Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena presentó un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan “oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que generó controversia en las últimas horas.

La iniciativa legislativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan “la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

“No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Un proyecto “cruel”

Desde las organizaciones feministas, calificaron el proyecto de “cruel” y lo definieron como “una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas”.

“En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales”, indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

La iniciativa, de hecho, no es pionera y ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si “realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá”.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la “batalla cultural” y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se pronunció sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Con información de la agencia EFE

Mientras Mbappé marcaba el enésimo golazo y Dembélé sentenciaba a Marruecos en Boston durante la noche del jueves, a 6.000 kilómetros miles de policías se amarraban los chalecos antibalas y los cascos en el centro de París. Ganaba su selección, pero la orden de controlar las calles no difería en función del resultado, porque se preveían incidentes pasara lo que pasara. En el Mundial de 2022, tras imponerse Francia también por 2-0 a Marruecos, se registró la muerte de un adolescente y hubo casi 300 detenidos. La noche del jueves, aun con incidentes, no fue tan grave porque la policía bloqueó la movilidad desde los barrios al centro, cerrando el metro y restringiendo el tráfico. Además, impuso un toque de queda para menores de 16 años: medidas de guerra. Con ello consiguió confinar el foco de tensión en la banlieue, los barrios periféricos de la capital. Allí donde realmente todo empezó.

El Stade de France, en Saint-Denis, una joya arquitectónica de finales del siglo pasado, fue construido para el Mundial de 1998. Con la obra se alentaba además otra motivación, la de revitalizar un lugar donde ya se percibían las enormes desigualdades derivadas de las migraciones desde las excolonias. El nombre ya le daba un sello patriótico: Estadio de Francia. Los apenas diez kilómetros que separan el campo del Arco del Triunfo se multiplican en cuanto a nivel de vida e índice de desarrollo. El fútbol podía acortar simbólicamente esos kilómetros y lo hizo con un logro representativo: Francia ganó su primera Copa del Mundo imponiéndose a Brasil por 3- 0. Y además lo hizo con una selección multicultural, liderada por Zinedine Zidane y que pasó a la historia con el lema Black-Blanc-Beur (negro-blanco-árabe). La victoria, resonante desde el canto atronador de La Marsellesa antes de la final, ahuyentaba en términos políticos al fantasma de la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, que había pasado de ser residual a conseguir tres años antes un 15% en las presidenciales francesas. Ganando el campeonato se contendría la tormenta, se pensaba.

Más de un millón de personas se congregaron en los Campos Elíseos aquella noche del 12 de julio. Se desparramaron los adjetivos sobre la integración. El triunfo de la diversidad y la convivencia pacífica, tituló la prensa. Hubo comparaciones incluso con la multitud congregada tras la liberación de París en agosto de 1944. Algo parecido ocurrió en la Marsella de Zizou, en el norte postindustrial, en el sur turístico. Hasta en la isla de Guadalupe, la Guayana y en el mismo Saint-Denis. Aquella postal idílica mostraba a policías cantando abrazados a jóvenes con la bandera pintada en la cara y alentando el retorno de la grandeur.

El presidente Jacques Chirac recibió a los campeones en el Eliseo, la estampa perfecta. El discurso de la nueva Francia mundialista era de fácil compra instantánea, pero el laurel futbolístico mutó en espejismo al no poder tapar el fracaso social ni el vendaval político que venía: en 2002 el patriarca de los Le Pen superó al Partido Socialista y consiguió meterse en segunda vuelta, mientras la calle explotaba. En 2005, el departamento de Seine-Saint-Denis volvió a las portadas y no por la selección. Durante casi tres semanas de otoño, una oleada de furia incendió literalmente el lugar tras la muerte de dos adolescentes perseguidos por la policía y, como una mecha empapada en gasolina, se extendió a las banlieues de otras ciudades.

Aquello lo vivió, sin tener que verlo por televisión, un pibe de casi siete años, nacido en los meses siguientes al Mundial de 1998. Se llamaba Kylian Mbappé y vivía en Bondy, un barrio satélite del mismo departamento hiperpoblado de Saint-Denis, cuna de futbolistas de elite con raíces inmigrantes (Saliba o Kolo Muani son de allí) y con una de las medias de edad más jóvenes del país. También es un lugar donde no son ajenos sustantivos como estigma o pobreza, como tampoco las pintadas en las paredes que hablan de gueto y apartheid. Aquella semana en llamas del otoño de 2005 jóvenes de Bondy se enfrentaron a la policía frente a edificios como los que años más tarde lucirían murales de Mbappé, o junto a los campos donde empezó a jugar Kylian, hijo de un entrenador camerunés y una exjugadora de basquet de ascendencia argelina.

2002 no fue el campeonato esperado y 2006 resultó diferente (subcampeones en la final de la expulsión de Zidane por el cabezazo a Materazzi). En el Mundial 2010 en Sudáfrica, con el ciclo anterior terminado, estalló una guerra interna en la selección rematada con un motín de los jugadores. El reciente documental El autobús: la huelga de la selección francesa (Netflix) lo retrata a la perfección. El técnico, Raymond Domenech gestionaba a duras penas un vestuario roto, especialmente después de perder contra México 2-0 en el segundo partido. En el descanso se enfrentó con Nicolas Anelka, una de las estrellas de aquel equipo, y este lo insultó. El efecto dominó fue inmediato: filtración a L'Equipe, palabras hirientes de la ministra de deportes (dijo que los futbolistas eran “niños mimados”) y estallido final: expulsión de Anelka en pleno torneo —con el presidente Nicolas Sarkozy, según los jugadores, en las sombras—, consiguiente huelga de la plantilla en pleno entrenamiento, sin bajar del autobús, con el capitán Patrice Evra a la cabeza, comunicado oficial y eliminación en fase de grupos al perder contra Sudáfrica. La campeona encumbrada solo doce años antes se iba a casa con el escándalo bajo el brazo.

El documental sirve para recordar la travesía del desierto de los primeros años 2010. Aquellos en los que Mbappé, un prodigio que combinaba técnica, físico y compromiso, crecía cosechando halagos de entrenadores y compañeros, pero al que aún le faltaban años para llegar al primer equipo. Prensa y opinión pública se entretenían entonces con otra polémica centrada en otro hijo de la inmigración argelina, igual que Zidane: Karim Benzema. Era su heredero, o eso decían, pero en la selección parecía estar como pez fuera del agua. Seguía vinculado a su entorno original de su barrio en Lyon, no participaba de las ceremonias patrióticas francesas y, cuando sonaba La Marsellesa antes de los partidos, no la cantaba. Jugó en Brasil 2014 (tres goles, Francia a casa en cuartos de final) pero al año siguiente todo se torció con el caso Valbuena, un escándalo por el que fue apartado de la selección y después fue condenado a un año de cárcel con suspensión de pena por estar implicado en un chantaje a su compañero de selección por un vídeo sexual. No fue a Rusia 2018, reapareció para la Eurocopa siguiente pero, aunque convocado, no llegó a ir al de 2022 y se despidió entre sombras y resentimientos. Todo se terminó de emponzoñar cuando el ministro del Interior lo acusó de islamista radical, cuando ya jugaba en la liga de Arabia Saudí tras una carrera sobresaliente en el Real Madrid (cinco Champions y un Balón de Oro), pero en cambio una pieza sin encaje en Les Bleus. Benzema, reverso de la sonrisa abierta de Zidane, dijo en una entrevista del pasado: “Si marco goles soy francés. Si no, soy árabe”. Y así trazó un retrato fiel de una brecha que no paraba de abrirse.

En 2018 Mbappé, ya con 19 años, ganó su primer mundial, al tiempo que se acentuaba una tendencia perceptible de forma notoria en este mismo torneo: una inmensa cantidad de jugadores, aun habiendo nacido en Francia, eligen jugar con las selecciones de las que son originarias sus familias. La decisión habla de la superpoblación de talento en los barrios franceses pero también del desarraigo hacia el lugar de destino migratorio familiar, en medio de un panorama político hostil. Le Pen —ahora su hija Marine— recogía pingües beneficios: en las presidenciales de 2017 daba el gran salto, al llegar a segunda vuelta y lograr un 33% de los votos, más de diez millones de franceses.

La pandemia no trajo conciliación social; al revés, volvió a registrarse otra oleada de disturbios, y en las siguientes presidenciales, las de 2022, la extrema derecha arañó aún más poder, con los partidos tradicionales (los herederos del gaullismo y el Partido Socialista) pulverizados. Macron ganó las presidenciales en segunda vuelta contra Marine Le Pen, que consiguió un 41% de los votos. Ese mismo año Francia volvió a llegar a la final. Solo Messi a hombros de su Argentina la privó de un doblete al alcance por ahora solo de Pelé y Garrincha en otro siglo, en otro mundo.

En un vídeo viralizado estas semanas se ve a Mbappé con 12 años, con ese rostro característico que apenas ha cambiado en tres lustros, hablando a cámara en un campo de tierra polvorienta, diciendo: “Los mejores jugadores franceses son todos negros o árabes, excepto Platini y Cantona”. El vendaval de odio arrasa en los comentarios, señal de los tiempos, pero el mensaje queda. No tanto el qué, sino el cómo y el por qué un preadolescente tiene que matizar esas diferencias en una entrevista de prensa.

Como en una guerra sin nombre e incongruente, los choques se hacen presentes en cada festejo futbolístico. El PSG ha ganado dos Champions League los dos últimos años y la liturgia de incidentes y destrozos se han repetido. En la de este año, en mayo, los disturbios dejaron un muerto, más de 200 heridos y casi 900 detenidos en 70 ciudades de un país en llamas. Ahora queda esperar si llega a la final el equipo de Mbappé, líder de un grupo de chicos con todos los orígenes posibles de las excolonias, mientras la máquina electoral de cara al año que viene echa humo y la pregunta flota en el aire: ¿qué pasará si llega a gobernar la ultraderecha?

Alternativa para Alemania (AfD) se encuentra en su mejor momento histórico. Las encuestas otorgan a la formación ultra el primer lugar no solo en varias regiones del este del país, donde supera el 40%, sino a nivel federal. La ultraderecha nunca estuvo más cerca que hoy de volver a gobernar, más de 80 años después del fin del nacionalsocialismo. En ese contexto, su decisión estratégica es radicalizarse. De hecho, la elección de celebrar el congreso del partido el pasado fin de semana en Turingia es prueba de eso, ya que la fecha coincide justamente con el centenario del cónclave del partido nazi, cuando Adolf Hitler diera la primera señal pública de su camino a la toma del poder.

“Fuera de este salón están los perdedores de la historia. Aquí dentro están reunidos los vencedores”. La frase pertenece al anfitrión de este fin de semana, el líder de AfD en Turingia y el referente más importante del ala radical del partido, Björn Höcke. Los delegados recibieron con aplausos su mensaje. Representaba fielmente el clima de euforia que vive un partido que ya no oculta su conexión ideológica con el pasado antidemocrático de Alemania.

El escenario es el mensaje

El 4 de julio de 1926, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) celebraba el primer congreso tras su refundación después de haber sido prohibido por el golpe fallido de Múnich tres años antes. Hitler había optado por Turingia debido a las restricciones que todavía estaban vigentes en Baviera y otras regiones del país. Aquel día surgieron ciertos elementos fundamentales para la liturgia del nazismo: se oficializaron las juventudes hitlerianas, se entregó la bandera manchada de sangre (blutfahne), reliquia nazi que se utilizaba para consagrar las banderas de las SA y las SS; y se mostró por primera vez de forma masiva y espectacularizada el saludo hitleriano con el brazo derecho levantado.

Cuatro años más tarde, el partido de Hitler llegó al poder en esa misma región y la transformó en una suerte de laboratorio político para los nazis. Utilizando vías institucionales y legales, el representante del NSDAP purgó la policía, quitando a todo simpatizante de la República, creó la cátedra de “investigación racial” en la Universidad de Jena y hasta introdujo mensajes doctrinarios en las escuelas sobre la ideología nacionalsocialista. Fue el primer paso de la normalización de un partido extremista que poco tiempo después tomaría el poder a nivel federal.

Björn Höcke es profesor de Historia. Sabe perfectamente que la elección de la fecha será leída como una provocación. De hecho, esa es su intención. El líder de AfD en Turingia nunca abandonó su objetivo de reivindicar el pasado del país. Detesta lo que él define como “el culto de la culpa”, un concepto que considera vergonzante y antinacionalista. Alemania no tendría por qué avergonzarse: al contrario, debería estar orgullosa de su identidad. Esa vergüenza histórica es atribuida a la “gigantesca catástrofe educativa” que vivió el país, según evalúa Höcke. Tanto es así que en el congreso expresó: “No les permitieron desarrollar una identidad saludable. Son los heridos del alma […] y esa es nuestra tarea en AfD: restablecer la normalidad, sanarlos. En el fondo, somos los psicólogos”.

La cohesión social no existe en el diccionario de AfD. Lo que sí es importante, en cambio, es fomentar el miedo al diferente. En consonancia con su ideología de derecha radical, este partido sostiene que una sociedad sana es una sociedad homogénea

La retórica de Höcke siempre se caracterizó por sus aires refundacionales y revisionistas. Ese es el andamiaje ideológico que sostiene sus intervenciones públicas. En su discurso de apertura del congreso expresó varias de sus propuestas para “curar” a la nación. Acusó a los partidos tradicionales de financiar con millones de euros iniciativas y proyectos que promueven una sociedad “colorida”, pero cuyo resultado ha sido la erosión de la identidad alemana. Desde su punto de vista, el Estado debería ser neutral en términos ideológicos, ni de izquierda ni de derecha, lo que deriva en su promesa más importante: “Desconectar el enchufe fiscal”.

Alice Weidel, reelegida como jefa del partido, anunció lo mismo, pero incorporando la narrativa trumpista: “Secaremos el pantano de las ONG y eliminaremos todos los gastos para proyectos absurdos”. Ambos se refieren a los mismos actores: organizaciones de protección de la Constitución, fundaciones democráticas, proyectos interculturales, iniciativas ambientales, cualquier espacio que trabaje con sectores vulnerables o defienda el Estado de derecho. Su estrategia es demonizarlos y convertirlos en enemigos de la patria, en nombre de un país que, en su propia definición, es solo para los “nativos”.

Sin embargo, la cohesión social no existe en el diccionario de AfD. Lo que sí es importante, en cambio, es fomentar el miedo al diferente. En consonancia con su ideología de derecha radical, este partido sostiene que una sociedad sana es una sociedad homogénea. De allí derivan las ideas xenófobas que circulan a gran velocidad y con un enorme poder de penetración. Narrativas como la teoría conspirativa del 'gran reemplazo' jugaron un rol fundamental. El propio Höcke, en el congreso del fin de semana, subrayó: “Un aspecto central de la dignidad humana inalienable es el derecho a la patria, y la patria se pierde no solo por la huida y la expulsión, sino también al convertirse en una minoría en el propio país”.

El proceso radicalizante

El devenir del congreso fue acorde con el tono y el contenido de los discursos de sus principales oradores. En el orden del día aparecía un punto que llamó la atención: retirar la lista de incompatibilidades para ser miembro del partido. Se trata de un límite que AfD introdujo para evitar que afiliados a ciertas organizaciones puedan ser admitidos. En un principio fue una frontera formal de exclusión para evitar la llegada de simpatizantes de la extrema derecha o incluso neonazis. En la actualidad, esa lista se convirtió en un mecanismo incómodo para los más radicales, ya que sus aliados naturales pertenecen a ese sector.

Pese a todo, Weidel logró evitar que el tema se discutiese al prometer que el partido se ocupará de elaborar una nueva lista actualizada que no obedezca los cánones de la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental. Este organismo se ocupa de identificar, investigar, vigilar y advertir sobre cualquier amenaza contra el orden democrático en Alemania. En efecto, AfD es objeto de observación a causa de las mencionadas conexiones y algunas de sus reivindicaciones que ponen en cuestión artículos de la Carta Magna como por ejemplo el primero: “La dignidad humana es intocable”.

Höcke es el nuevo jefe en las sombras y con ello perece el sector burgués y neoliberal de los miembros del oeste del país. El centro de gravedad del partido se ha desplazado definitivamente a los territorios de la vieja RDA

Las deportaciones masivas de “no nativos” (incluso de forma retroactiva, como llegó a plantear Höcke recientemente en un pódcast) representan uno de los ejes fundamentales de la agenda ultraderechista. De hecho, uno de los oradores lo expresó sin rodeos: “La remigración no es negociable”. Otro la presentó como una política pública que supuestamente aliviaría la escasez de vivienda, una maniobra discursiva recurrente de la derecha radical: blanquear una consigna xenófoba y radical apelando a un problema doméstico sin evidencia alguna.

A lo anterior se le suma una resolución llamada “quedarse en lugar de irse”, que apunta a incentivar el regreso de alemanes que emigraron, según interpretaron los delegados de AfD. Resulta interesante que para evitar cualquier connotación positiva de la palabra inmigración se votó un cambio en el nombre de la propuesta que pasó de hablar de “Alemania como país de inmigración para emigrados alemanes” a “Alemania, un país para el retorno”.

Los aliados de Höcke, en puestos clave

Los congresos de AfD estuvieron históricamente marcados por haberse convertido en una arena de disputa por el poder interno. Sus facciones no dudaron en enfrentarse, exponiendo al contrincante e iniciando procesos sancionadores y hasta de expulsión. Varios exjefes del partido pueden dar fe de haber vivido la inescrupulosa ira de sus correligionarios.

En julio de 2026, por el contrario, las peleas brillaron por su ausencia. Todo funcionó de forma más armónica y los cambios, que no fueron menores, fluyeron sin desorden. Si bien el dúo que lidera el partido, formado por Alice Weidel y Tino Chrupalla, fue reelegido sin contracandidaturas, el resto de la cúpula del partido vio modificada su fisonomía. Los aliados más cercanos y fieles a la línea radical de Björn Höcke ocupan ahora puestos clave, como el de vicepresidente o el de tesorero, además de otras sillas de la mesa directiva. Höcke es el nuevo jefe en las sombras y con ello perece el sector burgués y neoliberal de los miembros del oeste del país. El centro de gravedad del partido se desplazó definitivamente a los territorios de la vieja RDA. Allí donde AfD es el partido más fuerte con distancia.

Es posible que el clima pacífico se haya visto reforzado por la narrativa que fue un denominador común durante las jornadas: el victimismo. Las protestas fuera del salón en el que se celebró el congreso fueron multitudinarias. Estuvieron marcadas por la presencia de dos corrientes: Zusammenstehen (permanecer unidos) y Widersetzen (resistir). Mientras que la primera promovía la movilización ciudadana masiva, incluyendo a los partidos, las iglesias y los sindicatos, enfocada en festivales democráticos; la segunda giraba en torno al bloqueo activo para impedir la realización del congreso en sí. Esta última se compone del sector de acción antifascista propiamente dicho.

La motivación de los manifestantes era única: hay que hacer algo antes de que AfD llegue al poder. Sin embargo, los sondeos son contundentes: es una cuestión de tiempo. ¿O acaso es una tendencia reversible?

¿AfD al poder?

Si mañana hubiese elecciones en Sajonia-Anhalt, AfD estaría a tres escaños de la mayoría absoluta. En otras regiones del este necesitaría entre cinco y ocho para conseguirlo. La intención de voto supera ampliamente el tercio del electorado y en algunos casos rompió la barrera del 40%. En otras palabras, la posibilidad de un gobierno ultraderechista en Alemania no es imposible en absoluto.

Sus oportunidades de llegar al poder no se agotan allí. Por el contrario, en los últimos meses crecieron, incluso más que la intención de voto: otro partido decidió aflojar el cordón sanitario, o como se lo conoce en Alemania, brandmauer.

La intención de voto supera ampliamente el tercio del electorado y en algunos casos ha roto la barrera del 40%. En otras palabras, la posibilidad de un gobierno ultraderechista en Alemania no es imposible en absoluto

En junio de 2026, Sahra Wagenknecht, líder del partido BSW, declaró que se abstendría en las votaciones sobre candidatos de la AfD y la CDU. De hecho, su partido comunicó que en votaciones puntuales podría darse una cooperación, según el tema de la agenda, con la ultraderecha. Este partido es una escisión de Die Linke, la izquierda poscomunista, que incorporó un discurso ultraconservador y antiinmigración muy cercano al de la derecha radical, mientras que mantiene su visión de izquierda más clásica en temas como el rol intervencionista del Estado y la defensa de la clase trabajadora.

Cuál de las dos lecturas terminará por imponerse, la abstención como rampa hacia el poder o como trampa para vaciarlo de votos, es todavía una incógnita, incluso de puertas adentro de AfD. Lo que no admite ambigüedad es la aritmética: en Sajonia-Anhalt le faltan apenas tres escaños para la mayoría absoluta y las encuestas siguen subiendo. Con BSW como aliado o como obstáculo, en septiembre Alemania puede tener, por primera vez desde 1945, un gobierno regional liderado por la ultraderecha.

Cuando eso ocurra, alguien va a recordar la frase de Höcke en Erfurt: los vencedores, dentro del salón; los perdedores, en la calle. Cien años después de aquel congreso en Turingia, el laboratorio vuelve a estar abierto.

Es “un guion reaccionario” que se pensaba superado. Así define ILGA Mundo, la mayor organización LGTBI a nivel global, la ofensiva contra los derechos de gays, bisexuales, lesbianas y trans que la ultraderecha desplegó en los últimos años y que está teniendo éxito en diferentes ámbitos. Si bien durante años el ascenso de este discurso fue visto como una amenaza, los retrocesos se palpan ya y se concretan en un patrón común replicado en varios países.

Con la vista puesta en eso, el movimiento LGTBI salió a la calle este Orgullo en todo el mundo para reivindicar sus derechos.

ILGA monitorea desde hace casi cinco décadas el estado de los derechos LGTBI en el mundo y en sus últimos análisis advierte de que, tras una época marcada por los avances y la consolidación de libertades, surgen intentos coordinados de ponerles freno. “Cada vez más, los líderes y movimientos autoritarios intentan controlar lo que ocurre con nuestros cuerpos y cómo nos movemos por el mundo. Después de décadas en las que se reconocieron de manera decisiva las vidas de las personas queer, el avance está desacelerándose y, en algunos países, incluso retrocediendo”, explica la directora ejecutiva de la asociación, Julia Ehrt.

En 2025, el número de países que consideran delito ser homosexual aumentó por primera vez en una década: mientras Santa Lucía derogó la legislación que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, Níger y Burkina Faso las aprobaron por primera vez en su historia. Además, Trinidad y Tobago revirtió el dictamen de 2018 que despenalizaba la homosexualidad y volvió a declararla ilegal. En 1990, el año en que la OMS dejó de clasificarla como enfermedad, 114 países miembros de la ONU la criminalizaban, ahora son 65, uno más que un año antes.

La inclusión de las identidades LGTBI en el Código Penal es la punta del iceberg y se entrelaza con la reacción a los avances en países de Europa, América Latina y Estados Unidos, en los que la extrema derecha aumenta su poder e influencia social y política. A pesar de que las legislaciones que reconocen derechos no se detuvieron, ILGA apunta a un contexto internacional que camina “a dos velocidades”, con territorios que avanzan y otros que frenan en seco.

La hoja de ruta

La estrategia, sin embargo, ya no es la de cuestionar explícitamente la homosexualidad. En sociedades con altos niveles de aceptación social, el modus operandi es otro: las organizaciones internacionales describen una hoja de ruta que tiene que ver con “desplazar el debate de la igualdad” hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares” presentando como amenaza, por ejemplo, la educación en diversidad. Estas políticas y discursos suelen limitar la visibilidad pública del colectivo, restringir el reconocimiento legal o familiar y presentar las leyes LGTBI como un producto de la agenda ideológica de la izquierda.

“En los gobiernos que han cambiado de posición hacia la ultraderecha hemos visto este tipo de iniciativas. Ya no son tan directas, pero tienen consecuencias. La tendencia es sembrar desconfianza, usar informaciones falsas contra la evidencia científica y difundir narrativas que buscan atacar la educación sexual argumentando que lo que induce es a la manipulación o que busca sexualizar a los niños”, explica desde Colombia Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos en su filial en América Latina.

La experta reconoce que tras la victoria del ultra Abelardo de la Espriella en Colombia, el último país en sumarse a la lista de los ganados por la ultraderecha, hay “preocupación” por lo que puede venir. “Ha hecho declaraciones en las que parece inclinarse por limitar derechos. En su programa no hay ninguna iniciativa relacionada con prevenir la homofobia y la transfobia o mejorar la vida de las personas LGTBI, pero además ha afirmado su intención de retirar a Colombia de los espacios regionales de derechos humanos que son clave. Estaremos vigilantes”, señala.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en tomar una decisión en este sentido: decidió no respaldar la declaración de derechos LGTBI de la Organización de Estados Americanos (OEA). En Argentina, Javier Milei impulsó reformas en la pionera Ley de Identidad de Género con el objetivo de vetar los tratamientos —habitualmente bloqueadores hormonales— que suelen utilizar los adolescentes trans. ILGA advierte de un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGTBI en el país. Además, Nayib Bukele prohibió a finales de 2025 el uso de la “x”, la “e” o el “todos y todas” en las escuelas.

Si hay un colectivo que se convirtió en foco recurrente del discurso y las iniciativas de la extrema derecha es el de las personas trans, a las que “se ataca obsesivamente con los mismos argumentos trillados que se utilizaron contra lesbianas, gays y bisexuales durante décadas”, apunta Julia Ehrt. En Reino Unido, el Tribunal Supremo dictó que las mujeres trans no entran en la categoría legal de “mujer” y en Hungría, el expresidente Víktor Orban vetó el reconocimiento legal del género. En Portugal, los partidos de derecha junto a los ultras de Chega iniciaron los trámites para recortar la ley trans del país.

Leyes que se reproducen

Paradigmática es la situación en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de leyes antitrans se están considerando en todo el país”, apunta ILGA. La Corte Suprema decidió avalar que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer y el pasado marzo anuló la prohibición de las terapias de conversión en menores. Según Amnistía Internacional, durante el segundo mandato de Donald Trump se presentaron 616 proyectos de ley antiLGTBI, de los cuales 74 fueron aprobados. El presidente, además, firmó órdenes destinadas a “restablecer la verdad biológica”, definiendo el sexo como “una clasificación inmutable: hombre o mujer” y recortó programas gubernamentales de atención a personas LGTBI.

Los límites a la visibilidad LGTBI en el espacio público son otra de las puntas de lanza de la ofensiva. Su máxima expresión son las llamadas “leyes antipropaganda” que, a imitación de la rusa, rigen en Hungría y recientemente se aprobaron en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania. La presión se incrementa en otros países como Italia, Francia y Alemania, donde los programas de educación sobre igualdad y diversidad “han sido cuestionados públicamente o restringidos”, señala la organización en su último informe anual.

Sin embargo, el retroceso no es solo cosa de legislación y se filtra más allá. Según el informe que acaba de hacer público la consultora LLYC con motivo del Orgullo, el apoyo público a la diversidad sufrió “un repliegue general”. Tras analizar 15 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y contenidos de 12 países, el trabajo concluye que la cobertura mediática sobre temas LGTBI cayó a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Además, desde entonces, las empresas que cuentan con políticas de inclusión son un tercio menos y los mensajes en X de apoyo al colectivo se redujeron a la mitad. Por el contrario, el discurso de odio digital, afirma la consultora, “se disparó” un 38%.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que disputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que dieron la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que tuvo nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija reivindicó en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que marcaron estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EE.UU. se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para terminar con la inseguridad tuvieron repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se decantaron fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EE.UU. se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que proliferaron en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

En una calle residencial adornada con banderas unionistas, cerca de Shankill Road, en Belfast, hombres enmascarados se acercan a una casa con una ventana tapiada y una cámara de seguridad instalada en el exterior.

Mientras una mujer perteneciente a una minoría étnica observa desde una ventana del piso de arriba, algunos de los hombres se abalanzan sobre la puerta principal y la derriban. Con el aire cargado por el humo de los fuegos artificiales, atacan las ventanas de la planta baja con ladrillos.

Mientras irrumpen en la propiedad, algunos afirman estar “liberándola”. En un grafiti cercano se lee: “Viviendas locales para la gente local”. Una mujer entre la multitud le dice a su amiga: “Hay nenas chiquitas adentro”.

Cerca de allí, alguien prendió fuego a un coche. Mientras se desataba el caos, un hombre con una máscara con forma de calavera pidió a la gente que guardara los teléfonos. Los helicópteros sobrevolaban la zona y dos agentes de policía observaban desde su coche cómo el humo se elevaba hacia el cielo, pero parecían haber llegado a la conclusión de que no era seguro intervenir.

Para cuando llegaron los refuerzos de cuatro furgones policiales, los cientos de personas que conformaban la multitud ya se había dispersado, dejando tras de sí solo a unos pocos rezagados.

Las escenas violentas se produjeron después de que un solicitante de asilo sudanés fuera acusado de intento de asesinato en relación con un ataque con arma blanca grabado en un video muy explícito que se difundió ampliamente en las redes sociales el martes. Las imágenes fueron publicadas por Tommy Robinson y otras figuras de extrema derecha, lo que provocó llamamientos a la protesta como respuesta.

Elon Musk, propietario de X, compartió una publicación de Robinson (cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon) en la que se anunciaban los lugares de las manifestaciones, y otra del partido de extrema derecha Restore Britain que decía: “No hagan las paces con el mal. Destrúyanlo”.

La hostilidad del público de Shankill Road ante el hecho de ser filmado contrastaba radicalmente con los disturbios que estallaron en Southport en 2024, donde muchos asistentes grabaron videos de lo que sucedía en tiempo real. En este caso, sacaron a rastras a un adolescente de entre la multitud, al parecer porque había estado usando el celular. “Me estás lastimando”, gritó. “No puedo respirar”.

También hubo protestas en otras partes del Reino Unido, entre ellas en Southampton, donde la semana pasada estallaron disturbios tras la condena de un hombre por el asesinato de Henry Nowak, de 18 años. El martes por la noche, se desplegaron decenas de agentes de policía para bloquear a los manifestantes cuando intentaban avanzar por Portswood Road. Cuando se los detuvo, el grupo comenzó a corear “No puedo respirar”. Eso es lo que Nowak, un estudiante de Southampton, repitió una y otra vez mientras yacía moribundo esposado tras haber sido apuñalado.

En una zona unionista del este de Belfast, unos hombres enmascarados prenden fuego a unos contenedores y los empujan contra un colectivo en Newtownards Road, lo que provoca la suspensión del servicio de colectivos. Algunos llevan pasamontañas y agitan bengalas. Se escuchan varias explosiones en cuestión de minutos.

Varios cientos de personas se quedan a mirar un autobús incendiado y al menos tres viviendas que habían sido incendiadas. “Allí vivía una familia gitana rumana”, dice una mujer, señalando una casa adosada totalmente destrozada de la que aún sale humo.

Las familias con niños pequeños se mezclaban con hombres con la cara cubierta y parejas jóvenes. Algunos desprenden un ambiente festivo, posando para las fotos y tomando cerveza. Un hombre levanta en brazos a su hijo, de unos siete años, para que pueda ver mejor otra casa en ruinas. “Fijate en eso”, le dice. “¡Guau!”, responde el niño.

Las sirenas rompen el silencio de la noche. Cerca de los restos del colectivo, un grafiti en una pared: “Que jodan al Islam”.

La BBC informó de que la casa pertenecía a un hombre de unos treinta años que llevaba diez años viviendo allí. “Incendiaron coches en la calle, lo que provocó que mi casa se quemara; unos hombres enmascarados estaban derribando las puertas”, declaró a la cadena.

En una calle paralela, un coche arde en plena calzada y el olor a plástico quemado impregna el aire. Al final de Newtownards Road, en el tramo más cercano al centro de la ciudad, hay una fila de furgones y coches de policía aparcados, listos para intervenir ante cualquier recrudecimiento de la violencia.

Al otro extremo de la calle, los restos del colectivo calcinado yacen junto a una acera llena de vidrios rotos y frente a unos contenedores de basura volcados y humeantes, mientras una bandera británica ondea suavemente en un mástil situado más arriba. Unos hombres encapuchados se detienen para posar ante las cámaras junto a los restos del colectivo mientras se alejan del lugar de los hechos.

Otros manifestantes impidien que los coches accedan a la autopista M2. También se registraron protestas en Antrim, Bangor y Ballymena. En Newtownabbey, se incendiaron dos coches.

En Lisburn, el ministro de Educación de Irlanda del Norte, Paul Givan, instó a los presentes a abstenerse de cometer actos violentos y de provocar disturbios. “Lo ocurrido anoche causó una verdadera conmoción”, afirmó. “Creo que conmocionó a toda la comunidad”.

“Es importante que la gente se comporte de manera pacífica para garantizar que se escuchen las cuestiones clave relacionadas con la inmigración y que no nos distraiga ningún tipo de violencia”.

“Eso solo servirá para distraer la atención. La gente debería expresar sus opiniones de forma pacífica”, dijo.

Anteriormente, miembros de la comunidad sudanesa de Belfast expresaron su inquietud ante la creciente tensión en la ciudad.

A las 16:00 horas del martes, todos los comercios de propiedad extranjera de Sandy Row habían bajado las persianas metálicas y el personal se apresuraba a volver a casa para refugiarse durante la noche, una escena que se repetía en otras partes de Belfast.

“Llevamos todo el día repitiendo lo mismo: que se vayan pronto a casa, que se queden en casa, que no salgan”, dice Mohammed Mahmoud, un empleado sudanés de una tienda de comestibles. “Nadie sabe qué va a pasar”.

Ali Adan, de 38 años, otro comerciante de Sudán que lleva 18 años viviendo en la región, afirma que las relaciones raciales se deterioraron desde 2018, y que las tensiones de Inglaterra se extendieron a Irlanda del Norte y viceversa. “Cada vez que ocurre algo, la gente señala a todos los inmigrantes”.

Las protestas contra la inmigración degeneraron en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un video muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se produjeron focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se incendiaron varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no fue identificada, se encuentra hospitalizada y perdió un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se atacaron viviendas y negocios, se quemaron coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiad. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un video compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El video mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me informaron que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Estuve en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

El domingo, Perú decidirá en segunda vuelta si será gobernado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, o por el candidato de la izquierda; Roberto Sánchez. En la primera ronda del 12 de abril, Keiko Fujimori fue la más votada, con un 17% de los sufragios, y Sánchez se impuso por la mínima al ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dos semanas después, Colombia elegirá también en ballotage entre el filósofo y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda o el excéntrico empresario de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue quien obtuvo el mejor resultado y que este martes recibía el apoyo explícito de Donald Trump.

No está fácil para la izquierda inclinar una balanza que lleva tiempo cayendo con fuerza hacia el otro lado. Desde el año pasado se sucedierion las victorias de Daniel Noboa en Ecuador –que presume de su amistad con Nayib Bukele–, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile y la ultraderechista Laura Fernández en Costa Rica, además del importante triunfo de Javier Milei en las legislativas argentinas.

Ya más cerca de finales de año llegarán las elecciones en Brasil, en las que un octogenario Lula da Silva parte como favorito para defender el gran bastión progresista del continente –junto con Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay– frente a una ultraderecha que no definió su candidato pero que pone fichas al hijo de otro expresidente preso, Flávio Bolsonaro. El factótum ultra, Donald Trump, lo recibió recientemente en el Despacho Oval, como una muestra más de que está dispuesto a jugar fuerte en el tablero latinoamericano. Una encuesta reciente indicaba que de producirse a una segunda vuelta electoral, el resultado entre Lula y Bolsonaro sería un empate técnico.

El efecto Trump

El presidente estadounidense tardó poco en salir a apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella. En su red social Thruth Social lo describió como “un líder inteligente, fuerte y duro”, y destacó la importancia de su elección para “restablecer la ley y el orden” y luchar contra el narcotráfico. Esta mención no es casual: Trump acusó al presidente Gustavo Petro de complicidad con los cárteles y e incluso la Fiscalía inició una investigación. Además, autorizó el ataque a supuestas lanchas de traficantes de droga en el Pacífico, que mataron a decenas de personas.

De la Espriella, dueño de un conglomerado de negocios que incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de haber grabado algunos discos de versiones, le devolvió la gentileza a Trump con una ristra de elogios y una promesa: que si gana meterá a Colombia en su alianza militar Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Una alianza que Trump presentó rodeado de algunos de sus mejores aliados, como Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast o Daniel Noboa, con quien Estados Unidos está ya realizando operaciones militares en suelo ecuatoriano. De la Espriella acompañó el tuit con una curiosa imagen de un tigre (el apodo con el que se lo conoce) y el águila estadounidense.

No es la primera vez que Donald Trump irrumpe en una campaña electoral latinoamericana. Ya lo hizo en Honduras cuando amenazó con que si no ganaba el ultraderechista Asri Asfura castigaría económicamente al país. Y también en Argentina, cuando antes de una elección legislativa clave, el Departamento del Tesoro ofreció al Gobierno de Milei un rescate de 20.000 millones de dólares. Asfura y Milei ganaron esos comicios.

Keiko, ¿a la cuarta va la vencida?

El candidato de Trump en Perú era el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Representante del núcleo conservador más duro de la ultraderecha, su cerrada defensa de la familia tradicional y la economía de libre mercado conviven con declaraciones llamativas sobre su práctica de la abstinencia sexual y su confeso “enamoramiento” de la virgen María. Pero no pasó a la segunda vuelta, superado por muy pocos votos por el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

Aun sin el apoyo público de Washington, Keiko Fujimori se subió con sus declaraciones al carro MAGA. En una entrevista con la CNN, reiteró su lema de campaña de “regresar al orden” que su padre logró mientras gobernaba y aseguró que América Latina gira hacia ese orden gracias al presidente de Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez en una segunda vuelta electoral para la hija del expresidente Alberto Fujimori, que murió en 2024 en libertad, aunque había sido condenado a 25 años de prisión por corrupción y por los delitos de homicidio calificado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro de un periodista y un empresario. Las encuestas para el ballotage del 7 de junio la ponen por delante, pero muy igualada con su rival. Los analistas políticos sugieren que el rechazo que genera la reivindicación de Keiko del legado de su padre empieza a pesar menos en los votantes, y destacan que en un electorado tremendamente fragmentado como el peruano, las opciones de derecha y ultraderecha fueron de lejos las mayoritarias.

De la Espriella y sus comentarios machistas

También el empresario colombiano parte con ventaja para la segunda vuelta del 21 de junio. Sin embargo, no entró con buen pie en las escasas semanas de campaña hasta volver a las urnas. Un juzgado le ordenó retractarse de unos comentarios en los que afirmaba que muchas mujeres lo habían votado por el tamaño de sus genitales. Lo hizo mostrándole en un programa televisivo una foto suya a una periodista y preguntándole insistentemente qué veía en ella. Las acusaciones de machismo y misoginia hacia el excéntrico abogado de 47 años fueron numerosas. Pero De la Espriella ha sabido combinar una imagen de 'outsider' con poder económico pero que empatiza con el hartazgo ciudadano mientras exhibe sus vuelos en jet privado, sus paseos en Rolls-Royce o sus casas de Miami, Bogotá y la Toscana.

Para el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, la remontada no parece fácil. El apoyo de Trump y el aglutinamiento del descontento social en un voto de castigo le juegan en contra, pero cuenta con conseguir movilizar a un electorado progresista que no acudió masivamente a las urnas, pero que puede llegar a hacerlo para evitar que la ultraderecha alcance el gobierno.

La posible batalla entre Lula y Bolsonaro

El calendario electoral latinoamericano cierra en octubre con las elecciones presidenciales en Brasil, a las que volverá a presentarse Luiz Inácio Lula da Silva. El resto de candidaturas no son oficiales aún, pero empieza a haber movimientos para colocarse en puestos de salida. Sin contrincantes definidos, las encuestas exploran diferentes combinaciones de cara a una posible segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Real Time Big Data, el actual gobernante tiene un 38% de las intenciones de voto en primera vuelta, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, preso por su intento de golpe de Estado, aparece en segundo lugar, con un 31%. Una segunda vuelta entre los dos arrojaría, según esta encuestadora, un 45% de los sufragios para Lula, cinco puntos por encima de su adversario. Las encuestas de Datafolha, que señalaban hace unas semanas un empate técnico, parecen sugerir que Flávio Bolsonaro pierde algo de fuelle tras conocerse unas conversaciones que lo vinculan con el exbanquero Daniel Vorcaro, preso por fraude.

Mientras tanto, Trump rebajó notablemente su enfrentamiento con Lula, y recibió a Bolsonaro en Washington aunque no lo declaró oficialmente su candidato. Varios analistas apuntan a que otros aspirantes de la derecha pueden tener mejores resultados –por generar menos rechazo– en una posible segunda vuelta. Con todo, Bolsonaro presume de foto e intenta agitar el voto antizquierda vinculando a Lula con Maduro en una carrera de largo aliento hacia las urnas del 4 de octubre.

La Unión Europea dio luz verde finalmente a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado este lunes entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que marcó la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Según la presidencia de turno de la UE, que ostenta Chipre, “estos centros podrán funcionar tanto como destino final de las personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento”.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, declaró Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica por sus numerosas dudas legales. Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, avisaron que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia tuvieron varias sentencias en contra, esta fórmula siempre tuvo el beneplácito de la actual Comisión Europea y consiguió el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del Partido Popular Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia.

Los conservadores alemanes están jugando un claro papel endureciendo sus posiciones frente a la inmigración ante el miedo de perder votos por el auge de los ultras del AfD. Alemania estaría al frente de un grupo de países (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia) que estarían realizando gestiones con terceros países para establecer en ellos centros de retorno y de tramitación de solicitudes de asilo fuera de la UE a cambio de recibir ayuda al desarrollo o un mayor número de visados para sus nacionales, según publicó Politico.

Las dudas legales del modelo italiano llevaron a los países a no identificar qué países podrían albergar los centros de deportación. Fuentes diplomáticas aseguran que se sondeó a Uzbekistán y Kazajistán, pese a que Amnistía Internacional señaló en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos fundamentales en ambos países.

Durante este lunes se debatió la entrada en vigor de las medidas. Fuentes de la presidencia chipriota explicaron que los responsables de las instituciones europeas acordaron que “el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial)”.

Ahora bien, como muchas de las disposiciones del reglamento requerirán medidas de implementación a nivel nacional, se permitirá a los estados miembros que estén adaptadas 12 meses más tarde. De esta manera, “se concede a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios, garantizar la adaptación de los sistemas informáticos cuando sea preciso y formar adecuadamente al personal encargado de su ejecución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que no pondría en marcha ningún centro de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea.

Otras medidas contra la inmigración

A esta medida ya controvertida se uniría la introducción de “mecanismos de emergencia” que permitan a los Estados miembros ignorar garantías durante la detención, como limitar la revisión judicial de las decisiones de internamiento —incluidas las que afectan a familias y menores— cuando exista un número “excepcionalmente elevado” de personas pendientes de deportación, sin tener en cuenta las condiciones ni la saturación en la que se encuentren los centros de detención y deportación.

Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, comentó que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones, los legisladores de la UE redoblaron su apuesta por la represión y el castigo, y acordaron un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia: desde encerrar a personas en centros de detención migratoria durante hasta 30 meses hasta separar familias y enviar a personas a países que ni siquiera conocen”.

Además de los centros de deportación en países fuera de la UE, la nueva normativa amplía la duración de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses, si las autoridades consideran que existe “una posibilidad razonable de expulsión” o de riesgo de fuga, incluso en el caso de menores. También se anima a los Estados miembros a aplicar nuevas “medidas de investigación” que otorgan una amplia Convertir los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, a pesar del mayor riesgo de violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, restringiendo aún más la capacidad de decisión y las alternativas disponibles para estas personas.

Por otro lado, la nueva norma exige a los Estados miembros que impongan restricciones geográficas u obligaciones de comparecencia a todas las personas sometidas a procedimientos de retorno. También se deja a decisión de los países miembros el tiempo de prohibición, que podrían llegar a ser permanentes por seguridad, o reducción de las ayudas financieras destinadas a reconstruir una vida tras la deportación e incluso sanciones penales para quienes no colaboren con su propia expulsión. En definitiva, se proponen excepciones específicas a los derechos fundamentales para las personas migrantes consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

“Al otro lado del Atlántico estamos viendo la violencia y el miedo generados por las brutales prácticas de control migratorio del ICE. Europa debería aprender de los daños causados por ese modelo, no construir su propia versión del mismo”, añadió la responsable de la ONG en defensa de los derechos de los migrantes

El presidente Javier Milei felicitó al candidato del partido colombiano de derecha Defensores de la Patria, Abelardo de La Espriella: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo”, manifestó el mandatario argentino. Con el 99,99% de las mesas informadas, el líder del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%). Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro. El 21 de junio es el balotaje.

Desde sus redes sociales, aseguró que, de esta manera “la libertad avanza” en Latinoamérica y remarcó el accionar de los colombianos por “esta ejemplar jornada electoral”.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, expresó Milei.

Asimismo, subrayó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta” el país caribeño volverá a ser parte de un territorio que goce de libertad, y se desarrollará por recorrer el camino correcto.

“No tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, finalizó Milei.

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50%.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 99,99% de las mesas informadas, de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%).

Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo” y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.

“Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, expresó por su parte De la Espriella, a quien sus seguidores identifican con el felino, al conocer los resultados.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26%.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95%).

Dudas de la izquierda

En su discurso tras conocer los resultados, Cepeda fue menos enfático que Petro y planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

De la Espriella, que compareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad caribeña de Barranquilla, les respondió: “Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar”.

Movimientos de cara a segunda vuelta

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia “no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan”, en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha “desaparecieron” por la campaña de De la Espriella, que consideró “sucia, machista, homofóbica”.

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es “una decisión seria”.

El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es “importante” para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

El exsenador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0,05%) y quedó en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los “tres millones de votos” que considera que el centro político obtuvo este domingo para vencer a De la Espriella.

EFE

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” reunió a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que comenzó en la emblemática Plaza Colón y finalizó en el Palacio de la Moncloa, sede dl gobierno, donde se vivieron algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando cortaron la autovia A-6 e intentaron llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se produjeron tres detenciones y siete agentes resultaron heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” fue el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra el ex mandatario José Luis Rodríguez Zapatero, quien comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal, lider de la ultraderecha de Vox, estuvo presente durante la concentración, y se sumó a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, declaró Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado reunió a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se escucharon ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas exclamaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García sostuvo que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP vino a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, declaró esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se vio, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García justificó que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se reeligió con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también estuvieron presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no tardaron en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes repitieron los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.

El Presidente Javier Milei cerró el Foro Económico del NOA (Fenoa) que se realizó este jueves en San Miguel de Tucumán y, antes de viajar a Hungría, criticó la gestión de Alberto Fernández. Además, como es costumbre en cada participación suya en encuentros que reúnen a la ultraderecha, apuntó contra los socialistas y se refirió a quienes “empiezan a clamar por la distribución del ingreso” como “un grupo de envidiosos hijos de re mil puta”.

“Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual”, exclamó acerca de los precios mayoristas.

Además, Milei cuestionó a “los cavernícolas”, “a los mandriles” y a los keynesianos por fomentar el consumo. “Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico”, aseguró. Y añadió: “Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI”.

Por otro lado, el Presidente afirmó que “su administración trabaja intensamente para que el 2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno”.

Sobre Adam Smith, destacó la idea de la “noción de moral como política de Estado” tomada por su Gobierno y reconoció que el escritor “tiene un impacto directo” bajo el cual “nosotros tomamos decisiones”.

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se llevó a cabo el evento. Además de elogios al pensador del siglo XVIII, dijo que la inteligencia artificial será clave para el desarrollo.

“Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”, comentó el Presidente en su alocución, con ejemplos concretos de su producción literaria.

También mencionó que, desde su visión, en un trabajo con el exjefe de asesores Demian Reidel, hay distintos equilibrios en la economía pero que siempre se pondera el trabajo. Y dijo que la película “Homo Argentum” trata sobre el empleo. “El que la hizo la vio”, señalando una escena particular del filme. 

Bajo el lema “La hora de las provincias”, el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad según la agenda previa fue “el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial”. Además, se buscó “analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible”.

El panel de disertantes fue extenso. Estuvo compuesto por la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.

La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local. Por ese motivo, y con agenda apretada por su viaje a Hungría que fue en la msiam noche de este jueves, el economista decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre “El Tour de la Gratitud”. Sólo se acercó a quienes lo esperaban frente al hotel y estrechó sus manos.

Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región experimentó un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

Perú

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

Colombia

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El Tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

Brasil

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

Ecuador

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

Costa Rica

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

Honduras

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

Eran exactamente las 4.58 de la madrugada cuando la agencia de noticias Europa Press enviaba un teletipo con nueve palabras que significaban solo una cosa: “franco ha muerto. franco ha muerto. franco ha muerto”. La misma frase repetida por triplicado llegó a todas las redacciones antes de que la dictadura pudiera controlar el tiempo entre el fallecimiento real de Franco y la comunicación oficial. Mientras en las emisoras se escuchaba música clásica, la primicia esquivaba el meticuloso plan que había preparado el régimen para uno de los momentos más críticos de la historia de España. El certificado de defunción del dictador hizo constar las 5.25 como la hora del deceso.

Pasaron 50 años de aquel 20 de noviembre de 1975 en el que España comenzó a asomarse al final del franquismo. Medio siglo en el que las políticas de memoria y la condena de la dictadura conviven con los mitos que la propaganda del régimen edificó sobre sí mismo, un franquismo sociológico que no desapareció y el auge de un discurso que reivindica su legado y se coló en el Congreso, los medios y las redes sociales.

“Franco no es pasado, es presente, porque a través de la memoria del franquismo se está alimentando la geografía política actual”, introduce el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona Andreu Mayayo, que apunta a cómo España llega al 50 aniversario de la muerte de Franco con “un problema de fondo” que tiene que ver con la falta de “relato compartido que tenga claro que la dictadura fue una dictadura y que nuestra democracia no puede ser hija de ella”.

Es un marco político arrastrado desde el final del franquismo, con un Partido Popular –heredero de la antigua Alianza Popular, liderada por funcionarios del régimen– que se resistió históricamente a condenarlo sin ambages. A ello se sumó el auge de la extrema derecha en los últimos años, altavoz de un revisionismo histórico que niega el golpe de Estado de 1936 y que es reivindicado por sus líderes. Vox es el partido que celebra en el Congreso que los jóvenes “están descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”, el que felicita el Día de la Victoria al más puro estilo franquista y el que califica al Gobierno de Pedro Sánchez como “el peor” de “los últimos 80 años”. Y el PP es la formación que pacta con la extrema derecha para plasmar el relato negacionista en la derogación de leyes autonómicas de memoria.

La calle no es ajena a esta ola. Aunque más de la mitad de la población (un 65%) valora de forma negativa la dictadura franquista, un 21% considera que fueron años “buenos” o “muy buenos”, según el barómetro del CIS del pasado octubre. Las respuestas varían de forma drástica en función del voto: en el electorado de Vox y el PP son más quienes piensan esto que quienes aseguran que fueron años “malos” o “muy malos”. Hasta un 62% en el caso de Vox y un 42% entre los populares estiman buena la dictadura. La cifra cae en picado entre los votantes del PSOE (7%) y Sumar (2%).

La percepción cambió en los últimos años. Aunque es difícil comparar datos debido a la diferencia de series, la última vez que el CIS preguntó por Franco a los españoles fue en el año 2000 y entonces un 10% de la población afirmó que fue la suya una etapa positiva, 11 puntos menos que a día de hoy. Al mismo tiempo, eran menos que ahora quienes sostenían que fueron años negativos mientras que casi la mitad consideraban que fue una época que tuvo “cosas buenas y malas”.

No solo pasado

La politóloga Anna López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, se resiste a hablar de retroceso “en sentido estricto” y afirma que el fenómeno “es el resultado de varios procesos que convergen al mismo tiempo”. Por un lado, “existe una reacción organizada ante los avances” de los últimos años en este tema –desde la exhumación de Franco de Cuelgamuros a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática– y, por otro, asistimos a una “normalización del revisionismo” de la dictadura que hace dos décadas no ocupaba el centro. “Entonces resultaba socialmente incómodo elogiar el franquismo y ahora ya no, es un discurso que ha pasado de los márgenes al mainstream”, añade.

La experta pone el foco en “la ofensiva política y cultural de la extrema derecha” desde la que “se difunden relatos” que presentan la dictadura “como una supuesta solución a los problemas que la democracia no resuelve” y como un periodo que representa el “orden o estabilidad” supuestamente deseables. Es decir, no es solo una mirada al pasado, sino un recurso que conecta con algunas personas, resume la politóloga: “No asistimos simplemente a una deriva nostálgica. La diferencia es que ahora el franquismo no solo se reivindica como franquismo, sino como símbolo de una agenda política actual. No es solo pasado: se utiliza para legitimar el presente”.

Por eso, en ese 20% de población que ensalzan los años del régimen los expertos engloban a perfiles que van más allá de los franquistas tradicionales que no han dejado nunca de serlo y que se manifiestan cada 20N para reivindicar a Franco. A ello se suman también “ciudadanos descontentos” que “idealizan el pasado”, votantes “movilizados por discursos” anti Pedro Sánchez entre los que el franquismo es más “un arma cultural que un análisis histórico” y, por último, jóvenes que no vivieron la dictadura pero la elogian.

De hecho, el 19% de quienes tienen entre 18 y 24 años respondieron al CIS hace un mes que fueron años “buenos” o “muy buenos”. Es la franja de edad en la que más gente comparte esta opinión por debajo de los 44 años. A partir de ahí, los porcentajes se van superando hasta alcanzar el 25,8% de entre los más mayores. Es decir, una de cada cuatro personas que tienen 75 años o más valora positivamente la dictadura. Con todo, junto a la adhesión política y la edad, la variable género es determinante: son los hombres los que despuntan en la opinión favorable al franquismo: un 28% de ellos así lo afirma. Entre las mujeres el porcentaje es del 16%.

López Ortega ahonda en los factores que explican que una parte de la generación que nació ya con el matrimonio igualitario o el aborto libre aprobados responda favorablemente cuando se le pregunta por la dictadura. En la práctica, lo que existe es un discurso que se filtra en redes sociales y en los parlamentos que “puede llegar a conectar” con los malestares juveniles, con la sensación de crisis o la escasez de expectativas ante el futuro, resume la experta. “Los contenidos que presentan el franquismo como un periodo sin caos ni inseguridad ofrecen respuestas rápidas a frustraciones reales. No es que los jóvenes se estén volviendo franquistas en sentido estricto, sino que se ha erosionado la idea de que la dictadura fue inaceptable por definición y estos relatos buscan canalizar por ahí los malestares actuales”.

El fenómeno no es exclusivo de la población joven y, de hecho, conecta con otro dato reciente del CIS que demuestra el momento de “creciente pulsión autoritaria” que vive la sociedad española, en palabras del director de investigación de opinión pública de Ipsos España, Paco Camas. Aunque una inmensa mayoría de la población considera el sistema democrático como el preferible (un 81%), la gráfica dibuja un ligero descenso de esta opción desde 2017 y una escalada de quienes apuestan por un gobierno autoritario “en algunas circunstancias”, que ha subido tres puntos, hasta el 8%.

Camas explica lo que hay tras las cifras: “El descontento de la crisis de 2008 se canalizó por la izquierda, pero ahora mismo está virando hacia la derecha y la ultraderecha. Cuando hay una situación de pesimismo fuerte, el repliegue de la sociedad es hacia la seguridad, el orden y mirar hacia atrás. En el momento en que tienes un partido que defiende estos posicionamientos, como Vox, el relato tiene recorrido porque tienes una población dispuesta a escuchar”.

Es ahí donde la memoria franquista y el clásico 'con Franco se vivía mejor' está cumpliendo su papel, según las voces expertas. Andreu Mayayo pone el foco en la visión sesgada transmitida sobre la dictadura, que tiende a hacer hincapié en el desarrollismo de las dos últimas décadas a pesar de la represión, la falta de libertades y las falsas creencias sobre esta etapa. “Hasta ahora, en la Universidad teníamos más fácil explicar el paso a la democracia porque partías de la premisa de que la dictadura era un lugar oscuro y la democracia el sol del futuro, pero ahora hay mucha gente que cree que no le está solucionando los problemas y es donde entra esto de 'vale, fue una dictadura, pero Franco nos dio pan, trabajo... Igual no estábamos tan mal'”, reflexiona.

El caldo de cultivo

La historiadora Carme Molinero identifica como el caldo de cultivo perfecto una “banalización en auge” de lo que supuso la dictadura y un resurgimiento de los mitos que nunca llegaron a irse. Entre ellos, destacan los económicos o los que tienen que ver con la política hidráulica, de vivienda o la llegada de la Seguridad Social, cuestiones sobre las que “el régimen franquista hizo una memoria muy activa durante toda su existencia”. “Una parte del discurso de legitimación estuvo vinculado al crecimiento económico como si hubiera sido provocado por el régimen, cuando lo que hizo fue no obstaculizar una tendencia al alza que se daba en todo el mundo. Más de la mitad del franquismo fue una época de miseria y retroceso respecto a la situación antes de la Guerra Civil”.

Pero, además, los historiadores llevan años demostrando lo que supuso el régimen en términos de derechos, libertades y represión, cárcel, muerte y exilio. Aún hoy, miles de personas buscan a sus familiares desaparecidos enterrados en fosas comunes. Son realidades que las tesis ultras pasan por alto o tergiversan y que en los centros educativos no se explican en profundidad, según varios estudios recientes. Algo que impacta directamente en cómo la juventud mira el pasado y que se suma a “la distancia” con la que lo percibe. “No han experimentado la ausencia real de derechos y libertades, incluida la de expresión, por lo que el franquismo se dibuja como un episodio remoto, casi abstracto, sobre el que resulta más fácil construir mitologías”, analiza López Ortega.

Mercedes Yusta, profesora de Historia Contemporánea de España en la Universidad París 8, identifica un “fallo en la transmisión a la sociedad” de lo que implicó la dictadura, que empezó a ponerse en primer plano con la llegada del movimiento por la recuperación de la memoria histórica y la primera ley de 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “La idea de que con Franco no se vivía tan mal no desapareció, esta concepción de que sí, en España hubo una dictadura, pero la gente vivía medio normal... Incluso gente no adherida a la dictadura franquista no ponía en cuestión este marco porque hay que tener en cuenta que duró 40 años. Varias generaciones de españoles se educaron en ella. Esto empieza a ponerse en cuestión en los 2000”, resume.

Al mismo tiempo, se va consolidando un movimiento revisionista “potente”, en el que el escritor Pío Moa, que publicó decenas de libros, es punta de lanza. Entre sus afirmaciones, que el franquismo fue “una necesidad histórica” o que los partidos de izquierda fueron los que “ocasionaron” la Guerra Civil. “Ahora este discurso es el que está desplazando a las voces de las víctimas y que está teniendo un mayor altavoz al menos que hace unos años, en 2010, 2015”, sostiene Yusta, que resume la situación actual en una suma de factores que tienen que ver con “la llegada tardía” de las políticas de memoria, un contexto global “de auge ultra” y un discurso antifascista “que ha sido frágil”.

En parte, porque en España la derecha del Partido Popular optó en las últimas décadas por no confrontar sin tapujos el legado franquista. El expresidente José María Aznar llegó a publicitar a Pío Moa, Mariano Rajoy dedicó cero euros a la memoria histórica y no son poco frecuentes las declaraciones de líderes conservadores llamando a “no reabrir heridas” o acusando a la izquierda de pensar “en la guerra del abuelo” y las fosas “de no sé quién”, como dijo Pablo Casado en 2018. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hace unos meses que “a la larga” la dictadura fue mejor que la II República.

Carme Molinero califica estas posiciones de “elemento fundamental”: Alianza Popular “nació reivindicando el franquismo” y después, una vez la memoria se convirtió “en elemento vivo de la vida política”, pasó a defender la postura del rechazo y la no condena de la dictadura. “Hay diferencias entre familias, pero el PP lo que prefiere es que no se hable de esta cuestión”, esgrime la historiadora, que recuerda que “a lo máximo” que ha llegado la formación es a apoyar una iniciativa en el Congreso en 2002 que condenaba “el totalitarismo” y reclamaba “reconocimiento moral” para las víctimas de la guerra y el franquismo, así como “apoyo institucional”.

López Ortega sostiene que esta “ambigüedad” ha acabado dejando “un vacío” que la extrema derecha “ha aprovechado para instalar su visión” y reivindica “un consenso democrático claro” sobre la dictadura. De esta forma cree que habría menos posibilidades de que haya quienes recurran al pasado oscuro para hablar de “orden, unidad y prosperidad” y sean más quienes recurran a él para aprender de lo que fue: una dictadura totalitaria en manos de un hombre que, pocos días después de dar el golpe de Estado de 1936, afirmó estar dispuesto a matar a media España en nombre de su supuesta salvación.

Gráficos de Ainhoa Díez

Una fila de cadáveres sobre el asfalto, frente a una guardería pública, colocados unos junto a otros en una sucesión que parece interminable, que se pierde en el punto de fuga de la foto. La imagen del megaoperativo policial de esta semana en Río de Janeiro es la de los muertos recuperados y trasladados por sus propios familiares a esa especie de fosa común callejera. Una imagen que cristaliza la idea que la ultraderecha intenta instalar como nueva norma: la seguridad como derecho justifica incluso saltarse otros, en concreto, los derechos humanos. 

El gobernador bolsonarista Claudio Castro aseguró que la operación policial –que tenía como objetivo un centenar de detenciones en dos favelas– fue un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña, con más de 130 muertos. “Exceptuando la vida de los (cuatro) policías fallecidos, el resto fue un éxito”, afirmó Castro, que aseguró que si hay “errores en la clasificación” de los asesinados, serán “residuales”.

Esta misma semana, Estados Unidos perpetró otro ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, matando a cuatro personas. Es el último de los bombardeos contra pequeñas embarcaciones que, sostiene el Gobierno de Donald Trump sin aportar ninguna prueba, transportan droga para supuestas organizaciones criminales. Este tipo de operaciones realizadas en jurisdicción de otros países, como Venezuela o Colombia y sin orden judicial, dejaron ya más de 60 muertos. 

Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona. Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica

Sonia Andolz — Universidad de Barcelona

También esta semana, el presidente de El Salvador Nayib Bukele celebraba en sus redes que un periódico húngaro convirtiera su apellido en verbo. The European Conservative, un medio en inglés alineado con el líder ultra Viktor Orban, hablaba de bukelear como “solucionar un problema que los liberales consideran ‘demasiado complicado’, simplemente ignorando sus excusas prolijas y haciendo lo obvio”.

Excusas prolijas como un proceso o un juicio justo, el respeto por el orden institucional e incluso la soberanía de los países. “Hay una progresiva normalización de las ideas de extrema derecha, una maximización de temas, lemas y discursos cada vez más radicales. En buena medida porque partidos de la derecha mainstream compran parcialmente estos relatos”, explica Steven Forti, historiador especialista en extremas derechas. 

La guerra contra ‘los otros’

La idea de la seguridad como bien a defender sobre todas las cosas no es nueva. “El 11S se aprovechó para iniciar lo que Bush llamó la guerra global contra el terror”, analiza Sonia Andolz, profesora asociada de Política Internacional en la Universidad de Barcelona. “En cambio, en la última década el discurso de las ultraderechas está más vinculado con la seguridad policial y la mano dura”.

Este discurso apela a sectores de la población muy claros: “A los que saben que la desigualdad es muy grande y entonces sienten que necesitan proteger sus bienes y a los más desfavorecidos, que sienten que lo poco que tienen también está en peligro”, desarrolla Andolz.

En Estados Unidos, la supuesta preocupación por los índices de criminalidad –desmentidos por las estadísticas oficiales– justificóa otra de las grandes políticas de seguridad de Trump: la militarización de varias ciudades –casualmente, demócratas–. En total ya son cinco las urbes en las que el presidente intentó imponer la intervención de las fuerzas federales: además de la capital, Washington, desplegó tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis. Desplegó una fuerza militar (ICE) para perseguir a personas migrantes, que terminan en centros de detención en los que están ilocalizables y muchas veces no saben ni siquiera de qué se les acusa. 

“El de la seguridad es un caballo de batalla de la extrema derecha desde siempre, como mínimo desde los años 80, con partidos como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, que lo vinculaba directamente a la inmigración”, apunta Forti.

El problema se agrava cuando lo replican otras fuerzas y termina instalándose en el discurso como una realidad. “La verdad es que cuando un partido bombardea con un tema constantemente, tarde o temprano le empieza a ser rentable. Y desde ahí se copia y se expande. Basta ver lo que sucede con Vox y el PP”, remacha el historiador. 

Bukele como referente (y como verbo)

¿Y de qué hablan los medios ultras cuando dicen bukelear? Tras el 'milagro' de la reducción de los niveles de criminalidad en El Salvador, el presidente se convirtió en un verdadero referente de la persecución del delito, incluso cuando es señalado por llevar sus políticas al límite de la legalidad e incluso atravesando de las líneas rojas de los derechos humanos. 

Un informe de Amnistía Internacional recoge que desde el comienzo del estado de excepción en El Salvador en 2022 hasta el final de 2024 se habían registrado 83.900 detenidos, acusados de delitos relacionados con las pandillas. Pero según las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de esas personas no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales. Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el estado de excepción había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y restricciones sobre el derecho a la defensa. 

Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional admitió solo el 1,6% de las peticiones de hábeas corpus presentadas en el estado de excepción y sólo el 0,4% de los casos se resolvió favorablemente. Además, las organizaciones destacan los niveles de hacinamiento críticos del sistema penitenciario, con un índice de ocupación del 350%, según las ONG locales. 

Pero el que se autodefine como “el dictador más cool del mundo” en su perfil de redes sociales introdujo un elemento que se volvió fundamental para este relato de las nuevas ultraderechas: el espectáculo. 

La foto de los cadáveres o de parte del operativo tomada con drones en Río de Janeiro, los videos de bombardeos a las lanchas que la propia administración Trump difunde en redes, son una forma de generar más impacto en la población y fijar el mensaje. Y tuvieron su punto más disruptivo cuando Bukele hizo posar a los detenidos con las cabezas gachas en filas interminables, vestidos solo con ropa interior y dejando ver sus característicos tatuajes. 

“La ‘espectacularización rebelde’ es la manera en que la extrema derecha está comunicando estos discursos”, confirma Forti. “Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona”, agrega Andolz. “Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica”, explica. 

El señalamiento del otro como enemigo, la espectacularización del castigo y la exhibición de fuerza y poderío transmiten la idea de que hay alguien al mando para protegerte del peligro que sentís. Una sensación amplificada por el discurso en las redes, y “alimentada por la circulación de fake news, que mueven pasiones tristes y emociones negativas como el miedo y el odio”. Y así la rueda sigue girando.

En 2010, mientras Argentina debatía la ley que convertiría al país en el primero de la región en aprobar el matrimonio homosexual, las calles se llenaban de pancartas con el lema “los chicos tenemos derecho a una mamá y un papá”. Detrás de las consignas resonaban ecos conocidos: los de la cruzada ultraconservadora que cinco años antes había intentado frenar el mismo derecho en España. Entonces, entre sus puntas de lanza estaba el fundador de HazteOír Ignacio Arsuaga, que con la experiencia a sus espaldas viajaría a Buenos Aires para sumarse a la ofensiva. Desde allí llegó a afirmar: “Si nosotros participamos en esta batalla cultural y llegamos a las conciencias y corazones de la gente, la mayoría seguirá posicionándose a favor de la vida, la familia y las libertades”.

La escena no es una excepción. Así lo revela una nueva investigación impulsada por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, que analizó el papel de las fuerzas de extrema derecha españolas en la expansión de los discursos antiderechos en la agenda global. La conclusión es que España desempeña un rol clave a través de actores como HazteOír, el Opus Dei o Vox, que crearon redes y articularon “estrategias transnacionales” que terminaron impactando en América Latina o África, señala el estudio, que se presentará al público este jueves en Barcelona.

El informe, elaborado por un equipo de nueve investigadores capitaneado por la brasileña Sonia Corrêa, ilustra a través de los casos de cinco países –Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y Kenia– cómo la influencia española “contribuyó” en el exterior al crecimiento de la extrema derecha y al bloqueo de los derechos sexuales y reproductivos como el aborto. Los autores definen a España como “un nodo” que “exporta” discursos, ideas y tácticas con el objetivo de “dar la batalla cultural contra determinados consensos”, es decir, “hacer cada vez más aceptable la idea de que no solo algunos derechos son prescindibles, sino que deben ser revertidos”.

Con el tiempo, España se convirtió “en uno de los centros de origen y gestión” de algunos de los grupos que lideran esta ofensiva: HazteOír y su filial internacional CitizenGo, la Red Política de Valores (PNfV), Vox y el Opus Dei. El estudio analiza la actividad de estos cinco actores fuera de lass fronteras españolas y explica que, al mismo tiempo, España se posicionó como “un país anfitrión” del movimiento global de ultraderecha, tal y como demuestra la cumbre de PNfv celebrada en el Senado el pasado diciembre o la organizada en Madrid por los Patriotas europeos, con presencia de Santiago Abascal, el húngaro Viktor Orbán o Marine Le Pen.

Agitación y cumbres globales

Tanto HazteOír como CitizenGo, señalados en algunas investigaciones por su cercanía con la sociedad secreta El Yunque, actúan como “motores de movilización y agitación”, con campañas de presión o recogidas de firmas. Por su parte, el Opus Dei acumula una larga trayectoria de expansión territorial desde finales de los años 40, en pleno franquismo, gracias a una estrategia de “reclutamiento de élites” y difusión a través de la fundación de centros educativos y universidades. La PNfV, presentada en 2014 en Nueva York, fue creada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja como una plataforma transnacional, que reúne y convoca a los principales líderes de esta ofensiva.

La última pieza del rompecabezas español vino de la mano de Vox, que desde su irrupción “comenzó a invertir una importante dosis de energía en fortalecer las relaciones” con países de habla hispana. Lo hace fundamentalmente a través de su think tank, Disenso, al que la formación transfiere 2,5 millones de euros al año. En su consejo asesor hay figuras clave de la extrema derecha latinoamericana y en 2020 impulsó el Foro Madrid, una alianza internacional que popularizó el concepto de “Iberosfera” y celebró encuentros en Bogotá, Lima, Buenos Aires y Asunción que conectaron a Vox con políticos como el chileno José Antonio Kast o Javier Milei.

En Argentina, tras el desembarco de HazteOír llegaría el de CitizenGo tres años más tarde, que desde un principio “reforzó el campo conservador” a través de alianzas con grupos locales que abonaron el terreno para que en 2018, cuando el país comenzó a debatir la ley del aborto, la oposición ultra estuviera preparada. El estudio identifica este como un momento “catalizador” que “sentó las bases para el surgimiento de la ultraderecha” y señala fenómenos clave como la insistencia de HazteOír en “elevar” a nivel internacional a perfiles como el del politólogo Agustín Laje, que en una gira por España de la mano de Ignacio Arsuaga conoció a Abascal y que después estudiaría en la Universidad de Navarra, del Opus Dei.

Las conexiones se produjeron también en el entorno de la filial argentina de El Club de los Viernes, una plataforma española de extrema derecha que desde 2018 organizó charlas y eventos a los que asistieron figuras como el por entonces conocido como economista Milei, la actual vicepresidenta argentina Victoria Villarruel o el número dos de Vox, Javier Ortega Smith. Así, cuando Disenso pubicó su iniciativa Carta de Madrid, entre sus primeros firmantes figurarían Villarruel y el ex secretario de Culto del gobierno argentino Francisco Sánchez, que a su vez es miembro de la PNfV. Milei la firmó en 2021.

De Kast al ultraliberalismo guatemalteco

En Chile, tras un ciclo de avances legislativos y el estallido social de 2019, la investigación identifica una “restauración conservadora” explotada particularmente por José Antonio Kast, abanderado del legado de Augusto Pinochet y candidato a las elecciones de noviembre. También firmante de la Carta de Madrid, Kast logró “reforzar” su perfil como líder ultraderechista desde que llegó a la presidencia de la Red Política de Valores en 2022, apunta el estudio. El cargo lo ocupó hasta 2024, de hecho, su último gran acto público fue precisamente la cumbre del Senado, en la que reunió a líderes como Mayor Oreja, la eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa o Brian Brown y Sharon Slater, puntas de lanza de la cruzada antiaborto en EEUU.

El informe detalla también cómo la puerta de entrada de la extrema derecha española en Guatemala fue el ultraliberalismo económico “y sus vínculos con la élite empresarial”. Entre los actores clave destaca la Universidad Francisco Marroquín, un centro privado del que estos meses se habló mucho en España después de que la exmiembro del PP Noelia Nuñez falsificara su currículum y afirmara que era una de sus profesoras. La institución, con sede en Madrid, es “un semillero” de ideas ultraliberales y un “punto de convergencia crucial donde la oligarquía empresarial se fusiona con las élites católicas asociadas al Opus Dei”, esgrime el estudio, que apunta a que la fundación Disenso “utilizó” la universidad “como punto de apoyo para ampliar su influencia”.

A ello se suman las conexiones del think tank de Vox con el Movimiento Cívico Nacional, una organización clave en el panorama local conservador que en el pasado fue acusado de casos de corrupción, y la presencia de CitizenGO en el país desde 2021, donde lleva a cabo campañas con el aborto o los derechos LGTBI. El informe se detiene también en el caso de la familia Gutiérrez, una de las más ricas de Guatemala: uno de sus miembros, Dionisio Gutiérrez, es fundador de la Fundación Libertad y Desarrollo, que “comparte una postura similar” a la de Disenso y que tiene sede en Guatemala, Miami y Madrid. Además, organizó encuentros en la capital y en Oviedo durante seis ediciones, la última en mayo de este año.

Contra el aborto en El Salvador y el auge en África

En El Salvador de Bukele la penalización absoluta del aborto marcó el desarollo de las políticas antiderechos, especialmente potenciadas por una Iglesia Católica que desingó a un miembro del Opus Dei, Fernando Sáenz, como arzobispo de San Salvador hasta 2009. Además, dos casos emblemáticos de mujeres a las que se les negó un aborto y que fueron llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que terminó condenando a El Salvador– “movilizaron una red ultraconservadora global” en la que participaban actores españoles interviniendo directamente en los litigios.

El juez español Javier Borrego, exmiembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue perito del Estado salvadoreño y el exministro y fundador de la PNfV Mayor Oreja respaldó un escrito de apoyo legal al país en el caso de Beatriz, a la que se le negó un aborto embarazada de un bebé que no tenía posibilidades de sobrevivir. En la disputa legal también intervino directamente CitizenGo mediante campañas que acusaban a los jueces de la Corte de “ceder ante los lobbies abortistas” y una recogida de firmas que llevaba por título “Caso Beatriz: detén la imposición del aborto en Latinoamérica”.

El último país que analiza la investigación es Kenia, un caso que demuestra una “ambición geopolítica” ultraderechista en plena expansión. Según el informe, la extrema derecha española considera el país africano como “un nodo clave” y para ello “aprovecha” las hondas raíces que el Opus Dei echó en él incluso antes de su independencia. Además, CitizenGo utiliza Kenia como “centro de operaciones” en el continente africano desde 2018 y desde allí emprendió acciones para oponerse al aborto o la educación sexual. De hecho, junto al Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, cuyo director es miembro del Opus Dei, contribuyó al cierre temporal en el país de la ONG de derechos sexuales y reproductivos Marie Stopes.

Kenia tampoco pasó desapercibido para la Red Política de Valores, que lleva a cabo en el país un trabajo “discreto”, lo define la investigación, que busca entre otras cosas integrar a figuras clave del continente en sus cumbres internacionales. Pero su actividad sí fue muy visible en la reciente Conferencia Panafricana sobre Valores Familiares, celebrada en Nairobi el pasado mes de mayo y organizada por el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia. Sin embargo, varios ponentes pertenecían a la red, que el estudio sugiere que quizá esté ya “lo suficientemente envalentonada” para iniciar un nuevo ciclo: el de no depender de portavoces locales y desembarcar directamente.

— Yo solo quiero dar mi valoración como profesional independiente de lo que dice el pueblo, porque yo he venido aquí a entrevistar al pueblo.

— ¿Pero tú a qué te dedicas? ¿Eres creador de contenido?

— A esto. Entrevistas, actualidad...

— ¿Formas parte de los convocantes?

— ¡No, no! Yo tengo mi canal de YouTube, yo vivo de esto, de las visitas, y ya está.

— Pero con calma, ¿vale?

— Tienes mi palabra de que voy a ir con todo el respeto del mundo. De hecho, le voy a pedir a la gente que se calme porque quiero trasladar su voz.

— ¿Y cuál es su voz?

—Su voz es que hay gente que está muy harta de que la califiquen como ultraderecha y simplemente están hartos de la inseguridad perpetua que hay en Torre Pacheco (Murcia, España) debido a una inmigración que no se adapta a esta ciudad y a este país.

No es sencillo definir el fenómeno de los agitadores de la ultraderecha. Sin embargo, esta conversación entre Adrián de Oliveira, alias RescueYou (te rescato, en inglés), y una reportera de La Sexta, es paradigmática. El influencer revela su triple cara en una sola interacción: se viste de profesional independiente, para reconocer segundos después que el algoritmo es su patrón y que vive de alimentarlo. Por último, deja bien claro su mensaje ultra, que asciende a “la voz del pueblo” a pesar de que en la protesta donde la recogió había más policías y periodistas que manifestantes.

En el momento de la conversación apenas medio centenar de personas rodeaban a De Oliveira. Pero el influencer ultra era la conexión entre dos mundos: al otro lado de la pantalla, una multitud de 45.000 personas jaleaban sus comentarios racistas (“vienen de países donde hay mutilación genital femenina, donde hay matrimonio infantil, son culturas incompatibles”) y machistas (“ha visto que soy un tío importante y se está acercando. Se está relamiendo la hembra hacia el macho alfa”), recompensándolos con donaciones de dinero en directo.

Es una cámara de eco de la extrema derecha e influencers como De Oliveira son sus soldados sobre el terreno. Son su cámara y su micrófono, pero también su puño. Si la cosa decae no temen en dar un paso al frente y provocar el conflicto por su cuenta. Lo hacen habitualmente en el Congreso español, donde se dedican a reventar las ruedas de prensa de diputados de la izquierda. La última que De Oliveira consiguió suspender con sus gritos fue la Verónica Martínez, portavoz de Sumar, en junio.

Crisis como la de Torre Pacheco son el terreno más fértil para esta estrategia. La localidad murciana en España se ha convertido esta semana en el último laboratorio sobre cómo transformar conflictos locales en contenido viral, monetizando el miedo y la polarización social. Contra la izquierda, contra los periodistas, contra la inmigración.

En la primera línea de la protesta había una decena de influencers como De Oliveira. Muchos sí ejercieron el papel de convocantes, como Daniel Esteve, líder de Desokupa, que llevaba varios días haciendo declaraciones extremas. “Muy pronto estaremos en Torre Pacheco”, avisaba a través de YouTube: “Solo hay una puta solución. Patrullas de vecinos. Gente con cojones y en la mano, palos. ¡Palos!”, vociferaba. “Patrullas, palos y hospital. Esa es la combinación”.

Los influencers calentaron los ánimos agitando el odio en sus redes sociales y convocando una “manifestación masiva en contra de la inmigración irregular” y por la “seguridad de los vecinos”. Sin embargo, eran ellos y no los vecinos los que se turnaron durante la protesta para tener el rol de protagonista, pasándose el micrófono para dar mítines y gritar consignas. Todos necesitaban mostrar a sus seguidores que habían estado en la primera línea, aunque ninguno repitió los comentarios violentos que llevaban días vertiendo en redes.

Agitadores como Vito Quiles o Bertrand Ndongo protagonizaron incidentes desde por la mañana. Con todo, otro de los pinchazos de la manifestación fue que ni Quiles ni Esteve participaron. El líder de Desokupa y sus tres acompañantes abandonaron el pueblo cuando esta iba a comenzar, mientras que el joven lo hizo poco después.

Ante la prensa explicó que lo hacía voluntariamente, pero en sus redes afirmó que la Guardia Civil lo había obligado. “No nos podemos pasear por las calles de Murcia y Torre Pacheco para informar de lo que está pasando, pero Puigdemont se puede pasear tranquilamente por las calles de Barcelona con una orden de detención. ¿Pero qué España es esta?”, se quejaba.

El espectáculo para las redes continuó sin dos de sus máximos exponentes, con los influencers oscilando toda la jornada entre la retransmisión, la arenga y los ataques al Gobierno, a los inmigrantes y a los periodistas. “¿Y saben qué es lo mejor? ¡Que no me han tenido que pagar el sueldo, a diferencia de a estos!”, proclamaba De Oliveira sobre estos últimos en uno de los habituales momentos en los que giraba la cámara y convertía la retransmisión en un mitín, logrando el aplauso general.

Agitadores para los descreídos

Torre Pacheco ha sido un síntoma de un fenómeno global. Una profunda crisis de desconfianza que afecta tanto a los políticos como a los medios tradicionales. Según los datos del último informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, publicado este junio, el 56% de los españoles considera a los políticos como la principal fuente de desinformación, mientras que la confianza en los medios está en el 37%, un mínimo histórico.

Los datos son similares en la mayoría de países analizados. “Nuestros hallazgos apuntan a una caída continua en el consumo de medios tradicionales como la televisión, la prensa escrita y las webs de noticias, mientras crece la dependencia de las redes sociales, las plataformas de vídeo y los agregadores online”, apunta el Instituto.

“Estas tendencias parecen estar fomentando el crecimiento de un sector de medios alternativos centrado en la figura del creador, que a menudo se posiciona en oposición a los medios de comunicación tradicionales”, continúa el informe. “Aunque en la práctica muchas de sus caras más visibles provienen precisamente de esos medios”, avisa.

España siguió esa tendencia. Rostros como el de Daniel Esteve han pasado años apareciendo en determinados programas de televisión, familiarizándose con la audiencia. Lo mismo ocurrió con Javier Negre, uno de los pioneros en llevar el doble sombrero de comunicador y activista de la extrema derecha. Figuras que aprovecharon su exposición en medios tradicionales para saltar a las redes y empezar a monetizar el odio y la violencia dialéctica sin ningún obstáculo.

Es desde esa conexión directa con una audiencia que ya los vio en medios tradicionales desde donde despliegan su estrategia de las tres caras. Proponen su propia agenda informativa apoyada en un mensaje ultra potenciado por los algoritmos. “Buenos días, familia, estáis en Desokupa News, las noticias como son y no como las cuentan en el mierdón de la televisión”, dice Esteve en cada uno de sus informativos, con periodicidad casi diaria. Negre, por su parte, sigue dirigiendo EDATV, cantera de muchos de estos agitadores, como Vito Quiles.

Sus contenidos están diseñados para alimentar los algoritmos de recomendación, que premian la polarización, la indignación y el engagement emocional. Al producir vídeos casi a diario, con mensajes extremos y ataques constantes a gobiernos, minorías o medios tradicionales, logran que las plataformas los muestren constantemente a los usuarios. Una estrategia que no solo maximiza su visibilidad, sino que también se traduce en rentabilidad directa: monetización por visualizaciones, patrocinios ideológicamente afines, donaciones de suscriptores y venta de productos propios.

En la práctica, su modelo de negocio depende de mantener un nivel constante de crispación, que los algoritmos amplifican y recompensan. En muchas ocasiones, como en el caso del propio Esteve o los influencers ultras que tomaron la palabra en la manifestación de Torre Pacheco, la violencia que comparten para seducir al algoritmo no se repite en la vida real: es un conflicto producido, editado y consumido dentro del mismo circuito cerrado que lo alimenta.

Los bulos y las termitas

Lo que sí tiene una influencia directa en la vida real es la desinformación que comparten en momentos de crisis. “Creadores e influencers están, en algunos países, desempeñando un papel significativo en la configuración de los debates públicos”, avisa el informe del Instituto Reuters.

Durante la catástrofe de la DANA, figuras como Ángel Gaitán, Rubén Gisbert o Alvise Pérez convirtieron la tragedia en contenido viral. Recaudaron dinero, grabaron vídeos dramáticos, organizaron envíos de ayuda e inundaron las redes con bulos. Afirmaron que había cientos de cadáveres en el parking de Bonaire —lo que fue desmentido por los buzos—, acusaron a Cáritas y Cruz Roja de bloquear la ayuda, o difundieron que la ropa donada estaba siendo tirada por las autoridades. Una actuación que ellos monetizaron, pero que dificultó el trabajo de las autoridades.

El patrón se repite en otros países. Los disturbios xenófobos del Reino Unido de 2024 comenzaron tras la viralización de una noticia falsa que aseguraba que un inmigrante había asesinado a dos niñas en Southport, al sur del país. Tras varias noches de enfrentamientos entre policía y manifestantes antiinmigración, la Policía reveló que el principal sospechoso era un menor británico que ya había sido detenido, en un intento de calmar la tensión.

En Estados Unidos, la reciente oleada de incendios en Los Ángeles fue utilizada por figuras de la derecha radical para difundir noticias falsas que culpaban a políticas de diversidad e inclusión, desviando la atención del cambio climático. Desde Elon Musk o Alex Jones hasta influencers con comunidades más pequeñas, la narrativa se centró en responsabilizar a la primera jefa de bomberos abiertamente LGBTQ+ de la ciudad, acusándola de “anteponer la ideología a la seguridad”, mientras esparcían falsedades sobre recortes inexistentes, fondos desviados a Ucrania o migrantes culpables de recibir ayudas que supuestamente deberían ir a los afectados por los fuegos.

Noticias falsas que son combustible para el algoritmo y pegamento para sus cámaras de eco. Lo que comenzó como una estrategia para monetizar la desconfianza se ha convertido en una maquinaria capaz de transformar tensiones locales en crisis nacionales, conflictos vecinales en contenido viral y rumores en movilización social. La pregunta ya no es si estos agitadores influyen en la opinión pública, sino hasta qué punto están redefiniendo el espacio público.

En EEUU hay una red formada por decenas de fraternidades de extrema derecha, solo para hombres, con centenares de participantes, según sostienen sus propios miembros. Una investigación de The Guardian identificó a militares en activo y retirados dentro de esta red, así como abogados, empleados públicos y conocidos influencers antisemitas.

El Old Glory Club [Club del Antiguo Esplendor] está compuesto por un mínimo de 26 delegaciones en 20 estados del país. Hasta ahora había llamado poco la atención, pero es un ejemplo del crecimiento alarmante que en los últimos años registraron las formaciones políticas racistas, especialmente con el ascenso de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca.

El grupo se dedica a organizar conferencias y encuentros, entre otros eventos. Algunos de sus miembros clave, como el podcaster Pete Quinones, aprovechan sus plataformas en redes para difundir ideas de la extrema derecha sobre inmigrantes y judíos. Otros usan sus atalayas online para reaccionar ante acontecimientos políticos y proponer medidas, como la de crear un “seguro de cancelación” para miembros de la red que vean dificultada su vida profesional debido al extremismo de sus opiniones políticas.

“Grupos como el Old Glory Club son una nueva clase de organización extremista cuyo objetivo es construir una red social offline primero para después apoderarse de la sociedad”, explica Harry Shukman, investigador de la ONG británica 'Hope Not Hate' (Esperanza, no odio). Hace un mes, esta ONG antifascista publicó un reportaje sobre el grupo británico Basketweavers, afiliado al Old Glory Club. “Pretenden hacer más fácil participar en la extrema derecha y están demostrando ser atractivos para una cohorte de miembros mayoritariamente masculinos, algunos de los cuales nunca habían hecho ningún tipo de activismo antes”, añade.

Según Heidi Beirich, cofundadora y directora de estrategia en el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, el Old Glory Club “parece ser otra nueva gran red de racistas, de las tantas que están surgiendo en la era Trump”. El grupo está “impulsando ideologías violentas, incluido el odio racial y el antisemitismo, y tiene vínculos con personajes conocidos de la extrema derecha”, dice.

“El Estado te quiere muerto o trans”

El Old Glory Club (OGC) se constituyó con personalidad jurídica el 16 de junio de 2023, de acuerdo con sus registros en Virginia, pero la organización llevaba más de un año tomando forma a través de conferencias en el mundo real y comunicaciones por Internet.

El substack del Old Glory Club comenzó a publicarse en octubre de 2022, con una cuenta en la red social X iniciada el mismo mes. Según los agregadores de podcasts, los podcasts del Old Glory Club aparecieron como muy tarde en noviembre de 2022.

En ese momento, sin embargo, la organización parecía pensada como una forma de colaborar en la producción de contenidos. En un podcast de noviembre de 2022, el youtuber bajo el pseudónimo Charlemagne, personaje central del OGC, le dijo al podcaster de extrema derecha Auron Macintyre (quien se convirtió en una personalidad en la programación de Blase Media, fundada por Glenn Beck) que el Old Glory Club era “un grupo de caballeros estadounidenses que decidieron organizar un club social para publicar contenidos y tratar de encontrar un nuevo acuerdo político para los estadounidenses”.

También en octubre de 2022, el youtuber bajo el pseudónimo Prudentialist pidió donaciones para el Old Glory Club durante un podcast. “Algún día se utilizará para la ayuda mutua de nuestros amigos que son despedidos, víctimas del doxxing [revelación de su información personal en Internet], o afectados por desastres naturales y otros actos de Dios”, dijo sobre el dinero que se recaudase.

En abril de 2023, Prudentialist decía en los podcasts que el Old Glory Club formaba parte de una estrategia de la extrema derecha para “crear redes de patrocinio [y] apoyo político” con el objetivo de “mantener no solo cierta apariencia de poder, sino lo contrario de fragilidad frente a un Estado que te quiere arruinado, muerto o trans”.

Prudentialist añadió que el Old Glory Club ofrecería a sus miembros la oportunidad de “reunirse, de organizar conferencias y de apoyar en el futuro a personas como ese bombero de Virginia despedido solo por donar al fondo de defensa legal de Kyle Rittenhouse”, en una posible referencia a un reportaje de 2021 de The Guardian donde se publicó información filtrada de un sitio cristiano de crowdfunding con el nombre de las personas que habían donado al fondo para la defensa legal de Rittenhouse [conocido por disparar contra tres hombres, matando a dos de ellos, durante los disturbios de 2021 de Black Lives Matter en Wisconsin].

Otros miembros clave de OGC abogaron por una estrategia de descentralización de la extrema derecha para crear organizaciones que hagan activismo de forma duradera.

Ryan Turnipseed, miembro fundador y frecuente portavoz del Old Glory Club, lamentó en un discurso durante la conferencia de derechas Tennessee Scyldings (el discurso fue republicado el 10 de julio de 2022) que Francisco Franco “fracasase en garantizar su línea sucesoria” pese a la propaganda y las purgas. “Es una lección que debemos aprender”, dijo.

Turnipseed propuso una red descentralizada para “aprovechar los conocimientos y capacidades de estos grupos”. “Ya no tenemos que esperar a un César o a un Franco que 'una a la derecha' en una fuerza de combate eficaz; en vez de eso, podemos ser eficaces con lo que ya tenemos”, dijo.

Otros subrayaron la importancia de los encuentros en persona y se refirieron a iniciativas similares en el extranjero. En julio de 2022, el usuario con pseudónimo Red Hawk publicó en Substack que se abría la presentación de solicitudes para crear delegaciones locales. El requisito es que estuvieran integradas por al menos “cinco hombres estadounidenses mayores de 18 años” y cumplieran con la presentación de un informe trimestral sobre afiliados y finanzas. De acuerdo con ese post, y con los podcasts posteriores, tanto las delegaciones como el conjunto de la organización serían supervisadas por un comité central del Old Glory Club.

Los principales miembros de la organización fijaron cuatro conferencias anuales, las dos últimas bajo la bandera del Old Glory Club. Tras la última conferencia presencial del Old Glory Club en mayo, un informe interno decía que el número de miembros había crecido en el último año. El Old Glory Club cuenta ahora con “literalmente cientos” de miembros, decía. “Somos tan numerosos que ya superamos el punto en que el Comité Central puede conocer a todos, o incluso a la mayoría de los miembros individuales (…) En conjunto, creamos una organización muy eficaz”.

“Amenaza para la seguridad nacional”

Sigue sin saberse cuáles son los pseudónimos de internet bajo los que operan las personas identificadas en los registros de la organización madre y sus delegaciones. Pero esos registros sí sirvieron para saber que entre los miembros hay personajes influyentes de la extrema derecha, militares y policías estadounidenses, tanto retirados como en activo, funcionarios judiciales y proveedores del gobierno de EEUU con permisos de seguridad.

The Guardian se puso en contacto con todos los miembros mencionados para recabar sus comentarios.

Turnipseed es miembro fundador de Old Glory Club, la organización madre, suele escribir en su Substack, hablar en podcasts e intervino en conferencias de Old Glory Club y de Scyldings. En mayo de 2024 se convirtió durante un breve período en una causa de la extrema derecha online cuando la Primera Iglesia Luterana de Ponca, su ciudad natal en Oklahoma, lo excomulgó por una publicación de Twitter que se hizo viral en la que criticaba el nuevo catecismo de la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri por dar cabida a posturas políticas progresistas.

En febrero de 2023, unos investigadores antifascistas identificaron a Turnipseed entre los miembros de una creciente “facción supremacista blanca dentro de la fe luterana”. Ese mismo mes, el presidente de la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri pidió la excomunión de los que “propagan opiniones radicales y anticristianas de la ‘derecha alternativa’”. Poco después de la excomunión de Turnipseed, la iglesia luterana Immanuel de Wichita, en Kansas, desafió el veto y aceptó a Turnipseed entre sus fieles.

Otros miembros del Old Glory Club también tienen conexiones con el amplio mundo de la política de derecha. En los registros de constitución de Yellow Dog Pack, una delegación del Old Glory Club en Florida, figura Matthew Pearson, de Tampa Bay (en Florida). Pearson contribuye de manera regular al American Reformer y a Truthscript, dos publicaciones del nacionalismo cristiano donde ha escrito elogiando las teorías sociales del jurista nazi Carl Schmitt y hablando bien de un libro que pide a los cristianos ser antigays.

Otros miembros están relacionados con las fuerzas armadas y los proveedores del Pentágono. Uno de ellos es Evan Dale Schalow (25), vecino de Midlothian, en el estado de Virginia. En los registros aparece como miembro fundador del Old Glory Club. De acuerdo con su biografía en la red social Linkedin, es ingeniero de construcción horizontal en la Guardia Nacional de Virginia desde 2022. Antes de eso, fue cadete desde 2020 en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés), a la vez que estudiaba en la Universidad de Longwood. En Linkedin también afirma tener el permiso para acceder a información clasificada del Gobierno de EEUU.

The Guardian se puso en contacto con la Guardia Nacional de Virginia para confirmar la pertenencia de Schalow, pero no recibió respuesta.

Otro miembro vinculado con las fuerzas armadas es Harvey Pretlow Rawls III, miembro fundador del Old Glory Club y de su delegación Vetus Dominicum Club, según los registros. En su página de Linkedin se dice que Rawls es ingeniero de sistemas de la empresa HII, el principal astillero militar de Estados Unidos. En la red social también se dice que tiene el segundo nivel de autorizaciones de seguridad que concede el gobierno de EEUU, cuya investigación previa puede llevar hasta un año.

The Guardian pidió a HII que informara sobre las funciones de Pretlow Rawls III en la empresa.

Michael R. Gibbs, de Phenix City (en el estado de Alabama), es la única persona en la solicitud inicial de creación de Magnolia League, la delegación en Alabama del Old Glory Club. Según su página de Linkedin, Gibbs se desempeñó como sargento del cuerpo de marines de Estados Unidos entre 2008 y 2013, y como ayudante en la oficina del sheriff del condado de Muscogee entre 2014 y 2016. Ahora es responsable de compras en la empresa de armas de fuego Remington.

Dos miembros de la Sociedad Tippecanoe, la delegación en Indiana del Old Glory Club, son abogados con experiencia en empleos públicos. Uno de ellos es Kyle Lindskog, que según su perfil en Linkedin es de la ciudad de Zionsville y trabaja como abogado independiente. Entre 2015 y 2018 fue abogado de la ciudad de San Petersburgo, en el estado de Florida. Paul Scott Lunsford Jr, de la ciudad de Carmel, es el otro: entre 2006 y 2010 fue oficial de operaciones en la marina estadounidense y ahora trabaja como abogado en temas de propiedad intelectual dentro del bufete fundado por él.

“Es un motivo particular de alarma y francamente estremecedor que los miembros del Old Glory Club incluyan a gente que está o estuvo en el ejército, en el cuerpo de policía y en otros puestos gubernamentales por el estilo”, dice Heidi Beirich, del Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo. “En última instancia, esto puede significar una amenaza para la seguridad nacional justo en el momento en que la Administración Trump está terminando con el intento de erradicar a los extremistas del ejército y contratando a racistas, antisemitas y creyentes en [la teoría de la conspiración] QAnon para dotar de personal al Gobierno”.

“Si los dejás entrar, tenés que sofocarlos”

El substack del Old Glory Club refleja las preocupaciones generalizadas de sus miembros: una combinación de políticas racistas con otras causas de la extrema derecha. Hay alegatos en favor de la vuelta de los símbolos confederados y de la causa confederada [la que defendía la esclavitud y perdió la guerra de secesión en el siglo XIX], así como una conversación elogiosa en torno a Africa Addio, un documental de 1967 sobre el África poscolonial calificado por el crítico de cine Roger Ebert como “brutal, deshonesto y racista”.

Los responsables de la publicación sostienen que los cristianos evangélicos blancos son la “minoría más odiada” de Occidente y reproducen un discurso de Dave Greene caracterizando a la “ley talmúdica judía” como “un intento de engañar a Dios”. También dicen que ellos y la “comunidad judía” están “en los extremos opuestos de la lucha de esta era”.

Aun así, el substack del Old Glory Club parece más aceptable que las crudas opiniones políticas vertidas por sus miembros clave en otros lugares. Peter R. Quinones, autodenominado “miembro fundador” y directivo del Old Glory Club según sus registros de constitución, es uno de estos miembros, con gran influencia sobre la extrema derecha. Lleva emitiendo un podcast de manera regular desde 2017. Primero bajo el título Free Man Over the Wall; y luego con su nombre actual: The Pete Quinones Show.

Su substack sobre política estadounidense figura en el puesto número 78 dentro del género (datos de substack), y su podcast, en el número 142 (datos del portal de seguimiento de podcasts Rephonic), a la par de los programas de Kaitlin Collins y Andrew Sullivan, en la CNN; y por delante de los podcasts de Jim Acosta y de Candace Owens.

En todo este tiempo generó cientos de horas de contenido racista y antisemita, llegando a decir a sus oyentes que tomaran medidas directas contra sus vecinos judíos y no blancos.

El mes pasado emitió un podcast en respuesta a los ataques de EEUU contra Irán, atribuyéndolos por completo a la influencia malvada de Israel. Pedía a sus oyentes que boicotearan a las empresas propiedad de judíos y lanzaba indirectas contra las personas con origen en la India.

“Son los judíos, no se puede vivir con ellos, no se los puede dejar entrar; si los dejás entrar, los tenés que sofocar, pero es mejor no dejarlos entrar”, dijo. “No hagas negocios con ellos, hacé todos los negocios que puedas con estadounidenses de siempre”.

Según el analista de derechas Mike Coté, la llamada nueva derecha usa la frase “estadounidenses de siempre” para referirse a “la población étnica de Estados Unidos de antes de 1940, con un fuerte énfasis en los europeos angloprotestantes”, algo que Coté considera un tipo de “nacionalismo ‘de sangre y suelo’ de influencia europea [en referencia al ‘blut und boden’ del nazismo, donde el ideal nacional se cumple con la herencia genética y el lugar de residencia]”, y contrario por tanto al “credo” que unía antes al nacionalismo estadounidense.

“No hagas negocios con indios [en referencia a las personas con origen en la India]”, dijo Quinones en el mismo podcast. “Tenemos una aplicación, la están haciendo algunos de los chicos del Alabama Old Glory Club, para mostrar qué gasolineras y hoteles de aquí no son propiedad de indios”.

Quinones animó más tarde a sus oyentes a “crear una aplicación para su área local que muestre dónde hay [negocios] propiedad de estadounidenses de siempre, o al menos que no sean propiedad de indios”. “Puede que quieras incluir a otro grupo en ella”, dijo.

En podcasts recientes, Quinones expuso algunas de las elaboradas teorías antisemitas de la conspiración que divulgan los grupos supremacistas blancos. En uno de ellos, Quinones decía estar preocupado por persecuciones contra miembros de la extrema derecha por sus creencias sobre los judíos. “Se empieza a perseguir a la gente que comienza a plantearse la cuestión judía”, dijo.

La “cuestión judía” es un encuadre antisemita en tanto en cuanto da por supuesto que la presencia de personas judías en la sociedad es un problema que requiere “solución”. Se usó históricamente para justificar la persecución y el genocidio, también en la Alemania nazi.

Quinones colabora desde 2022 en la creación de contenidos para la red Old Glory Club, promocionándolos en su programa. Tras las elecciones de noviembre, Quinones replicó el insulto racial que emplean los nacionalistas blancos para referirse a los votantes negros durante una retransmisión en directo del Old Glory Club. “El simio callejero estadounidense no tiene remedio”, dijo. Un mes después utilizó el mismo insulto en respuesta a un video subido por un adolescente negro.

“El Old Glory Club y sus filiales, como Basketweavers, pueden afirmar que proporcionan un sentido de comunidad, pero lo cierto es que ocultan un objetivo mucho más siniestro”, dice Harry Shukman, de Hope Not Hate. “Hemos visto a los líderes de estos grupos siendo despiadados y degradando a los miembros de menor rango, especialmente a los jóvenes con dificultades de adaptación”, explica. “Los dirigentes del Old Glory Club también tienen en su historial declaraciones profundamente racistas y afiliaciones a conocidos activistas de extrema derecha”.

Traducción de Francisco de Zárate

Es una especie de cronista de Indias. Aquellos hombres que en el siglo XV y XVI relataban la conquista de América por parte de los españoles y dejaron para siempre un testimonio de cómo fue el desembarco en el Nuevo Mundo. Algunos, como Bartolomé de las Casas, han pasado a la historia por ser uno de los primeros defensores de los amerindios, los habitantes nativos de unas tierras que terminaron expoliadas y los miembros de unas civilizaciones que resultaron arrasadas.

Ketanji Brown Jackson (Washington DC, 1970) es una especie de cronista de Indias porque con sus votos particulares está dejando para la posteridad la crónica de la conquista del Tribunal Supremo y de esta América por parte de Donald Trump, y sus consecuencias para los habitantes de este Nuevo Mundo que es Estados Unidos en 2025. En el siglo XV y XVI los españoles usaron unas armas distintas a las que está usando Trump, pero igual que había testigos entonces que dejaron valiosos testimonios, la jueza Brown Jackson, la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de EE.UU., está convirtiéndose en testigo de primera mano de la conquista trumpista; si Bartolomé de las Casas escribió en su día una Historia general de las Indias (1552), con los escritos de la jueza Brown Jackson se podrá narrar la historia general del trumpismo.

En un acto este jueves en el colegio de abogados en Indiana, la jueza reconoció que uno de sus objetivos es llamar la atención sobre lo que está sucediendo en EE.UU, y cuando un juez federal le preguntó qué le quitaba el sueño, la jueza Jackson hizo una pausa y luego dijo: “Diría que el estado de nuestra democracia”. Y añadió: “Estoy de verdad muy interesada en que la gente se concentre, invierta tiempo y preste atención a lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro gobierno”.

Ketanji Brown Jackson, progresista, es jueza del Supremo desde abril de 2022, cuando fue nombrada por Joe Biden. Y en su discurso de toma de posesión explicaba de dónde venía su nombre, rasgo distintivo fundamental de la jueza: “Cuando nací aquí en Washington, mis padres eran maestros de escuela pública y, para expresar orgullo por su herencia y esperanza en el futuro, me pusieron un nombre africano: 'Ketanji Onyika', que, según les dijeron, significa 'hermosa”.

Recurrir a un nombre africano en 1970 en EE.UU. es una declaración de intenciones, un hilo que se teje para conectarse con unas raíces colectivas.

“Mi esperanza es que las pruebas y los triunfos de mi trayectoria como hija, hermana, esposa, madre, litigante y amiga sirvan de testimonio para las jóvenes, las personas de color y las personas que luchan por todo el mundo, especialmente para quienes albergan ambiciones y creen con firmeza en la posibilidad de alcanzarlas”, escribe Ketanji Brown Jackson, en Hermosa: Memorias: “Quiero animar a estas soñadoras audaces a no dejarse desanimar por la adversidad, porque la vida siempre presentará desafíos. Debemos permitir que nos enseñen y fortalezcan, y que nos ayuden a desarrollar confianza en nuestra capacidad para encontrar el camino. Al final, debemos confiar en el camino que elijamos, ancladas en un firme sentido de nuestro potencial, inspiradas por las personas que nos rodean y fortalecidas por nuestra voluntad de perseverar”.

Y eso es lo que está haciendo Ketanji Brown Jackson en su asiento en el Tribunal Supremo de EE.UU ante la súper mayoría conservadora (6 a 3): dejar un testimonio indeleble. Según decía The New York Times, la jueza Ketanji Brown Jackson redactó solo cinco opiniones mayoritarias durante el periodo del Supremo que finalizó a finales de junio, la menor cantidad entre los miembros de la corte. Y de acuerdo con The Washington Post, escribió más opiniones discrepantes este periodo de sesiones –van desde el primer lunes de octubre hasta finales de junio o principios de julio– que cualquier otro juez. En total, redactó 24 opiniones. Jackson también superó con creces a sus colegas en el número de palabras que ha pronunciado durante los argumentos orales: ha pronunciado más de 79.000; Sonia Sotomayor, su colega progresista, queda en un segundo lugar, con 53.000.

Esta semana, el Tribunal Supremo allanó el camino para los despidos masivos en la Administración Trump de funcionarios. Y, en su voto particular negativo, la jueza Brown Jackson escribía: “Este caso trata sobre si dicha medida constituye una reforma estructural que usurpa las prerrogativas del Congreso en materia de formulación de políticas, y es difícil imaginar una decisión significativa sobre esta cuestión una vez que se hayan producido dichos cambios. Sin embargo, por alguna razón, este Tribunal considera oportuno intervenir ahora y dar rienda suelta a la bola de demolición del presidente. En mi opinión, esta decisión no solo es muy desafortunada, sino también arrogante e insensata. [...] Mantendría intacta la protección de la relación histórica entre el Congreso y el presidente, evitando daños irreparables a los demandantes y al público, mientras que el Poder Judicial realiza la labor crucial de evaluar este ejercicio de poder”.

Y critica “el entusiasmo demostrado por este Tribunal Supremo al dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente alegando en una situación de emergencia”.

A raíz de este fallo, Marco Rubio ha empezado ya con los despidos masivos en el Departamento de Estado, que pueden afectar a más del 15% del organismo.

En otro caso reciente, el de las deportaciones a Sudán del Sur de migrantes que son de cualquier otro lugar, la jueza Jackson, junto con Sonia Sotomayor, escribieron: “La orden de hoy no solo justifica (una vez más) el desprecio manifiesto del Gobierno por el Poder Judicial, sino que también deja al Tribunal de Distrito sin ninguna orientación sobre cómo proceder. El fallo de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero la Administración Trump tiene al Tribunal Supremo a su disposición”.

Ketanji Brown Jackson también denunció en mayo lo que ella calificó como el “elefante en la habitación”, es decir, los “ataques implacables” contra los jueces propagados por la Administración Trump cada vez que un fallo no le conviene, y un ambiente de acoso que, en última instancia, “corre el riesgo de socavar la Constitución y el estado de derecho”.

“En todo el país, los jueces se enfrentan a un aumento de amenazas no solo de violencia física, sino también de represalias profesionales simplemente por hacer su trabajo”, declaró la jueza Jackson en una conferencia para jueces celebrada en Puerto Rico. “Y los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta importante función”.

En un caso clave fallado el pasado 27 de junio, el Supremo se alineó con Trump para quitarle a los tribunales inferiores competencias para bloquear la agenda ultra del presidente de EE.UU. Una decisión sin precedentes que respondió Jackson en su opinión disidente: “Un sistema político regulado por la ley significa que todos están sujetos a ella, sin excepción. Y para que esto suceda, los tribunales deben tener la facultad de ordenar a todos (incluido el Ejecutivo) que cumplan la ley, y punto. Concluir lo contrario es respaldar la creación de una zona sin ley, donde el Ejecutivo tiene la prerrogativa de aplicar la ley a su antojo, y donde individuos que de otro modo tendrían derecho a la protección de la ley quedan sujetos a sus caprichos”.

A finales de mayo, se produjo otro fallo polémico sobre la revocación de permisos humanitarios de residencia para medio millón de personas, provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. “El Tribunal Supremo determinó que la balanza de equidad favorece al Gobierno”, escribía Jackson con Sotomayor, “y, perece que es de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales resuelvan sus reclamaciones legales”.

La decisión del Supremo abría la puerta para que la administración Trump elimine las protecciones legales temporales para cientos de miles de inmigrantes, lo que eleva a casi un millón el número total de personas que podrían quedar expuestas a la deportación, teniendo en cuenta que hace dos semanas se produjo un fallo parecido que deja en el aire a 350.000 personas de Venezuela.

Ketanji Brown Jackson lleva meses criticando abiertamente las opiniones de sus colegas conservadores en sus escritos en el Supremo, dejando a un lado el lenguaje leguleyo típico de los fallos judiciales para introducir argumentos apasionados para denunciar el trato de favor del más alto tribunal de EEUU con el presidente de EEUU.

Es la jueza que denuncia desde dentro los abusos del Supremo para avalar la agenda ultra de Trump.