La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para la semana próxima en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, en rechazo de lo que califican como “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas la conducción de esas entidades, entre ellas el cierre de 12 tesorerías regionales del interior del país.

En ambos casos el gremio convocó a sus trabajadores a parar el próximo miércoles 13 de mayo en las tres últimas horas de atención al público, según se informó en un comunicado.

En el caso del BCRA, el sindicato rechaza el cierre de 12 tesorerías regionales de un total de 21 que operan en la actualidad, lo que “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”.

La Bancaria ya implementó el 27 de abril último un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del BCRA, pese a lo cual, señala el comunicado, “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”.

En cuanto al Banco Hipotecario, la organización gremial denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales”, a nivel nacional, y rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que “deje a los empleados sin sus puestos de trabajo”.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, expresa el comunicado.

Qué dice el comunicado

Desde la Asociación Bancaria convocamos a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público, para el día miércoles 13/5, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores.

En el BCRA, la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social.

Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación.

En el Banco Hipotecario denunciamos el cierre sistemático de Sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país. Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo.

Frente a estos escenarios, ratificamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del empleo y de cada derecho avasallado. No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores.

La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país, y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. Hacemos responsables a las autoridades de las mencionadas entidades por el agravamiento del conflicto.

Con información de agencias.

Manuel Adorni llegó este miércoles a la Cámara de Diputados para su primera exposición presencial ante el cuerpo, pero el informe escrito que su Jefatura de Gabinete presentó en paralelo —1.936 páginas, 2.149 preguntas— ya contenía las respuestas oficiales a algunos temas explosivos de la gestión. Desde el escándalo $LIBRA hasta el destino del oro del Banco Central, pasando por los jubilados, el Hospital Garrahan y el pago a influencers, el documento oficial es un mapa de lo que el Gobierno está dispuesto a decir —y de lo que prefiere no decir.

$LIBRA

Las preguntas sobre el criptoactivo $LIBRA ocupan el bloque temático más extenso del informe: al menos 91 consultas de distintos bloques, que van desde si el presidente Milei, Karina Milei y Santiago Caputo mantuvieron comunicaciones con Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento del token, hasta si existió algún contrato o acuerdo con Hayden Mark Davis en materia de blockchain o activos digitales.

La respuesta de la Jefatura de Gabinete es uniforme: toda la información está “bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial” en el marco de la causa N° 574/2025, radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8. El informe advierte que divulgar los datos “podría comprometer la integridad de la investigación”. No confirma ni desmiente ninguna reunión en la Quinta de Olivos la noche del 14 de febrero de 2025.

Lo que sí reconoce es que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 114/25 para impulsar una investigación administrativa a cargo de la Oficina Anticorrupción, que la OA remitió copias del expediente a la Fiscalía Federal N° 3 el 28 de abril de 2025, y que la Comisión Nacional de Valores abrió su propio expediente —el N° 36/2025— que fue archivado el 16 de abril de ese año “una vez agotada la investigación”. En síntesis: el gobierno se escuda en la Justicia para no responder, pero entrega algunas fechas procesales que hasta ahora no habían sido confirmadas oficialmente.

El oro del Central

En diciembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central revelar el destino de las reservas de oro enviadas al exterior en 2024. La oposición preguntó en el informe si esa orden judicial fue cumplida. La respuesta es no: el BCRA recurrió la sentencia mediante Recurso Extraordinario Federal el 13 de febrero de 2026, que fue concedido el 1° de abril para su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno sí informa que las reservas en oro pasaron de US$5.170 millones en diciembre de 2024 a US$9.238 millones al 31 de marzo de 2026, valoradas a precio de mercado. Pero declara “confidencial” —amparado en la Carta Orgánica del BCRA— todo lo relativo a los contratos con depositarios, la entidad financiera que custodia el oro y los eventuales mecanismos de protección frente a embargos. El argumento oficial para el traslado fue que el oro “era un activo improductivo”; el informe no aporta ningún detalle sobre los beneficios económicos concretos obtenidos desde entonces.

Jubilados vs. camiones militares

Una de las preguntas más directas del informe confronta dos decisiones simultáneas del Gobierno: el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria —que, según la oposición, implicó una pérdida de cerca de un millón de pesos por jubilado— y la compra de camiones militares por $15.200 millones en febrero de 2026. ¿Cómo se justifica ese gasto mientras se recorta a los jubilados?

La respuesta del Ministerio de Defensa es escueta: ambas partidas responden a “programas plurianuales” que son “independientes” entre sí, y que las inversiones en equipamiento logístico buscan “garantizar la capacidad operativa” y la “presencia soberana en todo el territorio”. El informe no desglosa qué tipo de camiones se adquirieron, a qué proveedor, ni bajo qué modalidad de contratación.

“Ñoquis” en el Garrahan

La mención de funcionarios del Poder Ejecutivo a trabajadores del Hospital Garrahan como “ñoquis” generó una pregunta explícita en el informe: ¿por qué lo dijeron y lo sostienen? La respuesta oficial no pide disculpas. Aclara que el término no apuntaba a médicos sino a quienes “provocaron 40 paros en un año”, liderados por dirigentes sindicales que “lejos de preocuparse por los pacientes, buscaban hacer política en un año electoral”.

A continuación, el informe enumera las mejoras que el gobierno atribuye a su gestión en el hospital: un aumento del 61% en el salario base de médicos y residentes, el inicio de lo que describen como “el plan de obras más grande en la historia del Hospital” con más de $30.000 millones de inversión en recursos propios, e incorporación de equipamiento de última tecnología, incluyendo un acelerador lineal, un tomosimulador y 310 camas en renovación.

Influencers

La oposición preguntó si algún área del gobierno abona dinero —de forma directa o a través de intermediarios— a influencers o militantes del partido de gobierno, y solicitó que se detallaran montos, origen de los fondos y beneficiarios. La Secretaría de Comunicación y Prensa responde que no contrata influencers “ni en forma directa ni indirecta” y que tampoco efectúa pagos a militantes partidarios por intermedio de terceros.

El informe, sin embargo, no desglosa la pauta publicitaria digital por plataforma ni por beneficiario, pese a que esa información fue expresamente solicitada. Tampoco responde con cifras la pregunta sobre fondos destinados a plataformas como YouTube, Instagram o X. La respuesta se limita a afirmar que la distribución de publicidad oficial sigue “criterios objetivos” sin detallarlos, lo que deja abierta la posibilidad de que los legisladores vuelvan a presionar por esos datos en la sesión presencial.

MC

Desde el año pasado, la Justicia investiga la venta de dólares oficiales autorizada por el Banco Central a casas de cambio que después los vendían al blue en el mercado ilegal para ayudar así a las autoridades del Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Sergio Massa, a calmar la cotización paralela. Eran las llamadas “manos amigas”, de las que tanto se hablaba, pero cuya existencia los funcionarios siempre negaban. No sólo ayudaban al gobierno de entonces sino que de paso hacían un negocio millonario vendiendo al triple del valor al que compraban. Entre esas casas estaba la de Elías Piccirillo, que estuvo casado con la modelo Jésica Cirio, tras divorciarse del polémico exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Piccirillo, hoy bajo arresto domiciliario, era dueño de la financiera ARG Exchange, que también estaba vinculado a negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pero en la causa del dólar blue Piccirillo no está solo: a partir de escuchas a su teléfono que aportó un expolicía arrepentido, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron a cinco funcionarios de línea del Banco Central sospechados de aportarle las divisas al cambista. Los cinco también fueron sumariados por el presidente del Central, Santiago Bausili. Se llaman Romina García, Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. Pero esta última se acercó a elDiarioAR para negar la acusación y sostener que fue confundida por una contadora, como ella, que también se llama Valeria Fernández y que trabajaría para Piccirillo. Altos funcionarios de la actual cúpula del banco y también de los de la gestión anterior admiten que podría tratarse efectivamente de una confusión con una colega homónima.

De licencia médica tras 16 operaciones de columna, y a poco de someterse a la decimoséptima cirugía, María Valeria Fernández, inspectora jefa de supervisión de entidades financieras del Central ofrece su versión de los hechos. El pasado 29 de diciembre, un mes después de su última operación: “Era un lunes, a las 06, me costaba muchísimo moverme, vivo en un departamento de dos ambientes, y atendí el portero eléctrico. Me dijeron que tenían para leerme una orden. Tardé un poco en cambiarme porque tengo movimientos lentos. Volvieron a insistir con el timbre”, recuerda.

–Sí, sí, estoy bajando– les respondió por el portero.

En la planta baja vio “muchísimas caras”, rememora. “En ese momento no entendía nada. Una era una mujer policía de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó a leer una orden de allanamiento... Hasta que no pasó la página segunda no me di cuenta que podía llegar a estar vinculado con algo de mi trabajo. Dijo que iba a secuestrar toda documentación que se vinculara con las entidades financieras de titularidad de Piccirillo. Y nombró una serie de casas de cambio.”

–Pero yo no estoy hace dos años trabajando– les contestó.

“En los 30 años que llevo en la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, nunca he trabajado en supervisión de casas de cambio”, aclara en esta entrevista. “Desde 2019 que yo tenía a cargo la supervisión del Banco Galicia. Nada que ver.”

Pero los policías llegaron preguntando por su nombre, con su número de DNI y su domicilio. “Cuando llega ese momento te toma por sorpresa, porque en las semanas finales del año pasado se empezó a hablar de de esta causa. Yo de eso estaba enterada por la tele, de escuchar parcialmente un noticiero u otro. Había escuchado de otras dos personas que las conozco de vista. Una de ellas sí trabajó en supervisión de entidades financieras, pero hace muchísimos años atrás. Las conozco de vista... yo desde la pandemia que no he podido volver a pisar el Banco Central”, se volvió a referir a sus problemas de salud. Desde 2020 a 2023 trabajó de forma virtual, hasta que entró en licencia médica.

“Fue tal la sorpresa que cuando me estaban leyendo me descompensé, aparentemente me desmayé”, continúa Fernández. “Cuando me desperté lo único que yo le preguntaba es cómo caí, si me golpeé la columna. Me levantaron y me siguieron hablando.”

–Vamos adentro de tu casa –le dijo la policía–. Te sigo leyendo.

Los uniformados llamaron a la ambulancia del SAME, que llegó al rato. “Ellos comenzaron con su operativo. Eran ocho cuando entramos al departamento. Veía personas inmensas, tatuadas, desparramaban todo por todos lados del departamento. No sabía qué hacer. Yo estaba estaba descompensado todavía y no entendía nada. Revolearon el mantel. Otros dos se tiraron en el sofá, aplastando los almohadones, los pies arriba. Otro pidió café. Fue una invasión terrible. Estuvieron casi cinco horas. Inmediatamente vieron en el escritorio una Mac, la tomaron. Yo tenía otra Mac sin utilizar porque a la otra la batería se le estaba por romper. Pero no había llegado a hacer el backup. La nueva la saqué de la caja. Me decían que me loguee, pero no me iba a poder loguear porque yo no la había configurado. Igualmente la incautaron, lo mismo que el teléfono celular. Cuando sonó la alarma que yo había puesto la alarma despertador para las 8, me acerco a la mesa de luz y la mujer policía con una de las testigos me dijo que ya no lo podía tocar más. Y el tema es que yo ahí tenía todo. De repente perdí todos mis contactos, yo no tenía backup. En una nota del celular tenía las claves para acceder a todo, desde la aplicación del banco a todo.”

Fernández recuerda una de las primeras preguntas que le formularon.

–¿Tenés plata? Decinos porque te vamos a dar vuelta todo.

–Sí, les digo–, les respondió y les entregó US$9.320 que tenía ahorrados.

“Tenía algo porque yo tengo muchos gastos con lo de la columna. Y tenía una suma pequeña, pero para mí muy importante”, prosigue. “Estaba vinculada con la escritura de venta de un lote que teníamos con mis hermanos en Arrecifes porque perdimos a mi mamá hace tres años y y decidimos venderlo. La escritura estaba dentro de la Mac. Fue todo muy violento, me rompieron cosas, las revolearon.”

“Fue de tanta violencia que comencé con tratamiento psiquiátrico, psicológico, lo asocian a un trauma que es una combinación de una violación con un robo a mano armada”, cuenta la contadora. “En ese momento sólo me acordaba del celular de mi novio, que vive en Pilar. Les pedí por favor ocho veces que lo llamaran a él, pero se iban sin llamarlo. Les dije que por favor porque quedaba totalmente incomunicada. Lo llamaron durante el operativo.”

“Yo claramente sé que no tengo absolutamente nada que ver con nada de lo que suponía”, se defiende. “Se van y me niegan copia del acta de allanamiento, se van con todos mis dispositivos electrónicos y con el dinero. Cuando llega mi novio, no entendía nada tampoco. Vecinos del country donde él vive nos recomendaron un abogado penalista, Aníbal Campana. Yo no lo conocía. Le hablé y fue muy expeditivo. El mismo día me pudo dar una devolución y me dijo que indudablemente acá hubo una confusión de persona.”

“Hay solo dos audios entre las horas de audio de comunicaciones en donde nombran a una Valeria Fernández, pero yo me llamo María Valeria Fernández”, le cuenta Campana a la contadora. “En el Banco Central también hay otra María Valeria Fernández, que es abogada, y luego cuando me comunico con la abogada del banco dijo que también podría ser la contadora de quienes están siendo investigados, Piccirillo y todas sus casas de cambio. Su contadora también se llama Valeria. Creo que Valeria Eugenia Fernández”, alega la supervisora de la autoridad monetaria.

“O sea, allanaron a la persona equivocada”, argumenta. “No ha sido allanada la persona a la que tenían que ir. Pero llevamos tres meses desde el día del allanamiento y no hubo movimiento alguno en la causa. No dispusieron la apertura de los elementos electrónicos. No dieron lugar a la restitución del dinero. Mi abogado apeló a la cámara, pero la cámara negó la restitución. El juzgado no abrió el expediente y no abrió el punto de que el Banco Central, cuando presentó su descargo que dijo que esta persona no puede ser la persona que ustedes pretenden investigar porque no estaba afectado a sus funciones desde agosto de 2023 y las operaciones de estas casas de cambio que están investigando son de 2023 y 2024”, se defiende Fernández. Es decir, las operaciones sospechosas no sólo habrían ocurrido durante la presidencia de Alberto Fernández, con Massa de ministro y Miguel Pesce de jefe del Central, sino también con sus sucesores, Javier Milei, Luis Caputo y Bausili. “A las 13 me pude comunicar con un gerente principal en el Banco Central y me dijo que ellos habían sido allanados y que también le dijeron que no van a encontrar nada de esto de María Valeria Fernández, porque yo no iba presencial.”

“Hay una, una ineficiencia, una lentitud, un error tan grande, me siento como persona, como ciudadana, que me están atropellando”, razona. “De repente que te digan estás involucrada en una causa penal que se vincula con un montón de otras causas penales. Mi abogado no tiene en claro ni definido qué tipo de delito pretenden investigar, porque la causa es NN sobre averiguación de delito. Las órdenes de allanamiento han sido libradas sin ningún tipo de investigación, porque de ninguna manera podría haber estado yo entre las persona. Es una pesadilla. Frente al rechazo de la cámara a la devolución del dinero, mi abogado presentó un pedido que en un plazo perentorio dispongan las pericias de mis de mis equipos tecnológicos, como para acelerar.”

“Los primeros días de enero yo iba a volver a trabajar con jornada parcial, pero todo esto me hizo ir hacia atrás, me generó un un retroceso impresionante con otro tipo de de sintomatologías y de dolencias que no tenía antes”, cuenta. “Está previsto para abril otro quirófano para hacer los mismos procedimientos. Y ese dinero yo lo tenía de de backup porque mis gastos son muchísimos. Mi sueldo no es íntegro, sin presentismo ni bonus, porque no estoy cumpliendo funciones, y tengo esa plata para cubrir los 12 medicamentos que tomo. Le tuve que pedir a mis amigas y familiares que me dieran vuelta todo el departamento porque no podía estar.”

“Me siento vulnerada, pisoteada, ultrajada por el propio acto y por todo lo que vino después”, lamenta. “Mi vida en el día a día gira en torno de la columna, al punto de que iba a quedar en silla de ruedas. A mí me salvaron en una de las tantas cirugías los neurocirujanos, pero tengo daño crónico en los nervios hacia el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces dependo muchísimo de muchas rehabilitaciones, que son todas particulares. Jamás me iba a imaginar que esto me iba a suceder, que me iba a afectar de esta manera, que iba a tratar términos penales, a que un medio expusiera mi foto en la tapa un domingo. A este señor Piccirillo solamente lo he visto por televisión alguna que otra vez al hacer zapping”, se frustra Fernández. Este año la causa pasó de manos de Casanello a las de Ariel Lijo.

AR

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró el jueves otros US$107 millones más y superó el umbral de los US$45.000 millones, algo que no se veía desde el 2021.

La entidad financiera se hizo de otros US$107 millones y superó el umbral de los US$45.000 millones, algo que no sucedía desde hace cinco años.

Específicamente, desde septiembre del 2021 que el Central no acumulaba más de US$45.000 millones, durante el gobierno de Alberto Fernández.

De esta manera, las reservas saltan en US$203 millones y concluyen con US$45.077 millones netas.

Desde que se anunció el nuevo programa monetario, el BCRA adquirió reservas en todas las ruedas, salvo la del viernes 2 de enero (cuando no se comunicó ningún movimiento en el mercado).

Es decir, que la entidad que preside Santiago Bausili lleva trece ruedas consecutivas con adquisición de dólares. Esto, bajo la pauta de comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A día de hoy, lleva comprado US$823 millones.

Según estimaciones ofciales del BCRA, la compra de reservas podría escalar hasta los US$10.000 millones -si aumenta la base monetaria al 4,8% del PBI- e inclusive US$17.000 millones, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del Producto Intenro Bruto.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, indicó el parte oficial.

Elogios del FMI en la previa de la revisión

Y es que la consistencia de la compra de divisas se da a pocos días de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarque en la Argentina, con el objetivo de llevar adelante la revisión del programa económico. 

Si bien no se especificó en qué fecha de febrero arribarán, la vocera del organismo Julie Kozack aseguró que será durante el segundo mes del año.

Durante el Foro Económico de Davos, donde el presidente Javier Milei brindó su discurso, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

“Fue genial tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, señaló la titular del FMI.

Además, agregó que “está todo muy bien” y afirmó que “se están reconstruyendo las reservas”.

Mientras que por el lado del Ministro, la respuesta fue más acotada: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Ese mismo apoyo se ratificó en la proyección de crecimiento para Argentina, en donde el FMI prevé que sea de 4% en 2026 y 2027.

Cómo abrirá el mercado de cambios este viernes

El dólar oficial abrirá este viernes en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, luego de una baja de $5 respecto de la jornada del miércoles.

En la rueda de este jueves, la divisa norteamericana operó estable y marcó un solo cambio en la cotización de su valor, que fue la baja de $5 hasta los $1.450. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue se mantuvo sin cambios, con el mismo precio que cerró la jornada anterior.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizó en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización.

El dólar mayorista se ubicó en $1.427,5, cedió 0,2% y quedó a 126 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.553,58).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,25% hasta $1461,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,24% hasta los $1.508,2.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El gobierno de Javier Milei pagó este viernes los vencimientos de deuda de US$4.200 millones, en concepto de bonos soberanos emitidos en la reestructuración del 2020.

Se trata de los bonos emitidos en agosto del 2020 -durante el gobierno de Alberto Fernández- como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.

El primer día hábil del 2026, el Gobierno envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Durante esta semana, el Ejecutivo concretó las opciones que tenía disponible para reunir los US$4.200 millones. La más reciente fue el préstamo con los seis bancos internacionales por US$3.000 millones, de los cuales utilizó una parte de ese total y el resto será destino a fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

También contó con el ingreso de los US$706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue y parte de las reservas que acumula la entidad a cargo de Santiago Bausili.

Cómo se consiguieron los dólares

El Gobierno se hizo con los dólares para afrontar este viernes US$4.200 millones mediante un préstamo con bancos internacionales para recibir US$3.000 millones.

La operación la notificó el Banco Central, que concertó con seis bancos internacionales “de primera línea”, según el comunicado oficial, una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según comunicó la entidad financiera, la transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

Al comienzo de la semana se supo que el Tesoro Nacional necesitaba reunir alrededor de US$1.500 millones adicionales para completar el pago sin recurrir a las reservas internacionales del Banco Central. En ese marco, se esperaba que el Ministerio de Economía anunciara antes del viernes un préstamo con bancos internacionales, una señal que el mercado sigue de cerca en medio de crecientes interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema económico.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los detalles de los vencimientos que enfrentaba la Argentina este viernes eran: en bonos bajo legislación local (BONARES), correspondientes a los títulos AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41, el Estado debe pagar US$1.187 millones en capital y US$462 millones en intereses. A esto se suman compromisos por bonos globales en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46), por US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses. En tanto, los bonos globales en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46) concentran el mayor monto: US$1.397 millones de capital y US$982 millones de intereses.

Durante enero también vencen compromisos con organismos internacionales por US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses, además de US$148 millones en Letras del Banco Central. En total, el mes presenta obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$1.792 millones en intereses.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

El Gobierno se hizo con los dólares para afrontar este viernes US$4.200 millones. Confirmó hoy que cerró un préstamo con bancos internacionales para recibir un préstamos de US$3.000 millones.

La operación la notificó el Banco Central, que concertó con seis bancos internacionales “de primera línea”, según el comunicado oficial, una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según comunicó la entidad financiera, la transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

Al comienzo de la semana se supo que el Tesoro Nacional necesitaba reunir alrededor de US$1.500 millones adicionales para completar el pago sin recurrir a las reservas internacionales del Banco Central. En ese marco, se esperaba que el Ministerio de Economía anunciara antes del viernes un préstamo con bancos internacionales, una señal que el mercado sigue de cerca en medio de crecientes interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema económico. Es lo que finalmente se confirmó hoy.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los detalles de los vencimientos que enfrenta la Argentina este viernes son: en bonos bajo legislación local (BONARES), correspondientes a los títulos AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41, el Estado debe pagar US$1.187 millones en capital y US$462 millones en intereses. A esto se suman compromisos por bonos globales en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46), por US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses. En tanto, los bonos globales en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46) concentran el mayor monto: US$1.397 millones de capital y US$982 millones de intereses.

Durante enero también vencen compromisos con organismos internacionales por US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses, además de US$148 millones en Letras del Banco Central. En total, el mes presenta obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$1.792 millones en intereses.

Mientras el mercado presiona para levantar totalmente el cepo cambiario, este viernes debuta un nuevo esquema de bandas de flotación, que desde ahora se ajustarán por inflación.

En este escenario, el 9 de enero próximo vencerán poco más de US$4.200 millones con bonistas privados, lo cual incrementaría la presión sobre la moneda norteamericana.

El Gobierno asegura que esos pagos se harán sin problemas, pero aún no está claro cómo serán cubiertos al menos la mitad de los vencimientos.

Mientras, el piso y el techo de las bandas cambiarias comenzarán a actualizarse de manera automática en función del costo de vida de hace dos meses, es decir, el 2,5% de noviembre.

Y el Banco Central prevé, además, acelerar la compra de divisas, una variable considerada clave por el Fondo Monetario Internacional. El objetivo es avanzar en un programa de acumulación de reservas.

La jugada oficial admite las dificultades que tiene el programa económico para acumular divisas, un sostén clave para una economía como la argentina.

En enero el piso de la banda cambiaria descenderá gradualmente desde $915 a $894 hacia fin de mes, mientras el techo se moverá en sentido inverso, desde $1529 hasta niveles cercanos a los $1563. 

Analistas consideran que el ingreso de dólares será central para que se sostenga el nuevo esquema y que una de las claves es que no se acelere la inflación.

Para ello, el Banco Central mantendrá un esquema de tasas que tornen interesantes las inversiones en pesos, al menos mientras la inflación local se mantenga por encima de la internacional.

La otra duda de los mercados es cómo hará el BCRA para cumplir la meta de acumulación de reservas prometida al FMI, que por ahora está lejos de lo proyectado.

En cuanto a la liberación del mercado cambiario, el Central dijo que en la medida en que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio cambiario y un acceso fluido a los mercados externos por parte del Tesoro, podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones.

Objetivos y Planes del BCRA para 2026

Así anunció en Banco Central de la República Argentina su planificación para este año con los lineamientos anuales del desarrollo de las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria.

Durante el 2026, el BCRA desarrollará sus políticas guiado por los objetivos principales del programa de estabilización económica: avanzar en el proceso de desinflación, extender el horizonte de estabilidad financiera y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido. Los avances logrados desde 2024, en coordinación con el Tesoro Nacional, permitieron eliminar la dominancia fiscal y financiera, resolver el exceso de liquidez monetaria (overhang) heredado y sanear el balance del BCRA.

La flexibilidad en el mercado cambiario y en el de tasas de interés incorporados en 2025, sumados a los sólidos fundamentos del programa económico, el fuerte apoyo de la comunidad financiera internacional y la credibilidad construida en torno a la política económica han permitido ampliar el horizonte de planificación macroeconómica y crear condiciones favorables para avanzar hacia una nueva fase. Esta etapa del programa, caracterizada por la perspectiva de la re-monetización de la economía, compatibiliza el sostenimiento del crecimiento económico con la estabilidad de precios y el fortalecimiento de las reservas liquidas del BCRA. De esta manera la política del BCRA balanceará dos objetivos: mantener el equilibrio monetario domestico consistente con una reducción sostenida de la inflación y mostrar progreso adicional en el equilibrio externo, fortaleciendo el balance del Banco Central mediante la acumulación de reservas internacionales.

La eliminación previa de los pasivos remunerados del Banco Central (dominancia financiera) y los bajos niveles de monetización de la economía constituyen condiciones iniciales que otorgan un amplio margen de acción para la consecución de estos objetivos. El monitoreo y control de agregados monetarios será crucial en esta próxima etapa de remonetización. En la misma, la oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. A tal efecto, el BCRA ha señalado que pondrá en marcha un programa de compra de reservas internacionales preanunciado a partir del 1 de enero de 2026.

Ese programa será consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. En el primer caso, el BCRA mantendrá un sesgo en su política monetaria que evite esfuerzos sostenidos de esterilización mientras la demanda de dinero evolucione conforme a lo esperado.  En cuanto a la liquidez cambiaria, inicialmente, el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen del mercado de cambios. De manera complementaria, el BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.

Central a este proceso será el proceso paralelo de recuperación del acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro Nacional. Ese proceso, junto al crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas, en esta oportunidad, se traduzcan en un aumento del stock de las reservas internacionales del BCRA, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses.

La calibración de la política monetaria se realizará en función de la evolución de la inflación, su relación con el nivel de actividad y las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero. Mientras la inflación observada se mantenga por encima de la inflación internacional, el BCRA mantendrá un sesgo monetario contractivo respecto de la trayectoria de la demanda de dinero estimada en su Programa Monetario para 2026.

Para administrar la cantidad de dinero derivada del programa de compra de reservas, el BCRA seguirá utilizando herramientas convencionales y prudenciales: operaciones de mercado abierto y operaciones con compromiso de recompra. Estas últimas operaciones de repo pasivas con entidades financieras serán pactadas diariamente a la tasa de interés definida por el BCRA, tomando como referencia los niveles observados en el mercado secundario de LECAPs. La ventanilla de pases activos permanecerá vigente con las restricciones que aplican en la actualidad en cuanto al monto y plazo disponibles. La tasa de interés sobre las operaciones de pases activos será fijada por el BCRA aplicando un premio sobre la tasa observada en el mercado secundario de LECAPs de corto plazo.

En cuanto al régimen cambiario, el mercado de cambios continuará operando bajo un régimen de flotación entre bandas. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (es decir con rezago de dos meses, t-2). Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

Por otra parte, el BCRA continuará avanzando con el proceso de normalización de la política de encajes bancarios, reconociendo su impacto sobre el equilibrio monetario y la intermediación financiera. Cualquier modificación se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación del crédito.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la comunicación del esquema monetario, el BCRA retomará la publicación de su Informe Trimestral de Política Monetaria, comenzando en el mes de enero con el correspondiente a diciembre de 2025. Esta publicación presentará sistemáticamente el análisis del BCRA sobre la coyuntura económica nacional e internacional, sobre la dinámica inflacionaria y sus perspectivas, y explicará en mayor detalle las decisiones de la política monetaria. Adicionalmente, profundizará el análisis de temas específicos de complejidad técnica, profundizando el análisis cuantitativo que facilite un mayor entendimiento de la evolución de la política monetaria y su relación con el equilibrio general macroeconómico y la formación de expectativas económicas del sector privado.

A medida que se avance en los objetivos de este nuevo año, en un marco de consolidación del equilibrio fiscal, se espera que la transición hacia una economía menos regulada y con mayor previsibilidad se beneficie de la implementación de un conjunto de reformas estructurales. Entre estas se destaca el potencial de modernización laboral, reducción de la carga de cumplimiento tributario y la configuración de instituciones económicas más sólidas. De aprobarse tempranamente, estas reformas podrán darle un significativo impulso a la productividad en 2026. En dicho contexto no solo se espera que contribuyan a un crecimiento económico sostenido liderado por la inversión privada y la creación de nuevos empleos, sino que además incidan para consolidar el proceso de estabilidad doméstica y fortalecimiento externo de la economía.

El fortalecimiento de la confianza en el peso y la flexibilidad para la utilización del dólar facilitará el desarrollo de una competencia plena entre monedas. De esta manera, se podrá esperar que la intermediación financiera con el sector privado siga ampliándose tanto para sectores no-transables como transables. Junto con el avance de la inversión en el marco del RIGI, se espera que la mayor intermediación contribuya a la capacidad de expansión de la actividad económica.

A fin de preservar las condiciones de estabilidad financiera, durante el próximo año el BCRA continuará calibrando su política macro- y micro-prudencial para adaptarla a las particularidades del contexto local, en línea con las mejores prácticas internacionales en la materia. En la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2023.

Durante 2026, el BCRA propiciará la consolidación de los desarrollos recientes en materia de instrumentos de pago, a la par de seguir diseñando e implementando nuevos mecanismos electrónicos que brinden un entorno seguro para los pagos de familias y empresas, redundando en una mejor experiencia y menores costos de transacción para las personas y empresas usuarias del sistema.

En el marco del programa Transferencias 3.0, se seguirá trabajando para reducir la incidencia del fraude en los pagos instantáneos, al tiempo de avanzar en la consolidación de la interoperabilidad de las herramientas disponibles. Asimismo, se analizarán nuevas modalidades de Pagos con Transferencia (PCT) para operaciones on line, con el fin de ofrecer soluciones más seguras y eficientes.

Por su parte, se continuará monitoreando la implementación de la interoperabilidad de los pagos con tarjetas tanto en pesos como en dólares estadounidenses, propiciando un funcionamiento homogéneo y transparente de la competencia de monedas en todo el ecosistema local de pagos.

El BCRA también continuará promoviendo la utilización de instrumentos electrónicos como el plazo fijo, el cheque y la factura de crédito electrónica, como alternativas complementarias de aquellas en papel. En particular, se impulsarán medidas que propicien una mayor adopción del ECHEQ en reemplazo del cheque físico, y se monitoreará tanto el desarrollo del mercado de ECHEQ en dólares como el desempeño de las transferencias inmediatas y diferidas que involucren cuentas a la vista en esa denominación.

Por su parte, se continuarán incorporando mejoras en la factura de crédito electrónica MiPyME (FCEM), fortaleciendo su rol como herramienta de pago y financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

En otro orden, a lo largo de 2026 se avanzará en el diseño y eventual implementación de un instrumento de cobro de cuotas de préstamos canalizados a las familias, que pueda ser utilizado tanto por proveedores no financieros de crédito como por entidades financieras. En su diseño se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en años recientes y productos similares utilizados en otros países, incorporándose medidas de seguridad necesarias para evitar los episodios de abuso que se observaron en el pasado.

En línea con las medidas tomadas a fines de 2025, se seguirá avanzando en la búsqueda de una mayor eficiencia en las garantías que las entidades financieras integran en favor de la CEC-BV, simplificando procesos y optimizando el uso de los recursos.

En paralelo, se ampliará la información a disposición del BCRA sobre los medios de pago en Argentina, trabajando en mejoras de eficiencia y seguridad en la recepción y el manejo de los datos utilizados. Esto permitirá seguir reforzando la fiscalización del funcionamiento del sistema nacional de pagos, promoviendo el cumplimiento de la normativa aplicable.

De esta manera, a lo largo de 2026 el BCRA mantendrá el acompañamiento para la implementación de las diferentes políticas públicas impulsadas por el Gobierno Nacional que se reflejen en el sistema nacional de pagos, avanzando así en el desarrollo de un ecosistema de pagos plenamente interoperable, digital y confiable, capaz de responder a las necesidades de usuarios, comercios y entidades financieras en un entorno bimonetario cada vez más dinámico y eficiente.

Por último, en 2026 el BCRA continuará avanzando en la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, a través de la conformación de grupos técnicos para la delineación de la infraestructura necesaria y buscará consolidar y profundizar sus programas educativos, utilizando el Campus BCRA para extender su alcance a las distintas provincias y a nuevos públicos.

Con información de agencias.

IG

El Banco Central dispuso una medida estricta de control fiscal destinada a limitar la evasión y las operaciones por fuera del sistema formal. A través de la Comunicación A 8144, el organismo ordenó a bancos, billeteras virtuales y empresas de cobro que bloqueen los servicios de pago a cualquier comercio o persona incluida en la llamada “Base de Contribuyentes No Confiables”.

La disposición -emitida originalmente el 10 de diciembre de 2024 y ahora puesta en plena vigencia- prohíbe que entidades financieras y proveedores de servicios de pago (PSP) sigan ofreciendo cobros con tarjetas de crédito, débito, prepagas, compra o transferencias a quienes sean identificados por la autoridad fiscal como contribuyentes en situación irregular.

La base de datos será administrada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que notificará a los bancos y billeteras sobre los ingresos y egresos de contribuyentes en la nómina. Una vez recibido el aviso, las entidades tendrán un máximo de un día hábil para cortar totalmente el servicio.

Hasta que el sistema de alertas funcione de manera automática, el BCRA estableció un régimen de transición. En esta etapa, los bancos y PSP deberán consultar la base al menos una vez por semana y aplicar los bloqueos de manera manual.

La medida apunta a reforzar los mecanismos de control y cerrar vías de cobro utilizadas en esquemas de informalidad. Se trata de una herramienta que busca desarticular redes de evasión y asegurar que los actores económicos en actividad cumplan con las obligaciones fiscales vigentes.

Con información de la agencia NA

Entre los economistas argentinos hay una constante: la idea de que la política y la economía van de la mano. No pueden separarse, están trabadas en una relación simbiótica, pero ésta—-a diferencia de las relaciones biológicas—-no es beneficiosa. Por el contrario, la política hace lo suyo y la economía sufre. Más que una relación simbiótica, es una relación parasitaria.

La enfermedad ha sido diagnosticada hasta el hartazgo, y se conoce—-en la literatura económica—-como el problema de los “ciclos electorales”. De manera simplificada puede presentarse así: la democracia y sus elecciones generan incentivos en los actores políticos para alcanzar logros de corto plazo con el objeto de ganar elecciones. Ello los empuja a buscar que las buenas noticias se concentren en el período electoral (dólar barato, acceso al crédito, inflación a la baja) y que las malas noticias ocurran justo luego de la elección (un ajuste aquí y allá, la corrección del tipo de cambio, aumento de tasas o tarifas, etcétera). En este cálculo, los políticos muchas veces postergan decisiones difíciles con el objeto de navegar el ciclo de un modo que les resulte beneficioso (es decir, de un modo que les permita conservar el poder que ganaron o acrecentarlo). Esa postergación, en ocasiones, empeora los problemas iniciales.

El economista italiano Alberto Alesina encontró a fines de los ochenta que de 18 gobiernos de la OCDE—-sean conservadores o progresistas—-la política fiscal tiende a flexibilizarse antes de las elecciones. Un puñado de años después encontró que la política monetaria sigue un patrón similar (expansiva en años electorales). David Bizer y Steven Durlouf, por su parte, encontraron que los impuestos tienden a reducirse dos años antes de la reelección exitosa de un presidente en ejercicio. William Keech y Kyoungsan Pak, que los beneficios a los veteranos de guerra de Estados Unidos aumentaban en años electorales. No hay nada demasiado nuevo bajo el sol, entonces, en el intento familiar del gobierno argentino de un dólar barato antes de las elecciones, la pretensión de bajar la inflación a todo costo (antes de las elecciones), o la postergación de decisiones difíciles (flotación cambiaria, ajuste del tipo de cambio) para después de las elecciones. 

La política, consciente de sus efectos negativos sobre la economía de una sociedad compleja, procuró lidiar con algunas de estas cuestiones como—-por ejemplo—-limitar la oferta de base monetaria mediante reglas estrictas de expansión regulada (como propusiera Friedman) o nuestra famosa convertibilidad (establecida por ley del Congreso). En algunos estados de EEUU, los presupuestos con déficits están prohibidos por sus constituciones. Hace algunos años Warren Buffet, siguiendo intuiciones parecidas, propuso que no puedan ser reelectos los legisladores que aprueben presupuestos no balanceados. Incluso habría que pensar, en esta tradición de restricciones auto impuestas a lo Ulises, a la dolarización que nuestro presidente imaginó cuando era candidato. Se tratan todos estos ejemplos de reglas, ataduras, restricciones, para frenar los incentivos perjudiciales que generan los ciclos electorales.

El siglo XX produjo, sin embargo, un invento aún mejor que estas reglas: los Bancos Centrales independientes. Son el mecanismo que, hasta el momento, mejor ha permitido luchar contra al menos algunos de los incentivos que la política genera y que pueden afectar de manera negativa a la estabilidad macroeconómica de un país. Otra vez, el tema ha sido ampliamente estudiado. La independencia de los bancos centrales depende de normas formales e informales (estas últimas, quizás, sean más importantes que las primeras). Y permite separar a la política monetaria de la política en general, lo que suele generar dinámicas interesantes en las que los políticos “culpan” al Banco Central de malos desempeños, de economías frías, de tasas altas (que controlan la inflación), de aumentos del desempleo, etcétera. En Argentina, lamentablemente, nuestro Banco Central no es independiente. Nunca lo fue, pero desde que su presidente fue echado por decreto en 2010 la máscara—-si es que alguna vez estuvo allí—-se cayó. Y desde entonces, gobierne la izquierda o la derecha, conservadores o progresistas, libertarios o liberales, el Banco Central es una pieza central de la política económica del gobierno que turno. Por estos días, el Ministro de Economía y el presidente del BCRA streamean juntos.

¿Qué podemos hacer frente a este escenario? Poco. La creación de un Banco Central independiente, estructuralmente separado de la política y de sus incentivos, requiere no sólo de reformas legales profundas sino—-quizás—-de reformas constitucionales, prácticamente imposibles de imaginar. También requiere de acuerdos y consensos políticos aún más quiméricos. Por otro lado, los Bancos Centrales independientes son un juguete del siglo XX crecientemente rechazado. Vivimos en una era de desconfianza hacia las instituciones, y los Bancos Centrales son instituciones de confianza. La iniciativa sería, al menos, anticlimática. El problema es tan serio que algunos piensan que hay que eliminar el problema de raíz: las elecciones. No he visto a nadie proponer un sistema sin elecciones (al menos en público), pero Cristina Fernández—-creo que equivocada en la solución pero acertada en el diagnóstico—-sostuvo hace poco que deberíamos votar cada cuatro años y no cada dos. Es decir: propuso extender el ciclo electoral para reducir los incentivos perversos que generan elecciones tan seguidas.

Menos democracia y más estabilidad económica parece un pacto fáustico. ¿No podemos tener las dos cosas? El dilema no es tan complejo: de lo que se trata es de desencajar ciertas decisiones de alto impacto sobre la macroeconomía de los incentivos que tienen los políticos para mantenerse en el poder. El problema de nuestra economía no es, entonces, económico: es institucional. Un episodio más de la crisis del sistema representativo, de la distancia irresoluble entre gobernados y gobernantes que Pierre Rosanvallon diagnosticara hace más treinta años. 

Eso nos pone, necesariamente, en una línea de innovación democrática que—-en otros países, con menos urgencias—-se están explorando, como las asambleas ciudadanas de Finlandia, Irlanda, y Francia y el regreso de instituciones basadas en el sorteo. Algo de eso, quizás, esté en el fondo como solución a la tensión irresoluble que las elecciones generan sobre los procesos económicos, especialmente en países como la Argentina. Todo parece, sin embargo, muy lejano. Pero quizás son opciones que ameriten reflexiones adicionales, tal vez después de las elecciones.

*El autor es profesor de derecho constitucional de la UBA.

AR

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes, ante de la apertura del mercado, “la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$20.000 millones”, lo que se llama un swap, o canje de monedas, que implica un crédito para el país. Es similar al que se mantiene con China desde hace una década y media.

En la autoridad monetaria que encabeza Santiago Bausili aclaran que los detalles del pacto con EE.UU. son confidenciales y alegan que siempre son así estos convenios. Mientras, por ahora el Tesoro norteamericano guarda silencio sobre la firma: ni comunicado oficial ni un tweet de su secretario, Scott Bessent, en la red social X.

La duda es si el Central argentino se ha apurado en difundir la noticia para calmar al mercado antes de su apertura. El dólar abrió en alza este lunes, tocando los $1495.

En los últimos días de la semana pasada, pese a que Bessent redoblaba mensajes de apoyo a la Argentina y que su departamento compraba pesos a cambio de sus dólares, los argentinos respondieron adquiriendo moneda norteamericana y vendiendo la local, por lo que tipo de cambio saltó de $1.375 a 1.475 por la expectativa de que la intervención en el mercado cambiario se termine tras las elecciones del próximo domingo y sobrevenga una devaluación.

La información difundida por el BCRA esta mañana no precisa datos esenciales como tramos, activaciones, plazos o intereses que conlleva este acuerdo de intercambio de monedas.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, anunció el BCRA. “El acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica. Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, completó la autoridad monetaria.

Tanto Bausili como el ministro de Economía, Luis Caputo, llevan tres semanas instalados en EE.UU. negociando el rescate del gobierno de Donald Trump a su principal aliado de Latinoamérica, el de Javier Milei. Mientras, el diario The New York Times advierte que este salvataje apunta a salvar las inversiones en bonos argentinos de los fondos BlackRock, Pimco, Fidelity y los de los financistas Robert Citrone y Stanley Druckenmiller.

AR/MC

En un contexto de creciente presión cambiaria y con la brecha entre cotizaciones en alza, el Banco Central (BCRA) dispuso este viernes la reinstauración de la restricción cruzada, una medida central del cepo que impide operar en el mercado oficial y en los financieros al mismo tiempo.

Desde ahora, quienes compren dólares en bancos o casas de cambio deberán esperar 90 días para poder venderlos en la Bolsa a través del MEP o el contado con liquidación, y lo mismo regirá en sentido inverso.

La disposición fue oficializada mediante la Comunicación “A” 8336 y se aplica a todas las personas, tanto humanas como jurídicas. No se trata de una norma desconocida: estuvo vigente durante etapas previas de controles cambiarios y había sido eliminada el 14 de abril, cuando el Gobierno anunció el levantamiento parcial del cepo para individuos. Desde entonces, solo seguía aplicándose a empresas y, desde la semana pasada, a directivos de entidades financieras.

El regreso de esta restricción apunta a frenar los llamados “rulos” cambiarios, es decir, operaciones de arbitraje en las que un operador compra dólares donde cotizan más baratos y los revende donde están más caros. Con el dólar oficial en $1.350 en el Banco Nación y el MEP en torno a los $1.398,30, la diferencia de casi $50 habilitaba una ganancia inmediata. Además, implicaba un costo para el Banco Central cuando intervenía en el mercado oficial con ventas de reservas.

El director del BCRA, Federico Furiase, defendió la decisión en sus redes sociales: “La medida no impide que las personas humanas compren dólares para ahorrar en el mercado libre de cambios. Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros. La decisión busca evitar distorsiones en el mercado de cambios”.

En el mercado financiero, el anuncio se hizo sentir de inmediato: subieron las cotizaciones paralelas y se amplió la brecha, un reflejo de la tensión que domina a los operadores en los últimos meses. La autoridad monetaria, bajo la conducción de Santiago Bausili, intenta cerrar vías de arbitraje que, aunque legales, profundizan la volatilidad.

La Comunicación “A” 8336 también incorpora un paso burocrático: cada cliente deberá firmar una declaración jurada al comprar divisas en el mercado oficial, comprometiéndose a no operar títulos valores con liquidación en moneda extranjera durante 90 días. Es un procedimiento que bancos, fintech y casas de cambio ya conocen y aplicaron en el pasado, y que ahora volverán a implementar en sus plataformas digitales.

La vuelta de la restricción cruzada se inscribe en la estrategia oficial de acumular reservas en el Banco Central y en el Tesoro, condición indispensable para cumplir con los compromisos de deuda externa. Esa acumulación de divisas constituye una de las exigencias centrales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que funciona como hoja de ruta de la política económica y de la relación con Estados Unidos.

Aunque el Gobierno había intentado dar señales de mayor flexibilidad cambiaria con el levantamiento parcial del cepo en abril, el regreso de los controles refleja las limitaciones estructurales que enfrenta la economía argentina: presión sobre las reservas, expectativas de devaluación y un sistema financiero que reacciona con rapidez a cualquier diferencia de precios.

El endurecimiento del cepo, de este modo, se presenta como una herramienta transitoria para desactivar maniobras especulativas, pero también como un síntoma de la fragilidad macroeconómica.

“Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganjah, esta es la alianza Rastafari Avanza”, canta el grupo chileno de reggae Zona Ganjah. Si no fuera trágico, quizás también el equipo económico de La Libertad Avanza (LLA) podría entonar que anda fumándose o quemando reservas del Banco Central a buen ritmo. Un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiera al mercado que iba a gastarse hasta el último dólar para contener la divisa en el techo de la banda cambiaria, su coequíper, el presidente del Central, Santiago Bausili, vendió US$678 millones en un intento por frenar la corrida.

La moneda norteamericana subió 1,3%, a $1.515, un nuevo récord al traspasar la barrera de los 1.500, y hubiese trepado más de no ser porque la autoridad monetaria usó los dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para contenerla. En el acuerdo firmado este año con el organismo consta una cláusula secreta sobre hasta cuántos de los US$14.000 millones desembolsados hasta ahora se pueden emplear para este fin. La idea del Fondo es que se utilicen, pero de forma acotada.

El Central arrancó a quemar reservas para frenar el dólar hace tres días. Ya acumula una pérdida de US$1.110 millones. El dólar mayorista, que es el que se toma de referencia para las bandas, está en $1.474. El techo de esa franja es este viernes de $1.475. A su vez, el contado con liquidación (CCL), que es el tipo de cambio que rige para las empresas que quieren girar plata al exterior, para las que sigue habiendo cepo, está a $1.550.

El Banco Central no sólo interviene vendiendo dólares. También sus funcionarios llamaron este jueves de manera informal a los bancos para que dejaran de ofrecer a las compañías clientas la conversión de moneda nacional a la estadounidense vía CCL. Son las mismas entidades financieras que al mismo tiempo veían colapsar los home bankings de sus ahorristas minoristas que querían comprar verdes y se encontraban con pantallas que advertían que por inconvenientes técnicos no iban a poder concretar la operación deseada. Cosas que pasan, como canta el folklorista José Larralde.

Por ahora, los inversores desafían a Caputo y le compran todos los dólares que pueden. Esperan que en un momento se le acaben y entonces salte la cotización y puedan hacerse de una ganancia mayor. Ya de por sí aquellos que aceptaron el reto del ministro cuando les dijo en julio “comprá, campeón” compraron a $1.220 y ahora pueden vender a $1.515 o incluso a $1.550 si recurren al CCL. Es decir, ganaron entre 24% y 27% en pesos en menos de tres meses. Es mucho más que el 9% que rinde ese periodo un plazo fijo en el Banco Nación.

El presidente Javier Milei, mientras tanto, informó este viernes que está “muy avanzada” la negociación de un nuevo préstamo esta vez de los EE UU de su aliado Donald Trump para reforzar las reservas. A diferencia del FMI, que pone condiciones a cambio de sus créditos y que está preocupado por la falta de acumulación de activos en el Central, el gobierno norteamericano tal vez quiera apoyar a su único socio político de relevencia en Latinoamérica antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. De todos modos, un financiamiento del Tesoro norteamericano lleva su trámite hasta que se desembolse. Pero cuando se anuncie el monto oficial puede que sirva para contener el apetito de los inversores y los convenza de que ya la divisa no seguirá subiendo. Veremos.

En el mercado se preguntan por estos días si el Central se quedará sin dólares para defender el peso antes de los comicios y entonces el Gobierno deba liberar el tipo de cambio, dejarlo subir a riesgo de una mayor inflación. Si llega a las elecciones manteniendo el esquema de bandas a costa de fumarse más y más reservas, mayor será el salto del dólar el día después, el 27 de octubre, según temen los inversores financieros. Más todavía si se termina plasmando un derrota de LLA. Entre las encuestadoras que más se acercaron al resultado bonaerense del 7 de septiembre ya sondean que los libertarios sólo vencerían en la cuidad de Buenos Aires, pese a que pierden votos frente a Ricardo López Murphy, en Mendoza y en alguna otra provincia, quedando relegada en varias al tercer puesto, como en Santa Fe.

Entre los inversores consideran que tampoco el Central puede vender tantos dólares por día porque se les acabarán. Antes de llegar al techo de la banda, el Tesoro liquidó los suyos. Además, el Gobierno echó mano de otras cajas: cayeron los depósitos del sector publico en dólares en el Nación US$1.200 millones en un mes.

Cuanto más divisas se pierdan, menos habrá para pagar la deuda. Por eso, se mantiene alto en 1.452 puntos el riesgo país, el índice que indica el peligro de default de los bonos. En el mercado consideran que en el ADN de Milei está la prioridad de abonar a los acreedores aún a costa de ajustar más el gasto público. También puede intentar un canje de deuda, pero a esta altura sería con una tasa de interés exorbitante. Otra opción es destinar el crédito de EE UU para abonar a los bonistas, a los que hay que abonar en enero próximo. Pero si los dólares van para ese fin no podrán usarse en la contención del tipo de cambio. Sábana corta le llaman.

AR/MG

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.

De esta manera, la entidad a cargo de Santiago Bausili tuvo que vender parte de sus reservas para contener la suba del tipo de cambio mayorista, el cual cerró en $1.474,5.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, pretenden remonetizar la economía y por eso buscan que los argentinos saquen los “dólares del colchón”. Quieren que así se impulsen el consumo y la actividad económica y se acumulen las reservas en el Banco Central (BCRA), tal como le exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Apuntan a las divisas no declaradas que están en efectivo o en el exterior, pero en las estadísticas oficiales y extraoficiales que contabilizan los cientos de miles de millones de dólares fuera del sistema financiero argentino también se incluyen el contado y los fondos en el extranjero que sí están registrados. Esas divisas también vendrían bien para remonetizar la economía y recuperar las reservas.

Javier Milei, Luis Caputo y el resto de los funcionarios del gabinete y los directores del Banco Central suman en total US$73.000.000 declarados entre efectivo y depósitos, participaciones societarias, acciones y bonos en el exterior. Así consta en las declaraciones juradas patrimoniales de cuando iniciaron su gestión, algunos en diciembre de 2023 y otros a lo largo de 2024. No se contabilizan en este caso las inversiones inmobiliarias, difíciles de repatriar, o las acciones de empresas argentinas o los títulos públicos argentinos en el extranjero, que son modos de invertir también en el país.

Habrá que ver si a partir de la necesidad de dólares para remonetizar la economía y recuperar las reservas, depositan el efectivo o los fondos en el exterior en el sistema financiero criollo. Eso se reflejará recién en las declaraciones que presenten en 2026, con los datos a diciembre de 2025. Falta. Por ahora sólo se cuenta con la radiografía inicial de sus patrimonios, que puede reflejar la desconfianza que tenían hacia el gobierno anterior. En algunos casos el motivo puede radicar en el hecho de que vivían en el exterior.

Uno por uno

A pesar de que Milei se ufanaba de cobrar miles de dólares por charlas como consultor, sólo declaró US$20.000 en efectivo al iniciar su presidencia. En su gabinete suman US$44,4 millones entre divisas en efectivo y en el exterior. Más de la mitad de esa fortuna (US$24,6 millones) proviene del canciller Gerardo Werthein, empresario de una familia con larga tradición en los negocios de seguros, el campo y las telecomunicaciones. Werthein tiene participaciones en sociedades como Pine Bay Investment LTD, depósitos en EE.UU., otros en países no especificados y 'cash'.

El ministro de Justicia, el abogado Mariano Cúneo Liberona, lo sigue con US$13,9 millones, entre cuentas en EE.UU., Suiza, Puerto Rico y Uruguay. Luis Caputo, de larga trayectoria como ejecutivo financiero, es el tercer ministro con más dólares fuera del sistema local, unos US$3,5 millones, entre depósitos en EE.UU. y la isla británica de Man, una jurisdicción caracterizada por la baja imposición tributaria, y una participación en la sociedad Ancora Investments LP.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que está de licencia como profesor de la Universidad de Harvard, tiene US$1,7 millones en dos depósitos en el exterior. Su par de Salud, Mario Lugones, declaró US$112.000 en efectivo; la de Capital Humano, Sandra Pettovello, sólo US$5.000 y los de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, ni un dólar al contado ni en el extranjero.

En el gabinete de Caputo, sus secretarios suman US$18,8 millones entre cash e inversiones afuera. Más de la mitad de esa fortuna es del secretario de Política Económica, José Luis Daza, que nació en la Argentina porque su padre era un diplomático chileno, vivió acá hasta los cinco años y después se marchó hasta 2024, cuando regresó a los 66. El resto de su infancia y juventud transcurrió entre Chile y Uruguay, después se doctoró en EE.UU., donde pasó casi toda su vida adulta. Ejecutivo del mundo financiero, cuenta con US$10,4 millones entre efectivo, depósitos, acciones, bonos y participaciones societarias en el exterior.

Los demás secretarios también declaran divisas fuera del sistema financiero local. El de legal, José García Hamilton, US$328.000 en efectivo; el de Hacienda, Carlos Guberman, US$49.000 en billetes; el de Finanzas, Pablo Quirno, US$40.000 depositados en EE.UU.; el de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, US$6,9 millones, entre efectivo, cuentas en EE.UU. y otras inversiones financieras; la de Energía, María Carmen Tettamanti, US$297.000 entre contado, bonos y acciones; el de Minería, Luis Enrique Lucero, US$425.000 entre depósitos y títulos; el de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, US$29.000 en billetes; el de Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra, US$289.000 entre una cuenta e inversiones de portafolio; el de Agricultura, Sergio Iraeta, US$46.000, mientras que los de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, y de Obras Públicas (aún existe esta dependencia pese a la motosierra), Luis Giovine, no tienen ni un dólar en efectivo ni en el exterior.

En el directorio del Banco Central totalizan US$9,6 millones entre contado e inversiones en el extranjero. Su presidente, Santiago Bausili, tiene US$618.000 entre efectivo en dólares canadienses, cuentas en EE.UU, criptomonedas y participaciones en sociedades como la de Caputo, Ancora. Eran socios en el sector financiero.

Los demás directores también declaraciones divisas fuera del sistema local al inicio de su gestión, salvo Juan Curutchet: Vladimir Werning, de larga trayectoria en Wall Street, US$421.000, entre depósitos en EE.UU., inversiones de portafolio y un fondo de pensión; Nicolás Ferro, US$4,6 millones, entre efectivo, cuentas en EE.UU., bonos, acciones y participaciones; Federico Furiase, US$23.000 en billetes; Marcelo Griffi, US$98.000 al contado; Pedro Inchauspe, US$86.000 'cash' y en una sociedad foránea; Silvina Rivarola; US$61.000 entre efectivo y depósitos; Baltasar Romero Krause, US$3,5 millones, entre depósitos e inversiones; y Sebastián Sánchez Sarmiento, US$272.000 entre contado y cuentas.

AR/DTC

El vocero presidencial y candidato a las elecciones legislativas porteñas de este domingo, Manuel Adorni, anticipó este lunes, en su sprint final de conferencias de prensa en la Casa Rosada, que este jueves el Gobierno anunciará los detalles de las nuevas medidas para que se puedan blanquear dólares ahorrados en la informalidad con una sencilla declaración jurada. Pero hoy dio marcha atrás y pospuso el anuncio para los próximos días.

No se sabe si saldrá por decreto o resoluciones del Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, pero está claro que no habrá una nueva ley que ampare la nueva amnistía tributaria. Que el blanqueo no se haga por ley levanta dudas entre opositores amigables con el Ejecutivo, contadores y contribuyentes.

En tiempos en que el presidente Javier Milei y sus alfiles andan por la vida descalificando críticos como mandriles, ensobrados, corruptos y demás, un famoso contador prefiere el anonimato a la hora de opinar. “Hay varias opciones para el nuevo blanqueo. Uno es el régimen de presentación espontánea, que ya existe, que perdona multas y punitorios pero no impuestos. Así que no. Dos, el bloqueo fiscal, que se aplicó en el año 2000: vos presentabas tu declaración jurada y las autoridades si no la objetaban, no podían reclamarte para atrás. Pero tuvo sus problemas. Tres, planes de pago de impuestos más laxos. Cuatro, blanquear incrementos patrimoniales no justificados. Cinco, suspender los regímenes de información que se exigen, por ejemplo, a bancos y escribanías, aunque el día de mañana otro gobierno te puede venir a pedir información. Por eso, necesitás una ley para generar la confianza para que el contribuyente se presente.”

“¿Cómo vas a convencer al que no blanqueó en el blanqueo que acaba de terminar de que mañana no vienen los K y te rompen el que te dije?”, se pregunta el contador. “Ya pasó tras el blanqueo de (Mauricio) Macri (en 2016/2017): después vino Alberto (Fernández) y te subió la alícuota de Bienes Personales, te puso el aporte solidario, muchos se mudaron a Uruguay y EEUU y los persiguieron igual”, agregó. Sin embargo, la amnistía fiscal de 2024/2025, que finalizó la semana pasada, fue exitosa al blanquear US$31.000 millones. “Es que hubo gente que volvió a negrear y volvió a blanquear y además ahora blanqueó el chiquitaje”, responde el contador citado. En 2016/2017 se registraron US$117.000 millones, casi cuatro veces más plata que ahora, y la mayoría fueron sociedades y cuentas offshore. Con Milei predominó el efectivo, la plata bajo el colchón o en cajas de seguridad.

Otro experto contable baraja la posibilidad de que “en principio no sería un blanqueo formal sino que la persona podrá depositar plata hasta un determinado monto en el banco sin que le pidan información”. “Tienen que alinearse varios cambios normativos a través de un decreto para que no tenga la persona problema cambiario, fiscal, penal. Si las condiciones están bien amparadas y si es gratis (no se pagarían multas por blanqueo, como ya ocurrió con Milei), puede haber oportunidades para que la gente entre. La idea es apuntar a que ese dinero vaya al sistema productivo: autos, motos, electrodomésticos. También estaría bueno que los que están obligados a mantener los dólares hasta el 31 de diciembre por el blanqueo anterior puedan retirarlos con algún fin específico. Siempre hay que proteger todas las actividades de lavado de dinero para que no entremos en problemas con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Entendemos que al ser montos chicos, no debería comprometerlo”, opina este segundo contador consultado, aunque otro colega, Arnaud Iribarne, advierte que si alguien quiere blanquear US$1 millón, puede juntar nueve testaferros y entre él y ellos cada uno declararía US$100.000, que es la cifra tope a la que apuntarían.

Algunos contadores advierten que un blanqueo sin ley que lo apruebe resultaría ilegal. Uno de ellos señala que “se va en contra de varias normas, entre ellas la ley de procedimiento tributario 11.683, que grava los incrementos patrimoniales no justificados con Ganancias e IVA. No sé cómo podrían resolverlo sin cambiar la ley. Ahora, si fueran a liberar lo ya blanqueado es otra cosa”, apunta a los fondos de la amnistía anterior que estaban bloqueados en cuentas hasta fin de año.

Iribarne considera que un blanqueo requiere de una ley y que sin ella se posibilita que “traficantes de drogas, armas y personas, los coimeros o los que trabajan en el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral)” pueden registrar su dinero malhabido. Es decir, a diferencia de las amnistías anteriores, los funcionarios, sus padres y sus hijos también podrian gastar fondos ocultos, salvo que lo prohíba el Ejecutivo. Y este contador opina que aquellos que blanqueen no correrán riesgos: “Un blanqueo sin ley es ilegal, pero si hay un decreto o resolución que lo respalda, no corre riesgo el evasor. Una vez que el Gobierno decreta o resuelve, es un hecho consumado, un derecho adquirido para el contribuyente, un nuevo gobierno no puede discutir lo que hizo el anterior. Pero dos blanqueos en dos años lesiona la relación fisco/contribuyente: los que venimos cumpliendo nos sentimos unos pelotudos”.

AR/MG

Con un dólar estable, el Banco Central tampoco intervino hoy en el mercado cambiario. El dólar oficial cotizó a $1.071,36 para la compra y $1.125,54 para la venta.

El BCRA cerró así su quinta jornada consecutiva sin intervención en el mercado libre de cambios, debido a que el mayorista no llegó a la banda más baja de flotación ($1.000).

Hasta que el tipo de cambio oficial no llegue a ese valor, la autoridad monetaria no intervendrá, ratificó el Gobierno. 

Pese a ello, los diferentes tipos de cambio, que el lunes se desplomaron, ahora rebotaron.

Las reservas de la autoridad monetaria subieron US$ 51 millones, hasta los US$ 38.846 millones.

En el segmento mayorista, referencia del mercado oficial, el dólar terminó a $1.104, borrando así la baja inicial. 

El presidente Javier Milei apunta a que la divisa baje hasta la banda inferior de $1.000 y dijo que el BCRA no comprará dólares hasta que eso ocurra.

El dólar futuro registró subas en todos sus contratos, resaltando un alza del 3% en noviembre. De acá a mitad de año el mercado proyecta un aumento del 6,7% en el dólar oficial.

Asimismo, la divisa superaría los $1.200 recién en julio, de acuerdo con los precios pactados. Para el segundo semestre prevé una variación mensual promedio del 2,4%.

En est escenario, el dólar blue cerró a $1.185, por lo cual la brecha se ubicó en el 7,3%. El MEP se ubica en $1.117,21, por lo que la brecha con el oficial alcanza el 3%. El Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.131,61 y el spread con el oficial se posiciona en el 4,3%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.456. El cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.146,56. El Bitcoin subió a US$ 90.731.

Con información de la agencia NA

En medio de la visita oficial del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó en la Argentina US$12.151 millones, equivalente al 60% del nuevo programa financiero acordado entre el organismo y el gobierno de Javier Milei. La inyección de divisas representa una bocanada de oxígeno para las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo marca el inicio de un compromiso de alto voltaje técnico y político, que obliga a avanzar en reformas estructurales y cumplir metas fiscales bajo monitoreo semestral.

El entendimiento, de cuatro años de duración, prevé un esquema de transferencias escalonado: los próximos giros llegarán en junio y noviembre de 2025, por montos de US$2.028 millones y US$1.012 millones respectivamente, siempre supeditados al cumplimiento de los objetivos pautados. A partir de 2026, se establecen desembolsos de US$723 millones cada seis meses hasta 2029. En total, el plan contempla fondos por US$20.887 millones, de los cuales tres cuartas partes se concentrarán en los primeros doce meses.

Cambios en jubilaciones, asistencia y mercado laboral

Entre los compromisos asumidos por el Gobierno se destaca la decisión de revisar y simplificar el actual sistema jubilatorio antes de diciembre de 2026. El objetivo declarado es mejorar su sostenibilidad en el tiempo, en un contexto de creciente presión fiscal.

En paralelo, el acuerdo estipula mantener la cobertura de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en niveles que aseguren el acceso a la canasta básica alimentaria. El Ejecutivo deberá sostener este piso de asistencia durante todo el ciclo del programa.

También se incluyó como meta la integración de bases de datos sociales para consolidar un registro único de beneficiarios, con plazo a diciembre de 2025. Esto se traducirá en la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), una herramienta que permitirá reorientar los subsidios hacia los sectores más vulnerables con mayor precisión.

En el frente laboral, el Fondo pidió avanzar con una flexibilización de las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores, orientada a facilitar la negociación de condiciones laborales. A su vez, se promoverán cambios impositivos que ayuden a reducir la brecha entre el trabajo informal y el formal, con el objetivo de ampliar la base contributiva y mejorar la equidad del sistema tributario.

Otro de los ejes del acuerdo es el esquema de subsidios energéticos. El organismo internacional pidió eliminar la segmentación actual según nivel de ingresos y avanzar hacia un subsidio único destinado exclusivamente a hogares de bajos recursos. El documento no establece una fecha precisa para aplicar este cambio, lo que deja margen a decisiones políticas futuras.

El nuevo programa prevé nueve revisiones técnicas por parte del Fondo, que comenzarán en junio de este año y se repetirán cada seis meses. Para pasar cada evaluación, el país deberá cumplir con metas cuantificables:

Además, desde junio de 2025 hasta marzo de 2026, el Banco Central no podrá financiar al Tesoro, lo que implica una política monetaria más restrictiva y un mayor desafío en términos de recaudación y control del gasto.

Un cronograma de pagos que se extiende hasta 2038

El calendario de repago del préstamo prevé un período de gracia de 17 meses. Recién en septiembre de 2026 comenzarán los desembolsos hacia el FMI, que se extenderán durante más de una década. Entre 2026 y 2034, la Argentina deberá cancelar US$43.442 millones, con montos crecientes año a año. Los pagos se superpondrán con los compromisos adquiridos en el acuerdo anterior, lo que incrementará la carga financiera entre 2029 y 2035.

La secuencia de pagos será la siguiente: US$833 millones en 2026; US$3.250 millones en 2027; US$4.842 millones en 2028; US$6.074 millones en 2029; US$7.137 millones en 2030; US$7.319 millones en 2031; US$6.667 millones en 2032; US$4.432 millones en 2033 y US$2.886 millones en 2034.

Con la llegada del primer desembolso, el Gobierno gana tiempo y divisas, pero también queda condicionado a una hoja de ruta exigente, que lo obliga a cumplir metas económicas y emprender reformas profundas. Lo que se juega en estos meses no es solo el futuro del acuerdo, sino el margen de maniobra política para sostenerlo sin desbordes sociales ni rupturas internas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este jueves la renovación total del tramo activado del acuerdo bilateral de swap con el Banco Central de la República Popular de China (PBOC) por US$5.000 millones por un plazo adicional de 12 meses.

“La activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026”, informó la entidad financiera a cargo de Santiago Bausili.

Así, permitirá al BCRA “reducir los riesgos” en su transición hacia un “régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”, indicó el BCRA en su comunicado.

Con información de la agencia NA

El Banco Central vendió este martes US$ 60 millones en el mercado oficial, por lo cual el resultado negativo fue de US$ 1.863 millones desde el 14 de marzo.

Las reservas brutas internacionales cayeron en US$ 134 millones, hasta los US$ 24.657 millones, nuevo valor mínimo desde enero de 2024.

El dólar minorista cotizó a $1.046,94 para la compra y a $1.106,10 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, el billete se ubicó a $1.056 para la compra y a $1.096 para la venta.

En el segmento mayorista, el dólar marcó los $1.076,25 por unidad, 25 centavos por encima del cierre previo. El dólar futuro anotó nuevos incrementos en todos sus contratos, en medio del caos a nivel mundial y la incertidumbre sobre cómo afectará en Argentina.

El dólar blue se ofrece a $1.360 para la venta, por lo cual la brecha se ubicó en el 26,4%. El MEP opera a $1.384,71, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 28,7%.

El Contado con Liquidación (CCL) se ofrece a $1.381,42 y el spread con el oficial se posiciona en el 28,4%.

El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.424,80. El cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.364,23. El Bitcoin bajó a US$ 80.107.

Con información de la agencia NA

El Indec difundirá esta tarde, como cada mes, el dato que es la obsesión del gobierno del tándem Javier Milei-Luis Caputo: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en este caso de febrero. Estará alrededor del 2%, según coincide la mayoría de las consultoras privadas, que ya anticiparon sus cálculos en los últimos días.

Hay estudios que ubican el IPC de febrero por debajo del 2%. La consultora CIT Castiglione y Tiscornia prevé un 1,9%. Sin embargo, la mayoría pronostica que la inflación se ubicará entre 2,3% y 2,7%, por encima del 2,2% de enero. Como pubicó elDiarioAR, el principal factor detrás de esta aceleración fue el fuerte aumento del precio de la carne, que subió cerca de 8% durante el mes.

El Gobierno bajó a comienzos de año el crawling peg del 2% al 1%, lo que significa que desaceleró el ritmo de la devaluación, contra la mayoría de las sugerencias de los economistas, que sostienen que el dólar está atrasado y, por lo tanto, no es competitivo. Plantean que se debe liberar el cepo cambiario para saber qué precio le dará el mercado, al que justamente venera Milei.

A pesar de bajar el crawling peg al 1%, la inflación no está navegando al 1%, como ellos hubieran deseado. Tampoco se ubica en torno del 1% pese a que tomaron otra medida para lograrlo: imponer las paritarias al 1%.

El techo encuentra, por supuesto, la resistencia de los gremios, que con razón sostienen que los ingresos están muy por debajo de lo que subieron hasta ahora los precios, y, por lo tanto, que el poder de compra se desplomó durante la gestión Milei.

El argumento del Poder Ejecutivo es que esa pauta del 1% apunta justamente a que los empresarios no trasladen a precios los aumentos salariales. Además, aseguran que no se encarezcan aún más los salarios en dólares, porque temen que eso pueda desencadenar despidos, en una economía que cayó 1,8% en 2024 y que no muestra señales convincentes de recuperación.

Los pronósticos

Entre las proyecciones, Eco Go, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, estima una suba de 2,7% para el IPC de febrero. Equilibra, de Martín Rapetti, y PxQ, de Emanuel Álvarez Agis, proyectan un alza de 2,5%, LCG de 2,4%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso calcula una suba de 2,3%.

En la misma línea, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central en base a estimaciones de consultoras privadas, ajustó este lunes su pronóstico a 2,3%, por encima del 2,1% que había anticipado un mes atrás.

Para el top 10 de las consultoras relevadas en el REM, el aumento de la inflación no sería algo transitorio de febrero. Ajustaron al alza las proyecciones para febrero (2,3%), marzo (2%), abril (1,9%) y mayo (1,7%).

De confirmarse estos números, se profundizará aún más la situación de la Argentina “cara en dólares”, porque la tendencia al alza del índice inflacionario se da en un contexto en el que el Banco Central mantiene un ritmo de devaluación del 1% mensual, lo que implica que, si los precios superan ese porcentaje, seguirá deteriorando la competitividad en dólares de la economía.

Un final que se escribe solo

Si la inflación sigue sin ceder al ritmo que Milei y Caputo desean, el Gobierno enfrentará un dilema inevitable: ceder ante la realidad o forzar la economía hasta el punto de quiebre. Con paritarias amordazadas, un tipo de cambio que pierde competitividad y un mercado que desconfía de la sostenibilidad del plan, el horizonte luce turbulento.

El Gobierno prometió “destruir la inflación” como si fuera un enemigo abstracto, pero olvidó que la economía es un sistema vivo, donde cada decisión genera reacciones impredecibles. En la búsqueda de su 1% soñado, se encuentra cada vez más con algo peor: una economía estancada, con precios altos y salarios bajos. Pero más que el Gobierno, son los ciudadanos los que sufren ese combo, que en la Argentina no es nuevo.

Milei y Caputo pueden seguir jugando a domar la inflación, pero la pregunta que se impone es cuánto tiempo les queda antes de que la realidad los alcance.

JJD/MC