Los trabajadores informales en condiciones de obtener el refuerzo de ingresos otorgado por el Estado Nacional tienen tiempo hasta el 31 de octubre para presentar la solicitud.

La inscripción se realiza de 14 a 24 horas, a través de la página www.anses.gob.ar o de la aplicación mi ANSES.

La primera cuota de $47 mil pesos ya fue cobrada por 2,5 millones de personas y la segunda se pagará en noviembre.

En tanto, quienes se anotaron a partir del 10 de octubre y su solicitud fue aprobada, recibirán las dos cuotas juntas en un pago de $94 mil en el próximo mes.

Pueden anotarse los trabajadores de entre 18 y 64 años, que no cuenten con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado.

Para obtener esta ayuda también se debe contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

Para acceder al cobro, las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Otros requisitos son:

Cómo solicitar el refuerzo

Podés solicitar el Refuerzo para trabajadoras y trabajadores informales durante todo octubre únicamente de forma virtual, todos los días de 14 a 24 hs.

Antes de iniciar el trámite, te recomendamos tener a mano la CBU donde querés recibir el refuerzo. Si no contás con una CBU a tu nombre, podés tramitarla de forma gratuita antes de iniciar tu solicitud.

Paso a paso

Con información de agencias.

IG

El Ministerio de Economía anticipó este jueves que los 2 millones de personas que cobran el bono de $94.000 para trabajadores informales serán incorporados al régimen de reintegros “Compre sin IVA”.

Así, comenzarán a recibir la devolución de ese impuesto cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar. La medida regirá hasta el 30 de diciembre.

Además, resaltó que desde que “Compre sin IVA” se puso en marcha, 16,5 millones de personas ya recibieron el reintegro del impuesto en la canasta de alimentos, medicamentos y productos de higiene y limpieza personal, lo cual equivale a operaciones por más de $128.000 millones y devoluciones por más de $26.500 millones.

En términos del consumo, el reintegro representa el 11% de lo que los usuarios gastaron en la canasta, puntualizó Economía.

Los trabajadores informales perciben desde este lunes la primera de las dos cuotas mensuales (por $47.000) del bono dispuesto por el Gobierno.

En principio, no estaban incluidos en el reintegro del IVA, pero ahora se suman a quienes sí lo estaban: empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares y monotributistas.

En el beneficio también están incluidas las compras con la tarjeta Alimentar y las tarjetas de los beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo”.

Con información de agencias.

IG

La ANSeS aprobó las normas aclaratorias para el control y otorgamiento del bono para trabajadores informales, que comienza a pagarse desde este lunes 9 de octubre.

A través de la Resolución 202/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, detalló los requisitos que deben reunir las personas solicitantes para acceder a ese bono, que consiste en dos pagos mensuales de $47.000 cada uno, a realizarse en octubre y noviembre.

“Corresponde precisar ciertos aspectos a los efectos de lograr una correcta aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto” que autorizó el pago de ese dinero, indicó la ANSeS.

Así, puntualizó que el trámite de solicitud para percibir el “refuerzo para trabajadores informales” constará de una “Inscripción, Solicitud y Validación de Datos” y podrá realizarse de manera remota desde la página Web de la ANSeS, mediante la utilización de la Clave de la Seguridad Social, o a través de las Oficinas y Operativos Móviles.

Para la percepción del bono, los requisitos son: tener entre 18 y 64 años, no tener ninguna prestación o asistencia del Estado ni trabajo formal, no haber sido alcanzado con otras medidas anunciadas, tener Clave de la Seguridad Social y una cuenta bancaria.

La persona tendrá que ser argentina o nativa, por opción o naturalizada, o extranjera (con fecha de residencia no inferior a dos años) debiendo habitar en el territorio argentino durante todo el período en el que cobrará el refuerzo.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad inclusive pueden acceder al cobro del refuerzo para trabajadores informales, cuando, además de cumplir con los requisitos, su grupo familiar no registre ingresos superiores a tres salarios mínimos.

Se entiende por grupo familiar de titulares de entre 18 y 24 años de edad inclusive, compuesto por el/los padre/s y/o la/s madre/s de la persona solicitante, cuando esta última no tuviera cónyuge o conviviente, ni hijas/os, ni adopciones, ni personas a cargo, ni guardas, ni curatela, ni tenencias, ni tutelas.

A los efectos de realizar el control de ingresos del grupo familiar, se considerará el criterio que se utiliza para la liquidación de las asignaciones familiares.

Se considerará la situación patrimonial de los padres y/o madres o de las personas de entre 18 y 24 años de edad inclusive, de acuerdo a lo informado por AFIP y la Comisión Nacional de Valores, en lo referente a la tenencia de plazos fijos, tenencia y operaciones como comprador y/o vendedor de bonos, acciones, compra de moneda extranjera, embarcaciones y declaración de bienes personales como automotores, inmuebles, aeronaves, embarcaciones.

La ANSeS también dispuso que quienes están excluidos del bono son aquellos que:

Según la Resolución, la ANSeS enviará la información necesaria a la AFIP, a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Superintendencia de Seguros de Salud, a los efectos de realizar la evaluación socioeconómica de los solicitantes.

Por otra parte, el refuerzo para informales se abonará a través de una transferencia bancaria en la cuenta de la persona solicitante quien deberá informar la Clave Única Bancaria (CBU).

El resultado de las evaluaciones realizadas y la determinación del derecho a percibir el refuerzo, estará disponible en el sitio Mi ANSeS, dentro del Aplicativo Digital “Refuerzo para Trabajadores Informales”.

El organismo aclaró también que el bono no será susceptible de descuento alguno, ni computable para ningún otro concepto.

La resolución

Con información de NA.

IG

El Gobierno oficializó el pago de un bono de $94.000 a trabajadores informales y detalló cómo deberán gestionarlo quienes busquen acceder a ese beneficio.

El dinero de este nuevo IFE 2023 se pagará en dos cuotas mensuales de $47.000 cada una, en octubre y en noviembre.

La decisión, que había sido anticipada por el ministro de Economía, Sergio Massa, se formalizó por medio del decreto 493/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

“Institúyese, con alcance nacional, un refuerzo para trabajadores informales como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales y/o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios”, señaló el texto oficial.

Según lo dispuesto, el bono será otorgado a personas que se encuentren en “situación de extrema vulnerabilidad, sobre la base de los criterios objetivos establecidos en el presente decreto y en las normas complementarias y aclaratorias que se dicten para tal fin”.

  Para acceder al cobro, las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  Además, quienes soliciten el refuerzo no deberán encontrarse:

En tanto, las personas de entre 18 y 24 años podrán acceder al bono cuando el grupo familiar supere la evaluación socioeconómica que se establezca a tal efecto en la normativa complementaria.

El Poder Ejecutivo estableció también que el beneficio deberá solicitarse ante la ANSeS, y que ésta realizará intercambios de información con aquellas bases de datos que administran los organismos competentes en las materias específicas y vinculadas al cumplimiento de los requisitos, y establecerá las normas aclaratorias y complementarias que resultaren necesarias para la administración, otorgamiento, pago, control y supervisión.

Para el Gobierno, “resulta imprescindible abordar una medida que acompañe a los sectores informales sin ingresos que no se vieron beneficiados por diferentes acciones, de manera de ayudarlos a sortear el aceleramiento de precios y el abrupto encarecimiento del costo de vida”.

El decreto

Con información de NA.

IG

La inscripción para acceder a los dos refuerzos de ingresos de $ 47.000 anunciados este martes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, comenzará por la tarde en el sitio del organismo previsional.

Los refuerzos, que se pagarán en octubre y noviembre, están destinados a trabajadores informales de entre 18 y 64 años de edad que no cuenten con ingresos registrados y que no perciban asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

Se trata de un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación impuesta por el FMI.

La inscripción

La inscripción comienza este miércoles a las 14 y permanecerá abierta durante todo octubre y se podrá realizar exclusivamente a través de la página web www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi Anses, todos los días de 14 a 22.

El primer pago de este refuerzo se realizará a partir del 9 de octubre. Para acceder al beneficio, las personas no deberán tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); ni prestación por desempleo.

Quiénes pueden cobrar el refuerzo

Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para evitar que accedan a éste personas que no cumplen con los requisitos.

Para la inscripción será necesario, como en todos los trámites, que los beneficiarios cuenten con la Clave de Seguridad Social de Anses y una CBU a su nombre.

Ambos datos serán necesarios para ingresar a la web de Anses de 14 a 22 y, allí, dirigirse a la solapa de Mi Anses, donde podrán registrar la solicitud, validar sus datos, y marcar la CBU en el que se depositarán los refuerzos.

Para acceder al refuerzo será necesario contar con, al menos, dos años de residencia permanente en la Argentina. También será requisito no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas), inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y billeteras virtuales iguales o mayores a $ 90.000 en los meses de junio y julio 2023, o con tarjeta de crédito iguales o mayores a $ 120.000 (sumados entre junio y julio); ni haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses, o tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Por último, en caso de personas de entre 18 y 24 años sin hijos a cargo o cónyuge, se evaluará el grupo familiar, que no deberán contar con ingresos iguales o superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es el propósito?

Es un refuerzo económico diseñado para brindar apoyo financiero a trabajadores informales que no cuentan con ingresos registrados ni reciben asistencia económica del Estado. El objetivo es mitigar el impacto de la devaluación económica y llegar a quienes más lo necesitan.

¿Cuánto se pagará

Este subsidio se pagará en dos cuotas de 47.000 pesos cada una, una en octubre y otra en noviembre. En total, los beneficiarios recibirán un total de 94.000 pesos.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Los trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no tengan empleo formal, ni reciban prestaciones o asistencia del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), becas Progresar o el Potenciar Trabajo, pueden solicitar el “nuevo IFE 2023”.

¿Cómo y cuándo se realiza la inscripción?

La inscripción estará disponible a partir del miércoles 27 de septiembre a las 14 horas. Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través del sitio web de la Anses (www.anses.gob.ar) o la aplicación “mi Anses”. El horario de atención será de 14 a 22 horas todos los días durante el mes de octubre.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

¿Quiénes no pueden acceder al refuerzo?

Las personas que se encuentren en las siguientes categorías no podrán acceder al “nuevo IFE 2023”:

¿Se realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial?

Sí, la Anses llevará a cabo una evaluación socioeconómica y patrimonial de los solicitantes, teniendo en cuenta factores como el consumo, los bienes y la cobertura de salud. Esto garantizará que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan.

¿Cómo se financiará?

El subsidio se financiará a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes, como bancos, compañías financieras y compañías de seguros. Este enfoque busca mantener el equilibrio en las cuentas públicas mientras se brinda apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

¿Cuál es el plazo para la inscripción?

La inscripción estará abierta desde el miércoles 27 de septiembre a las 14 horas y permanecerá disponible durante todo el mes de octubre. Se recomienda a los interesados realizar la inscripción en línea a través de la web de la Anses dentro de este período.

¿Cuándo se paga?

El “nuevo IFE 2023” se pagará en dos cuotas de 47.000 pesos cada una. La primera cuota se pagará en octubre y la segunda en noviembre. La fecha exacta de pago puede variar, por lo que se recomienda consultar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o verificar en su sitio web para obtener información actualizada sobre las fechas de pago específicas.

Con información de agencias.

IG

Después de meses de promesas, amagues y retrocesos, este lunes 24 de octubre abrieron las inscripciones para el “refuerzo alimentario para adultos sin ingresos”, popularmente conocido como “el 5to IFE”. En efecto,  comparte con aquella medida pandémica el ser producto de la incapacidad política de la coalición gobernante, la ineficiencia para afrontar los problemas que pretende y ser estratégicamente contraproducente.

Desde la madrugada, decenas, acaso cientos de miles de personas se amontonaron en las puertas de las sedes de ANSES, organizaciones sociales, Centros de Acceso a la Justicia y cuales quiera lugares en los que se realizara el trámite de inscripción a esta “ayuda” del Estado. Allí, trabajadores y militantes cada vez más cansados con el correr del día los atendieron con creciente desgano, producto del agotamiento que genera el trabajo y, en algunos casos, de la desaprobación al bono y a sus beneficiarios. La página estuvo colapsada durante horas. Cientos de miles de personas aguardaban en una “sala de espera” virtual hasta que se liberase el cupo para poder llenar los datos, que demoraba una media hora.

La mayoría de los solicitantes –según la generosa estimación de una fuente anónima de ANSES, 7 de cada 10 personas- no pudo acceder al bono extraordinario. ¿El motivo? “Usted registra ingresos, asistencia del Estado o bienes registrados, por lo cual no califica para acceder al Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos”. Así, sin más. La página de ANSES ofrece esa respuesta a quienes no entran en el reducidísimo grupo al que apunta la medida. Basta ser beneficiario del programa estatal más miserable de cualquier dependencia gubernamental (Nación, Provincias o Capital) o haber percibido un ingreso demostrable en los últimos tres meses para quedar excluido. Y muchos de quienes recibieron esa devolución se quejaron indignados de que no eran beneficiarios de ninguna política estatal ni habían recibido ningún dinero en blanco en ese plazo. No puedo probar esto último, pero tampoco desmentirlo: la página de ANSES no aclara el motivo específico por el que la persona queda excluida del bono.

Los “rebotados” habían esperado horas para ser atendidos, soportaron con amargura el recelo con el que los trataron quienes les realizaron los trámites, así como la vergüenza que pueden sentir los primerizos en acceder a estos programas estatales, para ser rechazados prácticamente sin explicaciones o, en todo caso, con explicaciones arbitrarias: ¿Por qué, si cobro el subsidio habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mis hijos son beneficiarios de la Asignación Universal se me excluye del bono alimentario? No hay una respuesta. O al menos no una que haya llegado a sus oídos.

Muchos, desde la comodidad de sus hogares, han de considerar a éstos quejumbrosos desagradecidos, que no reconocen la amabilidad o la caridad interesada del Estado que los “ayuda” con este tipo de medidas. El bono consiste en 45 mil pesos a pagar en dos cuotas (si es como el IFE original, no serán cuotas mensuales, sino bimensuales, lo que las hace más ineficaces ante la inflación galopante). Honestamente: ¿es una ayuda para agradecer? Parece más bien el reconocimiento tácito de que el Estado no está consiguiendo garantizar derechos básicos para buena parte de los argentinos.

Si a lo escueto del monto se lo combina con lo trabajoso y hasta humillante que resulta acceder a él, no es difícil comprender la desazón, el enojo y la indignación que sintieran tanto “rebotados” como beneficiarios. El Estado, una vez más, promete poco y da aún menos e incompetentemente.

Como alerta Pablo Semán en su libro junto a Fernando Navarro, Dolores, experiencias, salidas. Un reporte de las juventudes durante la pandemia en el AMBA (RGC Libros), la pos-pandemia encuentra un hiato entre lo que torpemente pueden llamarse sociedad y política. El Estado parece ser consciente de esto e intenta tender puentes hacia una sociedad que prefiere la orfandad; son puentes hechos de signos que pretenden ser esperanzadores pero que se desvanecen rápidamente. Las multitudes de estos días están cansadas de años de recesión, frustraciones, promesas incumplidas, esperanzas rotas. La acumulación de estas experiencias se cristaliza en desconfianza y bronca hacia un Estado que no hace más que prometer para luego decepcionar.

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes que a fin de año se entregará un refuerzo de ingresos para las personas que no reciban ninguna ayuda del Estado de manera regular. Lo dijo en un discurso por el 17 de Octubre, en la autopista Ezeiza-Cañuelas, donde también ratificó otras medidas que ya había anticipado ayer en una entrevista radial el ministro de Economía, Sergio Massa. 

“Así como hicimos con el IFE durante la pandemia, ahora vamos a sacar este bono para llegar a los más marginados y postergados”, agregó Fernández. No dio detalles sobre el monto ni las fechas de pago, pero Massa anticipó que será para noviembre y diciembre y se espera que sume en total alrededor de $45.000. 

Por otra parte, el Presidente dijo que redoblarán la inversión “en máquinas y herramientas para que los trabajadores de la economía popular tengan trabajo”. Y que pondrán en marcha “un programa de consumo masivo de electrodomésticos en 30 cuotas fijas”. “Queremos que todos puedan acceder, en cuotas fijas, a televisores, aires acondicionados y celulares”, precisó. 

Massa, que durante el acto estuvo sentado a la izquierda del Presidente, también había anticipado en una entrevista con Radio Rivadavia la suba del piso a partir del cual se pagará Ganancias, a instrumentarse en noviembre. “Para asalariados adelantamos la suba del mínimo no imponible de Ganancias. Vamos a reunirnos con dirigentes gremiales para ver cómo llevamos adelante todo esto”, confirmó Ferández en el acto. Tampoco dio precisiones sobre el monto en este caso, aunque Massa señaló que el nuevo mínimo será de $330.000. 

Por otra parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó el aumento consensuado con los trabajadores estatales, que sumarán 20 puntos porcentuales a la paritaria de este año. Según precisó, tendrán un aumento de 8% en octubre, de 8% en noviembre y de 12% en diciembre. 

Con los nuevos incrementos el piso salarial interanual será de un 90% y alcanzará a docentes, trabajadores del Estado, judiciales y personal de la salud. El Indec informó el viernes que en septiembre la suba de precios interanual acumulaba 83%. 

“Ante cualquier adversidad, primero pensar en los que menos tienen, en los trabajadores, que no se retrasen los salarios frente a la inflación es lo que permite llevar adelante un modelo redistributivo que además de ser justo y necesario garantiza la sostenibilidad del crecimiento”, dijo. “El crecimiento es imposible de sostener si no hay poder adquisitivo, demanda, mercado interno, consumo”.  

MT/MG

Cerrada ya la etapa de inscripción, el Gobierno informó que el refuerzo de ingresos asignado a trabajadores informales y jubilados con haberes bajos llegará a 13,6 millones de personas. Es un universo 4,7 millones superior al de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se entregó en el peor momento de la pandemia de coronavirus y llegó a 8,9 millones de argentinos y argentinas.

El Ministerio de Economía informó que, de la cuenta de beneficiarios totales, 7,5 millones son trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares. Este grupo comenzará a recibir el próximo 19 de mayo el refuerzo de $18.000, a pagarse en dos cuotas de $9.000.  

Si se mira solo ese segmento de beneficiarios, el número es menor a los receptores del IFE. La diferencia es que, en esta ocasión, se sumaron 6,1 millones de jubilados y jubilados que ya están recibiendo el bono de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes. Cabe recordar que para los jubilados que cumplieran con los requisitos para cobrar la suma extra (percibir hasta dos haberes mínimos, equivalentes a $65.260,80) la asignación fue automática; no debieron completar ninguna solicitud.

En el caso de los trabajadores informales, que sí debían realizar un trámite para recibir la ayuda, el Gobierno precisó que se recibieron 11,8 millones de solicitudes, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir con la edad prevista o inclumplir algún otro requisito. Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de hacer la evaluación socioeconómica, patrimonial y de consumo prevista. En total, se inscribieron 11,8 millones de personas y se denegaron 4,3 millones de solicitudes.

Cuando se instrumentó el primer IFE, en 2020, el Gobierno calculaba que sería para un universo de alrededor de 3 millones de personas. Finalmente se anotaron cerca de 14 millones, y se les otorgó el beneficio a casi 9 millones. 

“La medida, que contempla una inversión social de unos $206.000 millones, se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, incremento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados en el mes de abril”, informó el Ministerio de Economía en un comunicado oficial, casi en simultáneo con la publicación del dato de inflación de abril.

La cartera que conduce Martín Guzmán explicó que la política de refuerzos se enmarca en un contexto “aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”. 

DT

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya abrió el proceso de inscripción para el bono de refuerzo de ingreso de $ 18.000 para trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares, cuya primera etapa comenzó este 21 de abril con la actualización de datos en la web, aunque el proceso se extenderá durante las próximas semanas, informó el organismo.

La actualización de datos podrá hacerse en cualquier momento, entre el 21 y 28 de abril, ingresando a la solapa “Mi ANSES” en la web del organismo (www.anses.gob.ar) con su CUIL y Clave de la Seguridad Social que, en caso de no recordarlos, podrá consultarlos a través del mismo aplicativo o dirigiéndose a cualquiera de las 400 Unidades de Atención Integral (UDAI) en todo el país.

Una vez allí, deberá seleccionar la opción “Refuerzo de Ingresos” para verificar y actualizar, en caso de que sea necesario, los datos de contacto con los que cuenta el organismo (teléfono, dirección y correo electrónico), de modo de garantizar la comunicación en caso de cualquier eventualidad.

La segunda etapa se extenderá entre el 28 de abril y el 5 de mayo, cuando será el tiempo de completar la inscripción ingresando a través del mismo medio.

Durante ese período, la persona que quiera cobrar el refuerzo deberá firmar una Declaración Jurada en la que asegure cumplir con los requisitos para acceder al bono y cargar su Clave Bancaria Uniforme (CBU), que identifica la cuenta bancaria en la que se le acreditarán los $ 18.000, en dos cuotas de $ 9.000, en los meses de mayo y junio.

El 5 de mayo la Anses dará a conocer quiénes fueron las personas que cumplieron con los requisitos socioeconómicos para recibir el refuerzo, aunque el proceso de inscripción estará abierta hasta el 7 de mayo.

Los potenciales beneficiarios que quieran recibir el bono deberán inscribirse si son trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras/es de casas particulares y monotributistas sociales y monotributistas A y B con ingresos mensuales menores a dos salarios mínimos ($ 77.880).

El pago de refuerzo se hará por número de finalización de DNI desde el 19 de mayo y durante los 10 días hábiles posteriores.

Los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción ya que recibirán el refuerzo (de $ 12.000) en forma automática junto con su haber, de acuerdo con el cronograma de pagos de mayo y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite.

En el caso de jubilados y pensionados, el refuerzo será para los que tengan haberes por hasta dos jubilaciones mínimas ( $65.261), aunque los que cobren por encima de ese valor recibirán un proporcional hasta llegar a los $77.260.

El cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, las becas Progresar, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) y con los planes alimentarios provinciales y municipales.

Las claves para cobrar los bonos de refuerzo

Serán 2 tipos de Refuerzo de Ingresos

1.Refuerzo de Ingresos de $12.000 (en un solo pago automático en mayo) para:

Si sos titular de una jubilación o pensión y tenés haberes superiores a 2 jubilaciones mínimas, vas a recibir un proporcional hasta llegar a los $77.260.

No tenés que realizar ninguna inscripción. Vas a cobrar el refuerzo en forma automática en el mes de mayo sin necesidad de realizar ningún trámite.

2.Refuerzo de Ingresos de $18.000 (se pagarán $9.000 en mayo y $9.000 en junio) para:

Van a tener que inscribirse para acceder al Refuerzo de Ingresos de $18.000 únicamente a través de la web de ANSES.

Compatibilidades

El cobro del Refuerzo de Ingresos es compatible con:

Con el objetivo de que el Refuerzo de Ingresos llegue efectivamente a quienes les corresponde, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes.

Importante

Para prevenir posibles estafas, te recordamos que la inscripción es individual, no requiere de ningún tipo de intermediario y se realiza únicamente a través de la web oficial de ANSES.

Cómo me inscribo al Refuerzo de Ingresos

¡Es muy fácil! En 2 simples pasos vas a poder inscribirte, a partir de hoy ya podés actualizar tus datos personales y desde el 28/04 vas a poder completar tu inscripción.

1. Ingresá en mi ANSES

Para comenzar la inscripción al Refuerzo de Ingresos tenés que ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2.Si no tenés Clave de la Seguridad Social o CUIL

Si todavía no tenés Clave de la Seguridad Social o no te la acordás, creá tu clave ingresando acá. ¡Es muy fácil! Seguí los pasos y elegí una clave segura y fácil de recordar.

Si no te acordás tu CUIL, podés consultarlo acá.

3.Una vez que ingreses en mi ANSES, completá tus datos de contacto

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento.  

En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.

4.Terminá la inscripción al Refuerzo de Ingresos a partir del 28/04

Si ya actualizaste tus datos de contacto, volvé a ingresar a partir del 28/04 a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos, completá la declaración jurada y validá o cargá una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de $18.000. Si no tenés una cuenta bancaria a tu nombre, te compartimos toda la información que necesitas para tramitarla.

Es muy importante que sepas que para acceder al Refuerzo de Ingresos, debés contar con una CBU a tu nombre.

Una vez completado todos los pasos, vas a haber finalizado la inscripción.

5.¿Cómo sé si me otorgaron el Refuerzo de Ingresos?

A partir del 05/05, podés ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar si te corresponde el Refuerzo de Ingresos.

IG

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó este jueves el mecanismo que utilizará para instrumentar el “refuerzo de ingresos” que anunció el lunes el presidente Alberto Fernández, de $12.000 para jubilados y de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y empleadas de casas particulares.  

En una conferencia de prensa, la titular de Anses, Fernanda Raverta, informó que el bono para jubilados y jubiladas se comenzará a pagar el 9 de mayo sin necesidad de que los beneficiarios hagan ningún trámite. En cambio, quienes quieran recibir el refuerzo de $18.000 (que se pagará en dos cuotas de $9.000, en mayo y junio) sí deberán hacer una solicitud en la web, que demandará dos pasos. La fecha de inicio de pago en este caso es el 19 de mayo y el otorgamiento está sujeto a una evaluación socioeconómica, patrimonial y de consumo que hará el Estado sobre la persona que lo solicita. 

En la conferencia de prensa en que fue anunciada la medida el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que se buscará financiarlo con una alícuota sobre las “rentas inesperadas” de las empresas beneficiadas por el cambio de condiciones globales. Sin embargo, ante una pregunta de elDiarioAR Raverta aseguró que la medida “se hará con recursos propios, pase lo que pase con ese proyecto”.

La titular del organismo previsional anticipó que el refuerzo alcanzará a 6,5 millones de jubilados, pero prefirió no dar un número tentativo de trabajadores informales, monotributistas y trabajadoras domésticas. La intención fue evitar que se repita lo que sucedió con el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, cuando se generó una expectativa muy distinta al número final. En esa oportunidad, se estimó que el universo de beneficiarios no llegaría a los 4 millones, pero finalmente se inscribieron 14 millones y se aprobó a 9 millones. 

Detalles, fechas y requisitos 

El refuerzo de $12.000 será para jubilados y jubiladas que perciban hasta dos haberes mínimos, que suman un total de $65.260,80. Esto abarca a 6,2 millones de personas, que representan el 85% del universo de jubilados y pensionados. 

Quienes reciban este bono no necesitan hacer ningún trámite, sino que la asignación será automática y se definirá a partir de las bases de datos con las que ya cuenta la Anses. Aquellas personas que cobren más de dos haberes mínimos pero menos de $77.260,8 (equivalente a dos haberes mínimos más la suma extra) recibirán un dinero compensatorio hasta alcanzar ese monto. 

El bono para jubilados se comenzará a pagar el 9 de mayo y los primeros alcanzados serán aquellos con DNI terminado en 0. De todos modos, y para evitar que haya aglomeraciones en los cajeros, Raverta insistió en que quienes no vayan el primer día a cobrar podrán hacerlo cualquiera de los días subsiguientes. Una vez depositado, el dinero ya está garantizado. 

Sí es necesario inscribirse para recibir el bono de $18.000, que será pagado en dos cuotas de $9.000 en mayo y junio y está destinado a los trabajadores sin ingresos formales, monotributistas de la categoría A y B y trabajadoras de casas particulares. Luego de la inscripción, la Anses hará una evaluación socioeconómica, patrimonial y de consumo para evaluar si les corresponde. ¿Qué parámetros tomará el Estado para esa evaluación? 

-Que las personas a las que se les entregue tengan ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, es decir, $77.800. Este monto aplica a la persona solicitante y no al grupo familiar, criterio que se utilizó para entregar el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020. Ahora podrían incluso recibir el bono más de una persona dentro del mismo hogar.  En el único caso que se hará una evaluación no individual es en el de los jóvenes de entre 18 y 24 años; serán elegibles si en sus hogares hay ingresos menores a tres salarios mínimos ($116.700).

-Se mirarán los gastos hechos con tarjeta de crédito y débito. 

-Se evaluarán también los bienes. Si una persona tiene más de una vivienda el bono no le correspondería, así como no le correspondería si tiene dos autos o uno adquirido en el último año. 

-Se descartarán de la base a las personas que tengan cobertura privada de salud. 

La inscripción requiere dos pasos:

21 de abril: a partir de este jueves, y en el plazo de una semana, las personas interesadas deberán ingresar a la web de Anses y validar sus datos. Es decir, confirmar los que están registrados o rectificarlos en caso de que fuera necesario

28 de abril: se completa la inscripción con la solicitud del refuerzo. Ese día la persona deberá aceptar una Declaración Jurada y cargar su CBU. En caso de no tener uno (como ocurrió con 5 millones de solicitantes del IFE en 2020), deberá abrir una cuenta bancaria gratuita, para lo que se puede solicitar asistencia de Anses. 

Raverta señaló que busca que sea “un proceso más cuidado” que durante la IFE, donde hubo casos de personas que se hicieron pasar por otras para cobrar el beneficio o que capturaron parte del dinero al hacer de intermediarios. Una diferencia central será que las oficinas de la Anses estarán abiertas y, en caso de tener dudas o dificultades en el proceso, se podrá ir espontáneamente a las delegaciones físicas (no es necesario sacar turno) para pedir ayuda. 

El 5 de mayo la Anses informará a las personas si tienen derecho a cobrar el bono o no y el 19 de mayo comenzará el pago del refuerzo, que se hará de manera escalonada durante 10 días hábiles según la terminación del DNI. 

El bono es compatible con prestaciones sociales como la AUH, Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar. Es para personas de entre 18 y 65, excluyendo a las mujeres de más de 60 que estén jubiladas porque, en ese caso, reciben el bono de $12.000 para jubilados. 

DT

Escoltado por el presidente Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció hoy bonos extra para trabajadores y jubilados, de modo de compensar el impacto inflacionario que la guerra de Ucrania ha tenido en todo el mundo en febrero y marzo pasados. “Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a los trabajadores y trabajadoras que no perciben ingresos formales, monotributos categorías A y B y empleadas y empleados que realizan tareas domésticas. El monto será de $18 mil en dos cuotas”, explicó Guzmán. “Los jubilados que tengan hasta dos haberes mínimos percibirán un refuerzo $12 mil”, agregó el ministro, en lo que iba a ser una rueda de prensa, pero terminó siendo sólo un anuncio sin preguntas de periodistas. La ayuda a los trabajadores pasivos se suma a otra de $ 6.000 que el Gobierno había anunciado hace pocos días.

Los trabajadores sin ingresos formales, los monotributistas A y B y las empleadas domésticas en blanco y en negro recibirán dos cuotas mensuales de $ 9.000. La ayuda alcanza a trabajadores de entre 18 y 65 años. Los jubilados percibirán el bono en un solo pago de 12.000.

“En el día de hoy estamos anunciando un conjunto de medidas que, en el contexto de recuperación económica y excepcional a nivel internacional, busca garantizar ingresos y un rumbo de equidad”, explicó Guzmán. “En el corriente año, la economía continúa recuperándose pero, a los factores domésticos, se les suma lo externo -explicó el ministro, que atribuye la inflación a la guerra de Ucrania, aunque expertos señalan que también ha influido el aumento de la emisión monetaria antes de las elecciones legislativas de noviembre pasado-. Buscamos preservar el poder adquisitivo de la gente. Es necesario reforzar la política de ingresos”, añadió.

Fernández explicó que los bonos serán financiados con el proyecto de ley para gravar las ganancias extraordinarias en algunos sectores económicos, principalmente productores de materias primas agrícolas, energéticas y mineras, cuyas cotizaciones subieron por la invasión rusa a Ucrania. Pero no dio detalles de cómo será el gravamen. Está en duda de que la iniciativa sea aprobada por un Congreso dominado por la oposición. Por eso, en el equipo económico evalúan que tendrán que limitarse a financiar los bonos con el aumento de la recaudación tributaria que produjo la misma inflación.

El anuncio de los bonos ocurrió en un acto que organizó el Presidente con la presencia de todo su gabinete, incluidos los ministros cristinistas como el del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con sindicalistas, como el díscolo Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), y líderes de movimientos sociales. Se trató de un respaldo a la continuidad de Guzmán como ministro.

AR

El proyecto para “redistribuir la renta inesperada”, adelantado por el ministro de Economía Martín Guzmán, abarcará a todas aquellas materias primas que experimentaron fuertes subas de precios como consecuencia del cambio en las condiciones internacionales.

Se trata de un proyecto de ley que será enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Sin embargo, aún resta definir si será un impuesto por única vez, o permanente, o un aporte. También cuáles serán los valores que la iniciativa tomará como referencia a los efectos de determinar la ganancia extraordinaria.

El propósito del Poder Ejecutivo es destinar los fondos que se obtengan por esta vía fundamentalmente a atender a los trabajadores sindicalizados, cuyos ingresos se han visto deteriorados por la suba de la inflación y que no cuentan con el recurso de negociar en un paritaria.

En tal sentido, una de las ideas que se barajan en el Ministerio de Economía es dar un ingreso como un bono para los trabajadores en negro y monotributistas semejante al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se otorgara durante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

 “Vuelve el IFE y va a formar parte de una movida política y se enmarca en lo que adelantó (el ministro de Economía, Martín) Guzmán sobre la renta inesperada producto de la guerra. Es una movida internacional. Hay varios países detrás de eso”, confirmó este miércoles el periodista Roberto Navarro en El Destape Radio.

De acuerdo a diversos estudios de mercado, se registra un debilitamiento en el consumo de los sectores cuyos ingresos están inmediatamente por encima de los mínimos. Estos últimos son alcanzados por distintos programas asistenciales del gobierno (AUH, planes, canastas, tarjeta Alimentar), pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con cuentapropistas que se encuentran en situación precaria.

El objetivo de este proyecto de ley, que deberá pasar por el Congreso, permitiría distribuir mejor la renta inesperada que tuvo el sector exportador de granos, minerales, petróleo y gas por la disparada de los precios internacionales, que abultó sus ganancias. 

“Es un concepto en el cual se está trabajando. Una ganancia que no tiene nada que ver con la inversión y es ajena a las decisiones del empresario sino el resultado de un evento internacional grave; en este caso, por una guerra. Entonces lo estados lo vuelven a distribuir”, afirmó Navarro. La modalidad, según explicó, deberá pasar por el Congreso y se va a pagar con impuesto a las Ganancias“, agregó. Así, las empresas de los sectores beneficiados con el conflicto bélico abonarán en el impuesto a las Ganancias 2022 (que se paga en abril de 2023) una tasa especial.  

NB

Muchos analistas políticos repitieron estos días que nadie imaginaba, apenas unos meses atrás, la profundidad del revés que sufrió el oficialismo en las elecciones y el desencuentro que evidenciaron entre el peronismo y los sectores populares. 

Seguramente la sorpresa se funda en la experiencia de los primeros meses de la pandemia y en cierto déjà-vu de situaciones pasadas. Como en 1989 o en 2002, la crisis del Covid-19 activó un dispositivo caro al peronismo desde el retorno a la democracia: la epopeya de la urgencia. Funcionarios recién designados accediendo a sus cargos en una situación económica crítica, con una sociedad castigada, sostenidos en una coalición heterogénea que encuentra su norte en la reconstrucción desesperada de umbrales mínimos de gobernabilidad. En los tres casos, los antagonismos refundacionales ofician de pócimas mágicas y surten (al menos al principio) el efecto deseado. La voluntad presidencial conquista niveles inéditos de popularidad y cosecha apoyos en la adversidad. La épica moviliza los agentes estatales y la onda expansiva alcanza a las redes comunitarias, los trabajadores sociales, los sindicatos... 

Como en crisis anteriores, durante el 2020 las estadísticas prometieron dibujar los contornos de una doble V, a la vez la curva de un rebote económico y la V de una victoria. Efectivamente, después de semanas de caída libre, la actividad comenzó a recuperarse lentamente. En tiempo récord, la ayuda monetaria y financiera fluyó a los hogares y empresas necesitados. Se suspendieron las cargas impositivas, los despidos y los desalojos. Y todo eso en el marco de un consenso entre las principales dirigencias del oficialismo y la oposición, encolumnadas detrás de las recomendaciones sanitarias. 

Los relatos sobre esos primeros meses críticos son coincidentes y, en el caso de los gestores y mediadores de la ayuda estatal, están envueltos de mística y orgullo: el gerente de un banco público que atraviesa la ciudad desierta a altas horas de la noche para terminar de calibrar una aplicación que facilite la operación a distancia, un joven empleado del Ministerio de Producción que diseña créditos para los sectores más perjudicados por la crisis, operarios y funcionarios de la ANSES que facilitan el empadronamiento de nuevos beneficiarios, personal de la salud que arriesga su vida en la lucha contra el virus...Y una sociedad expectante de empresarios, trabajadores, amas de casa y jóvenes que manifiestan, con pocos matices, su apoyo por las medidas del gobierno. 

¿Qué pasó después? ¿Por qué resurgieron tan rápido los límites económicos, institucionales y hasta afectivos de esta nueva patriada heroica? ¿Por qué “la” sociedad y sobre todo esos sectores populares y medios que deberían agradecer los esfuerzos del gobierno le son ahora renuentes? 

Nadie puede negar que la crisis del Covid-19 tiene aspectos inéditos y que instituyó en la Argentina y el mundo una incertidumbre radical. No obstante, hay fuerzas que subyacen a esa novedad y revelan la particular fragilidad contemporánea. No solo los apoyos electorales y militantes ya no pueden darse por descontados, los rebotes son cada vez más cortos y las transferencias de ingreso no redundan en mejoras sustantivas en la vida de las personas. Con el correr de los meses, la asistencia en la urgencia se pareció menos a una gesta revolucionaria y dignificante que al acolchonamiento de una caída que volvía a dejar a cada quien enfrentado a su propia orfandad.  

Con el correr de los meses, la asistencia en la urgencia se pareció menos a una gesta revolucionaria y dignificante que al acolchonamiento de una caída que volvía a dejar a cada quien enfrentado a su propia orfandad.

En un estudio en curso en ocho provincias del país, registramos muchas escenas de la vida cotidiana que ilustran la insuficiencia de los esfuerzos realizados. Ángela vive en Santa Rosa, La Pampa, con su pareja y su hija. Estudia derecho en la universidad mientras su marido dicta algunas horas de clase como profesor de educación física. La pandemia la encontró con problemas de trabajo, apoyándose en la Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Una de las cosas que más le pesaron en la pandemia fue el ajuste en su alimentación: “Para no comer arroz otra vez, directamente tomábamos mate con pan”. Su hija extrañaba las frutas, tanto como ella y su marido los asados. El IFE podría haberlos ayudado a variar la dieta. No fue el caso. Esos recursos se destinaron a pagar la deuda que habían contraído con la escuela privada de la niña. Conviven así en muchos hogares argentinos las ayudas alimentarias que no alcanzan con la privatización de servicios fundamentales como la educación, que el Estado ofrece de manera deficitaria. 

En las afueras de Córdoba vive Romina, con sus once hijos, sobreviviendo gracias a la ayuda del gobierno y los ingresos que le procura la recolección de cartón. Una oportunidad extraordinaria le permitió mudarse a un mejor barrio desde el que esperaba apuntalar la educación de sus hijos y conseguir más changas. La crisis del Covid-19 la obligó a volver sobre sus pasos. En la villa tenían una red de contención que le permitía enfrentar sus necesidades básicas sin dinero. Como veinte años atrás, la trama de ayuda del barrio le permitía amortiguar la caída. En todos esos años, no obstante, no había logrado prosperar ni adquirir mayor autonomía. 

Daniel tiene una pequeña industria en Lanús. Después de crecer gracias al estímulo al mercado interno de la etapa kirchnerista, apenas logró mantenerse a flote durante el gobierno de Cambiemos. La crisis del Covid-19 lo encontró con una estructura flexible: inyectaba las matrices de sus juguetes con un equipo mínimo y luego delegaba en casas de familia, sin ninguna relación contractual con él, el ensamble de las piezas. Cuatro integrantes de la empresa lograron cobrar la Ayuda al Trabajo y la Producción, pero fueron sobre todo los créditos del gobierno y el cierre de las importaciones los que le permitieron alcanzar “el mejor momento en años”. La empresa de Daniel expresa con claridad la fortaleza y los límites de las políticas de industrialización de los gobiernos populares: el sostén de PYMES con trabajo informal, precios crecientes y cuya sobrevida sería impensable en una economía más abierta. ¿A qué empleo y a qué producción se ha continuado apostando?

Las experiencias son diversas y despliegan la creatividad de las empresas, los trabajadores y las familias para redistribuir sacrificios y protegerse de mayores daños. Para las unidades productivas que cerraron o los hogares con necesidades extremas, la dignidad quedó dañada y la única epopeya es el aguante. Mientras la fragilidad persistía, los compromisos externos y la espiral inflacionaria alertaron sobre la magnitud de un gasto público insostenible. Se hizo evidente la imposibilidad de ajustar los criterios de asignación de las ayudas. Al fin, las transferencias monetarias se acabaron en 2020 aunque la segunda ola de la pandemia azotaría al país varios meses más tarde. En paralelo, el gobierno nacional que había concentrado el liderazgo y la mística delegó en gobernadores y municipios la gestión de la emergencia. Las opiniones que registramos tuvieron la heterogeneidad de las historias recogidas: algunos dejaron de caer, otros se recuperaron, varios siguieron sumergidos en el mismo desamparo. Desde distintas posiciones, muchos se preguntaban por qué ese Estado que decía protegerlos los había abandonado a medio camino.  

La volatilidad parece ser el signo de los tiempos que corren. Las curvas de crecimiento como las encuestas de imagen y los apoyos electorales se revelan desde hace treinta años cada vez más estertóreos. A su vez, la militancia y su mística ya no son patrimonio de los movimientos que pugnan por una mayor redistribución de los recursos. La beligerancia en las calles no es necesariamente popular ni se circunscribe al peronismo o las izquierdas. La demografía de las luchas se ha ido complejizando y se aleja de aquellos que padecen las necesidades más básicas. En este marco, los resultados electorales ofician de advertencia: la epopeya de la urgencia y el rebote socioeconómico necesitan una estrategia. Como la plata argentina, la militancia redistributiva está exhausta. Hacen falta más pesos para comprar una leche como hacen falta más argentinos reclamando para evitar la fractura social. Hay muchos responsables y muchas causas del desgaste. Como sea, la profundidad de la crisis tal vez pueda enseñarnos que con la asistencia no alcanza.   

MH

¿Qué hacer con los discursos de odio? ¿Cuál es la estrategia más eficaz para desactivar su capacidad de seducción social? ¿Cómo distinguirlos de las legítimas expresiones de descontento que expresa la ciudadanía? Estas preguntas se vuelven cruciales para una sociedad que no ha quedado inmune al poder de contagio que reveló su circulación intensificada en un contexto de crisis planetaria como la que nos toca vivir. 

A la hora de deshilvanar estos discursos abigarrados en nuestro país, las retóricas de la desigualdad se presentan como uno de sus nudos más complejos. Narraciones justificatorias que se acercan a las opacidades de nuestra vida en comunidad ofreciendo aquello que escasea en un contexto de pauperización generalizada: el sentido. Y lo hacen mediante el procedimiento de una abstracción simplificadora ante la cual todas las desigualdades estructurales se reducen a diferencias morales entre voluntades individuales.

El capitalismo explota, oprime y excluye. Pero también justifica, ofrece motivos y, sobre todo, nos promete ganar. Seduce incitando al goce. Las retóricas de la desigualdad parten de una constatación en principio realista: en el capitalismo el mundo se divide en ganadores y perdedores. Pero a diferencia de quienes critican esta división por ilegítima, esas retóricas la justifican. Y al hacerlo, bloquean la posibilidad de cuestionarla. Como cualquiera puede ganar, y como nadie quiere perder, la cuenta positiva se convierte en motivo de desvelo. Sobre todo para aquellos que pierden.  

El capitalismo explota, oprime y excluye. Pero también justifica, ofrece motivos y, sobre todo, nos promete ganar. Seduce incitando al goce.

Algo de esto se deja ver en quienes se irritan por las políticas de redistribución de ingresos que implementa el Estado, entre ellas, el Ingreso Familiar Excepcional (IFE) creado en pandemia. ¿Qué fantasías y qué argumentos justifican este rechazo o percepción negativa sobre estas medidas? Las retóricas de la desigualdad decodifican al IFE en la semántica del plan, y como éste, en términos de “dádiva”, “regalo”, “algo que les viene de arriba”. Como si su lógica no tuviera más razón que el azar, y cayera a veces donde tiene que caer y otras, las más de las veces, en manos equivocadas. O bien, como si su azar estuviera atado a una proximidad con el poder político al cual, a su vez, sirve.

Lo que parece configurarse entre quienes hablan desde estas retóricas es una fantasía que clasifica y ordena a esta población heterogénea y desconocida de “beneficiarios” según dos tipos. El primero condensado en la figura de “el planero millonario”: describe un prototipo social que actúa de manera estratégica acumulando plan tras plan y amasando a partir de él una pequeña gran fortuna que excede con creces al magro ingreso o salario de un trabajador promedio. El segundo tipo es “el planero cómodo”: aquel que “la tiene fácil” porque el Estado le da la plata, los comedores populares la comida y se viste con lo que puede conseguir por pocas monedas en el mercado de trueque. Para quien todo está más o menos a la mano, la opción de conseguir un trabajo no resulta en absoluto seductora. ¿Por qué someterse a un patrón, a un jefe, a una relación de dependencia que supone disciplina y esfuerzo pudiendo evitarla casi sin costo? El espacio que queda entre la imago del acumulador ambicioso y la del conformista minimalista es llenado por imaginaciones de consumos o prácticas inmorales sostenidas por fondos públicos: vicios, prácticas indebidas, gastos improductivos.

La percepción de esa “injusticia del Estado”, basada en una politización ilegítima de las relaciones sociales suele acompañarse por la creencia en una “justicia del mercado” orientada por una economía despolitizada, que ordena únicamente según criterios imparciales de productividad marginal y eficiencia. Quienes se distancian imaginariamente de las personas que perciben planes (los “otros”) se identifican con quienes “emprenden”. En la sociedad argentina actual esta palabra se ha convertido en un verdadero fetiche. Seña bajo la cual se invoca cualquier “hacer”, una disposición activa del individuo, monetizable. Nombre con capacidad de aludir a cualquier estrato social: desde grandes empresarios a cooperativistas, pasando por cuentapropistas y changarines. Emprendedores podemos ser, ya somos desde siempre, todos. Realización ilusoria de la utopía libertaria de un mundo habitado sólo por emprendedores que prescinde de toda forma de sociedad.

Muchos de nuestros informantes han justificado el enriquecimiento de grandes empresarios argentinos en pandemia apelando a las circunstancias excepcionales de la crisis (“el consumismo”, la “necesidad de comprar bienes por medio de Internet”, la “visión audaz de una idea”, etc.), pero sobre todo ofreciendo un enaltecimiento moral: quien decide “hacer”/“emprender” en un contexto recesivo merece el mayor de nuestros respetos y la más grande recompensa. De allí que las desigualdades entre capital y trabajo que marcan el abismo de la sociedad capitalista y que, en un contexto de crisis se profundiza con altas tasas de desempleo y pobreza, queden morigeradas por una retórica que naturaliza el principio de distribución individualizando responsabilidades y abstrayendo las contradicciones estructurales del presente. 

Quienes se distancian imaginariamente de las personas que perciben planes (los “otros”) se identifican con quienes “emprenden”. En la sociedad argentina actual esta palabra se ha convertido en un verdadero fetiche.

Por ello, para el keynesianismo invertido de las retóricas de la desigualdad el Estado debe reducir sus cargas fiscales. Así la “rueda” podría volver  a circular, y aquello que más nos acecha, perder el trabajo o no conseguirlo, podrá ser conjurado. Si el Estado genera las condiciones para que los emprendedores, sea el magnate millonario o el vendedor de calzado por Internet, puedan triunfar en sus inversiones, se podrán armonizar la justicia del mercado y la justicia de la política. 

En este trabajo de la ideología neoliberal queda poca energía para interrogar cuánto de esos subsidios (planes) retribuyen un valor social no pago o “mal reconocido”, cuánto aportan al sostenimiento de las tramas sociales o cuánto hacen menos indignas ciertas vidas; tampoco permiten estas ideologías indagar qué nivel de carga impositiva representa la economía argentina en comparación con otras economías desarrolladas. 

Estas y otras preguntas resultan fundamentales para desactivar las fantasías que movilizan los actuales discursos de odio y las retóricas de la desigualdad. En efecto, la tarea de confrontarlas con evidencia empírica contribuye a limitar su poder de seducción, y a diferenciarlas de las legítimas expresiones de descontento de quienes más se han visto golpeados por la crisis. 

Pero esto no alcanza. El crecimiento político de las derechas lo demuestra de la manera más ominosa. El desvelamiento mediante la comparación científica entre realidad y mito olvida que el discurso, incluso el más miserable, también produce realidad. Por ello necesitamos preguntarnos por qué estas narraciones se vuelven tan atractivas para quienes sufren las consecuencias de contextos recesivos como el nuestro. 

Pues si el poder de estas retóricas residiese en ofrecer un acercamiento, aunque tan sólo sea imaginario, con esos pocos, inaccesibles y escurridizos ganadores del capitalismo, entonces asumir estrategias de comunicación política que permitan nuevas solidaridades y formas creativas de articulación social se vuelve fundamental. 

Volviendo a llamar por su nombre las injusticias que reproduce el capitalismo podremos imaginar las identificaciones sociales necesarias para una revitalización de nuestra democracia.

MC/AP

* Este trabajo se basa en materiales producidos por la Red ENCRESPA, en el marco del Proyecto “Identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la postpandemia”, que forma parte del Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). Las ciencias sociales y humanas en la crisis COVID-19 (Agencia I+D+i). Más información en http://encrespa.web.unq.edu.ar/. 

Poner dinero o “platita” en el bolsillo de la “gente” es la formula elegida por el gobierno para lograr que las elecciones del 14 de noviembre no confirmen los resultados de las PASO. No me interesa ponerme del lado de los que le pican el boleto al gobierno al acusarlo de populista o de chocar la macro con estas políticas. Me interesa, por el contrario, señalar lo menos obvio: las condiciones de posibilidad de eficacia de esa formula. Voy a prestarle atención a un cumulo de circunstancias que afectaron la valoración de la sociedad, o parte de ella, sobre el dinero transferido por el Estado durante la emergencia. La política puede quedar pedaleando en el vacío si no comprende que los uso y significados sociales del dinero desbordan a las normas, discursos y memorias estatales. Cuando las transferencias monetarias anudan la relación entre la sociedad y el Estado esos desbordes son el grado cero de una política que no quiere morderse la cola.

Las altas expectativas del gobierno sobre la ponderación positiva del dinero de emergencia (como el IFE) chocaron con tres realidades. La primera, en muchos hogares esos ingresos fueron licuados para pagar deudas heredadas de la crisis del gobierno de Cambiemos y acrecentadas durante las restricciones de la pandemia. Así que este dinero llegaba a las cuentas en los bancos sin posibilidad de generar un recuerdo duradero sobre qué se hizo con él. Los alivios monetarios del Estado se manifestaban bajo otras formas que poco incitaban a retener un recuerdo muy positivo para el futuro próximo (el momento de votar). Las moratorias tuvieron efectos paradójicos. Tomo el caso de las regulaciones del vencimiento del pago de las tarjetas de crédito. Algunos hogares sufrieron la necesidad de refinanciar a futuro en cuotas los saldos. ¿Cómo saber si se iba a estar en condiciones de afrontar esas cuotas? Al principio el alivió mudó en incertidumbre y la incertidumbre, tiempo después, en certeza de tener que enfrentar esas cuotas todavía con ingresos afectados por la pandemia y la inflación. El alivio del pasado retornaba al presente del votante bajo la forma de una deuda pesada.    

La memoria sobre el dinero transferido por el Estado y las expectativas que este apuesta no siempre coinciden. E incluso algo peor: pueden llevarse a las patadas.

Acá, la segunda realidad. Para una parte importante del universo de los beneficiarios del IFE entrar en el terreno de la asistencia del Estado fue un mazazo para su identidad social. Al calor de una economía en caída libre, un mercado de trabajo que dejaba solo espacio para el crecimiento de la precarización y que proponía ingresos disminuidos y condiciones de la vida urbana deterioradas, abrazarse al orgullo de no caer en un “plan” fue un refugio de clase que ahora venía a ser cascoteado por la plata del IFE. Este dinero que para muchos era un símbolo del Estado que “cuida” para muchos otros era la evidencia más palpable de una tragedia biográfica.

Ya sea porque el dinero del Estado se evaporaba muy rápido para pagar deudas o porque estaba cargado de un sufrimiento social que era mejor olvidar, en parte del electorado no había condiciones para ritualizar ese dinero en el ámbito doméstico (celebrarlo privadamente) de tal forma que genere una memoria con eficacia al momento de evaluar al gobierno dándole su voto (celebrarlo públicamente). Esta ruptura de la cadena de rituales y significaciones del dinero del Estado que enlaza la vida domestica con la vida pública estaba por fuera del radar que guiaba las expectativas del gobierno sobre la eficacia política de sus transferencias monetarias.

Pero además, la tercera realidad, es que el dinero del Estado no alimentó el amor al Estado. Durante la pandemia mantener financieramente al hogar fue un problema y parte de la solución fueron las familias (en especial por el rol de las mujeres) con el dinero del Estado pero no solo. Las deudas que más crecieron durante la pandemia fueron las contraídas con parientes y conocidos. Los sectores con menos ingresos de la sociedad encontraron en sus familias una fuente de financiamiento, los sectores con más ingresos la encontraron en las oportunidades que brindaban muy selectivamente los bancos para quienes tenían ingresos altos y regulares.

A medida que las familias buscaron salvar al hogar -aunque también lo pusieron en riesgo, el aumento de la violencia familiar es otro dato del período- esta misión las fue dotando de una superioridad moral frente al Estado. El dinero que este fue transfiriendo alimentó menos el reconocimiento a su rol frente a la emergencia que la autovaloración de las familias por el esfuerzo y sacrificio por transitar la crisis sanitaria y económica.

Este breve recuento nos sugiere algo muy sencillo: cuando el Estado transfiere dinero genera memorias y rituales sobre su recepción y uso que no domina. Este conclusión lejos de poner en cuestión esa política del Estado advierte sobre las condiciones reales de su eficacia e impulsa a tomar en cuenta que distribución y reconocimiento no siempre coinciden y, que la sociedad, en este caso, como en muchos otros, presenta modos de funcionar demasiado escurridizos para la mirada convencional que la política tiene de ella. 

AW

Al jefe de Gabinete, Juan Manzur, no le gustaría repetir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con el argumento de que la población no percibe de quién le viene la ayuda. En cambio, prefirió modificar con una decisión administrativa el presupuesto para transferir $ 5.250 millones del Ministerio de Desarrollo Social, de un programa llamado Abordaje Territorial, a provincias y municipios. Quiere que sean los gobernadores y los intendentes quienes repartan la ayuda social cara a cara con los vecinos, en un país con 40% de pobreza. Y así es que este viernes se publicó la decisión en el Boletín Oficial con la firma conjunta con el ministro de Economía, Martín Guzmán. El monto equivale a 525.000 IFE.

El dinero se distribuirá así. Para gastos corrientes (operativos) irán $ 630 millones a provincias y 1.084 millones a municipios. En cuanto a erogaciones de capital (obra pública y otras inversiones en equipamiento, que puede incluir electrodomésticos), girarán 1.237 millones a los gobernadores y 2.297 millones a los intendentes. No está especificado a quiénes les tocará el dinero.

La decisión también dispone que Desarrollo Social transfiera 1.100 millones para gastos de alimentos de organizaciones sociales, que llevan adelante comedores y merenderos. Equivalen a 110.000 IFE, con lo que totalizarían unos 650.000. La ayuda total extra suma $6.500 millones.

En el Gobierno se ha analizado que la falta de movilización de la población por parte de intendentes y movimientos populares en las últimas primarias redujo la cantidad de votos del Frente de Todos. Se verá si se logra revertirlo el 14 de noviembre. Juntos por el Cambio ha advertido que armará un equipo para controlar el clientelismo, aunque también debería monitorear el que sus propios gobernantes también ejercen en provincias como Jujuy.

AR

Un día antes de las primarias, en La Florida, Tucumán, se formó una cola de cinco cuadras de personas que esperaban recibir del comisionado municipal unos $ 5.000 como subsidio ante la crisis social que ahondó la pandemia y cuyo reflejo se verá el jueves próximo cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informe que la pobreza se mantuvo en la primera mitad de 2021 alrededor del 42%, según pronostican expertos como Agustín Salvia o Federico Favata. Esa guita llegaba del gobierno tucumano, que entonces encabezaba Juan Manzur, actual jefe de Gabinete. Son prácticas habituales del peronismo, pero también de la oposición. Antes de las últimas elecciones, en Jujuy, el radicalismo gobernante repartía lotes y bolsones de comida. La novedad es que esa práctica de la política local puede convertirse en estrategia nacional para mejorar la situación social y el resultado en los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Manzur ha instruido al ministro de Economía, Martín Guzmán, que busque el mecanismo para bajar ayuda social de la Nación a los intendentes para que sean estos los encargados de su reparto, según fuentes al tanto de las gestiones en el Gobierno. El jefe de Gabinete quiere acelerar todo lo que se pueda el gasto público hasta las elecciones. Se enfrenta al desafío de poner en marcha la maquinaria burocrática del Estado para ejecutar erogaciones en menos de dos meses. Además aparecen dificultades legales y operativas para girar fondos a los municipios para que los gasten en un plan que no está diseñado aún, cuya normativa debe redactarse, que no tiene definidos indicadores sociales para establecer los beneficiarios y por el que habrá que rendir cuentas después sobre la trazabilidad del dinero. Los procesos y los controles en las cuentas de la Nación resultan más sofisticados que en las provincias y las municipalidades. Guzmán y el propio Alberto Fernández están de acuerdo con poner plata en el bolsillo de la gente, pero discuten el método propuesto por el ex gobernador tucumano. El Presidente sabe que su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, no le permitirá firmar cualquier decreto para girar los recursos a los jefes municipales. 

El jefe de Gabinete prefiere ese tipo de ayudas y no las que los ciudadanos cobran por el cajero automático con su tarjeta de débito, sin identificar con claridad qué gobernante las decidió. Él y el resto del Gobierno han evaluado que en las primarias faltó que los intendentes y las organizaciones sociales movilizaran gente a votar. Escaseó también la plata para pagar micros y remises. Juntos por el Cambio sí los puso incluso en La Matanza. Por eso, en principio, Manzur le baja el pulgar a una cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que en una versión acotada promueven desde los movimientos sociales oficialistas que participan de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. 

En la cartera que dirige Juan Zabaleta sostienen que el papa Francisco, la Iglesia argentina, Juan Grabois y el resto de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) abogan por un salario universal, un IFE acotado en cantidad de beneficiarios pero permanente, que llegaría potencialmente a 6 millones de personas, pero comenzaría por 2 millones de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep). Hay otro millón de anotados en el Renatep pero que ya cobran el plan Potenciar Trabajo, que exige una contraprestación en microemprendimientos. Pueden sumarse al registro los trabajadores mayores de 18 años que no tengan más de dos inmuebles ni más de tres autos; que si tienen propiedades o coches, al menos uno de ellos debe estar afectado a su emprendimiento económico; que si además son empleados en relación de dependencia, no pueden ganar más que el salario mínimo y que si están inscriptos en el monotributo, deben estar registrados en las categoría de la A a la D o en la social.

En el ministerio de Zabaleta juran que no oyeron nada del plan de Manzur para repartir ayuda social a través de los intendentes, pero admiten que el cambio de jefe de Gabinete implica pasar de un modelo de gestión más progresista y con discusión interna a otro más peronista y ejecutor, con su aspecto “bueno” en cuanto al “hacer” y al “caminar” el territorio -Manzur está más en el conurbano; su antecesor, Santiago Cafiero, era más de la Casa Rosada- y su costado “complicado” en relación al “equivocarse”. Ponen en duda de que en el Gran Buenos Aires vaya a redituar en términos electorales el reparto de plata, bolsones o electrodomésticos, como en el Norte argentino. “En el conurbano te pueden votar en contra haciendo eso. He visto llevar a 5.000 personas a votar en remís y, cuando se abren las urnas, tenés 3.000 votos”, cuenta un funcionario, aunque admite que en los próximos comicios habrá que poner mesas en las calles y repartir boletas para evitar que el electorado los castigue de vuelta. “No vamos a ganar, pero vamos a acotar la diferencia porque esta vez nos jugamos en serio y ellos meten miedo y ya no se movilizan por sus internas”, analiza la misma fuente de Desarrollo Social, que también aboga por repartir crédito no bancario y poner en marcha pequeñas obras públicas, como el cordón cuenta, que pueden ejecutarse rápido y emplear a muchos. Otras opciones de ayuda veloz pero más prolija que la promovida por Manzur consisten en una ampliación del Potenciar Trabajo o la distribución de fondos rotatorios de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social.

Tras la derrota electoral, la embestida de Cristina Fernández de Kirchner apuntaba a desplazar a Cafiero y al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al que Fernández defendió en su cargo. La vicepresidenta criticó el ajuste de Guzmán, pero se preocupó en llamarlo para ratificarlo, quizá consciente del impacto que podría tener su remoción en un mercado -sobre todo cambiario- que no lo ama pero lo rescata dentro del Gobierno. Fernández cedió a Cafiero y propuso en su reemplazo a Manzur, el primer gobernador que apoyó su candidatura en 2019. La vicepresidenta lo aceptó. Y ahora el ministro de Economía ya no tiene un jefe de Gabinete con el que trabajar en tándem sino que se revive el tradicional conflicto de todos los gobiernos en el que el custodio del Tesoro debe chocar para cuidar la caja frente a las pretensiones del ala política. No sólo Cristina Kirchner o el Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense, reclamarán más gasto a Guzmán. También Manzur, aunque desde una cosmovisión distinta que la kirchnerista dentro esa diversidad llamada peronismo. 

Con Cafiero se fue también a la Cancillería la mujer que coordinaba el gabinete económico y que había recibido incluso los elogios de Cristina Kirchner, la economista Cecilia Todesca Bocco. En su reemplazo quedará el sociólogo Jorge Neme, que como secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán le abrió puertas a Manzur en Estados Unidos e Israel. Neme viene de ser el negociador de acuerdos comerciales de la Cancillería con Felipe Solá y desde allí cambió el rechazo inicial de Fernández contra el pacto Mercosur-Unión Europea al tiempo que buscó un acuerdo dentro de nuestro bloque ante las pretensiones desesperadas de Jair Bolsonaro de bajar los aranceles a la importación.

Con el nuevo jefe de Gabinete no se esperan buenas vibraciones para las ambiciones de la china Huawei de proveer la tecnología 5G de celulares en la Argentina, dada la fuerte oposición del gobierno de Joe Biden a esa empresa. Manzur mantiene diálogo con compañías de Estados Unidos, así como con el establishment local. Sus vínculos no se limitan a Hugo Sigman y a los demás proveedores del calendario obligatorio de vacunas que amplió cuando era ministro de Salud de Cristina Kirchner, entre 2009 y 2015, antes de darla por jubilada en la era Cambiemos. Si persiste en el cargo más allá del 14 de noviembre, apostará a crear un clima favorable a las inversiones locales y foráneas y para ello intentará el nunca concretado acuerdo social. Cuenta con la confianza de la CGT, que lo acompañó ya desde el acto que organizó en Tucumán el 17 de octubre de 2018, cuando el peronismo estaba dividido en varios frentes. Allí estuvieron Héctor Daer, Carlos Acuña y Antonio Caló, entre otros gremialistas, además de Sergio Massa, Daniel Scioli y Miguel Pichetto, después devenido macrista. Manzur suele hablar de economía con Martín Redrado -igual que Massa-, Carlos Melconian -presidente del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri que también conversaba hace tiempo con Fernández- y el periodista Willy Kohan, columnista de Radio Mitre y LN+. 

¿Chau Guzmán?

El Gobierno aspira a reducir los 10 puntos porcentuales a nivel nacional y los cinco en la provincia de Buenos Aires que le sacó Juntos por el Cambio en las primarias. “Si perdemos por mucho, caemos todos”, admite un secretario de Estado, mientras analistas políticos temen en ese caso una suerte de anarquía para los últimos dos años de gobierno de Fernández. Eso incluiría que Manzur volvería a gobernar a Tucumán tras dos meses de licencia y debería abandonar sus planes de proyectarse en Buenos Aires y de personificar el deseo de los gobernadores de convertirse en los garantes de la unidad del Frente de Todos tras la pelea entre un debilitado Fernández y una Cristina Kirchner que también sufrió la derrota pero aún persiste como la dirigente con más arrastre. Sergio Massa quiso ocupar ese rol de mediador, pero no le dio el piné.  Una nueva caída contundente en las urnas también se llevaría puesto a Guzmán. Un secretario de Estado que lo defiende espera que la victoria opositora se achique y que el ministro de Economía pueda terminar la misión por la que lo mantiene Cristina Kirchner: la renegociación del préstamo récord que Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La fecha límite para firmar ese acuerdo es marzo próximo, cuando los vencimientos se tornen imposibles de pagar. Después, ¿chau Guzmán? “Está claro que no llega a 2023”, admite el mismo secretario de su confianza.

Por lo pronto, el ministro deberá batallar ahora en el Congreso con el jefe de la bancada de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por el recorte de subsidios energéticos en el presupuesto 2022. Guzmán está convencido de que consiste en una medida progresista dejar de subvencionar a los que más pueden y es el único gasto que puede ajustar después de haber podado la principal partida de erogaciones, las jubilaciones y asignaciones por hijo, en los primeros dos años de gestión. Además, el FMI se lo pide. El kirchnerismo responde que la segmentación de tarifas de energía por ingresos de los usuarios generará un ahorro menor y terminará pegando en el bolsillo de ciertos hogares medios a los que no debería afectarse. Pero el mismo secretario de Estado que teme que un fracaso en las urnas los eyecte a todos confía: “El presupuesto se aprobará… la lucha por las tarifas quedará para 2022, como pasó este año. Cristina quiere un acuerdo con el Fondo, pero quiere mostrar que está en contra”.

Para evitar el “que se vayan todos” del Gobierno y se acote el triunfo opositor el 14 de noviembre, ya se anunció la suba del sueldo mínimo -que impacta en el Potenciar Trabajo-, el alza del piso salarial a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias y se prevé que comiencen a impactar los incrementos dispuestos en las reaperturas de las paritarias. Resta el anuncio de bonos para jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) y la definición de si la ayuda social extra se repartirá de la mano de los intendentes o como un IFE acotado. Una decisión que marca los nuevos aires del gobierno de Todos.

AR

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se había creado en plena cuarentena para compensar con tres contribuciones de $ 10.000 a los trabajadores informales, desocupados y monotributistas de menores ingresos por la imposibilidad de salir a trabajar en plena cuarentena de 2020. Se suponían que en la medida en que se pudiese volver a las calles, las changas iban a resurgir. Así ocurrió, pero esos trabajos volvieron empobrecidos porque quienes los contratan, en general otros asalariados, vienen sufriendo otro año de pérdida de poder de compra. Ante las changas pauperizadas, diversos referentes sociales del oficialismo venían reclamando este año un cuarto IFE, pero sólo la derrota electoral está haciendo reaccionar al Gobierno.

El Ejecutivo está preparando un IFE, pero no para 9 millones de personas como en 2020 sino para entre 2 y 3 millones, según confirmaron un secretario de Estado y un candidato a diputado del Frente de Todos. Todavía está en discusión qué monto tendrá y a qué universo de trabajadores alcanzará. Una idea consiste en que sea un tercio del salario mínimo, alrededor de $ 10.000, e incluiría a todos los inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que no cobran el plan Potenciar Trabajo, que paga medio sueldo básico, unos $ 15.000, a cambio de media jornada laboral en microemprendimientos, requisito que muchos cumplen pero otros no.

En el Renatep ya se inscribieron 3 millones de personas, pero un tercio de ellas cobra el Potenciar Trabajo y, por tanto, quedaría excluido del nuevo IFE. En cambio, según esta versión, el ingreso de emergencia sí incluiría a los que tienen hijos menores de 18 años y que, por tanto, cobran la asignación universal por hijo (AUH, que equivale a $ 5.603 por niño). Pueden anotarse en el Renatep los trabajadores mayores de 18 años que no tengan más de dos inmuebles ni más de tres autos; que si tienen propiedades o coches, al menos uno de ellos debe estar afectado a su emprendimiento económico; que si además son empleados en relación de dependencia, no pueden ganar más que el salario mínimo y que si están inscriptos en el monotributo, deben estar registrados en las categoría de la A a la D o en la social.

Pero en el Gobierno analizan otra opción de que el monto sea mayor, unos $ 15.000, pero excluya a los que reciben la AUH. Es decir, incluiría a los trabajadores informales o de la economía popular que no tengan hijos o que cuenten con ellos pero mayores de 18 años. De este modo se apuntaría a la franja etaria de mayores de 55 años que en general no tienen AUH y encuentran muchas dificultades para conseguir empleo. El Ministerio de Economía analiza el costo fiscal de cualquiera de las hipótesis para elegir cuál resulta posible de financiar.

AR

Con el Gabinete renovado ya en funciones, el Gobierno avanza con el anuncio de un paquete de medidas que busca inyectar recursos en la economía y poner énfasis en “la producción y el trabajo”, los dos tópicos que el Gobierno convirtió en eje de su campaña electoral. El set incluirá la suba del salario mínimo y del piso a partir del que se paga Ganancias, además de bonos, créditos blandos y herramientas de financiamiento para el consumo.

Distintas fuentes oficiales aseguraron a elDiarioAR que el anuncio está previsto para este martes, pero anticiparon que, en un contexto político tan enrarecido como el actual, no hay garantías en el calendario. “El momento lo define el Presidente”, señalaron en el entorno del ministro Martín Guzmán, a cargo de la articulación del paquete que fue demorado por el estallido de la interna del Frente de Todos.

Dos de las medidas ya habían sido anticipadas por el Gobierno incluso antes de las elecciones primarias. Una es la suba del piso de Ganancias que, según precisó una fuente del equipo técnico que le dio forma, se ubicará en $175.000. Este piso ya había sido elevado a fines de abril mediante una ley y ahora será retocado vía decreto para evitar que la escalada de la inflación y la consecuente renegociación de los salarios licúe las mejoras otorgadas. 

Concretamente, se apunta a conservar por fuera del tributo a las alrededor de 1,2 millones de personas que fueron eximidas cuando se elevó el mínimo no imponible a los $150.000 mensuales brutos para trabajadores activos y a ocho haberes mínimos para jubilados y pensionados. En otras palabras, mantener el porcentaje de contribuyentes que paga el impuesto entre el 8% y 10%.

Por otra parte, mañana martes está convocado el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde se buscará acordar un porcentaje de aumento que se sume al 35% definido en abril y acerque la suba del salario mínimo a la inflación efectiva del 2021, en torno al 45%. Actualmente el salario mínimo es de $29.160 y no alcanza para cubrir la canasta familiar de indigencia definida por el Indec.

Este aumento no servirá solo para elevar la referencia de los trabajadores informales, sino que tendrá un impacto directo en una serie de programas sociales cuyos montos están definidos en base a ese dato. Por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo tiene más de un millón de beneficiaros que cobran mensualmente la mitad de ese salario mínimo como complemento de sus actividades productivas. También impacta en el Programa Acompañar (dirigido a mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ en situación de violencia de género) y en las becas Progresar. 

Si bien en Anses evitaron confirmarlo ante la consulta de este diario, se estima que el paquete incluirá un bono para jubilados. Sería la tercera vez en el año que el organismo conducido por Fernanda Raverta recurriría a este instrumentos para compensar el deterioro en los ingresos de los trabajadores pasivos.  Según trascendió, el bono sería de entre $5.000 y $6.000, pero solo para aquellos que cobren hasta dos haberes mínimos.

También, el paquete de medidas económicas incluiría una suba del 50% de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que permitiría compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

También está sobre la mesa la posibilidad de otorgar una ayuda extra a los sectores más vulnerables, en línea con lo que fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 2020, aunque más acotado. En sus tres rondas originales, el IFE llegó a 9 millones de personas y demandó casi 1 punto del PBI.  Ahora, la ayuda podría parecerse más a un refuerzo de la AUH.

Ese fue un punto álgido de la discusión entre el equipo económico liderado con Guzmán —que insiste en que el contexto de actividad actual no es equivalente al que motivó el IFE y no amerita un esfuerzo fiscal de semejante magnitud— y los sectores del Gobierno más propensos expandir el gasto, condensados en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

En el Gobierno evalúan también otorgar, por decreto, un bono salarial para el sector privado.

También se anticipa una aceleración en los programas que buscan empalmar planes y empleo, como el Te Sumo, del Ministerio de Trabajo, que apunta a dar formación profesional y laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años o el Potenciar Oficios, que es instrumentado por el Ministerio de Desarrollo Social y ofrece capacitación para el empleo formal a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Diferentes ministerios también trabajan en la compatibilización de programas sociales con empleo formal en distintas ramas productivas, algo que ya se hizo, como punta de lanza, en el sector del trabajo rural temporario. 

Otra de las herramientas en danza son créditos blandos y herramientas de financiación para el consumo, en línea con el programa Ahora 12, al que se podrían incorporar las tarjetas no bancarias. Además, se contempla un impulso a proyectos de obra pública.

Si bien todavía resta la confirmación de los elementos que integran el paquete, en la consultora Equilibra estiman que este set de medidas destinadas a reforzar de manera rápida el bolsillo de los argentinos y argentinas implicaría un costo fiscal en torno a medio punto del PBI, financiado fundamentalmente con emisión monetaria del Banco Central. 

DT/ AB 

El Gobierno prepara medidas para alentar el consumo que anunciará este jueves, según confirmaron una alta fuente de la Casa Rosada y uno de los principales candidatos del oficialismo para las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre. Será la primera reacción económica del Ejecutivo tras la derrota del pasado domingo en las primarias.

Una de las medidas consistiría en la cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se repartió tres veces el año pasado para ayudar a los trabajadores informales y monotribustas de las categorías más bajas que no podían salir por la cuarentena. Aquella vez incluyó a 9 millones de personas. Esta vez se especula con sólo 2 millones porque apuntaría a los que no reciben otros beneficios como la asignación universal por hijo (AUH), sobre todo las personas de entre 50 y 65 años, franja etaria previa a la jubilación en la que escasea el empleo. Dos fuentes del Frente de Todos, una de los movimientos sociales y otra del gobierno bonaerense, confirmaron que el cuarto IFE está en estudio y que serviría para ayudar a las personas que aún no han recuperado el trabajo o el nivel salarial, pero en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que conduce Fernanda Raverta, lo desmintieron. También dudan en la Jefatura de Gabinete, que lidera Santiago Cafiero. A fines de 2020, el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo había descartado porque la economía comenzaba a reactivarse tras la cuarentena y por temor a que un mayor gasto público financiado con emisión monetaria elevara las tensiones con el dólar blue. Claro que ahora prima la urgencia electoral. Este lunes mismo el Gobierno concedió un aumento salarial del 47% a los docentes universitarios.

En el Frente de Todos explican que no harán nada muy distinto a lo que ya venían haciendo: “Antes de las primarias, ya venían madurando las paritarias para ganarle a la inflación y se reactivaba la obra pública, con licitaciones, con proyectos que arrancan. No es que veníamos ajustando y ahora necesitamos política más expansiva. Ya no estábamos ajustando como a principios de año. Eso cambió en marzo. No hay un timonazo sino acelerar el impulso a la demanda, con controles de precios, seguir bajando la inflación, más obras, más viviendas, replicar algo del IFE, reforzar la AUH, las jubilaciones, las paritarias”.

En uno de los principales bancos privados con operaciones en la Argentina analizan las alternativas de reacción del Gobierno ante la derrota: “Son fuertes las voces del Frente de Todos que piden un shock de gasto, incrementar los salarios reales (ajustados por inflación), generar un bienestar, aunque sea transitorio. Pero hay límites para financiarlo. Esto no es 2019 o 2020, cuando el Banco Central podía emitir pesos sin límite, ahora estás cerca del límite legal de asistencia del Central al Tesoro y es difícil conseguir más financiamiento en el mercado. Quizás focalizan el gasto en lo que les pueda traer más rápido retorno en el voto, no un aumento generalizado del gasto. Por ejemplo, incremento de jubilaciones, un nuevo IFE, poner billetes en el bolsillo de la gente, pero hay que ver cómo eso impacta en la inflación y el tipo de cambio paralelo. No por nada la victoria opositora hizo subir las acciones y los bonos pero por un día y el tipo de cambio paralelo casi no se movió, porque se espera una fuerte emisión de pesos y eso no permitiría un descenso de los valores de la inflación y te mantendría un tipo de cambio paralelo alto”. Expectativas sobre lo que después será la realidad.

AR