El Tribunal Oral Federal N.º 7 rechazó este martes los principales planteos de nulidad presentados por las defensas en el juicio por la denominada causa Cuadernos y dispuso avanzar hacia una nueva etapa del debate oral. En ese contexto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria de manera presencial el próximo martes en los tribunales federales de Comodoro Py.

La resolución fue adoptada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes desestimaron más de medio centenar de recursos presentados por las defensas de ex funcionarios y empresarios imputados. Entre ellos se encontraba el pedido de nulidad total del proceso impulsado por la defensa de la ex mandataria, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Con esa decisión, el tribunal dio por cerrada la etapa de cuestiones preliminares del juicio y habilitó el inicio de las declaraciones indagatorias de los acusados. La primera audiencia de esta nueva fase se realizará el martes desde las 9 en el salón Auditorium del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002.

En esa jornada, la primera citada será Cristina Kirchner, seguida por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. También figuran en la lista de convocados para ese día los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens y José María Olazagasti, además del ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

Según la resolución leída en audiencia, los magistrados concluyeron que “la lectura del expediente no evidencia los vicios” señalados por las defensas para intentar anular el proceso. En ese sentido, descartaron que se hubieran vulnerado garantías constitucionales durante la investigación.

El tribunal también rechazó planteos vinculados con la prescripción de los delitos, cuestionamientos a la validez de la figura del imputado colaborador y pedidos para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el juicio.

Las indagatorias se realizarán de manera presencial ante los jueces, aunque el proceso continuará con una modalidad mixta: sólo deberán asistir a la sala los acusados convocados para declarar en cada audiencia junto con sus defensores, mientras que el resto de las partes podrá seguir el debate de forma remota.

En el caso de Cristina Kirchner y de Julio De Vido, ambos con condenas firmes en otras causas, el tribunal deberá coordinar los traslados con los juzgados encargados de la ejecución de sus penas. La ex presidenta cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, mientras que De Vido permanece detenido en el penal de Ezeiza por la tragedia ferroviaria de Once.

Durante la audiencia de este martes, el abogado de la ex mandataria cuestionó además declaraciones públicas del presidente Javier Milei. Carlos Beraldi sostuvo que el mandatario emitió expresiones que “afectan de manera directa al proceso”, luego de que en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso afirmara que Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos”.

El planteo fue respaldado por otras defensas. La fiscal de juicio Fabiana León, por su parte, coincidió en que ese tipo de manifestaciones públicas resultan impropias, aunque remarcó que el Ministerio Público actúa con independencia. El presidente del tribunal respondió que se garantizará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

La causa Cuadernos se originó en 2018 a partir de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno, en los que se registraban presuntos traslados de dinero vinculados con empresarios contratistas del Estado. A partir de ese material se abrió una investigación que derivó en múltiples procesamientos de ex funcionarios y empresarios.

En el juicio oral se analiza la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos asociado a contratos de obra pública y otros negocios con el Estado durante los gobiernos kirchneristas. En ese expediente, Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, cargos que la ex presidenta ha rechazado y cuya investigación ha cuestionado en reiteradas oportunidades.

Con el rechazo de los planteos de nulidad, el tribunal despejó los principales obstáculos procesales y dio paso a una de las etapas centrales del debate: las indagatorias de los acusados, que comenzarán el martes con la comparecencia presencial de la ex mandataria.

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py hacia la cárcel de Ezeiza. De Vido fue ingresado a uno de los vehículos de la Policía Federal pasadas las 16, después de haberse presentado por la mañana a los tribunales de Comodoro Py.

El ex funcionario había ingresadoo a los tribunales a las 8.15 para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme el martes último la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

De Vido está condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

El mensaje de la agrupación de Larroque tras la sentencia a De Vido

La agrupación La Patria es el Otro, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, expresó este jueves su solidaridad con De Vido y denunció una “persecución judicial” contra el peronismo.

“Desde La Patria es el Otro expresamos nuestra solidaridad con el compañero De Vido frente a la persecución del aparato judicial que hoy vuelve a privarlo de su libertad de manera arbitraria e ilegítima”, señaló la organziación en un comunicado.

El espacio acusó a la Justicia de actuar “al servicio del poder económico” y de formar parte de “un plan de disciplinamiento generalizado a la dirigencia política, gremial y social mientras avanza el plan de entrega y empobrecimiento del presidente Javier Milei”.

En el texto, la agrupación advirtió que “el avance feroz de destrucción de derechos y de entrega de nuestra soberanía se sostiene con la complicidad de un aparato mediático, político y judicial corrupto que vulnera el estado de derecho argentino condenando y encarcelando a dirigentes de la oposición”.

“Solo la organización del pueblo puede vencer a estos poderes corruptos y mafiosos”, concluye el comunicado, que llama a “reconstruir una alternativa federal, democrática, soberana y con justicia social”.

Con información de la agencia NA

Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py acompañado por su abogado Maximiliano Ruscon para cumplir en prisión la condena de cuatro años impuesta por la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4.

El abogado defensor, Maximiliano Rusconi, había solicitado el beneficio de la detención en su domicilio en razón de la edad del exministro, de 75 años, y su estado de salud, pero el tribunal rechazó el planteo y ratificó la citación para el 13 de noviembre de 2025. Quedaría alojado en el penal de Ezeiza.

En un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, Rusconi calificó de “arbitraria” la decisión judicial y cuestionó la “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” con la que, según él, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa.

El letrado adelantó además que realizará una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, por considerar que la medida vulnera los derechos de su defendido.

El fallo firmado por los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel determinó “mantener indefectiblemente la convocatoria” y negar la prisión domiciliaria, dejando sin efecto los argumentos esgrimidos por la defensa.

De Vido está condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema; en 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena y desestimó el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

Con información de NA

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien deberá cumplir en prisión la condena de cuatro años impuesta por la Tragedia de Once. El exfuncionario se presentará este jueves a las 10 en los tribunales de Comodoro Py, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4.

El abogado defensor, Maximiliano Rusconi, había solicitado el beneficio de la detención en su domicilio en razón de la edad del exministro, de 75 años, y su estado de salud, pero el tribunal rechazó el planteo y ratificó la citación para el 13 de noviembre de 2025.

En un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, Rusconi calificó de “arbitraria” la decisión judicial y cuestionó la “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” con la que, según él, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa.

El letrado adelantó además que realizará una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, por considerar que la medida vulnera los derechos de su defendido.

El fallo firmado por los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel determinó “mantener indefectiblemente la convocatoria” y negar la prisión domiciliaria, dejando sin efecto los argumentos esgrimidos por la defensa.

La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, dejó 51 muertos y más de un centenar de heridos cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra el andén de la estación terminal.

Con información de NA y medios

JIB

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al rechazar por “inadmisibles” los recursos presentados tanto por la defensa como por la Fiscalía en la causa por la Tragedia de Once. Tras la decisión del máximo tribunal, el Tribunal Oral Federal Nº 4 ordenó que el exfuncionario se presente este jueves a las 10 de la mañana para concretar su detención.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes ratificaron la responsabilidad penal de De Vido como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, confirmaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa se originó tras el choque del tren de la línea Sarmiento contra la cabecera de la estación de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. El hecho, considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia argentina, derivó en múltiples procesos judiciales por corrupción y negligencia en la gestión del transporte público.

En 2018, el Tribunal Oral Federal Nº 4 había condenado a De Vido al entender que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), a cargo del servicio. Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo —vinculado directamente con las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente—, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Inicialmente, el tribunal había fijado una pena de cinco años y ocho meses de prisión, pero la Corte redujo la condena a cuatro años tras revisar el fallo en 2024. Con esta resolución, quedó firme la sentencia y se desestimó el último intento de la defensa de obtener la prescripción de la causa.

De Vido, quien ocupó el Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), ya había estado detenido entre 2017 y 2019 en otra causa por corrupción. También fue procesado en una decena de expedientes judiciales vinculados a la gestión de la obra pública y los subsidios estatales.

La tragedia de Once tuvo como principales condenados al maquinista Marcos Córdoba; a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y a los empresarios de TBA, quienes fueron considerados responsables por el deterioro y la falta de control del servicio ferroviario. Con la confirmación de la condena a De Vido, se cierra uno de los capítulos judiciales más extensos derivados del siniestro ocurrido hace ya más de una década.

Con información de las agencias NA y EFE

Luego de 9 años, la actriz y productora Andrea del Boca fue absuelta en la causa que se le inició por administración fraudulenta por los fondos del Estado que recibió para financiar la telenovela “Mamá Corazón”. Así lo decidió este jueves el Tribunal Oral Federal 7.

Del Boca llegó al juicio procesada como supuesta partícipe necesaria y al escuchar el veredicto vía Zoom rompió en llanto. La causa penal fue iniciada en 2015 por el juez federal Sebastián Ramos con acusación del fiscal Gerardo Pollicita y tuvo un total de 11 imputados, entre ellos, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM.

La absolución dispuesta de manera unánime por los jueces Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli alcanza a todos los acusados incluido De Vido.

El juez Fernando Canero fue el encargado de la lectura del fallo, que se realizó de manera virtual y cuyos fundamentos se conocerán el 25 de noviembre próximo.

Además de la absolución, el Tribulan resolvió el cese de las medidas cautelares como embargos y poner a disposición de la Secretaría de Cultura de la Nación los capítulos de “Mamá Corazón” que están bajo custodia del Tribunal. También se absolvió por falta de acusación fiscal en este caso a quienes habían llegado a juicio por otra producción audiovisual, la miniserie “El Pacto”, entre ellos Liliana Mazure, el ex rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta, además de De Vido y el ex funcionario Luis Vitullio.

En la última jornada del debate oral que se inicio en marzo, los jueces escucharon las últimas palabras de los acusados en una audiencia virtual y pasadas las 12:30 dieron su veredicto, mientras que, previamente Andrea del Boca sólo agradeció al Tribunal “por el trato para todos”.

“No voy a hacer ninguna manifestación, sólo agradecerles”, afirmó la actriz, mientras que De Vido tampoco pronunció últimas palabras.

La fiscal Fabiana León había pedido una condena de tres años y seis meses de prisión para la actriz y productora, a la vez que también reclamó en su alegato final una pena de cuatro años y seis meses de prisión para De Vido.

Andrea del Boca enfrentaba un juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela “Mamá Corazón” y la acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El gobierno de Donald Trump resolvió este viernes prohibir la entrada a Estados Unidos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner y de su ex ministro de Planificación, Julio de Vido, por su “participación en importantes casos de corrupción”. La medida alcanza también a Máximo y Florencia Kirchner.

Así lo anunció hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos al informar que tanto Fernández de Kichner como De Vido fueron “designados” por el Secretario de Estado, Marco Rubio. Esta decisión implica que no podrán ingresar a ese país.

El anuncio fue difundido por la embajada estadounidense en Argentina. Según el comunicado “CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”.

Allí tambien aclara que estas desginaciones son una facultad directa del Secretario de Estado, es decir Rubio, y que con ellas buscan reafirmar su “compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno”.

La medida alcanza a los familiares directos, por esa razón tampoco podrán ingresar ni Máximo ni Florencia Kirchner, los hijos de la ex presidenta, pero también se verá afectada Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido.

A poco de conocerse la noticia, una de las primeras reacciones fue del presidente Javier Milei, quien solo escribió en su cuenta de X “CHE Cristina...Fin”, junto con el comunicado del Departamento de Estado.

Es la primera vez que un presidente argentino recibe una sanción de este tipo. El senador republicano Ted Cruz fue uno de los que venía reclamando algún tipo de medida contra la ex presidenta. En septiembre de 2023, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado , Cruz cruzó al entonces subsecretario para las Américas del Departamento de Estado de la administración de Joe Biden, Brian Nichols, por la demora del gobierno en sancionar a Fernández de Kirchner.

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación confirmóla sentencia a Fernández de Kirchner en el caso Vialidad, por la que la exmandataria está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública fue dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre de 2022 y fue revisada por la Sala IV de la Casación, máximo tribunal penal del país.

Los jueces estimaron que entre 2003 y 2015 los condenados colaboraron en la sustracción de más de $ 84.835 millones de las arcas del Estado a través del direccionamiento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, socio y amigo de la familia Kirchner.

Según detalla la embada, estas sanciones se realizan conforme a la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, prorrogada en 2025 y que “exige al Secretario de Estado que designe de manera pública o privada a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que el Secretario tenga información fidedigna de que estén implicados en corrupción significativa o en grave violación de derechos humanos”.

Noticia en desarrollo

Nélida Caballero, la excocinera del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, fue condenada hoy a tres años de prisión en suspenso como autora de “lavado de activos” y se ordenó el decomiso de una propiedad en Formosa y vehículos de alta gama de su propiedad, aunque no irá a prisión.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal 7, que leyó el veredicto pasadas las 13.30, al término de un juicio oral, y que dispuso además que pague el doble del monto que se considera que no puede justificar, casi 400 millones de pesos, en concepto de multa.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli leyeron la resolución en una audiencia a la que todas las partes se conectaron de manera remota, vía la plataforma Zoom.

Al final del juicio resultaron absueltos la pareja de Caballero, Omar Lavergne, y la hija de la cocinera, Camila ante la falta de acusación fiscal. La mujer no irá a prisión porque la condena fue a tres años de ejecución condicional.

La fiscal de juicio Fabiana León había pedido en su alegato final una pena de tres años y tres meses de cárcel. En la acusación, la fiscal comparó la estrategia de defensa de Caballero con la que lleva adelante la modelo Sofía Clerici en otra causa penal que la investiga junto al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por delitos similares.

La modelo sostiene que todo su dinero lo obtuvo por sus servicios de acompañante, que fue “la defensa Clerici”, según citó León, que también esbozó Caballero al argumentar que ese dinero provino del ejercicio de la prostitución, comparó.

Según Caballero, el dinero que para la Justicia no pudo justificar provino de esa actividad que realizaba de manera paralela a su trabajo como empleada en la casa de los De Vido.

MM con información de la agencia NA.

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, dará a conocer este miércoles si confirma la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Vialidad. El fallo llega casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública.

La sentencia se leerá en los tribunales de Comodoro Py 2002 y se trasmitirá por YouTube. No se espera la presencia de Fernández de Kirchner en el edificio de Retiro, ya que no es obligatoria su presencialidad, explicaron a elDiarioAR fuentes directas del caso y de la defensa de la exmandataria.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revisaron la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2, dictada el 6 de diciembre de 2022. El expediente de Vialidad tuvo a Fernández de Kirchner como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez —también condenado— en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos. 

Tras la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de las decisiones del tribunal oral. Los abogados de la exmandataria solicitaron su absolución mientras que los fiscales Diego Luciani y Mario Villar reclamaron que CFK sea también condenada por el delito de asociación ilícita, cargo del que resultó absuelta por dos votos contra uno durante el juicio oral y público. 

La decisión de Casación, que se conocerá a partir de las 11 de la mañana, no es sentencia firme, por lo que Fernández de Kirchner no debería quedar detenida ni inhabilitada a ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema decida sobre su caso. Entonces, la sentencia sí quedará firme. 

Esto último se debe a que en el nuevo Código Procesal Penal, votado por gran parte de las fuerzas políticas en el Congreso, existen seis artículos que el kirchnerismo hizo entrar en vigencia de manera anticipada en febrero de 2021. Fernández de Kirchner estaba siendo juzgada por este caso desde mayo de 2019. 

Los artículos plantean que es necesario que la Corte Suprema revise y decida sobre una sentencia para que se considere sentencia firme y la pena de prisión se haga efectiva, siempre y cuando las partes recurran al máximo tribunal. Una Corte que, además, podría cambiar su composición en el corto plazo.

Escenarios

La intervención de la Corte Suprema está cantada, explicaron fuentes directas del caso a elDiarioAR: cualquier sea la decisión de Casación, el expediente se elevaría al máximo tribunal. Si se confirmara la sentencia de seis años contra Fernández de Kirchner, tanto la defensa como la fiscalía recurrirán a la Corte. La primera, para insistir con su absolución. La segunda, para seguir planteando su condena por asociación ilícita.

La Corte Suprema no tiene plazos para revisar los eventuales planteos de la fiscalía o de la defensa.

Además, la causa tiene otros ocho condenados y algunos absueltos, como el exministro Julio De Vido —decisión apelada por la fiscalía—.   

Fernández de Kirchner ya tiene más de 70 años de edad, por lo que eventualmente, de ser confirmada su sentencia en la Corte Suprema, tendría prisión domiciliaria. Si la Corte se demorara y fuera electa para un cargo legislativo en 2025, podría sumar fueros que también la protejan de quedar detenida. En ese caso, debería ser desaforada.

Los jueces de la Casación pueden fallar en distintos escenarios. Un fallo posible es que confirmen la condena del tribunal oral federal y rechacen el planteo de los fiscales de condenar a la expresidenta por asociación ilícita. En este escenario, CFK debería recurrir a la Corte Suprema para insistir con su absolución total. 

Una segunda posibilidad es que los jueces absuelvan a Fernández de Kirchner y un tercer escenario es que agraven la situación de la condenada y que además de confirmar su sentencia por administración fraudulenta sumen otra por asociación ilícita. En este caso, Casación ordenaría al tribunal oral que dicte una nueva sentencia, más grave para la expresidenta. 

ED/JJD

Por primera vez, el caso Odebrecht tendrá un juicio oral y público en Argentina que comenzará el próximo 7 de abril y pondrá a algunos de los empresarios más importantes de la obra pública en el banquillo de los acusados junto a exfuncionarios como Julio De Vido y José López. El camino al juicio avanza mientras parte de la prueba corre peligro de nulidad por una maniobra de las defensas en Brasil.

El caso gira en torno de la construcción de dos plantas de Aysa, adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa junto a socios locales durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los empresarios Aldo Benito Roggio (Roggio Hermanos), Carlos Wagner (Esuco) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros, están acusados junto a De Vido, López y Roberto Baratta por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública y cohecho.

Roggio y Wagner declararon como arrepentidos y admitieron el pago de sobornos a Baratta en el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, otro expediente que debe afrontar un eventual juicio oral y público. Sin embargo, en el caso de Aysa, ambos empresarios niegan la comisión de delitos, al igual que el resto de los imputados.

El Tribunal Oral Federal número 7 fijó fecha de juicio para el 7 de abril de 2025 a las 9:30. El debate oral y público se realizará una vez por semana, los lunes, y a través de la plataforma zoom. Ambas decisiones generaron quejas de la fiscal a cargo del juicio, Fabiana León, y del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acompaña a León en la preparación y desarrollo del juicio. 

A pedido de parte de las defensas, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Herminio Fernando Canero ordenaron la producción de una nueva pericia, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública y que dentro de los próximos cuatro meses deberá determinar si existió perjuicio al Estado.

El juicio contará con más de 290 testigos, entre quienes se citará al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada Margarita Stolbizer; la legisladora porteña Graciela Ocaña; el sindicalista José Luis Lingeri; y los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico. También se solicitó las declaraciones testimoniales del empresario Marcelo Odebrecht y los ex ejecutivos de su constructora Luis Antonio Mameri, Marcio Faria y Rodney Rodrígues de Carvalho. Mameri y Faria declararon ante la Justicia de Brasil como arrepentidos y confesaron el pago de coimas por la obra de Aysa.

Sin embargo, el caso se encuentra en un punto de inflexión en Brasil. Un fallo del Tribunal Supremo Federal de Justicia de ese país anuló pruebas centrales para favorecer al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 

El máximo órgano judicial de Brasil dijo en un comunicado que esta nulidad, dictada por el juez supremo José Antonio Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, aunque el tribunal mantuvo firme el acuerdo de delación firmado por el empresario, en el que se declaró culpable y aceptó colaborar con la Justicia.

La nulidad brasileña

Los fiscales del juicio de Aysa se preparan para una batalla eventual con las defensas por la validez de parte de las pruebas aportadas por la Justicia de Brasil. Basado en la nulidad de Dias Toffoli, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en el caso como supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina, logró que la Justicia brasileña bloquee el uso de prueba obtenida por los fiscales de Curitiba durante la investigación del Lava Jato, como se conoce a este caso en Brasil. El juez Dias Toffoli comunicó su sentencia de nulidad de las pruebas a la Argentina en las últimas semanas, informó La Nación. 

Dias Toffoli sostiene que parte de las evidencias contra Rodríguez son inadmisibles porque fueron extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht a los que le atribuye “falta de fiabilidad” debido a una “grave violación de la cadena de custodia” que garantice que las pruebas no fueron alteradas tras su secuestro por parte de las autoridades.

Las pruebas cuestionadas son los contenidos de “Drousys” y “MyWebDay”, dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos. Su autenticidad fue reconocida por Odebrecht y sus ejecutivos cuando declararon como arrepentidos ante Brasil y Estados Unidos. 

El caso

En 2016, Odebrecht confesó el pagó de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Los pagos ilegales se realizaron para obtener o mantener tres grandes contratos de la constructora brasileña en el país, según las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de la compañía. El capítulo Aysa es uno de esos grandes contratos, dividido, en realidad, en dos licitaciones que se realizaron en paralelo. La segunda empresa brasileña bajo investigación es Camargo Correa.

El expediente nació en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó también a los entonces directivos de Aysa, Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

ED/JJD

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 absolvió este miércoles al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray y condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva a Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCoVi). El veredicto es en el marco de la causa que investigaba el intento de ingresar al país del ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson con una valija con US$790.550 en 2007.

Los jueces Ignacio Fornari, Diego García Berro y Luis Losada absolvieron a De Vido y a Echegaray, en un fallo dado a conocer este mediodía en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. Además, condenaron por “encubrimiento de contrabando agravado” por su condición de funcionario público a penas de cumplimiento en suspenso a cuatro exfuncionarios de la Aduana que fueron sometidos a juicio.

En cuanto a Uberti, el exfuncionario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por “intento de contrabando” de divisas, por el vuelo que compartió esa madrugada con Antonini Wilson.

Las penas no se ejecutarán hasta que queden firmes en todas las instancias de apelación.

Por la mañana, los jueces escucharon las últimas palabras de los acusados. Uberti, quien viajaba en mencionado avión junto a Wilson reclamó ser absuelto porque “quedó demostrado ante mis pocos amigos que conservo, mi familia, mis pocos vínculos laborales que no tuve participación alguna, todo lo demás son rumores”.

De hecho, Uberti destacó que el venezolano “hoy se encuentra prófugo”, y fue quien “se quedó hasta la madrugada contando los billetes de su propiedad, ofreció repartirlos y firmó el acta”.

También tuvieron oportunidad de exponer Echegaray y De Vido, quienes agradecieron brevemente al Tribunal y sus abogados.

Rosa García, María Gallini, Jorge Lamastra y Guillermo Lucangeli, los exfuncionarios de la Aduana juzgados en el debate, ratificaron que el procedimiento esa madrugada del 4 de agosto de 2007 fue correcto, ajustado a la ley, que el dinero se contó, fotografió y secuestró. Los cuatro que recibieron condenas en suspenso de entre 10 meses y un año de prisión remarcaron que “hicieron lo correcto”.

El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó pasar por un control aduanero en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery llevando una valija con el mencionado número de dólares, luego de llegar al país en un vuelo privado contratado en ese momento por la empresa estatal ENARSA.

Wilson, considerado “rebelde” por la Justicia argentina al haberse ido del país apenas lo ocurrido se hizo público, se radicó en Estados Unidos y no se logró su extradición. Viajaba junto a funcionarios de ese organismo, Uberti y otros compatriotas en el avión que partió de Venezuela.

El fiscal general Marcelo Agüero había pedido 5 años de prisión para De Vido, y 4 años y 10 meses de prisión para Uberti como coautores del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas.

La acusación de la fiscalía se basó en que habrían permitido el ingreso de US$790.550 que llevaba Antonini Wilson.

En cuanto a Echegaray, por entonces titular de la Dirección General de Aduanas, Agüero pidió el sobreseimiento por “carencia de pruebas”.

El juicio oral comenzó el 8 de marzo pasado, a 16 años del hecho.

LC con información de agencia Télam

El fiscal Marcelo Agüero Vera pidió la pena de cinco años de prisión para el ex ministro de Planificación Julio De Vido por el delito de “contrabando de divisas” a raíz del ingreso a la Argentina del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en 2007 con casi US$ 800 mil en efectivo.

En cambio, el fiscal no acusó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, sospechado por encubrimiento, por insuficiencia de elementos para condenarlo.

En la etapa final del juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico, el fiscal reclamó también cuatro años y diez meses de prisión para el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti por el mismo delito.

La figura penal reprochada es la de “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por haber intervenido más de tres o más personas y por tratarse los imputados de funcionarios públicos”, cuya pena en expectativa va de los dos a los ocho años de prisión.

El fiscal pidió, además, para De Vido y Uberti las penas de tres y dos años de inhabilitación para el ejercicio del comercio y para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Para los ex funcionarios aduaneros Rosa Nélida García, Guillermo David Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra el fiscal pidió dos años de prisión en suspenso por “encubrimiento”.

El principal acusado, Antonini Wilson, no comparece en el juicio porque está prófugo de la Justicia argentina.

El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Oral número uno, a cargo de los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada.

Según el fiscal, el intento de ingreso del dinero proveniente de Venezuela ocurrió “a pedido de Uberti” y “por orden y disposición de De Vido”.

El fiscal Agüero Vega desistió de la acusación por “lavado”, una de las figuras que también aparecían en el abanico de posibilidades de la acusación.

Con información de NA.

IG

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

A lo largo de 1.616 páginas, los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública consideraron que su política de adjudicación representó un “caballo de Troya” destinado su beneficio económico y el de su familia“. Así, lo afirmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes el pasado 6 de diciembre condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”

Para los jueces no hubo duda de que se trató del delito de administración fraudulenta y así lo consideraron de manera unánime luego de analizar la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados sobre la figura de asociación ilícita, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y que no se pudo probar la “pluralidad de planes delictivos indeterminados. En disidencia votó Basso.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcan los jueces. 

Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se reunió con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo fue desmantelar las operaciones. “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, dijeron los jueces.

Para Gorini, Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno (NdR: el gobierno de Cristina Kirchner) pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, al tiempo que agregan: “Nuestro convencimiento se cimenta en las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El TOF 2 explica que  la evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Y agrega: “Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa”. 

Los fundamentos para la sentencia a CFK

Hacia el final del documento, los jueces se centran en la figura de la entonces presidenta Cristina Kirchner para explicar “la atribución de responsabilidad a la ex Presidenta de la Nación en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”. Y agregan: “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV) fue dirimente”.

Además, argumentan que “pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo 'responsable político de la administración general del país'. Esto importa una responsabilidad jurídica y política, con proyecciones civiles y penales”. Para los jueces, “la resolución presidencial exteriorizada a través del Decreto nro. 54/2009 relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados”.

Los magistrados dicen que Cristina Kirchner quiso “proveer al beneficio económico de las empresas que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, o lo que es lo mismo, de las sociedades comerciales controladas por Lázaro Báez. O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. 

Qué dijeron sobre el “lawfare”

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron los jueces en contra de los reproches de las defensas durante las audiencias.  

Los fundamentos completos

La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal número 2 por la adjudicación irregular de 51 obras viales a su exsocio Lázaro Báez. Los magistrados Gorini y Giméz Uriburu también explicaron por qué la absolvieron por el delito de asociación ilícita, al igual que a los otros doce acusados por la fiscalía, de acuerdo con el escrito publicado este jueves por la mañana en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de la publicación de los fundamentos, las defensas de los condenados y la fiscalía acusadora podrán presentar los recursos para soliictar la revisión de las condenas y absoluciones.

El juez Basso argumentó en un voto aparte sus fundamentos para disentir con sus colegas y considerar que Fernández de Kirchner debería haber sido condenada también por este segundo delito. Su voto será clave para el recurso que prepara el fiscal Diego Luciani ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que se revea esta absolución y se dicte una nueva condena, como adelantó el funcionario acusador en un escrito publicado el día de la sentencia.

Así fue la sentencia

Las sentencias, textuales del fallo del TOF 2

“De conformidad con las prescripciones del art. 398 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal; RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final.

II.- CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 5048/2016/TO1 1613 del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- CONDENAR a MAURICIO COLLAREDA a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- CONDENAR a RAÚL OSVALDO DARUICH a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- CONDENAR a CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- CONDENAR a RAÚL GILBERTO PAVESI a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- CONDENAR a NELSON GUILLERMO PERIOTTI a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- CONDENAR a JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- CONDENAR a JUAN CARLOS VILLAFAÑE a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

XII.- Por mayoría, ABSOLVER a LÁZARO ANTONIO BÁEZ, CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y NELSON GUILLERMO PERIOTTI, en orden al delito calificado por los Sres. Fiscales de Juicio como constitutivo del tipo normado por el art. 210 del Código Penal.

XIII.- ABSOLVER a JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO en relación a los hechos por los que fueron acusados, SIN COSTAS (art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN con relación al hecho imputado a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER y, en consecuencia, SOBRESEERLO en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los Sres. Fiscales Generales; y ABSOLVERLO respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, SIN COSTAS (arts. 59 –inc. 3°- y 62 –inc. 2°- del Código Penal y 336 –inc. 1°-, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- DISPONER EL CESE de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos (art. 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- NO HACER LUGAR a la solicitud de extracción de testimonios formulada por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, PONER A DISPOSICIÓN de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente.

Con información de agencias.

ED/IG

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la elevación a juicio oral y público de la Causa Odebrecht, la investigación por el presunto pago de unos 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014 por parte de la empresa brasileña para quedarse con al menos tres contratos de obra pública en la Argentina.

El máximo tribunal penal rechazó dos planteos de nulidad de elevación de la causa a juicio formulados por Gustavo Dalla Tea, presidente de la empresa Supercemento, y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

La Sala Tercera de la Cámara, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, también declaró “inadmisibles” los recursos de queja interpuestas por las defensas de Eduardo Miguel Blomberg y Lucas Patricio Cesa, quienes también se habían opuesto a la clausura del sumario y el pase a la etapa de debate.

La objeción central de las defensas se basaba en que el juez instructor, Sebastián Casanello, no había respondido los cuestionamientos ni la evacuación de citas como pruebas de descargo.

Tampoco esos planteos habían sido atendidos en la etapa de “instrucción suplementaria”, previa al juicio oral, adujeron.

“La decisión impugnada no es, por su naturaleza ni por sus efectos, sentencia definitiva ni a ella equiparable”, sostuvo la Cámara de Casación.

“Las resoluciones que deniegan nulidades, por regla, no constituyen sentencia definitiva, pues en esta materia prima un criterio de interpretación restrictivo. Tampoco se acreditó en el caso, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara de Casación como tribunal intermedio”, resumieron los fallos.

La decisión de la Casación despeja el camino para que el Tribunal Oral Federal número siete, que también tiene asignada la Causa Cuadernos, avance con la convocatoria al debate oral.

En la Causa Odebrecht se investigan las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui o “Planta del Bicentenario”.

Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por Norberto Odebrecht S.A. -Sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A.I.C. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y, por otro, la UTE conformada por Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. y Esuco S.A.

Con información de NA.

IG

El juez Andrés Basso pasará parte de la feria judicial escribiendo sus argumentos sobre por qué el Tribunal Oral Federal número 2 debería haber condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y elevar su pena por encima de los seis años de prisión, confirmó a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado.

Basso integra el tribunal que juzgó a la expresidenta y a otros doce acusados por el caso Vialidad y que determinó que la vicepresidenta administró de forma fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante sus dos presidencias al formar parte de una maniobra para direccionar 51 obras viales a su socio comercial, el empresario Lázaro Báez. Por este delito, los tres jueces del tribunal estuvieron de acuerdo en imponer la pena máxima a Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargo públicos.

Sin embargo, los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, consideraron que la fiscalía no había demostrado que la vicepresidenta haya sido la jefa de una asociación ilícita o que los hechos incluso probaran la conformación de una organización especialmente pensada para delinquir.

Por esa razón, el tribunal condenó a 9 de los 13 acusados a penas de entre 3 y 6 años y por dos votos a uno absolvió a todos por la presunta asociación ilícita.

El fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación junto a su colega Sergio Mola, había solicitado en agosto último penas de entre 2 y 12 años de prisión para los trece acusados por dos delitos: asociación ilícita y defraudación a la administración pública. 

A partir del 9 de marzo, cuando los jueces presenten los argumentos del fallo, Luciani acudirá a un tribunal superior para recurrir (apelar) la absolución de la vicepresidente y del resto de los enjuiciados por asociación ilícita, lo que implica reclamar al tribunal revisor de la sentencia que eleve las penas. 

voto Basso

“El delito de asociación ilícita que estimó comprobado esta fiscalía a lo largo del juicio confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina”, sostuvieron los fiscales Luciani y Mola en un artículo publicado tras la sentencia en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal. “Al mismo tiempo, interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”, aseguraron en relación al delito por el cual el tribunal absolvió a todos los acusados.

“En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Oral Federal n° 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esa parte del fallo y la revoque”, anunció la fiscalía en el mismo artículo.

Fernández de Kirchner, López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional) y el empresario Báez (beneficiado en el direccionamiento de las obras) fueron condenados a la pena de seis años de prisión, como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración pública.

Los jueces condenaron por el mismo delito a Juan Carlos Villafañe y Rául Gilberto Pavesi ( ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. José Rául Santibáñez (otro ex director general del organismo provincial) y Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del distrito en Vialidad) recibieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Cómo sigue

¿Quiénes son los jueces que deberán revisar la sentencia? Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que se encarga de revisar las decisiones de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones. Es el paso previo a la Corte Suprema. 

La Sala IV está integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros han sido denunciados públicamente por la vicepresidenta y acumulan presentaciones en su contra por haber visitado al expresidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno (en el caso de Hornos) o por haber compartido partidos de tenis en la Quinta de Olivos (en el caso de Borinsky).

La defensa de la vicepresidenta ha realizado planteos en los que sostiene que el caso Vialidad debe ser analizado por otra sala de la Casación, integrada por otros jueces, pero la Corte ya falló sobre esa disputa y confirmó a la Sala IV. Beraldi ya planteó que los dos jueces cuestionados por CFK deberían apartarse del caso. Si lo hicieran, otros integrantes de la Casación deberán acompañar a Carbajo en el caso.

De Vido

Además, los fiscales recurrirán la absolución por ambos delitos del exministro de Planificación, Julio De Vido. El ex titular de la cartera que dirigió las políticas de obras públicas entre 2003 y 2015 no sólo fue absuelto por la presunta asociación ilícita sino también por defraudación a la Administración pública. 

Después de Fernández de Kirchner, el tribunal atribuyó la mayor responsabilidad penal por el direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz al ex secretario de Obras Públicas José López (en la práctica, el segundo de De Vido) en el ministerio. Sin embargo, la fiscalía le había asignado a De Vido un rol central en la maniobra. Sólo entre 2007 y 2009, el exministro firmó 25 resoluciones que terminaron garantizando a las empresas de Báez obras por $509 millones de ese momento, de acuerdo con la documentación pública analizada por la fiscalía y a la que accedió elDiarioAR.

Los fiscales analizarán también los argumentos de los jueces para absolver de este último delito a otros exfuncionarios de menor rango: Abel Fatala (ex subsecretario de Obra Pública) y Héctor René Garro (uno de los cuatro exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz juzgados por este caso.); y para declarar prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner. El exfuncionario encargado del control de las operaciones fue sobreseído por el incumplimiento de sus deberes.

La absolución de De Vido es una carta central para la defensa de Fernández de Kirchner, según explicó el principal abogado de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi, en una entrevista con C5N. Si el ministro a cargo del diseño de la obra pública a nivel nacional durante 15 años no es considerado culpable por el direccionamiento de las obras a Báez, ¿cómo puede el tribunal encontrar culpable del mismo hecho a la Presidenta, quien supuestamente, por su función, no intervenía directamente en la toma de decisiones del ministerio?

La defensa solicitará que Fernández de Kirchner sea también sobreseída por el delito de administración fraudulenta, como De Vido, y evitará así que la sentencia quede firme.

La principal diferencia entre la acusación contra De Vido y la de Fernández de Kirchner es que el exministro fue acusado por sus decisiones en el cargo que habrían estado dirigidas a beneficiar al empresario Báez. Pero en el caso de la expresidenta, los fiscales resaltaron que, entonces, la unía a Báez un vínculo directo comercial, a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia. 

“Eran negocios legales”, afirmó Beraldi durante su alegato en el juicio. ¿Con qué argumento? “Estaba todo bancarizado”. Sin embargo, el resultado más evidente de esa relación es que el empresario más beneficiado en la provincia de los Kirchner por la asignación de licitaciones públicas en obras viales era el socio de la Presidenta en ejercicio, sin contar las explicadas irregularidades en la asignación de esos contratos: procesos públicos en los que Báez competía contra Báez, por ejemplo.

La fiscalía tuvo bajo la lupa varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Fernández de Kirchner para fondear a Vialidad o para la designación de un hombre de Báez en el organismo. Entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009, Fernández de Kirchner firmó siete DNU que permitieron el movimiento de al menos $1.447 millones investigados por la maniobra, según la información que analiza la fiscalía para su recurso ante Casación.

Beraldi también sostuvo que, técnicamente, la fiscalía no debería recurrir la sentencia, basándose en el artículo 458 del Código Procesal Penal. “Pidió 12 años de pena y el tribunal le impuso 6 años. Entonces como sólo puede recurrir cuando la pena que se le impone es inferior a la mitad de la solicitada, no puede recurrir. Pero si quiere recurrir, que recurra”, dijo Beraldi tras la sentencia.

En el noveno piso de los tribunales de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del fiscal Luciani, hacen una interpretación muy diferente ante la consulta de elDiarioAR sobre las declaraciones de Beraldi. Sostienen que la fiscalía sí puede recurrir al tribunal revisor de la sentencia por los jueces dictaron absoluciones.

ED

Provista de un mar de pruebas sobre arbitrariedades judiciales en su contra, Cristina Fernández de Kirchner se habilita ahorrarse la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Lázaro Báez pasó de ser un ejecutivo bancario a contratista casi excluyente de la obra pública de Santa Cruz desde el mismo momento en que su amigo Néstor Kirchner se mudó a la Casa Rosada? Y otra. ¿A una pareja tan obsesiva con los números como los Kirchner, cómo se les escapó la tortuga con las fortunas acumuladas por Báez, José López y Ricardo Jaime, producto de sus negocios con y/o desde el Estado?

Las respuestas a dudas tan básicas tampoco surgen de las dos o tres personas que hablan en nombre de la vicepresidenta. Consultado por Báez, Andrés Larroque apela a frases multiprocesadas para sugerir que los cuestionamientos surgen como vendetta de amos y señores de la obra pública que resistieron un nuevo competidor, como si Techint, Roggio, Odebrecht, Macri y Eurnekián hubieran dejado de facturar al Estado durante los años del kirchnerismo.

Los interrogantes que Cristina deja abiertos son políticos y éticos. También, obviamente, judiciales, pero allí entran a correr otros requisitos que van más allá de las deducciones del sentido común. Se necesitan pruebas obtenidas con garantías: Igualdad ante la ley, no ser juzgado dos veces por el mismo delito, identificación del objeto procesal, imparcialidad de los jueces, objetividad de los fiscales, exclusión de la extorsión y el espionaje como herramientas probatorias, respeto al tribunal natural, etcétera. Allí cambia la ecuación. Tan encandilado por la imagen que le devolvía el monitor, el fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la “ruta del dinero K” —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles, Panamá y las cámaras ocultas que se dejó hacer el arrepentido Leonardo Fariña.

El macrismo, conmovido

El martes a las seis de la tarde, mientras el Tribunal Oral Federal Número 2 de Comodoro Py hacía pública la condena a Cristina, las carrioístas Mariana Zuvic y Paula “Negrita” Oliveto se hacían filmar conmovidas frente a la pantalla. El community manager de Franja Morada gugleaba fotos de Alfonsín e Illia, el ejecutivo del Grupo Clarín Pablo Casey monitoreaba redes por si hacía falta encargar “alguna notita”, Horacio Rodríguez Larreta pulía el tuit de manual que reproducirían los medios que lo siguen, el arrepentido Alejandro Vandenbroele chequeaba las reservas para el hotel en Mendoza que le montó el Estado y Mauricio Macri extendía la sobremesa en alguno de los hospedajes seis estrellas que frecuenta.

El fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la ruta del dinero K —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles

Javier Iguacel, artífice de la reapertura de la investigación judicial sobre Báez, celebraba su conquista, a la espera de una cita más importante en tribunales federales. Techint lo presentó como testigo en la demanda que el grupo inició contra el Estado por US$ 642 millones, originada en un contrato de extracción de gas orquestado durante el Gobierno de Cambiemos. La audiencia todavía no tiene fecha.

Es esperable que nadie en la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica reclame garantías procesales en las causas que apuntan a Cristina. Mediante infinidad de decisiones —remoción de jueces no controlados, traslados a dedo de sus reemplazantes, negocios para arrepentir testigos y operaciones de prensa—, esa fuerza cinceló la red de magistrados, espías y periodistas que reina en Comodoro Py, tan útil para apuntar a adversarios como para administrar la impunidad de los propios.

La intoxicación de los tribunales federales no nació con Cambiemos, aunque la potenció mucho más allá de lo conocido en democracia, al punto de que, si alguien saca los pies del plato, cae al abismo. Así se explica que los aliados-espiados por la SIDE de Macri se esmeren en garantizar que los expedientes de la inteligencia ilegal descansen en Comodoro Py. Profundizar el reclamo equivaldría a autoinculparse.

Ante la expectativa de que un cambio de liderazgo en la alianza de derecha tenga voluntad y capacidad de modificar las cosas, la temeridad expuesta por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, y las gestiones ofrecidas por el fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques, ante sus amigos de Lago Escondido brindan una respuesta concluyente.  

Equilibrismo

Una tercera vertiente encuentra en las lógicas sospechas que despierta la relación Báez-Kirchner una razón para ratificar su preocupación por el equilibrio y la República. Como en la causa Vialidad hubo un período de instrucción, Cristina pudo designar abogado, los fiscales acusaron, los defensores replicaron, los testigos declararon, otros jueces resolvieron recusaciones y habrá instancias de apelación, la Tercera Vía concluye que “la Justicia” hizo su trabajo: el viaje de los huemules a Lago Escondido es un oprobio, pero la fortuna de Báez no cierra y Cristina no puede explicar los negocios en común; por lo tanto, el veredicto es válido. Corea del Centro parece tratar esos razonamientos como asuntos separados, como si el vandalismo judicial que se exhibe sin disimulo desde hace años marchara escindido de la legitimidad de la condena o absolución de un imputado.

La vara queda un poco baja si el debido proceso se reduce a formalidades en un papel y ausencia de secuestros nocturnos. ¿Hubo decenas de prisiones arbitrarias en causas serias o inventadas desde que Macri asumió la presidencia? Sí, pero Báez, Amado Boudou, Jaime y compañía eran bastante impresentables y el país necesita ejemplaridad. 

Con un bisturí analítico peculiar, voces de la Tercera Vía afirman que Luiz Inácio Lula da Silva fue víctima de las arbitrariedades del juez Sergio Moro —hasta hace poco, cuando el político brasileño permanecía en desgracia, lo negaban—, pero el caso de Cristina, encausada principalmente por Claudio Bonadio y Julián Ercolini, sería muy distinto (?). El jurista Roberto Gargarella firmó en este medio que el expediente Vialidad se dio en “pleno respeto de todas las garantías de los acusados”, más allá de “los mojones” de Cristina, y que el “excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces” permitió un “proceso judicial histórico”. “Histórico”, como titularon los medios que se dejan editar desde Lago Escondido.

¿Qué Justicia?

En la Argentina, hablar de “la Justicia” como sinónimo de Poder Judicial, específicamente su fuero federal, supone aludir al fiscal que maquinó con un lumpen cómo plantarle droga al exmarido de su actual pareja, al camarista que creó una doctrina sobre el “poder residual” exclusivamente para privar de la libertad a kirchneristas, a su colega que se dejó hacer un gol de tiro libre pateado por Macri en Los Abrojos, al juez de Casación que visitaba Olivos horas antes de emitir fallos que le convenían a Cambiemos, al supremo que aceptó ser designado por decreto y luego se autovotó para presidir el cuerpo, a su colega de la Corte que falla en causas que atañen a sus exclientes, al fiscal mencionado por testigos como gestor de la mesa judicial del macrismo, a la dupla que se dedica sistemáticamente a laudar a favor de la impunidad de quien los trasladó a dedo a la Cámara Federal, ahorrándoles el concurso para el puesto... Los etcéteras son infinitos.

Todos ellos tienen entre sus funciones controlarse mutuamente; en los hechos, ocurre lo contrario. El integrante de Casación federal Carlos “Coco” Mahiques protegió a su colega Mariano Borinsky por sus visitas indebidas a Macri en Olivos, y éste protegerá al primero cuando lleguen las recusaciones por la excursión a la estancia patagónica.

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo

La causa Vialidad aporta sus particularidades al panorama desolador de Comodoro Py. El hecho de que el juez que instruyó la causa durante tres años, Ercolini, sea la misma persona que habría tramado delitos desde Lago Escondido en connivencia con Mahiques padre e hijo, un funcionario de Larreta y directivos de Clarín exige un alto grado de violencia intelectual a quienes alaban la “sentencia técnica”, “con base documental”, que la “Justicia probó” con “indudable imparcialidad”. Si el elogiado tecnicismo jurídico se refiere sólo a la fase de juicio oral, retorna la violencia intelectual para creer en la asepsia de un integrante del tribunal y el enfático Luciani que se tentaron con jugar al fútbol en la quinta de Macri.

En otra vida, Ercolini dispuso que carecía de competencia para investigar contratos otorgados por la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Con Macri en la Rosada, consideró lo contrario. No es objeto de esta nota repasar las fragilidades de la causa. Algunas serán debatibles, probables artilugios defensivos de los imputados. Tomadas en su conjunto, conforman un oprobio.

Jugadas maestras

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo. El ejemplo paradigmático de ese comportamiento fue que Néstor Kirchner, pese a que se enojaba con las tapas de Clarín, firmó en 2007 la fusión entre Cablevisión y Multicanal, permitiendo que el volumen del negocio de la TV paga alcanzara una escala que con los años se demostraría irreversible.

Cuando se pregunta el porqué de esa recurrencia a pegarse tiros en el pie, que se traduce en habilitación de negocios, apoyos políticos a la persona equivocada en muchas provincias y designaciones de jueces y fiscales que tarde o temprano viajarán a la estancia de Joe Lewis, la respuesta llega en forma de sonrisa pícara, como si hubiera razones pragmáticas profundas que quien consulta no entiende.

Los intercambios entre los huemules de Lago Escondido dejaron en un papel deslucido a un hombre que almorzó con Alberto Fernández muchos de los días que transcurrieron desde diciembre de 2019 hasta la semana pasada, incluso en encuentros reservados con personalidades que el Presidente valora, como el español Felipe González. Hace un mes, sentados a la misma mesa, Alberto, Felipe y Julián Leunda debatieron sobre la realidad nacional e internacional.

La ofrenda del asesor presidencial a los directivos de Clarín y a D’Alessandro para acallar el viaje impúdico a Lago Escondido en los medios del Grupo Indalo habrá sido otra movida magistral de realpolitik, pero el chat de Telegram dejó claro el desprecio que generan en el poder real las actitudes medrosas de quienes buscan agradar desde la vereda kirchnerista.  

La saga continúa. Pablo Ibáñez informó en elDiarioAR que el vehemente ministro de Justicia, Martín Soria, designado en el cargo por presión de Cristina, excluyó a Casey, sobrino de Héctor Magnetto, de la denuncia penal por el viaje a Lago Escondido. El resto de los excursionistas, incluido el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, fueron debidamente apuntados en la presentación penal del ministro. Razones insondables en continuado.

Escarmiento

La venalidad y la mediocridad forman parte de la lucha política desde siempre, pero la descomposición absoluta de Comodoro Py representa un desafío de otro orden. Primero, desde una perspectiva de derechos humanos: entre muchos valores vulnerados, está en juego la libertad de las personas. Luis D’Elía, Carlos Zannini, Fernando Esteche y otros pasaron años en la cárcel por la causa del Memorándum con Irán, originada en la fraudulenta denuncia de Alberto Nisman de enero de 2015, por citar uno de los casos más flagrantes en los que Comodoro Py violentó todas las garantías procesales. Como recordó esta semana Javier Timerman, su hermano Héctor Timerman dedicó los últimos esfuerzos de su vida a defenderse de esa acusación basada sobre la tergiversación flagrante de un audio obtenido de forma ilegal. Una vez más, cabe recordar que no importa la simpatía o antipatía que genere el imputado para saber que no debe ir preso si la ley no lo estipula, y menos si median métodos espurios como los validados por Claudio Bonadio, la Cámara y la Casación.

En segundo lugar, estos tribunales federales intoxican el funcionamiento del sistema. No resulta inocuo, por su impacto en la opinión pública, la repercusión internacional, el poder inhibitorio sobre las personas y el veto implícito a determinadas políticas, que Cristina sea condenada con estos procedimientos y Macri elija desde qué palco verá el Mundial de Qatar. Queda configurada una cancha inclinada que distorsiona el juego democrático.

La casta que mueve los hilos de Comodoro Py se dedica a garantizar su supervivencia mediante la administración de persecución e impunidad. Mientras ese sistema siga en pie, la democracia argentina permanecerá condicionada. 

SL

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez.

Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.

Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una “asociación ilícita” articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015.

Está previsto que el veredicto se conozca aproximadamente hacia las 18 de este martes.

Estos son todos los pedidos de pena de la acusación

Con información de agencias.

IG

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá la última oportunidad este martes 29 a las 9.30 de la mañana de dirigirse al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que la juzga por supuestos delitos en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, junto a otros 12 imputados. Y según anticipó ella misma en su cuenta de Twitter, hará uso de ese derecho.

“Mañana a las 9:30 en el juicio de Vialidad: 'últimas palabras'. Así le dicen...”, escribió la titular del Senado sobre el juicio que lleva más de tres años y donde Luciani pidió una condena 12 años de prisión por considerarla jefa de una asociación ilícita.

La exmandataria se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom, cuando se le preguntará si desea exponer sus últimas declaraciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Este es un derecho de los imputados en juicios orales, y pueden optar por no hacerlo.

Si como todo indica, la vicepresidenta hará uso de ese derecho, será entonces la tercera vez que hable en este juicio. Lo hizo por primera vez durante su indagatoria en diciembre de 2019. La segunda oportunidad fue el mes pasado, cuando intervino en el alegato de su defensa, valiéndose de su condición de abogada. 

En la audiencia de mañana martes, podrán también declarar el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Santiago Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas José López y Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz.

Esa misma jornada, la segunda de las palabras finales dispuesta por el Tribunal, se dará la posibilidad de hablar a los últimos cuatro imputados: los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti. De ahí se sabrá cuándo los jueces se pronunciarán en su veredicto, el cual debe ser emitido en la mismo día que hable el último de los acusados.

“Mi condena está escrita”, había dicho tiempo atrás al referirse al juicio, el primero en el que se llega a instancias finales. El mismo la encuentra en el centro de la escena política, con su entorno pidiendo por su candidatura a la Presidencia en el 2023.

Recuento del juicio por la causa Vialidad

El juicio donde se juzga el presunto fraude al Estado Nacional entre 2003 y 2015 por el otorgamiento de obra pública vial al empresario Báez comenzó en mayo de 2019. Según la acusación, se trata de 51 obras viales las cuales algunas no se terminaron pese a que se cobraron, en otras hubo sobreprecios o bien hechas de forma irregular. La fiscalía apunta a la existencia de una asociación ilícita, ubicando a su cabeza a la vicepresidenta.

El juicio arrancó durante el último año de mandato del ex presidente Mauricio Macri, que tenía en ese momento a Javier Iguacel como titular de Vialidad Nacional, aunque parte de los hechos ya estaban bajo la órbita de tribunales por una presentación que la Coalición Cívica había hecho en 2008. A lo largo de más de tres años de juicio, interrumpidos por la pandemia y sin recuperar nunca la presencialidad plena, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

La expresidenta intervino varias veces ante los jueces a lo largo de proceso: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019 y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa. En esa ocasión, refutó la acusación y volvió a hablar de lawfare, teoría que sostiene la coexistencia de una conspiración por parte de sectores políticos y judiciales para perjudicarla.

El 23 de septiembre pasado, luego de haber sido víctima de un intento de homicidio, Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro caso de prevaricato”, y que “la acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”. Además, responsabilizó al Poder Judicial y a los medios de crear un “clima social” que provocó el atentado en su contra. 

El pedido de condena de los fiscales

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta, así como a Lázaro Báez por ser el presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Pidieron diez para Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, para José López, exsecretario de Obras Públicas y para Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional. Para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del Distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad, la fiscalía pidió cinco y seis años de prisión, respectivamente.

Para Abel Fatala, ex funcionario de Planificación Federal, pidieron cuatro años. Reclamaron tres años para Héctor Garro; seis para Juan Carlos Villafañe; cinco para Raúl Pavesi y cuatro para José Santibáñez: todos ellos de la Dirección de Vialidad del distrito Santa Cruz.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita, pero una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

LC con información de agencias