Lo que Karina sabía: el caso $LIBRA y el escándalo que el Gobierno no logra encapsular

Guillermo Francos se sentó derecho, con el gesto adusto de quien sabe que va a recibir un golpe largo. Había memorizado el guion durante días, trabajado cada frase con sus asesores, repasado punto por punto las declaraciones que Javier Milei había dado semanas atrás en televisión. Pero nada de eso lo preparó para la escena que se desarrollaría en el Congreso: la primera interpelación a un jefe de Gabinete en más de tres décadas. Y no por una crisis económica o un escándalo institucional, sino por una moneda digital, una estafa incipiente y una sospecha que, sin decirlo, sobrevolaba cada pregunta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de Karina Milei?

La sesión fue larga, desordenada, ruidosa. Francos aguantó con disciplina los primeros embates. Repitió que $LIBRA era “una relación entre privados”, que el Presidente “se hizo eco de información pública”, que el Estado “no tuvo participación”. Pero hubo una pregunta que rompió la defensa. El diputado Itai Hagman fue el primero en formularla, y luego la repetirían, con variantes, otros legisladores opositores. Si la web del proyecto Viva la Libertad y el número de contrato del token no estaban online en el momento en que Milei lo tuiteó, ¿cómo hizo para acceder a esa información? ¿Quién se la pasó? ¿Quién coordinó esa publicación? Francos no pudo responder. Cambió de tema, citó al propio Presidente, evitó dar nombres. Pero el vacío fue evidente.

Tal como ocurrió en otras discusiones incómodas para el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza adoptó una estrategia de baja exposición. Apenas unos pocos diputados tomaron la palabra para defender a Francos; el resto permaneció en silencio o directamente ausente. Ni Karina Milei ni el vocero presidencial, Manuel Adorni —dos de los nombres apuntados por la oposición— estuvieron presentes en el recinto, pese a que sus nombres fueron mencionados repetidamente. Tampoco asistieron los ministros Mariano Cúneo Libarona ni Luis Caputo, cuyas ausencias fueron señaladas como parte de una maniobra de contención. Para varios legisladores de Unión por la Patria, la sesión dejó una impresión clara: el Gobierno no solo subestima el caso, sino que decidió encapsularlo, resistir en silencio y dejar pasar la tormenta.

Mientras Francos sorteaba, con dificultades, las preguntas incómodas, la investigación judicial avanzaba en otra dirección. La jueza María Romilda Servini fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín como la responsable del expediente, desplazando así a Sandra Arroyo Salgado, quien argumentaba que el delito se había consumado en Olivos, desde donde se envió el tuit que dio origen al escándalo. Pero el tribunal consideró que la causa excedía un posteo: involucraba reuniones, firmas, visitas a Casa Rosada, contratos y supuestas maniobras de tráfico de influencias. Que todo eso había ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, por tanto, debía tramitarse en Comodoro Py.

Ese mismo día, el fiscal Eduardo Taiano pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. En su resolución citó los artículos correspondientes de la Ley Penal Tributaria, de la Ley de Entidades Financieras y disposiciones de la exAFIP. Lo hizo con un objetivo claro: rastrear los fondos. Seguir el dinero. Verificar si, detrás del entusiasmo presidencial por una memecoin sin respaldo, hubo pagos concretos, retornos, promesas.

El nombre de Karina aparece en cada punto de la investigación. No solo por su rol como firmante de la carta de intención con Cube Exchange, el exchange cripto que sirvió de plataforma para la operación, sino también porque participó en las reuniones previas con los promotores del token. Davis, Novelli y Terrones Godoy no eran outsiders que se colaron por la ventana. Entraron a Casa Rosada al menos diez veces durante 2024. En varias oportunidades lo hicieron juntos, acompañados por Bartosz Lipinski, CEO de Cube. En otras, solos. Pero en todas esas visitas, Karina estaba.

El testimonio más explosivo, por ahora no judicializado pero sí filtrado en medios, es el de Hayden Davis, quien aseguró en un mensaje: “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que quiero”. Es un indicio brutal, que todavía no ha sido desmentido formalmente ni por el Presidente ni por la Secretaría General. En el entorno de Milei se amparan en la presunción de inocencia. “Están investigados, no son culpables aún”, repiten. Pero cada nuevo dato erosiona el blindaje. El silencio presidencial —tan llamativo en un mandatario que suele insultar a cualquiera que lo critique— empieza a convertirse en una forma de sospecha.

En la Casa Rosada el tema no está en la agenda oficial, pero sí en todas las conversaciones privadas. Las oficinas del primer piso —donde se mezclan voceros, asesores y funcionarios con acceso directo al despacho presidencial— se transformaron en un hervidero discreto. Nadie habla en público, pero todos miran con inquietud lo que ocurre en Comodoro Py. Hay temor a que la causa escale rápido y empiece a implicar directamente a la hermana del Presidente. El verdadero pánico, en voz baja, es que la justicia encuentre pruebas materiales: transferencias, pagos, registros, capturas de pantalla.

En las últimas semanas, se activaron llamados a gobernadores, a legisladores aliados, a diputados del PRO y a socios circunstanciales del oficialismo. El objetivo es simple: evitar que la oposición consiga quórum cuando insista con debatir el tema en el recinto. Pero la fragilidad del operativo es evidente. El caso $LIBRA ya dejó de ser un tema judicial para convertirse en un problema político de fondo. Y, lo que es más delicado: un problema que el Presidente no puede desactivar sin exponer a su hermana.

Karina siempre fue el corazón del dispositivo. Milei lo dijo mil veces: “Sin ella no podría gobernar”. Controla la agenda, define nombramientos, filtra reuniones, reparte los turnos para hablar con el Presidente. Pero ahora ese poder, hasta ayer secreto, está expuesto. La figura que consolidó la verticalidad absoluta del Gobierno aparece como el eslabón débil. No solo por su protagonismo en el armado de $LIBRA, sino porque su posible citación judicial dejaría al presidente ante una escena inédita: tener que explicar, como hermano y como jefe de Estado, si alguien de su círculo más íntimo participó en una operación fraudulenta que afectó a cientos de inversores y terminó en el derrumbe de un token que nunca debió existir.

La querella presentada por Juan Grabois, que representa a damnificados por la estafa, logró a mediados de abril que Karina quedara formalmente imputada. Es una instancia preliminar, pero simbólicamente poderosa. Grabois lo celebró con sarcasmo: “La pareja de garcas va a viajar en patrullero de Olivos a Marcos Paz”. Más allá del tono, el mensaje fue claro: ya no se discute solo la legalidad de un tuit presidencial, sino el uso del poder para promover negocios privados desde el Estado.

Lo que está en juego ya no es una memecoin fallida. Es la credibilidad de un gobierno que se construyó sobre una promesa moral: terminar con la “casta”, con la política de retornos, con la corrupción de siempre. Y ahora aparece rodeado de los mismos elementos que criticaba. Reuniones secretas, entradas sin registro, contratos dudosos, favores pagados, plata en el medio. Lo que diferencia este caso de otros es el tamaño de la contradicción. No la magnitud del delito, sino el daño simbólico al filo del comienzo de la campaña electoral.

PL