La CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizaron este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al creciente endeudamiento de las familias y las Pymes y exigieron al Gobierno de Javier Milei la implementación de un programa de refinanciación de deudas.

Las organizaciones entregaron en el Palacio de Hacienda un documento con una serie de propuestas para enfrentar la morosidad y cuestionaron el costo del financiamiento que deben afrontar trabajadores, familias y pequeñas y medianas empresas.

La movilización no tuvo un acto con discursos, ya que no se montó un escenario frente al Ministerio. Sin embargo, distintos dirigentes sindicales plantearon durante la jornada sus críticas a la política económica y reclamaron una intervención del Estado para limitar el impacto del endeudamiento.

Entre los principales pedidos incluidos en el documento figura que el Gobierno cumpla con la función de regulación del Banco Central respecto de los niveles de las tasas de interés aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos que puedan generar endeudamiento de personas físicas.

Las centrales también reclamaron analizar la situación de endeudamiento de las Pymes, al advertir que el deterioro de su capacidad financiera compromete el capital de trabajo, amenaza la continuidad de las actividades y pone en riesgo fuentes laborales. Además, pidieron poner en marcha un programa de refinanciación que permita atender el “alarmante nivel de morosidad”, con tasas acordes a la evolución de los ingresos.

Qué plantea el documento entregado en Economía

El escrito sostiene que el equilibrio macroeconómico no debería limitarse a las variables financieras, sino que también debería contemplar una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes, con el objetivo de reactivar el consumo y la producción.

Las organizaciones plantearon que la caída de los ingresos y el deterioro del consumo se combinan con el elevado costo del endeudamiento, una situación que, según señalaron, dificulta que las familias puedan afrontar las cuotas y llegar a fin de mes.

El documento también advierte sobre el crecimiento de la morosidad financiera formal, tanto en el sistema bancario como en otros canales de financiamiento. “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad”, señalaron las organizaciones en el escrito.

En esa línea, sostuvieron que la caída simultánea del consumo y la producción termina afectando también al empleo. Otro de los puntos destacados es la situación de las personas que, al quedar fuera de los canales formales de crédito, recurren a mecanismos informales de financiamiento para cubrir necesidades básicas.

El documento advierte que esas familias quedan expuestas a intereses que calificaron de “usurarios” y reclamó políticas públicas específicas para abordar esa problemática. Para las organizaciones, una alternativa sería refinanciar las deudas, extender los plazos y reducir transitoriamente la presión de las cuotas, de modo que las familias puedan recuperar capacidad de consumo y las empresas sostener sus niveles de producción.

Aguiar: “No hay que descartar un estallido social”

El secretario general de ATE y referente de la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, cuestionó durante la movilización la situación de endeudamiento de los hogares y advirtió sobre sus posibles consecuencias sociales. “No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”, sostuvo.

Aguiar reclamó que el Gobierno intervenga para limitar las tasas que consideró abusivas y propuso implementar un programa de desendeudamiento para las familias que, según planteó, tuvieron que recurrir al crédito para poder afrontar sus gastos cotidianos. El dirigente también apuntó contra el presidente Javier Milei y contra el exministro de Economía Luis Caputo por el rumbo de la política económica. “El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado”, afirmó Aguiar, quien sostuvo que el Ejecutivo cuenta con herramientas para intervenir frente al problema del endeudamiento.

También cuestionó los beneficios que, según su planteo, recibió Mercado Pago y contrapuso esa situación con las dificultades que atraviesan los hogares para llegar a fin de mes. “Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”, afirmó.

De la movilización participaron los integrantes del triunvirato de la CGT, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de otros dirigentes de la central, entre ellos Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

La CGT también difundió un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el nivel de endeudamiento de los hogares y afirmó que se trata de una consecuencia de las políticas económicas del Gobierno.

Según los datos citados de la situación financiera de los hogares, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó el 17,5% de los créditos personales.

El reclamo de las centrales sindicales apunta así a que el Gobierno incorpore el endeudamiento y la morosidad de las familias y las Pymes como parte de la agenda económica y avance con un esquema que permita aliviar el peso de las cuotas y recuperar capacidad de consumo y producción.

A diez años de la primera movilización conjunta de los movimientos populares y las centrales sindicales, miles de personas marcharon este jueves desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo bajo la histórica consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. Convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA, la manifestación volvió a convertirse en una de las principales expresiones de rechazo a las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

La columna comenzó a avanzar por la mañana luego de la tradicional bendición de herramientas de trabajo encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. A lo largo del recorrido se fueron sumando organizaciones sociales, gremiales, cooperativas y movimientos territoriales hasta confluir en Plaza de Mayo, donde se instaló una feria cooperativa, se realizó un “verdurazo” con entrega gratuita de alimentos y se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien fue el primer orador, cuestionó la situación del país, afirmando que “hoy es una entrega a las grandes corporaciones” y sostuvo: “Tenemos que trabajar a pesar de las diferencias para ver cómo reconstruimos el país. Hay que lograr la unidad del pueblo”. Finalmente dijo que “hay desocupación, represión, pero estamos de pie. Tenemos que decirles Nunca más”.

El texto, leído por dirigentes mujeres de las centrales sindicales —entre ellas Leonor Cruz (CTA Autónoma) y Dina Sánchez (UTEP)—, sostuvo que el país atraviesa “uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de las últimas décadas” y cuestionó el modelo económico del Gobierno al afirmar que “no aceptamos una Argentina para unos pocos”.

Según el documento, el actual rumbo económico “concentra la riqueza en pocas manos, privilegia la especulación financiera sobre la producción nacional y sacrifica el trabajo argentino para beneficiar a los sectores más poderosos”. También advirtió que el deterioro del salario, el aumento del costo de vida, la paralización de la obra pública y el cierre de empresas son consecuencia de decisiones políticas y no de una crisis inevitable.

Las organizaciones defendieron el trabajo registrado, los convenios colectivos, la producción nacional, la industria, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y el rol del Estado para garantizar derechos sociales. También reclamaron por la situación de los jubilados, los trabajadores de la economía popular y los sectores más vulnerables.

“Marchamos por quienes perdieron su empleo. Marchamos por quienes no llegan a fin de mes. Marchamos por nuestros jubilados, por nuestros jóvenes, por la producción nacional, por la industria, por la obra pública y por la soberanía”, señalaron en el tramo final del documento, que concluyó ratificando las banderas de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Entre los oradores estuvieron también María Adela Antokoletz, integrante de FEDEFAM, y Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

La palabra de los dirigentes

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo a elDiarioAR: “Estamos acompañando esta marcha de paz, pan, trabajo y tierra. Nos parece importante porque es parte de una bandera que siempre ha estado en el movimiento obrero y sobre todo en este momento en el que queda en evidencia la falta de laburo, no poder llegar a fin de mes, el endeudamiento familiar. Y estos son los reclamos que se expresan en una fecha tan importante como es para la grey católica San Cayetano. Y también es para la gente que está acá en la Casa de Gobierno, para que vean que la sociedad se expresa y tiene una mirada crítica sobre la política económica que efectivamente no está teniendo en cuenta a los que menos tienen”.

En la misma línea, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, aseguró: “Estamos acá los trabajadores en las calles en este día de San Cayetano, levantando las banderas de tierra, techo, trabajo, pan y paz para nuestro pueblo, que está agredido por las políticas de hambre y de entrega de Milei. Ayer y hoy el pueblo argentino está poniendo en las calles lo mejor de sí en todo el país”.

“Milei quiere hacer de la Argentina una colonia. Lo está haciendo. Por eso hay que echarlo. Hay que impedir que consume esta destrucción de la soberanía nacional y la destrucción misma de la democracia. Entonces, para lograr eso hay que organizar la rebelión del pueblo. Hay que ganar las calles, hay que ganar las conciencias, hay que fortalecer esa conciencia soberana de nuestro pueblo que se movilizó autoconvocado para evitar que se apruebe la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, agregó.

“La única manera que va a poder hacer una colonia es reprimiendo al pueblo argentino”, dijo en referencia a la represión de la jornada anterior. “Por eso Milei reivindica la dictadura, porque la dictadura se animó a instalar un genocidio. Milei quiere reivindicar ese genocidio para poder afirmar una cultura de subordinación y miedo en nuestro pueblo. No lo va a lograr. Reprimen, pero seguimos en las calles. A los jubilados los reprimen, pero todos los miércoles están. Ayer nos reprimieron y hoy volvemos a estar en las calles. Lo vamos a echar a Milei más temprano que tarde de lo que muchos creen”.

Por su parte, el secretario adjunto de CTERA, Roberto Baradel, advirtió que la convocatoria fue más numerosa que la del año pasado debido al crecimiento del desempleo y la crisis social. “Nuestro pueblo sufre cada vez más. Hay el doble de gente en San Cayetano porque muchas más personas se quedaron sin trabajo producto de las políticas de ajuste de este Gobierno”, afirmó. Además, consideró que las movilizaciones de los últimos días —por la educación pública, la defensa de la tierra y el trabajo— expresan la necesidad de “derrotar la política de Milei y construir un proyecto de país para todos y todas”.

La marcha también estuvo atravesada por reclamos concretos contra la eliminación del Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo, la interrupción de las obras de integración sociourbana y el desabastecimiento de alimentos para comedores comunitarios, ejes que las organizaciones identifican como algunas de las consecuencias más visibles del ajuste impulsado por la administración nacional.

Con información de Lucía Sanguinetti.

Corría el 2016, gobernaba Mauricio Macri, cuando en reuniones de organizaciones sociales y misioneros del papa Francisco comenzó a discutirse la búsqueda de una fecha para expresar su “religiosidad popular”. Alguien propuso el 7 de agosto: ir desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo a reclamar lo que más tarde sería el salario social complementario. No fue una decisión sencilla. Durante tres meses, dirigentes de distintas tradiciones discutieron si una jornada religiosa podía convocar también a evangélicos y a agnósticos. Incluso sectores más identificados con la izquierda dudaban de mezclar la figura del santo del pan y el trabajo con una agenda de reivindicación popular. Encima, ese año el 7 de agosto caía domingo, un día difícil para movilizar. Pero decidieron hacerlo igual.

El domingo 7 de agosto de 2016, tres organizaciones —la CCC, Barrios de Pie y la entonces Confederación de Trabajadores de la Economía Popular— confluyeron en una primera peregrinación por San Cayetano que unió Liniers con Plaza de Mayo. Había reminicencias a la marcha de Saúl Ubaldini de 1981 bajo la consigna “paz, pan y trabajo” y que fue reprimida por la dictadura. “Entendíamos que teníamos que ser parte de ese hilo histórico de luchas que vienen desde los anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo pasado, pasando por Huerta Grande, la CGT de los argentinos, la resistencia del movimiento obrero durante la dictadura, la muerte de Kosteki y Santillán, entre otras muertes”, dice a elDiarioAR Esteban “Gringo” Castro, entonces unos de los organizadores de la primera peregrinación. “Teníamos que proponer la continuidad de ese hilo histórico de luchas populares que siempre son cosas que se van poniendo bajo la alfombra”.

Gildo Onorato, hoy referente de la UTEP y en ese entonces secretario gremial de la CTEP, se ocupó de la logística: “Me tocó estar en la cocina”, resume, en referencia al trabajo invisible de organizar postas, sonido y seguridad. Hubo tres paradas en el recorrido —Plaza Flores, Plaza Miserere y el puente Rivadavia— antes de que las columnas, con la imagen de San Cayetano a cuestas y la bendición de los párrocos, terminaran de unificarse frente a la Casa Rosada. Calculan que llegaron a ser 80 mil personas. Fue, según Onorato, “la primera manifestación del siglo XXI de dimensiones” en unificar la religiosidad popular con la lucha social, en medio del reclamo contra el ajuste y la represión del gobierno de Macri.

Lo que siguió fue veloz. A los pocos días, toda la oposición al macrismo llamó a los movimientos a discutir la Ley de Emergencia Social en el Salón Azul del Senado. “Fue un antes y un después”, dice Castro sobre el vínculo que se abrió entonces con la política y con las organizaciones sociales. Tres meses después, el 18 de noviembre de 2016, una nueva movilización —esta vez con la CGT, las dos CTA y los movimientos populares compartiendo el escenario— reunió a más de 200 mil personas frente al Congreso. Días más tarde, la Ley de Emergencia Social se aprobó casi por unanimidad. Nacía el salario social complementario y se constituía el Consejo de la Economía Popular.

La marcha también encontró eco en la Iglesia. A instancias de Jorge Lugones, titular de la Pastoral Social, y de Oscar Ojea, entonces obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, se armó la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Dignidad, que sentó en la misma mesa a movimientos sociales, gremios, pymes, mutuales, cooperativas y sectores de la UIA. Fue, recuerda Onorato, el correlato local de los encuentros mundiales de movimientos populares que el Papa había convocado en Roma, Bolivia y el Vaticano.

Los años siguientes no bajaron la intensidad: en 2017 se sancionó la ley de registro de barrios populares (Renabap) y, según el propio Onorato, hubo más de 286 movilizaciones nacionales durante el gobierno de Macri. En 2018, en plena discusión por la legalización del aborto, algunos dudaban de sostener la marcha a San Cayetano. La duda se disolvió en la calle: hoy, dice Onorato, se puede ver a compañeras con el pañuelo verde caminando junto a las imágenes religiosas, prueba de que los símbolos también se construyen colectivamente.

Diez años después, la escena cambió de signo. “Hoy está agotado el díalogo, no hay prácticamente conversación con el gobierno”, describe Onorato sobre el vínculo con la administración libertaria. El salario social complementario, que supo tener movilidad atada al salario mínimo, quedó congelado bajo un nuevo nombre y el propio Gobierno lo recortó desde agosto. Con el 45% de los trabajadores argentinos en condiciones de precariedad laboral, según cifras que maneja la UTEP, este viernes la peregrinación volverá a salir de Liniers hacia Plaza de Mayo, ahora acompañada por la CGT y las dos CTA. La UTEP abrirá el escenario a distintas fuerzas sociales que hablarán bajo la misma consigna de hace una década —techo, tierra y trabajo— frente a un gobierno que, coinciden sus organizadores, ya dejó de escuchar a los sectores populares.

MC

La CGT y las dos CTA, junto con el gremio de la economía popular UTEP, encabezaron este miércoles una conferencia de prensa para fijar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, antes de la movilización que llevarán adelante este jueves frente al Congreso. La confirmación llegó casi en paralelo de que el oficialismo diera de baja el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales para intentar asegurar el quórum en el Senado.

El triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— compartió el estrado con Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T). Sola cuestionó el eje del proyecto: “La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático”. Godoy fue más duro y lo calificó como “un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación” de la Argentina, y citó el caso del empresario Joe Lewis en el sur del país como antecedente de lo que está en juego. El peronismo también convocó ese mismo día a movilizarse este jueves contra la iniciativa.

La movilización tiene un fuerte raigrambe popular porque se está construyendo desde grupos de WhatsApp y redes sociales de autoconvocados. No solo está convocada la manifestación frente al Congreso, sino también en distintos puntos del país.

La presencia de la CGT se definió la semana pasada como pudo anticipar elDiarioAR. Además la central obrara se sumará este viernes a la tradicional marcha de San Cayetano, que este año cumple diez años desde su primera edición: será desde Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT. Según pudo saber elDiarioAR de distintas fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, craneada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

El miércoles de la semana pasada la CGT movilizó junto a los jubilados frente al Congreos. Y ya tiene programado acompañar el viernes 7 la peregrinación de San Cayetano desde Liniers a la Plaza de Mayo en su décimo aniversario.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades. Este sábado 1 de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

MCM/MC

Daniel Yofra volvió a reclamar una respuesta sindical más dura frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros cuestionó la demora de la CGT para sostener un plan de lucha, advirtió que la crisis laboral se expresa ya desde hace tiempo en cierres de empresas, despidos y salarios de pobreza, y pidió no esperar a las elecciones de 2027 para enfrentar la política económica oficial.

“Esto sin lucha no se revierte”, dijo Yofra en una entrevista con Somos Radio AM 530. El dirigente aceitero, uno de los referentes sindicales más críticos de la conducción cegetista, sostuvo que las marchas y paros aislados no alcanzan frente a un gobierno que avanza de manera sostenida contra el empleo, los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Yofra hizo un balance de la movilización de este miércoles junto a los jubilados, convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales. Valoró que las centrales hayan vuelto a la calle, pero consideró que la convocatoria debería haber sido mayor frente al deterioro social. “Hubo una convocatoria, la hicieron las centrales. Quisiéramos un poco más. No hubo la cantidad de gente que realmente debería haber en las calles con las problemáticas que hay”, señaló.

El dirigente pidió que ese primer paso tenga continuidad y se extienda a todo el país. “Ojalá que se incremente, se profundice, que se propague por todo el país este tipo de marchas y que sean masivas”, afirmó. También advirtió que la situación de los jubilados no puede resolverse sólo con una movilización de acompañamiento: “No creo que podamos resolver esto haciendo una marcha en apoyo solamente a los jubilados”.

La intervención de Yofra llega en un momento en el que la CGT busca reactivar un plan de lucha contra Milei, con movilizaciones junto a jubilados, las CTA y la UTEP, protestas sectoriales y un posible paro general todavía sin fecha. Para el jefe aceitero, esa reacción aparece tarde frente a una crisis que ya venía desarrollándose.

“Se deben haber dado cuenta de que la gente no da más”, dijo sobre el cambio de actitud de la central obrera. Y agregó: “Cerraron más de 30.000 empresas en el país, hay más de 300.000 trabajadores y trabajadoras desocupadas en estos últimos dos años. Evidentemente hay una problemática que no se vio a tiempo, porque ya venía pasando”.

Yofra atribuyó ese deterioro a un plan económico deliberado. “Obedece a un plan de gobierno y a un plan económico que va a destruir todas las pymes, todas las industrias nacionales, producto de la libre importación y la falta de consumo”, sostuvo. En su lectura, el problema no se reduce a medidas laborales puntuales, sino a una orientación económica favorable a las empresas más concentradas y contraria al trabajo.

El dirigente también cuestionó la estrategia de confiar en gestiones administrativas, presentaciones judiciales o denuncias internacionales como único camino. Recordó que su gremio hizo “tres huelgas” y “cinco marchas en 15 días”, además de llevar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero insistió en que eso no alcanza si no se sostiene una presión social y sindical en la calle.

“Nosotros no confiamos en que administrativamente podamos resolver o corregir esta situación”, dijo. Y agregó: “Si nosotros no entendemos que tenemos que ir a través de la lucha, a través de las huelgas, de las movilizaciones, y solamente vamos a esperar a las elecciones de 2027, la gente va a estar peor”.

La advertencia más fuerte de Yofra apuntó al riesgo de que la bronca social quede sin conducción. “No sé cómo va a reaccionar la gente, para que nosotros podamos coordinar esa bronca y no que se desate una bronca por falta de representatividad”, planteó. Luego trazó una comparación con la crisis de 2001: “Ojalá que no, porque sabemos cómo termina, sabemos cómo terminó en el 2001, con 38 muertos”.

El jefe aceitero también criticó a la oposición política y al peronismo por sus disputas internas. “La sociedad necesita saber cuál es la otra parte, la propuesta y el programa que tienen para poder salvar este país”, afirmó. Para Yofra, las diferencias entre dirigentes sindicales y políticos aparecen desconectadas de la urgencia social que atraviesan los trabajadores.

“Fijate una persona que cobra menos de 800 mil pesos, que está indigente trabajando o pobre trabajando, y ve las peleas que tienen los políticos, las diferencias que hay entre los sindicalistas. ¿Vos creés que realmente le importa eso?”, preguntó. La frase sintetiza uno de los ejes de su planteo: el deterioro del salario convirtió al trabajo en una condición insuficiente para salir de la pobreza.

La crítica a la CGT no es nueva. En enero, cuando todavía se discutía el avance de la reforma laboral, Yofra ya había reclamado una respuesta inmediata y había anticipado que Aceiteros iría a la huelga si el Congreso trataba la iniciativa. Entonces cuestionó a la conducción cegetista por apostar al diálogo institucional mientras el oficialismo avanzaba sobre derechos laborales.

Ahora, medio año después, su diagnóstico es más amplio. Ya no habla sólo de la reforma laboral, sino de empresas cerradas, despidos, caída del consumo, salarios insuficientes y falta de representación política. También cuestiona la idea de esperar una salida electoral mientras los sectores más vulnerables soportan el ajuste.

“Los tiempos de los más vulnerables no son los mismos tiempos de los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos”, sostuvo. Para Yofra, esa distancia obliga a las organizaciones gremiales a acelerar una respuesta. “Tenemos la obligación y la posibilidad histórica de salir a enfrentar a este Gobierno y a todos los gobiernos que quieran avanzar sobre las clases trabajadoras”, afirmó.

El dirigente aceitero también apuntó contra la falta de diálogo entre el Gobierno y la CGT, pero lo vinculó directamente con la ausencia de medidas de fuerza sostenidas. “No tiene ningún tipo de diálogo con la CGT, creo yo, producto de que no hay medida de fuerza”, dijo. Según Yofra, el Gobierno “redobla la apuesta” cada vez que las huelgas aparecen de manera esporádica.

En esa línea, cuestionó la confianza en una negociación que, según él, ya fracasó. “La CGT intentó por todos los medios llegar al Gobierno. Ahora no hay diálogo. El Gobierno avanzó por la reforma laboral y hoy tenemos muchos lugares donde los empresarios la están aplicando”, afirmó.

Yofra cerró con una definición de pertenencia de clase. “Si nosotros seguimos pensando que va a venir alguien de afuera, o un mesías político, estamos equivocados”, dijo. Y agregó que muchos legisladores “nunca trabajaron bajo patrón” o responden a intereses empresarios. “Nosotros tenemos esa responsabilidad de salir a defender a nuestra clase”, concluyó.

JJD

“Hay una política de exterminio con los jubilados. Nos bajan el salario todos los meses al dejar el bono congelado y nos quitan los medicamentos gratis. Pero no es solo hacia nosotros, es también hacia los discapacitados. Sobramos y nos quieren exterminar”, afirma Daniel, docente jubilado de la Provincia de Buenos Aires, mientras sus compañeros de Jubilados Insurgentes golpean cacerolas en la esquina de Callao y Corrientes. Como todos los miércoles, los jubilados se acercan al Congreso para protestar por el derrumbe de sus haberes, pero esta vez las fuerzas de seguridad no los reprimen. Esta vez, después de casi tres años de protestas, hay sindicatos marchando junto a ellos.

Como parte de la primera medida del plan de lucha anunciado por las principales centrales obreras del país, la CGT, las dos CTA, organizaciones de izquierda y peronistas marcharon al Congreso en reclamo de un aumento de los haberes jubilatorios, el acceso a una moratoria previsional y la devolución de los medicamentos gratuitos. Movilizaron columnas de La Cámpora y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), de la Mesa Ecuménica de la Paz y de Camioneros: un mosaico de fuerzas opositoras que pretende acompañar, a partir de ahora, todos los miércoles a los jubilados.

La CGT fue quien encabezó la columna. Sus tres secretarios generales, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), participaron de la marcha, dieron la vuelta a la plaza frente al Congreso, se quedaron una hora y después partieron por caminos separados. “Los jubilados no son un pasivo, sino trabajadores que han dado todo y que necesitan un Estado presente que no los está considerando”, destacó Sola en la previa, asegurando que este era solo el “primer paso” del plan de lucha y reivindicando la “unidad” entre sindicatos que “hace mucho que no se venía dando”.

“Al menos vinieron, yo pensé que después del regalo del Gobierno el otro día no iban a venir”, deslizó, en cambio, un dirigente peronista que movilizaba a unos metros, aludiendo al decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial que benefició a los sindicatos flexibilizando el tope fijado en la reforma laboral a los aportes que los empleadores hacen a los sindicatos.

No era el único dirigente que masticaba desconfianza mientras caminaba, codo a codo, con la central gremial: en las columnas de izquierda e, incluso, en las más kirchneristas predominaba la impugnación de que una movilización no era suficiente, que había que ir a un paro general. “Mucho más que acompañar un día hay lo que se necesita es un plan de lucha para derrotar la política de Milei. Plan de lucha y paro general”, destacó Nicolás del Caño, diputado del FIT que marchaba a una distancia prudencial de la columna de la CGT.

“Ojalá este sea el principio de la resistencia y no una marcha más para acompañar a los jubilados, sino que sea la profundización de una resistencia contra un gobierno tan dañino y que le hace mal a millones de argentinos”, sumó Pablo Moyano, el secretario adjunto de Camioneros, y agregó: “Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”.

En la CGT piden mesura, y advierten: “Es el primer paso”. Todavía nadie quiere hablar de paro general en la central de la calle Azopardo, pero sí hubo un cambio en la línea oficial: los dirigentes de la CGT aseguran que “el clima social cambió” y que la inmovilidad de la primera parte del año se había terminado. Que había comenzado una nueva etapa.

El plan de lucha

Los triunviros tomaron la decisión de avanzar con un plan de lucha contra Milei en la sede de Azopardo junto a un conjunto de gremios más combativos, como las dos CTA, ATE (trabajadores del Estado) y la CATT (Transporte), y las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La marcha con los jubilados fue el acto de lanzamiento de una serie de acciones de protesta que continuarán el resto del año, casi todas las semanas, con el objetivo de mantener una conflictividad social activa.

“La CGT va a continuar acompañando los conflictos sociales”, aseguró Sola, en la plaza, y en su entorno ponen el ojo en la movilización que se llevará a cabo, junto a los movimientos sociales, para el 7 de agosto por el Día de San Cayetano. Antes, sin embargo, los sindicatos también acompañarán el paro docente del 3 de agosto con una movilización –todavía no se definió a dónde– si el Gobierno no cierra antes un acuerdo con los gremios.

La CTA, junto al bloque peronista del Congreso, analiza convocar también una gran movilización para el 6 de agosto, que es el día que el oficialismo busca sesionar para intentar aprobar, por quinta vez consecutiva, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El peronismo busca hacer de la resistencia a la extranjerización de las tierras una bandera contra Milei y espera sumar presión para voltear el capítulo cuando vuelva a tratarse en el recinto.

“Hay determinación de las tres centrales sindicales de acompañar cada uno de los conflictos para evitar que queden encapsulados”, aseguró Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional que viene trabajando con los triunviros en la agenda de lucha. Yasky apuesta a construir un “cordón solidario” con varios gremios para intervenir en cada situación de conflictividad social, sean despidos, paritarias o reclamos sectoriales (como el de los jubilados). El objetivo es que haya siempre una presencia constante en cada reclamo, aunque sea con un puñado de delegados, para evitar la represión o que la protesta se desinfle.

La gran apuesta, sin embargo, será convocar a una gran marcha federal para septiembre y cerrar, en octubre, con un paro general. En la CGT todavía no están de acuerdo, pero el resto de los sindicatos confía en que, cuando llegue el momento, se plegarán.

“Estamos entrando en periodo electoral, y la CGT va a jugar fuerte. No se van a quedar mirando desde afuera. Estamos entrando en el último período: es el último momento para no quedar mal”, manifiesta, desafiante, un referente sindical.

MCM/MG

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realiza este miércoles una protesta nacional con cortes de rutas, puentes y accesos en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo. La medida cuenta con acompañamiento de la CGT y las dos CTA y forma parte de un plan de lucha más amplio contra el gobierno de Javier Milei.

La organización no difundió con anticipación los puntos de concentración ni los horarios precisos. La decisión busca que la protesta tenga impacto y evitar que las fuerzas de seguridad se anticipen con operativos en los accesos. El Gobierno, por su parte, advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes.

El conflicto tiene un dato central: más de 930.000 personas perderán el ingreso mensual del programa Volver al Trabajo, una prestación de $78.000 que funciona como piso mínimo para trabajadores de la economía popular. No se trata de un salario completo, sino de una base sobre la que muchas personas organizan otros ingresos de supervivencia: changas, tareas domésticas, cuidados de personas mayores, cartoneo, agricultura familiar y otros trabajos informales.

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sostuvo que la baja del programa deja sin ingresos a “los trabajadores más humildes” y advirtió que el recorte también impactará en los circuitos comerciales de cercanía. “Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”, señaló.

Ese punto permite leer la protesta más allá del corte de calles. El Volver al Trabajo no sólo funcionaba como transferencia directa a hogares de bajos ingresos. También sostenía parte del consumo cotidiano en barrios populares, donde esos $78.000 podían volver rápidamente a comercios de cercanía, transporte, alimentos o deudas pequeñas.

La UTEP agrupa a trabajadores de la economía popular, un universo que no entra plenamente en el empleo asalariado formal pero que produce ingresos todos los días. Son personas que hacen changas, limpian casas, cuidan adultos mayores, recuperan residuos, trabajan en comedores, cooperativas, huertas, ferias, tareas comunitarias o actividades autogestionadas. El recorte golpea justamente a quienes ya estaban fuera del trabajo registrado y usaban ese ingreso como sostén mínimo.

El Gobierno decidió avanzar con el cierre definitivo del programa después de que la Cámara Federal de San Martín revocara una cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantenerlo. La cartera que conduce Sandra Pettovello busca reemplazar ese esquema por vouchers de capacitación laboral.

La decisión implica para las organizaciones sociales la quita de ingresos sin ofrecer una alternativa concreta de empleo. Duarte advirtió que dejar a casi un millón de personas sin los $78.000 mensuales es también un llamado de atención para gobernadores e intendentes, porque el impacto se sentirá en cada territorio. “Si no hay salario para los más humildes no va a haber paz social para ningún gobierno”, afirmó.

La protesta se suma a la reactivación del plan de lucha de las centrales obreras después del Mundial. La CGT convocó junto con las dos CTA y la UTEP a marchar este miércoles con los jubilados frente al Congreso, bajo la consigna “Hacé como el Diego, marchá con los jubilados”, en un spot que utiliza la figura de Diego Maradona como símbolo popular.

La movilización con jubilados es el primer paso de una secuencia de protestas. El 7 de agosto, Día de San Cayetano, la UTEP y organizaciones sindicales volverán a movilizar desde el santuario de Liniers hacia Plaza de Mayo bajo la consigna histórica de paz, pan, tierra, techo y trabajo.

El cronograma también contempla una marcha federal frente a la Casa Rosada y un paro general, aunque la CGT todavía no definió fecha. Antes de esa instancia, las centrales prevén acompañar conflictos sectoriales, realizar asambleas, movilizaciones y acciones coordinadas para acumular fuerza contra la política económica del Gobierno.

El conflicto por el Volver al Trabajo muestra una de las zonas más frágiles del mercado laboral argentino. Para los trabajadores registrados, la discusión suele pasar por paritarias, despidos o condiciones de convenio. Para la economía popular, el problema es todavía más básico: cómo sostener un ingreso mínimo cuando no hay empleo formal suficiente y el Estado retira una transferencia que funcionaba como piso de supervivencia.

El Gobierno presenta la baja del programa como parte de su política de ajuste y reordenamiento de la asistencia social pero para los movimientos sociales es un recorte directo sobre trabajadores pobres, en un contexto de caída del consumo, informalidad elevada y aumento de las dificultades para completar ingresos.

JJD

La CGT, junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el Congreso Nacional, como lo viene haciendo grupos de jubilados desde hace varios meses.

Antes, y bajo una fuerte tensión con las fuerzas de seguridad, la UTEP, junto a otras organizaciones sociales, realizó cortes en reclamo por el cierre del programa “Volver al Trabajo”.

Pasadas las 10, Bomberos de la Policía Federal intentaban apagar el fuego de neumáticos encendidos por los manifestantes en el Puente Pueyrredón, mientras la Prefectura avanzaba sobre la gente y reprimía con gases y pintura amarilla. Uno de los damnificados fue Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

Tras la intervención de fuerzas federales en Puente Pueyrredón, desde la UTEP repudiaron “la brutal represión contra quienes se movilizaron para reclamar trabajo y dignidad. La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo”, postearon junto a un video desde su cuenta de X.

Por su parte, el dirigente Eduardo Belliboni, blanco directo de la represión, escribió: “La infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestacion de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos. A metros de la estación Darío y Maxi ¡COBARDES! VIVA LA LUCHA PIQUETERA”.

La protesta se desarrolla bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

La convocatoria junto a las dos CTA y a la UTEP busca dar una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo, según destacaron voceros de la central sindical.

La movilización marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará en las próximas semanas con nuevas movilizaciones, entre ellas el 7 de agosto a San Cayetano, y no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

En la previa, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo en declaraciones radiales que la central obrera no acompaña “ninguna ley que presente el Gobierno”, porque “se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad”.

“La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT, que ha decidido un plan de acción, conjuntamente con las otras dos centrales sindicales, que son la CTA y la UTEP, que va en escala y arranca con el acompañamiento a todos los jubilados que se movilizan los miércoles”, sostuvo.

En declaraciones a Radio Del Plata, Jerónimo aclaró que hay “un montón de cosas que están sucediendo en la Argentina que tienen un impacto negativo en la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos viendo cómo se siguen cerrando empresas, se siguen perdiendo puestos de trabajo, y la verdad que nosotros rechazamos el modelo económico que solamente privilegia a los que más tienen”.

Como consecuencia de la movilización, se espera que durante la tarde se registren importantes restricciones al tránsito en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del centro porteño, mientras que también podrían producirse cortes parciales y desvíos en distintos puntos del país.

La Confederación General del Trabajo (CGT) pone en marcha una nueva etapa de su plan de acción contra el gobierno de Javier Milei. Este martes se reúne en la sede de Azopardo 802 la comisión encargada de organizar el esquema de paros sectoriales y rotativos que la central prevé desplegar a partir de agosto, en sintonía con los sectores más combativos del sindicalismo, que vienen reclamando una respuesta más contundente frente a la reforma laboral y el ajuste económico.

La mesa organizativa está integrada por representantes de las principales confederaciones sindicales —industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones— junto con dirigentes de la CGT y de las dos CTA. El esquema que se debate se inspira en el llamado “modelo francés”, aplicado en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de un paro general único, se coordinan medidas de fuerza por sector que se van alternando semana a semana —trenes, energía y refinerías una semana; recolección de residuos, educación y transporte urbano la siguiente— hasta desembocar en una medida de alcance nacional. Entre los ejes que se pondrán sobre la mesa figura también la posibilidad de movilizarse hasta el Banco Central para exponer el nivel de endeudamiento de los trabajadores.

Además de los paros sectoriales, la central busca sumar respaldo a las luchas ya instaladas en la agenda pública, como el reclamo jubilatorio, luego de comprobar la buena recepción que tuvo la participación gremial en esas convocatorias.

También se definió convocar a las regionales del interior y a un plenario de secretarios generales para convalidar las acciones futuras. “Es la continuidad de un plan de acción que inició la CGT hace más de dos años. Llevamos cuatro paros generales y más de quince marchas”, sostuvo el cotitular cegetista Jorge Sola, quien remarcó que la escalada desembocará en un nuevo paro general, aunque todavía sin fecha definida por razones “tácticas”.

La presión sindical se monta sobre un cuadro económico que sigue golpeando al empleo industrial. En las últimas horas se confirmó el cierre definitivo, a partir del 17 de julio, de la planta de calzado deportivo que la firma Dass opera en Eldorado, Misiones, con la consiguiente pérdida de 150 puestos de trabajo, según informó el delegado gremial y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), Gustavo Melgarejo. La fábrica, que en 2015 llegó a emplear a 1.500 personas en tres turnos, es apenas un caso más entre los cierres y despidos que vienen alimentando el reclamo de los sectores más duros del sindicalismo —camioneros, aceiteros y estatales, entre otros— por acelerar el ritmo de las medidas frente a la conducción cegetista, históricamente más cautelosa a la hora de convocar a un paro general.

El reacomodamiento del plan de lucha se da en paralelo a una batalla judicial sobre la reforma laboral. La Justicia suspendió la aplicación de artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802) que afectaban la denominada “caja sindical” tanto en el convenio del Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, como en el de la Unión de Trabajadores del Vidrio, que lidera el cotitular cegetista Cristian Jerónimo. Ambos fallos dejaron sin efecto restricciones a los aportes solidarios y a los fondos de capacitación que la reforma había limitado. El Gobierno, sin embargo, ya anunció que apelará ambas sentencias, en momentos en que la CGT extiende esa estrategia de impugnación judicial a otros gremios.

El calendario de las protestas está condicionado por dos hitos que la dirigencia sindical sigue de cerca: el fin del Mundial de fútbol, previsto para el 19 de julio, y la eventual llegada del papa León XIV a la Argentina, esperada para septiembre u octubre. De hecho, trascendieron gestiones reservadas entre la CGT y el Vaticano en las últimas semanas. Con ese trasfondo, agosto aparece como el mes en que las medidas de fuerza sectoriales empezarían a tomar forma concreta.

MC

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este jueves que avanza en la organización de un paro general junto con las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida para la medida de fuerza. La decisión fue adoptada tras una reunión del Consejo Directivo de la central sindical, que también resolvió poner en marcha un plan de acción escalonado con asambleas, manifestaciones y otras protestas antes de convocar a la huelga.

El encuentro se realizó en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde la conducción analizó la situación política y laboral luego del avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el integrante del triunvirato de conducción Jorge Sola, acompañado por Octavio Argüello, del gremio de Camioneros, y Horacio Arreceygor, del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).

Sola explicó que la fecha del paro aún no fue fijada por razones “tácticas y estratégicas” y señaló que las próximas definiciones quedarán en manos de mesas de acción integradas por representantes de la CGT y de las dos CTA.

Además de la convocatoria a un paro general, la conducción sindical buscará organizar una gran marcha federal que reúna a distintos sectores enfrentados a las políticas del Gobierno nacional.

“Queremos construir un proyecto político a favor de los trabajadores. Queremos que el día de mañana cada dirigente que se postule sepa que no puede ir contra los empleados”, sostuvo Sola durante la conferencia de prensa.

El dirigente también convocó a ampliar la base de la protesta y aseguró que el objetivo es confluir con todos los sectores que, según la CGT, se vieron afectados por las políticas oficiales.

“Discapacitados, jubilados, estudiantes... queremos que todos se unan a este plan de acción”, expresó.

Con información de la agencia NA

La Justicia ratificó la vigencia de toda la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La decisión vuelve a poner en funcionamiento artículos que la CGT había impugnado por considerar que afectaban derechos laborales y sindicales. Para los trabajadores, el fallo cambia otra vez el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación.

La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, resolvió revocar la medida cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Para la magistrada, “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, debido a la amplitud de temas incluidos en la reforma.

El movimiento judicial favorece al Gobierno en dos planos. Primero, porque restituye la vigencia completa de la ley. Segundo, porque consolida el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo, una estrategia que el Ejecutivo había impulsado desde el inicio. La Casa Rosada había sostenido que la causa debía tramitarse allí por tratarse de una discusión sobre la validez de una ley nacional, y no en los tribunales laborales, donde la CGT había obtenido la cautelar.

Marra Giménez ya se había declarado competente el 10 de abril y había reclamado el expediente principal al fuero laboral. El 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar que suspendía los artículos cuestionados. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la jueza y cerró la disputa entre fueros. La remisión de cerca de 20 causas e incidentes vinculados al expediente principal terminó de ordenar el caso bajo la órbita contencioso administrativa.

Ese recorrido procesal explica por qué una jueza de primera instancia pudo dejar sin efecto una cautelar dictada por otro juzgado. Marra Giménez no actuó como tribunal de alzada del fuero laboral, sino como jueza del expediente después de que la competencia pasara al fuero Contencioso Administrativo. La revisión de la cautelar quedó atada a esa mudanza de fuero: si el caso hubiera continuado en la Justicia laboral, la vía para discutir la suspensión habría sido la Cámara del Trabajo. Con la competencia ya ratificada en el Contencioso Administrativo, la jueza quedó habilitada a resolver si mantenía o levantaba la medida provisoria.

La CGT había planteado que varios artículos de la reforma vulneraban principios protegidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: protección laboral, libertad sindical, tutela judicial efectiva, no discriminación y progresividad de los derechos sociales. El juez laboral Raúl Ojeda había considerado que existían indicios suficientes para suspender preventivamente la aplicación de esos artículos mientras se discutía la cuestión de fondo. También había señalado que la aplicación inmediata podía producir efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes.

La jueza contenciosa no resolvió si la reforma es constitucional o no; sostuvo que ese debate exige un análisis de fondo y que mantener la cautelar implicaba adelantar opinión. Ese punto resulta decisivo para los sindicatos: la discusión sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta, pero la norma vuelve a regir mientras el proceso avanza. En los hechos, la carga se desplaza hacia los trabajadores y sus organizaciones, que deberán sostener la impugnación con la ley ya activa.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano había resaltado la semana pasada la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de dejar sin efecto la cautelar requerida por la CGT, subrayando que para el gobierno de Milei la Ley de Modernización Laboral “resulta una herramienta fundamental” para crear empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

El fallo devuelve vigencia a puntos que ya habían abierto litigios en distintas jurisdicciones. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, por considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo N°3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite, con el argumento de que podía reducir el monto que cobran los trabajadores después de años de litigio.

Uno de los cambios más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del llamado banco de horas. Ese esquema permite compensar horas trabajadas de más con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Los sindicatos advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

Una indemnización pagada en cuotas, un crédito judicial actualizado a la baja o una jornada más flexible para la empresa afectan ingresos que suelen destinarse a alquiler, alimentos, servicios, transporte y cuidado. La disputa legal avanza sobre derechos que organizan la capacidad de defensa de quienes dependen de un salario.

El expediente seguirá abierto y la discusión de fondo todavía no tiene resolución. Pero la decisión de Marra Giménez produce un efecto inmediato: los artículos cuestionados recuperan vigencia mientras la CGT y otros actores laborales continúan la pelea judicial. Para los trabajadores, la reforma vuelve a regir en un mercado laboral atravesado por pérdida de poder adquisitivo, gastos fijos al alza y mayor incertidumbre sobre las condiciones de contratación y defensa de sus ingresos.

JJD

La Corte Suprema de Justicia dictó este mediodía una resolución de alto impacto político y jurídico al rechazar el recurso de per saltum interpuesto por el Poder Ejecutivo por la reforma laboral. El Gobierno buscaba que el máximo tribunal interviniera de forma directa para definir la constitucionalidad de la norma, actualmente atravesada medidas cautelares y reglamentaciones a media.

Con la firma de sus tres ministros  Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal consideró que el planteo oficial no cumple con los requisitos excepcionales que exige la ley para habilitar el “salto de instancia”. Según el fallo, al que tuvo acceso elDiarioAR, la Corte observó que no se dan las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual requiere que se trate de una causa de “notoria gravedad institucional” donde la solución definitiva sea de “plazo perentorio”.

“Se declara inadmisible el recurso interpuesto. Notifíquese y archívese”, reza el breve pero contundente despacho que devuelve la discusión al terreno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para el máximo tribunal no haría falta la instancia porque la Cámara del Trabajo ya ordenó que el expediente se tramite en lo contencioso administrativo.

La batalla judicial comenzó poco después de que el Poder Ejecutivo impulsara un ambicioso paquete de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que incluye la extensión del período de prueba, la modificación del régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y límites a la cuota sindical.

La CGT judicializó el capítulo laboral de la reforma mediante una acción declarativa. En primera instancia y posteriormente en la Cámara, el sector gremial obtuvo fallos favorables que suspendieron la aplicación de los artículos más sensibles de la reforma, argumentando que vulneraban derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero en abril pasado la Cámara del Trabajo repuso la vigencia plena de la reforma laboral, que había sido dejada sin efecto por una medida cautelar contra 83 artículos, a pedido de la CGT. Esta semana fue reglamentado el RIFL, un régimen de incentivo para los empleadores.

Ante la parálisis de su plan de reformas, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro intentaron la vía del per saltum. El objetivo era evitar el “desgaste” de la revisión en la Cámara de Apelaciones y obtener una sentencia definitiva de la Corte que diera seguridad jurídica a las empresas para comenzar a aplicar el nuevo régimen.

El caso regresa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los jueces de dicha cámara deberán ahora dictar una sentencia de fondo sobre si la reforma es constitucional o no. Ahora el Ejecutivo recibió un mensaje político de la Corte.

MC

Con salarios que pierden poder de compra, gastos fijos en alza y una reforma laboral proempresa aún vigente, Omar Maturano redobló la presión sobre la CGT y pidió endurecer la respuesta sindical frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de La Fraternidad reclamó un plenario nacional de gremios y cuestionó una estrategia que distintos sectores sindicales consideran débil y dubitativa.

“Parar también es protestar”, dijo Maturano en una entrevista con Rayos X, por Radio 10. La frase marcó el tono de su intervención. El dirigente ferroviario sostuvo que “me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo ante lo que se está viviendo” y pidió que la central obrera discuta una respuesta nacional con todos los sindicatos del país.

Maturano no cuestionó la protesta callejera, pero advirtió que las marchas aisladas pueden perder fuerza si no se integran a una estrategia sindical más amplia. “Tantas marchas, la misma gente se cansa”, sostuvo. En su diagnóstico, el problema no es solo la cantidad de movilizaciones, sino la falta de una definición política y gremial sobre cómo enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

El planteo llega después de un 1º de Mayo atravesado por el malestar social y gremial. Maturano apuntó contra la conducción de la CGT y dijo que “parece que no pasara nada”. También enumeró reclamos concretos: paritarias libres, rechazo a despidos y suspensiones, defensa de la salud pública, de las obras sociales, de la educación y de los jubilados.

Los datos acompañan parte de ese diagnóstico. La inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año y el IPC de marzo fue de 3,4%. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo, con ingresos que siguen sin acompañar la suba de precios.

El salario perdió terreno frente a precios que no se concentran solo en alimentos: alquiler, servicios, transporte y educación ocupan una parte creciente del presupuesto familiar. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

Ese peso sobre los hogares aparece también en el consumo. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en marzo una caída interanual del 2,6%, pese a una suba mensual del 0,7%. En el primer trimestre, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. El informe vinculó esa caída con el deterioro del ingreso real de los trabajadores, incluso entre asalariados formales.

Maturano ubicó esa pérdida material en una disputa más amplia. “Para mí es una pelea de clase”, dijo. Según el dirigente, el Gobierno busca retroceder a una Argentina previa a 1943, con “10 por 100 de ricos” y “90 por 100 de pobres”. La lectura del ferroviario enlaza el ajuste económico con una discusión histórica sobre derechos laborales, salario, sindicatos y representación política de los trabajadores.

La Fraternidad es uno de los gremios históricos del país. Fue constituida el 20 de junio de 1887 por maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste como sociedad de ayuda mutua. Hoy agrupa principalmente a conductores de trenes y maquinistas ferroviarios. Ese origen aparece en el discurso de Maturano cuando reclama “herramientas de trabajo” y una presencia mayor de los trabajadores en las decisiones políticas.

El secretario general de La Fraternidad también cuestionó que la CGT concentre las definiciones en un grupo reducido de dirigentes. Según dijo, en la reunión del secretariado participan 45 sindicatos, pero en el país existen aproximadamente 252 sindicatos. Por eso propuso convocar “a un plenario de secretarios generales de todo el país” para que cada gremio pueda hablar, opinar, votar y definir cómo enfrentar el modelo económico.

El reclamo interno apunta a cambiar el método de decisión de la CGT: Maturano pide que la respuesta no salga solo del secretariado, sino de un plenario federal de gremios. La propuesta aparece mientras algunos sectores sindicales miran al Frente de Sindicatos Unidos como posible espacio de presión interna, con antecedentes históricos como el MTA durante los años noventa.

La discusión sindical también se cruza con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Justicia suspendió provisoriamente 82 artículos tras una presentación de la CGT y abrió una disputa constitucional que continúa en trámite. El planteo de la central obrera cuestionó artículos por considerar que afectan la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Maturano no rechaza la vía judicial, pero la considera insuficiente. “No solamente ir a la justicia es la única forma de oponerse a este gobierno”, afirmó. Esa diferencia marca el centro de su crítica: la CGT logró frenar parte de la reforma en tribunales, pero el dirigente reclama que esa estrategia se complemente con medidas gremiales y organización territorial.

El avance judicial tuvo efectos concretos. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión preventiva de artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial, tras considerar que la aplicación inmediata podría generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. En Córdoba, otro tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, al entender que desnaturalizaba el carácter alimentario del crédito laboral.

El conflicto por la reforma laboral convive con un debate regional sobre tiempo de trabajo. México fijó la jornada máxima en 40 horas semanales con implementación gradual hasta 2030, sin reducción salarial, mientras la Argentina mantiene el límite general de 48 horas. En contraste, la reforma aprobada en el país incorporó el “banco de horas”, cuestionado por sindicatos porque puede alterar la previsibilidad de la jornada y desplazar el pago de horas extra.

Maturano también dirigió sus críticas a la oposición política. Cuestionó al PJ, al radicalismo y al socialismo, y reclamó participación de los trabajadores en la elaboración de listas y programas. “¿Qué estamos pensando en los candidatos si no tenemos un plan cultural, un plan social, un plan político, un plan económico?”, preguntó. Para el dirigente, el movimiento obrero no puede quedar reducido a acompañar candidaturas definidas por otros sectores.

El mensaje de Maturano deja a la CGT ante una presión doble: defender derechos laborales en los tribunales y resolver si transforma el malestar salarial en una medida de fuerza nacional. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, el encarecimiento de la vivienda y la reforma laboral trazan el terreno sobre el que esa discusión sindical ya empezó.

JJD

La ex albertista Victoria Tolosa Paz se junta con el massista Guillermo Michel y el operador porteño Juan Manuel Olmos, y lanza un nuevo espacio peronista desde Parque Norte. La CGT moviliza a Plaza de Mayo y dice que quiere armar un gran frente nacional para desafiar a Javier Milei y que no descarta que esté el pastor Dante Gebel. Axel Kicillof moviliza a los intendentes bonaerenses al Ministerio de Capital Humano por fondos para alimentos, y se prepara para desembarcar en Córdoba. Máximo Kirchner impulsa la agenda “Cristina Libre”, viaja a Santa Fe y despotrica contra quienes dicen que Cristina Fernández de Kirchner no es la conducción del peronismo.

La hiperactividad del panperonismo en la última semana es un síntoma. El sistema político toma nota de que Milei puede no reelegir el año que viene, y se mueve en consecuencia. Mira encuestas y ensaya estrategias. Que si hay que apostar a la polarización y diseñar un gran frente anti Milei anclado en una idea progresista y desarrollista del Estado. Que sí, en cambio, hay que ofrecer un candidato de centro que recupere para el peronismo la bandera del déficit cero.

Los hay, especialmente dentro del massismo, quienes ya empiezan a hablar de la necesidad de instalar un candidato de “derecha” que divida el voto libertario. La aritmética es similar a la que se ensayaba en 2023, cuando Sergio Massa financió y organizó la candidatura de Milei para romper el voto de Patricia Bullrich. “Tenés un 35% (del electorado) en el polo de derecha y un 35% del polo peronista o progresista. En el medio hay un 20% que no vota y un 10% que define la elección. Nosotros tenemos que poner un candidato de centro que seduzca a ese 10% y poner a otro que rompa el voto del otro lado”, explica, como quien repite una receta para hacer pan, un dirigente de peso del peronismo. 

Esta estrategia escandaliza a un sector del kicillofismo, pero no a muchos más. Nunca lo reconocerían en público, pero gran parte del cosmos panperonista reivindica la decisión de haber avanzado con una ingeniería política que derivó, finalmente, en el triunfo electoral de Milei. “No salió mal, salió bien. Si no lo hubiéramos hecho hoy estaría gobernando Patricia y nosotros estaríamos todos presos”, señala un dirigente que estuvo detrás de la estrategia. 

Existe un sector del sindicalismo peronista, incluso, que especula con que la instalación del pastor influencer, Dante Gebel, podría robarle votos por derecha a Milei. Algunos, como el triunviro Cristian Jerónimo, deslizan la posibilidad de sumarlo a una gran PASO junto a Axel Kicillof. En el massismo y el cristinismo, sin embargo, niegan estar detrás de su instalación. Agarran las encuestas que le llegan todas las semanas y las esgrimen como prueba irrefutable: Gebel mide menos de 10 puntos, arrastra un elevado nivel de imagen negativa y no funciona como ariete para romper el voto libertario. 

A quien sí miran con interés es a la vice Victoria Villarruel, que viene coqueteando con un sector del peronismo históricamente anti cristinista que, en el último año, devino en anti kicillofista. Es el círculo de Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto, que retomaron el diálogo con Cristina Fernández de Kirchner y pretenden instalar un candidato de “centro” que le compita a Kicillof. Una posibilidad que CFK no mira con malos ojos.

Las tribus

“Vamos a ganar las elecciones. El tema es qué hacemos hasta que esto (el peronismo) se ordene”, se entusiasma un dirigente peronista de peso que dialoga con los tres principales socios actuales del panperonismo: CFK, por un lado, Kicillof, por el otro, y Massa, como articulador entre los dos frentes. 

La lógica tripartita que rigió durante los últimos tres años comenzó a mutar, sin embargo. La ilusión de la victoria tiene un efecto ordenador: lo que antes era una atomización dirigencial que giraba alrededor de tres vértices de poder, hoy busca reordenarse para acumular poder y sentarse en la mesa de negociación. 

Es el caso, por ejemplo, del lanzamiento en Parque Norte de un espacio de centro que incluye a ex albertistas, como Tolosa Paz y Olmos, massistas que quedaron molestos tras el cierre de listas en sus provincias, como Michel, y referentes territoriales del interior que se muestran “hartos” de la interna bonaerense entre La Cámpora y Kicillof. Este espacio, que aún no tiene ni nombre ni candidatos, apuesta a mostrarse como una opción market friendly que dispute lugares en la mesa donde se defina la estrategia electoral. 

No son los únicos. Massa, que nunca estuvo quieto, comenzó a instalar la posibilidad de su candidatura. Un sector del peronismo que le responde fantasea con la posibilidad de lanzarse con el respaldo de CFK, quien está en la búsqueda de un candidato que le haga frente a Kicillof. Ya se anotó en la competencia el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. 

Preocupada por su situación judicial, que cree que solo podrá empeorar a menos que el peronismo gane las elecciones en 2027, CFK los deja hacer. “Cristina les dice a todos que corran, pero no eligió un candidato todavía. Todavía Axel puede llamarla y cerrar un acuerdo”, desliza una dirigenta bonaerense cercana a la ex presidenta que espera, como muchos en el cristinismo no camporista, que el gobernador bonaerense levante el teléfono y llame a CFK para ponerle un fin a la guerra fría. 

La interna bonaerense

La Cámpora, mientras tanto, también trabaja en instalarse. Máximo Kirchner viajó a Santa Fe cuando Kicillof estaba encabezando la primera reunión del PJ bonaerense, y señaló en una reunión privada que CFK era la conducción del peronismo. Un mensaje que llegó apenas un par de días después de que se filtrara el comentario de Mayra Mendoza sobre la intervención quirúrgica al ministro de Gobierno, “Carli” Bianco, en el chat de intendentes: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

El mensaje de la ex intendenta de Quilmes cayó pésimo en el peronismo, incluso en algunos sectores de La Cámpora. Pero fue sintomático de una disputa interna por el liderazgo que no encuentra solución y que, según coinciden en la mayoría de las tribus peronistas, tiene tiempo hasta diciembre para empezar a resolverse. Una interna, además, que no se traduce solo en las candidaturas, sino en las estrategias. Como cuando Bianco cuestionó la consigna de que lo que estaba proscripto era el peronismo, no Cristina, y en el cristinismo salieron a cruzarlo con fiereza.   

Kicillof, en público, intenta mantenerse al margen. Su mayor preocupación radica en la amenaza de que le estalle una crisis alimentaria y sanitaria en la recta final de su candidatura presidencial. Esta semana tuvo que suspender, por el recorte de la transferencia de fondos de Nación, el plan MESA, que asistía en materia alimentaria a 2 millones de bonaerenses. 

El gobernador bonaerense apuntó la responsabilidad contra el gobierno nacional y organizó una marcha de intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano en reclamo de mayores fondos. Pero existe, una preocupación creciente en La Plata sobre cómo la crisis y el ahogo financiero de la Nación puede repercutir, a mediano plazo, en PBA. “Es el momento más duro para Axel de los últimos seis años de gobierno. Sabemos que el próximo año va a ser muy malo, pero hay que anticiparse, tomar decisiones y comunicarlas”, explica, optimista, uno de los armadores de Kicillof.

No todos son así de optimistas.

MCM/MG

La Confederación General del Trabajo (CGT), que nuclea a los principales gremios del país, se movilizó este jueves frente a la Casa Rosada en rechazo al programa económico del presidente Javier Milei, en la antesala de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. La central obrera llamó a “ponerle limites a este modelo que excluye”. La protesta tuvo la adhesión de movimientos sociales y políticos, con distintos referentes del peronismo en el lugar.

Desde las primeras horas de la jornada, columnas de trabajadores comenzaron a concentrarse en la Plaza de Mayo, donde se montó el escenario para el acto central. Allí tomaron la palabra los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria, bajo la consigna “el trabajo es con derechos o es esclavo”, se desarrolló sin incidentes y reunió a trabajadores de distintos sectores, provenientes tanto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como del interior del país.

Hablaron Argüello, Jerónimo y Sola

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Argüello (Camioneros), Jerónimo (Vidrio) y Sola (Seguros). Pero antes habló un destacado cura villero, el Padre Lorenzo “Toto” de Vedia, el párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas. Se trata de un referente del Equipo de Sacerdotes para las villas quien no ahorró críticas contra el Gobierno y recordó a su referente, Jorge Bergoglio.

El siguiente orador fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general. No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha , que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el INDEC: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, desde integrantes de La Cámpora como la diputada nacional Paula Penacca, o Raquel Olmos, cercana a Juan Manuel Olmos. Hasta dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

¿Se viene un paro?

Esta protesta, que la CGT calificó como “masiva e ”histórica“, puede ser la antesala de un nuevo paro general, el quinto en la era libertaria. Dependerá del consenso interno pero, tal como admiten fuentes sindicales, de un clima social que los líderes cegetistas ven en plena ebullición.

La central obrera leyó un documento con duras críticas a la gestión nacional, en el que advirtió sobre un “retroceso” en las condiciones de vida y cuestionó el rumbo económico. El texto planteó que las políticas oficiales profundizan la desigualdad, favorecen a sectores concentrados y debilitan el empleo, al tiempo que alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la crisis en áreas sensibles como la salud.

También cuestionó la orientación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, actualmente bajo discusión judicial, al considerar que implica un recorte de derechos individuales y colectivos. En esa línea, la CGT ratificó que continuará las acciones legales para frenar su aplicación y sostuvo que las conquistas laborales “costaron organización y lucha”.

Entre otros puntos, el documento advirtió sobre la caída de la actividad económica en sectores como la industria, la construcción y el comercio, el freno a la obra pública y el crecimiento de la informalidad. Además, planteó que el modelo económico “divide al pueblo” y promueve la confrontación, en detrimento de la cohesión social.

En paralelo, la CGT mantiene abierta una disputa judicial contra la reforma laboral aprobada en febrero. Entre otros aspectos, la norma introduce restricciones al derecho a huelga, contempla sanciones a prácticas sindicales y habilita la posibilidad de retirar la personería jurídica a los gremios.

Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 24.000 empresas. Solo en 2025 se perdieron 88.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado y otros 18.600 en el ámbito público.

En ese contexto, también se registró un aumento del trabajo independiente, con 104.900 personas más bajo esa modalidad, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 43 %.

Con información de las agencias NA y EFE

Los trabajadores llegan al Día del Trabajador con un reclamo que une salario, derechos laborales y costo de vida. La CGT lanzó hace unas semanas la convocatoria a una movilización en Plaza de Mayo para hoy poniendo a los ingresos de las personas, cada vez más hundidos, en el centro de la protesta y un destinatario visible: el gobierno de Javier Milei.

La central obrera pidió marchar con una bandera argentina a partir de las 15 con la consigna “traé tu bandera argentina”.

La marcha coloca al trabajo registrado, el salario justo y los derechos laborales en el centro de la escena sindical. En la convocatoria, la CGT sostiene: “Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina”. También afirma que “el salario es dignidad y no variable de ajuste”. La frase ordena el sentido político de la movilización: el conflicto no gira sólo alrededor de una ley o de una disputa judicial, sino de cuánto vale el trabajo en una economía donde los ingresos pierden contra precios que siguen altos.

La central obrera llega a Plaza de Mayo después de una semana con novedades judiciales para la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el pedido del Gobierno para que la causa iniciada por la CGT contra la ley pase del fuero laboral al Contencioso Administrativo. Desde la CGT preparan una apelación y sostienen que el conflicto de competencia puede terminar en la Corte Suprema.

Ese expediente define más que un trámite entre fueros. La discusión judicial alcanza la vigencia de la reforma laboral impulsada por Milei. El 30 de marzo, la CGT obtuvo una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley hasta que se resolviera su constitucionalidad. Luego, el Gobierno apeló y consiguió dejar sin efecto esa suspensión, aunque la cuestión de fondo sigue sin resolución.

Para la CGT, el fuero laboral debe intervenir porque la reforma modifica relaciones entre empleadores y trabajadores. El Gobierno sostiene que corresponde el Contencioso Administrativo porque la demanda cuestiona una decisión del Estado. La disputa por el tribunal que debe resolver el caso se suma al rechazo sindical a una reforma que toca condiciones de contratación, organización del trabajo y derechos acumulados en convenios y leyes laborales.

La movilización también se monta sobre datos económicos que golpean a los hogares asalariados. En marzo, la inflación fue de 3,4% y acumuló 9,4% en tres meses. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo. Ese dato marca la distancia entre el costo mínimo de vida y los ingresos de muchos hogares que dependen de un salario.

El consumo muestra la misma tensión sobre el bolsillo. Un informe citado por elDiarioAR registró una caída interanual de 2,6% en marzo, una suba mensual de 0,7% y una baja acumulada de 2% en el primer trimestre de 2026. Cuando el consumo cae, el salario deja de ordenar la vida cotidiana y pasa a administrar recortes.

Los gastos fijos refuerzan ese deterioro. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres subieron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que el índice general de precios, que avanzó 209%. La suba de vivienda, gas, electricidad y agua achica el margen disponible para alimentación, transporte, salud y educación.

La crianza agrega otra presión sobre los hogares trabajadores. Según datos del Indec citados por elDiarioAR, el costo de criar a un hijo superó los $676.000 en marzo y volvió a subir en todos los tramos de edad. El componente de cuidado fue el más alto. Para una familia con hijos, el salario debe cubrir comida, alquiler, servicios y tareas de cuidado cada vez más caras.

La CGT busca leer esos datos desde una consigna laboral. “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, escribió la central obrera en la convocatoria difundida para la marcha. La elección de Plaza de Mayo le da al reclamo un destinatario directo: el Gobierno nacional y su política económica. Cuánto alcanza el salario frente a una canasta básica de más de $1,4 millones, alquileres que crecieron 423% desde diciembre de 2023 y un costo de crianza que ya supera los $676.000.

JJD

En conmemoración por el Día del Trabajador, la CGT organizó una marcha a Plaza de Mayo para este jueves, que tendrá el respaldo de movimientos sociales, culturales y políticos, con tono muy crítico a las políticas del Gobierno nacional. Las principales columnas ingresarán desde las 11 por Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y Avenida 9 de Julio. El acto principal de la central obrera está previsto para las 15 y se leerá un documento.

La CGT apuesta a realizar una movilización multitudinaria, a mostrar músculo y exhibir que su capacidad de aglutinar trabajadores se encuentra intacta. También, apuesta congregar a sectores perjudicados por la gestión de La Libertad Avanza, tal como mencionó Cristian Jerónimo, triunviro cegetista y Secretario General del SEIVARA (Sindicato de Empleados del Vidrio).

“La movilización va a ser multitudinaria”, anticipó en el marco de una jornada que será “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”, y que definió como “pacífica” y masiva.

En relación con la situación económica, eje de los reclamos de este jueves por parte de los manifestantes, Jerónimo afirmó que “el pueblo argentino la está pasando mal”, al tiempo que consideró una “falacia” los datos oficiales sobre mejora salarial y empleo, señalando que “la gente no llega a fin de mes y que crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”.

En ese marco, advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando”, sin descartar “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”. También, planteó que “tiene que construirse algo muy amplio”. El líder sindical lo mencionó en referencia a la necesidad de generar una alternativa política que supere al peronismo tradicional e incorpore a distintos sectores.

Existen distintas organizaciones detrás de ese objetivo. Una es la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que también prometió estar en Plaza de Mayo luego de diversas conversaciones con el triunvirato con quien mantiene una excelente sintonía.

La Iglesia, en tanto, tomó distancia: la cúpula eclesiástica no quiso formar parta de la jornada de protesta a pesar de la invitación cegetista. En la calle Azopardo lamentaron la decisión de la dirigencia en medio de un panorama económico crítico.

En relación a los servicios que funcionarán, el transporte será uno de los puntos clave de la jornada y podría presentar un funcionamiento irregular según la adhesión sindical. Los trenes, gracias al cese de actividades que anunció La Fraternidad, tendrán interrupciones.

Algunos sectores confirmaron que no tendrán funcionamiento normal, lo que impactará en distintos servicios: Recolección de residuos, atención en organismos públicos, correo y logística y dependencias estatales gracias a las medidas de retención de tareas de UPCN y ATE.

Para Jorge Sola, otro de los triunviros, la protesta de este jueves puede ser un primer paso hacia medida de mayor contundencia: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”.

Con informaciónnde agencias.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT contra el Estado por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá continuar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. La decisión implica un nuevo revés para la central sindical, que había intentado modificar la competencia del expediente.

El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, se alineó con la postura del Gobierno nacional. La resolución intervino para dirimir un conflicto de competencia entre distintos juzgados que habían emitido criterios contrapuestos sobre dónde debía tramitar la causa y estableció que debe seguir en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La definición se produce en un contexto de creciente tensión judicial. En los últimos días, la CGT avanzó con la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, quienes habían habilitado la vigencia de la reforma laboral al suspender una medida cautelar previa. La central sindical denunció un supuesto “intercambio de favores” con el Gobierno y planteó la nulidad de esa resolución, al tiempo que cuestionó la imparcialidad de los magistrados y el procedimiento adoptado.

El conflicto judicial se originó a partir de una cautelar dictada en primera instancia que había frenado la aplicación de la ley 27.802. Posteriormente, la Sala VIII otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que permitió que la norma recuperara vigencia. En paralelo, la CGT sostiene que la reforma introduce cambios regresivos en materia laboral, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de modernizar el sistema.

En su resolución más reciente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo cuestionó el trámite seguido por el juzgado laboral y consideró que el caso involucra aspectos que exceden el derecho del trabajo, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial. La discusión de fondo, no obstante, continuará su recorrido en distintas instancias y se prevé que termine siendo resuelta por la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusa con expresión de causa a los dos integrantes de la Sala VIII que el 23 de abril habilitaron la reforma laboral, luego de que fuera suspendida por una medida cautelar de primera instancia. La central obrera plantea además la nulidad absoluta de esa resolución.

La medida de la CGT va contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El viernes pasado en el Boletín Oficial el Ministerio de Justicia publicó la propuesta formal de mantener a Pesino en su cargo más allá de los 75 años, edad a la que la Constitución Nacional establece que los magistrados deben jubilarse salvo que cuenten con el aval del Presidente y del Senado.

El conflicto se originó el 7 de abril, cuando el juez de primera instancia Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y concedió el recurso de apelación del Estado con efecto devolutivo —es decir, sin suspender la cautelar mientras se resolvía la apelación. El 23 de abril, la Sala VIII modificó esa resolución y le otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió que la ley 27.802 de reforma laboral volviera a tener vigencia plena. Un día después el nombre de Pesino apareció en el BO.

Según la CGT, la reforma laboral provoca modificaciones regresivas en materia de indemnizaciones, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, limitaciones a la representación colectiva, afectaciones a la negociación colectiva y cambios en la definición de servicios esenciales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las privatizaciones, corazón de la reforma de Javier Milei, había sido suspendido en el primer amparo que pidió la CGT.

“Devolución de favores”

El punto más sensible del escrito firmado por el abogado Pablo Arnaldo Topet, en representación de la CGT, apunta directamente a Pesino. La CGT lo recusa en los términos del artículo 17, inciso 8, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contempla la recusación cuando un juez ha recibido “beneficios de importancia” de alguna de las partes. La central sostiene que la publicación en el Boletín Oficial —que formalizó el inicio del trámite para que el magistrado continúe en funciones— configura exactamente ese supuesto.

“El señor Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo y el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, señala la presentación. El escrito agrega que la situación fue reflejada de manera inmediata por distintos medios: Perfil tituló “El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años”; La Nación publicó “El Gobierno busca extender la magistratura del juez que falló a favor de la reforma laboral”; y Diario Popular habló directamente de un “premio”.

La CGT también señala que la aceleración del trámite de Pesino contrasta con la situación del juez federal Martín Irurzun, quien habría solicitado lo mismo pero cuyo pliego todavía no fue enviado al Congreso. Además, subraya que el impulso del Ejecutivo contradice el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño el 9 de febrero de 2026, que establecía no promover nuevas designaciones de magistrados laborales durante el período de transición.

Prejuzgamiento

El segundo planteo de recusación alcanza tanto a Pesino como a González, también por la causal del inciso 7 del mismo artículo: haber emitido opinión sobre el fondo del asunto antes de que la causa estuviera en condiciones de ser resuelta.

La CGT critica que los jueces hayan descartado —sin fundamentación suficiente— la excepción prevista en el artículo 2, inciso 2, de la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que exime del efecto suspensivo cuando están en juego sectores socialmente vulnerables, la vida digna en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, o derechos de naturaleza alimentaria. En el escrito se afirma que la propia Sala VIII había sostenido el criterio contrario en causas anteriores, citando dos fallos de 2017 y 2018 en los que el mismo tribunal consideró que los derechos laborales tienen naturaleza alimentaria.

“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren —aunque sea prima facie— que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado que dicen aplicar”, sostiene la presentación.

Nulidad por falta de competencia

Un tercer eje del planteo es la nulidad absoluta de la resolución del 23 de abril por falta de jurisdicción. La CGT argumenta que, por el principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. Según el escrito, la Sala I había intervenido en el expediente 10.000/2026 caratulado “Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y otros c/ Estado Nacional” —que tramitaba por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 y al que se acumularon por conexidad las demás causas que impugnan la ley 27.802, incluyendo la de la CGT—, lo que le otorgaba prevención sobre todas las incidencias recursivas ulteriores.

La CGT sostiene que la Sala VIII actuó “con premura”, sin dar traslado de la queja a su parte y antes de que se consintiera su intervención, lo que impidió a la central plantear la inhibitoria a tiempo. “Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia”, señala el escrito.

Por esta razón, la CGT solicita que la causa sea remitida a la Sala I para que resuelva tanto la nulidad como el fondo del recurso.

Caso federal y organismos internacionales

La presentación reitera el planteo del caso federal para habilitar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluye la reserva de acudir a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.