La desocupación volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires al cierre de 2025 y dejó una señal clara del deterioro del mercado laboral: cada vez más personas buscan trabajo o intentan ampliar sus ingresos mientras el empleo no muestra crecimiento. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), el desempleo alcanzó el 7,3% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre del año.

Ese nivel se ubicó por encima del registrado un año antes, cuando la desocupación había sido del 6,7%. También marcó un aumento frente al trimestre anterior: entre julio y septiembre de 2025 el desempleo había sido del 6,3%.

Pero el indicador más amplio del informe muestra una presión laboral aún mayor. Si se suman los desocupados, los trabajadores subocupados que buscan más horas y las personas ocupadas que están intentando cambiar o ampliar su empleo, el 12,7% de la población económicamente activa presiona sobre el mercado de trabajo. Es decir, más de uno de cada diez trabajadores busca entrar al empleo o mejorar su inserción laboral.

El aumento de esa presión se explica en parte por la dinámica del propio mercado laboral. La tasa de actividad —que mide a la población que participa del mercado de trabajo— se ubicó en 64,1%, mientras que la tasa de empleo quedó en 59,4%. El organismo estadístico señaló que la actividad mostró una leve expansión interanual, pero el empleo no registró cambios significativos.

Ese desfasaje describe un fenómeno recurrente en contextos de fragilidad laboral: más personas salen a buscar trabajo, pero el número de puestos disponibles no crece al mismo ritmo.

Desigualdades en el acceso al trabajo

El informe también mostró diferencias en la distribución del desempleo según sexo. Las mujeres representaron el 52,0% de las personas desocupadas, mientras que los varones concentraron el 48,0%. La tasa de desocupación femenina llegó al 7,6%, frente al 7,0% en los hombres.

Las brechas también aparecen en el mapa de la Ciudad. Las zonas Norte y Centro presentan niveles de actividad y empleo más altos que el Sur, donde la tasa de actividad alcanza el 60,7% y la de empleo el 53,7%. En cambio, en las zonas Norte y Centro la participación laboral llega al 65,2% y el empleo supera el 61%.

Estas diferencias territoriales reflejan que las oportunidades laborales no se distribuyen de manera homogénea dentro de la Ciudad, incluso dentro de un mismo mercado urbano.

Subocupación y trabajo insuficiente

Además del desempleo abierto, el informe registró un aumento de la subocupación. La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— alcanzó el 9,3% de la población activa, lo que implicó una suba de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Dentro de ese grupo, más de la mitad de las personas subocupadas (57,5%) no buscan activamente ampliar su jornada laboral. El resto sí intenta sumar horas o conseguir otro empleo, lo que contribuye a aumentar la presión sobre el mercado laboral.

El informe también detalla la composición del empleo en la Ciudad. El 72,0% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia, mientras que el 22,1% lo hace por cuenta propia.

Entre los asalariados, el 70,3% cuenta con cobertura jubilatoria, mientras que en el 29,% restante los empleadores no realizan aportes previsionales. En el caso del trabajo independiente, el panorama es más heterogéneo: el 59,1% de los cuentapropistas está registrado y paga regularmente, mientras que el 34,5% no tiene registro para ejercer su actividad y el 6,4% restante no mantiene regularidad en los pagos.

La suma de las dos últimas categorías implica que dos de cada cinco trabajadores por cuenta propia quedan por fuera de las regulaciones, una proporción que aumentó interanualmente según el relevamiento oficial.

El informe del organismo estadístico porteño muestra así un escenario en el que el problema del empleo no se limita a la falta de trabajo. También aparece en la insuficiencia de horas laborales, en la expansión del cuentapropismo sin regulación plena y en la creciente cantidad de trabajadores que buscan mejorar su inserción laboral dentro de un mercado que no genera nuevos puestos al mismo ritmo.

JJD

Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de apertura de 100 locales en cinco años y la posibilidad de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, en un contexto de deterioro del empleo y caída de los ingresos laborales. El desembarco incluyó una inversión anunciada de US$50 millones y la apertura de su primer local en el microcentro porteño, con una estrategia de expansión en shoppings y aeropuertos.

El anuncio se produjo en un mercado laboral que mostró señales de empeoramiento para quienes trabajan o buscan empleo. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0%, según el INDEC. En paralelo, creció la presión sobre el mercado de trabajo, con más personas ocupadas que buscaron otro empleo o más horas para sostener ingresos.

Todo esto se produce durante el gobierno de Javier Milei, quien, paradójicamente, se autodeclaró enemigo del comunismo chino.

El deterioro del empleo asalariado registrado también formó parte del escenario en el que se anunció la inversión. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, sostuvo que “en lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. Esa dinámica implicó un reemplazo parcial de empleo formal por formas más precarias de inserción laboral.

En ese contexto, la promesa de generación de empleo asociada a la expansión de la china Miniso aparece acotada frente a la magnitud de la destrucción de puestos registrados. Incluso en el escenario más alto planteado por la empresa, de 1.000 empleos en cinco años, el impacto potencial resultó menor frente a la pérdida de empleo asalariado acumulada en el mismo período.

El modelo de negocios que la empresa proyectó para el país también se apoyó en una fuerte presencia de productos importados. Según se detalló, la mayoría de los artículos que se comercializarán en los locales serán de origen externo, con una oferta que incluye licencias internacionales como Disney, Marvel o Sanrio, y una renovación constante de productos orientada al consumo masivo.

La llegada de la firma se inscribió además en un escenario económico atravesado por la apertura de importaciones y la caída del consumo, factores que ya impactaron en la actividad de empresas locales. En distintos sectores, esa combinación derivó en despidos, suspensiones y dificultades financieras, especialmente en industrias y comercios orientados al mercado interno.

La estrategia de Miniso apuntó a instalarse en zonas de alto tránsito y captar público joven, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados y tiendas insignia de mayor tamaño. El primer punto de venta abrirá en la peatonal Florida y luego se sumarán sucursales en centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, con expansión progresiva al resto del país.

La proyección de crecimiento de la empresa se basó en su expansión global, con presencia en más de 100 países y miles de tiendas, pero su desempeño en Argentina dependerá de un mercado interno en retracción y de un escenario laboral más inestable. En ese marco, la creación de empleo asociada a nuevas inversiones convive con una dinámica general de pérdida de puestos asalariados y aumento de formas laborales más frágiles.

Hasta el momento, el anuncio no modificó la tendencia general del mercado de trabajo, que mostró más desocupación, menor tasa de empleo y mayor precarización. La evolución de la inversión y la apertura efectiva de locales determinarán si la promesa de empleo se concreta en un contexto donde las condiciones para sostener la actividad comercial siguen condicionadas por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.

JJD

La desocupación cerró 2025 en 7,5% y marcó el nivel más alto desde la salida de la pandemia en los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. El dato implicó una suba interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto del 6,4% del cuarto trimestre de 2024, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0% y la de actividad pasó de 48,8% a 48,6%. El propio INDEC aclaró que, en la comparación interanual, la suba del desempleo sí resultó estadísticamente significativa, pero que las variaciones en actividad y empleo no lo hicieron.

El deterioro volvió a recaer con más fuerza sobre los trabajadores más jóvenes. Entre las personas de 14 a 29 años, la tasa de desocupación de las mujeres subió de 13,8% a 16,8% en un año, mientras que la de los varones pasó de 12,5% a 16,2%. En términos del informe técnico, eso significó aumentos interanuales de 3,0 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente. Para las edades centrales, de 30 a 64 años, el INDEC registró estabilidad. El mercado laboral, así, volvió a mostrar una puerta de entrada cada vez más estrecha para quienes buscaban su primer empleo o intentaban sostener trayectorias laborales todavía frágiles.

El dato general escondió además una presión laboral más amplia que la desocupación abierta. En el cuarto trimestre, los desocupados representaron el 7,5% de la población económicamente activa, pero a eso se sumó un 16,5% de ocupados demandantes de empleo y un 6,0% de ocupados no demandantes disponibles. En conjunto, la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 30,0%. En otras palabras, no solo creció la cantidad de personas sin trabajo: también siguió siendo alta la proporción de quienes ya tenían una ocupación pero buscaron otra o quisieron trabajar más horas para completar ingresos.

La foto del empleo confirmó un mercado más precario y más fragmentado. Sobre 13,5 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, el 71,5% fueron asalariados y el 28,5% no asalariados. Dentro de este último grupo, el 86,9% correspondió a trabajadores por cuenta propia. A la vez, la informalidad laboral alcanzó al 43,0% de los ocupados, prácticamente en línea con un año antes. Es decir, aun cuando parte de la caída del empleo asalariado registrado se compensó con más monotributo, cuentapropismo o changas, eso no alcanzó para evitar que el desempleo avanzara ni para revertir la degradación de las condiciones de inserción laboral.

La población desocupada también mostró un sesgo generacional nítido. En la composición del total de personas sin trabajo, los varones de hasta 29 años representaron el 27,9% y las mujeres de hasta 29 años el 23,1%. Sumados, explicaron más de la mitad de la desocupación total medida por la encuesta. A la vez, el 46,7% de las personas desocupadas fueron hijos o hijas dentro del hogar, otro indicador de que la pérdida o la falta de empleo se concentró en franjas más jóvenes y en hogares donde la inserción laboral todavía dependió de trayectorias inestables.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ya había advertido con datos del SIPA que el deterioro del empleo registrado seguía profundizándose. El 13 de marzo escribió: “En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. En el mismo hilo sostuvo que el empleo privado registrado acumuló siete meses seguidos de destrucción, que en el sector privado ya se perdieron más de 200.000 puestos en dos años y que la industria eliminó casi 40.000 empleos durante 2025, sobre todo en el segundo semestre.

La combinación entre más monotributo, más cuentapropismo y más búsqueda de horas o empleos adicionales no funcionó como una salida para quienes trabajaron. Los datos del INDEC mostraron que la tasa de empleo no recuperó el nivel de un año atrás y que el desempleo sí avanzó. El resumen ejecutivo del organismo estimó además 1,1 millones de desocupados y 13,5 millones de ocupados en el universo cubierto por la EPH urbana. En ese cuadro, la expansión de formas laborales más inestables no operó como compensación real de la pérdida del empleo asalariado, sino como parte de un mercado que absorbió peor y con menos protección a quienes necesitaron trabajar.

La región más afectada por la desocupación volvió a ser el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,6%, seguida por la región Pampeana con 7,7%. En los aglomerados de 500.000 habitantes y más, el desempleo llegó al 8,0%, contra 4,7% en los de menor tamaño. Esa concentración territorial importó porque allí se ubicó una parte decisiva del empleo industrial, comercial y de servicios urbanos que en los últimos meses mostró señales de contracción. Campos advirtió justamente que, además de la industria, el comercio empezó a exhibir una fase contractiva en el segundo semestre de 2025, con potenciales efectos más graves sobre el mercado laboral.

Para quienes trabajaron o buscaron hacerlo, el cierre de 2025 dejó una evidencia difícil de discutir: aumentó la desocupación, no mejoró el empleo y la crisis pegó más fuerte entre los jóvenes. El monotributo y el cuentapropismo absorbieron una parte del golpe, pero no evitaron que creciera la cantidad de personas sin empleo ni que se ampliara la presión sobre el mercado de trabajo.

JJD

La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y del 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la cantidad de trabajadores no presentó variaciones.

JJD

La empresa textil Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre en su planta de Mar del Plata debido a la caída de las ventas y al stock acumulado de mercadería. Los operarios debían reincorporarse el 1 de abril, pero advierten que la falta de demanda podría extender las suspensiones y profundizar la incertidumbre sobre la continuidad laboral.

El conflicto afecta a la mayor parte de la plantilla productiva de la compañía. La firma tiene menos de 300 trabajadores en total, entre operarios y personal administrativo, lo que implica que más de la mitad de la planta quedó sin tareas. En la fábrica solo continúan trabajando alrededor de 65 operarios mientras se mantiene paralizada gran parte de la producción.

Textilana es una de las empresas textiles más importantes de Mar del Plata y una de las pocas que conserva un proceso productivo integrado, desde el hilado y tejido hasta la comercialización de los suéters. La marca Mauro Sergio llegó a producir hasta dos millones de prendas en sus años de mayor actividad, cuando la empresa tenía cerca de 1.000 trabajadores y una red de más de veinte locales.

La situación actual es muy diferente. La empresa redujo su plantilla a menos de un tercio de la que tuvo en su etapa de mayor expansión, en un contexto de caída del consumo interno y aumento de las importaciones que afectó a buena parte del sector textil. Según explicó el delegado Mauro Galván, la compañía acumuló un volumen de stock que no logra vender, lo que llevó a detener gran parte de la producción.

La crisis que atraviesa Textilana se inscribe en una crisis que afecta a la industria argentina, en general, y en ese marco a todo el sector textil, que opera actualmente con niveles muy bajos de utilización de su capacidad productiva. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires señaló que la industria textil funciona apenas al 40% de su capacidad instalada.

Ese retroceso productivo tuvo consecuencias directas sobre el empleo. El mismo estudio registró que la actividad textil perdió al menos 11.500 puestos de trabajo en los últimos dos años, en una de las ramas industriales históricamente más intensivas en mano de obra.

El deterioro del sector se vinculó a varios factores simultáneos. Por un lado, la caída del consumo interno redujo las ventas de indumentaria y productos textiles en el mercado doméstico. Por otro, el aumento de las importaciones de prendas desplazó parte de la producción local en los comercios y presionó sobre la actividad de las empresas que abastecen el mercado interno.

Mar del Plata fue una de las ciudades donde ese proceso se volvió más visible. La localidad fue conocida durante décadas como la “capital del pulóver”, con una red de fabricantes y talleres que abastecían buena parte del mercado nacional. En la década de 1970 existían alrededor de 500 empresas dedicadas a la producción de suéters; hoy quedan menos de 100 entre fábricas y talleres.

El caso de Textilana refleja con claridad ese retroceso. La empresa llegó a contratar personal a comienzos del gobierno de Javier Milei con la expectativa de una recuperación de la actividad. Sin embargo, la demanda no se recuperó y los primeros trabajadores en quedar fuera de la planta fueron los 50 operarios incorporados en esa etapa, cuyos contratos no fueron renovados.

En la industria argentina en general, de acuero con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se perdieron 100.000 empleos desde noviembre de 2023, lo que equivale a un promedio de 160 puestos de trabajo menos por día.

Ese retroceso se expresó en distintos sectores manufactureros, con cierres de plantas, repliegues productivos y reestructuraciones empresariales que afectaron desde la metalurgia hasta la fabricación de electrodomésticos. Investigadores de la misma universidad identificaron una serie de compañías que atravesaron procesos de ajuste o retiro de producción en el país.

Por eso, la paralización parcial de la planta de Textilana es uno más dentro de la serie de conflictos laborales que atraviesan distintas ramas industriales. En los últimos meses se registraron cierres de fábricas, suspensiones y despidos en sectores como el neumático, la alimentación, los frigoríficos y la metalurgia, con efectos directos sobre el empleo y las condiciones laborales.

Para los trabajadores de la empresa marplatense, la incertidumbre inmediata gira en torno a la posibilidad de retomar la producción en abril. Si las ventas no se recuperan y el stock acumulado no logra colocarse en el mercado, las suspensiones podrían extenderse, lo que pondría en riesgo la continuidad laboral de buena parte de la planta.

JJD

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA alertó sobre “síntomas alarmantes” de crisis en el sector industrial argentino, con caída de la producción, pérdida de empleo y menor peso del sector en la economía.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.

El dato que preocupa a la industria

Uno de los datos más importantes del informe es la fuerte reducción del peso de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el informe, la participación industrial pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que se asemeja al que tenía la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 80 años.

Además, el relevamiento señala que 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que refleja una crisis extendida dentro de la estructura productiva.

Creció la economía pero bajó fuerte la industria

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída del 8,3%.

El informe también identifica otros sectores que sufrieron retrocesos:

En contraste, algunas actividades mostraron un fuerte crecimiento:

Menos empleo: el dato que preocupa a todos

Otro indicador crítico es el nivel de utilización de las fábricas. Durante 2024 y 2025, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó por debajo del 60%, lo que implica más de 40% de capacidad ociosa.

En paralelo, el informe advierte sobre una fuerte destrucción de empleo industrial. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día en el sector.

Cuáles son los sectores más golpeados

Entre las ramas industriales que registraron las mayores caídas —entre 20% y 25%— se encuentran:

En tanto, algunos sectores mostraron mayor resistencia, aunque también registraron retrocesos menores, como la industria alimenticia, las tabacaleras y la industria del transporte.

Menos exportaciones industriales y más commodities

El estudio también detecta un proceso de simplificación exportadora. Las exportaciones industriales de mayor valor agregado —conocidas como MOI— cayeron al 28% del total exportado por la industria, cuando en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Esto implica que la canasta exportadora del sector se concentra cada vez más en alimentos y commodities, con menor contenido tecnológico y menor generación de empleo.

Según el informe, el sector industrial también enfrenta un recorte en el apoyo estatal. En el Presupuesto 2026, los recursos y exenciones destinados a la industria registraron una reducción del 40%.

Los investigadores señalan que el apoyo público se concentró principalmente en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a grandes proyectos de capital extranjero vinculados a energía, minería y siderurgia.

Estado de alerta

El documento advierte además sobre la situación del sector de bienes de capital, considerado estratégico para el desarrollo industrial. Entre 2023 y 2025, la producción local cayó casi 25%, mientras que las importaciones crecieron 77%.

A esto se suma el impacto del Decreto 273/2025, que flexibilizó la importación de maquinaria agrícola usada. Entre mayo y octubre de 2025, estas importaciones se multiplicaron por ocho respecto al mismo período de 2024.

Los autores del informe advierten que esta tendencia podría afectar el desempeño del complejo nacional de fabricantes de maquinaria agrícola.

Retroceso de cuatro décadas

Finalmente, el estudio concluye que el PBI industrial per cápita registró un fuerte deterioro: el nivel actual es similar al de 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente 40 años en términos de producción industrial por habitante.

Los investigadores advierten que estos indicadores reflejan un proceso de desindustrialización que, de profundizarse, podría tener impactos estructurales en el empleo, la producción y el perfil exportador de la economía argentina.

A 24 horas de la apertura de sesiones, el relato presidencial sobre empleo y recuperación salarial convive con números oficiales que muestran otra escena: los sueldos registrados quedaron otra vez por debajo de los precios. En las palabras presidenciales, el trabajo apareció como herencia fallida y como promesa futura, pero no como deterioro presente del salario real.

La referencia más directa del mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa fue la defensa de la Ley de Modernización Laboral, que el Presidente presentó como una norma que “viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años” y que, según afirmó, dejó “a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Sin embargo, se trata de una ley proempresa, que fue rechazada por todo el arco sindical e inclusive cuestionada por parte del empresariado, el pyme, porque consideran que la letra choca contra principios constitucionales y podría provocar una mayor litigiosidad a la ya existente.

Milei sostuvo que los “campeones de los derechos de los trabajadores” dejaron “sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores” y agregó que en el último gobierno anterior, el de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, del extinto Frente de Todos, “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres”. El encuadre fue retrospectivo: informalidad y pobreza laboral como resultado del modelo previo y como justificación de la reforma.

En ese mismo tramo, el Presidente cerró con una afirmación categórica: “El desempleo bajó”. También sostuvo que durante su gestión “no aumentó el desempleo”. Sin embargo, según Chequeado, esa afirmación resultó falsa. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec citados por el sitio de verificación de contenidos, la tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible.

El mismo análisis mostró que el desempleo subió durante el primer año de gestión (alcanzó 6,9% en 2024) y luego bajó levemente en 2025, pero el resultado global evidenció un incremento respecto del punto de partida. La afirmación presidencial, entonces, no coincidió con la evolución agregada de la tasa de desocupación.

La segunda afirmación fuerte fue sobre ingresos. “Hemos triplicado el salario en dólares”, dijo Milei en el recinto. La frase fue calificada como engañosa en otro chequeo publicado este lunes. Según ese informe, el salario promedio en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025. El aumento nominal en dólares existió y fue significativo.

Sin embargo, los especialistas citados advirtieron que medir salarios en dólares no informa sobre el poder adquisitivo real frente a la inflación interna. Cuando se comparó el salario promedio con la canasta básica total —también medida en dólares— la capacidad de compra aumentó 17%, muy por debajo del incremento nominal del 141% en dólares que sugiere la frase presidencial. El salario en dólares creció; el poder de compra lo hizo en menor magnitud.

En paralelo a esa discusión, los propios datos oficiales mostraron que el salario real en pesos volvió a retroceder en 2025. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación del mismo período alcanzó 27,9%. La diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del 2,5% del IPC nacional de ese mes. El informe vinculó el retroceso con el “rezago de las negociaciones colectivas” y la falta de actualización de tramos acordados a comienzos del año.

El empleo público mostró una dinámica aún más restrictiva. El subsector público nacional registró un aumento acumulado de 19% entre enero y noviembre, claramente inferior a la inflación del período. Más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec tuvo aumentos por debajo de los precios acumulados, según ese mismo informe.

Mientras el Presidente defendió la reforma laboral como modernización necesaria, el entramado productivo atravesó una contracción verificable. En noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; en noviembre de 2025 las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En ese período se perdieron 21.938 empleadores y 290.602 puestos registrados. El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores sin empleo en un día; en La Pampa, el frigorífico General Pico despidió a 194 empleados y paralizó sus plantas; en el sector textil, Hilado S.A. avanzó en concurso preventivo con alrededor de 800 trabajadores bajo incertidumbre. En el conflicto del neumático, además, 920 operarios quedaron sin tareas efectivas pese a la conciliación obligatoria, según denunció el SUTNA.

La distancia no fue solo numérica, sino también en la forma de describir el problema. En el discurso de Milei el salario apareció como consecuencia futura de la estabilidad macroeconómica. Milei explicó que el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva permitirán mayor productividad, “salarios más altos y menores niveles de pobreza”. La recomposición salarial fue presentada como resultado de un proceso estructural, no como lo urgente que verdaderamente es.

Lo que no dijo: paritarias y negociación colectiva

En las 28 páginas del discurso difundido oficialmente no apareció la palabra “paritaria”. Tampoco hubo referencias explícitas a reaperturas de negociación colectiva ni a la actualización salarial en el sector público. La omisión resultó significativa si se considera que el propio informe del Indec explicó parte de la caída real por el rezago de las negociaciones colectivas.

La reforma laboral sí ocupó un lugar destacado. El Presidente la presentó como instrumento para modernizar el mercado de trabajo y adaptarlo a “la mayor transformación de la historia”. Pero no detalló en el recinto los efectos concretos sobre indemnizaciones, jornada o derechos colectivos, dimensiones que forman parte del debate legislativo en curso.

El resultado fue un mensaje donde el empleo y el salario funcionaron como argumentos de validación del rumbo económico, más que como fotografía del presente. El desempleo fue presentado como resuelto; los datos mostraron un aumento respecto de 2023. El salario en dólares fue exhibido como símbolo de recuperación; el poder adquisitivo real creció menos y en 2025 volvió a caer frente a la inflación.

Los números oficiales disponibles mostraron que el mercado de trabajo no siguió una trayectoria lineal. La desocupación resultó mayor que al inicio del mandato y el salario real registrado volvió a perder contra los precios en 2025. En ese escenario, el empleo y el ingreso funcionaron en el discurso como promesa de largo plazo, mientras los datos mostraron las necesidades del presente.

JJD

En diciembre de 2025, las ventas en supermercados mostraron una leve recuperación interanual pero con menos trabajadores en las góndolas. Según la Encuesta de Supermercados publicada por el INDEC, el índice de ventas totales a precios constantes creció 0,5% respecto al mismo mes de 2024 y acumuló una suba de 2% en el período enero-diciembre.

El dato se produjo en un contexto de retracción laboral dentro del propio sector. El personal ocupado descendió 1,4% interanual y se ubicó en 99.324 personas en diciembre. La mejora leve en cantidades vendidas no se tradujo en mayor empleo.

En términos mensuales, la serie desestacionalizada mostró un aumento de 2,7% respecto de noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,1%. El movimiento indicó un repunte frente a la caída registrada durante buena parte de 2024, cuando el consumo masivo había retrocedido con fuerza.

En valores corrientes, las ventas totales alcanzaron $2.796.111 millones en diciembre, sumando el canal salón de ventas ($2.713.065 millones) y los canales online ($83.046 millones). El canal presencial concentró la mayor parte de la facturación, aunque el online mostró una variación interanual de 37,4%, por encima del 25,2% del salón de ventas.

El ticket promedio se ubicó en $37.244, con una suba interanual de 29,2%, mientras que las ventas por metro cuadrado alcanzaron $826.295 y crecieron 26,2% frente a diciembre de 2024. El incremento nominal del ticket se dio en un año en el que el consumo en cantidades mostró apenas un avance marginal.

El desglose por medios de pago mostró cambios en la forma de financiar las compras. Las tarjetas de crédito explicaron $1.220.497 millones de las ventas y registraron un aumento interanual de 25,2%. Las tarjetas de débito sumaron $730.107 millones (+10,3%), el efectivo $454.381 millones (+31,7%) y otros medios de pago $391.125 millones (+59,1%) .

El peso creciente de los medios distintos al efectivo y al débito reflejó un mayor uso de financiamiento y promociones, en un escenario donde los ingresos reales de los hogares continuaron tensionados.

El índice de ventas totales a precios corrientes mostró una variación interanual de 26,2% en diciembre . Sin embargo, al analizar las ventas a precios constantes —es decir, descontando el efecto inflacionario— el crecimiento fue de apenas 0,5% . La diferencia entre ambas mediciones evidenció que buena parte del aumento nominal respondió a precios y no a mayores cantidades vendidas.

Durante 2024, el sector había atravesado caídas interanuales pronunciadas en varios meses, con variaciones negativas de dos dígitos en términos reales, según la serie original publicada por el organismo. El leve saldo positivo de 2025 marcó un freno a esa tendencia pero no implicó una recomposición robusta del consumo.

El dato laboral expuso uno de los principales impactos sobre quienes trabajan en el sector. Con 99.324 personas ocupadas y una baja interanual de 1,4%, la recuperación en ventas no se tradujo en expansión de planteles. La mejora en productividad medida por ventas por metro cuadrado coexistió con menor cantidad de trabajadores.

El informe técnico no consignó aumentos en la dotación pese a la suba acumulada anual de 2,0% en ventas reales . En un sector caracterizado por alta rotación y presencia de empleo registrado, la reducción interanual implicó menos puestos formales en uno de los principales rubros del comercio minorista.

La Encuesta de Supermercados es uno de los indicadores más sensibles para medir el pulso del consumo masivo urbano. El cierre de 2025 mostró estabilidad en cantidades vendidas pero sin recomposición significativa del empleo, en un contexto en el que la evolución salarial y el poder adquisitivo condicionaron el gasto de los hogares.

El informe fue publicado el 25 de febrero de 2026 por el INDEC y consignó que los datos de 2025 son provisorios . Hasta el momento, el organismo no informó una reversión en la caída del personal ocupado.

El sector cerró el año con más facturación nominal y leve crecimiento real, pero con menos trabajadores que doce meses antes.

JJD

El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

JJD

Durante décadas, el trabajo en las oficinas se ha definido por horarios fijos, largas jornadas y una presencialidad rígida y constante. La realidad, sin embargo, es que esta filosofía y dinámicas laborales son cada vez más cuestionadas por los que toman el relevo generacional. La diferencia en ellos es que el dilema no gira en torno a “ir o no ir a la oficina”, sino a “¿para qué ir a la oficina?”.

“Existe un cambio generacional muy presente hoy en día: el trabajo ya no es lo primero ni nos define, o al menos estamos empezando a ser conscientes de ello”, expresa Fernando, estudiante de grado superior de paisajismo que decidió dar un giro a su carrera tras una década en el audiovisual. Él, que se sitúa entre los millennials (nacidos entre 1981 y 1995) y la generación Z (nacidos entre 1995 y 2009), percibe que esta última generación, a diferencia de su predecesora, “parece más decidida a separar su vida personal de la profesional y a tomar decisiones claras sobre su futuro laboral”. 

Beatriz Padura, directora general de Fundación Fad Juventud, señala que gran parte del rechazo a los ambientes de trabajo más “tradicionales” se debe a “un modelo que promete poco y exige mucho”. Según ella, esto no refleja una aversión a la colaboración, sino una adaptación a nuevas formas de trabajar: “La pandemia mostró que se puede rendir igual o mejor sin estar físicamente en la oficina. Para esta generación, lo importante son los resultados, no el control. Han crecido con acceso inmediato a información, herramientas digitales y aprendizaje autónomo”. De hecho, una investigación del proyecto Generación Z de The Times revela que solo el 10% de los jóvenes estadounidenses quiere trabajar a tiempo completo en la oficina. Desde la pandemia, el teletrabajo ha aumentado: el 21% trabaja principalmente desde casa, el 40% sigue yendo cinco días a la semana, mientras que el 17% desea trabajar siempre desde casa y otro 24% la mayor parte del tiempo.

No obstante, la nueva desafección laboral, sostiene Padura, “no nace de una falta de compromiso individual, sino de factores estructurales como la precariedad, los salarios bajos, la dificultad para acceder al primer empleo y una formación que no asegura unas condiciones mínimas de futuro”. A todo esto, “se suma una realidad económica asfixiante: altos costos de emancipación, tasas elevadas de pobreza juvenil y una sensación de estancamiento que erosiona la motivación”, añade.

Un valor que no depende de la presencialidad

Uno de los principales puntos de fricción entre las empresas y los jóvenes trabajadores es la exigencia de presencialidad en entornos laborales centrados en la oficina. Así lo refleja un análisis de Mervyn Dinnen, experto en tendencias laborales. Según el analista, a diferencia de las generaciones anteriores, que adquirían habilidades laborales siguiendo de cerca a sus compañeros en un entorno físico, los trabajadores de la generación Z han crecido en un mundo donde la información está disponible al instante y tienen acceso a lo que necesitan saber cuando y como lo necesitan. Es decir, no dependen tanto de la presencia física para ser productivos, aprender o contribuir significativamente, y valoran más otras formas de autonomía y eficiencia.

La pandemia mostró que se puede rendir igual o mejor sin estar físicamente en la oficina. Para esta generación, lo importante son los resultados, no el control. Han crecido con acceso inmediato a información, herramientas digitales y aprendizaje autónomo

Beatriz Padura — directora general de la Fundación Fad Juventud

Desde la perspectiva de algunos trabajadores, esa productividad suele estar vinculada a un marco de expectativas que muchas veces no se llega a cumplir por completo. Ana, becaria del ámbito de la comunicación, cree que “existe una brecha clara entre las expectativas y la realidad, especialmente para la gente joven”. Además, “vivimos en un contexto que exige una productividad constante, lo que muchas veces hace que una misma se imponga expectativas difíciles de cumplir y termine sintiendo que avanza más despacio o que no es tan productiva como le gustaría, pese a disfrutar de su trabajo”. 

Padura concuerda con que lejos de necesitar una supervisión constante para aportar valor “necesitan objetivos claros, confianza y margen de maniobra”. Como consecuencia de ello, cuando las empresas imponen modelos presenciales rígidos sin una justificación funcional, muchos jóvenes lo interpretan como desconfianza. Y dicha desconfianza, a su vez, “es uno de los mayores desmotivadores laborales”.

Una cultura del sacrificio que “ya no encaja” 

“Cuando trabajaba en la oficina de mi anterior trabajo tenía el pensamiento recurrente de si esto iba a ser así durante 40 años: sentado, mirando una pantalla”, confiesa Fernando. No fue solo la rutina sedentaria lo que lo desmotivó, sino la sensación de estar atrapado en un modelo que no encajaba con su forma de vivir ni de trabajar. Este estado está ligado a un fenómeno conocido como burnout, o “síndrome del trabajador quemado”, que se ha convertido en una amenaza silenciosa que afecta a un número elevado de trabajadores en todo el mundo. En España, según una encuesta de Unobravo realizada a más de 1.500 trabajadores españoles, el 41% afirma sentirse estresado en el trabajo, mientras que más de la mitad (55%) afirma haber experimentado un agotamiento total. Este malestar físico y psicológico es muchas veces una consecuencia del ambiente laboral de oficina: “Las jornadas largas frente a la pantalla, la fatiga visual, los dolores músculo-esqueléticos y los problemas de sueño, en recurrencia, hacen que el descanso se haya convertido en una especie de premio meritocrático, cuando en realidad es una forma de libertad”, apunta Padura. “Una libertad cada vez menos accesible”.

Según Raúl de las Heras, gerente de recursos humanos en Edelman España, este síndrome de desgaste “no proviene solo de la carga de trabajo, sino de prácticas que minan la motivación y la autonomía de los empleados. El micromanagement, con reuniones interminables, mensajes fuera de hora y control excesivo, evidencia falta de confianza y agota”. Este presencialismo sin propósito (ir a la oficina solo para “calentar la silla” o hacer videollamadas) “hace que el tiempo no se valore; carreras poco claras y escasas oportunidades de aprendizaje, incluida la formación en herramientas como la IA, generan ansiedad si los empleados no ven cómo desarrollan sus habilidades”. Además, “la falta de límites y una desconexión digital difusa, terminan provocando que la gente se desconecte primero emocional y luego físicamente del trabajo”.

Cuando trabajaba en la oficina de mi anterior trabajo tenía el pensamiento recurrente de si esto iba a ser así durante 40 años: sentado, mirando una pantalla

Fernando — estudiante de grado superior de paisajismo

En este contexto, las exigencias son cada vez mayores y lo que antes se consideraba un privilegio ahora se concibe como una necesidad básica. Olga Merino, psicóloga y directora general de Salud Mental en Avanta, lo resume así: “No conciben el trabajo como un fin en sí mismo, sino como un medio”. Buscan propósito, coherencia con sus valores, feedback constante y espacios de desarrollo personal. Cuando estas condiciones no existen, no se quedan esperando a que algo cambie: se marchan. En el mercado laboral español, la generación Z se ha convertido en la protagonista de la rotación. Según un informe de Randstad, el 41% de estos jóvenes profesionales admite haber dejado un empleo en menos de un año por decisión propia, frente al 32% de la media general de trabajadores.

Hacia una nueva definición del trabajo

Tal y como recoge este artículo publicado en The Guardian, a menudo se suele definir a la generación Z como “indisciplinada, poco comprometida o poco empleable”. Sin embargo, se puede considerar que estas acusaciones forman parte de un ciclo generacional recurrente, un discurso que recuerda claramente a las críticas que en su día se hicieron contra los millennials. “En otras generaciones, las personas soportaban situaciones que no les gustaban, aunque les generara desgaste emocional. Ahora, la generación Z rompe los contratos y toma decisiones claras sobre dónde no quieren estar”, afirma de las Heras. Su motivación está ligada al desarrollo personal y al impacto social: no se conforman solo con un buen salario, sino que buscan aprendizaje, retroalimentación constante, desarrollo profesional y proyectos con propósito. “Antes bastaba con decir ‘esta es mi empresa y si no te gusta, ahí está la puerta’, pero ahora eso ha cambiado”, afirma de las Heras.

La clave está en saber cómo adaptar los entornos organizativos a la realidad de cada una de las generaciones

Raúl de las Heras — gerente de recursos humanos en Edelman España

Merino opina también que “este ciclo se ve intensificado en la actualidad por la desconfianza de los jóvenes hacia instituciones económicas y empresariales que perciben como fallidas, ya que muchos crecieron viendo crisis, despidos masivos y promesas rotas”. Ante ello, concuerda con que cada nueva cohorte cuestiona el modelo heredado, y el sistema responde con estigmatización. Sin embargo, reclama que ignorar esta transformación tiene un coste: “Las empresas que no se adapten a estas nuevas prioridades corren el riesgo de perder creatividad, innovación y compromiso. En cambio, aquellas que logren equilibrar flexibilidad y estructura, confianza y acompañamiento, podrán beneficiarse de una generación altamente formada, socialmente consciente y capaz de repensar procesos obsoletos”. Además, añade: “Muchas organizaciones enfrentan problemas de gestión de transición generacional: no saben cómo conjugar talento senior que está próximo a jubilarse con talento junior que recién llega, así como adaptarse a esta fuerza laboral que vive el trabajo de manera distinta”. Esto, asegura, “genera dificultades en atracción y fidelización de talento”.

La clave, afirma por su parte de las Heras, está en comprender que “la generación Z no rechaza la oficina; lo que rechaza es perder el tiempo, porque lo valoran, y mucho”. Es por esto que concuerda con que se debería diseñar el trabajo presencial como un producto con una propuesta de valor clara, probada y mejorada mediante el feedback, y dejar el trabajo en remoto para tareas que requieran más foco y facilitar la conciliación. “Una oficina bien planteada ayuda a atraer y retener talento, reduce el burnout, mejora la productividad creativa y la toma de decisiones, y fomenta una cultura de confianza, bienestar y comunidad”. Así, cuando la presencialidad suma valor, la percepción se transforma y asistir a la oficina deja de ponerse en duda.

Ante esta realidad, otras posibles soluciones son, según de las Heras, los programas de mentoría bidireccional, culturas menos jerárquicas y una gestión centrada en las personas se perfilan como claves para afrontar este cambio: “La clave está en saber cómo adaptar los entornos organizativos a la realidad de cada una de las generaciones, pensando que todas son complementarias y que todas tienen fortalezas y debilidades. Sobre todo, intentaría contribuir a eliminar ese estigma social que hay contra las nuevas generaciones, defendiendo más sus fortalezas y sus debilidades pero, ante todo, que tienen mucho que aportar. Si conseguimos generar entornos que realmente encajen con esos valores y también podemos aprender mucho de ellos, por supuesto”. 

No se puede ir por cuenta propia hasta la mayor inversión minera de la historia argentina, el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile, cerca de La Rioja. Por eso en este y otros casos a lo largo de los Andes, los defensores de la actual ley de glaciares, ahora en revisión, se basan en imágenes satelitales recolectadas en el Instituo Argentino de Glaciología (Ianigla). Son nueve horas y media de viaje en ómnibus o camioneta 4x4 desde la ciudad de San Juan, incluidas seis por un camino privado de ripio.

El camino, que se inicia en el pueblo riojano de Guandacol y atraviesa ríos, fue construido por las mineras antecesoras de Vicuña Corp., que se formó en 2025 entre la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin.

Sólo invitado por la empresa concesionaria del yacimiento, que incluye las minas Filo del Sol y Josemaría, se puede acceder. Y la compañía exige a sus invitados una mañana de controles médicos que van desde pedalear en bicicleta fija con electrodos para la vigilancia cardíaca (ergometría) hasta la prueba de entrada y salida del aire en los pulmones (espirometría) para chequear que podrán aguantar a estar 20 horas entre los 4.000 y los 5.300 metros sobre el nivel del mar, alturas en las que falta el aire.

Dolores de cabeza, con puntadas o presión en la frente, mareos que hacen parecer que uno camina en un barco con marejada y no por el campamento donde viven los mineros, cansancio e insomnio. Son algunos de los síntomas que sufrimos los periodistas invitados y por los que terminamos apenas llegar o durante la noche con una cánula de oxígeno durante 15 minutos o con un suero de analgésicos y corticoides.

Los trabajadores del proyecto, que alternan 14 días en la montaña y 14 en sus casas (dos de estos días de descanso se consume en el viaje), se van acostumbrando pero también a veces sufren el mal de altura, que ha provocado en algunos casos dislexia circunstancial o hasta un edema cerebral o pulmonar. Son problemas que se podría acotar mascando hoja de coca, pero la compañía la prohibió porque puede tapar otras sustancias en sangre en los controles de alcohol y drogas que aplican a los empleados. Se recomienda tomar mucha agua en pequeños sorbos y comer liviano. 

En estos cerros tan inhóspitos, áridos, por donde andan algunas vicuñas, guanacos y zorros, con pocos glaciares y manchones de nieve en retroceso por el cambio climático, donde en invierno hace menos que 20 grados bajo cero, trabajan por estos días de verano más de 1.100 personas con cascos, anteojos de sol, camperas relucientes y botas en lo que el director para Argentina de Vicuña, José Morea, llegó a calificar como la mayor inversión extranjera de la historia argentina, no sólo minera.

El director prometió que será una de las diez mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, cuando esté terminada, porque por ahora siguen en la etapa de exploración, de perforaciones para determinar en qué parte de la montaña hay más recursos. Sólo después construirán la planta procesadora y en la década próxima recién empezarán a producir y exportar. Morea no quiso desmentir la cifra exacta de la inversión que el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, informó que rondaría los US$12.000/15.000 millones en 20 años, 2.000 millones en los próximos dos, según la parte del proyecto que se presentó en diciembre pasado para recibir las rebajas de impuestos y aranceles de importación y los beneficios cambiarios del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI sólo exige 20% de proveedores locales y las empresas apenas cumplen con ese piso, en tiempos en que prefieren lo importado por cuestión de precio.

Las inversiones incluyen la construcción de una nueva ruta de 220 kilómetros desde la mina hasta el pueblo de Rodeo, en la provincia de San Juan, para conectarla de manera más directa con la capital cuyana, en lugar de tener que desviarse por La Rioja, como hasta ahora. Una unión de una constructora sanjuanina con una puntana están ya trabajando en los primeros 50 kilómetros y pronto Vicuña licitará el resto. Además, la minera organizará otra licitación para levantar una línea de alta tensión hasta Rodeo para abastecerse de electricidad del sistema interconectado central de la Argentina. Por ahora usan generadores a gasoil.

En Vicuña, al igual que en todas las demás mineras, abogan por la reforma de la ley de protección de glaciares que el presidente Javier Milei metió en las sesiones extraordinarias del Congreso este mes. Pero aclaran que no necesitan de ese cambio para continuar con su proyecto y que no tocarán los glaciares y las zonas periglaciales que están en su dominio. Josemaría ya tiene aprobado su estudio de impacto ambiental por el anterior gobernador peronista, Sergio Uñac, y Filo del Sol espera por su autorización con el actual jefe provincial, Marcelo Orrego, del partido Producción y Trabajo, de perfil conservador.

Metegoles en altura

En la que será la mayor mina de la Argentina defienden que la iniciativa oficialista proteja “los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial con funciones hídricas efectivas y relevantes”, es decir, ya no todo seguirá resguardado como hasta ahora; que los más de 17.000 glaciares relevados por el Ianigla sigan vetados para la actividad minera y petrolera sino que ese inventario sirva como insumo para posteriores estudios de si aportan o no suficiente agua a la provincia donde están situados. Ahí radica uno de los puntos claves de la ley de Milei: que ya no sea la Nación sino cada provincia la que determine qué proteger y qué no. 

Los opositores a la reforma temen que los gobernadores, por convicción o presión, cedan a las pretensiones de las mineras. Además, advierten que puede que un glaciar mirado de manera individual no tenga tantos recursos hídricos, pero en conjunto con otros sí revista impacto y, por tanto, su eliminación puede resultar dañina. La falacia de agregación o de composición en el pensamiento de John Maynard Keynes sostiene que lo que es racional o virtuoso a nivel individual puede ser desastroso a nivel agregado. 

En el campamento Batidero, un conjunto de contenedores ensamblados con habitaciones dobles y simples con televisor para 1.060 huéspedes, un comedor, un kioskito, un gimnasio y una sala de recreación con dos metegoles, una mesa de ping pong, un billar y otra TV, la gerenta de Ambienta de Vicuña, Yanina Ripoll, explica qué glaciares están dentro de la concesión de la empresa. Bióloga, que hasta cinco años atrás trabajaba en la Secretaría de Ambiente de San Juan, cuenta que hay un glaciar “con alto deterioro”, inventariado por el Ianigla, “manchones de nieves” y un glaciar de escombros –es decir, que en su superficie no tiene hielo sino roca, lo que es parte de la zona periglacial– que fue descubierto por la minera e incorporado después al relajamiento provincial. 

“Avanzamos en estudios para ver el aporte hídrico de los glaciares y los manchones”, cuenta Ripoll. “Desde 1976 hasta la fecha han retrocedido en tamaño 84%. El glaciar de escombros, llamado G110, está inactivo y no tiene aporte hídrico a la cuenca” , agrega la bióloga. “Aunque se modifique la ley de glaciares, no se tocará ni este ni el glaciar, que nosotros llamamos AR30, aclara en la empresa. ”¿Y para qué entonces los están analizando?“, preguntó la prensa. La respuesta: porque así los obliga la ley ambiental minera y de paso para evitar cualquier eventual reclamo futuro sobre el respeto del área protegida. También está trasladando vegas (vegetación que indica la presencia de agua), ratones y lagartos para mantenerlos pero fuera del yacimiento. Los glaciares y las zonas periglaciales están en retroceso por el calentamiento global y, en la medida en que desaparezcan, las actividades extractivas podrán avanzar sobre las montañas que los albergaban.

Agua, cobre y autos eléctricos

Lo paradójico es que a la vez que las mineras codician zonas con glaciares, reservas de agua en jaque también por el cambio climático, a la vez justifican su interés por el crecimiento de la demanda de cobre, materia prima para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión, que provocan el efecto invernadero. A 4.200 metros de altura, en un mirador frente a la mina Josemaría –lleva ese nombre en honor al fundador del Opus Dei, cuya imagen está en la oficina de entrada campamento Batidero–, el gerente de geología de Vicuña, Juan Arrieta, explica el vínculo del negocio con la lucha contra el calentamiento global.

Señala que el boom minero que atraviesa la Argentina ocurre en este momento porque las técnicas de exploración han podido acceder a zonas complicadas, que por la forma de los Andes tienen mejor entrada desde Chile; y por incentivos que ha surgido, no mencionó explícitamente el RIGI, sino el aumento del precio del cobre por la demanda de las energías renovables. El oro y la plata también se han apreciado en los últimos años pero no por sus fines industriales sino por la especulación financiera.

Josemaría ocupa 3.3.00 hectáreas. Filo del Sol, 10.000. Contiene tres veces más recursos y están más alta, llega hasta los 5.350 metros sobre el nivel del mar. Ahora se la está explorando con nueve máquinas perforadoras, con pozos de hasta 2.000 metros de profundidad. Y así continuarán dos años más. Entre cobre, oro y plata, se calcula que hay 7.890 millones de toneladas “inferidas” y 3.630 millones “medidas e indicadas”. Es decir, primero se infiere que hay tanta cantidad de metal y después de los estudios pasan a categorizarse como medidas e indicadas. El análisis se inicia en el campamento Batidero y continúa en el laboratorio de la empresa en la ciudad de San Juan. Una vez concluidos los estudios, se elaborará un modelado en tres dimensiones y el plan de minado, es decir, el modo en que se explotará el cerro.

Filo del Sol es una mina binacional, un décimo de los recursos está del lado chileno. Por eso, en los dos campamentos argentinos de Vicuña duermen trabajadores chilenos que trabajan del otro lado de la frontera. Pero la planta procesadora del metal se instalará del costado argentino. Se prevé que en los próximos meses se contratará a 300 operarios para que en dos turnos de 12 horas, de día y de noche, inclusive en invierno, hagan el movimiento de suelos para allanarlos para la futura fábrica. Por ahora en estas montañas trabajan 390 empleados de Vicuña y 1.200 de firmas contratistas, desde perforadoras hasta catering, limpieza y asistencia médica. Casi todos son varones. 

El agua necesaria para el tratamiento de los metales se supone que llegará desalinizada desde el Pacífico chileno. Es la que suelen utilizar las minas del país vecino y que se bombea hasta la altura. Pero se prevé que se reutilizará el 76% del agua que se emplee en el proceso de flotación del metal y que termine en el dique de cola, que es el depósito del descarte de las tierras residuales de la separación del cobre, el oro y la plata. En el mineral no hay presencia de arsénico y no se usará cianuro porque se procesará con el método de lixiviación, según la gerenta de Ambiente de Vicuña. Como sustancia química peligrosa se empleará el xantato. 

Pocos ciudadanos se acercan a preguntar por el impacto ambiental de la mina a los tres centros comunitarios que Vicuña ha abierto para contactar con los pueblos más cercanos, Rodeo y San José de Jáchal, en San Juan, y Guandacol, en La Rioja, según la responsable de esas casas, Mercedes Pagés. Sí ha surgido la inquietud por el agua en charlas con productores rurales, a los que asisten con la marca y la vacunación del ganado. Pagés explica que el “cambio en el contexto socioeconómico” ha llevado a que la gente se acerque a esos centros para preguntar por empleo o por la posibilidad de convertirse en proveedores de Vicuña. Desde allí organizan programas de apoyo a emprendedoras para profesionalizar proyectos que son de subsistencia; o al turismo local. “Pagamos el derecho de estar acá contribuyendo a las comunidades, diversificando la economía, es la política del buen vecino”, cuenta Pagés. Claro que esta y otras inversiones mineras en San Juan enfrentan la oposición de la asamblea Jáchal No se Toca, que nació en 2015 por la contaminación del mayor yacimiento de la provincia hasta el momento, Veladero.

Pagés reconoce que no todos los vecinos podrán ir a trabajar a la alta montaña, por preparación o por estado físico. Y que en algunos casos son los jóvenes los que no les interesa la dura vida del minero, de dos semanas acá arriba, lejos de su gente, por mes, y prefieren aprender con ellos programación para trabajar desde sus computadoras con clientes de todo el mundo. Los mineros tienen los segundos mejores sueldos de la Argentina, en promedio $7 millones, detrás de los petroleros, pero no todos ganan tan bien por trabajar tanto tiempo acá donde falta el aire.

Los enfermeros que atienden a los descompuestos cobran $1,1 millones; los choferes que los trasladan, 800.000; los médicos, 3 millones, igual que un obrero de la construcción. Un electricista saca 1,5 millones; un perforista, que es un técnico que hizo un año más de secundario, hasta 7 millones en una buena campaña de muchos pozos; pero están también los ingenieros o los geólogos, que caminan 7 kilómetros por día identificando caminos para la prospección geofísica, que cobran 10 o 14 millones. Pero la minería sola, ni junto con los hidrocarburos de Vaca Muerta, sin suficientes proveedores locales ni agregado de valor a las materias primas, no alcanzarán para dar empleo a los 14 millones de trabajadores activos de la Argentina, incluidos los que ahora pierden el empleo en las fábricas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

AR/MG

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado este jueves por el Banco Central, delineó un escenario de desaceleración inflacionaria, crecimiento económico moderado y equilibrio fiscal sostenido para 2026. Las proyecciones del propio informe muestran, sin embargo, que ese crecimiento esperado no se traduce en una expansión del empleo, ya que la tasa de desocupación se mantendría prácticamente sin cambios a lo largo de 2026.

El REM se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero a 45 participantes, entre consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El relevamiento no mide la economía real, sino las expectativas de estos actores sobre un conjunto acotado de variables macroeconómicas: inflación, nivel de actividad, desempleo, tipo de cambio, tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal.

En materia de actividad, el informe indicó que el Producto Interno Bruto habría crecido 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en la medición desestacionalizada. Para 2026, el conjunto de analistas proyectó un crecimiento interanual promedio de 3,2%, cifra que implicó una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo. Entre quienes integran el denominado Top 10, el crecimiento esperado fue aún menor: 2,7%, con una revisión negativa de 0,6 puntos.

Ese nivel de crecimiento no aparece asociado, en las propias proyecciones del mercado, a una mejora relevante del mercado de trabajo. Según el REM, la tasa de desocupación abierta se habría ubicado en 6,7% de la Población Económicamente Activa en el cuarto trimestre de 2025, y el conjunto de participantes espera que cierre 2026 en 6,6%. Para el Top 10 de analistas, la proyección fue de 6,7% tanto para 2025 como para 2026.

La estabilidad de la tasa de desocupación esperada indica que el mercado no anticipa una expansión significativa del empleo, aun en un contexto de crecimiento económico. En términos estrictos, el escenario proyectado describe una economía que crecería sin absorber de manera sustancial nueva fuerza de trabajo ni reducir de forma visible el nivel de desempleo existente.

En paralelo, el REM mostró un endurecimiento de las condiciones financieras esperadas para el corto plazo. Para febrero de 2026, los analistas pronosticaron una tasa TAMAR de bancos privados de 31,8% nominal anual, lo que representó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la tasa esperada se ubicó en 22,4% TNA, también por encima de las proyecciones previas.

Un esquema de tasas de interés elevadas tiende a restringir el crédito, el consumo y la inversión, variables directamente vinculadas al ritmo de la actividad y a la generación de empleo. Si bien el REM no evalúa esos efectos de forma directa, el perfil financiero esperado no describe un contexto expansivo para el mercado laboral.

En el plano fiscal, las expectativas del mercado reforzaron la continuidad del ajuste. El conjunto de participantes proyectó para 2026 un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16,0 billones, cifra superior a la del relevamiento anterior. Ningún analista anticipó un resultado inferior a $9,0 billones. El escenario fiscal esperado se apoya en el equilibrio de las cuentas públicas, sin incorporar supuestos de expansión del gasto que impulsen el empleo o los ingresos laborales.

Respecto del frente externo, el REM estimó que en 2026 las exportaciones totalizarían USD91.885 millones y las importaciones USD80.710 millones, con un superávit comercial esperado de USD11.175 millones. El excedente externo proyectado tampoco fue vinculado por el mercado a una expansión del empleo, sino a un esquema de crecimiento contenido y demanda interna moderada.

En cuanto a la inflación, el relevamiento mostró que los analistas esperan una variación mensual de 2,4% para enero de 2026, tanto para el índice general como para el núcleo, con revisiones al alza respecto del REM previo. La desaceleración inflacionaria esperada no implica, por sí misma, una mejora del poder adquisitivo, ya que el informe no incluye proyecciones salariales ni anticipa cómo evolucionarían los ingresos frente a los precios.

El REM de enero describe una economía que crecería en 2026, pero sin una reducción significativa del desempleo. Las expectativas del mercado delinean un sendero de estabilidad macroeconómica relativa, con inflación más baja, equilibrio fiscal y expansión moderada de la actividad, aunque sin señales de que ese proceso se traduzca en una ampliación del empleo. En las propias proyecciones de los analistas, el crecimiento esperado no aparece acompañado por una mejora sustantiva del mercado de trabajo.

JJD

La Argentina cerró 2025 con un superávit comercial de US$11.286 millones, resultado de exportaciones por US$87.077 millones e importaciones por US$75.791 millones, según el informe preliminar de comercio exterior del INDEC. El dato mostró un desempeño macroeconómico positivo, pero no tuvo impacto directo en la vida cotidiana de quienes trabajan, cuyos ingresos volvieron a perder contra la inflación durante el año.

Aunque el país vendió más de lo que compró y acumuló dólares, eso no significó una mejora automática para los trabajadores. El comercio exterior cerró con números en verde, pero el mercado laboral siguió tensionado y los salarios reales continuaron en retroceso.

El superávit se explicó por un patrón exportador muy concentrado, basado principalmente en productos primarios, agroindustriales y energía. En 2025, las exportaciones se concentraron en productos vegetales (23%), alimentos y bebidas (15%), productos minerales (12%) y grasas y aceites (11%), de acuerdo con la clasificación oficial por secciones del Sistema Armonizado.

Dicho de manera sencilla: Argentina exportó sobre todo granos, aceites, minerales y energía, bienes que se producen con grandes máquinas y relativamente pocas personas. Por eso, aunque las exportaciones crecieron, ese aumento no generó muchos puestos de trabajo nuevos ni impulsó mejoras salariales generalizadas.

El crecimiento de las exportaciones fue real, con una suba interanual del 9,3%, y ubicó a 2025 como el segundo mejor año de la década en términos de ventas externas. Pero el informe del INDEC no registró una expansión del empleo asociada a ese desempeño, porque los sectores que más aportaron divisas no son intensivos en mano de obra.

En otras palabras, al país le entraron más dólares, pero no porque se haya incorporado más gente a trabajar, sino porque los mismos sectores produjeron más o vendieron a mejores precios.

Del lado de las importaciones, el crecimiento fue aún mayor, con una suba del 24,7% interanual. Las compras externas se concentraron en maquinaria, equipos de transporte, insumos químicos y metales, bienes que funcionan como condición necesaria para que la industria local pueda producir.

Esto significa que para que las fábricas argentinas siguieran funcionando —y para sostener los puestos de trabajo existentes— fue necesario comprar más cosas en el exterior. No se trató de un reemplazo del trabajo local, sino de una dependencia estructural de insumos importados.

La combinación fue paradojal: el país exportó bienes que no crean mucho empleo, e importó bienes sin los cuales la industria no puede sostener los puestos que ya tiene. Ese equilibrio dejó poco margen para mejorar salarios sin afectar costos productivos.

El contraste se volvió más evidente al mirar los ingresos laborales. Según datos oficiales, los salarios registrados del sector privado aumentaron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue de 27,9%. Eso implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso entre trabajadores con empleo formal y cobertura sindical.

Dicho de forma directa: aunque el país tuvo superávit comercial, los salarios no alcanzaron para empatarle a los precios. La mejora en las cuentas externas no se tradujo en una recomposición del poder adquisitivo.

El desacople entre el “éxito” externo y el deterioro interno no fue casual. Los principales destinos de exportación —Brasil, China, Estados Unidos, Chile e India— absorbieron ventas ligadas mayormente a complejos primarios y energéticos. La inserción internacional se apoyó en ventajas naturales, no en cadenas de valor con alta densidad de empleo.

En términos simples, la Argentina vendió lo que tiene, no lo que más trabajo genera. Y eso marcó un límite claro para cualquier mejora automática en las condiciones laborales.

El propio informe del INDEC mostró otro dato clave: la industria manufacturera con mayor valor agregado tuvo un peso acotado en las exportaciones, mientras que las importaciones industriales crecieron para sostener la actividad. El empleo quedó atrapado entre esos dos extremos, sin una política que vincule comercio exterior con mejora salarial.

No hubo “derrame” hacia el trabajo, no como consigna ideológica, sino como resultado observable. El superávit no cambió la trayectoria del salario real, ni generó un shock de empleo. Las negociaciones paritarias siguieron rezagadas, y el ingreso de quienes trabajan no recuperó lo perdido durante el año.

Al cierre de 2025, el balance fue claro: el comercio exterior explicó divisas, pero no explicó mejoras en el trabajo. Los salarios registrados siguieron por debajo de la inflación, y no se verificó una expansión del empleo asociada al crecimiento exportador. El modelo que sostuvo el superávit dejó al trabajo afuera de sus beneficios inmediatos, una distancia que los números oficiales volvieron a dejar expuesta.

JJD

Al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le gusta meterse con los grandes empresarios argentinos. Defiende las importaciones puerta a puerta como las del portal chino de ropa Shein, pese a las críticas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, a la desigual carga tributaria con sus rivales extranjeros. Hace lo imposible modificando normas para traer las vacunas antiaftosa brasileñas de Tecnovax, propiedad de Diego La Torre y Matías y Nicolás Grosman, pero por ahora no ha logrado convencer al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) para romper el monopolio de Biogénesis Bagó, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y Juan Carlos y Sebastián Bagó.

Ahora se ha metido otra vez contra Paolo Rocca, mandamás de Techint: en agosto pasado se le rió en la cara cuando contó que la apertura importadora de acero le había provocado al grupo una caída de la producción siderúrgica a la mitad y ahora reivindicó que el futuro ducto para exportar gas de Vaca Muerta a través de la costa de Río Negro, el proyecto llamado Southern Energy, usará tubos indios y no de la multinacional que opera desde Buenos Aires y Milán pero tiene residencia fiscal en Luxemburgo.

Pero más allá de los embates del ministro con Rocca y otros grandes empresarios, los trabajadores de los sectores en disputa alzan la voz sobre el impacto de la importación. Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”.

“En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético. Derosso enfrentará en elecciones internas, inéditas en 30 años, al actual secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán. “Tenemos propuestas serias para devolver a los afiliados sus aportes en vivienda, salud, educación, esparcimiento y hacer una discusión responsable del salario”, explica Derosso sus diferencias con Furlán, que ahora impulsa en la CGT un paro contra la flexibilización laboral.

Sturzenegger, mientras tanto, defendió este lunes por la red social X la decisión de Southern Energy, consorcio que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) seguida por la estatal YPF, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar GNL, a favor de la siderúrgica india Welspun y contra Techint.

“Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a @GrupoTechint por ser productor nacional”, se refiere a un artículo de Pablo Fernández Blanco en el diario La Nación.

“A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos”, propone Sturzenegger. “Primero. @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación”, continúa el doctor en economía con su tesis de considerar héroes a los importadores, pese a que muchos de sus colegas lo hayan rebatido con el argumento de que si no, no habría países con déficit comercial.

“Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”, prosigue el ministro: “Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.

“Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, continúa Sturzenegger. “¿Ahora como (sic, sin acento, aunque debería llevarlo) defendemos no darle el contrato a @GrupoTechint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento (de) que los caños de afuera son más baratos”, cayó en el error del queísmo.

“¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?”, se preguntó. “Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ”me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta“. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!”, recurrió al cierra de los discursos de su jefe Javier Milei.

AR/CRM

“Cuando se trate la ley, vamos a la huelga”, anticipó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La decisión está tomada. Frente al inminente debate de la reforma laboral en el Congreso, el gremio ya definió un paro nacional como respuesta. La medida se contrapone con la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que hasta ahora optó por enviar sus objeciones al Senado en un documento y continuar las conversaciones con el oficialismo.

Yofra alertó que, si se aprueba la reforma, el impacto para la clase trabajadora será irreversible. En una entrevista con AM 530, explicó que su gremio actuará como en 2024, cuando convocó a una huelga en rechazo al capítulo laboral de la ley Bases. Ahora, ante la continuidad de la “ley de modernización laboral”, la postura es la misma: movilizar y paralizar tareas para frenar un paquete que, en sus palabras, representa una “aberración” contra los derechos laborales.

Mientras tanto, la comisión técnica del Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich, recibe hasta el lunes 26 las propuestas de modificaciones. Aunque la CGT fue convocada a exponer, decidió no asistir y presentar sus reparos por escrito. El oficialismo ratificó que no habrá nuevo dictamen ni se alterará el “espíritu” del texto: sólo se analizarán cambios puntuales para asegurar votos en el recinto a partir del 11 de febrero.

“No podemos quedarnos inmóviles”, insistió Yofra, que también señaló que otras organizaciones gremiales podrían sumarse si la CGT no convoca a un paro. En ese sentido, valoró el impulso de sectores como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general Abel Furlán convocó a reuniones para coordinar medidas. “Nosotros damos la posibilidad de que se sumen a nuestra lucha”, dijo el dirigente aceitero.

En paralelo, varios actores empresariales también marcaron diferencias con el proyecto. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) planteó objeciones a cinco artículos —especialmente los referidos a la ultraactividad de los convenios colectivos y los aportes patronales— por considerar que podrían generar inestabilidad y conflictos legales. Ricardo Diab, presidente de la entidad, advirtió que los cambios “no pueden aplicarse de un día para otro”.

Yofra, sin embargo, enfatizó que los objetivos reales de la reforma no se corresponden con los argumentos oficiales. “Con la ley Bases hubo reforma laboral y aumentó el trabajo no registrado. No hay más empleo por cambiar leyes”, afirmó. A su juicio, lo que se busca es debilitar la capacidad de defensa de los trabajadores y limitar la acción gremial.

Sobre el Congreso, expresó desconfianza: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”. Cuestionó que la discusión se lleve adelante sin la participación formal de las centrales obreras, y denunció una estrategia de presión por parte del Gobierno nacional sobre los gobernadores. “Negocian a espaldas de los trabajadores”, acusó.

En ese marco, la CGT desplegó una doble estrategia: mantener negociaciones con los referentes del oficialismo —entre ellos Santiago Caputo, Martín Menem y Diego Santilli— y enviar a sus dirigentes a recorrer provincias para convencer a gobernadores de frenar el proyecto. Aún así, en su conducción reina la cautela: no hay garantías de que las críticas se traduzcan en cambios concretos.

Para Yofra, esa actitud es insuficiente. “Hay que salir a discutir en la calle qué tipo de reforma laboral queremos”, señaló. En lugar de flexibilizar condiciones, propuso debatir cómo garantizar mayores salarios y más seguridad para quienes trabajan. “Esa es la función que tenemos como dirigentes sindicales”, remarcó.

La comisión técnica del Senado definirá en las próximas semanas si toma o no alguna de las objeciones. Pero, hasta el momento, el oficialismo mantiene su hoja de ruta: no dividir el proyecto ni retroceder en los ejes centrales. En ese contexto, los gremios que ya definieron parar apuntan a generar presión directa con acciones concretas.

JJD

La construcción creció en promedio durante el año pasado, pero no todo lo que brilla es oro. Según el último informe del Indec, correspondiente a noviembre de 2025, la actividad de la construcción cayó 4,7% interanual, y 4,1% respecto a octubre en la serie desestacionalizada. Sin embargo, pese al alza acumulada del 6,6% en 2025, la desaceleración de los últimos meses pone en jaque al eslabón más vulnerable del sector: el empleo. En octubre, último dato disponible, había 392.130 puestos registrados en la construcción privada, apenas un 3,5% más que un año antes. Esa suba no alcanza a revertir la caída sostenida de 2024, el primer año de gobierno de Javier Milei, cuando el empleo formal en el sector tocó mínimos históricos.

El empleo registrado sigue lejos del nivel prepandemia y de los picos alcanzados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, o 2011, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, los trabajadores enfrentan condiciones cada vez más inestables, con obra pública paralizada y crecimiento moderado de la privada, según las encuestas cualitativas.

El panorama para el verano 2026 no es alentador. El 68,5% de las empresas privadas consultadas por el Indec prevé que la actividad se mantendrá estancada; solo el 13% cree que crecerá. En el caso de la obra pública, las perspectivas mejoran levemente, aunque el 24% de las firmas estima una caída en el próximo trimestre.

Las causas que señalan las constructoras son la caída general de la actividad económica (28,3%) y los altos costos del sector (21,7%), seguidos por la falta de crédito y atrasos en la cadena de pagos, especialmente en el caso de contratistas estatales.

En cuanto a la evolución del empleo para los próximos tres meses, el 70,7% de las empresas privadas prevé no hacer cambios, mientras que uno de cada cinco planea reducir personal. El 58,9% de las firmas públicas cree que mantendrá su plantel, aunque el 24,2% ya anticipa recortes.

Las obras de vivienda privada, los edificios industriales y los montajes industriales concentran buena parte de la actividad futura en el segmento privado. En el caso de la obra pública, el motor siguen siendo las obras viales, de pavimentación y de infraestructura básica (agua, cloacas, transporte).

A pesar de las dificultades, la construcción cerró octubre con una suba interanual del 4,1% en los permisos de edificación, lo que puede anticipar actividad futura. Se autorizó la construcción de 1,6 millones de m² en octubre, el nivel más alto del año.

Sin embargo, el consumo de insumos muestra una fuerte dispersión: subieron 33,2% los artículos sanitarios y 19,7% el hormigón elaborado, pero cayeron hasta 19,3% los ladrillos y 17,8% el yeso. Estos contrastes reflejan un mercado segmentado, con proyectos de alta gama que siguen en marcha y obras más accesibles paralizadas. La tendencia general no es de derrumbe, pero sí de ralentización con efectos directos sobre el trabajo. El empleo, la informalidad y la estabilidad de los ingresos se instalan, otra vez, en el centro de la escena.

JJD

La inteligencia artificial (IA) no está generando una ola de despidos masivos, pero ya produce impactos sectoriales y presiona especialmente sobre los trabajadores jóvenes y las tareas fácilmente automatizables. Así lo afirma un informe de la consultora internacional Oxford Economics, que analizó datos del mercado laboral de Estados Unidos y proyectó escenarios posibles a futuro.

Según el estudio, publicado este miércoles, no hay pruebas concluyentes de que la IA esté provocando un desempleo generalizado ni una destrucción acelerada de puestos de trabajo a nivel macroeconómico. En los primeros 11 meses de 2025, se atribuyeron a la IA apenas 55.000 despidos en Estados Unidos, lo que representa el 4,5% del total registrado en ese período, de acuerdo a cifras de la consultora Challenger, Gray & Christmas.

En contraste, más de 245.000 despidos respondieron a causas tradicionales como condiciones del mercado, reestructuraciones o reducción de costos. “Aunque cada vez más compañías vinculan sus recortes a la IA, la mayoría de los despidos siguen respondiendo a razones históricas más comunes”, explicó Ben May, director de Investigación Macro Global de Oxford Economics.

“Dudamos que esto eleve de forma significativa las tasas de desempleo en los próximos años”, afirmó May, quien también advirtió que algunas empresas podrían estar utilizando el argumento tecnológico como coartada para justificar decisiones que en realidad responden a otras causas, como contrataciones excesivas previas o caídas en la demanda.

A pesar de este diagnóstico moderado, el informe no niega el potencial disruptivo de la IA, sino que sostiene que su impacto será progresivo y desigual, dependiendo del sector, la calificación del empleo y la capacidad de adaptación del mercado de trabajo. “Las empresas no están sustituyendo trabajadores por IA a gran escala, pero eso no significa que el proceso no esté en marcha”, resumió May.

Entre los sectores ya afectados, el informe menciona puestos administrativos, tareas de soporte técnico, producción de contenido rutinario y análisis de datos básicos, todos empleos expuestos a herramientas de automatización o asistencia por IA. En muchos casos, se trata de primeros empleos para jóvenes con estudios superiores, que ven bloqueado su ingreso al mercado o se enfrentan a mayor rotación y precarización.

De hecho, Oxford Economics señala que el aumento del desempleo entre personas universitarias recién incorporadas al mercado laboral podría estar vinculado al uso creciente de IA para tareas que antes realizaban esos perfiles. Sin embargo, el informe también aclara que esta tendencia se superpone con factores cíclicos, como la ralentización temporal de la contratación en sectores clave y el incremento en la cantidad de graduados.

La combinación de automatización, reducción de costos y cambios estructurales obliga a repensar políticas de transición laboral, según Oxford Economics. Entre las herramientas posibles, el informe sugiere capacitación continua, esquemas de reconversión productiva, fortalecimiento de los sistemas de protección social y regulaciones claras sobre el uso de IA en el empleo.

Para los países con mercados laborales más informales o con menor cobertura sindical, la expansión de la IA puede profundizar las desigualdades existentes si no se diseñan políticas activas que acompañen la transformación. En contextos como el argentino, donde el empleo joven ya enfrenta niveles altos de informalidad, rotación y subocupación, la automatización temprana de tareas de ingreso podría agravar ese panorama.

El documento concluye que la sustitución de trabajadores por inteligencia artificial no ocurrirá de forma repentina, pero sí transformará de manera profunda las condiciones laborales en los próximos años. Lejos de un “colapso del empleo”, lo que se vislumbra es un proceso lento, segmentado y con impactos diferenciados, que requerirá monitoreo constante y respuestas políticas ajustadas a la realidad de cada mercado laboral.

JJD, con información de la agencia EFE

Las 500 mayores empresas del país produjeron bienes y servicios por más de $241 billones durante 2024, según la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas publicada por el Indec. Sin embargo, apenas emplearon a 813.836 personas asalariadas, lo que equivale al 7,3% del total de trabajadores registrados en la Argentina.

Esa brecha entre el peso económico y la generación de empleo revela un patrón estructural: una economía altamente concentrada, donde la expansión de la producción no implica necesariamente más trabajo registrado ni una distribución amplia de la riqueza. En términos de valor bruto de producción (VBP), las grandes empresas representaron el 23,9% del total nacional. En valor agregado bruto (VAB), su aporte fue del 17,4%.

El informe no analiza explícitamente el impacto social del modelo pero los datos permiten interpretar que la productividad se eleva con una baja correlación en el crecimiento del empleo asalariado. Este fenómeno se acentúa en contextos de ajuste o recuperación débil, donde las ganancias tienden a provenir de la eficiencia antes que de nuevas contrataciones.

El peso de pocas

El patrón de concentración también se observa al interior del propio panel (el conjunto de empresas relevadas por el estudio). Las 100 compañías más grandes explican el 45,7% del empleo total, mientras que las 50 principales reúnen el 27,6%. Solo cuatro compañías emplean el 2,3% de las y los trabajadores registrados en el conjunto .

En paralelo, las 50 firmas de mayor tamaño concentran el 51,2% del valor agregado bruto. Esa lógica de concentración abarca tanto la producción como la apropiación del excedente económico.

El costo salarial total fue de $33,5 billones, de los cuales $27,4 billones correspondieron a sueldos e indemnizaciones, y el resto a cargas patronales. A eso se suman $254.486 millones en honorarios a directores y síndicos, que no forman parte del ingreso asalariado sino de la conducción empresaria .

Capital extranjero, mayor incidencia

Las empresas con participación extranjera representan el 60,8% del total del panel, pero explican el 68% de la masa salarial, el 60,8% del empleo y el 79,4% del valor agregado bruto. También registran una utilidad neta muy superior: $14,7 billones, frente a $2 billones de las empresas nacionales.

Además, invirtieron casi siete veces más en formación de capital fijo, consolidando su dominio estructural sobre el entramado productivo del país.

¿Qué empleo crean?

Las principales ramas de actividad de estas empresas son alimentos y bebidas (21,4%), química y plásticos (16,2%) y automotriz y maquinaria (9,4%). Se trata de sectores de alta productividad, gran escala y bajo requerimiento de fuerza laboral por unidad producida.

También es relevante que el informe no incluye al agro, al sistema financiero ni a los servicios personales, que suelen tener mayor densidad de empleo, aunque con estructuras más dispersas y, en algunos casos, con mayores niveles de informalidad o precarización. Esta exclusión deja fuera una parte del entramado laboral argentino más ligada al consumo interno o al trabajo intensivo.

Una estructura que concentra

La combinación de niveles crecientes de producción con bajo impacto en el empleo registrado abre preguntas de fondo sobre la capacidad distributiva del modelo empresarial dominante. Aunque crece el valor agregado y se consolidan las utilidades, la masa de trabajadores que accede a ese crecimiento es proporcionalmente pequeña.

El 2024 cerró con una estructura empresarial concentrada, capitalizada y con márgenes crecientes, pero sin un correlato equivalente en el mercado laboral. La brecha entre rentabilidad y empleo interpela a las políticas públicas de estímulo, fiscalidad progresiva y redistribución del ingreso.

JJD