lijo no pudo. Lijo eligió no renunciar como titular del juzgado federal número 4 y pedir una licencia al cargo para poder asumir como ministro de la Corte por decreto, pero el máximo tribunal le negó la licencia, con un voto del flamante juez mileísta. 

Sin embargo, en las puertas de la sesión del jueves Lijo era el único de los dos candidatos que contaba con despacho favorable en la comisión de Acuerdos, paso previo a que los senadores voten en el recinto. García-Mansilla sumaba solo firmas de rechazo. Todo indicaba que Lijo tenía muchas más chances que su compañero de candidatura.

En los meses previos se especuló con que el peronismo-kirchnerismo podía llegar a negociar con el Gobierno aprobar los pliegos de los candidatos a la Corte a cambio de que se completen las vacantes en un sinfín de juzgados federales y se amplíe el número de miembros del máximo tribunal. Así Fernández de Kirchner podría definir una candidata propia como jueza cortesana: “Si ellos tienen sus monstruos, nosotros tenemos los nuestros”, planteó entonces a elDiarioAR una senadora alineada con la expresidenta.

En ese ida y vuelta se nombraba como pasamanos a Sebastián Amerio, secretario de Justicia Nacional y delfín de Santiago Caputo; al senador camporista Wado de Pedro; y al armador peronista Juan Manuel Olmos. Pero lo que se manejó siempre de manera crítica, con oscurantismo y especulaciones, terminó de estallar con la jura de García-Mansilla y la no-jura de Lijo. 

En medio de ese berenjenal cortesano, el máximo tribunal recibió la causa judicial de la expresidenta por el caso Vialidad, en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. 

Cuando el expediente llegó a la Corte para analizar las condenas y absoluciones, Fernández de Kirchner recusó a García-Mansilla para que no intervenga en la causa y Milei declaró que “va a ir presa”. Se empezó a especular con que la Corte podría acelerar los tiempos y confirmar rápidamente la condena contra la exmandataria, dejar la sentencia firme y obligarla a ir presa y quedar inhabilitada para postularse este año en las elecciones.

En el máximo tribunal, aseguran que eso no sucederá y que el trámite de la causa contra Fernández de Kirchner tramitará con la normalidad (y lentitud) habitual. Nada de tiempos exprés. El reloj está a cargo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien maneja ciertos tiempos de los expedientes. Por ejemplo, cuándo enviarlo a la Procuración General de la Nación para que el procurador interino, Eduardo Casal, dictamine la posición del organismo sobre el caso. Es el primer paso antes de que los jueces analicen la causa. Puede demorar un año en manos del Procurador. O no. Depende ahora dle reloj de Casal.

Pero, claro, también hay factores externos: la presión política, la presión mediática, destacan en el tribunal.

Con García-Mansilla fuera de la Corte, se dilataría aún más una decisión sobre el futuro de Fernández de Kirchner. Salvo que Ricardo Lorenzetti se alinee con Rosatti y Carlos Rosenkratz, el máximo tribunal debería apelar a conjueces para alcanzar el mínimo de tres firmas para definir sobre la cuestión. Mientras tanto el tiempo electoral sigue corriendo y la fecha para definir candidaturas –tanto para la elección nacional, que es en octubre, como para la bonaerense, aún en suspenso– se acerca a pasos agigantados.

“La más beneficiada con lo del Senado fue Cristina. Se le dio una sobreviva, se le dio vuelta el reloj de arena”, interpretó un operador que ha entrado a la oficina principal del Instituto Patria. 

“El kirchnerismo buscó esa jugada y le salió bien. A qué conjueces va a llamar Rosatti para definir la suerte de Cristina. Ahora se le complican los tiempos al Gobierno”, planteó otra fuente que siguió muy de cerca el proceso de los pliegos de Lijo y Mansilla. 

Con una derrota que se avecinaba ya desde el comienzo de la semana, el manotazo de ahogado de la Casa Rosada fue intentar que ni siquiera haya sesión. Pero fracasaron los intentos de Guillermo Francos de convencer a los gobernadores peronistas para que no den quórum y tampoco pudo negociar con otros espacios, como los radicales Martín Lousteau o Pablo Blanco. Sin contar con lo caro que le salió la expulsión de Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza (LLA). El jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, hizo contorsiones para que Santiago Caputo retirara los pliegos pero también fue en vano. “Querían postergar la sesión, pero lo que pasó con los jueces por decreto más el caso $LIBRA envalentonó a la oposición”, contó una voz.

El último intento del oficialismo fue avanzar en el Senado con Ficha Limpia, proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados: la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para el miércoles 9, mismo día en que la CGT apoyará la marcha de los jubilados y un día antes de la huelga de 24 horas. 

En caso de ser sancionada la ley, impulsada por LLA y el PRO, quitaría de la carrera electoral a Fernández de Kirchner porque impide que cualquier persona condenada en segunda instancia se presente a un cargo electivo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta en la causa Vialidad, la expresidenta presentó su recurso ante la Corte para revertir ese fallo y sólo queda que el máximo tribunal decida si deja o no firme la sentencia. Al final, todo termina en el mismo lugar.

ED/MC/MG

El jefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a defender el asiento de García-Mansilla en la Corte Suprema tras el rechazo de su designación por parte del Senado. Sostuvo que más allá de la Cámara Alta, la Corte ya convalidó la decisión del Gobierno de nombrar a estos jueces en comisión hasta el 30 de noviembre.

Y agregó que no le “preocupa demasiado” los dichos del Ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti ya que el propio Lorenzetti participó de la ceremonia de toma de juramento de García-Mansilla. “A veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia”, dijo.

Lorenzetti había dado a entender que su compañero en el máximo tribunal, Manuel García-Mansilla, no debió asumir por un decreto presidencial. Para el magistrado fue “respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal. “El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, había expresado.

Por su parte, Francos insistió en que “el último órgano que sanciona la constitucionalidad de un acto es la Corte Suprema; y la Corte ratificó los decretos del presidente Milei designando en comisión a García-Mansilla y al juez Lijo”.

En este sentido, el jefe de Gabinete agregó que “no hay reparo sobre la atribución del presidente para designar jueces en comisión”.

Al fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien le ordenó García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales, Francos le atribuyó intencionalidad política y falta de fundamentos. “De lo que resolvió el juez kirchnerista Ramos Padilla, juez federal en La Plata, (creo que) fue con intencionalidad política. Tenía escrita su resolución antes de que saliera la del Senado rechazando los pliegos. Me preocupa poco lo de Ramos Padilla porque no tiene fundamentos”, concluyó.  

Manuel García-Mansilla aún continúa como magistrado del máximo tribunal hasta tanto no presente su renuncia. Él mismo dejó trascender que le pedirá una opinión al resto de los supremos antes de tomar una decisión, pero ya recibió presiones públicas y por lo bajo para que dé un paso al costado. El académico, hasta hace poco decano de la facultad de Derecho en la Universidad Austral, todavía ocupa la oficina que dejó Juan Carlos Maqueda cuando dejó de ser juez en diciembre pasado, al cumplir 75 años.

Rechazado su pliego como juez de la Corte Suprema por prácticamente dos tercios de los votos en el Senado, Manuel García-Mansilla aún continúa como magistrado del máximo tribunal hasta tanto no presente su renuncia. Él mismo dejó trascender que le pedirá una opinión al resto de los supremos antes de tomar una decisión, pero ya recibió presiones públicas y por lo bajo para que dé un paso al costado.

Fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR al cierre de esta nota plantearon que aún no hubo una comunicación formal al menos con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y su segundo, Carlos Rosenkratz. Temprano esta mañana salió a hablar Ricardo Lorenzetti, que veladamente le pidió que se corra del cargo y aseguró: “Yo no hubiera aceptado asumir por decreto”.

Operadores de la Justicia en contacto con este medio afirmaron, a su vez, que García-Mansilla en los hechos no es más juez de la Corte. “No puede entrar a su despacho, lo tiene que sacar la fuerza policial si no se corre”, dijo con vehemencia una fuente que conoce los pasillos de Tribunales y de Comodoro Py. El académico, hasta hace poco decano de la facultad de Derecho en la Universidad Austral, ocupó la oficina que dejó Juan Carlos Maqueda cuando dejó de ser juez en diciembre pasado, al cumplir 75 años.

La salida de García-Mansilla parece tan escandalosa como su ingreso. Juró en la Corte en una reunión que no fue transmitida públicamente, sino que se supo una vez que ya había ocurrido, y que según informó el propio tribunal -ante un pedido de acceso a la información que hizo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez- no tuvo ni siquiera recaudos administrativos y burocráticos.

“Te lo dice el originalismo, la deliberación, el neoconstitucionalismo y el bidartcampismo, Manuel tenés que renunciar por el bien de la República y para evitar una crisis de legitimidad de la CSJN sin precedentes”, tuiteó hoy Gil Domínguez.

El profesor de Derecho Constitucional (UBA/Austral) Jorge Alberto Diegues, tras un largo hilo en redes sociales, expresó: “Ante la decisión adoptada por el Senado el día de hoy, el tiempo constitucional de los jueces de la Corte nombrados el pasado 26 de febrero ha terminado. En el sistema constitucional argentino, ningún magistrado puede ser miembro del Poder Judicial con el rechazo expreso del Senado. Esa y no otra es la recta interpretación de la Constitución Nacional. Es el Senado de la Nación, como lo dice la Constitución, quien tiene (y espero siga teniendo) la última palabra”.

Con el resultado en contra del Senado, hoy mismo salió de su ostracismo Lorenzetti para presionarlo. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en radio Mitre, y planteó: “El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”.

Hasta ahora García-Mansilla se aferra al cargo porque está sostenido políticamente por el Gobierno, donde se interpreta que su rol en comisión dura hasta el fin del actual periodo legislativo, que termina el 30 de noviembre. Pero un sinfín de especialistas ya plantearon que estaría violando la Constitución y que mantenerse como supremo sería un delito. Por caso, el juez Alejo Ramos Padilla le ordenó abstenerse de firmar fallos en la Corte. Ayer mismo, antes de conocerse la votación en la Cámara alta, García-Mansilla, despachó al menos unas 50 sentencias.

En la Corte el clima que se encontró esta mañana fue de extrema incertidumbre. “Silenzio stampa”, graficó una fuente del Palacio de Tribunales. Llamó la atención el trascendido de que García-Mansilla iba a consultarle a sus colegas. “Básicamente, no hay nada regulado sobre esto”, planteó un vocero consultado.

Al menos Lorenzetti le soltó la mano: “Yo no puedo opinar porque son temas juridicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, que esta trabajando con nosotros, y él es el que va a opinar sobre esto. Dirá 'yo consideró que voy a continuar' o 'no voy a continuar’. Es una decisión personal que él estará evaluando”, planteó el supremo que supo ser presidente del tribunal.

“Es un usurpador este juez de la Corte. Hay un delito”, afirmó un juez federal con mucha experiencia a elDiarioAR. “García-Mansilla está en aprietos; resultó ser el más político. Tiene que renunciar. Y además quedó muy desprestigiado como experto académico”, comentó un operador judicial.

Una cuarta fuente insistió con la idea de que García-Mansilla ya está afuera del ámbito judicial: “Puede caminar por Tribunales o por Comodoro Py como cualquier persona, pero legalmente ya no puede estar más en su despacho”.

MC

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló que “es respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

“El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, expresó.

Además, tras asegurar que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei, dependerá de una decisión personal, indicó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, indicó: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Para Lorenzetti, “en estas situaciones, lo importante es ser claro, aplicar el Derecho, sino creamos una confusión muy perjudicial para la gente. Hay que ser muy serios”, sentenció. Y agregó: “La decisión del Senado hay que respetarla, no hay ganadores o perdedores. Soy muy respetuoso de las instituciones. Respeto al doctor Lijo”.

Sobre la decisión que debe tomar el máximo tribunal frente al recurso de queja que presentó Cristina Fernández de Kirchner y la recusación de García-Mansilla, en el marco de la causa Vialidad, por la que está condenada, Lorenzetti explicó: “Lo que entra en el tema de Vialidad es una queja porque no le concedieron un recurso. La Corte tiene que analizar si es correcto o no, y es un tramite interno muy transparente. Hay que dar una imagen institucional fuerte para la población”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

La noticia cayó como un baldazo de agua helada en los despachos de Balcarce 50. La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió Ariel Lijo para dejar en pausa su juzgado federal y mudarse al máximo tribunal, tal como lo había soñado Javier Milei y ejecutado su asesor estrella Santiago Caputo, en una jugada tan audaz como endeble. El fallo, que contó con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla —sí, el mismo que hace una semana juraba de apuro, rodeado de sus nuevos compañeros— dejó expuesto que ni siquiera adentro del Palacio de Justicia hay consenso para sostener la estrategia oficialista.

Quien finalmente se abstuvo de emitir opinión fue Ricardo Lorenzetti, el socio silencioso de la aventura, que no solo había dejado trascender que avalaría la licencia sino que fue el arquitecto de la postulación de Lijo. Lo hizo con llamados discretos al asesor todoterreno del Presidente y a su mano derecha en Justicia, Sebastián Amerio. Pero ni con todo su empuje alcanzó para torcer una mayoría que, a esta altura, parece dispuesta a marcarle la cancha al Gobierno y al propio Lorenzetti, que también disputa su partido interno.

La reacción en la Casa Rosada fue de desconcierto. “Nadie esperaba que le bajaran el pulgar así, tan rápido”, reconoció, sin disimular la molestia, un funcionario que sigue de cerca la ingeniería jurídica que rodea a los decretazos judiciales. Mucho menos que uno de los partícipes necesarios de ese rechazo fuera García-Mansilla. “Son las reglas de juego”, mascullaba por lo bajo una fuente oficialista en referencia al sorpresivo voto del académico, que generó perplejidad en la mesa chica del Gobierno. En un principio, hasta pensaron que se trataba de una operación mediática.

Es que lo que esperaban en Balcarce 50 era otra cosa: una transición ordenada, en la que Lijo pudiera cubrirse con una licencia hasta que el Senado le garantizara el blindaje definitivo. Pero no. Ahora, si quiere ser juez de la Corte, tiene que soltar Comodoro Py y tirarse al vacío, sabiendo que su nombramiento “en comisión” vence con el calendario legislativo. Fin de noviembre, reloj en cuenta regresiva.

Y Lijo, se sabe, no está dispuesto a semejante riesgo. La idea de dejar su histórico Juzgado Federal N°4 —donde acumuló poder, causas sensibles y terminales políticas que trascienden gobiernos— para un asiento transitorio en la Corte, no lo seduce. Prefiere esperar a que el Senado haga su parte y le entregue la llave definitiva del Palacio de Tribunales. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, filtran cerca suyo, en un intento de disimular que, detrás de la cautela jurídica, hay puro instinto de supervivencia.

Mientras tanto, García-Mansilla vive su propio limbo. Ya juró, sí, pero su cargo también tiene fecha de vencimiento si el Senado no convalida su pliego. Y aunque en el Gobierno apuestan a que la ceremonia que le organizó Rosatti le dio “estabilidad” hasta fin de año, los constitucionalistas avisan que no es tan fácil: la Cámara alta puede rechazarlo y mandarlo de vuelta a su cátedra.

Lo de Lijo, sin embargo, abre otro frente. Porque si no renuncia, no asume. Y si no asume, ¿qué fue toda esta novela? ¿Para qué tanto decreto, tanta firma, tanto forcejeo constitucional? En Comodoro Py, donde todos lo conocen y nadie se sorprende, lo dicen sin vueltas: “Ariel no va a rifar su sillón por seis meses de incógnita”. Al menos, no todavía.

En el Senado, mientras tanto, empieza a cocinarse la verdadera partida. Con sesiones especiales en el horizonte y estrategias divididas, los bloques opositores analizan si rebotan los pliegos en comisión o los liquidan en el recinto. El Gobierno presiona para blindar a García-Mansilla y seguir apostando a que Lijo pueda llegar por la vía “institucional”. Pero los votos no aparecen, y el tiempo corre.

Así, en apenas una semana, el operativo para completar la Corte con nombres a dedo y tiempos exprés quedó atrapado en sus propias trampas. Lijo, que debía ser la pieza fuerte del plan, hoy se resigna a esperar, aferrado a su juzgado y mirando de reojo a la Cámara alta, mientras la Casa Rosada mastica la bronca por una jugada que, por ahora, salió mal.

Una toga o la otra

Fue por mayoría: Rosatti, Rosenkrantz y el flamante García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025. En pocas páginas, anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez de la propia Corte, designado en comisión por el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Constitucionalmente inadmisible”, dijeron sobre la pretensión de Lijo de mantener la doble investidura. Citando un caso de 1975 —el expediente Daffis Niklison, para los nostálgicos—, recordaron que no es posible ser juez con acuerdo del Senado y, al mismo tiempo, juez en comisión. Mucho menos cuando el primer cargo sigue vigente y el segundo apenas es un pase fugaz mientras el Congreso está de vacaciones. En otras palabras: o una toga o la otra. Pero no ambas.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político. Nadie ignora que los nombramientos interinos suelen durar poco y nada.

La resolución de la Corte también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. El Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

Con este traspié, Lijo se queda en su juzgado. La Corte, por su parte, da señales de que no piensa ser espectadora pasiva de las jugadas institucionales del Ejecutivo. Y el sistema judicial, siempre aficionado a los tecnicismos, suma un nuevo capítulo a su historial de paradojas: un juez que quiso estar en dos lugares a la vez, pero terminó, al menos por ahora, quedándose en el mismo.

PL/MC

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el pedido de licencia del juez Ariel Lijo en su cargo en Comodoro Py. De esta forma, si el magistrado nominado por Javier Milei quiere asumir como juez del máximo tribunal designado por decreto deberá renunciar a su puesto en un tribunal federal.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Manuel García-Mansilla decidieron no otorgarle la licencia extraordinaria para poder asumir en la Corte sin tener que dejar su cargo en Comodoro Py. Les pareció insuficiente el permiso que le había otorgado la semana pasada la Cámara Federal. Ricardo Lorenzetti fue el único supremo que votó a favor.

Lorenzetti fue el promotor de la candidatura del juez federal en gestiones ante Santiago Caputo y su lugarteniente en el ministerio de Justicia, el vice Sebastián Amerio. A su vez la votación revela el giro del ultraconservador García-Mansilla, que también fue puesto a dedo en el máximo tribunal por decisión de Milei.

Lijo fue designado por decreto en el alto tribunal por el Presidente hace apenas una semana, junto a García-Mansilla, quien sí juró el jueves pasado.

Ahora, Lijo se enfrenta a la compleja decisión de tener que renunciar a su cargo como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal si quiere asumir en la Corte. Su dilema es que ese puesto es transitorio, porque la nominación en comisión dura hasta fin de noviembre, a menos que el Senado avale definitivamente su pliego con una mayoría de dos tercios.

Para Lijo habría sido una sorpresa la decisión de la Corte. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, habían señalado cerca del juez a elDiarioAR en las últimas horas a la espera de un fallo favorable.

Ahora el juez federal no tiene garantías de que el peronismo que conduce Cristina Kirchner lo acompañe con sus votos, pese al aval de su pliego en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. El reclamo subterráneo del kirchnerismo es que haya una negociación más ambiciosa con el oficialismo para ampliar el número de jueces de la Corte.

De hecho en la Cámara alta podrían ahora darle una estocada final a Milei en el plano judicial: se especula con una sesión especial para la semana próxima para rechazar los nombramientos de Lijo y García-Mansilla en respuesta al decretazo presidencial.

Para el Gobierno, a su vez, la designación por decreto es válida y no plantea discusión, pese a la avalancha de críticas de la oposición, de especialistas y de organizaciones civiles. Entienden que Milei cruzó un límite institucional que ni siquiera había hecho Mauricio Macri en su momento, que finalmente buscó el aval del Senado.

El oficialismo defiende la validez de los nombramientos por decreto durante el receso parlamentario, amparado en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. Este miércoles, desde la Casa Rosada insistieron con el relato oficial de que se habían agotado todas las instancias parlamentarias antes de acudir al decreto. “El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos”, insistió el vocero Manuel Adorni. Para Milei Lijo ya era un juez de la Corte desde que se publicó el decreto, pero ahora la Corte dijo que no.

Con información de agencia NA

MC

La Corte Suprema buscó dar una señal de cierta “normalidad” en el regreso de la actividad judicial tras la feria de enero, atravesada por la disputa interna entre sus tres miembros y la incertidumbre político de qué pasará con los candidatos del Gobierno para completarla: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Este jueves los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron en acuerdo más de 200 sentencias, sin necesidad de convocar a conjueces.

La primera actividad del año del máximo tribunal revela entrelíneas que hubo cierto acuerdo entre el dúo Rosatti-Rosenkrantz y Lorenzetti para evitar dar una imagen de parálisis judical. Al faltar dos de sus cinco miembros, los jueces están obligados a acordar las sentencias para no tener que llamar a conjueces. En total fueron 211 sentencias, principalmente de casos privados y sin repercusión política, aunque hubo pocas excepciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar hoy a un recurso extraordinario presentado por la exAFIP-DGI (actual ARCA) y revocó una sentencia que había favorecido a Marcelo Rossini, titular de una empresa de comercialización de combustibles, en una disputa sobre la compensación de créditos fiscales derivados de la venta de gasoil a subcontratistas de la Entidad Binacional Yacyretá. Y también rechazó un recurso de queja y dejó firme la condena a un grupo de policías de Entre Ríos por el delito de sedición agravada, tras una revuelta ocurrida en la ciudad de Concordia los días 8 y 9 de diciembre de 2013 en reclamo de mejoras salariales, durante la cual la fuerza se autoacuarteló, dejando a la ciudad sin seguridad y provocando saqueos en diversos comercios.

Lo llamativo del trabajo de la Corte Suprema fue justamente el movimiento coordinado de los tres supremos cuando se demora la nominación de Lijo y García-Mansilla en el Senado, a propuesta del presidente Javier Milei. Sus pliegos están en el temario de las extraordinarias que ya se están cursando en el Congreso, pero están paralizados por falta de negociación entre el oficialismo y el peronismo de Cristina Krichner. Los libertarios necesitan sí o sí el apoyo de Unión por la Patria porque los jueces de la Corte se confirman con dos tercios de los presentes en el recinto.

Una de las propuestas en la conversación que aún no fluyó entre ambos bandos es que la Casa Rosada impulse la ampliación de la Corte a más miembros, lo que le permitiría al peronismo poner una ficha propia. Hasta ahora el Gobierno pateó esa jugada y dejó trascender que sus candidatos a la Corte son “los dos o ninguno”. El juez Lijo ya tiene el visto bueno tanto de UxP como de parte de la UCR, pero no así García-Mansilla, muy custionado por el peronismo por su perfil ultraconservador.

Esta misma semana trascendió que si el Senado aprueba el pliego de Lijo pero no el de García-Mansilla, la nominación del catedrático podría darse por decreto firmado por el presidente Milei. Sin embargo el panorama general es incierto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dará inicio formal al año judicial 2025 este jueves, con la deliberación de sus actuales miembros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Cómo se convoca a los conjueces

Todos los fallos de la Corte necesitan al menos tres votos. Hoy no hizo falta, pero ante casos en los que no haya acuerdo de Rosatti, Rosenkratz y Lorenzetti, el máximo tribunal puede convocar a conjueces para garantizar la mayoría necesaria.

Según el artículo 22 del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 23.498, cuando se presentan recusaciones, excusaciones, vacancias o licencias de alguno de los jueces, la Corte se integra con conjueces designados por sorteo entre los presidentes de las cámaras federales del país. Este mecanismo también se aplica cuando la falta de unanimidad entre los jueces impide alcanzar una mayoría.

Tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado, el tribunal estableció un procedimiento ágil para la convocatoria de conjueces, con el objetivo de evitar la paralización de su actividad. Dado que la Corte requiere tres votos coincidentes para dictar un fallo, la presencia de un conjuez se torna indispensable si uno de los tres jueces actuales disiente con sus colegas.

La lista de conjueces incluye a los presidentes de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Federal de la Seguridad Social, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, entre otras. Además, se suman los titulares de las Cámaras Federales de Apelaciones de ciudades como Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán.

Quedan excluidos de esta lista los presidentes de las cámaras nacionales con competencia en lo comercial, laboral, civil y penal de la Ciudad de Buenos Aires, debido a su carácter nacional y no federal. En caso de que ninguno de estos jueces pueda integrar el tribunal, se procede al sorteo de un abogado de la matrícula con acuerdo previo del Senado. La Corte ya notificó al Poder Ejecutivo y al Senado que las listas de estos conjueces están vencidas, lo que podría generar la necesidad de actualizarlas en el corto plazo.

Con información de agencia NA

MC

La Corte Suprema de Justicia no tiene paz. Ante la salida del juez Juan Carlos Maqueda, los enfrentamientos internos se profundizan y todo indica que 2025 será otro año de internas palaciegas, de acuerdo con los documentos y testimonios recogidos por elDiarioAR.

La jubilación de Maqueda, quien cumplió 75 y no intentó renovar su pliego en el Senado ante la decisión de Javier Milei de designar un candidato para sustituirlo, deja al máximo tribunal del país con apenas tres integrantes: su presidente, Horacio Rosatti; su vice, Carlos Rosenkrantz; y Ricardo Lorenzetti, enemistado con los dos primeros por el manejo interno de la Corte. 

El tribunal requiere de al menos tres votos alineados en un mismo sentido para fallar en los expedientes. Si los tres integrantes no se ponen de acuerdo deben convocar a conjueces para que integren provisoriamente el tribunal y alcanzar así un mínimo de tres votos en sintonía. Por mayoría, la Corte decidió que los conjueces se sortearán por expediente entre  los presidentes de la Cámara Federales. Lorenzetti se opuso.

La dinámica de poder se modifica con la salida de Maqueda, cuya despedida no contó con la presencia de Lorenzetti. Ahora, la mayoría conformada por el trío Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz ya no existe. Las fichas se desacomodaron, podrían decir algunos. 

Sin embargo, no es a la hora de fallar sobre los expedientes donde subyace la pelea entre los jueces. De acuerdo a estadísticas de la Corte, durante 2024 el Tribunal emitió más 12.200 sentencias y sólo se requirió la convocatoria de conjueces en 69 casos, cuando, por ejemplo, algunos de los cuatro ministros habían sido recusados o debían apartarse del caso.   

Las diferencias entre Lorenzetti y Rosatti, especialmente, no son ideológicas sino de poder por el manejo del tribunal. Son las decisiones sobre el funcionamiento de la Corte lo que hace estallar el clima por los aires. 

Durante las últimas semanas, y ante la salida de Maqueda, el trío tomó varias decisiones sobre nombramientos de personal clave en el tribunal que agudizaron las disidencias con Lorenzetti, quien no escatima en críticas y acusaciones en sendos escritos que presenta ante sus pares.

El juez de Rafaela viene reclamando desde mayo a sus pares que aguarden la llegada de los dos nuevos posibles candidatos de Milei a la Corte para tomar decisiones sobre el manejo interno del tribunal. El resto de los ministros supremos sostenían que eso implicaría paralizar el funcionamiento de la Corte: frenaría nombramientos, designaciones, concursos, entre otras decisiones clave.  

Nueva Corte

El tribunal es un hervidero de versiones sobre qué sucederá con los candidatos de Milei a la Corte: el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla. La última que circuló por los pasillos del Palacio de Justicia es que el Presidente convocaría a sesiones extraordinarias este lunes 30 para que el Senado trate, entre otros proyectos, el pliego de Lijo a la Corte. “Dicen que tiene los votos”, especulan en el edificio de Tribunales. “El que no tiene los votos sería García Mansilla”, agregan.

Lijo no es sólo el candidato de Milei a la Corte. Es, también, el candidato de Lorenzetti para inclinar la balanza de poder interno hacia su lado. Son aliados desde hace décadas. Vendría, para Lorenzetti, a equilibrar los tantos en la llamada “guerra santafesina” con Rosatti, su comprovinciano en el tribunal.

Entre la polvareda de rumores, la discordia y las disputas de poder, el Máximo Tribunal se adentra en el segundo año de mandato de Miliei, sin juezas mujeres entre sus integrantes, renga en número de jueces y diezmada en imagen ante las rencillas entre sus ministros.

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Juan Carlos Maqueda se despidió de la Corte Suprema con una advertencia al poder de turno. Sin mencionar a Javier Milei, pero con guiños a la personalidad del libertario, planteó: “No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización ni quedar a la deriva de los hombres que, en estos momentos, hacen culto a la personalidad, se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática”, sostuvo.

Con un multitudinario acto celebrado este mediodía en el Patio de Honor del Palacio de Justicia, Maqueda dijo adiós a la Corte porque se jubila el próximo 29 de diciembre, día en que cumple 75 años.

Ante la presencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz; autoridades judiciales, magistrados de distintos fueros, representantes del ámbito académico, funcionarios y empleados de la Corte, Maqueda afirmó que “aunque parezca fuera de moda, tenemos que defender las instituciones de la democracia, la república y el Estado de derecho” en momentos en que estas “corren serios riesgos”. No se presentó al evento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, enemistado con la cúpula del máximo tribunal.

El evento fue luego de que el máximo tribunal fallara contra la reelección indefinida en Formosa, un golpe a la longeva gestión de Gildo Insfrán, que gobierna desde 1995. Maqueda, en sus palabrasde cierre, instó a “sostener los pilares de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

A pesar, advirtió, de que “la moderación haya sido dejada de lado y hoy se transiten los extremos”, desde el Poder Judicial se debe “volver a la prudencia” para “con independencia e imparcialidad, dejar sentada nuestra defensa de las instituciones”, dijo ante más de 500 personas, entre quienes se encontraban su esposa y su hija.

Hace dos semanas, Maqueda ya había manifestado su preocupación por “las instituciones de la democracia”. “Veo nubarrones en el horizonte y me preocupa seriamente porque nos comprende a todos nosotros”, dijo durante el homenaje que le organizaron en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAPF).

El juez resaltó el trabajo de Héctor Acemoglu y Simon Johnson que les valió el Premio Nobel de Economía, donde reivindicaron el peso de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. “Había una cierta creencia de que el desarrollo de la economía en nuestros países dependía solamente de las buenas políticas económicas y estos dos grandes autores nos han dejado un libro fantástico sobre por qué fracasan los países que fracasan”, expuso Maqueda, y agregó: “uno de los pilares fundamentales es la calidad de las instituciones”.

Previamente, Rosatti definió a Maqueda como “un gran juez y hombre republicano; raro ejemplo de un funcionario que ha transitado, con idoneidad y ejemplaridad en su conducta, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los ámbitos nacional, provincial y municipal”, además de haber desempeñado “un rol preponderante” como convencional constituyente en la reforma de 1994. 

Rosatti señaló que Maqueda, en los últimos tiempos, “fue objeto de injustos agravios y cobardes ataques, que sobrellevó con hidalguía y tolerancia”; resaltó que “se va por la puerta grande” y esbozó un repaso por sus principales aportes a la jurisprudencia de la Corte. “Tuvo una actuación protagónica”, dijo, con intervenciones en fallos relacionados con el federalismo, la protección de los vulnerables y la defensa de los derechos humanos, “tres ejes de sus preocupaciones”. 

Asimismo, lo consideró “una referencia y guía” para sus pares y una “voz siempre escuchada, respetada, ponderada y sabia”. Su figura, concluyó, “hace cierta la afirmación de que haber participado en política antes de acceder a la Justicia no es un demérito, sino todo lo contrario”.  

Con Maqueda de salida, la Corte pasaría a estar en enero con solo tres votos, una situación inédita que haría inviable cualquier sentencia, debido a que el Gobierno no logró aún que avance en el Senado la nominación del juez Ariel Lijo en su reemplazo. También se empantanó el pliego del catedrático ultraconservador Manuel García-Mansilla.

MC

Tras su abstención en la votación en la que la Corte Suprema eligió a Horacio Rosatti para continuar como presidente del máximo tribunal de Justicia y la salida próxima de Juan Carlos Maqueda con edad de jubilarse, Ricardo Lorenzetti advirtió que funcionar con tres miembros “es difícil” y que si el Congreso aprueba los ingresos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, “habrá que elegir otra vez autoridades”.

“Ya prácticamente estamos en una Corte de tres. Funcionar con una Corte de tres es difícil, yo tuve esa oportunidad en el 2015 por mucho tiempo. Dictamos muchos fallos, lo que requiere que tengamos muchos acuerdos. Ayer dijimos que vamos a trabajar en conjunto y tratar de consensuar todos los temas. No está bien una Corte de tres, lo ideal sería que tenga cinco miembros. En una Corte de tres se acumula mucho poder y nadie tiene que tener tanto poder en el Estado”, explicó este miércoles el miembro de la Corte en declaraciones a radio Mitre.

Asimismo, con respecto a los dos candidatos que propuso el presidente Javier Milei para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Lorenzetti consideró que se debería “proponer una mujer. Siempre lo sostuvimos, desde la creación de la Oficina de la Mujer. Pero es una facultad presidencial, no una obligación”, aclaró, al tiempo que remarcó que los nuevos ingresos al tribunal “deben ser avalados por el Senado. Si entran los dos (Lijo y García-Mansilla), cuando se dice ‘Corte en transición’, pasamos de tres a cinco, habrá que elegir de nuevo las autoridades. La Corte tiene mucha libertad para eso. Si entran, elegiremos, discutiremos, lo definiremos nosotros”.

Además, Lorenzetti contó que a fin de año cumplirá “20 años en la Corte. En este tiempo, me preocupé en que diéramos sensación de protección de estabilidad, de que lo que se decide se mantiene a lo largo del tiempo”.

Asimismo, consideró “muy importante la defensa de la división de poderes, de la libertad de expresión, porque en eso consiste la democracia y el Estado de derecho. Cuando eso cae puede haber un plan sistemático de persecución de la población”. Y agregó: “Las democracias mueren porque se las debilita”, al tiempo que ponderó “el fallo de detención de Nicolás Maduro”.

También se refirió a la delincuencia juvenil como “un tema muy complejo. Pensemos primero en la educación, porque la verdad hay que empezar por ahí. Que estos chicos estén educados en las escuelas, integrarlos al sistema. ¿Dónde los mandamos? Los mandamos a una cárcel donde lo que hacen es aprender a cometer delitos. Entonces lo que hacemos es educarlos en la delincuencia, en la marginalidad”, reflexionó.

Para Lorenzetti, “no es solo aumentar, subir o bajar las penas, es un sistema penal juvenil. Pensemos que no tenemos un Código Penal actualizado. Acá lo que hay que hacer es sancionar un Código Penal actualizado, hacer una ley penal juvenil”, sostuvo.

Sobre la Agenda 2030, que fue rechazada por el presidente Javier Milei en su exposición ante la Asamblea General de la ONU, Lorenzetti expresó que se trata de “casi 50 puntos y es muy amplia. La leí. Es un programa de gobierno. Hay una discusión fundamental con Naciones Unidas. Cambió mucho el mundo y se cuestionan las declaraciones amplias. Creo que el debate está ahí. Hay que lograr acuerdos concretos porque declaraciones, tratados y leyes sobran, pero hay que aplicarlos. La realidad es que el mundo y la economía cambian. Tenemos que entender que hoy no vamos a poder exportar productos que vengan de zonas deforestadas porque cambia la economía mundial. No hay préstamos internacionales que no estén atados a acuerdos ambientales”, concluyó.

Los cambios en la Corte

Horacio Rosatti fue reelecto este martes como presidente de la Corte Suprema de Justicia y permanecerá al frente del máximo tribunal por un nuevo período de tres años.

La votación se dio tras el pedido de Juan Carlos Maqueda, quien propuso efectuar la elección que de todos modos debía resolverse antes de fin de mes.

Rosatti se quedará en el cargo otro periodo con su propio voto y los de Maqueda y Carlos Rosenkrantz, mientras que el miembro restante, Ricardo Lorenzetti, se abstuvo.

Maqueda abandonará este año la Corte Suprema al cumplir 75 años y después de que el gobierno nacional decidiera no prorrogarle su magistratura y, para su reemplazo, propuso al constitucionalista José García-Mansilla, cuyo pliego está en manos del Congreso, al igual que el de Ariel Lijo, el otro candidato para dejar al tribunal con los cuatro miembros actuales.

En tanto, Rosenkrantz continuará como vicepresidente.

Con información de agencias.

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“Si Lijo es el monstruo de ellos, yo quiero tener mi propio monstruo”. La metáfora que usó una voz ultrakirchnerista expone el enrarecido clima previo que se respira en el Senado ante la audiencia de Ariel Lijo como candidato del Gobierno para convertirse en nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia, agendada para este miércoles 21 desde las 10 en el Salón Azul de la Cámara alta. La exposición pública del juez federal será clave para entender cómo se podrían acomodar los legisladores en el recinto, ya que aún hay una fuerte incertidumbre sobre si el polémico magistrado podrá juntar los dos tercios de los votos presentes que necesita para conseguir el cargo. En esa ecuación, son sensiblemente necesarias las 33 bancas (de 72) que ostenta Unión por la Patria. 

La incertidumbre reina en los pasillos del Senado porque Lijo es un tabú, salvo entre quienes ya avisaron que rechazan su postulación: algunos senadores del PRO, el libertario Francisco Paoltroni y radicales sueltos. Es el propio juez federal quien está en la minuciosa tarea de juntar sus propios apoyos y los del catedrático conservador y antiabortista Manuel García-Mansilla. Al menos así parece ser el acuerdo al que habrían llegado Karina Milei y el asesor Santiago Caputo con el supremo Ricardo Lorenzetti, padrino de Lijo en la Corte. Fiel a su estilo, el Presidente apuesta a todo o nada: avisó que “son los dos o ninguno”.

“Estamos ante una situación muy rara porque el Gobierno nunca abrió un diálogo con la oposición. La Constitución es sabia cuando impone el número de los dos tercios porque obliga al poder central a negociar con las provincias acá representadas para configurar otro poder del Estado. Pero acá es todo raro. Fue una decisión que tomaron entre tres personas; si ni siquiera el ministro de Justicia estaba al tanto”, señaló a elDiarioAR una de las senadoras opositoras que será protagonista en la audiencia del miércoles. La exposición de García-Mansilla está prevista para una semana después, el 28 de agosto.

Además de ser un pliego “incómodo” por su historial, la candidatura de Lijo es llamativa porque fue propuesto para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Es decir que no se cumpliría un criterio de equidad de género. A su vez, García-Mansilla –el verdadero candidato de los Milei– genera suspicacias porque busca anticipadamente reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien recién a fin de año cumplirá el límite de los 75 años de edad que se exige para el cargo.

La audiencia de los candidatos será en el marco de la comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri, senadora porteña por el PRO y referenciada en Horacio Rodríguez Larreta. “Esperamos que la exposición no se convierta en un circo”, comentaron en el despacho de la legisladora. Lijo se someterá a un test público frente los senadores de todas las bancadas, muchos de los cuales le transmitirán filosas preguntas sobre su idoneidad moral, la sospecha de incremento patrimonial, su presunta falta de formación académica y su desempeño como juez.

Ese fue al menos el tenor de las 34 impugnaciones ante el Senado que recibió Lijo sobre su candidatura por parte de organizaciones profesionales y no gubernamentales, partidos políticos y particulares, entre ellas de de diputados de la UCR y de la Coalición Cívica de Elisa Carrió –que ya lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias– . Se espera que los senadores más duros hagan suyos esos cuestionamientos en la audiencia, que no tiene horario fijo de finalización. 

“Prejuicio estereotipado”

Titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 4 de Comodoro Py 2002, Lijo llevó adelante causas sensibles para el poder como la expropiación de Ciccone que involucró a Amado Boudou, la deuda del Correo Argentino y la investigación por el encubrimiento en la causa AMIA. Tiene sobrados vínculos subterráneos con todo el arco político y hay sospechas sobre su patrimonio –se señala en ese sentido la lujosa vida de su hermano Alfredo “Freddy”–. De acuerdo con un informe realizado por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que exigir que se retire su pliego, Lijo está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura (32 veces, aunque nunca fue sancionado) y es de los que más dilata los expedientes (solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que tuvo a cargo).

El juez respondió las impugnaciones en su contra en un escrito enviado días atrás a la comisión de Acuerdos. Acusó de un “prejuicio estereotipado de impugnación al sistema institucional” las críticas recibidas por su supuesta falta de idoneidad moral y consideró “meras aseveraciones sin ningún tipo de sustento fáctico ni documental” las denuncias por su patrimonio. 

La figura de Lijo es tan controversial que tiene un firme opositor en las propias filas del oficialismo. El senador Paoltroni, de Formosa, fue el primero en pegar el grito en el cielo a partir de que el juez fue quien remitió a la justicia provincial aquella causa sobre la consultora The Old Fund, contratada por el gobierno de Gildo Insfrán y que pertenecía a Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Boudou. En su cruzada contra Lijo el legislador encabezará este lunes, en un salón del Senado –cedido por Victoria Villarruel– una sugestiva charla “sobre la Corte Suprema”. 

“Lijo no es idóneo desde lo profesional y moral”, apuntó Paoltroni ante elDiarioAR. El formoseño anticipó que el pliego del juez no tiene los votos para avanzar en la Cámara alta. En la cúpula de la bancada de La Libertad Avanza, que conduce Ezequiel Atauche (Jujuy) evitaron las especulaciones sobre el poroteo, pero sí confiaron que está asegurado el voto afirmativo de sus restantes seis senadores.

En el PRO, partido aliado al Gobierno, Mauricio Macri ya le bajó el pulgar a Lijo. De las seis bancas amarillas, al menos los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero votarían en contra. Tagliaferri, quien coordinará la exposición, ya avisó que no reconoce al expresidente como jefe político, por lo que podría inclinarse en un aval sobre el magistrado.

También en la UCR hay división interna. De sus 13 legisladores, dos ya anunciaron que irán por el rechazo: Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Carolina Losada (Santa Fe). Genera expectativa qué hará Martín Lousteau (CABA), que se volvió muy crítico de Milei, aunque su socio político Emiliano Yacobitti explicitó públicamente su apoyo a Lijo. El economista está en el medio de otra negociación clave con el oficialismo: formar parte de la sensible comisión bicameral de Inteligencia, que tiene fecha de constitución el 20, justo un día antes de la audiencia del juez. Un perfil mucho más condescendiente con los libertarios tiene el titular de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), 

En los bloques provinciales –en total suman 13 votos– hay una variedad de posturas sobre el Gobierno, pero ningún senador mostró aún sus cartas. Hasta ahora fue un socio fiel en todos los debates el salteño Juan Carlos Romero, que conduce el trío Cambio Federal. Más incierto aparece el posicionamiento de Unidad Federal, que preside el correntino Camau Espínola, pero que integran la cordobesa Alejandra Vigo –que ya exigió que tiene que haber una mujer en la Corte– y el entrerriano Eduardo Kueider –quien también está en la rosca por la bicameral de Inteligencia–. En el pelotón de “votos sueltos” hay senadores que responden directamente a los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Misiones.

Con todo, la llave para Lijo la tiene el peronismo-kirchnerismo. Cerca del juez aseguraron a este medio que en ese interbloque ya tienen los apoyos necesarios. Es una incógnita qué hará, por ejemplo, el formoseño José Mayans, directamente vinculado a Insfrán. ¿Y los legisladores que responden a Cristina Kirchner, como Juliana Di Tullio o Wado de Pedro, entre otros? 

La espada ultrakirchnerista consultada por elDiarioAR aseguró que desde la Casa Rosada nadie la llamó, que desde el oficialismo en el Senado tampoco le preguntaron qué opinaba, y que no tiene su voto a disposición de Lijo. A lo sumo, dejó entrever, solo podría darle su visto bueno si la Casa Rosada acepta bajar a García-Mansilla para que entonces la oposición pueda proponer un nombre –probablemente una mujer– o quisiera rosquear un acuerdo más amplio, que incluya otros resortes de poder como son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o las vacantes de algunos juzgados federales de Comodoro Py. Una trama que aún no tiene desenlace. 

MC/JJD

El gobierno de Javier Milei cumple seis meses en el poder desplegando una relación libertaria, desenfocada y ambigua con el Poder Judicial. Las vacantes en la Corte Suprema son el centro de las críticas y de la tensión con la Justicia. El mileísmo asegura que “deja hacer” a jueces y fiscales, y acude al mismo tiempo a los tribunales para perseguir a sus principales opositores políticos: los movimientos sociales.

La candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte es el principal punto de conflicto. El Gobierno se encargó de consultar a los cuatro jueces supremos para conocer sus opiniones antes de confirmar las candidaturas y tres de los cortesanos sólo opinaron sobre quiénes no debían ser, confió a elDiarioAR una fuente cortesana. Vetaron dos nombres ligados directamente a Ricardo Lorenzetti, el cuarto juez del máximo tribunal. Lijo era uno de esos dos nombres, afirmó una fuente directa del tribunal. 

Sin embargo, el Gobierno avanzó en sentido contrario a la voluntad de Horacio Rosatti —presidente de la Corte—, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Milei se alineó así con Lorenzetti, expresidente del cuerpo, y quien mantiene una fuerte puja interna con sus colegas por el control del tribunal. Lorenzetti supo tejer un vínculo con los hermanos Javier y Karina Milei desde antes de su llegada a la Casa Rosada. En la Corte hablan de reuniones asiduas entre los dos funcionarios y el magistrado.

El eventual ascenso de Lijo a la Corte le permitirá a Lorenzetti —hombre clave en la relación de la Justicia con el peronismo y los gobernadores— recuperar una porción de poder y apuntar a lograr una nueva mayoría que desplace a la actual, liderada por Rosatti. Eso garantizaría a Milei una Corte más afín a su modelo y a las reformas que se vienen, cree el Gobierno. Pero también sería una Corte más cercana a sectores del peronismo y, arriesgan algunos, a Cristina Fernández de Kirchner.

“Lo que yo pretendo de la Corte Suprema es que se apegue fanáticamente a la Constitución, que es una Constitución liberal”, dijo Milei en una entrevista en Radio Rivadavia. 

“La ventaja relativa que tiene Lijo con respecto a cualquier otro candidato es que sabe cómo funciona todo el sistema de la Justicia en Argentina y si nosotros queremos hacer una reforma para que la Justicia empiece a ser más ágil y eficiente hay que poner a alguien que sepa cómo funciona”, sostuvo el Presidente en otra entrevista radial. “¿Quién metió preso a Boudou?”, preguntó retóricamente, en alusión Lijo, quien ordenó la detención del exvicepresidente y lo procesó por cohecho por el caso Ciccone.

“Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte Suprema me venga a salvar”, respondió cuando le preguntaron por las versiones que apuntan a que busca una Corte más afín a su gobierno.

Lijo y el riesgo de “una Corte deslegitimada”, como la de Menem

“Milei esperaba una Corte afín, que confirmara la constitucionalidad del DNU de reforma del Estado y eso no sucedió, pero al mismo tiempo no ha tenido una actitud de batalla como el kirchnerismo contra el tribunal”, opinó uno de los hombres bien entendidos en la relación entre el Gobierno y los supremos. El máximo tribunal ha incluso rechazado amparos y cuestionamientos al DNU en los últimos meses.

“La aprobación del pliego de Lijo sería volver a tener una Corte absolutamente deslegitimada. Casi puede decir a los niveles de aquella Corte de la mayoría automática de los 90”, opinó Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), ante la consulta de elDiarioAR. El juez federal ha cosechado el apoyo de la mayoría de sus colegas en los tribunales de Comodoro Py, entre otros sectores, pero también rechazos y críticas que deberá afrontar ante el Senado.

Dos caras

Alfie definió la relación entre Milei y la Justicia como “novedosa y ambivalente”.

Con un ministro de Justicia desdibujado y corrido de las decisiones sensibles en materia judicial —las candidaturas al máximo tribunal del país o la designación de un representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura—, en los tribunales federales, algunos jueces y fiscales definen su relación con el Gobierno como “lógica” y hasta “saludable”. 

“El ministro resuelve cuestiones funcionales a los jueces pero no tuvo injerencia en la decisión de las candidaturas a la Corte”, explicó un hombre con conocimiento del caso. Hay tensión entre Mariano Cúneo Libarona y uno de los hombres fuertes del Gabinete, Santiago Caputo, afirman en los tribunales. 

No hay operadores judiciales tratando de digitar el destino de las causas y no hay judicialización de la política, afirman en los pasillos de Comodoro Py 2002, donde se tramitan las causas más políticas. Es decir, no hay una avalancha de denuncias contra el gobierno saliente y el kirchnerismo, como sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016, que terminó con expedientes de alto voltaje político contra Fernández de Kirchner y sus principales aliados, además de su entorno y sus hijos, Máximo y Florencia. La expresidenta terminó con una condena a seis años de prisión no efectiva en diciembre de 2022 por el caso Vialidad y la corrupción en la obra pública.

Sin embargo, existen señales que se repiten: ataques y denuncias contra periodistas judiciales y jueces que se desmarcan de las pretensiones oficiales, además de la estrategia judicial del ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello y que apunta a los principales críticos de la política económica de Milei: los movimientos sociales de izquierda. El Ejecutivo también promovió denuncias contra Alberto Fernández por el caso de los seguros del Banco Nación y el ministro Cúneo Libarona denunció a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel.

Más allá de los casos mediatizados contra las organizaciones sociales, “no existe una política de lucha contra la corrupción articulada desde el Poder Ejecutivo”, aseguró el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) ante la consulta de elDiarioAR. “Es evidente que se repiten los mismos patrones de siempre: ejemplo de ello es el caso de los sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano, es un ejemplo de ello. La Oficina Anticorrupción interviene con el hecho consumado. Es decir, tarde”, agregó la ONG. 

Los conflictos de intereses sobrepueblan el Gabinete: desde el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía (léase secretario de Industria), Juan Alberto Pazo, hasta el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, o el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sólo por mencionar algunos casos. 

Para los especialistas en crímenes económicos, “está claro que no existe en la materia un análisis político criminal serio que permita abordar la criminalidad económica de manera eficaz”.

“Las acciones encabezadas por el Ejecutivo, como el proyecto antimafias, tienen serios problemas de base. No existe un análisis político criminal que dé respuesta al crecimiento de la criminalidad organizada y de la criminalidad económica en nuestro país”.

El Gobierno tampoco pretende por el momento intentar nombrar a un procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales federales de todo el país. Milei envió señales de status quo a quien ocupa actualmente el cargo de forma interina y elogió a Eduardo Casal: “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo en la entrevista con Radio Rivadavia.

Hay un punto a favor del mileísmo en su relación con la Justicia: “Haber tomado la decisión de retomar la implementación del sistema acusatorio en la Justicia federal”, explicó Alfie. El sistema lleva 10 años de retraso y ni el gobierno kirchnerista ni el macrista ni Alberto Fernández se decidieron a impulsar lo que marcaba la ley: que las investigaciones de la Justicia federal queden en manos de los fiscales y no de los jueces, quienes deberán dedicarse sólo a juzgar y aprobar ciertas medidas de las fiscalías, como detenciones y allanamientos. Hasta el momento, el sistema sólo funciona en Salta y Jujuy. 

“Hemos solicitado pedidos de acceso a la información para evaluar las contrataciones en torno a la implementación del sistema acusatorio. Las urgencias generan posibilidades y bajo nivel de transparencia”, afirmó Hugo Wormant Jofre, presidente de la Fundación Poder Ciudadano.

El ministro de Justicia anunció este año que la implementación del sistema acusatorio continuará en Rosario y apuró las medidas pero no sin problemas en la práctica. “Falta experiencia en cómo manejarse desde el Estado”, contó una fuente judicial.

ED/JJD

La Corte Suprema ya era un hervidero, pero la pelea interna superó los cien grados centígrados este viernes, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR, que revelan un intercambio de acusaciones cruzadas entre los jueces más poderosos del país. El factor detrás del recalentamiento de la relación entre los ministros del máximo tribunal es la candidatura del juez Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Javier Milei para que asuma en el máximo tribunal. 

Lijo no es sólo candidato de Milei. Es el candidato del juez supremo Ricardo Lorenzetti. Es también magistrado especializado en derecho penal y juez federal de los tribunales de Comodoro Py 2002. Mientras en el Senado esperan la llegada del pliego de Lijo y de un segundo candidato a la Corte, tres de los jueces del máximo tribunal –su presidente, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– acordaron desdoblar la secretaría penal de la Corte y crear un doble comando. 

Los ministros dispusieron la creación de la Secretaría Penal Especial para juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de Justicia y habeas  corpus. También tramitarán en este nueva área las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta ahora tramitan ante la Secretaría de Relaciones de Consumo.

El Ejecutivo también propuso al académico Manuel García-Mansilla, pero con otras especialidades: Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. Es candidato a suceder al juez Maqueda, quien el Gobierno entiende que debe jubilarse este año al cumplir los 75.

Pero es Lijo el juez penal que podría ingresar a la Corte y tener incidencia en las decisiones de esta materia. Además, el actual secretario penal del tribunal proviene de la vocalía de Lorenzetti, por lo que algunos en la Corte entienden también la decisión como otro recorte a su ya no extendido poder en el tribunal.

Ante la decisión de sus colegas, Lorenzetti puso el grito en el cielo y si bien los jueces de la mayoría explicaron en un documento que la decisión fue tomada para acelerar los juicio penales, Lorenzetti sostuvo en un voto en disidencia de 12 fojas que se trató de una decisión “apresurada”, cuyo “único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros”. Léase: de Lijo, el juez penal que Lorenzetti y el Gobierno buscan que llegue a la Corte en los próximos meses. 

La medida no se basa “en necesidades concretas ni en urgencias”, dijo el juez de Rafaela. “Siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”, dijo.

Lorenzetti también aseguró en su voto que “las demoras en los fallos y su acumulación se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros” y no a que los expedientes tramiten en una única secretaría penal, que es el área por donde pasan todos los juicios penales de la Corte.

El juez de Rafaela sostuvo que “la invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”. “Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición”, escribió en su voto.

“Lamentablemente considero necesario ponerlo de manifiesto porque la obligación de un magistrado es con la sociedad y, además, con los próximos colegas que integren este

tribunal“, aseguró.

“No es grato, y siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, afirmó Lorenzetti, quien definió la medida de sus colegas como “un vaciamiento de la actividad del secretario (penal) actual, sin fundamento alguno”. “La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, agregó.

La respuesta

El resto del tribunal decidió responderle, algo que los jueces de la mayoría intentan evitar, cuando lo consideran conveniente. No fue el caso. Ante las acusaciones poco veladas de Lorenzetti, un escrito circuló en las últimas horas por el tribunal. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz sostuvieron que no hay antecedentes de que la Corte haya esperado a la llegada de potenciales nuevos integrantes para tomar decisiones de reorganización y le recordaron a Lorenzetti que en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri ya había nominado a Rosenkrantz y Rosatti para integrar el tribunal, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton realizaron una importante reorganización de la estructura interna de la Corte.

Lorenzetti también sostuvo en su voto que los “atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios”. “La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios se producen estas crisis. Es cierto que muchas veces no hay mayorías, pero ello justifica la integración inmediata de la Corte, y no la designación de nuevos funcionarios”, subrayó el juez de Rafaela.

El trío mayoría le respondió: “Buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por Secretaría, lo cual debió ser prohibido por la Corte”. “Por otro lado, Lorenzetti no se encuentra exento de demoras en la votación de causas. Por ejemplo, hace 23 meses tiene para votar la causa ‘Garay’, en la que se discute la constitucionalidad del uso del cinturón de seguridad”, expusieron los ministros.

Además, afirmaron que la Secretaría Penal tiene 7.000 causas pendientes de decisión. “El incremento exponencial de expedientes penales también ha provocado una importante demora en la tramitación de las causas de la Secretaría”. Por esa razón, explicaron, “era razonable y necesario hacer una distribución de las causas por temas entre dos Secretarios diferentes”.

Lorenzetti se quejó de que no se designe al nuevo secretario especial penal por concurso. Sus colegas le respondieron que el actual secretario penal tampoco fue designado por concurso.

El juez de Rafaela también mencionó casos de “nepotismo” y desde la trinchera de los jueces de la mayoría respondieron: “El mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela en 2018”.

ED/MG

La pregunta no tiene respuesta entre los senadores más cercanos a Cristina Kirchner. “¿Vamos a votar a Lijo?”, se consultan entre sí. Los primeros días fueron de total sorpresa. Pasada una semana de la presentación de los candidatos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema por parte de Javier Milei, lo que vino para el mundo kirchnerista es desconcierto. Nadie les dice qué hacer.

Eduardo “Wado” de Pedro responde que no está al tanto y agrega que si hubo un tanteo, por él no pasó. Es el que tiene más margen de acción, pero hasta ahora no bajó instrucciones. Juliana Di Tullio aporta algo similar con un escueto “no fuimos consultados” cuando el resto de los senadores de la bancada les preguntan por Ariel Lijo. Consultaron incluso a otras bancadas. Por lo menos al radicalismo tampoco lo testearon.

Cristina Kirchner no fija el rumbo. El domingo a la noche, después de la multitudinaria marcha por un nuevo aniversario del golpe cívico militar del 24 de marzo, la ex presidenta se acercó hasta el local partidario donde La Cámpora se juntó para hacer un balance de la manifestación. Ella compartió unas empanadas, saludó afectuosa, pero no dijo nada.

La incertidumbre con el correr de los días es palpable entre los más cercanos a la ex vice, y nadie ni siquiera quiere hablar ante la falta de una línea clara por parte del Instituto Patria. Es evidente que les genera incomodidad. Si de librepensadores se tratase la política, difícilmente levantarían la mano para votarlo, pero lo cierto es que las señales no acompañan. Más bien, no existen.  

El único que habló fue José Mayans, jefe del bloque Frente Nacional y Popular, que tiene 17 integrantes y conforma con Unidad Ciudadana, que preside Di Tullio, con otros 16, los 33 senadores que se resumen en el kirchnerismo. De ahí hay que entrar en los matices. El senador formoseño, que tiene terminal en el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, se mostró abierto a debatir la conformación de la Corte Suprema y destapó todo tipo de especulaciones respecto al posicionamiento que entonces tendría Cristina Kirchner. Mayans no es Cristina, aclaran en el bloque, como si hiciera falta. Pero nadie cierra la puerta.

¿Es posible un acuerdo entre Milei y Cristina? Los vasos comunicantes existen, pero no hay allegados a la ex presidenta que puedan explicar si se activaron con el caso Lijo. Más bien deslizan que no, o lo suponen, pero tampoco lo descartan, para aportar más confusión. El silencio genera más dudas y sacan cuentas. Tampoco les serviría hablar. En definitiva, es un problema de Milei y la Corte en momentos de definiciones de fallos fundamentales que podrían derivar en otro revés para la gestión oficial.

Lo que empezó a crecer en el mundo cristinista es una sospecha de que un posible acuerdo, si lo hay, viene por otro lado. No con el Patria, sino con los gobernadores, una suerte de prenda de cambio en medio del comienzo del segundo intento por aprobar la ley ómnibus. Hablar de acuerdo también es mucho. Quizás es sólo un anzuelo sin testeo que lanzó Milei. Pero por ahora nadie descarta que de llegar el pliego al recinto, el interbloque no aporte 33 votos, sino que sume lo justo y necesario al oficialismo y sus aliados, con senadores salidos del espacio de Mayans. Tampoco hay tantos que respondan a los gobernadores. El Senado se mueve hoy con una lógica más autónoma, pero lo que supo tejer Lijo son relaciones con todos y en especial con quienes ostentaron poder, como los ex gobernadores que hoy tienen bancas, entre ellos, Juan Manzur o Sergio Uñac. La tarea de conseguir votos es del candidato.

En el peronismo siguen sin entender el movimiento que hizo Milei, pero especulan. ¿No será un acuerdo con Pichetto?, se preguntan algunos sobre cómo pensaría el hoy diputado de Hacemos Coalición Federal si manejara los hilos del Senado. Esa teoría indicaría entonces que los dos tercios que se necesitan para la aprobación del pliego de un juez terminen saliendo de la mayoría de 39 que logró Victoria Villarruel en el inicio del año, hoy una ficción, y otros 9 con relaciones propias del sector que comanda Mayans. Primero deberían resolver que el macrismo efectivamente vote a Lijo, que le tiene aun abierta la causa del Correo a Mauricio Macri. Y que Villarruel, que ya se mostró en contra del juez, se alinee a la Casa Rosada. Otros especulan con el accionar de Sergio Massa, de buena relación con el magistrado de Comodoro Py.

Para entender qué le pasa al kirchnerismo con Lijo hay que mirar primero quién es Lijo desde la óptica K. Para quienes estuvieron cerca de Cristina en los últimos tiempos, el juez es “casta judicial pura”, con lo bueno y con lo malo. Qué sería lo bueno. “Con códigos, no hace derecho creativo”, aporta una dirigente que lo conoce mucho. Y sabe jugar con los tiempos, como con Macri. “Es el rey de la cronoterapia”, le describe una fuente.

Cristina lo recusó en el año 2017, cuando tomó la primera parte de la causa Memorandum con Irán que después pasó a Claudio Bonadio. Además, no le perdona que mandó a escuchar su vida privada a través de la pinchadura del teléfono de Oscar Parrilli, conversaciones que después aparecieron mágicamente en los medios. A cargo de la oficina de escuchas legales estaba Juan Tomás Rodríguez Pont, durante 10 años secretario letrado del juzgado de Lijo.

Para Cristina Kirchner, si viene de la mano de Ricardo Lorenzetti, peor aún. “En esto tenía razón Néstor”, suele confesar cuando admite que se equivocó en confiar en el magistrado, que ocupó la presidencia del tribunal cuando ella estaba en la Casa Rosada, a contramano de lo que le aconsejaba el ex presidente sobre la conveniencia o no de cerrar un acuerdo con Lorenzetti. “No va a mandar a votar nada que lo favorezca”, dan por seguro a su lado.

Cuentan incluso que ella fue inflexible cuando se definía el inicio del juicio político a los miembros de la Corte por parte del gobierno anterior. Pidió especialmente que fuera contra todos ante la especulación entonces de si Lorenzetti quedaría afuera de la embestida. Tampoco el juez promovió votos que puedan ser leídos como señales a la ex presidenta, aunque sea en soledad, como puede ser una nueva interpretación de qué es una asociación ilícita, sólo como ejemplo. Por lo menos entre quienes más conocen a Cristina, no ven un acuerdo para mejorar su situación judicial por la enemistad anterior, y mutua, entre los actores en pugna.

En todo caso, de existir un acuerdo, podría darse por el lado del nuevo titular de la Procuración, pero los nombres que transcendieron tampoco hablan de un acercamiento al kirchnerismo. Más bien todo lo contrario.

MV/MG

Podrá ser una decisión formal de Javier Milei, pero el juez federal Ariel Lijo está lejos de ser su candidato a la Corte Suprema de Justicia.

Habían pasado pocos días desde la primera vuelta electoral. El magistrado de primera instancia tenía todos las fichas puestas en Sergio Massa, con quien mantiene una excelente relación. Lijo es un buen jugador de truco. Conoce las cartas del poder como pocos en los tribunales de Comodoro Py 2002. Pero en la segunda vuelta, su candidato perdió. Sin embargo, las cartas estaban echadas. Otro jugador ya estaba sentado a la mesa del próximo presidente de Argentina: el juez Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte y aliado central de Lijo. Y de Milei, dicen en el Palacio de Justicia, sede del máximo tribunal del país.

El juez Lorenzetti logró esta semana un primer paso –para nada pequeño– con el fin de romper el cerco de soledad que atraviesa en la Corte desde 2016: la llegada de Lijo a un sillón supremo. 

Lorenzetti es el gran ganador de la decisión del presidente libertario. Por esa razón, tanto en el Palacio de Justicia como en el edificio de los tribunales de Retiro le adjudican gran parte del camino ganado en el ascenso de Lijo.

El posible arribo de Lijo al máximo tribunal rompe con la distribución del poder dentro de la Corte. Actualmente, Lorenzetti se enfrenta a una mayoría tripartita, liderada por el presidente cortesano, Horacio Rosatti; el vicepresidente supremo, Carlos Rosenkrantz; y un antiguo aliado del “Loro”, ahora ubicado en la vereda de enfrente, Juan Carlos Maqueda. Pero la Corte tiene dos vacantes. Si Lijo logra la aprobación del Senado –necesita los dos tercios– ocuparía la vacante que dejó la exjueza Elena Highton de Nolasco, jubilada. 

La quinta vacante sería la de Maqueda, quien cumplirá 75 este año –edad máxima para permanecer en el cargo sin el acuerdo del Ejecutivo y el Senado– y a quien el Gobierno ya despidió en un comunicado esta semana. Su lugar sería ocupado por el segundo candidato de Milei a la Corte: el abogado Manuel García Mansilla, de quien tienen buenas referencias en la Corte.

La salida forzada de Maqueda quiebra la alianza liderada por Rosatti y fortalece a Lorenzetti, quien podría formar su propio bloque en el tribunal, dejando su unitario espacio de poder.

No es que Lijo no haya hecho mérito propio en la carrera hacia la Corte. El magistrado es “un candidato llave en mano”, dijo uno de sus colegas. Tiene apoyo de un grupo de gobernadores del Partido Justicialista (PJ) –y por ende de un sector del Senado–; de su amplia red de aliados y contactos en los tribunales; y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

Sin embargo, Lorenzetti fue un socio judicial y político de la candidatura de Lijo a la Corte, aseguran quienes mejor conocen a ambos. 

La carrera de Lijo hacia la Corte no nació con Milei en el Gobierno. Es un objetivo de Lorenzetti y el propio Lijo desde hace al menos una década, para lo cual el “Loro” ha colaborado abriendo puertas con los hombres clave en el Senado: los gobernadores del PJ. 

Lorenzetti abrió también la compuerta más importante, dicen en la Corte –aunque no descartan otros abridores–: la del libertario y su hermana y principal asesora, Karina Milei. Hay reuniones semanales con Lorenzetti y el dúo que maneja la Casa Rosada, aseguran en la Corte.

La alianza Lorenzetti-Lijo fue más que visible en los últimos meses. Ambos magistrados viajaron por las distintas provincias, con el apoyo del líder gremial de los judiciales, el cegetista Julio Piumato, y varios gobernadores para dar conferencias y presentar el último libro del juez supremo.

Lijo, que es titular del Juzgado Federal Número 4 en Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción en el poder central, ha sido juez de otro juzgado vacante (el Número 12, de Sergio Torres, ahora juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires) que es clave para Lorenzetti: dicho juzgado tiene a cargo un caso que es apéndice de la Corte y de un área de especial interés para el supremo: la megacausa Riachuelo-Matanza. La familia Lorenzetti tiene un particular interés en las causas ambientales. De hecho, uno de los hijos del magistrado santafesino, el también juez Pablo Lorenzetti, es director académico de la Fundación Expoterra, una “organización no gubernamental” que impulsa “la creación de valor ambiental en los ámbitos público y privado”, según su sitio web. La entidad gestiona “proyectos basados en tecnología Blockchain que brindan soluciones ambientales para los sectores público y privado”.

El ascenso de Lijo trajo una segunda interpretación en los tribunales: un posible acuerdo de gobernabilidad con Massa. Lecturas tribunalicias de la política.

ED/DTC

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti afirmó que para un eficiente combate contra las bandas de narcotraficantes “el circuito de dinero es clave”.

“Si se desarma eso, se pierde el incentivo para el delito. Por eso hay que integrar a la UIF (Unidad de Información Financiera), tiene que estar AFIP y la Aduana, por todo el tema de puertos. Y tiene que estar también integrada la inteligencia, el análisis de los datos”, sostuvo Lorenzetti, en declaraciones a Radio Mitre.

Lorenzetti aprobó “la saturación” del territorio con fuerzas de seguridad, pero advirtió que esa política no es suficiente para combatir al narcotráfico por las dificultades para sostenerlo en el tiempo.

Además, también puso el foco en los detenidos que siguen operando desde las cárceles: “El Servicio Penitenciario funciona realmente mal”.

Lorenzetti afirmó que “hay un circuito (de ingreso de drogas) que viene de la frontera” pero contrapuso que “hay juzgados en la frontera que están vacantes”.

Pero además, recomendó una reforma “para que un juez y, sobre todo, las autoridades que actúan de manera represiva, puedan actuar en diferentes jurisdicciones”.

“Cuando uno ataca a un lugar, se mudan a otro. Todo esto requiere una organización y una legislación que ataque a la organización”, subrayó.

Lorenzetti advirtió que, a partir de la eclosión de los últimos días en Rosario, la situación “llegó a un punto muy grave que puede llegar a cambiar la identidad del país y las ciudades”.

“En Rosario se ve con claridad, pero no es el único lugar. Tenemos que hacer un gran llamado a una acción muy concreto a una política de Estado. (…) El tema se está agravando en todo el país. Esto es un problema nacional”, proclamó.

“Este problema tiene varias facetas. No se puede atacar solo una ciudad cuando en realidad es un problema nacional”, insistió. “Hay un crimen organizado y un Estado desorganizado”, resumió.

Lorenzetti recordó que la Corte, cuando él era presidente, dictó una sentencia en 2009 exhortando “a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes”.

Esa comisión, agregó, “tiene que tener una independencia respecto de las elecciones, donde cambian los ministros, los presidentes. La lucha contra el narcotráfico tiene que estar en una agencia independiente de los cambios de autoridades”.

“Este es un gran momento porque hay voluntad para luchar contra el narcotráfico”, opinó.

Con información de NA.

IG