La Justicia ratificó la vigencia de toda la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La decisión vuelve a poner en funcionamiento artículos que la CGT había impugnado por considerar que afectaban derechos laborales y sindicales. Para los trabajadores, el fallo cambia otra vez el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación.

La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, resolvió revocar la medida cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Para la magistrada, “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, debido a la amplitud de temas incluidos en la reforma.

El movimiento judicial favorece al Gobierno en dos planos. Primero, porque restituye la vigencia completa de la ley. Segundo, porque consolida el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo, una estrategia que el Ejecutivo había impulsado desde el inicio. La Casa Rosada había sostenido que la causa debía tramitarse allí por tratarse de una discusión sobre la validez de una ley nacional, y no en los tribunales laborales, donde la CGT había obtenido la cautelar.

Marra Giménez ya se había declarado competente el 10 de abril y había reclamado el expediente principal al fuero laboral. El 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar que suspendía los artículos cuestionados. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la jueza y cerró la disputa entre fueros. La remisión de cerca de 20 causas e incidentes vinculados al expediente principal terminó de ordenar el caso bajo la órbita contencioso administrativa.

Ese recorrido procesal explica por qué una jueza de primera instancia pudo dejar sin efecto una cautelar dictada por otro juzgado. Marra Giménez no actuó como tribunal de alzada del fuero laboral, sino como jueza del expediente después de que la competencia pasara al fuero Contencioso Administrativo. La revisión de la cautelar quedó atada a esa mudanza de fuero: si el caso hubiera continuado en la Justicia laboral, la vía para discutir la suspensión habría sido la Cámara del Trabajo. Con la competencia ya ratificada en el Contencioso Administrativo, la jueza quedó habilitada a resolver si mantenía o levantaba la medida provisoria.

La CGT había planteado que varios artículos de la reforma vulneraban principios protegidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: protección laboral, libertad sindical, tutela judicial efectiva, no discriminación y progresividad de los derechos sociales. El juez laboral Raúl Ojeda había considerado que existían indicios suficientes para suspender preventivamente la aplicación de esos artículos mientras se discutía la cuestión de fondo. También había señalado que la aplicación inmediata podía producir efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes.

La jueza contenciosa no resolvió si la reforma es constitucional o no; sostuvo que ese debate exige un análisis de fondo y que mantener la cautelar implicaba adelantar opinión. Ese punto resulta decisivo para los sindicatos: la discusión sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta, pero la norma vuelve a regir mientras el proceso avanza. En los hechos, la carga se desplaza hacia los trabajadores y sus organizaciones, que deberán sostener la impugnación con la ley ya activa.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano había resaltado la semana pasada la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de dejar sin efecto la cautelar requerida por la CGT, subrayando que para el gobierno de Milei la Ley de Modernización Laboral “resulta una herramienta fundamental” para crear empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

El fallo devuelve vigencia a puntos que ya habían abierto litigios en distintas jurisdicciones. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, por considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo N°3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite, con el argumento de que podía reducir el monto que cobran los trabajadores después de años de litigio.

Uno de los cambios más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del llamado banco de horas. Ese esquema permite compensar horas trabajadas de más con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Los sindicatos advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

Una indemnización pagada en cuotas, un crédito judicial actualizado a la baja o una jornada más flexible para la empresa afectan ingresos que suelen destinarse a alquiler, alimentos, servicios, transporte y cuidado. La disputa legal avanza sobre derechos que organizan la capacidad de defensa de quienes dependen de un salario.

El expediente seguirá abierto y la discusión de fondo todavía no tiene resolución. Pero la decisión de Marra Giménez produce un efecto inmediato: los artículos cuestionados recuperan vigencia mientras la CGT y otros actores laborales continúan la pelea judicial. Para los trabajadores, la reforma vuelve a regir en un mercado laboral atravesado por pérdida de poder adquisitivo, gastos fijos al alza y mayor incertidumbre sobre las condiciones de contratación y defensa de sus ingresos.

JJD

La Corte Suprema de Justicia dictó este mediodía una resolución de alto impacto político y jurídico al rechazar el recurso de per saltum interpuesto por el Poder Ejecutivo por la reforma laboral. El Gobierno buscaba que el máximo tribunal interviniera de forma directa para definir la constitucionalidad de la norma, actualmente atravesada medidas cautelares y reglamentaciones a media.

Con la firma de sus tres ministros  Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal consideró que el planteo oficial no cumple con los requisitos excepcionales que exige la ley para habilitar el “salto de instancia”. Según el fallo, al que tuvo acceso elDiarioAR, la Corte observó que no se dan las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual requiere que se trate de una causa de “notoria gravedad institucional” donde la solución definitiva sea de “plazo perentorio”.

“Se declara inadmisible el recurso interpuesto. Notifíquese y archívese”, reza el breve pero contundente despacho que devuelve la discusión al terreno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para el máximo tribunal no haría falta la instancia porque la Cámara del Trabajo ya ordenó que el expediente se tramite en lo contencioso administrativo.

La batalla judicial comenzó poco después de que el Poder Ejecutivo impulsara un ambicioso paquete de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que incluye la extensión del período de prueba, la modificación del régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y límites a la cuota sindical.

La CGT judicializó el capítulo laboral de la reforma mediante una acción declarativa. En primera instancia y posteriormente en la Cámara, el sector gremial obtuvo fallos favorables que suspendieron la aplicación de los artículos más sensibles de la reforma, argumentando que vulneraban derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero en abril pasado la Cámara del Trabajo repuso la vigencia plena de la reforma laboral, que había sido dejada sin efecto por una medida cautelar contra 83 artículos, a pedido de la CGT. Esta semana fue reglamentado el RIFL, un régimen de incentivo para los empleadores.

Ante la parálisis de su plan de reformas, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro intentaron la vía del per saltum. El objetivo era evitar el “desgaste” de la revisión en la Cámara de Apelaciones y obtener una sentencia definitiva de la Corte que diera seguridad jurídica a las empresas para comenzar a aplicar el nuevo régimen.

El caso regresa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los jueces de dicha cámara deberán ahora dictar una sentencia de fondo sobre si la reforma es constitucional o no. Ahora el Ejecutivo recibió un mensaje político de la Corte.

MC

Con salarios que pierden poder de compra, gastos fijos en alza y una reforma laboral proempresa aún vigente, Omar Maturano redobló la presión sobre la CGT y pidió endurecer la respuesta sindical frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de La Fraternidad reclamó un plenario nacional de gremios y cuestionó una estrategia que distintos sectores sindicales consideran débil y dubitativa.

“Parar también es protestar”, dijo Maturano en una entrevista con Rayos X, por Radio 10. La frase marcó el tono de su intervención. El dirigente ferroviario sostuvo que “me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo ante lo que se está viviendo” y pidió que la central obrera discuta una respuesta nacional con todos los sindicatos del país.

Maturano no cuestionó la protesta callejera, pero advirtió que las marchas aisladas pueden perder fuerza si no se integran a una estrategia sindical más amplia. “Tantas marchas, la misma gente se cansa”, sostuvo. En su diagnóstico, el problema no es solo la cantidad de movilizaciones, sino la falta de una definición política y gremial sobre cómo enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

El planteo llega después de un 1º de Mayo atravesado por el malestar social y gremial. Maturano apuntó contra la conducción de la CGT y dijo que “parece que no pasara nada”. También enumeró reclamos concretos: paritarias libres, rechazo a despidos y suspensiones, defensa de la salud pública, de las obras sociales, de la educación y de los jubilados.

Los datos acompañan parte de ese diagnóstico. La inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año y el IPC de marzo fue de 3,4%. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo, con ingresos que siguen sin acompañar la suba de precios.

El salario perdió terreno frente a precios que no se concentran solo en alimentos: alquiler, servicios, transporte y educación ocupan una parte creciente del presupuesto familiar. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

Ese peso sobre los hogares aparece también en el consumo. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en marzo una caída interanual del 2,6%, pese a una suba mensual del 0,7%. En el primer trimestre, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. El informe vinculó esa caída con el deterioro del ingreso real de los trabajadores, incluso entre asalariados formales.

Maturano ubicó esa pérdida material en una disputa más amplia. “Para mí es una pelea de clase”, dijo. Según el dirigente, el Gobierno busca retroceder a una Argentina previa a 1943, con “10 por 100 de ricos” y “90 por 100 de pobres”. La lectura del ferroviario enlaza el ajuste económico con una discusión histórica sobre derechos laborales, salario, sindicatos y representación política de los trabajadores.

La Fraternidad es uno de los gremios históricos del país. Fue constituida el 20 de junio de 1887 por maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste como sociedad de ayuda mutua. Hoy agrupa principalmente a conductores de trenes y maquinistas ferroviarios. Ese origen aparece en el discurso de Maturano cuando reclama “herramientas de trabajo” y una presencia mayor de los trabajadores en las decisiones políticas.

El secretario general de La Fraternidad también cuestionó que la CGT concentre las definiciones en un grupo reducido de dirigentes. Según dijo, en la reunión del secretariado participan 45 sindicatos, pero en el país existen aproximadamente 252 sindicatos. Por eso propuso convocar “a un plenario de secretarios generales de todo el país” para que cada gremio pueda hablar, opinar, votar y definir cómo enfrentar el modelo económico.

El reclamo interno apunta a cambiar el método de decisión de la CGT: Maturano pide que la respuesta no salga solo del secretariado, sino de un plenario federal de gremios. La propuesta aparece mientras algunos sectores sindicales miran al Frente de Sindicatos Unidos como posible espacio de presión interna, con antecedentes históricos como el MTA durante los años noventa.

La discusión sindical también se cruza con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Justicia suspendió provisoriamente 82 artículos tras una presentación de la CGT y abrió una disputa constitucional que continúa en trámite. El planteo de la central obrera cuestionó artículos por considerar que afectan la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Maturano no rechaza la vía judicial, pero la considera insuficiente. “No solamente ir a la justicia es la única forma de oponerse a este gobierno”, afirmó. Esa diferencia marca el centro de su crítica: la CGT logró frenar parte de la reforma en tribunales, pero el dirigente reclama que esa estrategia se complemente con medidas gremiales y organización territorial.

El avance judicial tuvo efectos concretos. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión preventiva de artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial, tras considerar que la aplicación inmediata podría generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. En Córdoba, otro tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, al entender que desnaturalizaba el carácter alimentario del crédito laboral.

El conflicto por la reforma laboral convive con un debate regional sobre tiempo de trabajo. México fijó la jornada máxima en 40 horas semanales con implementación gradual hasta 2030, sin reducción salarial, mientras la Argentina mantiene el límite general de 48 horas. En contraste, la reforma aprobada en el país incorporó el “banco de horas”, cuestionado por sindicatos porque puede alterar la previsibilidad de la jornada y desplazar el pago de horas extra.

Maturano también dirigió sus críticas a la oposición política. Cuestionó al PJ, al radicalismo y al socialismo, y reclamó participación de los trabajadores en la elaboración de listas y programas. “¿Qué estamos pensando en los candidatos si no tenemos un plan cultural, un plan social, un plan político, un plan económico?”, preguntó. Para el dirigente, el movimiento obrero no puede quedar reducido a acompañar candidaturas definidas por otros sectores.

El mensaje de Maturano deja a la CGT ante una presión doble: defender derechos laborales en los tribunales y resolver si transforma el malestar salarial en una medida de fuerza nacional. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, el encarecimiento de la vivienda y la reforma laboral trazan el terreno sobre el que esa discusión sindical ya empezó.

JJD

La ex albertista Victoria Tolosa Paz se junta con el massista Guillermo Michel y el operador porteño Juan Manuel Olmos, y lanza un nuevo espacio peronista desde Parque Norte. La CGT moviliza a Plaza de Mayo y dice que quiere armar un gran frente nacional para desafiar a Javier Milei y que no descarta que esté el pastor Dante Gebel. Axel Kicillof moviliza a los intendentes bonaerenses al Ministerio de Capital Humano por fondos para alimentos, y se prepara para desembarcar en Córdoba. Máximo Kirchner impulsa la agenda “Cristina Libre”, viaja a Santa Fe y despotrica contra quienes dicen que Cristina Fernández de Kirchner no es la conducción del peronismo.

La hiperactividad del panperonismo en la última semana es un síntoma. El sistema político toma nota de que Milei puede no reelegir el año que viene, y se mueve en consecuencia. Mira encuestas y ensaya estrategias. Que si hay que apostar a la polarización y diseñar un gran frente anti Milei anclado en una idea progresista y desarrollista del Estado. Que sí, en cambio, hay que ofrecer un candidato de centro que recupere para el peronismo la bandera del déficit cero.

Los hay, especialmente dentro del massismo, quienes ya empiezan a hablar de la necesidad de instalar un candidato de “derecha” que divida el voto libertario. La aritmética es similar a la que se ensayaba en 2023, cuando Sergio Massa financió y organizó la candidatura de Milei para romper el voto de Patricia Bullrich. “Tenés un 35% (del electorado) en el polo de derecha y un 35% del polo peronista o progresista. En el medio hay un 20% que no vota y un 10% que define la elección. Nosotros tenemos que poner un candidato de centro que seduzca a ese 10% y poner a otro que rompa el voto del otro lado”, explica, como quien repite una receta para hacer pan, un dirigente de peso del peronismo. 

Esta estrategia escandaliza a un sector del kicillofismo, pero no a muchos más. Nunca lo reconocerían en público, pero gran parte del cosmos panperonista reivindica la decisión de haber avanzado con una ingeniería política que derivó, finalmente, en el triunfo electoral de Milei. “No salió mal, salió bien. Si no lo hubiéramos hecho hoy estaría gobernando Patricia y nosotros estaríamos todos presos”, señala un dirigente que estuvo detrás de la estrategia. 

Existe un sector del sindicalismo peronista, incluso, que especula con que la instalación del pastor influencer, Dante Gebel, podría robarle votos por derecha a Milei. Algunos, como el triunviro Cristian Jerónimo, deslizan la posibilidad de sumarlo a una gran PASO junto a Axel Kicillof. En el massismo y el cristinismo, sin embargo, niegan estar detrás de su instalación. Agarran las encuestas que le llegan todas las semanas y las esgrimen como prueba irrefutable: Gebel mide menos de 10 puntos, arrastra un elevado nivel de imagen negativa y no funciona como ariete para romper el voto libertario. 

A quien sí miran con interés es a la vice Victoria Villarruel, que viene coqueteando con un sector del peronismo históricamente anti cristinista que, en el último año, devino en anti kicillofista. Es el círculo de Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto, que retomaron el diálogo con Cristina Fernández de Kirchner y pretenden instalar un candidato de “centro” que le compita a Kicillof. Una posibilidad que CFK no mira con malos ojos.

Las tribus

“Vamos a ganar las elecciones. El tema es qué hacemos hasta que esto (el peronismo) se ordene”, se entusiasma un dirigente peronista de peso que dialoga con los tres principales socios actuales del panperonismo: CFK, por un lado, Kicillof, por el otro, y Massa, como articulador entre los dos frentes. 

La lógica tripartita que rigió durante los últimos tres años comenzó a mutar, sin embargo. La ilusión de la victoria tiene un efecto ordenador: lo que antes era una atomización dirigencial que giraba alrededor de tres vértices de poder, hoy busca reordenarse para acumular poder y sentarse en la mesa de negociación. 

Es el caso, por ejemplo, del lanzamiento en Parque Norte de un espacio de centro que incluye a ex albertistas, como Tolosa Paz y Olmos, massistas que quedaron molestos tras el cierre de listas en sus provincias, como Michel, y referentes territoriales del interior que se muestran “hartos” de la interna bonaerense entre La Cámpora y Kicillof. Este espacio, que aún no tiene ni nombre ni candidatos, apuesta a mostrarse como una opción market friendly que dispute lugares en la mesa donde se defina la estrategia electoral. 

No son los únicos. Massa, que nunca estuvo quieto, comenzó a instalar la posibilidad de su candidatura. Un sector del peronismo que le responde fantasea con la posibilidad de lanzarse con el respaldo de CFK, quien está en la búsqueda de un candidato que le haga frente a Kicillof. Ya se anotó en la competencia el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. 

Preocupada por su situación judicial, que cree que solo podrá empeorar a menos que el peronismo gane las elecciones en 2027, CFK los deja hacer. “Cristina les dice a todos que corran, pero no eligió un candidato todavía. Todavía Axel puede llamarla y cerrar un acuerdo”, desliza una dirigenta bonaerense cercana a la ex presidenta que espera, como muchos en el cristinismo no camporista, que el gobernador bonaerense levante el teléfono y llame a CFK para ponerle un fin a la guerra fría. 

La interna bonaerense

La Cámpora, mientras tanto, también trabaja en instalarse. Máximo Kirchner viajó a Santa Fe cuando Kicillof estaba encabezando la primera reunión del PJ bonaerense, y señaló en una reunión privada que CFK era la conducción del peronismo. Un mensaje que llegó apenas un par de días después de que se filtrara el comentario de Mayra Mendoza sobre la intervención quirúrgica al ministro de Gobierno, “Carli” Bianco, en el chat de intendentes: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

El mensaje de la ex intendenta de Quilmes cayó pésimo en el peronismo, incluso en algunos sectores de La Cámpora. Pero fue sintomático de una disputa interna por el liderazgo que no encuentra solución y que, según coinciden en la mayoría de las tribus peronistas, tiene tiempo hasta diciembre para empezar a resolverse. Una interna, además, que no se traduce solo en las candidaturas, sino en las estrategias. Como cuando Bianco cuestionó la consigna de que lo que estaba proscripto era el peronismo, no Cristina, y en el cristinismo salieron a cruzarlo con fiereza.   

Kicillof, en público, intenta mantenerse al margen. Su mayor preocupación radica en la amenaza de que le estalle una crisis alimentaria y sanitaria en la recta final de su candidatura presidencial. Esta semana tuvo que suspender, por el recorte de la transferencia de fondos de Nación, el plan MESA, que asistía en materia alimentaria a 2 millones de bonaerenses. 

El gobernador bonaerense apuntó la responsabilidad contra el gobierno nacional y organizó una marcha de intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano en reclamo de mayores fondos. Pero existe, una preocupación creciente en La Plata sobre cómo la crisis y el ahogo financiero de la Nación puede repercutir, a mediano plazo, en PBA. “Es el momento más duro para Axel de los últimos seis años de gobierno. Sabemos que el próximo año va a ser muy malo, pero hay que anticiparse, tomar decisiones y comunicarlas”, explica, optimista, uno de los armadores de Kicillof.

No todos son así de optimistas.

MCM/MG

La Confederación General del Trabajo (CGT), que nuclea a los principales gremios del país, se movilizó este jueves frente a la Casa Rosada en rechazo al programa económico del presidente Javier Milei, en la antesala de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. La central obrera llamó a “ponerle limites a este modelo que excluye”. La protesta tuvo la adhesión de movimientos sociales y políticos, con distintos referentes del peronismo en el lugar.

Desde las primeras horas de la jornada, columnas de trabajadores comenzaron a concentrarse en la Plaza de Mayo, donde se montó el escenario para el acto central. Allí tomaron la palabra los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria, bajo la consigna “el trabajo es con derechos o es esclavo”, se desarrolló sin incidentes y reunió a trabajadores de distintos sectores, provenientes tanto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como del interior del país.

Hablaron Argüello, Jerónimo y Sola

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Argüello (Camioneros), Jerónimo (Vidrio) y Sola (Seguros). Pero antes habló un destacado cura villero, el Padre Lorenzo “Toto” de Vedia, el párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas. Se trata de un referente del Equipo de Sacerdotes para las villas quien no ahorró críticas contra el Gobierno y recordó a su referente, Jorge Bergoglio.

El siguiente orador fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general. No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha , que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el INDEC: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, desde integrantes de La Cámpora como la diputada nacional Paula Penacca, o Raquel Olmos, cercana a Juan Manuel Olmos. Hasta dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

¿Se viene un paro?

Esta protesta, que la CGT calificó como “masiva e ”histórica“, puede ser la antesala de un nuevo paro general, el quinto en la era libertaria. Dependerá del consenso interno pero, tal como admiten fuentes sindicales, de un clima social que los líderes cegetistas ven en plena ebullición.

La central obrera leyó un documento con duras críticas a la gestión nacional, en el que advirtió sobre un “retroceso” en las condiciones de vida y cuestionó el rumbo económico. El texto planteó que las políticas oficiales profundizan la desigualdad, favorecen a sectores concentrados y debilitan el empleo, al tiempo que alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la crisis en áreas sensibles como la salud.

También cuestionó la orientación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, actualmente bajo discusión judicial, al considerar que implica un recorte de derechos individuales y colectivos. En esa línea, la CGT ratificó que continuará las acciones legales para frenar su aplicación y sostuvo que las conquistas laborales “costaron organización y lucha”.

Entre otros puntos, el documento advirtió sobre la caída de la actividad económica en sectores como la industria, la construcción y el comercio, el freno a la obra pública y el crecimiento de la informalidad. Además, planteó que el modelo económico “divide al pueblo” y promueve la confrontación, en detrimento de la cohesión social.

En paralelo, la CGT mantiene abierta una disputa judicial contra la reforma laboral aprobada en febrero. Entre otros aspectos, la norma introduce restricciones al derecho a huelga, contempla sanciones a prácticas sindicales y habilita la posibilidad de retirar la personería jurídica a los gremios.

Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 24.000 empresas. Solo en 2025 se perdieron 88.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado y otros 18.600 en el ámbito público.

En ese contexto, también se registró un aumento del trabajo independiente, con 104.900 personas más bajo esa modalidad, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 43 %.

Con información de las agencias NA y EFE

Los trabajadores llegan al Día del Trabajador con un reclamo que une salario, derechos laborales y costo de vida. La CGT lanzó hace unas semanas la convocatoria a una movilización en Plaza de Mayo para hoy poniendo a los ingresos de las personas, cada vez más hundidos, en el centro de la protesta y un destinatario visible: el gobierno de Javier Milei.

La central obrera pidió marchar con una bandera argentina a partir de las 15 con la consigna “traé tu bandera argentina”.

La marcha coloca al trabajo registrado, el salario justo y los derechos laborales en el centro de la escena sindical. En la convocatoria, la CGT sostiene: “Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina”. También afirma que “el salario es dignidad y no variable de ajuste”. La frase ordena el sentido político de la movilización: el conflicto no gira sólo alrededor de una ley o de una disputa judicial, sino de cuánto vale el trabajo en una economía donde los ingresos pierden contra precios que siguen altos.

La central obrera llega a Plaza de Mayo después de una semana con novedades judiciales para la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el pedido del Gobierno para que la causa iniciada por la CGT contra la ley pase del fuero laboral al Contencioso Administrativo. Desde la CGT preparan una apelación y sostienen que el conflicto de competencia puede terminar en la Corte Suprema.

Ese expediente define más que un trámite entre fueros. La discusión judicial alcanza la vigencia de la reforma laboral impulsada por Milei. El 30 de marzo, la CGT obtuvo una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley hasta que se resolviera su constitucionalidad. Luego, el Gobierno apeló y consiguió dejar sin efecto esa suspensión, aunque la cuestión de fondo sigue sin resolución.

Para la CGT, el fuero laboral debe intervenir porque la reforma modifica relaciones entre empleadores y trabajadores. El Gobierno sostiene que corresponde el Contencioso Administrativo porque la demanda cuestiona una decisión del Estado. La disputa por el tribunal que debe resolver el caso se suma al rechazo sindical a una reforma que toca condiciones de contratación, organización del trabajo y derechos acumulados en convenios y leyes laborales.

La movilización también se monta sobre datos económicos que golpean a los hogares asalariados. En marzo, la inflación fue de 3,4% y acumuló 9,4% en tres meses. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo. Ese dato marca la distancia entre el costo mínimo de vida y los ingresos de muchos hogares que dependen de un salario.

El consumo muestra la misma tensión sobre el bolsillo. Un informe citado por elDiarioAR registró una caída interanual de 2,6% en marzo, una suba mensual de 0,7% y una baja acumulada de 2% en el primer trimestre de 2026. Cuando el consumo cae, el salario deja de ordenar la vida cotidiana y pasa a administrar recortes.

Los gastos fijos refuerzan ese deterioro. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres subieron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que el índice general de precios, que avanzó 209%. La suba de vivienda, gas, electricidad y agua achica el margen disponible para alimentación, transporte, salud y educación.

La crianza agrega otra presión sobre los hogares trabajadores. Según datos del Indec citados por elDiarioAR, el costo de criar a un hijo superó los $676.000 en marzo y volvió a subir en todos los tramos de edad. El componente de cuidado fue el más alto. Para una familia con hijos, el salario debe cubrir comida, alquiler, servicios y tareas de cuidado cada vez más caras.

La CGT busca leer esos datos desde una consigna laboral. “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, escribió la central obrera en la convocatoria difundida para la marcha. La elección de Plaza de Mayo le da al reclamo un destinatario directo: el Gobierno nacional y su política económica. Cuánto alcanza el salario frente a una canasta básica de más de $1,4 millones, alquileres que crecieron 423% desde diciembre de 2023 y un costo de crianza que ya supera los $676.000.

JJD

En conmemoración por el Día del Trabajador, la CGT organizó una marcha a Plaza de Mayo para este jueves, que tendrá el respaldo de movimientos sociales, culturales y políticos, con tono muy crítico a las políticas del Gobierno nacional. Las principales columnas ingresarán desde las 11 por Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y Avenida 9 de Julio. El acto principal de la central obrera está previsto para las 15 y se leerá un documento.

La CGT apuesta a realizar una movilización multitudinaria, a mostrar músculo y exhibir que su capacidad de aglutinar trabajadores se encuentra intacta. También, apuesta congregar a sectores perjudicados por la gestión de La Libertad Avanza, tal como mencionó Cristian Jerónimo, triunviro cegetista y Secretario General del SEIVARA (Sindicato de Empleados del Vidrio).

“La movilización va a ser multitudinaria”, anticipó en el marco de una jornada que será “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”, y que definió como “pacífica” y masiva.

En relación con la situación económica, eje de los reclamos de este jueves por parte de los manifestantes, Jerónimo afirmó que “el pueblo argentino la está pasando mal”, al tiempo que consideró una “falacia” los datos oficiales sobre mejora salarial y empleo, señalando que “la gente no llega a fin de mes y que crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”.

En ese marco, advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando”, sin descartar “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”. También, planteó que “tiene que construirse algo muy amplio”. El líder sindical lo mencionó en referencia a la necesidad de generar una alternativa política que supere al peronismo tradicional e incorpore a distintos sectores.

Existen distintas organizaciones detrás de ese objetivo. Una es la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que también prometió estar en Plaza de Mayo luego de diversas conversaciones con el triunvirato con quien mantiene una excelente sintonía.

La Iglesia, en tanto, tomó distancia: la cúpula eclesiástica no quiso formar parta de la jornada de protesta a pesar de la invitación cegetista. En la calle Azopardo lamentaron la decisión de la dirigencia en medio de un panorama económico crítico.

En relación a los servicios que funcionarán, el transporte será uno de los puntos clave de la jornada y podría presentar un funcionamiento irregular según la adhesión sindical. Los trenes, gracias al cese de actividades que anunció La Fraternidad, tendrán interrupciones.

Algunos sectores confirmaron que no tendrán funcionamiento normal, lo que impactará en distintos servicios: Recolección de residuos, atención en organismos públicos, correo y logística y dependencias estatales gracias a las medidas de retención de tareas de UPCN y ATE.

Para Jorge Sola, otro de los triunviros, la protesta de este jueves puede ser un primer paso hacia medida de mayor contundencia: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”.

Con informaciónnde agencias.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT contra el Estado por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá continuar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. La decisión implica un nuevo revés para la central sindical, que había intentado modificar la competencia del expediente.

El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, se alineó con la postura del Gobierno nacional. La resolución intervino para dirimir un conflicto de competencia entre distintos juzgados que habían emitido criterios contrapuestos sobre dónde debía tramitar la causa y estableció que debe seguir en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

La definición se produce en un contexto de creciente tensión judicial. En los últimos días, la CGT avanzó con la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, quienes habían habilitado la vigencia de la reforma laboral al suspender una medida cautelar previa. La central sindical denunció un supuesto “intercambio de favores” con el Gobierno y planteó la nulidad de esa resolución, al tiempo que cuestionó la imparcialidad de los magistrados y el procedimiento adoptado.

El conflicto judicial se originó a partir de una cautelar dictada en primera instancia que había frenado la aplicación de la ley 27.802. Posteriormente, la Sala VIII otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que permitió que la norma recuperara vigencia. En paralelo, la CGT sostiene que la reforma introduce cambios regresivos en materia laboral, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de modernizar el sistema.

En su resolución más reciente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo cuestionó el trámite seguido por el juzgado laboral y consideró que el caso involucra aspectos que exceden el derecho del trabajo, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial. La discusión de fondo, no obstante, continuará su recorrido en distintas instancias y se prevé que termine siendo resuelta por la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusa con expresión de causa a los dos integrantes de la Sala VIII que el 23 de abril habilitaron la reforma laboral, luego de que fuera suspendida por una medida cautelar de primera instancia. La central obrera plantea además la nulidad absoluta de esa resolución.

La medida de la CGT va contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El viernes pasado en el Boletín Oficial el Ministerio de Justicia publicó la propuesta formal de mantener a Pesino en su cargo más allá de los 75 años, edad a la que la Constitución Nacional establece que los magistrados deben jubilarse salvo que cuenten con el aval del Presidente y del Senado.

El conflicto se originó el 7 de abril, cuando el juez de primera instancia Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y concedió el recurso de apelación del Estado con efecto devolutivo —es decir, sin suspender la cautelar mientras se resolvía la apelación. El 23 de abril, la Sala VIII modificó esa resolución y le otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió que la ley 27.802 de reforma laboral volviera a tener vigencia plena. Un día después el nombre de Pesino apareció en el BO.

Según la CGT, la reforma laboral provoca modificaciones regresivas en materia de indemnizaciones, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, limitaciones a la representación colectiva, afectaciones a la negociación colectiva y cambios en la definición de servicios esenciales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las privatizaciones, corazón de la reforma de Javier Milei, había sido suspendido en el primer amparo que pidió la CGT.

“Devolución de favores”

El punto más sensible del escrito firmado por el abogado Pablo Arnaldo Topet, en representación de la CGT, apunta directamente a Pesino. La CGT lo recusa en los términos del artículo 17, inciso 8, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contempla la recusación cuando un juez ha recibido “beneficios de importancia” de alguna de las partes. La central sostiene que la publicación en el Boletín Oficial —que formalizó el inicio del trámite para que el magistrado continúe en funciones— configura exactamente ese supuesto.

“El señor Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo y el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, señala la presentación. El escrito agrega que la situación fue reflejada de manera inmediata por distintos medios: Perfil tituló “El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años”; La Nación publicó “El Gobierno busca extender la magistratura del juez que falló a favor de la reforma laboral”; y Diario Popular habló directamente de un “premio”.

La CGT también señala que la aceleración del trámite de Pesino contrasta con la situación del juez federal Martín Irurzun, quien habría solicitado lo mismo pero cuyo pliego todavía no fue enviado al Congreso. Además, subraya que el impulso del Ejecutivo contradice el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño el 9 de febrero de 2026, que establecía no promover nuevas designaciones de magistrados laborales durante el período de transición.

Prejuzgamiento

El segundo planteo de recusación alcanza tanto a Pesino como a González, también por la causal del inciso 7 del mismo artículo: haber emitido opinión sobre el fondo del asunto antes de que la causa estuviera en condiciones de ser resuelta.

La CGT critica que los jueces hayan descartado —sin fundamentación suficiente— la excepción prevista en el artículo 2, inciso 2, de la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que exime del efecto suspensivo cuando están en juego sectores socialmente vulnerables, la vida digna en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, o derechos de naturaleza alimentaria. En el escrito se afirma que la propia Sala VIII había sostenido el criterio contrario en causas anteriores, citando dos fallos de 2017 y 2018 en los que el mismo tribunal consideró que los derechos laborales tienen naturaleza alimentaria.

“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren —aunque sea prima facie— que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado que dicen aplicar”, sostiene la presentación.

Nulidad por falta de competencia

Un tercer eje del planteo es la nulidad absoluta de la resolución del 23 de abril por falta de jurisdicción. La CGT argumenta que, por el principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. Según el escrito, la Sala I había intervenido en el expediente 10.000/2026 caratulado “Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y otros c/ Estado Nacional” —que tramitaba por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 y al que se acumularon por conexidad las demás causas que impugnan la ley 27.802, incluyendo la de la CGT—, lo que le otorgaba prevención sobre todas las incidencias recursivas ulteriores.

La CGT sostiene que la Sala VIII actuó “con premura”, sin dar traslado de la queja a su parte y antes de que se consintiera su intervención, lo que impidió a la central plantear la inhibitoria a tiempo. “Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia”, señala el escrito.

Por esta razón, la CGT solicita que la causa sea remitida a la Sala I para que resuelva tanto la nulidad como el fondo del recurso.

Caso federal y organismos internacionales

La presentación reitera el planteo del caso federal para habilitar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluye la reserva de acudir a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CGT anunció que realizará una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador. La jornada no incluirá un paro general y estará acompañada por una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco.

La decisión fue adoptada tras una reunión del Consejo Directivo de la central obrera en su sede de la calle Azopardo. El encargado de comunicarla fue Jorge Sola, uno de los triunviros y referente del Sindicato del Seguro.

Según explicó el dirigente, la convocatoria buscará también visibilizar la situación actual del mundo del trabajo. “El Papa tuvo vínculo con los trabajadores y con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración vamos a plantear el escenario de endeudamiento familiar y el aumento del desempleo”, sostuvo.

En ese contexto, Sola reiteró el reclamo por paritarias libres, con acuerdos que puedan negociarse y homologarse según cada actividad. “El Gobierno fijó un techo que está por debajo de la inflación promedio”, cuestionó. Durante el anuncio estuvo acompañado por los también dirigentes Octavio Arguello y Horacio Arreceygor.

Se espera que a la movilización se sumen sectores de la Iglesia críticos de la gestión de Javier Milei, así como organizaciones sociales agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Este espacio viene de protagonizar protestas en distintos puntos del país, con cortes de rutas y puentes, en rechazo al recorte de unos 900 mil programas de salarios sociales complementarios dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

Con información de la agencia NA

La conducción de la CGT se reunirá este jueves en la sede de Azopardo para delinear los próximos pasos frente a la judicialización de la reforma laboral y avanzar en la organización de las actividades por el Día del Trabajador, entre las que se evalúa una movilización el 30 de abril.

El encuentro del Consejo Directivo, integrado por más de 50 dirigentes, comenzará a las 14:30 y estará encabezado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello, según confirmaron fuentes sindicales.

Entre los principales temas a tratar figura el informe sobre las acciones judiciales contra la Ley de Modernización Laboral, así como la definición de una posible marcha hacia Plaza de Mayo en la víspera del 1° de Mayo.

La central obrera también analizará la situación de las obras sociales sindicales y distintos aspectos administrativos internos, en un contexto marcado por el conflicto con el Gobierno en materia laboral.

En relación con la reforma, la CGT viene de obtener un fallo favorable en primera instancia: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dispuso la suspensión provisoria de cerca de 80 artículos de la normativa. Ante este escenario, el Gobierno prepara la apelación, mientras que la dirigencia sindical evalúa junto a sus asesores legales cómo sostener la estrategia en los tribunales.

En la previa del encuentro, Sola destacó que “más de 80 artículos vinculados a derechos individuales y colectivos se encuentran actualmente frenados por decisión judicial”, y subrayó que, mientras tanto, las indemnizaciones deben calcularse bajo el régimen anterior.

Con información de la agencia NA

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802), uno de los puntos que había quedado suspendido tras la cautelar que frenó provisoriamente 82 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno a partir de una presentación de la CGT. La decisión reactivó una norma que regula cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva.

La resolución modificó parcialmente el alcance de la medida cautelar dictada semanas atrás por el mismo magistrado. En aquel fallo, Ojeda había considerado que existían indicios suficientes de que varios aspectos de la reforma podían vulnerar principios constitucionales del derecho del trabajo y por eso decidió suspender preventivamente su aplicación mientras se resolvía la cuestión de fondo.

Ahora el juez revisó uno de esos artículos y llegó a una conclusión distinta: mantener suspendido el mecanismo de actualización de las indemnizaciones podía generar un perjuicio para los propios trabajadores. Según explicó la periodista Daniela Mozetic en El Cronista, el magistrado entendió que dejar sin efecto ese criterio de cálculo podía afectar el valor real de los créditos laborales durante el tiempo que dura un juicio.

El artículo 55 establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3% en las causas que se encuentren en trámite y todavía no tengan sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley.

Ese punto no es técnico ni menor. La forma en que se actualiza una indemnización determina cuánto dinero termina cobrando un trabajador después de un juicio laboral, especialmente en procesos que suelen extenderse durante años. En un contexto de inflación, el mecanismo de actualización puede preservar o deteriorar el valor real de ese crédito.

La discusión judicial sobre este artículo aparece justamente en ese cruce entre derecho laboral e inflación. En marzo, por ejemplo, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la misma norma al considerar que el esquema fijado por la reforma podía reducir el valor real de las indemnizaciones durante el proceso judicial.

En ese fallo, los jueces analizaron un caso concreto de despido y concluyeron que el nuevo sistema de actualización podía implicar un recorte del crédito laboral respecto de los mecanismos utilizados anteriormente por distintos tribunales. La resolución puso el foco en el carácter alimentario de las indemnizaciones y en la necesidad de que mantengan su poder de compra mientras se desarrolla el litigio.

La decisión de Ojeda ahora introduce un matiz distinto dentro de esa misma discusión. El juez no cambió su postura general sobre la reforma laboral, cuya aplicación sigue suspendida en gran parte por la cautelar dictada tras la presentación de la CGT. Lo que hizo fue revisar un artículo puntual y considerar que su suspensión podía generar efectos contrarios a los que buscaba evitar.

El argumento se apoya en una característica estructural del sistema judicial laboral: la duración de los procesos. Los juicios por despido o reclamos salariales suelen extenderse durante varios años. En ese lapso, el monto reconocido en la sentencia necesita un mecanismo de actualización para no perder valor frente a la inflación.

Si ese criterio no está definido o queda suspendido durante el proceso judicial, el crédito laboral puede deteriorarse antes de que el trabajador llegue a cobrarlo. Esa fue la preocupación que llevó al magistrado a restablecer la vigencia del artículo 55.

La resolución no implica, sin embargo, que la reforma laboral haya quedado plenamente habilitada. La cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sigue vigente, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.

Ese proceso judicial recién comienza y ya produjo decisiones contradictorias en distintos tribunales. En pocas semanas, varios fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema indemnizatorio, desde el pago en cuotas de las sentencias laborales hasta el propio sistema de actualización de los créditos.

En ese escenario, la discusión dejó de ser solamente jurídica o política. El eje de los litigios empezó a concentrarse en un aspecto material del derecho del trabajo: cuánto dinero cobra efectivamente un trabajador después de ganar un juicio.

La actualización de los créditos laborales define si una indemnización mantiene su valor frente a la inflación o si se licúa durante el proceso judicial. En un país con largos litigios y variaciones constantes de precios, ese cálculo puede modificar de manera sustancial el monto final que recibe quien perdió su empleo.

La decisión de Ojeda se inscribe en ese debate. El juez consideró que suspender el artículo 55 podía agravar el problema que la cautelar buscaba evitar: que un trabajador termine cobrando menos de lo que le corresponde cuando finalmente se resuelve su juicio.

Mientras la discusión de fondo sigue abierta en los tribunales, la reforma laboral continúa fragmentándose caso por caso en decisiones judiciales que revisan su impacto concreto sobre las relaciones de trabajo.

La constitucionalidad de la ley todavía no fue resuelta y los tribunales siguen analizando cómo afectan sus artículos al cobro efectivo de indemnizaciones y créditos laborales.

JJD

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue presentada como una de las grandes victorias políticas del oficialismo. Tras su aprobación, el Ejecutivo celebró la nueva ley como un cambio histórico destinado —según el discurso oficial— a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos laborales que, según su diagnóstico, frenan la creación de empleo. Pero a pocas semanas de su entrada en vigencia —el Presidente la promulgó el 6 de marzo—, la arquitectura de esa reforma empezó a mostrar una fragilidad inesperada. En los tribunales, ese edificio normativo que salió del Congreso comienza a verse más como un castillo de naipes: cada fallo judicial que lo cuestiona mueve una carta y lo hace tambalear.

El último golpe llegó desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, que resolvió suspender provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la CGT. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si esos artículos son o no compatibles con la Constitución.

En términos prácticos, la decisión judicial pone en pausa buena parte del núcleo de la reforma. El planteo de la central obrera cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por entender que afectan principios fundamentales del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios suficientes de que algunos de esos cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y generar daños difíciles de reparar si la ley comenzara a aplicarse plenamente. Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva de los artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado también señaló que la implementación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes, lo que justificó la suspensión cautelar mientras se discute el fondo del caso.

La resolución tiene un impacto significativo porque frena casi todos los artículos que están en el centro del debate sobre la reforma. Pero además confirma algo que ya empezaba a observarse: la norma impulsada por el Gobierno se está encontrando con un obstáculo creciente en los tribunales.

En efecto, este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar artículos puntuales de la reforma laboral desde distintos tribunales del país. En Córdoba, por ejemplo, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas al considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral.

En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite. La sentencia sostuvo que ese cambio podía reducir significativamente el monto que cobran los trabajadores tras años de litigio.

La discusión judicial recién empieza

Distintas demandas impulsadas por sindicatos, organizaciones laborales y trabajadores individuales anticipan un recorrido largo en los tribunales, donde los diferentes artículos de la reforma serán analizados uno por uno.

La decisión del Juzgado del Trabajo Nº 63 se inscribe en ese proceso. Al tratarse de una acción colectiva presentada por la CGT, el expediente tiene un alcance potencial amplio y podría convertirse en uno de los casos clave para definir el futuro de la reforma.

El Gobierno, por su parte, ya anticipó que apelará la medida. El Ministerio de Capital Humano llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá revisar la suspensión mientras continúa el trámite del expediente principal.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja política para el oficialismo. La reforma laboral fue concebida como una de las banderas del programa económico libertario, pero su aplicación real empieza a quedar atrapada en una red de litigios.

Ese desgaste judicial coincide, además, con otros episodios que empiezan a erosionar la credibilidad del Gobierno. Entre ellos aparece el caso de corrupción que involucra nada menos que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa semanas de fuertes cuestionamientos y presiones políticas.

A ese frente se suma el desempeño de la inflación, el principal enemigo declarado del plan económico de Milei. Solo en el primer bimestre del año acumuló casi un 6%, y consultoras privadas anticipan que marzo podría sumar otro 3%. Todo esto ocurre en un contexto de paritarias pisadas, consumo debilitado y un escenario en el que los cierres de empresas y los despidos se repiten prácticamente a diario.

En ese clima económico y político, la reforma laboral —presentada como un punto de inflexión para el mercado de trabajo— empieza a enfrentarse con una realidad más compleja que la que expresan los funcionarios nacionales y el Presidente.

JJD

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo que suspendió de manera provisoria artículos clave de la reforma laboral, luego de la resolución dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 en el marco de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Según el comunicado oficial, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, buscará revertir la decisión judicial que frenó la aplicación de parte de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, ratificó su “firme compromiso” con la norma y adelantó que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar su vigencia.

Desde el Gobierno defendieron la reforma al sostener que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que constituye una herramienta central para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Además, cuestionaron a quienes impulsaron la demanda judicial, al señalar que responden a “intereses corporativos y sectoriales” que buscan obstaculizar los cambios.

El fallo que motivó la reacción oficial fue firmado por el juez laboral Raúl Ojeda, quien resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y suspender provisoriamente más de 80 artículos de la ley.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores, lo que justificó la decisión de frenar la aplicación de los cambios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La presentación sindical fue impulsada por el triunvirato de la central obrera, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron la constitucionalidad de distintos puntos de la reforma.

Por el momento, la suspensión tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia avance en el análisis de fondo sobre la validez de la ley. Mientras tanto, continúan en vigor los convenios colectivos de trabajo, uno de los ejes centrales del planteo sindical.

El conflicto judicial abre un nuevo frente en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y anticipa una disputa que podría escalar en las próximas instancias judiciales.

CRM

La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero. 

El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores.

“La Confederación General del Trabajo posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados en los vistos, tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el grupo de trabajadoras y trabajadores cuya prestación se encuentra regulada por las normas de la República Argentina”, manifiesta el documento. 

Por el momento, esta suspensión es de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto. 

El juez federal Enrique Lavié Pico rechazó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscaba frenar la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral 27.802 vinculados al traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión representa un primer revés judicial para la estrategia sindical que intenta cuestionar la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, que desestimó el pedido de la central obrera para suspender de manera inmediata los artículos 90 y 91 de la norma mientras se resuelve el fondo del litigio. Esos puntos establecen el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral desde la Justicia Nacional del Trabajo hacia el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La CGT había presentado el 6 de marzo una acción de amparo contra el Estado nacional en la que solicitó la nulidad e invalidez constitucional de esos artículos. En paralelo, pidió una medida cautelar innovativa para que la norma no se aplicara hasta que existiera una sentencia definitiva.

El argumento de la CGT

En su presentación, la central sindical sostuvo que la implementación de la ley implicaría en los hechos la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña. Según argumentó, ese cambio podría generar consecuencias difíciles de revertir si más adelante la Justicia declarara inconstitucional la reforma.

El planteo también señaló que el traslado de competencias podría afectar a trabajadores y trabajadoras y provocar un impacto en el sistema judicial laboral. Además, la organización afirmó que el derecho invocado estaba respaldado por presuntas vulneraciones de garantías constitucionales.

Cuando la CGT presentó el recurso ante Tribunales, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el objetivo era “ejercer el derecho a peticionar” y expresó confianza en que la Justicia garantice el cumplimiento de la Constitución.

Los fundamentos del juez

Al analizar el pedido, Lavié Pico sostuvo que las medidas cautelares innovativas tienen carácter excepcional, ya que implican modificar el estado de hecho o de derecho vigente antes de que exista una sentencia sobre el fondo del conflicto.

El magistrado explicó que, en este caso, el planteo de la CGT coincidía en gran medida con el objeto principal de la demanda, por lo que resolver la cautelar implicaría adelantar el resultado del litigio.

Además, señaló que no se verificaba un “peligro en la demora” que justificara suspender de inmediato la aplicación de la ley. También destacó que la vía elegida por la central obrera —la acción de amparo regulada por la Ley 16.986— permite obtener una definición relativamente rápida sobre el fondo de la cuestión.

Por esos motivos, concluyó que no se configuraba un daño irreparable que pudiera volver ilusoria una eventual sentencia favorable para el sindicato, y resolvió rechazar la medida cautelar.

Cómo sigue la causa

El fallo no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la norma. La CGT puede apelar la resolución y el proceso judicial continuará hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del amparo.

En paralelo, el juzgado ordenó librar oficio al Estado nacional argentino para que en un plazo de cinco días presente el informe previsto en la ley de amparo y ofrezca la prueba que considere pertinente.

Mientras tanto, los artículos cuestionados de la reforma laboral seguirán vigentes, lo que abre una nueva etapa en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical por uno de los ejes centrales del programa de reformas laborales impulsado por la administración libertaria.

El movimiento feminista Ni Una Menos convocó a movilizar este lunes 9 de marzo en todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una jornada de protesta que incluirá paro docente, movilizaciones sindicales y marchas en distintas ciudades contra “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires es desde el Congreso hacia Plaza de Mayo a las 16.30.

La protesta se realiza un día después del 8 de marzo —fecha oficial de la efeméride— y reune a organizaciones feministas, gremiales y sociales que buscan expresar en las calles el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto en las condiciones de vida y trabajo.

Paro docente y adhesión sindical

La jornada tiene impacto directo en el sistema educativo, ya que varios gremios docentes decidieron adherir al paro internacional feminista y participar de la movilización.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) resolvió sumarse a la huelga, al igual que el sindicato SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las organizaciones convocaron a participar de la marcha que se realizará por la tarde hacia el Congreso y Plaza de Mayo, en el marco de la jornada internacional de protesta por el Día de la Mujer Trabajadora.

Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instó a sus sindicatos de base a realizar acciones en todo el país, con modalidades que cada provincia definirá de acuerdo con su organización local.

El paro y las movilizaciones se inscriben en una tradición del movimiento feminista internacional que vincula los reclamos por igualdad de derechos con las condiciones laborales y económicas de las mujeres y diversidades.

La CGT moviliza con su Secretaría de Género

La jornada también tendrá presencia sindical. La Secretaría de Género de la CGT, encabezada por Carla Gaudensi (FATPREN), participará de la movilización con una columna propia junto a otras centrales obreras.

La central sindical definió concentrar a las 16.30 en las inmediaciones del Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, en coincidencia con la convocatoria feminista.

La CGT realizó actividades preparatorias durante los días previos y anunció que presentará un documento con las demandas laborales de las trabajadoras en el contexto económico actual.

El objetivo de esa participación es visibilizar los reclamos vinculados con la situación laboral de las mujeres y las desigualdades que persisten en el mercado de trabajo, en un escenario de crisis económica y reformas laborales en debate.

Una convocatoria feminista contra el ajuste

La movilización fue convocada por Ni Una Menos, que difundió el llamado a salir a las calles a través de redes sociales y asambleas preparatorias.

En la convocatoria, la organización planteó que la jornada busca denunciar “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno nacional y llamó a construir una respuesta colectiva frente al deterioro de las condiciones de vida.

“Este 9M volvemos a las calles en todo el país porque no aguantamos más el ajuste y su política de hambre, odio y represión”, señaló el colectivo feminista en el mensaje difundido para convocar a la movilización.

El movimiento también sostuvo que la jornada forma parte de una tradición internacional de lucha feminista que vincula la igualdad de género con la defensa de los derechos sociales, laborales y democráticos.

Marchas en otras ciudades del país

La convocatoria del 9 de marzo tendrá expresiones en distintas provincias.

En Rosario, organizaciones feministas definieron marchar desde la Plaza San Martín hacia el Parque a la Bandera, con consignas que incluyen el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización comenzará por la tarde y finalizará con la lectura de un documento que sintetizará las demandas del movimiento feminista local.

En Salta, la asamblea lesbotransfeminista resolvió convocar a concentrar a las 17 en la Plaza 9 de Julio, con participación de organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

Entre las consignas de la convocatoria provincial también aparece el rechazo a la reforma laboral y la preocupación por el impacto de esas políticas en las condiciones de vida de mujeres y diversidades.

Asueto en Misiones y otras actividades

En la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso trasladar al lunes 9 de marzo el asueto administrativo para las mujeres que trabajan en la administración pública provincial.

La medida, establecida mediante el Decreto Nº 328, alcanza a las trabajadoras de la Administración Pública Central, entes autárquicos y organismos descentralizados y busca facilitar la participación en las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer.

Más convocatorias en la jornada

En paralelo a las movilizaciones feministas, también se realizará una concentración desde las 14.30 frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Desde allí los manifestantes marcharán hacia el Congreso y luego a Plaza de Mayo en el marco de las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La jornada del 9 de marzo reunirá así múltiples expresiones de protesta en el centro porteño, con una fuerte presencia del movimiento feminista y de organizaciones sindicales.

JJD

Reglamentada la ley de reforma laboral, la CGT presentó un amparo para frenarla. La medida de la central obrera se concretó este viernes, horas después de que la norma sea publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei.

La demanda fue firmada por el triunvirato cegetista y quedó radicada ante el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavie Pico. Es el mismo magistrado que frenó el capítulo laboral del DNU de desregulación económico 70/23, que firmó Milei apenas asumió su gestión.

La central obrera había anticipado la judicialización de la ley de flexibilización el lunes pasado en una movilización que realizó a la sede de la Corte Suprema de Justicia, frente a Plaza Lavalle. Para la CGT la ley es “anticonstitucional” por violar, entre otros el artículo 14 bis que consagra derechos laborales básicos.

El oficialismo logró aprobar con una mayoría circunstancial aportada por gobernadores aliados y el PRO y la UCR la ley que tiene en el corazón la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para pagar las indemnizaciones, pero también recorta las horas extras, ajusta las vacaciones, restringe el derecho a huelga y de asambleas de trabajadores, y permite los convenios por empresas.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar el lunes en la puerta del Palacio de Justicia.

LA CGT sostiene que la nueva normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que establece que el Estado no puede adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en derechos laborales previamente conquistados.

Además, advierte que también se afecta el principio protectorio, basado en la desigualdad estructural que existe entre empleadores y trabajadores y que busca equilibrar esa relación para evitar abusos sobre la parte más débil.

En su presentación, la central sindical afirma que la reforma impacta sobre garantías previstas en el artículo 14 bis de la Constitución, entre ellas la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y la seguridad social.

La CGT también cuestionó disposiciones puntuales del proyecto. Según su interpretación, el nuevo esquema habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas, eliminaría el pago de horas extras y, en consecuencia, podría derivar en una reducción de los salarios.

Por otro lado, criticó que se eliminen sanciones para empleadores que no hayan realizado aportes o que hayan incumplido la legislación laboral. Asimismo, objetó la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Con información de agencia NA

MC

Todo lo que el Gobierno y las patronales con la complicidad de diputados y senadores pretenden echar por tierra con la ley que aprobaron la semana pasada, costó mucha lucha. Nadie nos regaló nada. Cada derecho que tenemos lo conseguimos reclamando: con diálogo, pero sobre todo con movilizaciones y huelgas. La regresiva reforma laboral viene a destruir todo eso. 

Hace cien años, los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos lograron la jornada laboral de ocho horas, mayores salarios, el fin del trabajo a destajo y mejores condiciones laborales. Sólo pudieron conquistar esos derechos después de una huelga y una toma de planta, que hicieron después de agotar todas las instancias de negociación. Pero la huelga no le gustó ni a la patronal ni al gobierno y el conflicto pasó a la historia como la Semana Trágica aunque en realidad no fue una tragedia, fue una masacre.

Después de un mes de protestas y de la solidaridad obrera creciente, los dueños de Vasena se propusieron romper la huelga y contrataron matones armados que tuvieron el apoyo de la policía para desalojar la planta y lanzar una cacería que terminó con cuatro trabajadores asesinados, tres a balazos y uno por los sablazos de la policía montada. 

Dos días después, el 9 de enero de 1919, una manifestación acompañó el cortejo fúnebre para enterrar en el cementerio de Chacarita a los asesinados por la represión. Esa movilización también fue reprimida y la policía dejó casi 100 obreros muertos y más de 400 heridos. La respuesta del conjunto de los sindicatos fue una huelga general por tiempo indeterminado. 

Finalmente, una semana después, el gobierno aceptó los reclamos obreros: redujo la jornada laboral, concedió el aumento de salarios y liberó a los trabajadores detenidos. También Vasena reincorporó a todos los despedidos durante el conflicto.

Esa huelga y el reclamo colectivo fue un gran paso para que las y los trabajadores de este país tengamos derecho a la jornada de 8 horas. Los dueños de la empresa Pedro Vasena e hijos apenas redujeron un poco sus ganancias. 

Nunca nadie nos regaló nada. Nosotros aprendimos de esos obreros y sus familias, por eso las y los aceiteros usamos la huelga como principal herramienta. Muchos dicen: “Ustedes cobran bien y encima hacen huelga”. La formulación es equivocada: ganamos bien porque hacemos huelga. Antes de hacer huelga éramos pobres trabajando en empresas multimillonarias y teníamos condiciones laborales deplorables.

Esa experiencia de las aceiteras la llevamos a las desmotadoras de algodón, que son empresas más chicas, sin puerto, metidas en el campo profundo, empresas pequeñas que son el primer eslabón de la industria textil. Una industria con mucha menos rentabilidad que las gigantescas cerealeras. Allí también logramos duplicar el salario de las y los trabajadores. Las empresas desmotadoras pasaron a pagar el doble de salario y ninguna se fundió.

La semana pasada, un grupo de políticos, que en su mayoría nunca han trabajado bajo patrón o son patrones o responden directamente a los patrones que los pusieron ahí, votaron para terminar, entre otras cosas, con la jornada de 8 horas y con el derecho a huelga. Tiraron por el inodoro del Congreso la lucha y nuestro esfuerzo para tener derecho a una vida digna a cambio de nuestro trabajo. 

No logramos frenar en el Congreso esa ley nefasta, pero vamos a seguir luchando hasta que volvamos a conquistar nuevamente los derechos que necesitamos para vivir dignamente de nuestro trabajo. Nadie nos regaló nada, ahora tampoco. Tengamos memoria para recordar nuestra historia y también para recordar a los que votaron y votaran en contra de la clase trabajadora.

*El autor es secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón