Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz comenzaron a preparar sus defensas de manera conjunta ante el avance de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal. El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien mantiene un enfrentamiento con sus colegas, elaboraría por el momento su propia defensa.

En el Palacio de Justicia, donde los cuatro jueces volverán a verse las caras en febrero, luego de la feria de verano, los magistrados y sus principales colaboradores se alistan para dar la pelea “con argumentos”. Aunque saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, dado que el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividad de la comisión de Juicio Político. 

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir por presunto mal desempeño está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Maqueda; y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018. “Las diferencias son irreconciliables”, aseguró una alta fuente del tribunal.

En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña.

Para el trío que conforma la mayoría soltar la mano de Robles en medio de la embestida oficialista sería un error estratégico, explicó una fuente al tanto de la defensa que preparan los jueces. Además, el asesor de Rosatti cumple una función central en la organización del Consejo de la Magistratura, que preside el magistrado y se encarga de la selección y sanción de los jueces nacionales. El control sobre el funcionamiento de este organismo es uno de los puntos centrales de conflicto entre el kirchnerismo y la Corte.

Los chats o supuestos chats (el ministro D’Alessandro, quien debió pedirse licencia del cargo por este caso, asegura que son falsos o están adulterados) fueron el argumento central del Gobierno y un grupo de gobernadores para activar la avanzada sobre la Corte en la comisión de juicio político. Hasta la filtración de esas conversaciones, varias denuncias contra los jueces del tribunal se acumulaban en la comisión, sin movimientos.

La publicación de esos chats ocurrió tras el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires que aumentó de manera cautelar los fondos de impuestos coparticipables que el Gobierno debe entregarle a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En las próximas dos semanas, la comisión en Diputados debe escuchar a los autores de los 14 pedidos de juicio político presentados contra los jueces de la Corte y se espera que el jueves 9 de febrero se vote el informe de admisibilidad de las acusaciones para dar inicio a la investigación, que podría alcanzar unos 60 hechos, explicó al final de la primera sesión el diputado Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en la cámara baja. El oficialismo tiene mayoría en la comisión, por lo que se entiende que el informe será aprobado.

Los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz cuentan con el apoyo de Juntos por el Cambio, pero el juez Lorenzetti tiene pedidos de juicio político por parte de la Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió e integrante del principal bloque opositor. El oficialismo ya adelantó que apoyará por primera vez el avance de las denuncias de los “lilitos” y ese punto es la principal preocupación de Lorenzetti, afirmó a elDiarioAR un allegado al juez de la Corte.

A su vez, Juan Manuel López, diputado de la CC y vicepresidente de la comisión, adelantó a este medio hace dos semanas: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista. En el bloque oficialista lo niegan, en la Corte no lo descartan.

Luego, comenzará una etapa clave que deberá librarse no sólo en la comisión sino también en los medios de comunicación: los integrantes de la comisión deberán escuchar a los testigos. Entre ellos, el oficialismo citará a Robles y D’Alessandro. La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explicó una fuente con acceso directo a los magistrados, y el que nadie en el Palacio de Justicia espera con ansías, a excepción tal vez de Lorenzetti. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un partido que los jueces supremos no quieren ver.

Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) explicó a elDiarioAR que los testigos están obligados a presentarse ante la comisión y que en caso de ausentarse o rechazar la citación, se los llevará por la fuerza pública. “Hay antecedentes de la propia Corte que admiten la facultad del Congreso para ordenar arrestos y usar la fuerza pública en casos en que una persona obstaculice el normal funcionamiento de las cámaras, pero el criterio del bloque es que ese eventual requerimiento se realice a través de un juzgado y que en todo caso sea un juez quien traiga por la fuerza pública al testigo”.

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó Tailhade.

ED

Luego de una larga espera, el viernes pasado se publicó el formulario que los usuarios de electricidad y gas de todo el país deberán llenar si quieren seguir recibiendo sus facturas con subsidio del Estado. El secretario de Energía, Darío Martínez, informó que las inscripciones se harán durante el mes en curso y el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir a partir del 1° de agosto, pero esa es solo la idea original. En los hechos, el plan incorpora un mayor margen de maniobra.  

Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, confirmó en declaraciones a Urbana Play que si llega fin de mes y el universo de usuarios sin registrarse es demasiado amplio se extenderá el plazo. Como consecuencia, también se postergará la fecha de vigencia de los nuevos cuadros tarifarios de agosto a septiembre. 

Yanotti, que acompañó a Martínez en la conferencia de prensa en la que se presentó el formulario, dijo que estiman llegar a 13 millones de hogares con electricidad y 9 millones de hogares con gas. Para poner la segmentación en marcha, apuntan a que esté registrado al menos la mitad de ese universo. 

En un primer momento se tomará como válida la información que aporte cada usuario en el formulario –que tiene carácter de declaración jurada– y se le asignará un segmento en función de esos datos. Pero a lo largo de agosto el Estado se encargará de cruzar esa información aportada de manera voluntaria con las distintas bases oficiales disponibles para validarla y, en caso de que fuera necesario, rectificar la asignación. 

La inscripción comenzó con un buen ritmo. Antes del mediodía del viernes, primer día de disponibilidad del formulario, se inscribieron 50.000 hogares y para las 20 horas ya eran 115.000 en todas las provincias, según fuentes de Energía. Tras el fin de semana, el número ronda los 500.000 usuarios.

Si los cuadros tarifarios actualizados se implementan recién en septiembre eso se reflejaría en las boletas que llegan a los hogares en noviembre. Así el reajuste sorteará los meses de invierno, donde más energía se consume, y los argentinos y argentinas pagarán boletas subsidiadas la mayor parte del año, aún cuando las importaciones de electricidad y combustible son el concepto que más lastima las cuentas públicas actualmente. 

La decisión de retrasar –o, en todo caso, no apurar– la aplicación efectiva de la medida fue impulsada por el sector cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ocupa los lugares de decisión en política energética. La idea de Martín Guzmán era que el aumento fuera retroactivo a junio, algo que se descartó por dos motivos que están estrechamente relacionados: para no agudizar la convulsión social y para no generar un salto en el índice de inflación. 

“Gran parte del año queda subsidiado en la Argentina. Es una decisión del Presidente”, precisó Yanotti, para quien “lo que la gente no gasta en energía no lo ahorra ni lo transforma en capitales especulativos, va al consumo”. 

El Gobierno quiere además evitar la rebelión de los gobernadores, con quienes la ministra Silvina Batakis busca acercar posiciones este lunes en una reunión. La cuestión tarifas es un tema todavía más sensible fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires dado que los elevados costos de transporte y distribución se reflejan en boletas más caras. La administración del Frente de Todos también busca no propiciar un escenario de judicialización de las tarifas como tuvo Mauricio Macri, cuando un aumento brusco de precios de los servicios generó una ola de amparos y escaló incluso a la Corte Suprema. 

Darío Martínez especificó el viernes que aquellos usuarios que queden incluidos en el segmento de mejor poder adquisitivo tendrán tres aumentos bimestrales de entre $1.200 y $1.300. Sin embargo, ese dato está calculado para una boleta en torno a los $1.900; el aumento efectivo variará de acuerdo al consumo de cada hogar y puede ser inferior o superior a ese número. Se estima que el aumento final, una vez que se pague la tarifa plena, rondará el 200%. 

El Gobierno anticipó también que el decreto que creó el formulario habilita a darle a esa base de datos para otros usos hacia adelante. Por ejemplo, se podría utilizar para segmentar tarifas de agua y transporte público.

DT

Luego de varias semanas de demora, el Gobierno habilitó el formulario que deben completar las personas usuarias de electricidad y gas para no conservar los subsidios del Estado en ambos servicios. Una vez enviada la solicitud el sistema asignará provisoriamente un segmento, que luego será validado por el Estado en el cruzamiento de la información con distintas bases de dato. 

En caso de que en la instancia de validación surja alguna inconsistencia, el Estado podrá asignar una nueva categoría que será informada por correo electrónico. Del mismo modo, la Secretaría de Energía informó que los usuarios van a poder reclamar por errores en “una etapa posterior”. 

En conferencia de prensa el secretario de Energía, Darío Martínez, presentó los detalles de instrumentación del formulario, aseguró que el Estado busca “hacer un uso más eficiente e inteligente de los subsidios”, y ratificó los plazos previstos. Las inscripciones se harán durante el mes en curso y el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir a partir del 1° de agosto. 

Hay tres maneras de acceder al formulario: la página web oficial del Gobierno, la aplicación Mi Argentina (que desde la sección “mis trámites” redirecciona al usuario a la web) y mediante la atención presencial en alguna de las delegaciones que tiene la Anses en todo el país, para lo que es necesario pedir turno. 

Para poder organizar el registro, las primeras semanas se deberá hacer la carga según la terminación del DNI del solicitante:

El registro tiene carácter de declaración jurada y exige que se complete con información que va desde datos personales a domicilio, información de servicios, datos de ingresos, composición familiar y patrimoniales. No solo hacen falta los datos de la propia persona que completa el formulario, sino también de las personas que comparten el hogar. En el formulario se debe informar si se percibe algún plan social o si la persona es electrodependiente tiene certificado de discapacidad o percibe una pensión vitalicia de veterano de guerra de Malvinas.

Al momento de llenar el formulario cada ciudadano debe tener a mano lo siguiente: 

Una vez terminado el trámite el usuario recibirá por mail un PDF con la asignación provisoria, que se podrá descargar. Ante cualquier duda, se habilitó una línea telefónica de la Secretaría de Energía que se podrá consultar de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas: 0800-222-7376. Martínez aseguró que habrá también una “campaña de comunicación masiva”, asimilable a la de la vacunación por Covid-19 para llegar con la información a todos los usuarios.

Según planificó la gestión de Martín Guzmán, se eliminarán los subsidios para el sector de hogares (estimado en torno al 10% del total) que son considerados de “alto poder adquisitivo” y cumplen alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Actualmente el Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a todos los hogares. Según anticipó Martínez, quienes se queden fuera de los subsidios recibirán a lo largo de este año tres aumentos bimestrales de entre $1.200 y $1.300. El primero en agosto, el segundo en octubre y el tercero en diciembre, momento en que comenzarán a pagar la tarifa plena. El resto de los usuarios no tendrán ningún aumento adicional a los que se aplicaron hasta el momento. 

El ahorro previsto para este año en subsidios para el Estado es de $15.000 millones, una cifra moderada por la implementación gradual del problema y el retraso en las fechas, lo que dejó afuera a varios de los meses más fríos del invierno en los que el consumo energético es mayor. Para 2023 Martínez anticipó un ahorro de $80.000 millones. 

Todas las personas interesadas en conservar los subsidios deberán llenar el formulario. Solo están contempladas dos excepciones. Por un lado, las personas electrodependientes, que no deben completar el trámite para solicitar el subsidio de la luz pero sí deben hacerlo para solicitar el de gas. Por otro lado, quedan exceptuados quienes viven en un domicilio donde funciona una entidad de bien público. 

Ingresá al formulario haciendo click acá

DT

Cinco empresas y consorcios empresarios presentaron este viernes ofertas técnico-económicas en la licitación para la construcción de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y obras complementarias, que la ministra de Economía, Silvina Batakis, consideró una obra “fundamental para los próximos 30 años”.

Los oferentes fueron BTU, TGS, Esuco y dos uniones transitorias de Empresas (UTE): Techint-Sacde y Víctor Contreras-Contreras Hermanos.

El acto licitatorio fue encabezado por el presidente de Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agustín Gerez, quien puntualizó que se trataba de “un día histórico” con un proyecto que “transformará la economía de la Argentina”.

Por su parte, el secretario de Energía, Darío Martínez, resaltó que Enarsa “viene cumpliendo los plazos tal cual lo establecido” y que una vez concluido, el gasoducto “va a ubicar a la Argentina en un camino de más seguridad energética, con la posibilidad de tener factibilidad de gas en todas las provincias, sustituir importaciones y ahorrar divisas”.

Batakis “que, al igual que Martínez, se conectó al acto por vía remota- celebró ”el trabajo en equipo“ tanto con Enarsa como con ”el sector empresario, que es el que va a generar los puestos de trabajo y el crecimiento económico“.

“En la Argentina necesitamos una matriz productiva más diversa, más compleja, y esta obra es fundamental para los próximos 30 años de la Argentina”, destacó la titular del Palacio de Hacienda, quien remarcó que “la energía es el costo de los costos en materia empresaria”, porque “sin energía no hay posibilidades de que podamos tener radicación de empresas”. “Queremos que a nuestro país le vaya bien, por el bien de todos”, concluyó la funcionaria que reemplazó días atrás a Martín Guzmán al frente de Economía.

Gerez sostuvo que la construcción del gasoducto es una estrategia fruto de “la decisión de Alberto y Cristina”, en referencia al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El acto completo de la apertura de sobres

Al respecto, Gerez señaló que “desde aquel DNU (en alusión al DNU 76/2022 del 11 de febrero) comenzamos a trabajar sin cesar”.

En ese sentido, indicó que se cuenta con “los estudios de impacto ambiental terminados” y que se consiguieron “los caños en un estado de confusión, por el conflicto internacional de público conocimiento”.

Con el compromiso de contar con la primera etapa del gasoducto en funcionamiento para el invierno de 2023, el titular de Enarsa remarcó que “el cronograma es muy ajustado” y representa “un desafío”.

Asimismo, aseguró que “la instrucción de Alberto con el DNU conlleva una confianza plena en nuestros equipos”, y que a Enarsa “ser un acto central de este proceso nos llena de honor y de orgullo”.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner conectará el área de producción de gas no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén, con las provincias de La Pampa, Buenos Aires y sur de Santa Fe.

Tal como lo solicitó la Secretaría de Energía vía el Boletín Oficial el sábado pasado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) instruyó a las distribuidoras Edesur y Edenor a realizar la adecuación del cuadro tarifario para sus usuarios. De esta manera, los funcionarios a cargo del ente, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y críticos de la estrategia tarifaria dispuesta por el ministro Martín Guzmán, acataron el plan oficial. 

El ENRE está intervenido por Soledad Manin y es seguido de cerca por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, funcionario que el ministro Guzmán intentó desplazar un año atrás, pero resistió en el cargo sostenido por el núcleo duro del kirchnerismo. 

Según informó oficialmente el ENRE este mediodía, y pese a que las empresas distribuidoras no habían recibido para ese momento la notificación formal, se aplicó lo establecido en la resolución 405/2022 de la Secretaría de Energía. Esa norma determinó el aumento de los precios de la energía para el Mercado Eléctrico Mayorista a nivel nacional, disponiendo la actualización del cuadro tarifario para las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El cuadro tarifario para hogares tendrá un incremento promedio del 16,53% para aquellos que no perciban tarifa social y de un 7,7% para los que perciban dicho beneficio. Asimismo, para los usuarios comerciales el incremento promedio será del 16% y para las categorías T2 y T3 del 19%. La instrucción se realizó a través de las resoluciones ENRE N° 171 y N° 172/2022, pendientes de publicación en el Boletín Oficial. 

Según anticipó Energía, el nuevo cuadro regirá a partir de junio. Queda pendiente el retiro de los subsidios para el 10% de la población con mayor poder adquisitivo. 

MT

El secretario de Energía Darío Martínez aseguró hoy que la construcción del gasoducto Néstor Kirchner “sigue avanzando en los plazos definidos” y que la próxima semana estarán listos los pliegos para la licitación de la obra. De esa manera, Martínez, intentó bajar el tono de la polémica que se disparó ayer luego de la renuncia del encargado del proyecto, Antonio Pronsato, quien ocupaba un cargo dentro de Energía Argentina (Enarsa).

“La obra sigue avanzando en los plazos definidos. Quien tiene a su cargo la obra es Enarsa y yo estoy en contacto con Agustín Gerez (director de Enarsa). Hay un cuadro técnico que ha tomado una decisión, pero hay que seguir trabajando en los plazos estipulados, la política energética siempre es a mediano y largo plazo”, señaló el funcionario.

En declaraciones a Radio 10, Martínez destacó que la construcción del gasoducto permitirá al país “dejar de importar gas”. “Es una obra importantísima y estratégica para la Argentina, lamentamos que en la gestión anterior no se hizo porque no se pudo, no se quiso o no se supo. Va a resolver a futuro un problema estructural en nuestro país y la posibilidad de ser proveedores de gas en toda la región y si se hace la planta de GNL, de todo el mundo también”, dijo.

La renuncia de Pronsato abrió una incógnita sobre uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno nacional y sumó un nuevo capítulo en las internas del oficialismo por el manejo del sector energético.

En los cálculos del Gobierno, el gasoducto permitiría reducir en un tercio la importación de gas y ampliar en 25 por ciento el transporte de este combustible. Su construcción requiere una inversión de 3400 millones de dólares y se estima que generará unos 6 mil puestos de trabajo directos e indirectos. El primer tramo de la obra, que une la localidad de Tratayén, en Neuquén, con  Saliqueló, en Buenos Aires, tendría que estar terminado para antes del invierno de 2023.

Martínez también se refirió a otro de los temas pendientes en el área energética: la segmentación de tarifas. “Ninguna tarifa puede ser mayor a los aumentos del salario, es una gran decisión que tomó el presidente Alberto Fernández”, aseguró. Los aumentos comenzarán a regir a partir del 1 de junio para el gas y la electricidad y según afirmó Martínez, a fines de esta semana el Gobierno habrá tomado una decisión con respecto a su intención de que el 10% de los usuarios con mayor poder adquisitivo deje de recibir subsidios en las tarifas.

El titular de la unidad ejecutora a cargo de llevar adelante la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, Antonio Pronsato, renunció este lunes a su cargo dentro de Enarsa, y de esa manera abrió una incógnita sobre uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno nacional.

La renuncia suma además un nuevo capítulo en las internas del oficialismo por el manejo del sector energético.

El alejamiento de Pronsato, un hombre que trabajó junto al exministro Planificación Federal, Julio de Vido, se produce en un contexto dominado por las demoras en la licitación para la construcción del gasoducto. Se trata de una obra clave ya que permitiría reducir en un tercio la importación de gas y ampliar en 25 por ciento el transporte de este combustible.

Desde la secretaria de Energía aseguraron que la salida de Pronsato obedece a cuestiones personales. Sin embargo, las peleas entre el secretario, Darío Martínez, con los titulares del Enargas, Federico Bernal, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, son una constante dentro del área energética del Gobierno.

Si bien es cierto que Pronsato es un funcionario de tercera línea, su alejamiento provocó ruido dentro del Gobierno por el temor a que anticipe nuevas salidas.

Según confiaron fuentes del sector energético, Pronsato habría resuelto presentar la renuncia cansado por las demoras en el inicio del gasoducto.

Quizás por esa razón, poco después de que se conociera la renuncia, desde Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), se apuraron a difundir un comunicado en el que aseguran que “los trámites de licitación, adjudicación y ejecución del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner están avanzando dentro de los plazos previstos”.

Y agrega que “a la fecha ya se encuentra adjudicada la provisión de cañerías, mientras que ya se realizó la apertura de ofertas y está en instancia de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto del Gasoducto Néstor Kirchner como de las obras complementarias”.

Al mismo tiempo, la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), María de los Ángeles Sacnun, salió a aclarar que las obras comenzarán “el mes próximo”,  en junio, y que  “todo el proceso licitatorio ya está en marcha”. En declaraciones a  AM 750, la funcionaria señaló que “es una decisión política que está en marcha y que tiene recursos y fondos para retomar un proyecto energético al servicio del desarrollo nacional”.

Ni Sacnun ni el comunicado mencionan el alejamiento de Pronsato.

Lo cierto es que se trata de la segunda renuncia que sufre el Gobierno en una semana. El lunes pasado lo había hecho el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en desacuerdo con la política oficial para intentar controlar los precios.

La construcción del gasoducto requiere una inversión de 3400 millones de dólares y se estima que generará unos 6 mil puestos de trabajos directos e indirectos. El primer tramo de la obra, que une localidad de Tratayén, en Neuquén, con  Saliqueló, en Buenos Aires, tendría que estar terminado para antes del invierno de 2023.

“La obra no solamente impacta en la balanza comercial sino también en el desarrollo regional y en la generación de empleo, y podemos decir que la inversión de por sí, generará entre empleos directos e indirectos alrededor de 6.000 puestos de trabajo”, aseguró Sacnun  y agregó que la financiación del proyecto se hará con fondos del Tesoro Nacional y parte de lo recaudado a través del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas.

Por su parte, en un reportaje con elDiarioAR, José Ignacio de Mendiguren, presidente del  jefe del Banco de Inversión y Comercio Exterior, se mostró confiado en que el gasoducto se concrete: “Yo terminé todos los trámites y sería imperdonable no hacerlo. Por eso creo que se va a hacer”, dijo. El pasado 20 de mayo, el BICE cerró un fideicomiso de administración y financiero para el Fondo de desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas) que construirá el gasoducto.

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, consideró este domingo que Mauricio Macri es un “desmemoriado, sufre una profunda amnesia o tiene una perversidad consciente en sus planteos” tras las críticas del ex presidente por una “falta dramática” de energía en el país como “consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas”.

“Falta energía. Falta gasoil. Los camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al puerto y tienen que hacer kilómetros de cola. A este ritmo en el invierno va a faltar gas. (...) Esta falta dramática de energía no es un accidente o una situación inesperada, es la consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas”, dijo Macri en su cuenta personal de Facebook.

Al respecto, Martínez respondió: “¿Macri es desmemoriado o se hace? O sufre una profunda amnesia, o tiene una perversidad consciente en sus planteos y declaraciones. Declaraciones que, por más insólitas que parezcan, intentan simultáneamente hacer olvidar los gravísimos problemas que generó en su gobierno, reclamándole por ellos y por sus soluciones al Gobierno de nuestro Presidente Alberto Fernández y a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

También calificó de “insólitas” las declaraciones de Macri, lo acusó de intentar “hacer olvidar los gravísimos problemas que generó su gobierno” y afirmó que la gestión macrista en materia energética “solo generó problemas”.

El secretario de Energía apuntó al “Macri que fue presidente fue incapaz de construir el gasoducto tan necesario que hoy reclama. Por el contrario diseñó una licitación tan floja que fracasó en dos oportunidades, retrasando esta obra tan importante para nuestro desarrollo energético”.

Martínez además sostuvo que “fue nuestro Gobierno el que puso en marcha la ampliación más grande de la red de transporte de gas natural de los últimos años, con la adjudicación de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y obras complementarias que Macri no supo o no quiso hacer y ahora reclama”.

Luego enfatizó que “Macri no supo generar la previsibilidad necesaria que la política energética necesita. Dejó Vaca Muerta paralizada con un esquema que condenaba a la generación de gas a una reducción sostenida. Esto significó una declinación anual del 8% y un crecimiento estructural de las importaciones”. “Todas estas cosas, Macri no supo o no quiso hacerlas, incluso su política de energías renovables fue diseñada solo para hacerle ganar fortunas a sus amigos”, advirtió Martínez.

El funcionario remarcó que el ex presidente “así solo logró someter a nuestro país a pagar precios carísimos por una forma de generación que requiere la importación de la inmensa mayoría de su equipamiento”.

Y remató que “el Macri que fue presidente con su política económica y energética, sólo generó problemas. Tomó un país virtualmente sin deuda externa y lo dejó sin reservas y con una deuda monumental e impagable, y ese mismo Macri que fue presidente hoy se queja por la falta de divisas”.

MB con información de agencia Télam

El volumen total de la producción nacional de gas natural, impulsada por la consolidación del Plan Gas.Ar, permitirá este invierno una inyección al sistema de transporte superior al 6% que la verificada el año pasado, de acuerdo a las proyecciones que informan las empresas productoras a la Secretaría de Energía para la adecuación de la oferta ante el pico de demanda estacional de los próximos meses.

Entre mayo y septiembre de 2021 se inyectaron al sistema de gas 17.400 MM m3, en tanto que para este año en el mismo periodo se estima inyectar 18.467 MM m3, 1.067 MM m3 adicionales, lo que equivale a un crecimiento del 6,13 %, de acuerdo a las estimaciones oficiales dadas a conocer por la cartera energética.

El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “el incremento de producción de la cuenca neuquina, más que compensó el declino natural de las otras cuencas del país, y lo propio ocurrirá en este invierno 2022”, en declaraciones difundidas este domingo por su cartera.

Martínez resaltó que la semana pasada, los presidentes Alberto Fernández y su par de Bolivia, Luis Arce, acordaron que los volúmenes de gas que proveerá el vecino país en firme para este invierno serán de 14 MM m3 por día, por lo que de esta manera, en el período mayo-septiembre se recibirán, por parte de YPFB, 2.142 MM m3 de gas.

En el mismo sentido, el Secretario de Energía explicó que “esto determinará que el total de la inyección de gas argentino mas el de origen boliviano en el sistema nacional de transporte de gas, alcance este invierno los 20.609 MM m3, contra los 19.542 MM m3 inyectados el invierno pasado. Se trata de un incremento del orden del 5,46%.”

Darío Martínez agregó que “Adicionalmente, YPFB podrá inyectar adicionalmente hasta 18 Millones de m3 diarios, en función de sus disponibilidades, volúmenes que no han sido considerados en este análisis”.

El funcionario también destacó los avances en “la adjudicación de la compra de las cañerías, que pone en marcha el programa de ampliación de la capacidad de transporte del sistema nacional de Gasoductos ”Tranport.Ar Producción Nacional“ cuya obra distintiva es el Gasoducto Néstor Kirchner que permitirá evacuar el gas de Vaca Muerta.

Esta obra permitirá que el próximo invierno 2023 se amplíe la capacidad de evacuación desde la formación no convencional neuquina en al menos 11 Millones de metros cúbicos diarios, capacidad que unos meses mas tarde se ampliará, con la construcción de distintas plantas compresoras, hasta los 19 millones.

Finalmente, el secretario manifestó que “con tal obra en funcionamiento, la producción de gas de Vaca Muerta crecerá en al menos esos volúmenes, que compensarán el declino de otras cuencas, y reemplazarán importaciones de GNL y Gas Oíl, con Gas de producción nacional, potenciando a su vez la capacidad exportadora hacia Chile”.

CRM con información de la agencia Télam

Al mediodía de este jueves se filtró en Infobae una carta del secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez dirigida hace dos días al ministro de Economía, Martín Guzmán, con copia a Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el que le reprochaba recortes presupuestarios y le advertía sobre una eventual falta de gas y combustibles por la guerra de Ucrania. “Consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculados a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los techos de caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica”, vomitó en su sorpresiva misiva que repercutió como otra bomba de la pelea interna. Sobre todo porque Martínez, aunque llegó a ese cargo bajo el impulso de Cristina Fernández de Kirchner, ha entablado una buena relación con Guzmán y se ha diferenciado de los cristinistas del sector, Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Las sorpresas continuaron cuando un vocero de Martínez difundió otro comunicado en el que señalaba que su jefe había hecho ya las paces con el ministro. En apenas 48 horas. Según sostiene ese comunicado, “el secretario de Energía expresó: ”Hemos acordado con la Secretaría de Hacienda los nuevos techos y la planificación financiera para marzo, que garantiza el funcionamiento del sistema energético en su conjunto, la provisión de gas por redes y la generación de energía eléctrica y el cumplimiento de los programas de pago y las obligaciones la Secretaría de Energía' . Martínez manifestó que 'hay un ida y vuelta permanente administrativo con Hacienda y Economía en materia de requerimiento de fondos y programaciones y reprogramaciones de los techos mensuales, así como de los pagos a efectuar, ejercicio habitual de todas las reparticiones del Estado Nacional, que se van ajustando en la medida de la disponibilidad general de fondos de la Tesorería, y es habitual que los techos se eleven o modifiquen en función de las notas de cada repartición, como ocurrió en este caso'. El secretario informó: Junto al ministro de Economía, estamos analizando con detenimiento y preocupación la situación internacional en materia de precios de la energía, así como los mecanismos para que esa situación tenga el menor impacto posible en nuestro país'. Martínez afirmó que 'la crisis derivada de la guerra en Ucrania, que todos queremos que termine de inmediato, tiene impacto global de una magnitud imprevisible, uno de ellos, elevando el precio de los commodities energéticos a valores desconocidos'. El secretario expresó que 'la producción de gas nacional producto del Plan Gas.Ar, sumado a los habituales complementos de GNL (gas natural licuado, importado por barco) como respaldo habitual del sistema, y de gasoil para reponer los stocks de la centrales térmicas garantizan el normal abastecimiento de la energía en nuestro país'. 'A esto debemos sumar la valiente y determinada decisión del presidente Alberto Fernández y lpa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber implementado el Plan Gas.AR y de construir el gasoducto Néstor Kirchner y todas sus obras complementarias para ampliar la red de transporte de gas y mejorar significativamente, de esta manera, la posibilidad de nuestro país de defendernos de estas crisis globales', amplió Martínez“. Todo muy equilibrado.

“Sólo el 20%”

¿Qué pasó entre la carta y el comunicado de prensa? En el cristinismo defendían a Martínez, que aparece como jamón del sandwich de la interna del Frente de Todos: “Tiene la responsabilidad como funcionario de mandar una carta alertando por qué no se va a poder prender la luz con este presupuesto. Básicamente Darío hizo pública la carta porque no quiere ser el responsable del quebranto del sistema. Alertó al Presidente y a Guzmán de la situación agravada por el contexto internacional. Sin embargo, le giraron sólo el 20% de lo que había pedido”. Tras la carta le reforzaron la partida, tal como señaló después el propio secretario.

Pero en el albertismo sospechan de que la carta no fue difundida por Martínez sino por el cristinismo para recalentar la interna. No hay que olvidar que Guzmán planea recortar los subsidios y para ello Bernal y su par del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la también cristinista Soledad Manin, deberían convocar a audiencia pública para aumentar la tarifa otro 20% para el 60% de los hogares que son de clase media en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el cristinismo rechaza. ¿Llamarán a esas audiencias Bernal y Manin, que reporta a Basualdo, o renunciarán todos ellos en desacuerdo con el programa económico definido? “No se va nadie”, responden en el cristinismo. ¿Darán entonces la batalla desde adentro o acatarán la suba, que se suma al 20% aplicado en marzo para todos los usuarios? No se sabe.

En el albertismo justifican a Martínez: “Darío está pidiendo presupuesto y lo debe hacer formalmente. Es lo mismo que ve Guzmán: que hay un conflicto internacional que va a traer un problema de provisión de petróleo y gas en todo el mundo. Darío se lo dijo el martes, después de que volvieran del congreso del negocio petrolero en Houston, y le dijo qué medidas y obras había que tomar. A partir de ahí se le giraron más partidas. Todo esto es un procedimiento habitual. La carta tuvo un tono más alto porque se estaba peleando con (el secretario de Hacienda, Raúl) Rigo, no con Guzmán, y además Darío tiene su estilo porque viene de ser diputado y de pedir las cosas con cierta impronta. No entendemos por qué se filtró a los medios. Darío viene trabajando perfecto con Martín y él no es de ningún sector interno en particular. Como no tenemos presupuesto 2022 aprobado, cada uno debe pelear por el suyo”.

Otro albertista apunta, en cambio, contra el cristinismo por la filtración: “Cristina está en un momento atípico, casi como cuando en el gobierno de (Carlos) Menem dejó la bancada de senadores peronistas. Está tentada de irse, se comenta, pero su sector es muy críptico”. Otro alto funcionario que responde al Presidente advirtió que la vicepresidenta abandonó la sesión de este jueves -volvió unas horas más tarde- en la que se discutía el acuerdo con el FMI y estaba enojada porque la mayoría de los senadores del Frente de Todos no le hará caso y votará a favor de este pacto. “Ya no hay canal de comunicación entre Alberto y Cristina. Así que pueden aparecer cartas de toda índole. Hay que prepararse para ver si algunos cristinistas se llegan a ir del Gobierno, aunque no sé si se rompe el Frente”. La vicepresidenta no sólo cuenta con funcionarios en Energía sino también en todos los ministerios, como el del Interior, con Eduardo “Wado” de Pedro a la cabeza (aunque a favor del acuerdo con el Fondo), la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el Plan de Atención Médica Integral (PAMI), Aerolíneas Argentinas e YPF. Pero en varias de esas dependencias ya anticipan que tampoco dimitirán.

AR

El secretario de Energía, Darío Martínez, le envió en las últimas horas una carta dirigida al ministro de Economía, Martín Guzmán, con copia al presidente Alberto Fernández y al jefe de Gabinete Juan Manzur, a través de la cual donde “rechaza” los de nominados “techos de caja” que se impusieron a todas dependencias del Estado en el marco del acuerdo con el FMI y los define como “recorte”, al tiempo que advierte que, al recibir solo alrededor del 20% de los fondos que solicitó para el mes de marzo, habrá graves consecuencias inmediatas.

En el detalle, Martínez asegura:

Al finalizar, el funcionario reitera que “en el ejercicio de mis funciones como secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculados a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los Techos de Caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica”.

La carta completa:

IG

La Secretaría de Energía volvió a fijar este jueves su posición respecto de la suba de tarifas eléctricas que se discute por estos días, un punto sustancial en el tramo final de la negociación del acuerdo con el FMI. Según precisó el organismo oficial en la primera jornada de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se debería habilitar un incremento de “entre el 17% y el 20%” en la boleta que pagan los usuarios y usuarias. 

La audiencia, que continuará mañana luego de un cuarto intermedio, comenzó a las 8 de la mañana con una breve intervención virtual de Darío Martínez, Secretario de Energía, aislado en su domicilio por Covid-19. Martínez señaló que el compromiso del Gobierno es que los aumentos de las tarifas sean inferiores a los aumentos de los salarios, con el objetivo de contribuir a una recuperación del poder adquisitivo.

La factura de electricidad está integrada por cuatro componentes: el precio estacional de la electricidad, el transporte, la distribución y los impuestos. Los subsidios nacionales están concentrados en el primer eslabón de la cadena, dado que cubren la diferencia entre el precio estacional fijado por el Estado y el costo efectivo de generación. Actualmente, los usuarios pagan el 35% de lo que cuesta la generación. En el caso del gas, ese porcentaje es menor, de 29%.  

El despliegue del análisis técnico de la Secretaría estuvo a cargo del director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, que explicó que en 2021 los costos de generación de electricidad aumentaron 71% en pesos respecto de 2020, lo que representó un incremento de $394.326 millones. Según detalló, el 80% de los costos de generación están dolarizados, por lo que el tipo de cambio es el factor que más peso tiene en el sector, junto con el precio de los combustibles. Por eso mismo, señaló que se espera que este año el costo de generación también se incremente. 

El último aumento de las tarifas eléctricas autorizado por el ENRE fue en mayo de 2021, de 9% final, derivado de una suba del 20% otorgada a las compañías distribuidoras Edenor y Edesur. El funcionario explicó que por la situación delicada del país tras la pandemia el Gobierno quiso minimizar los aumentos el año pasado y priorizó que las empresas recuperen el margen necesario para operar, al tiempo que aumentó el monto de subsidios para compensar el costo creciente de generación. En 2021 los subsidios a la energía eléctrica fueron US$7.315 millones, 59% más respecto de 2020.

Positino anticipó que el Gobierno contempla que ahora, en un momento de “recuperación económica”, es “oportuno” avanzar con una revisión, pero que se defina de forma tal que el impacto en la factura de los usuarios oscile entre 17% y 20%.

Las principales empresas involucradas en la provisión de electricidad participaron de la audiencia y propusieron las adecuaciones que consideran pertinentes. Por caso, la transportadora Transener solicitó una suba del 43% en la tarifa que percibe, para saldar sus gastos y avanzar con inversiones. 

Las distribuidoras de energía eléctrica Edesur y Edenor, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no precisaron porcentajes de ajuste requeridos, pero señalaron que si se mantienen los valores actuales sus déficits operativos aumentarían en 2022 en $43.236 millones y $56.817 millones, respectivamente.

Ambas empresas reclamaron, además, que sus tarifas son bajas no sólo en relación con otros países de la región, sino con las propias provincias del país. Esto se explica porque son las únicas que están reguladas por el ENRE, mientras que las compañías que sirven al resto del territorio argentino están a cargo de los gobiernos provinciales o municipales, que en muchos casos autorizaron aumentos por encima de los otorgados por el Estado nacional. 

Según precisaron fuentes del ENRE a elDiarioAR, finalizada la audiencia se analizarán las exposiciones de las empresas, asociaciones de usuarios y personas usuarias interesadas y “se procederá a emitir los actos administrativos correspondientes con las actualizaciones tarifarias”. No hay fecha definida para que eso ocurra. 

Algunas semanas atrás el ENRE difundió un proyecto de segmentación para el aumento de tarifas eléctricas, que sin embargo no fue retomado durante la audiencia por ninguno de los funcionarios presentes. Esta propuesta implica exigirle el pago de la tarifa plena a 487.000 usuarios que viven en las manzanas más caras de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano norte y que representan el 10% del total de residenciales de AMBA.  “La propuesta de segmentación está en poder del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía”, respondieron en el ENRE, consultados por la ausencia de la propuesta.  

Nada de lo que ocurrió durante la audiencia tiene un carácter vinculante, sino que, tal como señaló durante su exposición la interventora del ENRE, Soledad Manin, “es uno de los elementos que el Estado tiene para formar su voluntad”. 

En 2021 los subsidios a la energía representaron US$10.910 millones, un 2,4% del PBI, según la consultora Economía & Energía. Para tener una referencia del gasto, el déficit fiscal primario fue de 3% del producto. Según las metas anticipadas por el ministro Martín Guzmán para este año, se buscará reducir los subsidios al 1,7% del PBI, algo que no  es compatible con la propuesta de readecuación de la Secretaría de Energía. 

De acuerdo con un informe conjunto de las consultoras PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, y Economía & Energía, de Nicolás Arceo, un alza de tarifas del 20% implicaría un aumento de los subsidios de 0,1 puntos del PBI en 2022. El análisis proyecta que se requeriría un incremento del 80% en las tarifas para bajar las subvenciones al 1,9%. En cambio, si se elevara 20% para el 50% de los usuarios de menores ingresos (considerando el 40% de población en situación de pobreza y el 10% de clase media más frágil) al resto de los usuarios debería recibir un aumento del 140%.

DT

Un tuit, a simple vista con algún equívoco, de Darío Martínez, puso sobre la mesa un chispazo que nunca terminó de extinguirse y que en los últimos días tomó fuerza a partir del impacto que el acuerdo con el FMI, sobre todo en su letra chica, tendrá sobre un segmento política y fiscalmente sensible para el gobierno como son las tarifas de servicios públicos, en particular la electricidad.

Martínez, secretario de Energía que opera bajo la órbita del ministro de Economía Martín Guzmán, dijo desde tu cuenta de Twitter que el ENRE, ENARGAS y Conicet “acercaron propuestas” para la segmentación de tarifas que están “siendo trabajadas” y que se aplicarán “cuando el Gobierno tome la decisión”. Martínez, ejercita cierto desapego: transmite que la determinación está en otro lado y en cierto modo le pasa la responsabilidad a Guzmán.

A su lado, se deslizó que su intervención fue porque en estas horas arreciaron pedidos de EDENOR y EDESUR por un aumento tarifario pero el formato final es curioso. Martínez tiene buena sintonía con Guzmán, que está en Moscú con reuniones con funcionarios y empresarios rusos, y en general aunque es un equilibrista en la interna entre el ministro y el subsecretario Federico Basualdo, históricamente se ha volcado más hacia Guzmán.

Lo que trasluce es que la disputa excede a Martínez y que se trata de un tema áspero para la dinámica del Frente de Todos (FdT). En Economía, afirman -sin más precisiones ni adornos- que se está “avanzando” con la aplicación de la segmentación. Guzmán se quedó sin el argumento, que también usaban en Energía, de que los entes reguladores no habían avanzado lo suficiente en el diseño de un plan de segmentación. “Estuvieron toda la pandemia sin hace nada”, se quejaron en su momento.

El modelo que armaron el ENRE y el Conicet, que está en poder de Guzmán, contempla aplicar tarifa plena a 487 mil usuarios residenciales del AMBA. Es la primera etapa y alcanza al 10% del total de usuarios de la región que comparten CABA y el conurbano bonaerense. El impacto fiscal es, a priori, relativo: implicaría una reducción de los subsidios de entre el 7 y el 9%.

¿Esa reducción es insuficiente para el FMI y, por tanto, es inaplicable para Guzmán? Es la intriga que subyace en lo que consideran una demora del ministro por avanzar con esa decisión porque, se especula, el compromiso de reducción de subsidios que el Gobierno tomó con el fondo podría estar por encima de la baja que implicaría la segmentación propuesta por el ENRE y el Conicet.

“No va a haber tarifazo”, es el mensaje que baja desde sector alienados con Cristina Kirchner y que enfocan en la cuestión de las tarifas una discusión conceptual, incluso en materia de subsidios porque entienden que contrariamente a lo que sostiene el FMI, en el mundo se está migrando a sistemas de subsidios sistemáticos a partir de los cambios que se registran en la matriz energética.

Tiempos

El plan de segmentación se le entregó a Guzmán y a Martínez en diciembre y luego se transmitió que hay una previsión de aumentos tarifarios para el 2022 con un techo del 20%. Según los armadores del esquema de tarifa segmentada, ambas medidas pueden aplicarse en simultáneo. En un caso, implica un incremento progresivo de hasta 20 puntos y en el caso de segmentar, se retirará el subsidio a casi medio millón de usuarios que comenzarán a pagar la tarifa plena.

Según los armadores, el modelo tiene un “bajo nivel de error” y toma como base un componente central: el valor de mercado de la propiedad. “Guzmán demora la aplicación. Desliza que no está de acuerdo con la segmentación pero por ahí cree que hay que hacer otra cosa, un ajuste más duro”, desliza un funcionario que conoce el tema tarifario y sabe de las tensiones entre Guzmán y el ala que reporta a Cristina Kirchner.

¿Puede, en ese contexto, volver a instalarse el debate que se dio en su momento sobre el manejo de área cuando Guzmán trató -sin éxito- de remover a Federico Basualdo? El zigzageo de Martínez, el secretario de Energía, da lugar a las especulaciones de una tensión creciente en el área. “Darío es político, quiere ser gobernador, no puede salir a bancar un tarifazo”, interpreta una fuente oficial.

Qué dice la segmentación

Se usó una “metodología de localización geográfica” que permitió identificar “alrededor de 487 mil usuarios residenciales del AMBA, que representan el 10,0% del total de residenciales de esta jurisdicción. El 75% de los mismos están en CABA, ubicados en Puerto Madero y en parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, algunas manzanas de Colegiales, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito.

El cuarto restante está en el Gran Buenos Aires, repartido en dos bloques. Unos 67 mil usuarios que están en zonas de los partidos de Vicente López y San Isidro, en norte del conurbano, mientras que se detectaron 48.000 personas usuarias ubicadas en los 466 countries y otras urbanizaciones cerradas registradas del GBA que por “sus características” se “vuelven accesibles sólo para sectores de altos ingresos”. 

PI

El secretario de Energía, Darío Martínez, descartó que esta semana sea necesario aplicar nuevos recortes de consumo de energía a grandes usuarios u organismos públicos, y señaló que la idea del Gobierno es que las tarifas de electricidad no evolucionen por encima de los salarios.

“No estaremos ante la situación de reducir el consumo de energía en los próximos días”, dijo Martínez a Radio 10, en referencia a la reducción del consumo que solicitó el Gobierno a los grandes usuarios y el asueto en dependencias públicas el jueves y viernes pasados, ante el pico de demanda que hubo en el país por una ola de calor con temperaturas récord.

“Lo que sucedió en esos días fue una combinación de cuatro factores que no se habían dado nunca: primero la reactivación, que viene demandando energía a un nivel importantísimo; eso, combinado con una ola de calor histórica, nuestra región fue la más calurosa del planeta, tercero la baja hidroactividad por la sequía y, cuarto, la desinversión de la gestión anterior del macrismo. La combinación de esos cuatro factores desencadenó en la tensión del sistema”, sostuvo el funcionario nacional.

“Hubo récord de uso de energía. El Presidente tomó la decisión del asueto porque necesitábamos bajar el consumo de GBA. Logramos mantener el sistema”.

E indicó: Fueron decisiones que se tomaron pero que dieron resultados para preservar a los hogares y que el sistema no colapse“.

En cuanto a inversiones del sector, Martínez señaló que “el otro día firmamos el plan AMBA 1, que es esencial para resolver la falta de inversión de los últimos años. Aún con pandemia sumamos muchísimas líneas de energía”, acotó.

Las tarifas y los sueldos

“Venimos de una experiencia donde se dieron tarifazos y había cortes. Con eso no se resuelve. Las tarifas no van a aumentar por encima de los sueldos”, agregó Martínez a Radio 10.

“La idea de nuestro proyecto junto con el presidente es que las tarifas no evolucionen por encima de los salarios. No explica solo el esquema de tarifas el problema que tenemos. Hay una falta de inversión de la época de macrismo”, añadió.

Rol de las distribuidoras

Respecto al rol de las distribuidoras, el secretario de Energía observó una recuperación del servicio “mucho más lenta en Edesur que en Edenor, lo cual tiene que ver con la cantidad de cuadrillas que se ponen a resolver los problemas y con que el sistema es más endeble en la zona sur”.

“El ENRE está haciendo su trabajo y los vecinos se merecen tener un sistema que ande correctamente. Hay que sumar mayores controles y las sanciones que se tienen que dar”, completó.

FS con información de Télam

El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó este jueves que se solicitó al sector industrial que entre las 13 y 16 “reduzca la demanda de energía” en aquellas fábricas que “no tengan ciclos continuados”, en el medio de la ola de calor que vive gran parte del país, al afirmar que “la prioridad es la energía residencial”.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Martínez sostuvo que se proyecta para la jornada de hoy un récord histórico de consumo de 28.550 megavatios y lo vinculó al proceso de reactivación económica que vive el país, que implica mayor demanda energética, además de la ola de calor.

Por su parte, Fernández explicó que diferentes áreas del gobierno “trabajan fuertemente para morigerar la situación en el AMBA y Provincia de Buenos Aires, junto al Ministerio de la Producción y la Secretaría de Energía para poner el consumo en límites soportables” y que el Presidente “tomó la decisión de que el personal de la administración pública tenga asueto para tener una situación estable. Esa medida sirve”, sentenció, aunque de inmediato cargó las tintas en la gestión anterior: “Pero vuelvo a insistir, son muchos años, 4-5 que no se invierte ni un peso”.

Por su parte, Martínez mostró su preocupación y detalló que “en este momento, en que el sistema está trabajando a tope, nos comunicamos con los grandes usuarios para pedir que reduzcan la demanda de energía en horarios pico. Es una decisión que tiene como objetivo poner en prioridad la energía residencial”.

Para el titular de Energía, es “importante estar atentos a los cortes en todo el país, no sólo hay en AMBA”. Y aclaró: “La forma de subsidiar la energía es igual en toda la Argentina. En este momento, lo importante es saber que estamos ante un pico de demanda ante un momento de crecimiento conjugado con una ola de calor”.

La conferencia de prensa completa

Con información de agencias.

IG

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó este jueves que el aumento en en las facturas de energía eléctrica y gas será del 20% para la generalidad de los usuarios en 2022.

La medida, aseguró el titular de la cartera energética, fue analizada junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y los equipos de la subsecretaría de Energía Eléctrica, la subsecretaría de Hidrocarburos, el ENRE y el Enargas.

“La corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios”, aseguró Martínez a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, reafirmó que el incremento de los ingresos de todos los argentinos “siempre superarán los aumentos de las tarifas”, una decisión política en función de la recuperación del salario real como lo dispusieron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“En nuestro gobierno las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares”, sostuvo.

Respecto de la segmentación de subsidios dijo que es una herramienta “que tiene como objetivo un uso más inteligente, eficiente y equitativo de los mismos” y que “se aplicará también a partir del año próximo”.

“Argentina avanzó, avanza y va a seguir avanzando. Por eso es necesario reactivar el consumo interno, impulsando la reconstrucción de un país más justo para todas y todos”, cerró Martínez.

FS con información de Télam

El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que la suba en el precio del petróleo y otros factores presionan al alza de los combustibles, pero sostuvo que el Gobierno no planea autorizar nuevos aumentos para la nafta en el segundo semestre. Por otro lado, también dijo que hay un compromiso del presidente Alberto Fernández de no ajustar las tarifas de luz y gas en lo que resta del año por el contexto de pandemia.

En declaraciones al diario Río Negro, el funcionario señaló que el barril Brent, que cotiza en US$ 74,1 dólares, mete presión al precio en los surtidores, como también la situación de los biocombustibles y la carga impositiva, pero insistió en que no habrá nuevos aumentos para la nafta y el gasoil.

“Nosotros creemos que en el segundo semestre del año no debería haber aumentos de combustibles. Y el precio actual debería ser así hasta fin de año”, remarcó Martínez.

Indicó luego que, para la segmentación de tarifas de gas, habrá que esperar, y explicó: “Queremos hacer un uso inteligente de los subsidios, es un proceso complejo de armado de base de datos que nunca se hizo y, en un contexto de pandemia, es más difícil todavía”.

En referencia al proyecto de ley de Promoción de Inversiones en el sector hidrocarburífero, Martínez comentó: “Elaboramos un borrador que tiene varias alternativas y estamos esperando la validación con las autoridades máximas de Gobierno y luego ahí volvemos con las productoras, provincias, trabajadores, Pymes, cámaras y todos los involucrados”

El secretario precisó que el nuevo marco legal “va a tener instrumentos para incentivar la producción individual y colectiva (incluida la convencional), la inversión y las exportaciones;”, con estabilidad fiscal, arancelaria y cambiaria.

“Habrá tratamientos diferenciales del impuesto a las Ganancias y las retenciones, y un capítulo para proyectos especiales, como depósitos subterráneos para producción de gas, industrialización y desarrollo off shore, y un estímulo para los pozos de baja productividad”, agregó.

Sobre el proyectado gasoducto de Vaca Muerta, el funcionario lo calificó como una “obra clave”, y confirmó que se está buscando financiamiento “que puede ser de China, con la que se firmó un memorándum de entendimiento, ya que puede demandar entre US$ 3.000 y US$ 3.500 millones.

Incluyó en esta materia la necesidad de ampliar el gasoducto San Martín para aumentar la capacidad de transporte de la Cuenca Austral; el Central hasta San Jerónimo, probablemente en dos años; y la repotenciación del GNEA.

Martínez, por otra parte, dijo que este año confluyeron la baja hidraulicidad, la salida de servicio de la central atómica de Embalse por mantenimiento, la menor producción de Bolivia y un paro portuario.

En ese marco, para sobrellevar la demanda de gas durante el invierno, se realizaron 47 compras de GNL (gas natural licuado) a un precio de US$ 7,46 el millón de BTU, valor “importante, pero bastante más bajo que el que hay en el mercado”.

“El Plan GasAr está dando sus frutos y logramos frenar el declino de la producción. Estamos estudiando una nueva ronda de la subasta para el invierno de 2022, con volúmenes crecientes, y pensamos institucionalizar esta buena herramienta en la ley de promoción”, añadió.

En cuanto a los proyectos de energías renovables, explicó que la intención del Estado es realizar un análisis preciso sobre el avance de los emprendimientos que aún están en obra, y adelantó: “Estamos lanzando una convocatoria voluntaria para la rescisión de contratos que no vayan a realizarse dentro de lo que estaba previsto”.

Martínez consideró que el esquema puesto en marcha por el Gobierno anterior “en muchos casos estaba pensado más para hacer un negocio financiero, muchas empresas entraron sólo para vender el proyecto, y eso no es bueno porque encarece la energía, ya que hay que cobrar esa diferencia innecesaria, ya sea en las tarifas o a través de subsidios que se solventan con impuestos”.

La idea, concluyó, es detectar cuáles continuarán, cuáles tendrán habilitaciones parciales o modificación de plazos, para poder liberar las redes de transmisión de potencia reservadas, ya que eso impide el avance de otros proyectos.

Con información de agencias.

IG

Con sus reservas de gas y petróleo no convencional comprobadas y la certeza de que los recursos son extraíbles a precios competitivos, Vaca Muerta viene actuando como el novio ideal que promete mucho y concreta poco.

La ilusión que atraviesa a todos los gobiernos es que la explotación de los recursos enterrados en la cuenca neuquina podría mitigar el eterno problema argentino de la restricción de dólares. Para ello, se deben conjugar algunas variables endógenas y exógenas, como que los precios internacionales no caigan debajo del umbral de los costos, la construcción de más ductos para trasladarlo a las ciudades argentinas que necesitan gas natural o a puertos para exportar, el equilibrio medioambiental y la famosa “seguridad jurídica” que establezca reglas que duren años.

A la historia conocida de recesión, cierre del crédito internacional y sucesión de devaluaciones que quemó los papeles del Gobierno de Mauricio Macri, la explotación del gas en Vaca Muerta sumó una particularidad. La cotización del recurso descendió bruscamente no bien se puso en marcha la resolución 46. Los US$7.50 por millón de BTU prometidos por el diseño de Juan José Aranguren terminaron duplicando en poco tiempo lo que conseguían las productoras como YPF, Total Austral, Tecpetrol, Wintershall, Pampa Energía, CGC, Vista, Pluspetrol, Capex o Pan American Energy si lo tenían que vender de acuerdo a la demanda. Algunas de ellas (YPF; PAE, de Bulgheroni; Total Austral; Capex y otras) tenían proyectos inscriptos en la resolución 46 que no constituían el centro de su negocio; a diferencia de Tecpetrol y CGC, de Eduardo Eurnekián, afincada en la cuenca de Santa Cruz, que también sacó provecho del esquema diseñado por Aranguren.

Dos años después de la aceptación de proyectos dentro de la resolución 46, el valor del gas sin subsidios ya era de un tercio del precio estímulo. Las cuentas públicas habían entrado en colapso, por lo cual, el premio se volvió impagable.

Con el gas sobrante excepto en los tres meses de invierno y los valores por el piso, los números de algunas petroleras se pusieron en rojo en 2019. En especial, los de YPF, líder en todos los segmentos de gas y petróleo en la Argentina, tanto en upstream como en downstream. En el último semestre de Mauricio Macri en el Ejecutivo, las energéticas comenzaron a mudar sus pozos en Vaca Muerta de gas a petróleo, cuya cotización internacional no brillaba, pero resultaba más rentable y, sobre todo, más fácil de exportar.

Tecpetrol se convirtió en la única empresa que tenía un estímulo para continuar la producción de gas a toda marcha. Como su remuneración no dependía de las condiciones del mercado sino del generoso subsidio (que pagaba la diferencia entre el valor promedio en boca de pozo y los US$ 7,50 por milón de BTU), carecía de incentivos para no inundar la plaza. Así funcionó hasta que Gustavo Lopetegui informó que la Secretaría de Energía pagaría el subsidio según la estimación de la empresa al momento en que fue aceptado el plan y no según la producción alcanzada. No sólo ello, sino que también recalcularía los montos ya abonados sobre la eyección del segundo trimestre de 2018. Como Tecpetrol había previsto producir 7 millones de metros cúbicos y despachaba el doble, recién entonces comenzó a contener su producción, lo que se extendió todo 2020.

La caída interanual en la producción de gas en la Argentina era superior a 12% a mediados de 2020. A ese ritmo, por más recesión que continuare, habría que aumentar las importaciones desde Bolivia o a través de la onerosa barcazas de gas licuado afincadas en Bahía Blanca a mediados de 2021. El Gobierno de Macri despidió a esa terminal móvil portuaria con bombos y platillos. Lo que no aclaró fue que la recesión no sería eterna y que, con la caída en el precio y las complicaciones en Vaca Muerta, el gas producido en la Argentina no alcanzaría.

El Banco Central cuenta los dólares uno a uno, por lo que la hipótesis de pagar US$ 2.000 millones de dólares para compensar el declive en 2021 espantaba al ministro de Economía Martín Guzmán. Con esa necesidad, el Gobierno puso en marcha un nuevo Plan Gas, a fin de garantizarse un bloque de 70 millones de metros cúbicos diarios hasta 2024. En diciembre pasado, el Gobierno asignó, mediante subasta pública, algo menos del objetivo buscado. Los oferentes fueron YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, PAE, Petrobras, Metro Holding SA, Shell, Alianza Petrolera Argentina, Pampa Energía, CAPEX, Wintershall, DEA Argentina, Vista Oil & Gas, ExxonMobil, Corporación Financiera Internacional y Compañía General de Combustibles.

Según la visión generalizada, la subasta será insuficiente para evitar el aumento de las importaciones en los más fríos, en especial, si se confirma el fin de una de las peores recesiones de la historia. Mientras tanto, el tiempo pasa, la perspectiva de un cambio energético a recursos no convencionales gana terreno, y la revolución de Vaca Muerta no aparece.

SL

Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas del Grupo Techint, recibió subsidios del Estado nacional para el desarrollo de sus actividades en la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta por $36.768 millones desde abril de 2018 hasta diciembre de 2020, de acuerdo a información de la Secretaría de Energía. De ese monto, el 42% —medido en términos reales— fue abonado durante el año pasado por el Gobierno de Alberto Fernández, pese a las restricciones económicas de la pandemia.

Los datos fueron publicados el 29 de diciembre por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence y obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.

El monto transferido ubica a la empresa de Techint como una de las receptoras individuales que más subsidios del Estado nacional acumuló en los últimos 3 años. El aporte no sólo fue continuado durante la gestión de Fernández sino que fue profundizado. Con el Frente de Todos en la Casa Rosada, los pagos a Tecpetrol alcanzaron $20.402 millones, cifra que superó, como parámetro, a lo destinado por el gobierno central para el transporte urbano y de corta distancia en todo el país excepto el AMBA, o representó 10 veces el presupuesto asignado al plan de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina durante 2020.

Las cuentas no cierran allí. Techint reclama ante la Justicia lo que considera subsidios no saldados que, en principio, superarían los $23.500 millones, unos US$280 millones al valor de hoy, según el balance de la empresa. Para el Gobierno, en cambio, ya no hay deuda, informó la Secretaría de Energía.

Medidos en dólares a la cotización del mes en que las transferencias fueron desembolsadas, Tecpetrol acumuló incentivos por US$619 millones en 33 meses, de los cuales US$264,4 millones (42%) fueron saldados entre febrero y diciembre de 2020. El año anterior, el Ejecutivo de Macri —que creó el plan de estímulo— giró a la filial de Techint $13.450 millones (US$265,9 millones de acuerdo al tipo de cambio de los meses del pago, 43% del total) mientras que, en 2018, abonó $2.915 millones (USD88.7 millones, 15%).

Tras un conflicto entre el Gobierno de Cambiemos y la empresa que conduce Paolo Rocca, derivado del quiebre económico de 2018, Macri aceleró los pagos antes de dejar la Quinta de Olivos. En el segundo semestre de 2019, el Gobierno PRO-UCR-Coalición Cívica apretó enter por $9.487 millones, unos US$170 millones de dólares a la cotización de entonces.

Cuentas pendientes

El recelo personal entre Rocca y el ex Presidente, proveniente de la época en que ambos pugnaban por contratos con el Estado, había alcanzado una inquina mayor tras la irrupción del caso Cuadernos en agosto de 2018, una trama en la que parte del empresariado vio una prestidigitación de un del macrismo de Inteligencia. Entre los pagadores de coimas presuntamente anotados por el chofer Oscar Centeno se ubicaba la firma de Rocca, pero tanto él como su histórico gerente principal, Luis Betnaza, fueron salvados por el fuero federal que opera en Comodoro Py 2002. No obstante, la desconfianza mutua con Macri no impidió que Rocca hiciera público su favoritismo por la política económica del macrismo, incluso un año después de la asunción de Fernández. 

El mayor peso proporcional de los pagos a Tecpetrol durante el gobierno del Frente de Todos no deja de representar una curiosidad, ya que Fernández, cuando era candidato y durante los primeros meses de su mandato, criticó en numerosas oportunidades que la política energética de su predecesor había sido diseñada “para los amigos de Macri”. En uno de los años más recesivos de la historia argentina, el Gobierno del Frente de Todos mantuvo los pagos y saldó la deuda de 2018 y 2019 reconocida por el Estado.

Pasaron cosas

El subsidio multimillonario se inscribe en la resolución 46, firmada en 2017 por el entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren, y famosa en el mundillo energético. El programa apuntó a una segunda fase de desarrollo en Vaca Muerta, tras el impulso inicial logrado en 2012 con la estatización del 51% de YPF y la posterior asociación con Chevron. Bajo el paradigma de Aranguren, hacía falta garantizar precios a través de elevados subsidios dolarizados como modo de atraer inversores que perforaran el suelo de una de las mayores reservas de petróleo y gas del continente. Era la forma, en los planes, de iniciar un esquema virtuoso que duraría décadas (ver aparte).

Como en toda su política de gas, petróleo, generación y distribución de energía, la estrategia de Aranguren —exejecutivo de Shell— y su sucesor, Javier Iguacel —exejecutivo de Pluspetrol—, consistió en garantizar rentabilidades altísimas para las empresas privadas a expensas del presupuesto estatal o de los hogares que asumirían las tarifas dolarizadas de servicios públicos como método para “sincerar” la economía.

La resolución 46 estableció el pago de US$7,50 por millón de BTU a partir de 2018, en una escala descendente que terminaría en US$6 en el año que acaba de comenzar.

La compañía energética de la familia Rocca —cuya razón social última es un sello radicado en Uruguay—anotó ante la Secretaría de Energía el proyecto de Fortín de Piedra para extraer shale gas y obtuvo, de inmediato, excelentes resultados de producción. En 2018, Tecpetrol “enterró” US$ 1.640 millones —una de las mayores inversiones privadas no financieras de la era Macri—con la mira puesta en recibir los pagos garantizados por el Estado, según documentos judiciales de la empresa citados por REDD. En cuestión de meses, Tecpetrol duplicó la producción prevista al momento de suscribir el programa de estímulo.

La resolución 46 resultó ser una trampa mortal. Los precios internacionales de los hidrocarburos se precipitaron al poco tiempo, primero a la mitad y finalmente a un tercio; la devaluación del peso desestabilizó las cuentas del Estado y las de todos los argentinos; y la recesión acelerada en abril de 2018 hizo que sobrara gas gran parte del año, por lo cual, la producción extraordinaria de Tecpetrol resultó innecesaria. Como la energética de Techint tenía un subsidio garantizado, en lugar de frenar por la baja demanda, aceleró. Cuanto más producía, más pagos extraordinarios a US$7,50 por millón de BTU recibía, porque el Estado ponía la diferencia entre el valor del mercado y el precio tope. El resultado fue un conflicto judicial y una montaña de deuda en dólares reclamada por la empresa, y el taxímetro corriendo su favor.

Recalculando

En enero de 2019, el Gobierno de Macri, sin financiamiento externo y ávido de recursos, recalculó el subsidio. Desplazado Iguacel, Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, estableció que se pagaría el incentivo por la producción estimada en el momento en que fue presentado el proyecto (noviembre de 2017) y no en función de la producción realmente alcanzada. En el caso de Tecpetrol, la diferencia en dólares era el doble. La empresa previó que produciría 7 millones de metros cúbicos de gas por día en Fortín de Piedra, y terminó eyectando 14 millones de metros cúbicos menos de un año después.

En su recurso administrativo ante la Secretaría de Energía y la denuncia judicial ante el fuero contencioso administrativo federal, la firma de Rocca reclamó en mayo de 2019 que el Estado reconociera el salto exponencial en la producción, no sólo porque el asterisco reinterpretado por el gobierno de Macri —a su juicio— no estaba contenido en la letra de la resolución 46 (se pagaría por producción real, no por estimación, dijo Techint), sino porque su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta, indicaron los textos de la compañía en el expediente judicial, citados por REDD.

Como resultado de la debacle económica, el resto de las empresas paralizó sus proyectos de exploración y cerró pozos. La queja soterrada de toda la industria, con YPF a la cabeza, fue que la resolución 46 pareció creada a la medida de Tecpetrol. De hecho, la empresa de Techint acaparó más del 70% de los subsidios y el resto se repartió entre YPF, Compañía General de Combustibles (Eurnekián), la francesa Total, Pan American Energy (Bulgheroni), la alemana Wintershall y Capex (Gotz). Otras firmas como Pampa Energía (Mindlin), Pluspetrol (Héctor Poli, adherente a Macri y muy crítico de Fernández), Exxon Mobil, Shell y otras no llegaron a entrar antes de que Lopetegui cerrara la ventanilla para nuevos proyectos. Así fue como Tecpetrol pasó, en menos de un año, de ser un actor marginal en Vaca Muerta a convertirse en uno de los principales productores de gas gracias a su proyecto estelar de Fortín de Piedra, mientras el resto vendía toda o gran parte de su producción a mitad de precio.  

Alberto Fernández prefirió mantener casi inalterados los subsidios y los contratos en dólares de generación eléctrica y producción de gas y petróleo, en contraste con el congelamiento de tarifas de gas y electricidad y, hasta mitad de año, del precio de venta de los combustibles.

Techint argumentó que su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta

Con la producción de gas en caída libre y con YPF contra las cuerdas, el Ejecutivo discutió durante la segunda mitad de 2020 un nuevo plan de subsidio a la producción, con precios en torno a US$ 3,70 por millón de BTU, la mitad del esquema Aranguren. El nuevo estímulo se transformó en una imperiosa necesidad para Martín Guzmán —de quien depende la Secretaría de Energía desde septiembre pasado—, porque al ritmo que se venía, el Estado tendría que gastar el año próximo los dólares que no tiene para importar el combustible desde Bolivia o el oneroso gas licuado que llega en barco.

Uno de los escollos del nuevo Plan Gas era que las empresas exigían el pago de los subsidios atrasados. El principal punto de la discordia era la resolución 46 y las supuestas deudas con Techint, tanto la reclamada judicialmente (que sería de, al menos, $23.500 millones) como la del cálculo reinterpretado por el Macri de 2019. A diciembre pasado, para el Gobierno de Fernández la cuenta estaba en cero, según el informe de la Secretaría de Energía.

Acuerdo

Finalmente hubo acuerdo y la energética de Techint suscribió el nuevo precio estímulo del gas por los siguientes 4 años. Esta vez, el beneficio estuvo repartido entre todas a las empresas que quisieron participar, con YPF a la cabeza y Tecpetrol un paso atrás.

Durante las negociaciones entre la firma de Rocca y la Secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez —peronista de buenas relaciones con Cristina Fernández de Kirchner—, se especuló con que el Gobierno pondría como requisito que Tecpetrol abandonara los reclamos por el recálculo implementado por la administración Macri cuando el costo de la resolución 46 se fue por las nubes. No ocurrió. En principio, se supone que Techint mantendrá el juicio abierto en el juzgado contencioso administrativo federal número 6, pero frenará el taxímetro y no ampliará la denuncia a los pagos de 2021, ya que la resolución 46 sigue vigente hasta diciembre próximo. Es decir, coexistirán los dos subsidios, el de Aranguren y el de Martínez.

Tras permanecer paralizado casi todo el año, el expediente judicial iniciado por Tecpetrol contra la administración pública se abrió a período de pruebas en octubre pasado, informó REDD. Así las cosas, las transferencias a la energética de Techint podrían incrementarse si la Justicia entiende que Rocca tiene razón y la variante de Lopetegui dispuesta en 2019 resultó un cambio en las reglas de juego.

Tecpetrol y la Secretaría de Energía declinaron responder para esta nota. 

SL