El Presidente Javier Milei cerró el Foro Económico del NOA (Fenoa) que se realizó este jueves en San Miguel de Tucumán y, antes de viajar a Hungría, criticó la gestión de Alberto Fernández. Además, como es costumbre en cada participación suya en encuentros que reúnen a la ultraderecha, apuntó contra los socialistas y se refirió a quienes “empiezan a clamar por la distribución del ingreso” como “un grupo de envidiosos hijos de re mil puta”.

“Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual”, exclamó acerca de los precios mayoristas.

Además, Milei cuestionó a “los cavernícolas”, “a los mandriles” y a los keynesianos por fomentar el consumo. “Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico”, aseguró. Y añadió: “Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI”.

Por otro lado, el Presidente afirmó que “su administración trabaja intensamente para que el 2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno”.

Sobre Adam Smith, destacó la idea de la “noción de moral como política de Estado” tomada por su Gobierno y reconoció que el escritor “tiene un impacto directo” bajo el cual “nosotros tomamos decisiones”.

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo el jefe de Estado en el Hotel Hilton Garden Inn, lugar en el que se llevó a cabo el evento. Además de elogios al pensador del siglo XVIII, dijo que la inteligencia artificial será clave para el desarrollo.

“Smith era un fanático intenso de Newton. Primero pensaba en los datos y le encantaban los números”, comentó el Presidente en su alocución, con ejemplos concretos de su producción literaria.

También mencionó que, desde su visión, en un trabajo con el exjefe de asesores Demian Reidel, hay distintos equilibrios en la economía pero que siempre se pondera el trabajo. Y dijo que la película “Homo Argentum” trata sobre el empleo. “El que la hizo la vio”, señalando una escena particular del filme. 

Bajo el lema “La hora de las provincias”, el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad según la agenda previa fue “el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial”. Además, se buscó “analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible”.

El panel de disertantes fue extenso. Estuvo compuesto por la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y actual referente de La Libertad Avanza en la provincia Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios.

La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local. Por ese motivo, y con agenda apretada por su viaje a Hungría que fue en la msiam noche de este jueves, el economista decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre “El Tour de la Gratitud”. Sólo se acercó a quienes lo esperaban frente al hotel y estrechó sus manos.

Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región experimentó un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

Perú

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

Colombia

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El Tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

Brasil

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

Ecuador

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

Costa Rica

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

Honduras

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

Eran exactamente las 4.58 de la madrugada cuando la agencia de noticias Europa Press enviaba un teletipo con nueve palabras que significaban solo una cosa: “franco ha muerto. franco ha muerto. franco ha muerto”. La misma frase repetida por triplicado llegó a todas las redacciones antes de que la dictadura pudiera controlar el tiempo entre el fallecimiento real de Franco y la comunicación oficial. Mientras en las emisoras se escuchaba música clásica, la primicia esquivaba el meticuloso plan que había preparado el régimen para uno de los momentos más críticos de la historia de España. El certificado de defunción del dictador hizo constar las 5.25 como la hora del deceso.

Pasaron 50 años de aquel 20 de noviembre de 1975 en el que España comenzó a asomarse al final del franquismo. Medio siglo en el que las políticas de memoria y la condena de la dictadura conviven con los mitos que la propaganda del régimen edificó sobre sí mismo, un franquismo sociológico que no desapareció y el auge de un discurso que reivindica su legado y se coló en el Congreso, los medios y las redes sociales.

“Franco no es pasado, es presente, porque a través de la memoria del franquismo se está alimentando la geografía política actual”, introduce el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona Andreu Mayayo, que apunta a cómo España llega al 50 aniversario de la muerte de Franco con “un problema de fondo” que tiene que ver con la falta de “relato compartido que tenga claro que la dictadura fue una dictadura y que nuestra democracia no puede ser hija de ella”.

Es un marco político arrastrado desde el final del franquismo, con un Partido Popular –heredero de la antigua Alianza Popular, liderada por funcionarios del régimen– que se resistió históricamente a condenarlo sin ambages. A ello se sumó el auge de la extrema derecha en los últimos años, altavoz de un revisionismo histórico que niega el golpe de Estado de 1936 y que es reivindicado por sus líderes. Vox es el partido que celebra en el Congreso que los jóvenes “están descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”, el que felicita el Día de la Victoria al más puro estilo franquista y el que califica al Gobierno de Pedro Sánchez como “el peor” de “los últimos 80 años”. Y el PP es la formación que pacta con la extrema derecha para plasmar el relato negacionista en la derogación de leyes autonómicas de memoria.

La calle no es ajena a esta ola. Aunque más de la mitad de la población (un 65%) valora de forma negativa la dictadura franquista, un 21% considera que fueron años “buenos” o “muy buenos”, según el barómetro del CIS del pasado octubre. Las respuestas varían de forma drástica en función del voto: en el electorado de Vox y el PP son más quienes piensan esto que quienes aseguran que fueron años “malos” o “muy malos”. Hasta un 62% en el caso de Vox y un 42% entre los populares estiman buena la dictadura. La cifra cae en picado entre los votantes del PSOE (7%) y Sumar (2%).

La percepción cambió en los últimos años. Aunque es difícil comparar datos debido a la diferencia de series, la última vez que el CIS preguntó por Franco a los españoles fue en el año 2000 y entonces un 10% de la población afirmó que fue la suya una etapa positiva, 11 puntos menos que a día de hoy. Al mismo tiempo, eran menos que ahora quienes sostenían que fueron años negativos mientras que casi la mitad consideraban que fue una época que tuvo “cosas buenas y malas”.

No solo pasado

La politóloga Anna López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, se resiste a hablar de retroceso “en sentido estricto” y afirma que el fenómeno “es el resultado de varios procesos que convergen al mismo tiempo”. Por un lado, “existe una reacción organizada ante los avances” de los últimos años en este tema –desde la exhumación de Franco de Cuelgamuros a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática– y, por otro, asistimos a una “normalización del revisionismo” de la dictadura que hace dos décadas no ocupaba el centro. “Entonces resultaba socialmente incómodo elogiar el franquismo y ahora ya no, es un discurso que ha pasado de los márgenes al mainstream”, añade.

La experta pone el foco en “la ofensiva política y cultural de la extrema derecha” desde la que “se difunden relatos” que presentan la dictadura “como una supuesta solución a los problemas que la democracia no resuelve” y como un periodo que representa el “orden o estabilidad” supuestamente deseables. Es decir, no es solo una mirada al pasado, sino un recurso que conecta con algunas personas, resume la politóloga: “No asistimos simplemente a una deriva nostálgica. La diferencia es que ahora el franquismo no solo se reivindica como franquismo, sino como símbolo de una agenda política actual. No es solo pasado: se utiliza para legitimar el presente”.

Por eso, en ese 20% de población que ensalzan los años del régimen los expertos engloban a perfiles que van más allá de los franquistas tradicionales que no han dejado nunca de serlo y que se manifiestan cada 20N para reivindicar a Franco. A ello se suman también “ciudadanos descontentos” que “idealizan el pasado”, votantes “movilizados por discursos” anti Pedro Sánchez entre los que el franquismo es más “un arma cultural que un análisis histórico” y, por último, jóvenes que no vivieron la dictadura pero la elogian.

De hecho, el 19% de quienes tienen entre 18 y 24 años respondieron al CIS hace un mes que fueron años “buenos” o “muy buenos”. Es la franja de edad en la que más gente comparte esta opinión por debajo de los 44 años. A partir de ahí, los porcentajes se van superando hasta alcanzar el 25,8% de entre los más mayores. Es decir, una de cada cuatro personas que tienen 75 años o más valora positivamente la dictadura. Con todo, junto a la adhesión política y la edad, la variable género es determinante: son los hombres los que despuntan en la opinión favorable al franquismo: un 28% de ellos así lo afirma. Entre las mujeres el porcentaje es del 16%.

López Ortega ahonda en los factores que explican que una parte de la generación que nació ya con el matrimonio igualitario o el aborto libre aprobados responda favorablemente cuando se le pregunta por la dictadura. En la práctica, lo que existe es un discurso que se filtra en redes sociales y en los parlamentos que “puede llegar a conectar” con los malestares juveniles, con la sensación de crisis o la escasez de expectativas ante el futuro, resume la experta. “Los contenidos que presentan el franquismo como un periodo sin caos ni inseguridad ofrecen respuestas rápidas a frustraciones reales. No es que los jóvenes se estén volviendo franquistas en sentido estricto, sino que se ha erosionado la idea de que la dictadura fue inaceptable por definición y estos relatos buscan canalizar por ahí los malestares actuales”.

El fenómeno no es exclusivo de la población joven y, de hecho, conecta con otro dato reciente del CIS que demuestra el momento de “creciente pulsión autoritaria” que vive la sociedad española, en palabras del director de investigación de opinión pública de Ipsos España, Paco Camas. Aunque una inmensa mayoría de la población considera el sistema democrático como el preferible (un 81%), la gráfica dibuja un ligero descenso de esta opción desde 2017 y una escalada de quienes apuestan por un gobierno autoritario “en algunas circunstancias”, que ha subido tres puntos, hasta el 8%.

Camas explica lo que hay tras las cifras: “El descontento de la crisis de 2008 se canalizó por la izquierda, pero ahora mismo está virando hacia la derecha y la ultraderecha. Cuando hay una situación de pesimismo fuerte, el repliegue de la sociedad es hacia la seguridad, el orden y mirar hacia atrás. En el momento en que tienes un partido que defiende estos posicionamientos, como Vox, el relato tiene recorrido porque tienes una población dispuesta a escuchar”.

Es ahí donde la memoria franquista y el clásico 'con Franco se vivía mejor' está cumpliendo su papel, según las voces expertas. Andreu Mayayo pone el foco en la visión sesgada transmitida sobre la dictadura, que tiende a hacer hincapié en el desarrollismo de las dos últimas décadas a pesar de la represión, la falta de libertades y las falsas creencias sobre esta etapa. “Hasta ahora, en la Universidad teníamos más fácil explicar el paso a la democracia porque partías de la premisa de que la dictadura era un lugar oscuro y la democracia el sol del futuro, pero ahora hay mucha gente que cree que no le está solucionando los problemas y es donde entra esto de 'vale, fue una dictadura, pero Franco nos dio pan, trabajo... Igual no estábamos tan mal'”, reflexiona.

El caldo de cultivo

La historiadora Carme Molinero identifica como el caldo de cultivo perfecto una “banalización en auge” de lo que supuso la dictadura y un resurgimiento de los mitos que nunca llegaron a irse. Entre ellos, destacan los económicos o los que tienen que ver con la política hidráulica, de vivienda o la llegada de la Seguridad Social, cuestiones sobre las que “el régimen franquista hizo una memoria muy activa durante toda su existencia”. “Una parte del discurso de legitimación estuvo vinculado al crecimiento económico como si hubiera sido provocado por el régimen, cuando lo que hizo fue no obstaculizar una tendencia al alza que se daba en todo el mundo. Más de la mitad del franquismo fue una época de miseria y retroceso respecto a la situación antes de la Guerra Civil”.

Pero, además, los historiadores llevan años demostrando lo que supuso el régimen en términos de derechos, libertades y represión, cárcel, muerte y exilio. Aún hoy, miles de personas buscan a sus familiares desaparecidos enterrados en fosas comunes. Son realidades que las tesis ultras pasan por alto o tergiversan y que en los centros educativos no se explican en profundidad, según varios estudios recientes. Algo que impacta directamente en cómo la juventud mira el pasado y que se suma a “la distancia” con la que lo percibe. “No han experimentado la ausencia real de derechos y libertades, incluida la de expresión, por lo que el franquismo se dibuja como un episodio remoto, casi abstracto, sobre el que resulta más fácil construir mitologías”, analiza López Ortega.

Mercedes Yusta, profesora de Historia Contemporánea de España en la Universidad París 8, identifica un “fallo en la transmisión a la sociedad” de lo que implicó la dictadura, que empezó a ponerse en primer plano con la llegada del movimiento por la recuperación de la memoria histórica y la primera ley de 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “La idea de que con Franco no se vivía tan mal no desapareció, esta concepción de que sí, en España hubo una dictadura, pero la gente vivía medio normal... Incluso gente no adherida a la dictadura franquista no ponía en cuestión este marco porque hay que tener en cuenta que duró 40 años. Varias generaciones de españoles se educaron en ella. Esto empieza a ponerse en cuestión en los 2000”, resume.

Al mismo tiempo, se va consolidando un movimiento revisionista “potente”, en el que el escritor Pío Moa, que publicó decenas de libros, es punta de lanza. Entre sus afirmaciones, que el franquismo fue “una necesidad histórica” o que los partidos de izquierda fueron los que “ocasionaron” la Guerra Civil. “Ahora este discurso es el que está desplazando a las voces de las víctimas y que está teniendo un mayor altavoz al menos que hace unos años, en 2010, 2015”, sostiene Yusta, que resume la situación actual en una suma de factores que tienen que ver con “la llegada tardía” de las políticas de memoria, un contexto global “de auge ultra” y un discurso antifascista “que ha sido frágil”.

En parte, porque en España la derecha del Partido Popular optó en las últimas décadas por no confrontar sin tapujos el legado franquista. El expresidente José María Aznar llegó a publicitar a Pío Moa, Mariano Rajoy dedicó cero euros a la memoria histórica y no son poco frecuentes las declaraciones de líderes conservadores llamando a “no reabrir heridas” o acusando a la izquierda de pensar “en la guerra del abuelo” y las fosas “de no sé quién”, como dijo Pablo Casado en 2018. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hace unos meses que “a la larga” la dictadura fue mejor que la II República.

Carme Molinero califica estas posiciones de “elemento fundamental”: Alianza Popular “nació reivindicando el franquismo” y después, una vez la memoria se convirtió “en elemento vivo de la vida política”, pasó a defender la postura del rechazo y la no condena de la dictadura. “Hay diferencias entre familias, pero el PP lo que prefiere es que no se hable de esta cuestión”, esgrime la historiadora, que recuerda que “a lo máximo” que ha llegado la formación es a apoyar una iniciativa en el Congreso en 2002 que condenaba “el totalitarismo” y reclamaba “reconocimiento moral” para las víctimas de la guerra y el franquismo, así como “apoyo institucional”.

López Ortega sostiene que esta “ambigüedad” ha acabado dejando “un vacío” que la extrema derecha “ha aprovechado para instalar su visión” y reivindica “un consenso democrático claro” sobre la dictadura. De esta forma cree que habría menos posibilidades de que haya quienes recurran al pasado oscuro para hablar de “orden, unidad y prosperidad” y sean más quienes recurran a él para aprender de lo que fue: una dictadura totalitaria en manos de un hombre que, pocos días después de dar el golpe de Estado de 1936, afirmó estar dispuesto a matar a media España en nombre de su supuesta salvación.

Gráficos de Ainhoa Díez

Una fila de cadáveres sobre el asfalto, frente a una guardería pública, colocados unos junto a otros en una sucesión que parece interminable, que se pierde en el punto de fuga de la foto. La imagen del megaoperativo policial de esta semana en Río de Janeiro es la de los muertos recuperados y trasladados por sus propios familiares a esa especie de fosa común callejera. Una imagen que cristaliza la idea que la ultraderecha intenta instalar como nueva norma: la seguridad como derecho justifica incluso saltarse otros, en concreto, los derechos humanos. 

El gobernador bolsonarista Claudio Castro aseguró que la operación policial –que tenía como objetivo un centenar de detenciones en dos favelas– fue un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña, con más de 130 muertos. “Exceptuando la vida de los (cuatro) policías fallecidos, el resto fue un éxito”, afirmó Castro, que aseguró que si hay “errores en la clasificación” de los asesinados, serán “residuales”.

Esta misma semana, Estados Unidos perpetró otro ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, matando a cuatro personas. Es el último de los bombardeos contra pequeñas embarcaciones que, sostiene el Gobierno de Donald Trump sin aportar ninguna prueba, transportan droga para supuestas organizaciones criminales. Este tipo de operaciones realizadas en jurisdicción de otros países, como Venezuela o Colombia y sin orden judicial, dejaron ya más de 60 muertos. 

Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona. Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica

Sonia Andolz — Universidad de Barcelona

También esta semana, el presidente de El Salvador Nayib Bukele celebraba en sus redes que un periódico húngaro convirtiera su apellido en verbo. The European Conservative, un medio en inglés alineado con el líder ultra Viktor Orban, hablaba de bukelear como “solucionar un problema que los liberales consideran ‘demasiado complicado’, simplemente ignorando sus excusas prolijas y haciendo lo obvio”.

Excusas prolijas como un proceso o un juicio justo, el respeto por el orden institucional e incluso la soberanía de los países. “Hay una progresiva normalización de las ideas de extrema derecha, una maximización de temas, lemas y discursos cada vez más radicales. En buena medida porque partidos de la derecha mainstream compran parcialmente estos relatos”, explica Steven Forti, historiador especialista en extremas derechas. 

La guerra contra ‘los otros’

La idea de la seguridad como bien a defender sobre todas las cosas no es nueva. “El 11S se aprovechó para iniciar lo que Bush llamó la guerra global contra el terror”, analiza Sonia Andolz, profesora asociada de Política Internacional en la Universidad de Barcelona. “En cambio, en la última década el discurso de las ultraderechas está más vinculado con la seguridad policial y la mano dura”.

Este discurso apela a sectores de la población muy claros: “A los que saben que la desigualdad es muy grande y entonces sienten que necesitan proteger sus bienes y a los más desfavorecidos, que sienten que lo poco que tienen también está en peligro”, desarrolla Andolz.

En Estados Unidos, la supuesta preocupación por los índices de criminalidad –desmentidos por las estadísticas oficiales– justificóa otra de las grandes políticas de seguridad de Trump: la militarización de varias ciudades –casualmente, demócratas–. En total ya son cinco las urbes en las que el presidente intentó imponer la intervención de las fuerzas federales: además de la capital, Washington, desplegó tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis. Desplegó una fuerza militar (ICE) para perseguir a personas migrantes, que terminan en centros de detención en los que están ilocalizables y muchas veces no saben ni siquiera de qué se les acusa. 

“El de la seguridad es un caballo de batalla de la extrema derecha desde siempre, como mínimo desde los años 80, con partidos como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, que lo vinculaba directamente a la inmigración”, apunta Forti.

El problema se agrava cuando lo replican otras fuerzas y termina instalándose en el discurso como una realidad. “La verdad es que cuando un partido bombardea con un tema constantemente, tarde o temprano le empieza a ser rentable. Y desde ahí se copia y se expande. Basta ver lo que sucede con Vox y el PP”, remacha el historiador. 

Bukele como referente (y como verbo)

¿Y de qué hablan los medios ultras cuando dicen bukelear? Tras el 'milagro' de la reducción de los niveles de criminalidad en El Salvador, el presidente se convirtió en un verdadero referente de la persecución del delito, incluso cuando es señalado por llevar sus políticas al límite de la legalidad e incluso atravesando de las líneas rojas de los derechos humanos. 

Un informe de Amnistía Internacional recoge que desde el comienzo del estado de excepción en El Salvador en 2022 hasta el final de 2024 se habían registrado 83.900 detenidos, acusados de delitos relacionados con las pandillas. Pero según las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de esas personas no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales. Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el estado de excepción había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y restricciones sobre el derecho a la defensa. 

Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional admitió solo el 1,6% de las peticiones de hábeas corpus presentadas en el estado de excepción y sólo el 0,4% de los casos se resolvió favorablemente. Además, las organizaciones destacan los niveles de hacinamiento críticos del sistema penitenciario, con un índice de ocupación del 350%, según las ONG locales. 

Pero el que se autodefine como “el dictador más cool del mundo” en su perfil de redes sociales introdujo un elemento que se volvió fundamental para este relato de las nuevas ultraderechas: el espectáculo. 

La foto de los cadáveres o de parte del operativo tomada con drones en Río de Janeiro, los videos de bombardeos a las lanchas que la propia administración Trump difunde en redes, son una forma de generar más impacto en la población y fijar el mensaje. Y tuvieron su punto más disruptivo cuando Bukele hizo posar a los detenidos con las cabezas gachas en filas interminables, vestidos solo con ropa interior y dejando ver sus característicos tatuajes. 

“La ‘espectacularización rebelde’ es la manera en que la extrema derecha está comunicando estos discursos”, confirma Forti. “Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona”, agrega Andolz. “Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica”, explica. 

El señalamiento del otro como enemigo, la espectacularización del castigo y la exhibición de fuerza y poderío transmiten la idea de que hay alguien al mando para protegerte del peligro que sentís. Una sensación amplificada por el discurso en las redes, y “alimentada por la circulación de fake news, que mueven pasiones tristes y emociones negativas como el miedo y el odio”. Y así la rueda sigue girando.

En 2010, mientras Argentina debatía la ley que convertiría al país en el primero de la región en aprobar el matrimonio homosexual, las calles se llenaban de pancartas con el lema “los chicos tenemos derecho a una mamá y un papá”. Detrás de las consignas resonaban ecos conocidos: los de la cruzada ultraconservadora que cinco años antes había intentado frenar el mismo derecho en España. Entonces, entre sus puntas de lanza estaba el fundador de HazteOír Ignacio Arsuaga, que con la experiencia a sus espaldas viajaría a Buenos Aires para sumarse a la ofensiva. Desde allí llegó a afirmar: “Si nosotros participamos en esta batalla cultural y llegamos a las conciencias y corazones de la gente, la mayoría seguirá posicionándose a favor de la vida, la familia y las libertades”.

La escena no es una excepción. Así lo revela una nueva investigación impulsada por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, que analizó el papel de las fuerzas de extrema derecha españolas en la expansión de los discursos antiderechos en la agenda global. La conclusión es que España desempeña un rol clave a través de actores como HazteOír, el Opus Dei o Vox, que crearon redes y articularon “estrategias transnacionales” que terminaron impactando en América Latina o África, señala el estudio, que se presentará al público este jueves en Barcelona.

El informe, elaborado por un equipo de nueve investigadores capitaneado por la brasileña Sonia Corrêa, ilustra a través de los casos de cinco países –Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y Kenia– cómo la influencia española “contribuyó” en el exterior al crecimiento de la extrema derecha y al bloqueo de los derechos sexuales y reproductivos como el aborto. Los autores definen a España como “un nodo” que “exporta” discursos, ideas y tácticas con el objetivo de “dar la batalla cultural contra determinados consensos”, es decir, “hacer cada vez más aceptable la idea de que no solo algunos derechos son prescindibles, sino que deben ser revertidos”.

Con el tiempo, España se convirtió “en uno de los centros de origen y gestión” de algunos de los grupos que lideran esta ofensiva: HazteOír y su filial internacional CitizenGo, la Red Política de Valores (PNfV), Vox y el Opus Dei. El estudio analiza la actividad de estos cinco actores fuera de lass fronteras españolas y explica que, al mismo tiempo, España se posicionó como “un país anfitrión” del movimiento global de ultraderecha, tal y como demuestra la cumbre de PNfv celebrada en el Senado el pasado diciembre o la organizada en Madrid por los Patriotas europeos, con presencia de Santiago Abascal, el húngaro Viktor Orbán o Marine Le Pen.

Agitación y cumbres globales

Tanto HazteOír como CitizenGo, señalados en algunas investigaciones por su cercanía con la sociedad secreta El Yunque, actúan como “motores de movilización y agitación”, con campañas de presión o recogidas de firmas. Por su parte, el Opus Dei acumula una larga trayectoria de expansión territorial desde finales de los años 40, en pleno franquismo, gracias a una estrategia de “reclutamiento de élites” y difusión a través de la fundación de centros educativos y universidades. La PNfV, presentada en 2014 en Nueva York, fue creada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja como una plataforma transnacional, que reúne y convoca a los principales líderes de esta ofensiva.

La última pieza del rompecabezas español vino de la mano de Vox, que desde su irrupción “comenzó a invertir una importante dosis de energía en fortalecer las relaciones” con países de habla hispana. Lo hace fundamentalmente a través de su think tank, Disenso, al que la formación transfiere 2,5 millones de euros al año. En su consejo asesor hay figuras clave de la extrema derecha latinoamericana y en 2020 impulsó el Foro Madrid, una alianza internacional que popularizó el concepto de “Iberosfera” y celebró encuentros en Bogotá, Lima, Buenos Aires y Asunción que conectaron a Vox con políticos como el chileno José Antonio Kast o Javier Milei.

En Argentina, tras el desembarco de HazteOír llegaría el de CitizenGo tres años más tarde, que desde un principio “reforzó el campo conservador” a través de alianzas con grupos locales que abonaron el terreno para que en 2018, cuando el país comenzó a debatir la ley del aborto, la oposición ultra estuviera preparada. El estudio identifica este como un momento “catalizador” que “sentó las bases para el surgimiento de la ultraderecha” y señala fenómenos clave como la insistencia de HazteOír en “elevar” a nivel internacional a perfiles como el del politólogo Agustín Laje, que en una gira por España de la mano de Ignacio Arsuaga conoció a Abascal y que después estudiaría en la Universidad de Navarra, del Opus Dei.

Las conexiones se produjeron también en el entorno de la filial argentina de El Club de los Viernes, una plataforma española de extrema derecha que desde 2018 organizó charlas y eventos a los que asistieron figuras como el por entonces conocido como economista Milei, la actual vicepresidenta argentina Victoria Villarruel o el número dos de Vox, Javier Ortega Smith. Así, cuando Disenso pubicó su iniciativa Carta de Madrid, entre sus primeros firmantes figurarían Villarruel y el ex secretario de Culto del gobierno argentino Francisco Sánchez, que a su vez es miembro de la PNfV. Milei la firmó en 2021.

De Kast al ultraliberalismo guatemalteco

En Chile, tras un ciclo de avances legislativos y el estallido social de 2019, la investigación identifica una “restauración conservadora” explotada particularmente por José Antonio Kast, abanderado del legado de Augusto Pinochet y candidato a las elecciones de noviembre. También firmante de la Carta de Madrid, Kast logró “reforzar” su perfil como líder ultraderechista desde que llegó a la presidencia de la Red Política de Valores en 2022, apunta el estudio. El cargo lo ocupó hasta 2024, de hecho, su último gran acto público fue precisamente la cumbre del Senado, en la que reunió a líderes como Mayor Oreja, la eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa o Brian Brown y Sharon Slater, puntas de lanza de la cruzada antiaborto en EEUU.

El informe detalla también cómo la puerta de entrada de la extrema derecha española en Guatemala fue el ultraliberalismo económico “y sus vínculos con la élite empresarial”. Entre los actores clave destaca la Universidad Francisco Marroquín, un centro privado del que estos meses se habló mucho en España después de que la exmiembro del PP Noelia Nuñez falsificara su currículum y afirmara que era una de sus profesoras. La institución, con sede en Madrid, es “un semillero” de ideas ultraliberales y un “punto de convergencia crucial donde la oligarquía empresarial se fusiona con las élites católicas asociadas al Opus Dei”, esgrime el estudio, que apunta a que la fundación Disenso “utilizó” la universidad “como punto de apoyo para ampliar su influencia”.

A ello se suman las conexiones del think tank de Vox con el Movimiento Cívico Nacional, una organización clave en el panorama local conservador que en el pasado fue acusado de casos de corrupción, y la presencia de CitizenGO en el país desde 2021, donde lleva a cabo campañas con el aborto o los derechos LGTBI. El informe se detiene también en el caso de la familia Gutiérrez, una de las más ricas de Guatemala: uno de sus miembros, Dionisio Gutiérrez, es fundador de la Fundación Libertad y Desarrollo, que “comparte una postura similar” a la de Disenso y que tiene sede en Guatemala, Miami y Madrid. Además, organizó encuentros en la capital y en Oviedo durante seis ediciones, la última en mayo de este año.

Contra el aborto en El Salvador y el auge en África

En El Salvador de Bukele la penalización absoluta del aborto marcó el desarollo de las políticas antiderechos, especialmente potenciadas por una Iglesia Católica que desingó a un miembro del Opus Dei, Fernando Sáenz, como arzobispo de San Salvador hasta 2009. Además, dos casos emblemáticos de mujeres a las que se les negó un aborto y que fueron llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que terminó condenando a El Salvador– “movilizaron una red ultraconservadora global” en la que participaban actores españoles interviniendo directamente en los litigios.

El juez español Javier Borrego, exmiembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue perito del Estado salvadoreño y el exministro y fundador de la PNfV Mayor Oreja respaldó un escrito de apoyo legal al país en el caso de Beatriz, a la que se le negó un aborto embarazada de un bebé que no tenía posibilidades de sobrevivir. En la disputa legal también intervino directamente CitizenGo mediante campañas que acusaban a los jueces de la Corte de “ceder ante los lobbies abortistas” y una recogida de firmas que llevaba por título “Caso Beatriz: detén la imposición del aborto en Latinoamérica”.

El último país que analiza la investigación es Kenia, un caso que demuestra una “ambición geopolítica” ultraderechista en plena expansión. Según el informe, la extrema derecha española considera el país africano como “un nodo clave” y para ello “aprovecha” las hondas raíces que el Opus Dei echó en él incluso antes de su independencia. Además, CitizenGo utiliza Kenia como “centro de operaciones” en el continente africano desde 2018 y desde allí emprendió acciones para oponerse al aborto o la educación sexual. De hecho, junto al Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, cuyo director es miembro del Opus Dei, contribuyó al cierre temporal en el país de la ONG de derechos sexuales y reproductivos Marie Stopes.

Kenia tampoco pasó desapercibido para la Red Política de Valores, que lleva a cabo en el país un trabajo “discreto”, lo define la investigación, que busca entre otras cosas integrar a figuras clave del continente en sus cumbres internacionales. Pero su actividad sí fue muy visible en la reciente Conferencia Panafricana sobre Valores Familiares, celebrada en Nairobi el pasado mes de mayo y organizada por el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia. Sin embargo, varios ponentes pertenecían a la red, que el estudio sugiere que quizá esté ya “lo suficientemente envalentonada” para iniciar un nuevo ciclo: el de no depender de portavoces locales y desembarcar directamente.

— Yo solo quiero dar mi valoración como profesional independiente de lo que dice el pueblo, porque yo he venido aquí a entrevistar al pueblo.

— ¿Pero tú a qué te dedicas? ¿Eres creador de contenido?

— A esto. Entrevistas, actualidad...

— ¿Formas parte de los convocantes?

— ¡No, no! Yo tengo mi canal de YouTube, yo vivo de esto, de las visitas, y ya está.

— Pero con calma, ¿vale?

— Tienes mi palabra de que voy a ir con todo el respeto del mundo. De hecho, le voy a pedir a la gente que se calme porque quiero trasladar su voz.

— ¿Y cuál es su voz?

—Su voz es que hay gente que está muy harta de que la califiquen como ultraderecha y simplemente están hartos de la inseguridad perpetua que hay en Torre Pacheco (Murcia, España) debido a una inmigración que no se adapta a esta ciudad y a este país.

No es sencillo definir el fenómeno de los agitadores de la ultraderecha. Sin embargo, esta conversación entre Adrián de Oliveira, alias RescueYou (te rescato, en inglés), y una reportera de La Sexta, es paradigmática. El influencer revela su triple cara en una sola interacción: se viste de profesional independiente, para reconocer segundos después que el algoritmo es su patrón y que vive de alimentarlo. Por último, deja bien claro su mensaje ultra, que asciende a “la voz del pueblo” a pesar de que en la protesta donde la recogió había más policías y periodistas que manifestantes.

En el momento de la conversación apenas medio centenar de personas rodeaban a De Oliveira. Pero el influencer ultra era la conexión entre dos mundos: al otro lado de la pantalla, una multitud de 45.000 personas jaleaban sus comentarios racistas (“vienen de países donde hay mutilación genital femenina, donde hay matrimonio infantil, son culturas incompatibles”) y machistas (“ha visto que soy un tío importante y se está acercando. Se está relamiendo la hembra hacia el macho alfa”), recompensándolos con donaciones de dinero en directo.

Es una cámara de eco de la extrema derecha e influencers como De Oliveira son sus soldados sobre el terreno. Son su cámara y su micrófono, pero también su puño. Si la cosa decae no temen en dar un paso al frente y provocar el conflicto por su cuenta. Lo hacen habitualmente en el Congreso español, donde se dedican a reventar las ruedas de prensa de diputados de la izquierda. La última que De Oliveira consiguió suspender con sus gritos fue la Verónica Martínez, portavoz de Sumar, en junio.

Crisis como la de Torre Pacheco son el terreno más fértil para esta estrategia. La localidad murciana en España se ha convertido esta semana en el último laboratorio sobre cómo transformar conflictos locales en contenido viral, monetizando el miedo y la polarización social. Contra la izquierda, contra los periodistas, contra la inmigración.

En la primera línea de la protesta había una decena de influencers como De Oliveira. Muchos sí ejercieron el papel de convocantes, como Daniel Esteve, líder de Desokupa, que llevaba varios días haciendo declaraciones extremas. “Muy pronto estaremos en Torre Pacheco”, avisaba a través de YouTube: “Solo hay una puta solución. Patrullas de vecinos. Gente con cojones y en la mano, palos. ¡Palos!”, vociferaba. “Patrullas, palos y hospital. Esa es la combinación”.

Los influencers calentaron los ánimos agitando el odio en sus redes sociales y convocando una “manifestación masiva en contra de la inmigración irregular” y por la “seguridad de los vecinos”. Sin embargo, eran ellos y no los vecinos los que se turnaron durante la protesta para tener el rol de protagonista, pasándose el micrófono para dar mítines y gritar consignas. Todos necesitaban mostrar a sus seguidores que habían estado en la primera línea, aunque ninguno repitió los comentarios violentos que llevaban días vertiendo en redes.

Agitadores como Vito Quiles o Bertrand Ndongo protagonizaron incidentes desde por la mañana. Con todo, otro de los pinchazos de la manifestación fue que ni Quiles ni Esteve participaron. El líder de Desokupa y sus tres acompañantes abandonaron el pueblo cuando esta iba a comenzar, mientras que el joven lo hizo poco después.

Ante la prensa explicó que lo hacía voluntariamente, pero en sus redes afirmó que la Guardia Civil lo había obligado. “No nos podemos pasear por las calles de Murcia y Torre Pacheco para informar de lo que está pasando, pero Puigdemont se puede pasear tranquilamente por las calles de Barcelona con una orden de detención. ¿Pero qué España es esta?”, se quejaba.

El espectáculo para las redes continuó sin dos de sus máximos exponentes, con los influencers oscilando toda la jornada entre la retransmisión, la arenga y los ataques al Gobierno, a los inmigrantes y a los periodistas. “¿Y saben qué es lo mejor? ¡Que no me han tenido que pagar el sueldo, a diferencia de a estos!”, proclamaba De Oliveira sobre estos últimos en uno de los habituales momentos en los que giraba la cámara y convertía la retransmisión en un mitín, logrando el aplauso general.

Agitadores para los descreídos

Torre Pacheco ha sido un síntoma de un fenómeno global. Una profunda crisis de desconfianza que afecta tanto a los políticos como a los medios tradicionales. Según los datos del último informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, publicado este junio, el 56% de los españoles considera a los políticos como la principal fuente de desinformación, mientras que la confianza en los medios está en el 37%, un mínimo histórico.

Los datos son similares en la mayoría de países analizados. “Nuestros hallazgos apuntan a una caída continua en el consumo de medios tradicionales como la televisión, la prensa escrita y las webs de noticias, mientras crece la dependencia de las redes sociales, las plataformas de vídeo y los agregadores online”, apunta el Instituto.

“Estas tendencias parecen estar fomentando el crecimiento de un sector de medios alternativos centrado en la figura del creador, que a menudo se posiciona en oposición a los medios de comunicación tradicionales”, continúa el informe. “Aunque en la práctica muchas de sus caras más visibles provienen precisamente de esos medios”, avisa.

España siguió esa tendencia. Rostros como el de Daniel Esteve han pasado años apareciendo en determinados programas de televisión, familiarizándose con la audiencia. Lo mismo ocurrió con Javier Negre, uno de los pioneros en llevar el doble sombrero de comunicador y activista de la extrema derecha. Figuras que aprovecharon su exposición en medios tradicionales para saltar a las redes y empezar a monetizar el odio y la violencia dialéctica sin ningún obstáculo.

Es desde esa conexión directa con una audiencia que ya los vio en medios tradicionales desde donde despliegan su estrategia de las tres caras. Proponen su propia agenda informativa apoyada en un mensaje ultra potenciado por los algoritmos. “Buenos días, familia, estáis en Desokupa News, las noticias como son y no como las cuentan en el mierdón de la televisión”, dice Esteve en cada uno de sus informativos, con periodicidad casi diaria. Negre, por su parte, sigue dirigiendo EDATV, cantera de muchos de estos agitadores, como Vito Quiles.

Sus contenidos están diseñados para alimentar los algoritmos de recomendación, que premian la polarización, la indignación y el engagement emocional. Al producir vídeos casi a diario, con mensajes extremos y ataques constantes a gobiernos, minorías o medios tradicionales, logran que las plataformas los muestren constantemente a los usuarios. Una estrategia que no solo maximiza su visibilidad, sino que también se traduce en rentabilidad directa: monetización por visualizaciones, patrocinios ideológicamente afines, donaciones de suscriptores y venta de productos propios.

En la práctica, su modelo de negocio depende de mantener un nivel constante de crispación, que los algoritmos amplifican y recompensan. En muchas ocasiones, como en el caso del propio Esteve o los influencers ultras que tomaron la palabra en la manifestación de Torre Pacheco, la violencia que comparten para seducir al algoritmo no se repite en la vida real: es un conflicto producido, editado y consumido dentro del mismo circuito cerrado que lo alimenta.

Los bulos y las termitas

Lo que sí tiene una influencia directa en la vida real es la desinformación que comparten en momentos de crisis. “Creadores e influencers están, en algunos países, desempeñando un papel significativo en la configuración de los debates públicos”, avisa el informe del Instituto Reuters.

Durante la catástrofe de la DANA, figuras como Ángel Gaitán, Rubén Gisbert o Alvise Pérez convirtieron la tragedia en contenido viral. Recaudaron dinero, grabaron vídeos dramáticos, organizaron envíos de ayuda e inundaron las redes con bulos. Afirmaron que había cientos de cadáveres en el parking de Bonaire —lo que fue desmentido por los buzos—, acusaron a Cáritas y Cruz Roja de bloquear la ayuda, o difundieron que la ropa donada estaba siendo tirada por las autoridades. Una actuación que ellos monetizaron, pero que dificultó el trabajo de las autoridades.

El patrón se repite en otros países. Los disturbios xenófobos del Reino Unido de 2024 comenzaron tras la viralización de una noticia falsa que aseguraba que un inmigrante había asesinado a dos niñas en Southport, al sur del país. Tras varias noches de enfrentamientos entre policía y manifestantes antiinmigración, la Policía reveló que el principal sospechoso era un menor británico que ya había sido detenido, en un intento de calmar la tensión.

En Estados Unidos, la reciente oleada de incendios en Los Ángeles fue utilizada por figuras de la derecha radical para difundir noticias falsas que culpaban a políticas de diversidad e inclusión, desviando la atención del cambio climático. Desde Elon Musk o Alex Jones hasta influencers con comunidades más pequeñas, la narrativa se centró en responsabilizar a la primera jefa de bomberos abiertamente LGBTQ+ de la ciudad, acusándola de “anteponer la ideología a la seguridad”, mientras esparcían falsedades sobre recortes inexistentes, fondos desviados a Ucrania o migrantes culpables de recibir ayudas que supuestamente deberían ir a los afectados por los fuegos.

Noticias falsas que son combustible para el algoritmo y pegamento para sus cámaras de eco. Lo que comenzó como una estrategia para monetizar la desconfianza se ha convertido en una maquinaria capaz de transformar tensiones locales en crisis nacionales, conflictos vecinales en contenido viral y rumores en movilización social. La pregunta ya no es si estos agitadores influyen en la opinión pública, sino hasta qué punto están redefiniendo el espacio público.

En EEUU hay una red formada por decenas de fraternidades de extrema derecha, solo para hombres, con centenares de participantes, según sostienen sus propios miembros. Una investigación de The Guardian identificó a militares en activo y retirados dentro de esta red, así como abogados, empleados públicos y conocidos influencers antisemitas.

El Old Glory Club [Club del Antiguo Esplendor] está compuesto por un mínimo de 26 delegaciones en 20 estados del país. Hasta ahora había llamado poco la atención, pero es un ejemplo del crecimiento alarmante que en los últimos años registraron las formaciones políticas racistas, especialmente con el ascenso de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca.

El grupo se dedica a organizar conferencias y encuentros, entre otros eventos. Algunos de sus miembros clave, como el podcaster Pete Quinones, aprovechan sus plataformas en redes para difundir ideas de la extrema derecha sobre inmigrantes y judíos. Otros usan sus atalayas online para reaccionar ante acontecimientos políticos y proponer medidas, como la de crear un “seguro de cancelación” para miembros de la red que vean dificultada su vida profesional debido al extremismo de sus opiniones políticas.

“Grupos como el Old Glory Club son una nueva clase de organización extremista cuyo objetivo es construir una red social offline primero para después apoderarse de la sociedad”, explica Harry Shukman, investigador de la ONG británica 'Hope Not Hate' (Esperanza, no odio). Hace un mes, esta ONG antifascista publicó un reportaje sobre el grupo británico Basketweavers, afiliado al Old Glory Club. “Pretenden hacer más fácil participar en la extrema derecha y están demostrando ser atractivos para una cohorte de miembros mayoritariamente masculinos, algunos de los cuales nunca habían hecho ningún tipo de activismo antes”, añade.

Según Heidi Beirich, cofundadora y directora de estrategia en el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, el Old Glory Club “parece ser otra nueva gran red de racistas, de las tantas que están surgiendo en la era Trump”. El grupo está “impulsando ideologías violentas, incluido el odio racial y el antisemitismo, y tiene vínculos con personajes conocidos de la extrema derecha”, dice.

“El Estado te quiere muerto o trans”

El Old Glory Club (OGC) se constituyó con personalidad jurídica el 16 de junio de 2023, de acuerdo con sus registros en Virginia, pero la organización llevaba más de un año tomando forma a través de conferencias en el mundo real y comunicaciones por Internet.

El substack del Old Glory Club comenzó a publicarse en octubre de 2022, con una cuenta en la red social X iniciada el mismo mes. Según los agregadores de podcasts, los podcasts del Old Glory Club aparecieron como muy tarde en noviembre de 2022.

En ese momento, sin embargo, la organización parecía pensada como una forma de colaborar en la producción de contenidos. En un podcast de noviembre de 2022, el youtuber bajo el pseudónimo Charlemagne, personaje central del OGC, le dijo al podcaster de extrema derecha Auron Macintyre (quien se convirtió en una personalidad en la programación de Blase Media, fundada por Glenn Beck) que el Old Glory Club era “un grupo de caballeros estadounidenses que decidieron organizar un club social para publicar contenidos y tratar de encontrar un nuevo acuerdo político para los estadounidenses”.

También en octubre de 2022, el youtuber bajo el pseudónimo Prudentialist pidió donaciones para el Old Glory Club durante un podcast. “Algún día se utilizará para la ayuda mutua de nuestros amigos que son despedidos, víctimas del doxxing [revelación de su información personal en Internet], o afectados por desastres naturales y otros actos de Dios”, dijo sobre el dinero que se recaudase.

En abril de 2023, Prudentialist decía en los podcasts que el Old Glory Club formaba parte de una estrategia de la extrema derecha para “crear redes de patrocinio [y] apoyo político” con el objetivo de “mantener no solo cierta apariencia de poder, sino lo contrario de fragilidad frente a un Estado que te quiere arruinado, muerto o trans”.

Prudentialist añadió que el Old Glory Club ofrecería a sus miembros la oportunidad de “reunirse, de organizar conferencias y de apoyar en el futuro a personas como ese bombero de Virginia despedido solo por donar al fondo de defensa legal de Kyle Rittenhouse”, en una posible referencia a un reportaje de 2021 de The Guardian donde se publicó información filtrada de un sitio cristiano de crowdfunding con el nombre de las personas que habían donado al fondo para la defensa legal de Rittenhouse [conocido por disparar contra tres hombres, matando a dos de ellos, durante los disturbios de 2021 de Black Lives Matter en Wisconsin].

Otros miembros clave de OGC abogaron por una estrategia de descentralización de la extrema derecha para crear organizaciones que hagan activismo de forma duradera.

Ryan Turnipseed, miembro fundador y frecuente portavoz del Old Glory Club, lamentó en un discurso durante la conferencia de derechas Tennessee Scyldings (el discurso fue republicado el 10 de julio de 2022) que Francisco Franco “fracasase en garantizar su línea sucesoria” pese a la propaganda y las purgas. “Es una lección que debemos aprender”, dijo.

Turnipseed propuso una red descentralizada para “aprovechar los conocimientos y capacidades de estos grupos”. “Ya no tenemos que esperar a un César o a un Franco que 'una a la derecha' en una fuerza de combate eficaz; en vez de eso, podemos ser eficaces con lo que ya tenemos”, dijo.

Otros subrayaron la importancia de los encuentros en persona y se refirieron a iniciativas similares en el extranjero. En julio de 2022, el usuario con pseudónimo Red Hawk publicó en Substack que se abría la presentación de solicitudes para crear delegaciones locales. El requisito es que estuvieran integradas por al menos “cinco hombres estadounidenses mayores de 18 años” y cumplieran con la presentación de un informe trimestral sobre afiliados y finanzas. De acuerdo con ese post, y con los podcasts posteriores, tanto las delegaciones como el conjunto de la organización serían supervisadas por un comité central del Old Glory Club.

Los principales miembros de la organización fijaron cuatro conferencias anuales, las dos últimas bajo la bandera del Old Glory Club. Tras la última conferencia presencial del Old Glory Club en mayo, un informe interno decía que el número de miembros había crecido en el último año. El Old Glory Club cuenta ahora con “literalmente cientos” de miembros, decía. “Somos tan numerosos que ya superamos el punto en que el Comité Central puede conocer a todos, o incluso a la mayoría de los miembros individuales (…) En conjunto, creamos una organización muy eficaz”.

“Amenaza para la seguridad nacional”

Sigue sin saberse cuáles son los pseudónimos de internet bajo los que operan las personas identificadas en los registros de la organización madre y sus delegaciones. Pero esos registros sí sirvieron para saber que entre los miembros hay personajes influyentes de la extrema derecha, militares y policías estadounidenses, tanto retirados como en activo, funcionarios judiciales y proveedores del gobierno de EEUU con permisos de seguridad.

The Guardian se puso en contacto con todos los miembros mencionados para recabar sus comentarios.

Turnipseed es miembro fundador de Old Glory Club, la organización madre, suele escribir en su Substack, hablar en podcasts e intervino en conferencias de Old Glory Club y de Scyldings. En mayo de 2024 se convirtió durante un breve período en una causa de la extrema derecha online cuando la Primera Iglesia Luterana de Ponca, su ciudad natal en Oklahoma, lo excomulgó por una publicación de Twitter que se hizo viral en la que criticaba el nuevo catecismo de la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri por dar cabida a posturas políticas progresistas.

En febrero de 2023, unos investigadores antifascistas identificaron a Turnipseed entre los miembros de una creciente “facción supremacista blanca dentro de la fe luterana”. Ese mismo mes, el presidente de la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri pidió la excomunión de los que “propagan opiniones radicales y anticristianas de la ‘derecha alternativa’”. Poco después de la excomunión de Turnipseed, la iglesia luterana Immanuel de Wichita, en Kansas, desafió el veto y aceptó a Turnipseed entre sus fieles.

Otros miembros del Old Glory Club también tienen conexiones con el amplio mundo de la política de derecha. En los registros de constitución de Yellow Dog Pack, una delegación del Old Glory Club en Florida, figura Matthew Pearson, de Tampa Bay (en Florida). Pearson contribuye de manera regular al American Reformer y a Truthscript, dos publicaciones del nacionalismo cristiano donde ha escrito elogiando las teorías sociales del jurista nazi Carl Schmitt y hablando bien de un libro que pide a los cristianos ser antigays.

Otros miembros están relacionados con las fuerzas armadas y los proveedores del Pentágono. Uno de ellos es Evan Dale Schalow (25), vecino de Midlothian, en el estado de Virginia. En los registros aparece como miembro fundador del Old Glory Club. De acuerdo con su biografía en la red social Linkedin, es ingeniero de construcción horizontal en la Guardia Nacional de Virginia desde 2022. Antes de eso, fue cadete desde 2020 en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés), a la vez que estudiaba en la Universidad de Longwood. En Linkedin también afirma tener el permiso para acceder a información clasificada del Gobierno de EEUU.

The Guardian se puso en contacto con la Guardia Nacional de Virginia para confirmar la pertenencia de Schalow, pero no recibió respuesta.

Otro miembro vinculado con las fuerzas armadas es Harvey Pretlow Rawls III, miembro fundador del Old Glory Club y de su delegación Vetus Dominicum Club, según los registros. En su página de Linkedin se dice que Rawls es ingeniero de sistemas de la empresa HII, el principal astillero militar de Estados Unidos. En la red social también se dice que tiene el segundo nivel de autorizaciones de seguridad que concede el gobierno de EEUU, cuya investigación previa puede llevar hasta un año.

The Guardian pidió a HII que informara sobre las funciones de Pretlow Rawls III en la empresa.

Michael R. Gibbs, de Phenix City (en el estado de Alabama), es la única persona en la solicitud inicial de creación de Magnolia League, la delegación en Alabama del Old Glory Club. Según su página de Linkedin, Gibbs se desempeñó como sargento del cuerpo de marines de Estados Unidos entre 2008 y 2013, y como ayudante en la oficina del sheriff del condado de Muscogee entre 2014 y 2016. Ahora es responsable de compras en la empresa de armas de fuego Remington.

Dos miembros de la Sociedad Tippecanoe, la delegación en Indiana del Old Glory Club, son abogados con experiencia en empleos públicos. Uno de ellos es Kyle Lindskog, que según su perfil en Linkedin es de la ciudad de Zionsville y trabaja como abogado independiente. Entre 2015 y 2018 fue abogado de la ciudad de San Petersburgo, en el estado de Florida. Paul Scott Lunsford Jr, de la ciudad de Carmel, es el otro: entre 2006 y 2010 fue oficial de operaciones en la marina estadounidense y ahora trabaja como abogado en temas de propiedad intelectual dentro del bufete fundado por él.

“Es un motivo particular de alarma y francamente estremecedor que los miembros del Old Glory Club incluyan a gente que está o estuvo en el ejército, en el cuerpo de policía y en otros puestos gubernamentales por el estilo”, dice Heidi Beirich, del Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo. “En última instancia, esto puede significar una amenaza para la seguridad nacional justo en el momento en que la Administración Trump está terminando con el intento de erradicar a los extremistas del ejército y contratando a racistas, antisemitas y creyentes en [la teoría de la conspiración] QAnon para dotar de personal al Gobierno”.

“Si los dejás entrar, tenés que sofocarlos”

El substack del Old Glory Club refleja las preocupaciones generalizadas de sus miembros: una combinación de políticas racistas con otras causas de la extrema derecha. Hay alegatos en favor de la vuelta de los símbolos confederados y de la causa confederada [la que defendía la esclavitud y perdió la guerra de secesión en el siglo XIX], así como una conversación elogiosa en torno a Africa Addio, un documental de 1967 sobre el África poscolonial calificado por el crítico de cine Roger Ebert como “brutal, deshonesto y racista”.

Los responsables de la publicación sostienen que los cristianos evangélicos blancos son la “minoría más odiada” de Occidente y reproducen un discurso de Dave Greene caracterizando a la “ley talmúdica judía” como “un intento de engañar a Dios”. También dicen que ellos y la “comunidad judía” están “en los extremos opuestos de la lucha de esta era”.

Aun así, el substack del Old Glory Club parece más aceptable que las crudas opiniones políticas vertidas por sus miembros clave en otros lugares. Peter R. Quinones, autodenominado “miembro fundador” y directivo del Old Glory Club según sus registros de constitución, es uno de estos miembros, con gran influencia sobre la extrema derecha. Lleva emitiendo un podcast de manera regular desde 2017. Primero bajo el título Free Man Over the Wall; y luego con su nombre actual: The Pete Quinones Show.

Su substack sobre política estadounidense figura en el puesto número 78 dentro del género (datos de substack), y su podcast, en el número 142 (datos del portal de seguimiento de podcasts Rephonic), a la par de los programas de Kaitlin Collins y Andrew Sullivan, en la CNN; y por delante de los podcasts de Jim Acosta y de Candace Owens.

En todo este tiempo generó cientos de horas de contenido racista y antisemita, llegando a decir a sus oyentes que tomaran medidas directas contra sus vecinos judíos y no blancos.

El mes pasado emitió un podcast en respuesta a los ataques de EEUU contra Irán, atribuyéndolos por completo a la influencia malvada de Israel. Pedía a sus oyentes que boicotearan a las empresas propiedad de judíos y lanzaba indirectas contra las personas con origen en la India.

“Son los judíos, no se puede vivir con ellos, no se los puede dejar entrar; si los dejás entrar, los tenés que sofocar, pero es mejor no dejarlos entrar”, dijo. “No hagas negocios con ellos, hacé todos los negocios que puedas con estadounidenses de siempre”.

Según el analista de derechas Mike Coté, la llamada nueva derecha usa la frase “estadounidenses de siempre” para referirse a “la población étnica de Estados Unidos de antes de 1940, con un fuerte énfasis en los europeos angloprotestantes”, algo que Coté considera un tipo de “nacionalismo ‘de sangre y suelo’ de influencia europea [en referencia al ‘blut und boden’ del nazismo, donde el ideal nacional se cumple con la herencia genética y el lugar de residencia]”, y contrario por tanto al “credo” que unía antes al nacionalismo estadounidense.

“No hagas negocios con indios [en referencia a las personas con origen en la India]”, dijo Quinones en el mismo podcast. “Tenemos una aplicación, la están haciendo algunos de los chicos del Alabama Old Glory Club, para mostrar qué gasolineras y hoteles de aquí no son propiedad de indios”.

Quinones animó más tarde a sus oyentes a “crear una aplicación para su área local que muestre dónde hay [negocios] propiedad de estadounidenses de siempre, o al menos que no sean propiedad de indios”. “Puede que quieras incluir a otro grupo en ella”, dijo.

En podcasts recientes, Quinones expuso algunas de las elaboradas teorías antisemitas de la conspiración que divulgan los grupos supremacistas blancos. En uno de ellos, Quinones decía estar preocupado por persecuciones contra miembros de la extrema derecha por sus creencias sobre los judíos. “Se empieza a perseguir a la gente que comienza a plantearse la cuestión judía”, dijo.

La “cuestión judía” es un encuadre antisemita en tanto en cuanto da por supuesto que la presencia de personas judías en la sociedad es un problema que requiere “solución”. Se usó históricamente para justificar la persecución y el genocidio, también en la Alemania nazi.

Quinones colabora desde 2022 en la creación de contenidos para la red Old Glory Club, promocionándolos en su programa. Tras las elecciones de noviembre, Quinones replicó el insulto racial que emplean los nacionalistas blancos para referirse a los votantes negros durante una retransmisión en directo del Old Glory Club. “El simio callejero estadounidense no tiene remedio”, dijo. Un mes después utilizó el mismo insulto en respuesta a un video subido por un adolescente negro.

“El Old Glory Club y sus filiales, como Basketweavers, pueden afirmar que proporcionan un sentido de comunidad, pero lo cierto es que ocultan un objetivo mucho más siniestro”, dice Harry Shukman, de Hope Not Hate. “Hemos visto a los líderes de estos grupos siendo despiadados y degradando a los miembros de menor rango, especialmente a los jóvenes con dificultades de adaptación”, explica. “Los dirigentes del Old Glory Club también tienen en su historial declaraciones profundamente racistas y afiliaciones a conocidos activistas de extrema derecha”.

Traducción de Francisco de Zárate

Es una especie de cronista de Indias. Aquellos hombres que en el siglo XV y XVI relataban la conquista de América por parte de los españoles y dejaron para siempre un testimonio de cómo fue el desembarco en el Nuevo Mundo. Algunos, como Bartolomé de las Casas, han pasado a la historia por ser uno de los primeros defensores de los amerindios, los habitantes nativos de unas tierras que terminaron expoliadas y los miembros de unas civilizaciones que resultaron arrasadas.

Ketanji Brown Jackson (Washington DC, 1970) es una especie de cronista de Indias porque con sus votos particulares está dejando para la posteridad la crónica de la conquista del Tribunal Supremo y de esta América por parte de Donald Trump, y sus consecuencias para los habitantes de este Nuevo Mundo que es Estados Unidos en 2025. En el siglo XV y XVI los españoles usaron unas armas distintas a las que está usando Trump, pero igual que había testigos entonces que dejaron valiosos testimonios, la jueza Brown Jackson, la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de EE.UU., está convirtiéndose en testigo de primera mano de la conquista trumpista; si Bartolomé de las Casas escribió en su día una Historia general de las Indias (1552), con los escritos de la jueza Brown Jackson se podrá narrar la historia general del trumpismo.

En un acto este jueves en el colegio de abogados en Indiana, la jueza reconoció que uno de sus objetivos es llamar la atención sobre lo que está sucediendo en EE.UU, y cuando un juez federal le preguntó qué le quitaba el sueño, la jueza Jackson hizo una pausa y luego dijo: “Diría que el estado de nuestra democracia”. Y añadió: “Estoy de verdad muy interesada en que la gente se concentre, invierta tiempo y preste atención a lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro gobierno”.

Ketanji Brown Jackson, progresista, es jueza del Supremo desde abril de 2022, cuando fue nombrada por Joe Biden. Y en su discurso de toma de posesión explicaba de dónde venía su nombre, rasgo distintivo fundamental de la jueza: “Cuando nací aquí en Washington, mis padres eran maestros de escuela pública y, para expresar orgullo por su herencia y esperanza en el futuro, me pusieron un nombre africano: 'Ketanji Onyika', que, según les dijeron, significa 'hermosa”.

Recurrir a un nombre africano en 1970 en EE.UU. es una declaración de intenciones, un hilo que se teje para conectarse con unas raíces colectivas.

“Mi esperanza es que las pruebas y los triunfos de mi trayectoria como hija, hermana, esposa, madre, litigante y amiga sirvan de testimonio para las jóvenes, las personas de color y las personas que luchan por todo el mundo, especialmente para quienes albergan ambiciones y creen con firmeza en la posibilidad de alcanzarlas”, escribe Ketanji Brown Jackson, en Hermosa: Memorias: “Quiero animar a estas soñadoras audaces a no dejarse desanimar por la adversidad, porque la vida siempre presentará desafíos. Debemos permitir que nos enseñen y fortalezcan, y que nos ayuden a desarrollar confianza en nuestra capacidad para encontrar el camino. Al final, debemos confiar en el camino que elijamos, ancladas en un firme sentido de nuestro potencial, inspiradas por las personas que nos rodean y fortalecidas por nuestra voluntad de perseverar”.

Y eso es lo que está haciendo Ketanji Brown Jackson en su asiento en el Tribunal Supremo de EE.UU ante la súper mayoría conservadora (6 a 3): dejar un testimonio indeleble. Según decía The New York Times, la jueza Ketanji Brown Jackson redactó solo cinco opiniones mayoritarias durante el periodo del Supremo que finalizó a finales de junio, la menor cantidad entre los miembros de la corte. Y de acuerdo con The Washington Post, escribió más opiniones discrepantes este periodo de sesiones –van desde el primer lunes de octubre hasta finales de junio o principios de julio– que cualquier otro juez. En total, redactó 24 opiniones. Jackson también superó con creces a sus colegas en el número de palabras que ha pronunciado durante los argumentos orales: ha pronunciado más de 79.000; Sonia Sotomayor, su colega progresista, queda en un segundo lugar, con 53.000.

Esta semana, el Tribunal Supremo allanó el camino para los despidos masivos en la Administración Trump de funcionarios. Y, en su voto particular negativo, la jueza Brown Jackson escribía: “Este caso trata sobre si dicha medida constituye una reforma estructural que usurpa las prerrogativas del Congreso en materia de formulación de políticas, y es difícil imaginar una decisión significativa sobre esta cuestión una vez que se hayan producido dichos cambios. Sin embargo, por alguna razón, este Tribunal considera oportuno intervenir ahora y dar rienda suelta a la bola de demolición del presidente. En mi opinión, esta decisión no solo es muy desafortunada, sino también arrogante e insensata. [...] Mantendría intacta la protección de la relación histórica entre el Congreso y el presidente, evitando daños irreparables a los demandantes y al público, mientras que el Poder Judicial realiza la labor crucial de evaluar este ejercicio de poder”.

Y critica “el entusiasmo demostrado por este Tribunal Supremo al dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente alegando en una situación de emergencia”.

A raíz de este fallo, Marco Rubio ha empezado ya con los despidos masivos en el Departamento de Estado, que pueden afectar a más del 15% del organismo.

En otro caso reciente, el de las deportaciones a Sudán del Sur de migrantes que son de cualquier otro lugar, la jueza Jackson, junto con Sonia Sotomayor, escribieron: “La orden de hoy no solo justifica (una vez más) el desprecio manifiesto del Gobierno por el Poder Judicial, sino que también deja al Tribunal de Distrito sin ninguna orientación sobre cómo proceder. El fallo de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero la Administración Trump tiene al Tribunal Supremo a su disposición”.

Ketanji Brown Jackson también denunció en mayo lo que ella calificó como el “elefante en la habitación”, es decir, los “ataques implacables” contra los jueces propagados por la Administración Trump cada vez que un fallo no le conviene, y un ambiente de acoso que, en última instancia, “corre el riesgo de socavar la Constitución y el estado de derecho”.

“En todo el país, los jueces se enfrentan a un aumento de amenazas no solo de violencia física, sino también de represalias profesionales simplemente por hacer su trabajo”, declaró la jueza Jackson en una conferencia para jueces celebrada en Puerto Rico. “Y los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta importante función”.

En un caso clave fallado el pasado 27 de junio, el Supremo se alineó con Trump para quitarle a los tribunales inferiores competencias para bloquear la agenda ultra del presidente de EE.UU. Una decisión sin precedentes que respondió Jackson en su opinión disidente: “Un sistema político regulado por la ley significa que todos están sujetos a ella, sin excepción. Y para que esto suceda, los tribunales deben tener la facultad de ordenar a todos (incluido el Ejecutivo) que cumplan la ley, y punto. Concluir lo contrario es respaldar la creación de una zona sin ley, donde el Ejecutivo tiene la prerrogativa de aplicar la ley a su antojo, y donde individuos que de otro modo tendrían derecho a la protección de la ley quedan sujetos a sus caprichos”.

A finales de mayo, se produjo otro fallo polémico sobre la revocación de permisos humanitarios de residencia para medio millón de personas, provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. “El Tribunal Supremo determinó que la balanza de equidad favorece al Gobierno”, escribía Jackson con Sotomayor, “y, perece que es de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales resuelvan sus reclamaciones legales”.

La decisión del Supremo abría la puerta para que la administración Trump elimine las protecciones legales temporales para cientos de miles de inmigrantes, lo que eleva a casi un millón el número total de personas que podrían quedar expuestas a la deportación, teniendo en cuenta que hace dos semanas se produjo un fallo parecido que deja en el aire a 350.000 personas de Venezuela.

Ketanji Brown Jackson lleva meses criticando abiertamente las opiniones de sus colegas conservadores en sus escritos en el Supremo, dejando a un lado el lenguaje leguleyo típico de los fallos judiciales para introducir argumentos apasionados para denunciar el trato de favor del más alto tribunal de EEUU con el presidente de EEUU.

Es la jueza que denuncia desde dentro los abusos del Supremo para avalar la agenda ultra de Trump.

De las caras de odio se pasó a los insultos, de los insultos y las consignas ultras y racistas a las bengalas y los estallidos de petardos, y ya de las bengalas, a las agresiones y los lanzamientos de piedras, cristales y botellas. El municipio de Torre Pacheco se convirtió en la noche del sábado en un polvorín. Una batalla campal entre nazis y jóvenes de estética ultra llegados de otras ciudades con ganas de pelea, por un lado, y grupos de chicos marroquíes encapuchados y organizados esperándoles a las puertas de sus barrios.

La “caza” al migrante en Torre Pacheco continúo en la noche de este sábado, tal y como habían amenazado en los últimos días los ultra que se organizan a través de algunos grupos en Telegram y otras plataformas para poner en marcha “patrullas”. Su objetivo, migrantes magrebíes, foco de las persecuciones de estos exaltados que ya se tomaron este viernes la justicia por su mano en respuesta a la brutal agresión sufrida el pasado miércoles contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de un joven presuntamente de origen magrebí.

Sobre las 20.30 empezaron a congregarse en la plaza del Ayuntamiento decenas de individuos con camisetas negras, las caras tapadas, gritos de “arriba España” y los brazos en alto. “Moros no, España no es un zoo”, “España, una grande y libre” o “España cristiana y no musulmana” son algunas de las consignas que coreaban con rabia, muchos de ellos totalmente alcoholizados. Los rostros estaban a cada momento más desencajados por la ira.

A las 22.00, las amenazas de “cacerías” al migrante dejaron de ser un simple mensaje en un foro de “patriotas”. Los antidisturbios se tuvieron que desplegar por el casco urbano de Torre Pacheco y la llama prendió en uno de los focos más conflictivos, el barrio de San Antonio, donde el mayor porcentaje de vecinos es de nacionalidad extranjera.

A las puertas de este barrio —la Guardia Civil había cerrado todos los accesos para que los ultras no pudieran llegar al corazón de sus calles— la disputa se originó cerca de un kebab donde se encontraban grupos de jóvenes magrebíes. Las peleas han dejado varios heridos, aunque a estas horas se desconoce cuál ha sido el balance. Han tenido que movilizar varias ambulancias.

El número de policías fue, en todo momento, muy escaso. Alrededor de medio centenar de agentes para más de medio millar de exaltados. Pese a ello, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, aseguró esta misma noche que “este sábado hemos continuado con nuestros máximos esfuerzos y números de efectivos en Torre Pacheco”, pese a que la cifra de efectivos policiales hizo imposible controlar la guerra campal.

Seguidamente, Guevara añadió que se van a incorporar más agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (USECIC), y refuerzos del Grupo de Reserva y Seguridad. “El Ministerio del Interior puso a disposición más recursos y agentes que vienen de camino”.

Guevara apuntó que, por el momento, los agentes desplegados no han tenido que intervenir, “simplemente contener a dos grupos con pequeños enfrentamientos para evitar situaciones violentas”. Y ha advertido que “en breve” va a haber detenidos por estas situaciones: “Estamos muy pendientes de la investigación de la agresión a Domingo el miércoles, pero también de las personas que están generando este desorden público con estos mensajes de odio e incitaciones a la violencia”.

Al menos un detenido y varios heridos

Este mismo domingo la delegada del Gobierno confirmó a primera hora el arresto de una persona en el municipio, donde hay además al menos tres personas heridas leves. Guevara indicó que “durante todo el día de hoy” se mantuvo un dispositivo que se ha reforzado con incorporación de diferentes unidades y con la puesta a disposición de “todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino” desde la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid y el Ministerio de Interior, según informa Europa Press.

Todas las rotondas de acceso a Torre Pacheco estaban esta noche vigiladas por controles de la Guardia Civil para dar el alto a los vehículos sospechosos que intentaban entrar al pueblo. Y en las avenidas periféricas, donde suele haber al caer la tarde decenas y decenas de personas, se veía mucha menos gente de lo habitual.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió esta noche al Gobierno que refuerce los efectivos en Torre Pacheco para “frenar la espiral de violencia inmediatamente”.

Así lo ha afirmado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que ha añadido que habló con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Cuando la batalla estalló también empezaron a llegar las primeras ambulancias para atender a heridos. Había en varias esquinas hombres jóvenes con las caras chorreando sangre de botellazos y golpes de piedras lanzadas al aire.

Para calentar los ánimos, en los chats de grupos como Deport Them Now Spain han seguido enviando imágenes de los presuntos agresores de Domingo -aunque como él mismo denunció ante la Guardia Civil solo fue un individuo el que le agredió- y vídeos de agentes de la Policía Nacional intentando reducir a jóvenes marroquíes, aunque fuentes locales han confirmado a este periódico que no están grabadas en Torre Pacheco.

“Va a ser un polvorín, estamos hasta los huevos de los moros” o “Torre Pacheco será conocida en toda Europa por ser el lugar donde comienzan las Cruzadas” son algunos de los mensajes que esta noche se han seguido cruzando en estos chats, mientras decenas de exaltados recorrían gritando consignas racistas, con las caras totalmente descompuestas por el odio y encendiendo bengalas en los puntos calientes de los barrios donde vive más población migrante: San Antonio, San Juan o Los Pérez, ubicados en la zona sur del municipio.

En Torre Pacheco conviven 89 nacionalidades, el 30% de la población es extranjera. “Tenemos empadronados 41.000 habitantes de derecho, más los que no están empadronados y el municipio crece entre 800 y mil personas más al año”, cuenta Juan Salvador Sánchez Saura, exconcejal socialista de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura.

Sánchez Saura reconoce que “tenemos el doble de población que hace 20 años, pero seguimos con el mismo catálogo de puestos de la Guardia Civil, por eso siempre estamos reclamando más medios, la plantilla no está ajustada”. El municipio, además, tiene 181 kilómetros cuadrados, con 11 pedanías y solo un 53% de la población reunida en el casco urbano.

A plena luz del día, este sábado ha sido el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, quien convocó a un par de centenares de simpatizantes y aprovechó la ocasión para lanzar las consignas del partido en contra de la inmigración ilegal. Eso sí, ha evitado condenar las persecuciones a migrantes magrebíes este viernes: “Torre Pacheco se ha levantado, están cansados de ver por qué calle van y a qué hora; los responsables de estos sucesos son PSOE y PP que son los que han traído a los inmigrantes y han generado esta inseguridad”, dijo Antelo. El presidente de Vox en la Región afirmó, además, “que los españoles tenemos la capacidad de defender a los nuestros, para eso estamos aquí”.

Cuando la diputada española de Vox Rocío de Meer planteó a principios de semana expulsar a ocho millones de inmigrantes, no estaba teniendo un enojo repentino, sino empleando una estrategia bien pensada que la ultraderecha está aplicando a escala global. Con estas afirmaciones, está empujando las líneas del terreno de juego político para que posiciones que hasta ahora nos parecían inaceptables en democracia nos empiecen a parecer parte del paisaje.

Esta es la explicación que la neurocientífica Tali Sharot y el profesor de derecho Cass R. Sunstein dan al progresivo deterioro de la democracia y las instituciones en Estados Unidos, que se extiende a otros países, como España y también Argentina. La estrategia, explican, se basa en explotar dos vulnerabilidades de nuestro cerebro, la habituación y el juicio relativo, que les permite instalar ideas autoritarias a base de habituarnos a ellas o compararlas con un nuevo contexto. La clave está en un mecanismo neuropsicológico universal por el que las personas son menos propensas a responder, o incluso a notar, los cambios graduales.

La habitación cerrada

En un artículo editorial publicado en la revista Science Advances y titulado ¿Nos acostumbraremos al declive de la democracia?, los dos especialistas explican cómo, a medida que las acciones autoritarias se vuelven más frecuentes, las personas pueden desensibilizarse, aceptando gradualmente comportamientos que antes habrían provocado indignación. Siguiendo este razonamiento, el autoritarismo sería como el mal olor de una habitación cerrada. Al cabo de 20 minutos en su interior, nuestros sentidos dejan de percibir el apestoso, pero eso no quiere decir que no siga estando presente, como nos hará notar alguien que entre desde fuera.

El autoritarismo es como el mal olor de una habitación cerrada. Al cabo de 20 minutos en su interior, nuestros sentidos dejan de percibir el apestoso

“La valoración y la percepción dependen de lo que prevalece, por lo que si diferentes cosas se vuelven predominantes, nuestra percepción cambiará, y con ella nuestra visión de lo que está bien y lo que está mal”, señalan Sharot y Sunstein. “En política, lo que prevalece también importa. Cuando las normas democráticas se violan repetidamente, la gente empieza a adaptarse. La primera vez que un presidente se niega a conceder una elección, es una crisis. La segunda, una controversia. La tercera, puede ser solo otro titular”.

Para los dos expertos, el gran riesgo es que aceptemos la ausencia de democracia como aceptamos el ruido de fondo: como algo desagradable, quizás, pero ya no urgente. Y citan las palabras de H.G. Wells: “Mil cosas que me parecían antinaturales y repulsivas rápidamente se volvieron naturales y ordinarias. Supongo que todo lo que existe toma su color del tono promedio de nuestro entorno”.

Adormecer a la sociedad

Luis Martínez Otero, neurocientífico del Instituto de Neurociencias de Alicante (UMH-CSIC), cree que aunque estos dos prestigiosos expertos hablan de Estados Unidos, el análisis es perfectamente trasladable a otros países. “El contexto político actual de polarización normaliza las violaciones democráticas, reescribe la historia y genera una especie de adormecimiento social que desensibiliza ante amenazas como la desinformación, la polarización o la pérdida de derechos civiles”, asegura. “Y esta situación se instrumentaliza para deslegitimar al adversario como enemigo, lo que debilita los marcos comunes de verdad y diálogo”.

La habituación hace que poco a poco vayamos aceptando actitudes antidemocráticas, sexistas o xenófobas, cosa que en otro contexto o época nunca habríamos aceptado

Clara Pretus — Neurocientífica experta en el avance de la desinformación y el extremismo

“La habituación hace que poco a poco vayamos aceptando actitudes antidemocráticas, sexistas o xenófobas, cosa que en otro contexto o época nunca habríamos aceptado”, explica Clara Pretus, neurocientífica experta en el avance de la desinformación y el extremismo. “Así es como funciona la desinformación también: repitiéndola hasta que nos la creemos nosotros mismos”.

“Lo que dijo Vox el otro día, la deportación de los 8 millones de inmigrantes, cuando ni siquiera hay 8 millones de inmigrantes, es parte de una estrategia que tiene que ver con la psicología”, asegura Sergi Soler, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “Básicamente, se trata de decir la barbaridad más grande que puedas decir, para que luego otras cosas, que serían barbaridades igualmente, parezcan más laxas o incluso moderadas”. El objetivo final, apunta el experto, es la aceptación en la cultura del país de ciertas ideas que son extremadamente racistas y neofascistas y que antes no estaban encima de la mesa.

La ventana de Overton

La habituación es la manera de ampliar lo que en sociología se conoce como la “ventana de Overton”, que es el espectro de posibles opiniones que se pueden expresar en el espacio público sin ser directamente descalificado. “La ventana de Overton es aquello que determina las ideas que son socialmente aceptables o no entre el público general”, detalla Soler. Y los intentos de ampliarla no siempre tienen éxito. “Un ejemplo muy claro es cuando Vox empezó a introducir la idea de que los españoles pudieran llevar armas, como en Estados Unidos”, recuerda. “¿Qué pasó? Que incluso desde sus propias bases no estaban de acuerdo. Porque esa idea estaba fuera de la ventana de lo socialmente aceptable”.

Se trata de decir la barbaridad más grande que puedas decir, para que luego otras cosas, que serían barbaridades igualmente, parezcan más laxas o incluso moderadas

Sergi Soler — Historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

“Para tener éxito a nivel nacional, los partidos políticos no pueden presentar sus ideas más radicales desde el inicio”, apunta Pretus. “A medida que las primeras ideas disruptivas se van normalizando e integrando en el discurso político dominante, se abre la posibilidad de plantear propuestas más radicales, que resultarán entonces más fáciles de aceptar”. Entre las ideas que se han ido aceptando por la presión de los mensajes extremistas en medios y redes sociales, Soler cita el negacionismo científico o el argumento de que el feminismo lo que busca es destruir al hombre. “Van moviendo la ventana hasta que el público general acepta esas ideas”, recalca.

Para Luis Miller, doctor en Sociología y científico titular del CSIC, añade el hecho de que la rebeldía ha cambiado de bando, especialmente entre los jóvenes. “El hecho de que alguien reaccione contra el consenso existente permite a otros mostrar públicamente creencias que antes mantenían en privado”, explica. “Y, una vez que se produce esta ruptura, se produce un proceso de normalización de forma gradual de esas ideas”. En este sentido, recuerda Miller, algunos expertos como Vicente Valentim apuntan a que el crecimiento de la ultraderecha no se debe tanto a que los votantes cambien de opinión, sino a que individuos que ya tenían ideas de ultraderecha, pero que no mostraban esas opiniones por miedo a sufrir repercusiones sociales, se deciden a dar el salto.

Cómo frenar la espiral del odio

En su artículo, Sharot y Sunstein hacen algunas recomendaciones para salir de esta espiral perniciosa y comenzar un proceso de deshabituación de las ideas autoritarias. Para ello recomiendan ver las cosas a la luz de nuestras mejores prácticas históricas, nuestros ideales más ambiciosos y nuestras aspiraciones más elevadas. “Podemos deshabituarnos si mantenemos esas prácticas, ideales y aspiraciones firmemente presentes, y si comparamos lo que sucede hoy no con lo que sucedió ayer o anteayer, sino con lo que esperamos que suceda mañana”, escriben.

Para Martínez Otero, la música suena bien, pero la solución se antoja más complicada. “No olvidemos que la habituación a la situación política actual tiene su origen en una acción consciente, a escala global, y que está dirigida y perfectamente engrasada por actores que tienen el control del diálogo colectivo a través de la acción política, la prensa y las redes sociales”, señala. Y estos actores tienen, además, una alta motivación para que las cosas sigan como están. “La deshabituación, por el contrario, no cuenta con las mismas herramientas e incluso parecería que debe hacerse a través de esfuerzos individuales”.

Hay una acción consciente, a escala global, y que está dirigida y perfectamente engrasada por actores que tienen el control del diálogo colectivo a través de la acción política, la prensa y las redes sociales

Luis Martínez Otero — Neurocientífico del Instituto de Neurociencias de Alicante (UMH-CSIC)

Para contrarrestar este fenómeno, opina Clara Pretus, es importante no perder de vista nuestros valores e ideales, porque nos pueden servir de andamio para ver más allá de nuestro entorno inmediato, que se va erosionando. “Las crisis son lo que ocurre mientras la mayoría de la población sigue con su día a día, viendo videos de protestas violentas, represión policial y delitos de odio en redes sociales, hasta que un día te toca a ti grabar con el móvil lo que está ocurriendo en la puerta de tu casa”, asegura. “Una vez estás dentro, es difícil salir del hoyo”.

“El panorama ahora mismo es complicado”, admite Sergi Soler. “Porque cuando los extremistas empiezan a perder el complejo, cuando empiezan a darse cuenta de que pueden hablar un poco de lo que les dé la gana y que mucha gente les va a aplaudir después de tantos años de lluvia fina, se produce un efecto de bola de nieve en el que parece que arrollan como un tren”. Pero la ventana de Overton no es inamovible y otras muchas veces se ha movido hacia la izquierda, avisa. “En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es dar la batalla cultural incesantemente, porque nos hemos olvidado de hacerlo”, concluye. “Al final, estoy convencido de que la lucha por los derechos siempre va a acabar ganando”.

Goher Rahbour, médico cirujano del West Suffolk Hospital de Londres, acaba de terminar una estadía en el Hospital Nasser de Jan Yunis, uno de los pocos que quedan en pie en la Franja de Gaza. Como decenas de colegas británicos y estadounidenses que vivieron una experiencia similar, Rahbour narró un pasaje por el infierno. Cada dos o tres días llegaban oleadas de víctimas de alguna masacre y no había recursos mínimos para atenderlas. Una constante ha sido la inusitada cantidad de niños con disparos en la cabeza y en el pecho. Sin nada que hacer, sólo quedaba pedirles a quien los acompañaban que los tomaran fuerte de la mano.

El oncólogo Rahbour narró otro costado del cuadro. Muchos pacientes gazatíes con cáncer llevan veinte meses sin ningún tipo de tratamiento. Y otro aspecto omnipresente: el hambre. En el último mes, 5.482 niños gazatíes pasaron por el hospital con síntomas de desnutrición severa, según la agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas.

De todo ese horror, Rahbour rememoró un caso que lo conmovió particularmente. Un adolescente de quince años recibió una metralla que le atravesó la médula espinal y lo dejó parapléjico. Quedó, además, en absoluta soledad, porque toda su familia había sido asesinada. Contó Rahbour, citado por el periodista Nir Hasson en el diario israelí Haaretz: “Él vivió durante quince años en Gaza. Sabe lo que le espera, sabe qué significa para un chico de quince años aguardar una silla de ruedas en Gaza. Sin familia, sin fisioterapia, todas esas cosas que nosotros damos por garantizadas... Dio vueltas por el hospital y nos dijo: ¿Puedo morir, por favor?”.

El Ministerio de Salud de Gaza viene difundiendo un listado con número de documento y fecha de nacimiento de las víctimas mortales en la Franja desde el 7 de octubre de 2023, día del ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel, que dejó 1.100 víctimas fatales en una sola mañana, acaso la mayor matanza de judíos desde el Holocausto.

'Él vivió durante quince años en Gaza. Sabe lo que le espera, sabe qué significa para un chico de quince años aguardar una silla de ruedas en Gaza. Sin familia, sin fisioterapia... Dio vueltas por el hospital y nos dijo: ¿Puedo morir, por favor?'

Goher Rahbour, cirujano británico en Gaza

El informe del ministerio gazatí del lunes pasado (381 páginas) enumeró 55.202 muertes, 17.121 niños.

Tienen nombre. Mahmud al-Maranakh fue asesinado el día en que nació, como otros siete bebés. Cuatro tuvieron la oportunidad de vivir un día, y otros cinco, dos.

Dado que el Ministerio de Salud de Gaza depende de Hamás, la organización integrista que perpetró cientos de atentados en el pasado, el Gobierno de Israel considera la difusión de la cifra como una maniobra de propaganda. Eso, de a ratos, porque estamentos del Estado israelí, instituciones internacionales y académicos de muchas universidades validan números que se acercan e incluso superan lo informado por la autoridad gazatí.

Hace ya un año, cuando la cifra oficial de muertes se acercaba a 38.000, la revista The Lancet, de máxima autoridad en materia científica, publicó un estudio de tres investigadores (canadiense, británico y estadounidense) que, según “un cálculo conservador”, considerando la magnitud de la destrucción de Gaza y la falta de atención a los heridos, la cifra real de muertes se elevaría a 186.000 con el correr de los meses. El investigador de la británica Universidad de Holloway Michael Spagat, especializado en mortalidad en guerras como las de Irak, Siria y Kosovo, condujo un estudio que incluyó entrevistas a 2.000 familias en Gaza. La revista Nature publicó datos del trabajo el viernes: la cantidad real de muertos es superior a 84.000, y el balance se agravará con los desnutridos y los heridos.

La novedad de las últimas semanas fueron las matanzas perpetradas en los cuatro centros de distribución de comida que el Gobierno de Benjamín Netanyahu entregó a la Fundación Humanitaria de Gaza, dirigida por un evangélico estadounidense, partidario de Donald Trump. Desde que fueron desplazadas las agencias de Naciones Unidas que cumplían esa tarea, los muertos en esas circunstancias suman más de 550, según el ministerio gazatí.

Ultras del mundo, uníos

La realidad de lo que el fallecido Francisco, fiscales internacionales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo —incluido Israel— denominaron “genocidio” o “limpieza étnica” no conmueve el debate público argentino.

Aunque hay pequeñas organizaciones como Judíes por Palestina y Llamamiento Argentino Judío, en el país no tienen lugar las acciones que lleva a cabo la vívida sociedad civil judía de Nueva York, que organiza concurridas manifestaciones en el centro de la ciudad o firma solicitadas rubricadas por cientos de rabinos, intelectuales y artistas, exigiendo al Ejecutivo israelí que no actúe en su nombre. Como resulta obvio, una cosa es el Gobierno de Israel y otra su sociedad, la religión y la cultura judía, pese a la confusión premeditada en que incurren tanto los antisemitas como círculos políticos que ven un faro en la deriva ultraderechista en el país asiático.

A veces, el conflicto de Medio Oriente asoma en forma de anécdota, como días atrás, cuando los diputados Damián Arabia (PRO-Bullrich) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) creyeron oportuno dejarse invitar para celebrar el desfile del orgullo gay en Tel Aviv. En pleno trámite festivo sobre la diversidad y la tolerancia, y a pocos kilómetros de las poblaciones de Gaza convertidas en escombros, se desató el pronosticado intercambio de misiles entre ciudades iraníes e israelíes, por lo que la dupla debió privarse del desfile y dejar Tel Aviv en cuanto pudo. La causa dará oportunidad de sumar nuevas millas.

Como resulta obvio, una cosa es el Gobierno de Israel y otra su sociedad, la religión y la cultura, pese a la confusión premeditada en que incurren tanto los antisemitas como círculos políticos que ven un faro en la deriva ultraderechista en el país asiático

Ningún otro gobernante del mundo es un aliado tan enfático de la ofensiva israelí como Javier Milei. El ultra dice estar en tránsito a la religión judía y ello lo lleva —en su particular psiquis— a una extravagante adhesión a Israel. Es tal el desvarío de un seguimiento autómata de lo que decida Tel Aviv, que hasta el PRO de Mauricio Macri se animó a cuestionarlo por no priorizar los “intereses nacionales”.

Llegar al Muro de los Lamentos, en Jerusalén, puede dar lugar a la emoción, por lo que significa en términos religiosos, turísticos y culturales. Sin embargo, entre las miles de personas que pasan por esa explanada cada día, cuesta encontrar a algún feligrés poseído por semejante congoja como la expuesta por Milei el par de veces que se dio una vuelta por allí. Fuera de sí, el autodenominado topo, autodenominado cruel, autodenominado psicopateador y autodenominado vaca mala se aprisiona como quien quiere fundirse a la roca, hasta que algún rabino lo rescata.

Necesitado de salir del aislamiento internacional que supone una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad emitida por la Corte Penal Internacional, Netanyahu sabe retribuir la sobreactuación del argentino con tuits, premios y premiecitos.

Inmundicia y crueldad

En su curioso recorrido, Milei construye enemigos a los que califica como “excrementos”, “ratas” y “parásitos”.

Micaela Cuesta y Lucía Wegelin, doctoras en Ciencias Sociales e investigadoras de la Universidad de San Martín, publicaron Prejuicio y Política. Para una crítica sociológica del autoritarismo contemporáneo (UNSAM, 2024). En el capítulo “Anatomía del prejuicio”, que recorre los componentes constitutivos del discurso nazi, incluyen el siguiente párrafo:

“El disfrute de la inmundicia se asocia, señala Adorno, con el disfrute de la crueldad, pues esta estratagema se asocia a la del ‘cosquilleo de la médula espinal’, que consiste en hacer creer que las atrocidades reveladas por los agitadores (ndr: Hitler), y perpetuadas por los comunistas, les sucederá a sus seguidores. Los agitadores, coinciden los distintos autores, no prometen. Antes bien, amenazan”.

Por fuera de la ferviente adhesión mileísta a la postura oficial de Israel y alguna foto de ocasión de dirigentes del ex Juntos por el Cambio y el peronismo que pugnan por la liberación de unos cincuenta rehenes (treinta estarían sin vida) que siguen en manos de Hamás y omiten por completo las 55.000 muertes de palestinos, las referencias a Medio Oriente son contadas en el arco político argentino. Muy notoriamente, las “nuevas melodías” de Axel Kicillof también se demoran en este asunto.

Desde una perspectiva crítica, se destacaron todos los cancilleres de los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina y Alberto Fernández, más Susana Malcorra, primera ministra de Exteriores de Macri, que reclamaron en nota conjunta apego a la postura histórica de Argentina, que pide negociaciones en paz con la premisa del respeto a los derechos humanos y a los dos Estados. En soledad entre los peronistas de a pie, Juan Grabois se expresó en varias oportunidades contra los “crímenes de guerra del Estado de Israel en Gaza”. En sus antípodas y para sorpresa de nadie, Guillermo Moreno alaba a Netanyahu y a Trump.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores y otros partidos de izquierda sostienen la única denuncia consistente contra la masacre en Gaza, sin que alguno de sus dirigentes deje de incurrir en consignas hirientes y poco reflexivas. En el contexto argentino, esa posición se ubica en el margen izquierdo del espectro, aunque forma parte del núcleo de la centroizquierda en Chile, Brasil, Uruguay y Europa.

La respuesta a la posición de dirigentes trotskistas, a veces expresada en forma chocante ante derechos básicos del pueblo israelí, no es política, sino judicial.

Opinión y persecución

El jueves, en la sala I de la Cámara en lo Penal, Correccional y de Faltas de Capital Federal, se llevó a cabo una audiencia por la acusación de antisemitismo presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) contra Alejandro Bodart, excandidato a presidente y exlegislador porteño por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

El caso se originó en tres tuits de Bodart, de mayo de 2022, en los que el dirigente trotskista escribió “sionista=nazi”, criticó al “Estado racista y genocida de Israel…, por una Palestina laica y democrática, del río al mar” (una forma de referir en Medio Oriente al no reconocimiento del Estado de Israel o, en su sentido inverso, de Palestina), y aclaró “siempre condenamos la persecución antijudía y toda opresión étnica. Por eso defendemos al pueblo palestino. Basta de acusar de antisemitas a quienes somos antisionistas”.

El sionismo, cabe recordar, es un movimiento nacido en el siglo XIX que se propone la creación de un Estado judío en el Monte de Sion (Jerusalén), aspiración que se coronó en 1948, cuando, al cabo de la guerra árabe-israelí, fueron desplazados cientos de miles de palestinos. Como es evidente, no todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas adhieren al expansionismo de sus gobiernos, ni todos los habitantes de Israel son judíos.

La expresión “sionista=nazi” resulta política y moralmente inaceptable si se tiene en cuenta que muchos judíos-sionistas son descendientes de víctimas del Holocausto. Otra cuestión es que ello se transforme en una vía de persecución penal ante una opinión, por más desagradable que resulte.

Si toda expresión inflamada termina en una causa penal, dos tercios de la dirigencia política argentina debería pasar por tribunales, empezando por el más agraviante de todos. O, con motivo mucho más fundado, el ex vicepresidente de DAIA Sergio Pikholtz, quien calificó como blanco legítimo a todos los palestinos mayores de cuatro años. Por qué no Patricia Bullrich, que vincula a los mapuches a los “terroristas”; Milei, que apunta a los “zurdos de mierda”, o Miguel Ángel Pichetto, que niega la mera existencia de esa identidad indígena y desprecia a la inmigración de países limítrofes.

Ni qué hablar de quienes endilgan las acciones de Hamás a todos los habitantes de Gaza y a quienes denuncian la acción del Ejército de Israel, como ocurre decenas de veces por semana en el ameno menú televisivo y radial de Argentina. La estigmatización del Islam y el mundo árabe campea a sus anchas en las últimas décadas.

El expediente contra Bodart fue y vino entre primera instancia y apelaciones, con un sobreseimiento, que fue apelado; una absolución en juicio oral, y una condena con fallo dividido en Casación. Como no hubo doble conforme, la defensa de Bodart apeló ante la Cámara compuesta por Marcelo Vázquez, Elizabeth Marum y Luisa Escrich, que podría decidir en las próximas semanas.

La denuncia contra el dirigente del MST tiene una causa espejo en el fuero federal contra la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero), también accionada por la DAIA.

En una hipérbole de la que seguramente no se enorgullecerá, el juez Daniel Rafecas, con trayectoria sólida en el juzgamiento del terrorismo de Estado en argentina, llega a afirmar que las expresiones de Biasi son más graves porque se dan en un país que sufrió dos atentados terroristas. Como si una crítica dura al Gobierno de Netanyahu o un cuestionamiento a la existencia del Estado de Israel pudiera asociarse a la voladura de la mutual judía AMIA y la Embajada de Tel Aviv en Buenos Aires.

Esa forma de invalidar una postura política debatible se basa sobre el estratagema de estirar como elástico el concepto de antisemitismo, con el fin de persecución, muy a tono con la época.

Promover el estado palestino “desde el río hasta el mar” supone la negación del derecho a la existencia del Estado de Israel, conformado tras el Holocausto, lo que supone un fundamento válido. La polémica, desde ya, no termina. Ocurre que “la tierra ancestral” tenía otros habitantes allí asentados durante generaciones, que vivieron su nakba (catástrofe) al ser expulsados de sus hogares.

Incluso si no se reconociera la excepcionalidad del Holocausto, negar la existencia de Israel elude la pregunta sobre el destino de sus diez millones de habitantes actuales. Pero lo que está en juego no es la pertinencia, sensatez o humanidad de una consigna de un dirigente trotskista, sino la libertad de expresión. Si sus majestades los jueces, plenos de privilegios, aplican un lápiz rojo sobre lo que se puede decir, con doble vara evidente, la democracia se deteriora todavía más.

Es probable que el tuit de Bodart se haya excedido al sugerir la inexistencia de Israel. Otros opinarán lo contrario, pero no todo son palabras. Hay hechos.

Un territorio, Gaza, donde viven dos millones de personas, privadas de derechos elementales por décadas, dejó de existir como lugar habitable, producto de las bombardeos incesantes durante un año y medio. Un joven, arrasado, condenado a un calvario de por vida, pide a los médicos que lo dejen morir, por favor.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

Dinero de las criptomonedas para reunir a economistas ultraliberales, figuras de la extrema derecha e influencers conspiranoicos con Javier Milei como principal estrella. El Presidente volverá a España este domingo para participar en el Madrid Economic Forum, un evento auspiciado por la principal plataforma cripto española que se celebrará mientras continúa la investigación de la presunta estafa de $LIBRA, la criptomoneda que se hundió en febrero justo después de que el mandatario argentino la promocionara.

El Madrid Economic Forum surgió en 2023 vinculado al Andorra Economic Forum, ambos organizados por las firmas andorranas Racks Labs y Abast Global. La primera es una consultora tecnológica vinculada a Víctor Domínguez, polemista conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine por sus críticas al gobierno español o promover la emigración fiscal a Andorra de los influencers. Abast Global es un despacho de abogados especializado en gestionar traslados de residencia y creación de sociedades en el Principado.

Esta será la primera edición del evento que tendrá lugar en la capital entre el 6 y el 8 de junio, tras dos celebradas en Andorra la Vella. La clausura correrá a cargo de Milei el 8 de junio a las 14.45, que no solo está siendo investigado en Argentina sino también en EEUU, donde no fue imputado. No obstante, su nombre aparece en una demanda presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por haber promocionado la criptomoneda y reunirse en varias ocasiones con sus creadores en los días previos.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York congeló recientemente US$289 millones en cuentas pertenecientes a los impulsores de $LIBRA, quienes retiraron sus fondos poco antes del colapso de la criptomoneda. Se estima que hay hasta 75.000 afectados.

En paralelo, la Fiscalía federal argentina abrió una investigación contra Milei por su posible implicación en estos hechos, analizando delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. El Presidente publicó un tuit promocionando $LIBRA y, según los indicios, los responsables del proyecto retiraron su dinero inmediatamente después, precipitando el desplome del valor del activo.

elDiario.es contactó directamente con Helena de Torres, socia y organizadora del evento, para preguntar por la participación de Milei en relación con su situación procesal. De Torres no respondió al requerimiento. Fuentes oficiales de Bit2Me, la empresa cripto patrocinadora del foro, se desmarcan por su parte de la elección de Milei y el resto de nombres que tomarán la palabra en el evento, entre los que también se encuentran el presentador Iker Jiménez o Esperanza Aguirre.

“No entramos a valorar cuando una investigación está en curso”, expresan en contacto con elDiario.es desde la bolsa cripto, que está registrada en el Banco de España como proveedora de monedas virtuales y cuenta entre sus inversores con empresas como Telefónica o BBVA. “Eso corresponde a los organizadores”, inciden.

No obstante, sus responsables sí recalcaron “el error” que había supuesto la actuación del presidente argentino en su momento. “A pesar de que muchos estén ilusionados con las ideas que trae Javier Milei, que se supone que son frescas y traen un cambio al modelo que teníamos, este tipo de error penaliza su posición y decepciona a muchísimos seguidores”, dijo en febrero Javier Pastor, director de Formación de Bit2Me en Capital Radio.

“Es una decepción. Los inversores que confiaron perdieron muchísimo dinero”, recordaba Pastor, que será uno de los ponentes en el evento.

Ecos trumpistas

Pese a que sus patrocinadores son dos plataformas cripto (la otra es Orion Funded, radicada en Emiratos Árabes y especializada en facilitar las primeras inversiones de aquellos que incursionan en este mundo), el foro solo tocará de pasada esa temática. “Se abordarán aspectos como la vivienda, la seguridad, las pensiones, el emprendimiento, la batalla cultural y el nuevo orden mundial”, explican desde la organización.

Lejos de ser un foro cripto, el Madrid Economic Forum estará dominado por los debates que popularizó el trumpismo y la nueva extrema derecha estadounidense, como el antiglobalismo, las críticas a la democracia representativa y los servicios públicos.

La charla inicial estará a cargo del empresario español Marcos de Quinto, que departirá sobre “cómo el wokismo está impactando en las políticas corporativas y en la libertad de expresión”, así como “los peligros de este fenómeno para el entorno laboral y la cultura empresarial”. Por su parte, el polemista argentino y amigo personal de Milei, Agustín Laje, hablará sobre “el surgimiento de una nueva derecha”, mientras que el influencer Marc Vidal tratará sobre “el euro digital, la moneda espía”, una teoría de la conspiración presente en cultores de la extrema derecha.

La lista sigue con el citado Iker Jiménez, que tratará sobre “la crisis de los medios de comunicación en España y la pérdida de credibilidad” o el economista anarcocapitalista Miguel Anxo Bastos, conocido por pedir el fin de la sanidad o la educación públicas, y que defenderá “el fracaso del socialismo como modelo económico”.

Además de De Quinto, hay numerosos nombres de políticos que estuvieron vinculados con la derecha y la extrema derecha, como el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera. Como ex representantes de Vox intervendrán Iván Espinosa de los Monteros o Ramón Tamames, el candidato de los de Santiago Abascal en la moción de censura fallida, que dará una charla sobre “la hispanidad”. La única mujer entre los cerca de dos docenas de ponentes será Esperanza Aguirre.

“Nuestro objetivo es crear un espacio donde la innovación, el debate y el aprendizaje se den la mano”, expresaba su organizadora, Helena de Torres, en un comunicado oficial enviado en mayo. “Buscamos no solo transmitir información, sino también generar un entorno de reflexión que inspire soluciones concretas a los grandes desafíos económicos que enfrentamos”, continuaba.

Hay tres modalidades de entrada para asistir al evento: una básica de 100 euros, otra de 1.450 euros, que da acceso a eventos VIP, y una tercera de 7.500 euros, que permite departir con los ponentes. La organización afirma que se esperan más de 10.000 asistentes al Palacio Vistalegre de la capital, pero el evento no está completo y, de hecho, sus entradas se ofrecen ahora con un 30% de descuento sobre el precio original.

Entre muchas definiciones pendientes, el año electoral presenta algo parecido a una certeza. Javier Milei eligió a José Luis Espert para encabezar la lista de candidatos a diputados del oficialismo por la provincia de Buenos Aires, en octubre próximo. El dato no es menor, porque se trata de la postulación más importante de lo mucho que está en juego en las urnas.

La relación entre el Presidente y el diputado —afiliado a La Libertad Avanza en febrero pasado— atravesó varias idas y vueltas en lo que va de la década, con instancias que parecieron irreconciliables. No hubo de parte de ellos una explicación mínimamente coherente de esos movimientos, ni en el plano político ni el personal.

En privado, Milei se encargó de difundir entre integrantes de su armado político la causa del distanciamiento más grave, a mediados de 2021, según pudo reconstruir elDiarioAR de tres fuentes independientes entre sí. Todas ellas afirman haber escuchado la narración de boca del hoy Presidente.

Con la pandemia todavía en curso, Milei había decidido postularse en las elecciones de medio término de 2021. Dos años antes, en 2019, el entonces analista de Corporación América y panelista televisivo se había entusiasmado con el esbozo de la postulación presidencial de Espert, economista con similar discurso ultra, pero la relación naufragó por diferencias sobre la estructura política y el financiamiento de la campaña. Milei terminó anunciando que no votaría por ningún candidato en esos comicios que ganaría Alberto Fernández.

En octubre de 2020, el vínculo entre Milei y Espert se descongeló, y ambos comenzaron a pergeñar un proyecto electoral común. Las negociaciones avanzaban hasta que se produjo el hecho narrado por las tres fuentes citadas, poco antes de la inscripción de alianzas y listas electorales de 2021.

Cita en Vicente López

Milei transmitió que Espert se presentó con una valija con US$ 300.000 en efectivo, a cambio de que bajara su inminente candidatura a diputado nacional y se incorporara a las listas de Juntos por el Cambio (JxC), en el quinto lugar, un puesto entrable para el oficialismo porteño.

Según el relato, Espert actuó de emisario de Horacio Rodríguez Larreta. Tras el traumático final del Gobierno de Mauricio Macri, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había asumido la conducción política de JxC y proyectaba su candidatura presidencial. Además del riesgo electoral que significaba la irrupción de un emergente por derecha en la Ciudad de Buenos Aires, Larreta era blanco cotidiano de los insultos y amenazas que profería Milei por televisión. Todo lo contrario de Espert, que ya había ubicado a alguno de sus hombres en puestos en el Gobierno porteño.

Dos de las fuentes indican que el encuentro en el que Espert —según el relato de Milei— habría intentado el soborno tuvo lugar en la casa de Karina Milei en Vicente López, conurbano norte de la Capital Federal, en junio o los primeros días de julio de 2021. Además de los dos economistas, estaban presentes Karina; Luis Rosales, analista y entonces socio político de Espert; y Jimena Aristizábal, secretaria del economista que habría llevado la valija.

Hace tres años, el abogado Carlos Maslatón, un armador de los inicios de La Libertad Avanza, narró a este periodista el mismo hecho, aunque con menos detalles. No fue posible en esa ocasión corroborar la versión con más fuentes que hubieran escuchado la denuncia contra Espert de boca directa de Milei y aportaran más precisiones, como sí ocurrió ahora.

El relato indica que Milei rechazó con indignación el ofrecimiento de Espert y ello disparó la ruptura. En definitiva, se trataba de una oferta de una naturaleza distinta a los pagos cash en dólares de interesados que se acercaron a medida que el panelista se fue transformando en presidenciable, según el relato de inversores que afirman haber gestionado esas citas mediante el whatsapp de Karina.

La coincidencia de cuatro fuentes independientes entre sí —las tres consultadas para esta nota y Maslatón— resulta concluyente en cuanto a que Milei relató ese hecho como causa de la cancelación de Espert

En los días siguientes al relatado encuentro de la valija, el economista-panelista inscribió La Libertad Avanza en la Capital Federal, y su colega compitió por la provincia de Buenos Aires con el sello Avanza Libertad.

Ambos consultores, el anarco-liberal y el ultraliberal, con pasado en el Estudio Broda, resultaron electos diputados nacionales en 2021. Durante la campaña, Espert alimentó la confusión de los respectivos espacios, pero Milei se ocupó de aclarar de que La Libertad Avanza no tenía nada que ver con Avanza Libertad.

La coincidencia de cuatro fuentes independientes entre sí —las tres consultadas para esta nota y Maslatón— resulta concluyente en cuanto a que Milei relató ese hecho como causa de la cancelación de Espert, pero no prueba el intento de soborno en sí.

Karina, Espert y los voceros presidenciales de Javier Milei no respondieron consultas de este medio sobre el episodio. En el entorno de Rosales —compañero de fórmula presidencial de Espert en el Frente Despertar, en 2019, luego distanciado— afirman que el motivo del quiebre de la relación fue paulatino y “no un hecho específico”, y que las negociaciones para el armado electoral se llevaron a cabo en diversos domicilios, inclusive el de Karina.

“Un disparate; es falso”, dijo un allegado a Rodríguez Larreta en lo referido a que el exjefe de Gobierno hubiera mandatado a Espert a tentar a Milei con US$300.000. Desde allí apuntan un dato que cuestiona la lógica del encargo. Al competir en Provincia con el sello Avanza Libertad, Espert terminó afectando el mercado electoral de Diego Santilli, la carta de Larreta en el principal distrito en 2021.

Ese razonamiento indica que el presunto enviado a Vicente López no estaba alineado con los objetivos presidenciales del jefe de Gobierno. Suena probable, pero las idas y vueltas de Larreta y Espert en años previos y posteriores también resultan poco explicables desde un umbral bajo de lógica política.

Los principios del ultra

De todas formas, lo validado por cuatro fuentes —que Milei difundió la versión— suma interrogantes sobre la vara ética de Milei, que va desde lo infranqueable a la hora de pactar con personalidades a las que odia (Larreta), e indecorosa ante lúmpenes cripto y tareas de consultoría financiera, contemporáneas con su actividad política.

También se abren dudas sobre la verdadera dimensión de los odios del Presidente.

Si transmitió que Espert quedaba cancelado por un presunto intento de coima, no se sabe qué activó la descancelación dos años y medio después, al punto de transformarlo este año en su candidato para potenciar el rumbo ultraderechista, con la dosis de violencia ilimitada que supone “el profe”, si es que Santiago Caputo no logra torcer esa decisión.

Así, la presunta resistencia de Milei a Larreta resulta pétrea, pero líquida ante Espert o Patricia Bullrich, a quien acusó falsamente de un acto atroz: poner bombas en jardines de infantes.

Milei lanza llamaradas hasta lo temerario contra quienes se le ponen delante de su camino, pero también elige cuándo ser vaporoso.

Lo validado por cuatro fuentes —que Milei difundió la versión— suma interrogantes sobre la vara ética de Milei, que va desde lo infranqueable a la hora de pactar con alguien a quien odia (Larreta), e indecorosa ante lúmpenes cripto y consultorías indebidas

En octubre de 2022, entre risas, le contó a Alejandro Fantino que le habían puesto US$300.000 dólares sobre la mesa y le dijeron “correte”. “Llevátelos, no me interesa”, dijo que respondió. Cauto esa vez, prefirió no dar nombres.

La vida política de Milei y Espert es relativamente breve, como es lógico, porque nunca una opción ultra había llegado tan alto en las urnas. Ocurre que la dupla acumula demasiados acercamientos y distanciamientos inexplicables para tan poco tiempo, aun desde la óptica más extrema del pragmatismo político.

Milei y sus socios Diego Giacomini, Mariano Fernández y Gustavo Lázzari se sintieron atraídos por la candidatura presidencial de Espert en 2019. En marzo de ese año, el candidato selló una alianza con Alberto Asseff, un veterano nacionalista conservador, dueño de sellos que sirvieron a políticos sin partido en varias elecciones. El grupo de Milei se bajó del barco del Frente Despertar con el argumento de que aliarse con Asseff era inaceptable, porque resultaba “contrario a las ideas de la libertad”.

Meses después, antes de las elecciones, Milei y Espert se fundieron en un abrazo. Desconcertados, los grupos ultras se encendieron, pero finalmente el economista de las empresas de Eduardo Eurnekian se declaró prescindente.

Esa campaña dejó un lastre para Espert. El hombre de negocios Federico “Fred” Machado puso sus aviones a disposición de la campaña del candidato del Frente Despertar, pero resultó ser un narco que en 2022 sería extraditado a Estados Unidos.

Un segundo episodio poco edificante de aquel año lo admitió Gonzalo Díaz Córdoba, jefe de la campaña de Espert en la Ciudad de Buenos Aires. Este dirigente, entonces amigo de Lilia Lemoine y de larga trayectoria en proyectos de derecha, contó en un streaming con Maslatón que había negociado el apoyo de Espert a la reelección de Larreta como jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en 2019, a cambio de fondos para sostener la candidatura presidencial del Frente Despertar.

Luego sobrevino el proceso de distanciamiento, el reencuentro para las elecciones de 2021, el relato de Milei sobre la valija y la línea roja que parecía definitiva. La frialdad se transformó en enfrentamiento cuando Larreta, asediado por Bullrich y Milei, designó a Espert como su candidato a senador por la provincia de Buenos Aires en las primarias de 2023. “Yo te conozco”, “títere del kirchnerismo”, “populista”, regaló Espert a su examigo durante la campaña. Las huestes de Milei respondieron con la cloaca habitual de las redes.

La enemistad se puso nuevamente en pausa con un abrazo en el recinto de la Cámara de Diputados, en noviembre de 2023, a pocos días de la asunción presidencial de Milei. Desde entonces, Espert aceleró a fondo con promesas de bala y una catarata irrefrenable de violencia en cada una de sus intervenciones públicas.

Y así nació el presente idilio. 

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

“La era de los patriotas”. Bajo ese slogan, la ultraderecha global tendrá en las próximas 48 horas una nueva cumbre cargada de simbolismo ultra y con presencia de funcionarios y referentes del gobierno de Javier Milei. La reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) tiene cita este jueves y viernes en Budapest, Hungría, el país que comanda con mano dura Viktor Orbán, quien visitó la Argentina para la asunción del libertario en diciembre de 2023.

Milei no irá pero sí envía a dos de sus principales acólitos: el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y el politólogo ultraconservador y negacionista Agustín Laje. Sus nombres ya aparecen en la grilla de expositores junto a otras figuras de la ultraderecha mundial, como el español Santiago Abascal, líder del partido Vox; la ex premier británica Liz Truss o el candidato a la presidencia de Chile Antonio Kast. Aparecen además políticos, activistas y líderes de opinión de distintos estados de Estados Unidos, así como de Israel, Francia, Austria, Polonia, Australia, Sudáfrica o Paraguay.

La CPAC es el foro conservador más antiguo de los EE.UU. y es organizado anualmente por la Unión Conservadora Estadounidense. En febrero pasado Milei estuvo en la primera edición del 2025 que presidió Donald Trump y se fotografiaron juntos. En Buenos Aires la CPAC tuvo su debut en diciembre de 2024 y contó con la participación de Abascal, del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y la presentadora televisiva y nuera de Donald Trump, Lara Trump. 

En abril pasado Milei recibió en la Casa Rosada al fundador y CEO de CPAC, Matt Schlapp, y a los empresarios estadounidenses Rob Citrone y Matt Dellorfano. De la reunión también participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro. 

Sotelo y Laje en Budapest

Sin Milei, los referentes libertarios en la edición en Budapest serán Sotelo y Laje. “Es un honor para mí poderles contar que he sido invitado al CPAC Europa de este año que se hará en Hungría”, publicitó en sus redes sociales el secretario de Culto y Civilización, que hace las veces de enlace del Gobierno con la Iglesia. 

La invitación al funcionario llegó a través del Centro de Derechos Fundamentales, un think tank de ultraderecha con base en Madrid, dirigido por Vajk Farkas, quien levanta la bandera “Dios, Patria, Familia”. 

Sotelo tiene agenda para exponer este jueves en un panel titulado “Club de la pelea - globalistas vs soberanistas”. Hará una introducción antes de una charla abierta entre Farkas y la senadora de Colombia Maria Fernanda Cabal y el senador por Paraguay Gustavo Leite.

El viernes será el turno de Laje, presentado en la CPAC como “influencer” y “filósofo”, bajo la temática “Suban el volumen, patriotas”. El politólogo de ultraderecha es de los teóricos más escuchados por Milei y es el director ejecutivo de la Fundación Faro, la ONG que armó Santiago Caputo para recaudar fondos para la causa mileísta. En la estructura aparece Francisco Caputo, hermano mayor del asesor presidencial, quien se encarga del nexo con los empresarios.

Laje es el abanderado de la batalla cultural del oficialismo: protagonizó el último 24 de marzo un video institucional del Gobierno negando el terrorismo de Estado.

Qué busca la CPAC-Hungría

La reunión en Budapest será la edición europea de la CPAC, en el marco de la avanzada ultraderecha global. “Debemos hacer que Occidente vuelva a ser grande. ¡Ha llegado la era de los patriotas!”, se presenta la organización en su página web. 

Hace un llamado a sus seguidores a partir de las figuras tanto de Orbán como de Trump: “2024 fue un año memorable: en Europa, los patriotas se unieron y formaron una alianza bajo el liderazgo de Viktor Orbán, y en Estados Unidos, los republicanos obtuvieron una victoria aplastante con Donald Trump a la cabeza. Lentamente pero de forma segura, las fuerzas soberanistas, amantes de la libertad y de la paz están ganando mayoría. El verdadero trabajo viene ahora”.

Y cierra la arenga con miras hacia el futuro: “Este año hay más en juego que nunca. Vivimos en años de cambio global. El dominio secular de Occidente ha sido cuestionado a medida que su élite corrupta ha traicionado todo lo que una vez nos hizo grandes: intercambiando la virtud patriótica por el internacionalismo, el sentido común por la burocracia y la tradición por la locura progresista. La gente de ambos lados del Atlántico se ha rebelado contra el socialismo reenvasado, pero el éxito solo puede ser completo cuando las olas del cambio converjan: la victoria de Donald Trump y el ascenso de la derecha europea traerán consigo la era de los patriotas en la civilización occidental, y la CPAC de Hungría en 2025 será el motor de esta era”.

MC

Una primera lectura de las elecciones legislativas en la Ciudad es la mudanza de dos tercios del voto del partido fundado por Mauricio Macri al de Javier Milei. De Recoleta a Villa Luro, de las clases acomodadas a las medias, de la aristocracia a profesionales con ingresos en dólares, trabajadores con recibo de sueldo en blanco y cuentapropistas, La Libertad Avanza (LLA) consolidó la bienvenida a buena parte de exvotantes del PRO.

La formación creada por Macri en 2002, que supo conseguir 50% de los apoyos en varias elecciones, quedó reducida a 16% en su distrito natal, en el que sentó las bases de su militancia, su burocracia, su gramática y su financiamiento. La lista pergeñada por los Hermanos Milei duplicó ese porcentaje y alcanzó una victoria que resulta resonante, más por una expectativa inicial incierta, que por una cosecha extraordinaria en una ciudad con un voto de derecha consolidado.

Una política que ganó en volatilidad y vertiginosidad se volvió refractaria a diagnósticos muy determinantes, pero cabe inferir que el papel del PRO, el proyecto conservador más importante y exitoso de la historia electoral argentina, llegó a su fin en cuanto a opción de gobierno nacional. Si en Buenos Aires el partido de los Macri salió tercero, a gran distancia del segundo, en el resto del país, su peso se volvió casi inexistente.

El resultado de la Ciudad deja a Macri casi sin herramientas para resistir el desplazamiento total de su espacio por parte de la ultraderecha. El proyecto de Milei penetra en todas las clases sociales, pero el domingo dejó una postal elocuente. En la franja Retiro-Recoleta-Barrio Norte-Palermo-Belgrano-Núñez, el segmento de ingresos altos y medios altos de Buenos Aires con influencia decisiva en la agenda pública, antes ofrecía un amarillo intenso, con porcentajes largamente superiores a 60%, y ahora se tiñó de violeta.

Así las cosas, el expresidente no tendrá con qué negociar lugares en las listas de la Provincia de Buenos Aires, que es la agenda que viene. Cristian Ritondo, Diego Santilli y más de uno del grupo fundacional del PRO que en los últimos días simuló preocuparse por “los modos” y la “falta de respeto a las instituciones” de La Libertad Avanza se lanzarán a una carrera para conseguir cobijo bajo el látigo de Karina y la sórdida botonera de Santiago.

La magra cosecha del exjefe de Gobierno y excandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta (8%) no alcanza siquiera para que el PRO elucubre un rearmado de su trama original, reincorporando al único dirigente que se paró en la vereda de enfrente de Milei. Larreta aspiraba a competir de cerca con la lista encabezada por Silvia Lospennato y posicionarse para recrear la centroderecha en 2027. Sin haber derrapado, el exalcalde será ahora uno más en el mapa político porteño.

En la franja Retiro-Recoleta-Barrio Norte-Palermo-Belgrano-Núñez, el segmento de ingresos altos y medios altos de Buenos Aires con influencia decisiva en la agenda pública, antes ofrecía un amarillo intenso y ahora se tiño de violeta

El escrutinio sincera una realidad que Macri y su tejido mediático maquillaron en lo que va del siglo. Existe una porción del electorado que afirma inquietudes republicanas e institucionales, pero cuya motivación central a la hora de sufragar es expresar su voluntad contra el kirchnerismo. Si en ese camino se cruza un aventurero como Francisco de Narváez en 2009, el socialista Hermes Binner en 2011, Sergio Massa en 2013 y Macri en la década siguiente, la opción cambia, sin demasiados pruritos. Hoy, el vehículo para resistir al kirchnerismo se llama Milei, el más autoritario, grosero y violento de los presidentes desde 1983.

Manuel Adorni, un candidato que se permitió omitir del todo una agenda porteña en su campaña —probablemente porque desconozca elementos esenciales de los problemas de los barrios— reiteró en el festejo de anoche su única promesa: “Terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo”. El mensaje caló en la mayoría del electorado que antes apoyaba al PRO.

El vano intento de Lospennato por mostrar un rostro dual de apoyo a la agenda económica de Milei con reparos republicanos chocó con el aval irrestricto entregado por la propia diputada y el pleno de la bancada del PRO a todas las iniciativas de Milei desde diciembre de 2023, hasta en sus aristas más sórdidas. En un ágora en la que la palabra se devaluó hasta niveles extremos, que el macrismo ensayara de urgencia una agenda crítica de Milei por razones de decencia sublevaba el más mínimo principio de realidad.

El último episodio que entretuvo la espera del voto, el falso mensaje de Mauricio Macri de apoyo a Adorni creado con inteligencia artificial, desató airados reclamos de juego limpio por parte del PRO, pero no hizo más que recordar operaciones de naturaleza similar y diferente tecnología, como falsas encuestas que camuflaban campaña sucia disparadas por la consultora de Jaime Durán Barba y operaciones de inteligencia aireadas con el inestimable apoyo del Grupo Clarín en varias de las citas en las que el partido de Macri resultó ganador.

Hoy, el vehículo para resistir al kirchnerismo se llama Milei, el más autoritario, grosero y violento de los presidentes desde 1983

Comienza una dinámica previsible de liderazgo de La Libertad Avanza en todo el vigoroso segmento del centro a la derecha y la probable absorción de segundas y terceras marcas. Macri transita la acritud de la derrota, pero resiste la rendición total. Ya hizo saber que se encuentra “en estado de reflexión” y está dispuesto a escuchar, pero no a regalarse. El expresidente conserva una exigua capacidad de daño si presenta una lista del PRO junto a resabios de la UCR que potencialmente obtenga un porcentaje de votos suficiente para complicar una victoria de LLA en la siempre crucial Provincia de Buenos Aires.

Con la candidatura del alfonsinista Leandro Santoro, el peronismo aliado al progresismo subió unos pocos puntos sobre el apoyo habitual al kirchnerismo en elecciones de medio término en la Ciudad de Buenos Aires. Si la lista de Adorni no se hubiera despegado tanto de la de Lospennato, la alianza de Santoro, Es Ahora Buenos Aires, podría haber ganado la elección con el mismo 27% que obtuvo el domingo.

Nada habría cambiado demasiado en cuanto a la lectura de la distribución de preferencias en la Capital Federal. La suma de LLA, PRO, el puñado de votos del ultra recargado Ramiro Marra (UCeDé), Paula Oliveto (Coalición Cívica) y otros exintegrantes de Juntos por el Cambio reencuentra el 50% que supo tener el macrismo. Aparece allí una redistribución de preferencias antikirchneristas.

Santoro transitó la campaña con una estrategia evidente de borrar rasgos que lo vincularan a La Cámpora, el Instituto Patria y otras tribus peronistas. Cristina y Massa aportaron su silencio, así como Axel Kicillof, que enfrenta una agenda electoral de apariencia imposible en la Provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, Adorni, Lospennato y un puñado de candidatos de derecha pusieron a la cabeza de sus prioridades vencer a Santoro como ícono del kirchnerismo.

La mirada sobre la Ciudad es inescindible de lo ocurrido en las elecciones provinciales transcurridas este año. En las convencionales de Santa Fe, emergió con perfil propio el rosarino Juan Monteverde, con una estrategia progresista y localista similar a la de Santoro, y lazos muy tenues con el Instituto Patria. En Jujuy y Salta, donde la mano de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) para “ordenar lo que se desordenó” ya tuvo efecto, el resultado fue una catástrofe. San Luis y Chaco operaron bajo la lógica de liderazgos locales, con escasa incidencia de la marca cristinista.

La larga, irresoluta, negada y albertizada pelea entre Kicillof y los Kirchner en la Provincia de Buenos Aires sienta las bases para una nueva derrota. El eje Patria-Cámpora no admite en el plano de lo posible ser desafiado por el kicillofismo y otras vertientes peronistas en lo que considera un territorio tutelado. El gobernador, por el contrario, sólo concibe un futuro político si suelta amarras con quien fuera su mentora y su hijo.

El elefante en medio de la sala del kirchnerismo que pocos se animan a poner en palabras es que la incidencia del apellido Kirchner en varias provincias tiende a cero, y en aquéllas en las que el peronismo expresa una mirada progresista (Santa Fe, Buenos Aires, CABA), los líderes emergentes prefieren carteles en los que Cristina no aparezca.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

Cristina y Sergio Massa coincidieron en emitir una oda a la “unidad” en sus mensajes del 1 de mayo. Al unísono: “Es más necesario que nunca mantenernos unidos” (ella) y “necesitamos unidad” (él).

Ambos abundaron, además, en el impulso de una propuesta que atienda los cambios en las formas de relacionamiento entre las personas, el trabajo y el consumo devenidos del uso de la tecnología.

La sintonía expuesta tiene un correlato en una alianza táctica sobre el rumbo del peronismo, que se viene dando, al menos, desde mediados del Gobierno del Frente de Todos.

Se supone que la expresidenta y el exministro de Economía abrevan en ideas y prácticas distantes. De hecho, en el paso de Massa por el Palacio de Hacienda, éste implementó políticas vinculadas a tarifas de servicios públicos, relación con el FMI y devaluación de la moneda que el eje Cámpora-Instituto Patria resistía con toda la fuerza hasta poco tiempo antes.

Fue, por caso, muy marcada la pérdida de poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo entre 2022 y 2023, un pilar para reducir la desigualdad creado por Cristina en 2009. El peronismo decidió no reparar demasiado en ese descenso en el ingreso de los más humildes, mientras se bajaban las retenciones a los exportadores de soja cuando la oleoginosa cotizaba mucho mejor que ahora y se eximía del pago de Ganancias a la clase media alta y alta, bajo el absurdo “el salario no es ganancia” y otras sinrazones.

En el momento en que Cristina y Massa entonaban el canto de la unidad en el Día del Trabajador, la trama de poder en el provincia de Buenos Aires se resquebrajaba por una nueva trifulca mínima

Quienes repusieron el valor de la AUH y el pago del impuesto a los altos ingresos fueron Javier Milei y Luis Caputo. “¿Sensaciones?”, preguntaría un cronista deportivo al borde del campo de juego tras un partido extenuante. No es una consulta que Cristina o Massa —ni Áxel Kicillof, ni Juan Grabois, ni Alberto Fernández, ni Leandro Santoro— parezcan dispuestos a responder.

Superado un escollo, surgió otro

Podría pensarse —con sensatez— que un pragmático ¿centrista? como el exministro de Economía y una peronista ¿progresista? como la expresidenta consideran que no es tiempo de ahondar diferencias ante un desafío retrógrado, con prácticas fascistoides, de la magnitud que representan los hermanos Milei.

Ocurre que en el momento en que ambos líderes entonaban el canto de la unidad en el Día del Trabajador, la trama de poder en la provincia de Buenos Aires se resquebrajaba por una nueva trifulca mínima.

Durante meses, el eje de la disputa fue el desdoblamiento de las elecciones parlamentarias de este año. Movimientos, fotos y desplantes mutuos entre el sector de Kicillof, a favor de ir a las urnas dos veces, y el eje Cámpora-Patria —al que se sumó en el tramo final el Frente Renovador que lidera Massa—, proclive a una votación concurrente entre diputados nacionales y legisladores provinciales, terminaron cuando la expresidenta ordenó a los suyos que guardaran las armas legislativas y judiciales que exhibían.

Superado ese escollo, surgió otro: el calendario electoral.

Llega a tal punto la discordia ante los detalles más banales, que se vuelve dificultoso entender quién quiere qué y para qué, aunque se debe ensayar una explicación. En resumidas cuentas, Kicillof aspira a un calendario largo entre el cierre de listas, la inscripción de candidaturas y la fecha de la elección bonaerense (el 7 de septiembre), con el fin de desactivar la incertidumbre sobre la postulación de Cristina como diputada provincial, o nacional, o nada. En la lógica del cristinismo, extender la duda lo máximo posible, acotando las fechas, actúa como un dique para que no se dividan aguas y se armen proyectos autónomos, sean kicillofistas o vinculados a los intendentes que lo apoyan, bajo la presunción de no es negocio para ellos competir con la expresidenta.

Transcurre una pulseada tan de laboratorio como se lee. Hoy la controversia se ancla en el calendario y mañana abrevará en un catastro municipal de Carlos Casares o la comisión administradora de un ente autónomo de Mar del Tuyú. No es un motivo específico lo que dinamiza la pelea en el peronismo bonaerense, sino la pelea en sí misma.  

No todo es agenda mínima. Kicillof gobierna sin presupuesto y sin autorización de endeudamiento para refinanciar los bonos tomados durante la administración de María Eugenia Vidal o desarrollar un plan de obras públicas, ante el abandono total de la tarea por parte del soez de la Casa Rosada. Un hecho constatable es que el Ejecutivo bonaerense enfrenta en la Legislatura la oposición de las derechas representadas por el PRO, La Libertad Avanza y la UCR, más el Frente de Izquierda y el tándem Cámpora-Frente Renovador, que domina gran parte de los bloques de Unión por la Patria.

Pronóstico: el conflicto entre Kicillof y los Kirchner trascenderá las cruciales elecciones de 2025 y acompañará el camino a 2027. No encontrará una vía de acuerdo real por más que Kicillof se allane a la lapicera de Cristina para el armado de listas, ni se resolverá por un mecanismo institucional, como podrían haber sido las PASO, suspendidas a instancias del gobernador, quien no siempre parece llevar a cabo acciones que le convienen. Nadie puede aducir su torpeza en defensa propia.

La hipótesis de un conflicto que se eterniza encuentra un antecedente insoslayable en los años de Alberto y Cristina en la Presidencia. Durante todo un mandato tan excepcionalmente condicionado por la pandemia, las operaciones fueron omnipresentes, la agenda legislativa quedó estancada y las causas de las discusiones llegaron a ser tan menores como ahora lo son en la Provincia, pero no hubo una explicitación de la confrontación política. El Frente de Todos mantuvo la “unidad” y se rebautizó Unión por la Patria.

En la guerra entre Cristina y Alberto, no hubo ganadores o perdedores. Triunfó la agonía

Increíblemente, con su Gobierno diezmado y entregado por completo a Massa y los Kirchner en el bienio final, y con el griterío de Milei agitando las aguas, Alberto seguía celebrando como un logro haber llegado en “unidad” a la instancia 2023. En la guerra interna del Frente de Todos, no hubo ganadores o perdedores. Triunfó la agonía.

Invariantes y urgencias de Cristina

Si se analizan sus movimientos políticos desde hace años, una invariante de Cristina fue eludir su medición en las urnas, como quien presume que puede, no tanto perder, sino dejar expuesto un liderazgo más débil de lo que admite. Entregó candidaturas presidenciales a políticos a los que desconfiaba tanto como a Daniel Scioli, Alberto y Massa, jugó el apellido Kirchner de su hijo sólo cuando fue atado a listas sábana, se negó a dirimir internas con personajes tan olvidables como Florencio Randazzo.

En 2023, Cristina se declaró “proscripta”, tras la primera condena en su contra orquestada por los magistrados de la quinta de Macri, Clarín y Lago Escondido. No lo estaba, ya que quedaban dos instancias de apelación. Podría haber sido candidata el año que ganó Milei. Hoy, con la condena por la causa Vialidad confirmada por Casación Federal y ante una Corte de tres miembros, sin prestigio que perder, que podría rechazar la apelación con dos párrafos de forma, el argumento de la “proscripción” se evaporó.

Sobre esa contradicción, la expresidenta tampoco se ve en la necesidad de brindar una mínima explicación. Resulta más fácil entrar en el juego de “Che, Milei” que mostrar coherencia ante una base electoral cada vez más reducida, que se supone deberá comprender todo.

La lista de reproches entre kicillofistas, la variante axelista (aquéllos personal e ideológicamente más cercanos al gobernador), massistas y kirchneristas puros es amplia. Ninguna fuente, ni siquiera quienes se ilusionan con la “unidad”, brinda argumentos para presumir que es posible una salida virtuosa del conflicto.

Los kicillofistas enumeran el desgaste cotidiano que suponen las trabas legislativas y las declaraciones urticantes de Mayra Mendoza mientras Máximo pide en publientrevistas que le muestren “una prueba de que no acompañamos al gobernador”. El eje Cámpora-Patria considera inadmisibles los misiles que lanza el excamporista Andrés “Cuervo” Larroque (“la bandita de Máximo”, “resentimiento”), tanto como la convicción —extendida y fundamentada— de que el ministro bonaerense expresa lo que verdaderamente piensan los axelistas.

Ante todo este berenjenal, los cantos por la “unidad” de Cristina y Massa son entendibles. El sistema político bonaerense lee, sin distinciones, que el exministro de Economía hoy encuentra razones para plegarse a los Kirchner y, a la vez, avivar las llamas, de modo que, en una situación límite, pueda aparecer como el salvador de la unidad. La esgrima de Massa se mostró magistral un viernes por la noche de junio de 2023, cuando el Frente de Todos/Unión por la Patria resolvió la candidatura presidencial a último minuto, al cabo de dos años en los que el fundador del Frente Renovador juró que no estaba en carrera, porque se lo había pedido su hijo, Toto.

Para Cristina, evitar la división en territorio bonaerense se transformó en una cuestión crucial para su supervivencia política.

La provincia de Buenos Aires ha sido durante una década larga el único distrito en el que el kirchnerismo tenía conducción plena y amplia capacidad de condicionar disidencias emergentes. Con un peso decisivo en la provincia que representa 37% del padrón, la fuerza del eje Patria-Cámpora irradiaba a todo el país, pero no había otro territorio —con la probable excepción de Santa Cruz— en el que la voz de un Kirchner ordenara el tablero y tuviera control pleno de la lapicera.

Para Cristina, evitar la división en territorio bonaerense se transformó en una cuestión crucial para su supervivencia política

Bien mirado, el terreno en el que Cristina se ha demostrado invencible hasta ahora es el conurbano bonaerense. Es decir, su liderazgo inexpugnable se proyecta sobre municipios que congregan diez millones de habitantes, no los 17 millones de la provincia. Ese 20% de la población sigue siendo de enorme valor electoral.

En un juego en el que las geografías institucionales y políticas se estiran como un chicle, el cristinismo deja trascender la intención de la expresidenta de competir como legisladora provincial por la tercera sección electoral, que agrupa a municipios tan importantes como La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús, donde viven cerca de la mitad de los diez millones de habitantes del conurbano.

Si esa extraña maniobra se concreta, la figura de Cristina se recortaría ya no sobre una provincia, sino sobre los partidos más poblados de ella, con cerca de 10% del padrón nacional. La hipótesis —de la que descreen propios y extraños— implica de por sí un escenario de debilidad inédito para la expresidenta, que podría agravarse si Kicillof decide anotar el Movimiento Derecho al Futuro como una lista aparte, algo que integrantes de su círculo más cercano no descartan, y para lo que están explorando sellos electorales habilitados.

Sin primarias obligatorias, las partes afirman que no hay espacio para internas en el Partido Justicialista Bonaerense, por lo que una lista de candidatos a diputados y senadores provinciales del kicillofismo puro tendría lugar el 7 de septiembre, que actuaría como interna-externa del liderazgo opositor.

Aun ganando, una elección por un cargo provincial en la que Cristina se vea desafiada hasta en los municipios de su base electoral dejaría evidenciado un declive irremontable para la presidenta del PJ nacional, silla a la que accedió a empujones a fines de 2024. Nada que no sea una victoria abrumadora —en una proporción no menor a 8 a 2 sobre un contrincante kicillofista en esa interna-externa— y muy nítida sobre cualquier postulante de las derechas sería útil para Cristina. Ni siquiera en ese caso serían improbables derrotas de candidatos de su signo en las otras siete secciones electorales bonaerenses, con capitales tan propensas a triunfos no kirchneristas como La Plata, Mar del Plata, Trenque Lauquen, Bahía Blanca o San Isidro.

Una foto que piensan en La Plata

Esa foto está siendo pensada por parte del entorno del gobernador. En ese club, algunos afirman que hay que pensar en diciembre, cuando el agua electoral haya corrido y comience a rodar la política hacia 2027. La meta es llegar edificado a esa instancia y ello —en el análisis de algunos kicillofistas y axelistas— incluye un porcentaje de votos tal que podría incluso no ser victorioso, pero daría sustentabilidad a un proyecto presidencial autónomo. Parado sobre un piso propio en la principal provincia argentina y habiendo sobrevivido al desafío a los Kirchner, extremo tachado como imposible por todo el arco político un año atrás, Kicillof podría emprender su camino sin negociar cada paso.

Con la mira en Alberto, Kicillof no quiere obtener la candidatura presidencial del peronismo basada en una conversación en un living de Cristina.

Otro desafío supone la obligación de abordar las respuestas pendientes. Milei propone una distopía individualista, sin Estado, sin memoria, sin trama social, donde las criptoestafas sean celebradas y la ciencia sea ridiculizada. Se verá si su voluntad de “odiar lo suficiente a los periodistas” termina en una autocracia o algo por el estilo. ¿Qué propone el peronismo?

El eje Patria-Cámpora narra los doce años con un Kirchner en Casa Rosada como quien consume la que vende. Resalta sus logros, saltea sus déficits y promete un retorno a una panacea 2003-2015 que es leída por el cuarto de la población que no votaba en aquellos años como una ilusión o una farsa. Alberto Fernández quedó neutralizado por sus propios méritos y la turbia denuncia presentada por Fabiola Yáñez, mientras Massa se llamó a silencio, al principio, en forma voluntaria, y ahora, porque no encuentra un espacio propicio para que su voz sea escuchada. No por nada congeló la idea de publicar un libro ya escrito sobre sus memorias en el Ministerio de Economía. Más allá o más acá, surgen imitadores de la violencia de los Milei que resultan atractivos para los streamings.

A Kicillof le cabe una responsabilidad menor —no inexistente— que a los nombrados a la hora de explicar el último Gobierno peronista, pero mucho mayor si pretende construir una alternativa a los ultras.

Por ahora, más allá de su honestidad personal, ciertas políticas públicas meritorias en una provincia bajo fuego de la Casa Rosada y la convicción política de resistir a los Milei, el gobernador no esboza las famosas “nuevas melodías”.

Los axelistas dicen que hay tiempo, una ilusión que hasta en los papeles suena temeraria. 

SL

slacunza@eldiarioar.com

La Oficina para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas en alemán), esto es, los servicios de Inteligencia del Ministerio del Interior alemán, ha confirmado que el partido Alternativa para Alemania (AfD) es una “organización extremista de derecha”.

Anteriormente, el partido había sido designado como tal en algunas regiones de Alemania, mientras que a nivel nacional estaba clasificado como “sospechoso” de ser una organización extremista. En noviembre de 2023, había clasificado como “extremista” en Sajonia Anhalt, en el este de Alemania, y en 2021, en Turingia, también en el este.

Desde la formación ultra, han calificado la decisión de la BfV como “duro golpe a la democracia alemana”. Alice Weidel y Tino Chrupalla, los dos líderes de AfD, han asegurado en un comunicado que el objetivo es descalificar y desacreditar a la principal fuerza de la oposición y a la que algunas encuestas sitúan como primera en intención de voto. Ambos han denunciado esta “intervención” de las autoridades que, en su opinión, está “políticamente motivada” y han prometido que AfD seguiría defendiéndose jurídicamente contra las que han calificado de difamaciones.

Por su parte, la BfV ha explicado en un comunicado que, tras revisar de forma “exhaustiva y neutral” el informe sobre AfD de unas 1.100 páginas, “la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico”. Esa concepción “pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución”, ha agregado en el comunicado citado por la Agencia EFE.

“El factor decisivo para nuestra valoración es la concepción étnica y basada en la ascendencia que tiene la AfD del pueblo, que devalúa a grupos enteros de población en Alemania y viola su dignidad humana”, ha señalado la vicepresidenta de la BfV en el texto, que hace referencia al “gran número de declaraciones antiextranjeros, antiminorías, antiislam y antimusulmanas” de los líderes del partido.

La ministra del Interior alemana en funciones, la socialdemócrata Nancy Faeser, ha defendido la decisión de la BfV al referirse a ella en un comunicado como una “evaluación clara e inequívoca” y ha asegurado que no ha habido “ninguna influencia política” en la evaluación de los servicios de Inteligencia, que dependen de su Ministerio.

MU

“Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Estas palabras fueron escritas en 2009 por Peter Thiel, un magnate con una fortuna personal de 17.000 millones de dólares, fundador de Pay Pal y accionista de Facebook. Las escribió en su manifiesto titulado ‘La educación de un libertario’, que hoy se ha convertido en la piedra angular de una corriente filosófica denominada ‘Ilustración oscura’ (Dark Enlightment, en inglés), también conocida como “la neorreacción” (o por la abreviatura NRx). Esta doctrina está en la raíz de la nueva era a la que ya vivimos: la de la batalla final del capitalismo contra las democracias liberales. Hoy, miembros de ese ejército de “libertarios de derecha” adoctrinados en las ideas de la 'Ilustración Oscura' ocupan puestos destacados en los gobiernos de Estados Unidos, de varios países de Europa y de Latinoamérica.

El término ‘Ilustración oscura’, el reverso del movimiento ilustrado conocido como ‘El Siglo de las Luces’, fue acuñado en 2012 en un ensayo homónimo por el filósofo inglés Nick Land, quien cita precisamente la frase de Thiel sobre la incompatibilidad de la democracia y la libertad. Pero en su texto de 2009, el magnate Thiel dice algo más que –visto desde la perspectiva actual– no sorprende ya a casi nadie: “Desde 1920, el enorme aumento de los beneficiarios de la asistencia social y la extensión del derecho de voto a las mujeres –dos grupos notoriamente duros para los libertarios– han convertido la noción de ‘democracia capitalista’ en un oxímoron”.

El enemigo de los libertarios [de derecha] queda bien delimitado: mujeres, perceptores de ayudas sociales y democracia. La pátina de profundidad a estas consignas retrógradas tan esquemáticas lo aporta Nick Land. Este filósofo cultiva una aura de autor maldito, provocativo; en el puro cliché del ‘pensamiento continental’, que es la manera en que desde el mundo anglosajón se percibe a la filosofía francesa y alemana del siglo XX. Una pose intelectual atractiva por irracional, literaria y estetizante, a ojos de las corrientes analíticas (asociadas tradicionalmente al pensamiento estadounidense y británico). 

Las obras de Land buscan dialogar con Deleuze, Bataille y Foucault, entre otros. Al calor de los primeros módems domésticos, con la llegada de Internet, Land cofundó en 1995 en la Universidad de Warwick la CCRU, Cybernetic Culture Research Unit (un colectivo en el que estaban también Sadie Plant –teórica del ciberfeminismo que supo distanciarse a tiempo de Land– y Mark Fisher, el gran teórico de la resignación popular ante el capitalismo y que también se distanció de Land). La CCRU chapoteaba en el cyberpunk, el esoterismo, el terror gótico, el tecno y la cultura rave.

Allí se gestó también una escuela filosófica peculiar: el aceleracionismo. Su tesis principal ayuda a entender el fenómeno de la Ilustración Oscura. Los aceleracionistas, y Nick Land lo es, sostienen que la tecnología y las dinámicas del capitalismo deben acelerarse e intensificarse masivamente, sin cortapisas. Existe un aceleracionismo de izquierdas, que proclama que así se llegará antes a una sociedad poscapitalista. Y existe un aceleracionismo de derechas, que cree en lo de siempre: nada debe obstaculizar la voluntad del capital.  

El 'yarvinismo'

Como ven, hay muchos ismos en esta historia (y eso que creíamos que los ismos estaban superados). Entre los analistas políticos de Estados Unidos el nuevo adjetivo de moda es el de ‘yarvinista’. JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, es un yarvinista. El yarvinismo hace furor entre los staffers más jóvenes de la Casa Blanca. El palabro alude al otro gran activo dentro de la Ilustración Oscura: Curtis Yarvin. Se trata de un ingeniero informático de 51 años, reconvertido en gurú antisistema y bloguero bajo el pseudónimo Mencius Moldbug, quien también es citado asiduamente por Land. Yarvin luce melena, chaqueta de cuero y su argumentación es un cherry picking embaucador: cita solo ciertos datos de la historia para defender postulados profundamente antidemocráticos. 

El ‘yarvinismo’ se resume rápido: si contra la Ilustración que surgió en el siglo XVIII se levantó luego una Reacción que buscaba restaurar la monarquía absoluta en Europa, ahora surge la Neorreacción, que pretende convertir las democracias liberales en dictaduras lideradas por consejeros delegados. Él lo llama “neocameralismo”, haciéndose eco del cameralismo prusiano. Yarvin aboga por que los países pasen a ser propiedad de empresas que, a su vez, contarían con accionistas. Es la constatación de que la democracia es el último obstáculo al capitalismo. 

En enero, en una inquietante entrevista en el New York Times, Yarvin intentó camuflar su pensamiento justificando que también George Washington, Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosvelt fueron “básicamente consejeros delegados nacionales que dirigían el Gobierno como una empresa de arriba abajo”. Yarvin señala que hoy sería imposible construir los ordenadores de Apple en California, y lo dice mirando con nostalgia a Singapur o China, modelos de países con un capitalismo autoritario. En el caso de China, además, ganando por la mano a EEUU la carrera por la Inteligencia Artificial.

El mito de que el mejor presidente es un empresario que sepa gestionar es un viejo adagio neoliberal. Es así como solía venderse Berlusconi en las campañas electorales de los años noventa. Pero la motivación profunda de la Neorreacción va más allá de magnates gobernando países. Para entenderlo debemos volver a Nick Land.

A los libertarios ha dejado de importarles si alguien les ‘presta atención’; han estado buscando algo totalmente distinto: una salida

Nick Land

En su ensayo ‘La Ilustración Oscura’, afirma que ganar elecciones es casi siempre “una cuestión de compra de votos”. Para Land la democracia implica corrupción. También dice que las instituciones educativas y los medios de comunicación –quédense con esta dupla– “no son más resistentes al soborno que el electorado”. Land señala igualmente que la izquierda “aplaude” ese soborno, mientras que lo que él llama “la derecha del establishment” (la derechita cobarde, para entendernos) lo acepta malhumorada. Solo los libertarios de derechas habrían intentado, según él, combatir la democracia, pero lo habrían hecho hasta entonces (en 2012) de manera ineficaz, por empeñarse en intentar hacer oír su voz. 

“Es una inevitabilidad estructural que la voz libertaria se ahogue en la democracia”, escribe, y añade que esto sucede porque en realidad intentar hacerse oír es un comportamiento democrático (luego es parte del problema). Cabe anotar aquí que un “parlamento” no es otra cosa que el lugar donde se “parla”, se habla. Frente a esto, los libertarios de derechas habrían entendido por fin la inutilidad de hacer oír su voz: “A los libertarios ha dejado de importarles si alguien les ‘presta atención’; han estado buscando algo totalmente distinto: una salida”, escribe Land. 

‘Salir’ de la política

Los libertarios de derechas quieren salirse de la política, es decir, no buscan debatir o convencer dialécticamente al adversario, sino que quieren romper las frágiles reglas del juego que imponen las democracias liberales. Por supuesto, cuando Peter Thiel dice que cree que la libertad y la democracia ya no son compatibles, emplea la palabra libertad con el significado que desde hace décadas han empleado los neoconservadores: Libertad de mercado. Es la manera en que la emplean Javier Milei, Isabel Díaz Ayuso o cualquier defensor de la ley del más fuerte.

Las multas de la Unión Europa a las grandes tecnológicas estadounidenses, las regulaciones ambientales o laborales de las Agencias Federales estadounidenses, los sistemas tributarios para la redistribución de la riqueza o los controles de las autoridades de competencia o de los Bancos Centrales son vistos por los grandes magnates globales, y por los políticos a su servicio, como un corsé insoportable que coarta su libertad. Ese anarco-capitalismo es el que explica el auge de las criptomonedas, que escapan al control de los Estados-Nación. El sueño del Banquero anarquista de Fernando Pessoa se está haciendo realidad.

Hay un tipo, Curtis Yarvin, que ha escrito sobre algunas de estas cosas...

JD Vance — Vicepresidente de Estados Unidos

Así, la Neorreacción no quiere batallas dialécticas, quiere pura disrupción más allá (fuera) de la política. En palabras de Land: “Si votar como autoexpresión masiva de los pueblos políticamente empoderados es una pesadilla que envuelve al mundo, aumentar el alboroto no ayuda. Incluso más que ‘Igualdad frente a Libertad’, la alternativa en alza es ‘Voz frente a Salida’, y los libertarios están optando por la huida sin voz”.

Leído 13 años después, es evidente que los libertarios [de derechas] se han hecho oír con enorme éxito y facilidad, y que su mensaje ha fructificado y ha ido escalando hasta instalarse en los principales centros de poder político y económico. En la esfera puramente empresarial, lo poco que había que demoler en el seno de las compañías eran las medidas corporativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (empresas como McDonald's, Ford, Boeing, Walmart, Amazon o Meta ya han anunciado que renuncian a esos mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades). El feminismo, los derechos LGTBIQ+ y el ecologismo son vistos como obstáculos para el dinero. Obstáculos que deben ser removidos.

En la esfera económica, el objetivo es acabar con las pocas estructuras de gobernanza global que existen, y puentear (salirse) del Sistema Monetario Internacional por la vía de la exacerbación del mercado de criptoactivos. En la esfera política es mucho todavía lo que queda por demoler, y los libertarios de derechas se disponen a hacerlo desde dentro, una vez que han llegado a las instituciones democráticas a través de las urnas, o por nombramiento.

Acabar con el Estado 

Un hito decisivo en ese camino pasó bastante desapercibido en 2024. En junio de ese año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, escorado a la derecha por designación de Donald Trump en su anterior mandato, decidió tumbar la llamada “Deferencia Chevron”, una doctrina judicial que daba poder a las Agencias Federales para establecer regulaciones ambientales, laborales y sanitarias. La inspiración de esta medida no es otra que el mito fundacional de la derecha estadounidense: el redneck ácrata, el hillbilly romántico de origen europeo que vive en el campo, en su propiedad (privada) al margen de la ley que viene desde lejos (desde la ciudad, desde Washington).

El Estado (democrático) es el enemigo a batir. Y la representación más gráfica del Estado como problema es la burocracia. Es un mantra tópico de la ultraderecha el arremeter contra la burocracia “de Washington” o contra “los burócratas de Bruselas” (¿les suena?). En 2021, el bloguero de ultraderecha Jack Murphy planteó a JD Vance (hoy vicepresidente de Estados Unidos) la siguiente cuestión: Dado que “votar es ineficaz” (sic), qué hacer para solucionar el hecho de que “las instituciones de EEUU estén corrompidas y podridas hasta la médula”.

La respuesta de JD Vance comenzó así: “Hay un tipo, Curtis Yarvin, que ha escrito sobre algunas de estas cosas…”. Vance pasa luego a relatar lo necesaria que es una limpieza de funcionarios, al estilo de los despidos masivos que luego practicará Elon Musk en Twitter después de comprar la compañía. Es precisamente un eco de aquellos despidos masivos lo que ha perseguido Trump a la hora de nombrar a Musk como jefe del “Departamento de Eficiencia del Gobierno”. Un consejero delegado gobernando autoritariamente: el sueño húmedo de Curtis Yarvin.

La otra gran estructura política que buscan derribar es la de las instituciones de gobernanza global (abandonar la OMS fue una de las primeras medidas adoptadas por Trump). Es lo que la ultraderecha denomina la amenaza “del globalismo” (también les sonará la muletilla). La gobernanza global molesta al capitalismo porque supone otra capa, aunque débil, de regulación.  

Demoler ‘la Catedral’

Tanto Land como Yarvin abogan por demoler lo que llaman ‘la Catedral’. Básicamente se refieren con este concepto a la “élite intelectual y mediática” que, según ellos, ha impuesto el dogma progresista, controlando el discurso y suprimiendo las opiniones disidentes. La suya es la versión intelectualizada del acoso y derribo que ha emprendido la Administración Trump y sus terminales afines contra ciertos medios de comunicación y contra las universidades. Trump se refiere al New York Times o a la CNN como “legacy media”, los medios heredados: algo obsoleto que debe ser reemplazado. 

Esos medios, junto a la academia (los científicos y los universitarios) serían los responsables de haber asentado “el dogma” de la democracia que, recordemos, es sinónimo de corrupción. Frente a la corrupta democracia, una dictadura de tecnoligarcas –que son honestos e intachables, nótese la ironía– es, para Land, Yarvin y compañía, una opción preferible. Esos nuevos señores feudales jugarían un papel determinante en una nueva Edad Imperial en la que Europa es solo un estorbo frente a la dialéctica de machos alfa –Putin, Xi Jinping, Narendra Modi– entre los que Trump se siente reconocido.

Al hilo del tecnofeudalismo y sus señores, en diciembre pasado Bryan Gardiner lanzaba al aire en la MIT Technology Review una pregunta retórica que es la pregunta: “¿Qué podemos hacer con un grupo de hombres aparentemente incapaces de reflexionar seriamente sobre sí mismos, hombres que creen inequívocamente en su propia grandeza y que se sienten cómodos tomando decisiones en nombre de cientos de millones de personas que no los han elegido y que no comparten necesariamente sus valores?

Y cita Gardiner a la exeurodiputada Marietje Schaake, investigadora del Centro de Ciberpolítica de la Universidad de Stanford y autora de The Tech Coup, una obra imprescindible para entender dónde estamos: “En muchos sentidos, Silicon Valley se ha convertido en la antítesis de lo que sus primeros pioneros pretendían ser: de menospreciar al gobierno a asumir literalmente funciones equivalentes; de alabar la libertad de expresión a convertirse en controladores y reguladores de la expresión; y de criticar las extralimitaciones y abusos del gobierno a acelerarlos mediante herramientas de espionaje y algoritmos opacos”.

Cada vez más jóvenes occidentales se dejan seducir por opciones totalitarias, y el reto para las democracias liberales y sus ciudadanos es colosal, porque parece irreversible la infiltración de las corporaciones tecnológicas en las estructuras profundas de los Estados, camuflada como una inocente “colaboración público-privada” (también les sonará esta cantinela). Los Estados democráticos aceptaron encantados el regalo gratis de las herramientas y las capacidades tecnológicas ofrecidas por esas corporaciones. Fue un caballo de Troya. Una vez franqueados los muros de nuestras democracias, los guerreros aqueos, abrigados por la oscuridad, han empezado a descender. 

Como una sombra ubicua, el camino de Axel Kicillof hasta las elecciones de medio término y más allá estará acompañado por cantos de sirena sobre la “crisis de la inseguridad”, el “baño de sangre” y “los progres cómplices de los delincuentes”. Rostros desgarrados por el dolor serán empujados por sus entrevistadores a asociar al gobernador a quienes aprietan el gatillo en una esquina del conurbano.

En su hora política más desafiante, bajo fuego de los hermanos Milei mientras tramita su emancipación de los Kirchner, Kicillof enfrenta una paradoja. Durante su primer mandato en La Plata, eligió como ministro de Seguridad a Sergio Berni, un exteniente coronel que integra el club de la demagogia punitivista junto a quienes ahora forman fila para disparar contra el “inútil” y le piden la renuncia.

Los adversarios del mandatario bonaerense tienen con qué caldear el ambiente. Por empezar, un elenco de dispuesto a lanzar llamaradas a favor de meter bala a niños de 14 años desde la pantalla televisiva y posteos de Twitter escritos con mayúsculas. Insultos a repetición recrudecerán la indignación. Javier Milei suma el taladro a la motosierra y le da duro. Sus probables candidatos —José Luis Espert, Manuel Adorni, Daniel Parisini, Patricia Bullrich— y los aspirantes a recibir un dedazo de Karina —Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro— se pasean lanzallamas en mano.   

El “combate a la delincuencia” es un tema en el que la derecha se siente a sus anchas y un progresismo acomplejado alterna entre la omisión y una imitación culposa de las proclamas de mano dura, invariablemente inútil. La lección nunca aprendida indica que bajar la cabeza ante los argumentos y las prácticas del enemigo es un pésimo negocio.

El 'combate a la delincuencia' es un tema en el que la derecha se siente a sus anchas y un progresismo acomplejado alterna entre la omisión y una imitación culposa de las proclamas de mano dura, invariablemente inútil.

De Morena a Kim

Las primarias presidenciales de 2023, aquellas que para sorpresa del mundo ganó el ultra y lo pusieron camino a la Casa Rosada, se llevaron a cabo bajo la conmoción del asesinato de Morena Domínguez, una niña de 11 años ultimada cuando entraba a la escuela en Villa Diamante, Lanús, Gran Buenos Aires.

Ese crimen, cometido cuatro días antes de la votación, desató un festival de operaciones, arrestos ilegales y miserabilidades que tuvo a la cabeza al entonces interino y candidato a intendente de ese partido, Diego Kravetz. Este karateka armado fracasó en el intento municipal, pero logró ubicarse dos años más tarde como el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia del Estado bajo la gestión Milei.

Los aliados-rivales Milei-Macri están pertrechados para avivar las llamas. No en vano se construyó el tándem de canales de noticias LN+, del Grupo La Nación; TN, del Grupo Clarín, y A24, de Vila-Manzano. Agitan la agenda y generan imitadores. Al cálculo polítco se suma el instinto, imperante hace décadas, de una televisión capaz de dedicar un noticiero completo a una transmisión en vivo de las reacciones ante un homicidio. Así, con esa impronta de cadena nacional privada, con ese alcance, con esa escasez de enfoques y creatividad, ocurre en pocos países del mundo, si es que en alguno.

Los aliados-rivales Milei-Macri están pertrechados para avivar las llamas. No en vano se construyó el tándem de canales de noticias LN+, del Grupo La Nación; TN, del Grupo Clarín, y A24, de Vila-Manzano

La muerte de una niña de siete años, Kim, arrastrada durante varias cuadras por dos adolescentes no mucho mayores que ella, es noticia relevante por donde se la mire. No por ser tema ineludible para un medio de comunicación que pretenda conectar con los intereses de su audiencia, cualquier recurso periodístico es “natural”.

Aunque parezca mentira, hay medios del mundo que por práctica profesional se privan de recabar el testimonio en caliente de familiares directos de una víctima de un asesinato. Primero, para proteger la intimidad de familias atravesadas por un dolor inenarrable, y segundo, bajo el entendimiento de que la conmoción puede dar lugar a mensajes públicos que multipliquen la violencia y disparen ideas y acusaciones que esas mismas personas no dirían en una situación más calma. Ciencia ficción para la topadora mediática argentina.

Fobia a la estadística

En ciertos asuntos, el debate público argentino se vuelve impermeable a la cita de una estadística fundamentada.

Ante un número constatado por fuentes validadas, la discusión pierde su eje, se termina de obnubilar, apela a explicaciones meramente emocionales, o terraplanistas, o fraudulentas.

No es sólo cuestión de los oportunistas que medran en el dolor. Existe una lógica en políticos y periodistas que no abrevan en “el que mata tiene que morir” de la diva Giménez ni reclaman pena de muerte para adolescentes, pero no se atreven a asomarse a números estadísticos bajo la lógica de que “el asesinato de una hija es el 100% para una familia”. “Andá a explicárselo los padres de Kim”. Los padres de Kim merecen otras explicaciones, lo que no excluye la posibilidad de razonar y proveer el contexto adecuado, para evitar quedar tildados en una frase y pormenores atroces.

Por motivos que los expertos no terminan de explicar, la tasa de homicidios en Argentina cayó a casi la mitad en la última década. La baja en uno de los períodos económicos más sombríos que se recuerden es gradual y marcha a contramano de lo ocurrido en Chile y Uruguay, dos de los países social y culturalmente más parecidos. Hoy, Argentina es el país con menos homicidios por cantidad de habitantes de Sudamérica y uno de los mejor posicionados en América. No es algo nuevo. Desde siempre se ubicó en una zona privilegiada de la tabla.

Un descenso tan pronunciado en el orden nacional no podría darse si no fuera acompañado en la Provincia de Buenos Aires, donde viven 37% de los habitantes en el país.

Los números provinciales marcan un pico histórico de asesinatos en 2002 (2.492), plena debacle económica y social. A ese récord le siguió un pronunciado descenso en los años inmediatos, para volver a subir. En 2014, los casos dolosos fueron 1.478, según datos de la Procuración General, organismo autárquico dirigido por Julio Conte-Grand, hombre del PRO designado durante el mandato de María Eugenia Vidal.

El descenso abarcó el último año en La Plata de Daniel Scioli, los cuatro de Vidal y los cinco que lleva Kicillof. El último registro de la Procuración, que comenzó bajo el mismo método en 2013, constatado en expedientes judiciales y otras estadísticas públicas, corresponde a 2023, cuando tocó 852 víctimas fatales. En 2024, según datos preliminares que maneja el Gobierno provincial, habrían sido 811. El indicador de enero pasado confirma la tendencia interanual a la baja.

Esos números, que ubican a la provincia de Buenos Aires mejor que Santa Fe, Salta o Tucumán, son indispensables a la hora de abordar la inseguridad, pero están lejos de explicar la foto completa y de garantizar su continuidad. No es lineal, pero el resquebrajamiento de la cohesión social y la dificultad para cubrir la mesa de los hogares, combinados con el desmantelamiento negligente del Estado que arbitran los hermanos Milei, pueden tener una consecuencia lógica en el aumento del delito.

En 2024, la “sensación” expresada en diálogos cotidianos y los medios tuvo un correlato en la cantidad de asaltos y robos. El registro del Ministerio de Seguridad de la Provincia muestra un ascenso interanual en todos los tipos delictivos, del orden del 8%, menos los homicidios, que decrecieron. La cantidad de hechos reportados es abrumadora, 570.588, en una provincia con seis millones de hogares, con el agravante de que muchos delitos no engrosan la estadística porque ni siquiera se denuncian ni hay actuación de oficio de organismos estatales, a diferencia de los asesinatos.

No entra una incoherencia más

Como gobernante y eventual candidato, Kicillof está obligado a elaborar una respuesta a uno de los problemas que encabezan las preocupaciones de los bonaerenses.

Razonablemente, su entorno asume como un hecho que la ofensiva orquestada por la Casa Rosada y sus satélites tendrá próximos capítulos. Va más allá de los hechos. El primer bimestre de 2025 marcó un recrudecimiento de la violencia narco en Rosario, con dos triples crímenes, y se sumaron varios hechos aberrantes en Mendoza. Sus gobernadores, semialiados de Milei y Macri, gozan del beneficio de no estar apuntados por el foco mediático oficialista.

La respuesta de Kicillof podrá ser garantista, clásica o manodurista. El menú no debería incluir la incoherencia en un peronismo que en su última década abrumó a la sociedad con la consumación de hechos y políticas tan distanciados del discurso que vaciaron las palabras.

La impronta de Berni en la misma línea de Bullrich y Victoria Villarruel —“las quiero en mi equipo”— no se limita a fuegos artificiales y alguna línea precaria dictada por un asesor que cobra fortunas por transmitir tonterías.

Las estadísticas de violencia policial, carcelaria e institucional de la Provincia de Buenos Aires reportadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional no difieren demasiado de otros distritos cuyos gobiernos se muestran más despectivos de la agenda de derechos humanos.

El asesinato en Mar del Plata de Matías Paredes, el albañil de 26 años ultimado en febrero por lobos policiales que salieron de caza, guarda muchas similitudes con el del futbolista Lucas González en Barracas, en 2021, o el de Blas Correas en las cercanías de la Ciudad Universitaria de Córdoba, en 2020.

Un distrito es gobernado por un peronista de centroizquierda, otro por un conservador y el tercero, por un provincialista. Ninguno de los tres casos citados, entre cientos, se limita a una patrulla perdida, sino que hablan de ausencia de protocolos policiales elementales, deficiencias de formación, falta de controles internos, complicidad jerárquica y el aliento de ministros de Seguridad con lenguaje malevo.

Allí se anota la trama de Berni, a quien en el entorno de Kicillof explican con argumentos pueriles, mientras exhiben agendas de asistencia a las víctimas y desarticulación de sórdidas tramas policiales. En el segundo mandato, Berni legó el puesto a uno de sus hombres, Javier Alonso, menos afecto a la provocación y la riña callejera.

Ninguno de los tres casos —en Mar del Plata, CABA y Córdoba— se limita a una patrulla perdida, sino que hablan de ausencia de protocolos elementales, falta de controles internos, complicidad jerárquica y el aliento de ministros con lenguaje malevo

El desarrollo de políticas simultáneas que marchan a contramano lastró el Gobierno de Alberto Fernández. Un ministro trataba de ahorrar en subsidios favorables a los ricos, el otro los multiplicaba; uno promulgaba restricciones a la circulación por la pandemia, el otro negociaba aperturas. Kicillof aportó lo suyo cuando toleró que Berni provocara y hasta apelara a la violencia física contra el segundo de su colega de Nación Sabina Frederic, quien, en los papeles, tiene una cosmovisión sobre la seguridad más próxima al mundo del gobernador que un exmilitar carapintada.

La agenda de seguridad encuentra a Kicillof en un punto en que debe desanudar sus propias contradicciones y profundizar políticas en las que ha demostrado un rumbo autónomo, separado de prácticas tóxicas asentadas en capas geológicas del movimiento. En ése y otros ejes se juega el destino del único intérprete potencial de nuevas melodías que asoma en el peronismo.

Kicillof también supone una incógnita para enemigos y adversarios, con el antecedente de dos elecciones para gobernador provincial en las que obtuvo un apoyo muy superior al previsto.

En las últimas semanas, Milei viró su mira desde Cristina al mandatario bonaerense. Algunas miradas arriesgan que el Presidente, con su advertencia de intervención provincial, pagó el costo de unir al peronismo, hipótesis que sectores próximos a Kicillof y los Kirchner se ocupaban de desmerecer con el transcuroso de las horas. Esa mentada unión difícilmente pase la prueba de fuego si a alguien se le ocurre disputarle a La Cámpora un lugar en la lista de concejales de Carlos Casares.

Sobre la expresidenta, podría decirse que la derecha conoce su techo. Con Kicillof, deberá probarlo. 

SL/DTC

Desde la ruta secundaria que lleva al pequeño pueblo de Heinersbrück, a menos de seis kilómetros de Polonia, se observan las turbinas eólicas que dan forma al paisaje junto a los árboles pelados por el invierno. Son lo que Alternativa para Alemania (AfD) llama “molinos de viento de la vergüenza”, un aderezo a su promesa de derribar los aerogeneradores que, en su batalla cultural, perturban el campo para proporcionar energía a consumidores urbanos invisibles. 

A la entrada de Heinersbrück, un cartel electoral del partido ultra dice que es “la hora de las fronteras seguras”. En esta mañana gélida y soleada de febrero, el pueblo, de apenas cinco calles de casas unifamiliares, está desértico, como muchos en esta zona del estado de Brandeburgo, en el este de Alemania. La poca vida se concentra en el único restaurante de la localidad, un salón de mesas con manteles de cuadros donde los clientes devoran platos tradicionales. La luz del mediodía baña la estancia, y tres hombres charlan mientras se terminan sus salchichas con mostaza. Todos votan a AfD.

En Heinersbrück, que no llega a los 600 habitantes, más de la mitad de los votantes (un 58%) se decantó en septiembre por la formación ultra en los últimos comicios regionales de Brandeburgo. Según las últimas encuestas disponibles, AfD va camino de ganar en este estado en las elecciones federales del próximo domingo, que pueden propulsar a la formación capitaneada por Alice Weidel como segunda fuerza, por delante de los tres partidos que han formado el impopular Gobierno de Olaf Scholz: el Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes y los liberales del FDP. AfD tiene pocas posibilidades de llegar al poder por el ‘cordón sanitario’ que mantienen a duras penas el resto de formaciones políticas, pero puede cosechar un resultado histórico en las elecciones federales de un país profundamente consciente de su pasado nazi, el país del ‘nunca más’.

Preguntado por la situación de Alemania, uno de los hombres del grupo del restaurante despacha rápido la respuesta. “Una mierda, solo tienes que poner la televisión. Esto se decide el domingo”, dice, dando un golpe en la mesa. No revela su nombre y se va en medio de la entrevista. Su actitud es fanfarrona, a diferencia de Motyka, que está sentado frente a él y guarda silencio con un zumo en la mano. Motyka, que lleva un uniforme de trabajo rojo y barba de pocos días, no duda en reconocer que marcará la casilla del partido ultra y asegura que es la primera vez que vota. “Nunca va a gobernar, pero tiene que influir para que se hagan mejores políticas”, dice.

Como muchos pueblos de la zona, Heinersbrück vivía del carbón. Ahora los jóvenes se van, y los mayores se quedan. Motyka, que tiene 60 años, procede de la cercana Forst –donde el apoyo a AfD rondó el 40% septiembre–. Hay quienes los llaman “los abandonados”. “Abandonados es poco. Esto está muerto. Es el final”, responde el trabajador.

En el marco de la eliminación progresiva del carbón, en la que el Gobierno está invirtiendo miles de millones de euros, el último gran empleador de la región está cerrando gradualmente: la mina de lignito a cielo abierto y la central eléctrica cercana a la que suministraba. Motyka trabaja en una empresa que se encarga de las cintas transportadoras, según explica. “Teníamos tanto trabajo acá… Ahora hay un 80% menos. 8.000 personas han perdido sus trabajos relacionados con la mina. Cuando todavía funcionaba, había tres turnos. En mi empresa teníamos que contratar trabajadores temporales, pero ahora solo quedan dos. La gente se está yendo”.

Pero, lejos de lo que podría esperarse, Motyka no arremete contra las políticas de lucha contra el cambio climático. “El problema son los extranjeros”, dice. Es un tema al que vuelve varias veces en la conversación y sobre el que va endureciendo el discurso con una retahíla de argumentos que casan bien con los discursos antimigración que AfD ha logrado inocular en el debate público: “Han metido a 400 sirios en un asilo de ancianos reformado. Si tengo una cita en el médico y viene un sirio, él va primero. Aquí tenemos todo viejo y ellos vienen con bicis eléctricas nuevas, es una provocación. Si robas lo mismo que ellos, te condenan y te cae un castigo bastante mayor”. Y zanja: “Yo estuve en el Ejército de la República Democrática Alemana (RDA), me dieron un kalásnikov y me dijeron: 'Defiende tu patria'. Yo les daría uno a cada sirio para defender la suya, aquí no se les ha perdido nada”.

“¿A quién voto si no?” 

Fuera del restaurante, Siegfried, un jubilado de 64 años, cuenta que votará “a los azules [el color de AfD], naturalmente, ¿a quiénes si no? Nadie quiere gobernar con AfD, parece un voto perdido, pero lo voy a hacer de todas maneras”. Asegura que siempre ha votado al partido ultra, desde que existe. Teme que le quiten la pensión –“ese dinero es mío”– y también hace referencia a la inmigración, aunque reconoce que aquí, en Heinersbrück, el contacto con población extranjera es más bien nulo. “Aquí hay todavía tranquilidad. Pero yo no solo veo nuestro pueblo, veo todo el panorama. En Berlín, hay barrios donde la policía ya no entra”, dice Siegfried, que era carpintero y conductor. “Nos quitan todo, yo pago por la seguridad social y luego vienen esos señores y reciben todos los servicios”.

Los expertos llevan tiempo intentando responder a la pregunta que sobrevuela en estas elecciones: ¿por qué crece la formación ultra? El voto a AfD no puede explicarse con un único parámetro, pero una de las principales razones aportadas es que la inmigración, que sigue siendo el principal tema de la ultraderecha, vuelve a estar a la orden del día, a diferencia de 2021, cuando no fue muy relevante para la mayoría de los votantes. Junto a la situación de la economía, es la principal preocupación para los votantes alemanes, según muestran las encuestas.

La ultraderecha, experta en sacar rédito del malestar social, ha instrumentalizado una serie de ataques violentos por parte de sospechosos de origen extranjero para ondear su bandera xenófoba y defender una de sus principales ofertas políticas, las deportaciones masivas, empleando el polémico término ‘remigración’. Hoy son los ataques al igual que hace un año fueron las protestas de los agricultores contra el recorte de subvenciones agrarias, que AfD también explotó para atacar al Gobierno de coalición de los socialdemócratas con los liberales y los verdes, como recuerda Franco Delle Donne, fundador del proyecto de divulgación Epidemia Ultra e investigador en la Werkstatt für Sozialforschung Berlin.

La narrativa que vincula la inmigración con la criminalidad y la seguridad ha calado con fuerza, y eso queda patente en prácticamente todas las entrevistas de elDiario.es con votantes de AfD, que suelen dar argumentos del tipo: “Hay acuchillamientos todos los días”. Un estudio del instituto Ifo difundido esta semana ha constatado que la inmigración no genera un aumento de los índices de criminalidad en Alemania. En el informe, basado en un análisis de estadísticas de la policía de los años 2018 a 2023, los autores no encontraron ninguna correlación entre un incremento del porcentaje de extranjeros en un distrito y el índice de criminalidad local, y lo mismo es aplicable para los solicitantes de asilo. 

Pero el daño ya está hecho. La retórica derechizada sobre inmigración ha arrastrado a otras fuerzas del espectro político, que han endurecido sus posiciones al respecto, como Scholz. Durante la campaña, el candidato de la CDU, Friedrich Merz, ha llegado a romper el tabú sobre la colaboración con la ultraderecha para sacar adelante una resolución parlamentaria que exige medidas más estrictas, entre ellas controles fronterizos permanentes y el rechazo a personas extranjeras indocumentadas. Otro partido, el de la rojiparda Sarah Wagenknecht, se presenta como una alternativa AfD abrazando postulados antiinmigración. 

“Está demostrado que el mero hecho de que la inmigración se haga visible en la agenda pública y en los medios es un punto a favor para los partidos de derecha radical, más allá de cómo se hable del tema”, dice Delle Donne. “No han hecho nada diferente, suelen ser bastante lineales en lo que dicen que van a hacer, con propuestas muy generalistas que lanzan a la discusión pública. Se han beneficiado del contexto”. Este tipo de partidos también se nutre de la desinformación para desestabilizar. “No importa mucho el dato ni si el argumento tiene sentido. Importa el componente rupturista, porque da visibilidad y un espacio de duda en una parte de la población que busca respuestas”, señala el analista, coautor del pódcast ‘El tercer voto’ junto a Raúl Gil Benito.

Otro argumento frecuente entre los votantes de AfD entrevistados tiene que ver con la presión sobre los servicios públicos, pasando por alto el papel de los trabajadores extranjeros en la mayor economía de Europa. Alternativa para Alemania se apoya en el discurso nativista, que pone por delante a los nativos de los no nativos, para dar su explicación de los problemas que sufre el país y atacar a otros partidos políticos. Apuestan por crear un clima de “nosotros contra ellos”, convirtiendo sistemáticamente casos individuales en generales. 

“Alemania no funciona”

El partido ultra obtiene votos principalmente de antiguos partidarios de la CDU/CSU y de no votantes, según explica a elDiario.es Robert Grimm, jefe de investigación política y social de Ipsos. Suele ser más fuerte en las zonas remotas y rurales y más débil en los centros urbanos. Tanto Motyka como Siegfried encajan en el perfil típico de votante de AfD: hombre blanco de mediana edad, trabajador con estudios medios de una zona débil. Pero, en este avance, la formación política está cautivando a nuevos sectores, como las mujeres y los jóvenes. 

En la periferia norte de la ciudad de Cottbus, a unos 20 kilómetros en coche de Heinersbrück, dos jóvenes beben cerveza mientras fuman un cigarro. Se niegan a dar sus nombres y son escuetos en las respuestas, pero cuentan que tienen 18 y 22 años, que quieren ir al Ejército y votan a AfD. “Todo es una mierda”, dice uno de ellos, que arremete contra los migrantes y sostiene que la formación azul tiene “los mejores argumentos”. ¿Qué piensan cuando se dice que no es un partido democrático? “Cada uno tiene su opinión”, contesta el chico. No muy lejos de allí, otro joven de 26 años espera a un conocido. Se está formando en una empresa industrial. “Si pudiera, emigraría. En otros países la gente está mucho mejor que en Alemania. Si ganas mucho dinero hay que pagar mucho al Estado y el coste de la vida es muy alto”, dice. No quiere decir a quién vota, pero da una pista: el partido no va a gobernar. 

Para el politólogo Gero Neugebauer, la subida de AfD en las encuestas tiene mucho que ver con que la gente “no se siente segura sobre su futuro” en una Alemania en crisis, que arrastra una recesión económica desde hace más de dos años. “También están enfadados con las políticas del Gobierno. No las entienden o no las aceptan.Y estos planteamientos han llevado a la creencia de que el sistema democrático es incapaz de resolver los problemas de la gente”.

Muchos votantes con los que ha hablado este medio son pesimistas y pintan la imagen de un Estado que no funciona, en el que todo va mal. “Si preguntas hasta qué punto están satisfechos con el sistema democrático, las encuestas muestran que el 25% dice que no está bien y que hay que cambiarlo. Pero no saben lo que costará la alternativa que quieren. Si nos fijamos en el programa de AfD, por ejemplo, no les importa el salario mínimo. Pero la gente no lo ve así. Solo ve un peligro para su trabajo y su identidad cultural en la llegada de personas de fuera”, indica Neugebauer.

“En Alemania no funciona nada, habría que empezar de cero. Lo hemos intentado con otros partidos y todo se ha ido al garete”, opina Sebastian, que cuenta que ya ha votado por correo a AfD y enumera con los dedos una serie de profesiones con las que, explica, trata de ganarse la vida: eventos, construcción de carreteras, carpintería. “La gente que trabaja está casi maltratada. Todo ha subido de precio. Los alemanes no tenemos dónde vivir”, dice el hombre de 38 años.

Entre edificios de colores, Karl y Elke cruzan una plaza céntrica de Cottbus. Vienen de votar por correo. No revelan a qué fuerza han elegido, pero son tajantes: “No a AfD”. Elke, de 71 años, cuenta que han notado un aumento del apoyo al partido ultra en su entorno. “Gente joven, amigos que han estudiado y tienen nuestra edad, que deberían saber cómo fue la Segunda Guerra Mundial… Pero dicen que les votan porque es la única posibilidad de que haya un cambio político”. “Es un partido democráticamente elegido”, agrega Karl, de 70 años.

La ciudad de Cottbus, en la que viven unas 100.000 personas y que está situada en el territorio de la desaparecida RDA, está experimentando cambios importantes que pueden suponer un caladero de votos para el partido ultra. Tras la caída del Muro en 1989, primero colapsó la industria textil y ahora, con la eliminación progresiva del carbón, también la industria energética que hacía de ella un próspero centro productivo. Los Verdes han decidido no presentar una candidatura directa aquí y hacen campaña por la aspirante del SPD para evitar una posible victoria de AfD, que presenta al exdiputado Lars Schieske, considerado como extremista de derechas por los servicios secretos de Brandenburgo. Cottbus es desde hace tiempo un foco de grupos de extrema derecha y neonazis, especialmente en el fútbol. 

Aunque cuenta con una base de votantes en el oeste, el partido ultra cosechó sus primeros y mayores éxitos en el este de Alemania. “AfD nunca fue un fenómeno puramente del este, pero desde sus inicios ha sido más fuerte allí. Creo que este patrón también se mantendrá en estas elecciones, solo que el nivel general de apoyo ha subido”, explica Kai Arzheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Maguncia.

Muchas voces sitúan el origen de esta tendencia en una reunificación culminada bajo las condiciones occidentales y en una división que no desapareció con la caída del Muro de Berlín. En este sentido, algunos investigadores han atribuido los hábitos de voto del este a las persistentes diferencias demográficas y económicas. Paulina Frölich, directora general adjunta del think tank berlinés Das Progressive Zentrum, recuerda las fuertes oleadas migratorias del este al oeste alemán, entre las que había muchas personas “políticamente descontentas, dejando atrás a otras muchas más bien críticas hacia la nueva era liberal”. “Estas personas tenían una gran experiencia: de mediana edad, con educación media, infelices y escépticos hacia cualquier tipo de autoridad, que son bastante más propensos a estar abiertos a un poder autoritario. No obstante, esto también pasa en el oeste”.

“Es todo bla, bla, bla”

En Spandau, un extenso distrito en el oeste de Berlín donde el criminal nazi Rudolf Hess estuvo 40 años entre rejas, AfD parece estar en crecimiento. Una encuesta de principios de mes del demoscópico YouGov colocaba en cabeza a la CDU con un 26%, seguida de cerca por el SPD, y pronosticaba un 24% para el partido ultra. En las europeas de junio AfD sacó en Spandau un 15%, cinco puntos más que en las federales de 2021. 

Michael es uno de esos nuevos votantes tras muchos años apoyando al Graue Panther, conocido como el partido de los jubilados. En el centro de Spandau, cuenta que no está de acuerdo con todo lo que promete AfD, pero se dejó convencer por un amigo. “Conocemos a los partidos desde hace décadas y no va a cambiar nada. Es todo bla, bla, bla. Los ciudadanos siempre pagamos la factura. Tenemos muchos extranjeros y cada día llegan más”, dice. “Mucha gente ha salido a protestar porque tiene miedo de que vuelva Hitler, pero cada partido hace sus promesas. Deberían ganar, ¡deberían tener la mayoría!”. 

Fuera del centro, en una zona de grandes bloques residenciales de Spandau, Nicole va a hacer la compra antes de que caiga la noche. Se mudó en 2011 a este barrio, pero quiere marcharse. “Si tengo que ser sincera, nunca había votado antes. Si voto, votaré a AfD. No estamos seguros en ninguna parte y toda Alemania está estropeada. Tenemos que vivir con miedo a una Tercera Guerra Mundial apoyando a Ucrania”, dice la mujer de 56 años y desempleada. “Necesitamos algo fuerte, que ayude a nuestro propio país. Entra aquí con 20 euros, verás como no puedes comprar nada”, asegura señalando el supermercado.

Subida a lomos de las crisis

Alternativa para Alemania fue fundada en 2013. Entró por primera vez en el Bundestag cuatro años después, en 2017, sacudiendo el tablero político. Actualmente, las encuestas pronostican que logrará 10 puntos más que en aquel momento, pero la trayectoria de la formación ultra no ha sido lineal, sino un camino de subidas y bajadas. Para analizar por qué ha ganado votantes y simpatizantes –por ejemplo entre la población femenina– Paulina Frölich se remonta a la crisis de la COVID, cuando una multitud se sintió “insatisfecha y escéptica sobre la política y sobre la interferencia del Estado en la vida personal”. La siguiente gran crisis fue la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. “Cuando los efectos reales de esta crisis golpearon de verdad a los hogares, tales como la crisis energética o la inflación, AfD fue capaz de ampliar su base a personas escépticas e insatisfechas que tienen la imagen de un Estado disfuncional”.

A esto se suma que AfD, su ideología y su retórica han sido “normalizadas aún más” por los partidos mayoritarios y los medios de comunicación, señala Kai Arzheimer. Frölich coincide: “Hace 10 años, era un escándalo que un político dijera algo racista. Hoy ni siquiera sería un titular. La estrategia de la extrema derecha para normalizarse a través del lenguaje y la agenda ha funcionado”.

El miedo y la ira se mencionan con frecuencia como motor de muchos votantes de AfD. Fröhlich discrepa: “Las fuerzas de extrema derecha utilizan las emociones positivas tanto como las negativas. Una de sus emociones positivas más importantes es el orgullo, estar orgulloso de quién eres, de tu nación, de la forma en que consumes, vives y hablas. El segundo es la superioridad, el sentimiento de haber entendido cómo funcionan realmente las cosas”. 

Existe cierto debate sobre si parte del apoyo a AfD es voto protesta. Para la experta, se trata de un voto protesta sólido y profundo que va más allá del mero descontento. “La gente vota a este partido porque este partido les promete auténticamente disrupción y cambio. Y disrupción y cambio significa protestar contra el sistema. Ellos dicen que quieren que el sistema desaparezca por completo”.

“No todo el que apoya a la AfD es un ultraderechista hecho y derecho, pero a los votantes les importan las políticas de AfD”, agrega Arzheimer. “En el pasado, el voto a la AfD estaba realmente impulsado por la actitud de los votantes hacia los inmigrantes y la inmigración. Hay un elemento de protesta, pero se basa en preferencias políticas”.

AfD llega desinhibida a estas elecciones, envalentonada tras sus buenos resultados en las elecciones europeas y regionales del año pasado. Respaldada por Elon Musk y favorable a Rusia, aboga por salir el euro y defiende la familia tradicional, un concepto que choca de frente con la vida personal de su candidata Weidel, que mantiene una relación con una mujer originaria de Sri Lanka con la que cría a dos menores en Suiza. 

Arzheimer se confiesa “muy preocupado” por el avance de AfD, una formación vigilada por los servicios secretos. “A diferencia de partidos comparables en otros países europeos, AfD ni siquiera intenta parecer moderada”, subraya el politólogo. “Tres de las secciones regionales del partido, su ala joven (que actualmente se está disolviendo) y la facción ‘der Flügel’ [que englobaba a sectores radicalizados] ya están clasificadas como extremistas. Solo en la bancada del partido en el Bundestag trabajan más de 100 empleados que son miembros de organizaciones de extrema derecha (por ejemplo, el Movimiento Identitario). Miembros de la base e incluso un exdiputado están siendo juzgados por terrorismo. Y, sin embargo, el apoyo a la AfD ha crecido en los últimos tres años”.

La experta de Das Progressive Zentrum comparte la preocupación. “Desde hace al menos 10 años no hemos encontrado aún ninguna estrategia eficaz entre los demócratas moderados para reducirlos, para eliminarlos”, dice. “Me preocupa que los demócratas se pongan nerviosos y prueben cosas antidemocráticas en el nombre de la democracia para detenerlos. No hay indicios de que estrategias como las de Merz y Sarah Wagenknecht funcionen. Deberíamos centrarnos en una cooperación real, hablando de reformas profundas dentro del espectro democrático y dejando fuera a la extrema derecha”.

DM