Cada domingo previo al 7 de agosto, el santuario de San Cayetano renueva las espigas y los objetos que rodean la imagen del santo en la hornacina, a quien miles de personas le piden trabajo o ayuda para atravesar una necesidad. Las ofrendas representan un termómetro social y permiten observar cómo cambia el trabajo en la Argentina y cómo se desinflan las expectativas de los fieles. “Cada objeto intenta representar alguna dimensión de la realidad”, dice a elDiarioAR el padre Lucas Arguimbau, párroco del santuario de Liniers.

En 2023 se dejó como símbolo un cuentaganado rural, una pechera naranja de marítimo, el casco amarillo de un albañil, el mouse para una computadora, un estetoscopio y un costurero. La vara bajó abruptamente y los objetos se renovaron al año siguiente con un certificado de discapacidad, una bandejita de plástico (vianda del comedor comunitario), un hervidor de leche, un mate y un delantal de cocina. Las herramientas de oficio fueron reemplazadas por objetos de asistencia y emergencia.

Más asistencia, menos trabajo

El Servicio Social de San Cayetano refleja esa transformación. El comedor pasó de entregar 400 almuerzos diarios a entre 800 y 1.000. Antes preparaban 20 desayunos; hoy sirven entre 280 y 300. También se sumaron familias y jubilados. “Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año”, revela Arguimbau.La parroquia también tiene un Área de Orientación y Capacitación Laboral. Antes conseguía empleo; hoy apenas puede ayudar a buscarlo. Históricamente atendía a personas con escasa formación, incluso algunas que no sabían leer ni escribir. Hasta 2023 la mayoría buscaba trabajo en limpieza o cuidado de personas. En el último año cambió el perfil y empezaron a llegar abogados, docentes, técnicos y otros profesionales que no logran reinsertarse en el mercado laboral.

Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año

Lucas Arguimbau — Párroco del santuario de Liniers

“Antes predominaban personas con baja calificación o trayectorias laborales muy precarias; hoy se sumaron personas altamente calificadas, profesionales, técnicos y también jubilados”, cuenta a elDiarioAR Graciela Filomena, a cargo del área de Servicio Social.

Acompaña, por ejemplo, a un ingeniero en informática que perdió su cargo cuando cerró la empresa donde trabajaba y hoy es rechazado por estar sobrecalificado. “A las personas más calificadas les cuesta más conseguir trabajo. Cuando se presentan para puestos de menor calificación ni siquiera las convocan”, explica.

También llegan jubilados que necesitan volver a trabajar. “No quieren asistencia porque trabajaron toda su vida, pero ahora con la jubilación no llegan”, dice. “Y muchos tenemos voluntarios que quedaron desempleados y colaboran mientras buscan una nueva oportunidad”.

En el año que se combina el récord histórico de cosecha de trigo con el derrumbe del consumo interno de pan, que cayó hasta un 60% con 2.800 panaderías y 17.000 puestos de trabajo menos, miles de personas peregrinaron para pedirle un milagro a San Cayetano, el santo de la espiga, el pan y el trabajo.

Ignacio, trabajador del Estado, fue uno de los miles que este viernes marcharon de Liniers a Plaza de Mayo: “Estamos en un momento de mucho ajuste, de mucha violencia. Lo que pasó ayer en el Congreso refleja el descontento que tenemos como país, estamos esperanzados que lo de ayer genere un quiebre de cara al año que viene. Llegar a fin de mes es llegar al 10, es muy difícil, hacemos malabares para ver qué compramos. Es mi situación y la de casi todos mis amigos”.

Giselle estudia trabajo social y vende arriba del tren. También estuvo en la Plaza: “Yo trabajo en la economía popular, la cosa está muy dura, está muy mal, hay muchas necesidades, la gente está pasando mucha hambre. Ya no se puede ir al supermercado a comprar, no alcanza la plata. Sergio, de Monte Hermoso, se sumó a la movilización como ”autoconvocado“. El día anterior estuvo en el Congreso con su mujer para protestar contra la Ley de Tierras. ”Vinimos porque esto no da mas. No hay laburo, quieren vender la patria. Nos estamos acostumbrando a vivir mal y no es así“, le dijo a elDiarioAR.

Las vasijas de barro

Este año el santuario volvió a cambiar la simbología y eligió colocar vasijas de arcilla alrededor del santo para trasmitir algo elemental. Construyeron un horno de carámica en el fondo de la iglesia y ahí cocieron las piezas. Participaron personas en situación de calle, chicos de catequesis, adultos mayores, voluntarios y miembros de la parroquia. Ninguna salió igual a otra. El santuario eligió trasmitir una idea: todos vienen del mismo barro. En el año en que se discute públicamente quién merece ser asistido, los objetos de asistencia y emergencia fueron reemplazados por el recordatorio de que todos son iguales, todos son humanos.

“Hay vecinos de Liniers que colaboran, pero hay otros que preferirían que el Servicio Social no existiera; a veces nos dicen que las personas del conurbano deberían quedarse allá”, cuenta Filomena. “Cuando determinados discursos se legitiman y dividen a la sociedad, muchas personas sienten que pueden expresar comentarios muy violentos sin ningún reparo”.

“Nos inspiramos en la frase de San Pablo: 'Llevamos este tesoro en vasijas de barro'”, explica Arguimbau. “Habla de la fragilidad humana, pero también del soplo de Dios”.

Los objetos y los datos

En apenas un año, las ofrendas pasaron de representar el deseo de conseguir trabajo a expresar la necesidad de sostener la asistencia en la emergencia. Los datos acompañan ese cambio. Desde que asumió Milei se perdieron 329.600 puestos de trabajo registrados, 141.700 de ellos en los últimos doce meses, según el Instituto Argentina Grande sobre datos del SIPA.

En dos años cerraron 22.608 empresas, el 4,4% de las que había en el país. El 99% eran pymes de hasta 40 trabajadores. El desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026: 1.145.000 personas. Más de cuatro de cada diez ocupados trabajan sin aportes, obra social ni protección frente al despido, y entre los jóvenes de 16 a 24 años siete de cada diez están en la informalidad. Además, 4,3 millones de personas están desocupadas, buscan otro empleo o necesitan trabajar más horas.

La asistencia se volvió más necesaria, pero también sintió el ajuste. A comienzos de la gestión, el Gobierno admitió que tenía cinco millones de kilos de alimentos sin distribuir. En julio del año pasado eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Antes de diciembre de 2023 había 50 políticas nacionales de cuidado; en septiembre de 2025 quedaban tres, según La Cocina de los Cuidados. Este año también cayó el Volver al Trabajo, heredero del Salario Social Complementario: más de 930.000 personas dejaron de cobrar $78.000 mensuales. Las más afectadas fueron las cocineras de comedores, para quienes ese pago era el único ingreso.

La hornacina pasó así de mostrar con qué trabaja la gente a mostrar de qué depende para sobrevivir, como ocurrió con el certificado de discapacidad incorporado en 2024. Ese mismo año el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, anunció la baja de 200.000 pensiones por invalidez. Después llegó la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso pese al veto de Milei. En agosto de 2025 estallaron los audios de Spagnuolo con denuncias de coimas y menciones a Karina Milei. En enero de este año el decreto 942/2025 disolvió la ANDIS, transfirió sus funciones al Ministerio de Salud y dejó más de 700 despidos.

Con las vasijas de este año, el santuario quiso volver sobre la sencilla idea de que todos vienen del mismo barro y tienen la misma dignidad. Lo hace en un contexto en el que el presidente respondió, ante el planteo de que la gente no llega a fin de mes, que si fuera cierto “las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”, y en una ciudad cuyo jefe de Gobierno extendió por decreto la prioridad de los porteños sobre los bonaerenses en los servicios públicos. En julio también se viralizó un video de Jorge Macri en el que cuestionó a las parroquias que reparten comida en la vereda: “La lógica de darle comida y abrigo afuera (...) solo hace que vengan más”. Arguimbau respondió: “El que vive en la calle vive en la calle. No importa si es de provincia o Capital”.

Con la colaboración de Lucía Sanguínetti

LN/MG

La industria automotriz volvió a mostrar en julio una recuperación partida: vende más al exterior, pero produce menos, coloca muchos menos vehículos en el mercado interno y arrastra a una cadena autopartista que sigue ajustando empleo. El último informe de ADEFA registró una baja de 18% en la producción nacional acumulada en los primeros siete meses del año y una caída de 40,9% en las ventas a concesionarios de vehículos nacionales.

El dato de julio confirmó que la actividad fabril sigue lejos de los niveles de 2025. La producción nacional fue de 31.189 unidades, con una baja de 15,8% frente a junio y de 16,0% contra el mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-julio, las terminales produjeron 235.847 vehículos, contra 287.590 en igual período de 2025: son 51.743 unidades menos.

En enero y febrero, la producción ya había caído 30,1% interanual en cada mes. Marzo fue la única excepción, con una mejora mínima de 0,4%. Después volvieron los números negativos: abril cayó 17,5%, mayo 21,5%, junio 13,6% y julio 16,0%. La serie muestra un sector que no logró recomponer el ritmo productivo en lo que va del año.

El golpe es todavía más fuerte cuando se mira el mercado interno de vehículos fabricados en el país. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales fueron 9.461 unidades en julio, contra 18.484 en julio de 2025. La baja interanual fue de 48,8%. En siete meses, el retroceso acumulado llegó al 40,9%: 78.869 unidades en 2026 contra 133.408 en 2025.

Ese dato es el que acerca la estadística automotriz al mundo del trabajo. Menos vehículos nacionales vendidos implican menos presión de demanda sobre terminales, autopartistas, proveedores, logística y concesionarios. La industria automotriz no es sólo la fábrica que ensambla: alrededor de cada unidad producida hay piezas, turnos, transporte, mantenimiento, servicios técnicos y empleo industrial indirecto.

El informe de ADEFA no releva empleo, pero la señal laboral aparece en la cadena autopartista. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina citado por AFAC mostró que, en abril de 2026, el 48,9% de las empresas autopartistas redujo su dotación de personal respecto de marzo; el 40,4% la mantuvo y sólo el 10,6% la aumentó. Además, ante la baja de producción, el 9,4% de las firmas informó que aplicó o prevé aplicar reducción de turnos, el 9,1% adelanto de vacaciones y el 8,8% suspensiones.

La foto de 2026 aparece como continuidad de un retroceso previo. Según AFAC, el sector autopartista perdió 4.100 puestos de trabajo en 2025, una caída del 7,7% frente al año anterior. Ese antecedente no alcanza por sí solo para explicar lo que pasa este año, pero permite leer el dato de abril como parte de una misma secuencia: menos actividad, menos dotación y más medidas defensivas dentro de las fábricas.

El contraste con las exportaciones muestra el carácter incompleto de la mejora. En julio, las exportaciones automotrices subieron 4,5% frente a junio y 28,3% contra julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses, exportaron 150.270 unidades, apenas 1,6% más que en el mismo período del año pasado. Es una señal positiva, pero no compensa el deterioro productivo ni el desplome de las ventas nacionales.

De hecho, las exportaciones representaron en julio el 75% de la producción mensual y el 63,7% de la producción acumulada. La industria depende cada vez más de colocar unidades afuera mientras el mercado interno sigue debilitado. Esa combinación puede sostener una parte de la actividad, pero no necesariamente alcanza para recomponer turnos, proveedores y empleo en toda la cadena.

Las ventas totales a concesionarios también retrocedieron con fuerza. En julio fueron 34.178 unidades, 22,5% menos que en junio y 31,9% menos que en julio de 2025. En el acumulado anual, la caída fue de 24,9%. La baja abarca tanto automóviles como utilitarios y muestra que el problema no se limita a un segmento puntual.

El único rubro con expansión fuerte es el de vehículos electrificados, aunque todavía sobre una base baja. Las ventas a concesionarios de modelos electrificados de las marcas de ADEFA crecieron 281,5% interanual en julio y acumulan una suba de 1036,5% en siete meses. Pero ese dinamismo convive con una industria general que produce menos y con ventas nacionales en retroceso.

Para los trabajadores, el dato central no está en la sofisticación de un nicho, sino en el nivel general de actividad. La cadena automotriz sigue siendo una de las ramas industriales con mayor capacidad de arrastre: cuando baja la producción, no sólo se resiente la terminal. También sienten el golpe las autopartistas, talleres, transportistas, servicios tercerizados y comercios vinculados al sector.

Por eso el informe de ADEFA, leído junto con los datos de UIA y AFAC, deja una conclusión laboral más amplia que la foto mensual de julio. La industria automotriz no está frenada por completo, pero tampoco muestra una recuperación capaz de ordenar la cadena. Exporta un poco más, produce bastante menos y vende muchos menos vehículos nacionales. En el medio, las autopartistas recortan dotaciones, reducen turnos, adelantan vacaciones o suspenden personal.

La caída de autos nacionales funciona así como un indicador del deterioro industrial. No habla sólo de concesionarios con menos unidades o terminales con menor volumen. Habla de una cadena que venía perdiendo empleo, que en 2026 sigue ajustando personal y que todavía no encuentra en las exportaciones un motor suficiente para recomponer trabajo.

JJD

La discusión sobre inteligencia artificial y trabajo suele formularse como una amenaza directa: la máquina reemplaza al empleado, el puesto desaparece y la empresa reduce personal. Pero el impacto puede ser menos visible y más extendido. La IA no siempre aparece primero como despido. A veces aparece como un sueldo que aumenta menos, una paritaria más débil o un mercado laboral donde el trabajador pierde poder para negociar.

Un nuevo white paper de Apollo Global Management, citado por Axios y Business Insider, apunta justamente a ese efecto. El estudio analiza datos de salarios y empleo en Estados Unidos y encuentra que las ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial tuvieron, después de 2023, un crecimiento del salario real 6,7 puntos porcentuales menor que los trabajos con baja exposición a la IA.

El dato desplaza el foco. La amenaza laboral de la IA no pasa sólo por quedarse sin empleo, sino también por conservarlo con menos capacidad de mejorar el ingreso. Si una tecnología permite hacer más tareas con menos horas humanas, automatizar partes del proceso o ampliar la producción sin contratar más personal, la empresa puede capturar productividad sin trasladarla al salario.

Según la reconstrucción de Axios, Apollo comparó datos salariales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos con un índice de exposición a IA elaborado a partir del Economic Index de Anthropic, una de las compañías líderes del sector. El estudio no detecta un impacto equivalente sobre el empleo total, pero sí sobre la evolución de los sueldos: las ocupaciones más expuestas no pierden necesariamente más puestos, pero ven frenado el crecimiento real de sus remuneraciones.

Ese punto importa para los trabajadores porque el deterioro puede ser silencioso. Un despido se cuenta. Una vacante que no se repone, una categoría que pierde atractivo salarial o un aumento que queda por debajo de otras ocupaciones cuesta más medir. En términos de bolsillo, sin embargo, el resultado puede ser igual de concreto: menos ingreso disponible frente a precios, alquileres, tarifas, transporte, salud y deuda.

Business Insider señala que el impacto salarial aparece con más fuerza entre trabajadores de menores ingresos. Esa diferencia es clave. Si la IA comprime salarios donde ya hay menos margen, el efecto no se distribuye de manera pareja. Los trabajadores con más calificación, capacidad de supervisar sistemas o dominio técnico pueden beneficiarse más. Los que hacen tareas rutinarias, administrativas, repetitivas o de menor poder de negociación quedan más expuestos a que la tecnología opere como techo salarial.

La hipótesis no contradice la promesa empresarial de mayor productividad. La completa. Una empresa puede producir más, reducir tiempos, bajar costos o reasignar tareas gracias a la IA. La pregunta es quién se queda con ese excedente. Puede traducirse en mejores salarios, menos horas de trabajo o capacitación. Pero también puede convertirse en margen empresario, menos contratación y aumentos más chicos.

Ese es uno de los riesgos centrales de la automatización: no siempre elimina el puesto de una vez; primero cambia su valor. Tareas que antes justificaban determinada cantidad de horas, personal o salario pasan a considerarse más rápidas, más simples o más baratas porque una parte la hace el software. Entonces el trabajador sigue ahí, pero su puesto empieza a valer menos en la negociación.

El estudio de Apollo suma una capa a un debate que ya venía mostrando señales similares. Informes recientes del Banco de Inglaterra detectaron que algunas empresas pueden aumentar producción sin ampliar personal y que la automatización empieza a reducir la demanda de puestos junior y administrativos. Otros estudios sobre vacantes laborales muestran que la demanda vinculada a IA se concentra en perfiles técnicos, mientras sube la vara de entrada para quienes buscan su primer empleo.

La secuencia es laboralmente incómoda. Para los trabajadores que ya están dentro, la IA puede enfriar los aumentos. Para quienes intentan entrar, puede achicar puestos iniciales. Para quienes no tienen habilidades técnicas, puede mover la demanda hacia perfiles más especializados. El resultado no es una única ola de despidos, sino una reorganización del mercado laboral que afecta salarios, trayectorias y oportunidades.

¿Y en Argentina?

En Argentina, la discusión tiene un condimento adicional. Aquí el mercado laboral ya llega golpeado por caída del salario real, informalidad alta, pluriempleo, endeudamiento familiar y paritarias defensivas. En ese contexto, una tecnología que reduzca poder de negociación puede profundizar desigualdades existentes, incluso antes de que aparezcan despidos masivos asociados a IA.

La experiencia local muestra que muchos trabajadores no necesitan perder el empleo para perder poder adquisitivo. Basta con aumentos por debajo de precios, bonos que no consolidan salario, contratos más débiles, más tareas por la misma remuneración o reemplazo parcial de funciones. La IA puede insertarse en esa misma lógica: no como robot que entra a la oficina, sino como argumento para pagar menos por tareas que antes requerían más trabajo humano.

Por eso el dato de Apollo resulta relevante más allá de Estados Unidos. Muestra que el impacto de la inteligencia artificial puede aparecer primero en el salario y no en la nómina. Para el trabajador, la diferencia es menos tranquilizadora de lo que parece. Conservar el puesto no alcanza si el ingreso queda cada vez más lejos de los precios.

La pregunta que abre el estudio no es si la IA debe incorporarse o no al trabajo. Esa discusión ya quedó atrás: las empresas la están incorporando. La cuestión es bajo qué reglas, con qué protección salarial, con qué capacitación y con qué reparto de la productividad. Porque una tecnología que aumenta la eficiencia puede mejorar la vida laboral. Pero, sin regulación ni negociación colectiva fuerte, también puede servir para algo mucho más viejo que la IA: abaratar el trabajo.

JJD

“Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”, declaró en primera personal del plural la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, el lunes pasado en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, antes de viajar al día siguiente a la nueva fuente de divisas del país, Vaca Muerta, con las que aspira cobrar las deudas del mayor acreedor del organismo. “Ver Vaca Muerta de primera mano permitió apreciar el talento, la innovación y el emprendimiento que las empresas públicas y privadas están desplegando para impulsar el brillante futuro energético de Argentina”, comentó en X tras su visita a Neuquén.

El gobierno de Javier Milei se ha jugado un pleno a las materias primas con la esperanza de que eso derrame sobre toda la economía. Al campo le ha rebajado las retenciones, aunque no las ha eliminado. A la minería y los hidrocarburos les concedió el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, el derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras que el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente, con su impacto en la salud humana, puede pasar de potencial a concreto.

Las inversiones en la economía argentina en general cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026, respecto del mismo periodo de 2025, según el estudio Ferreres. Las exportaciones crecieron 24%, más por mayores cantidades que por suba de precios, sostenida por estos tres sectores primarios. Las de hidrocarburos estuvieron influídas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán. Hay un consenso de economistas que consideran que la Argentina nadará en dólares y resolverá por fin su problema histórico de restricción externa, o escasez de divisas, pero no todos suscriben.

Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, lo advirtió en un reciente artículo en el diario Clarín: “Hoy es difícil prever una avalancha de dólares”. Primero, porque las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor de los casos, a US$3.500, muy por debajo de países verdaderamente ricos en naturaleza en relación a su población, como Noruega (US$29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según el paper publicado por los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak. Segundo, porque “de la cuenta de las exportaciones hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades que se van a girar al exterior y las importaciones que se necesitarán para explotar los recursos; el flujo neto de divisas será bastante menor que lo que sugieren las exportaciones brutas”. En este último sentido, las compras externas están ganándoles terrenos a las nacionales.

Y en tercer lugar, “el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas” y “en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares” la autoridad monetaria “necesita un alto nivel de reservas propias”, advierte Rapetti. Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. En su último reporte, el analista político Ignacio Labaqui plantea el reto en un contexto actual de caída de la popularidad del Gobierno: “El programa financiero del año que viene, presentado durante julio por el equipo económico, contempla que el Banco Central le venderá al Tesoro US$5.000 millones, un supuesto optimista (o desafiante) si pensamos que en años electorales crece de manera significativa la dolarización de carteras, es decir, la compra de dólares por parte de los particulares”.

El empleo privado tampoco se dispara. En los primeros dos años de gobierno de Milei se cayeron 193.000 puestos, un 2,8%. El campo, en cambio, contrató un 2%, 7.000 empleados más. Pero el rubro minería y petróleo, se contrajo en 8.000, de 99.000 a 91.000, un 8% menos, según datos de la Secretaría de Trabajo. La mayoría de la pérdida, unos 7.000 empleos, proviene de los hidrocarburos, sobre todo por la caída de los pozos convencionales en Chubut y Santa Cruz, según apunta Anastasia Daicich, directora ejecutiva de Qualy Consultora, pero también de los no convencionales, alerta el politólogo Mariano Novas, del Área Ambiente y Política de la Universidad de San Martīn, integrante a su vez del Observatorio del RIGI junto a otras cinco instituciones. En Añelo, la capital de Vaca Muerta, se perdieron 2.000 trabajos porque estos sectores son intensivos en el uso de capital, no de mano de obra, y a su vez crece el reemplazo de personas por tecnología, según observa Novas. En la minería sucedió lo mismo: se pasó de 41.000 a 40.000 en dos años.

No obstante, se espera que en la medida en que se pongan en marcha las inversiones del RIGI comience a recuperarse el empleo en minería y petróleo. “El total de puestos de trabajo generados por los proyectos RIGI ascendería a 54.984, lo que representa 60% del total de empleados actualmente en el sector”, calcula un informe de Qualy. “Sin embargo, estos números deben analizarse con cuidado. Se puede suponer que la mayoría de estos empleos se generarán durante el período de inversión, y no serán necesarios una vez que los proyectos entren en operación. De todas formas, el impacto, al menos de corto plazo, es positivo”, sopesa la consultora de Daicich.

Tampoco los proveedores locales consiguen mucho más trabajo. Fueron noticia este año el campamento hecho en China que se instalará en la que será la principal mina de la Argentina, Vicuña, en San Juan, de oro, plata y cobre; las estructuras metálicas también del gigante asiático para el yacimiento de litio Rincón, en Salta; los tubos indios para el futuro gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro para exportar gas natural licuado (GNL) por barco al mundo; o los 35 despedidos de la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor justo cuando los dispensaban de permanecer en la fábrica de Noetinger, Córdoba, durante un partido de la selección en el Mundial.

La industria metalmecánica, que podría ser una beneficiada por estos tres sectores primarios, cayó 5,3% este primer semestre en el rubro de proveedores del petróleo y el gas, 4,6% en los de la minería y 3,7% en los del área agrícola, según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). En maquinaria agrícola, en el primer trimestre bajaron 41% las unidades vendidas de tractores nacionales, aunque los importados mejoraron 23%, después de que en 2025 se habilitara traer equipos usados del exterior. Las automotrices con fabricación nacional sufrieron en el primer semestre una caída de sus ventas internas de utilitarios del 29,2%. Por algo Ford reducirá su ritmo de producción de la pick up Ranger en Pacheco a partir de octubre próximo.

El RIGI sólo obliga a contratar un 20% de la inversión en el ámbito local y los industriales temen que ese porcentaje se vaya casi todo en la construcción y no beneficie a las fábricas. Qualy calcula a partir de las presentaciones oficiales de las empresas ante el Gobierno que se alcanzará un 35% de compras locales, más de lo exigido por ley, pero advierte: “La evidencia internacional muestra que, si bien las exigencias de contenido local excesivas pueden afectar la competitividad de los proyectos, la ausencia de instrumentos específicos también puede limitar la generación de encadenamientos productivos y la captura de beneficios económicos por parte del país anfitrión”.

“Noruega representa uno de los ejemplos más desarrollados de utilización de recursos naturales como instrumento de construcción de capacidades productivas nacionales”, elogia Qualy. “Canadá y Australia se ubican en una posición intermedia: mantienen mercados relativamente abiertos, pero complementan esa apertura con programas destinados a fortalecer proveedores y empleo local. Chile también privilegia mecanismos de mercado, aunque incorpora políticas activas para desarrollar clusters (conglomerados) y proveedores especializados vinculados a la minería. Perú presenta una estrategia más explícita de promoción de empleo local y compras regionales”, resume la consultora de Daicich.

El impacto, en cambio, sí aparece en lo ambiental. Novas recuerda que ya en 2022, en el gobierno anterior, Río Negro modificó la ley que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el Golfo San Matías, que ahora acogerá no sólo barcos regasificadores de GNL sino también un puerto petrolero. “Con su impacto en turismo y pesca”, apunta no sólo a los efectos ambientales sino también a los que atañen a otros sectores económicos, en una región donde se encuentran las playas de Las Grutas. También señala que proyectos mineros antes resistidos por la sociedad civil, como algunos de Mendoza, Catamarca y San Juan, fueron habilitados, mientras que el Congreso nacional echó por tierra la ley que protegía los glaciares para viabilizar yacimientos metalíferos. Además, cita el avance de la firma china Ganfeng en la explotación del litio sobre la Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes, en Salta.

“Todo el paquete de leyes y la política económica están orientados a la reprimarización de la economía”, opina el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, que incluye en ese concepto también a la futura instalación de data centers de la inteligencia artificial, demandantes de energía y agua, si es que se aprueba el proyecto de ley de Súper RIGI. “Todo esto está teniendo consecuencias muy concretas en los territorios, y tendrá muchas más: desde el avance sobre glaciares y ambientes periglaciales, que estaban protegidos antes, hasta la ampliación de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos, humedales y pastizales, o hasta la ampliación de la infraestructura petrolera sobre el Golfo San Matías”, agrega Viale. Por supuesto que mineras y petroleras, desde Vicuña hasta el consorcio del GNL Southern Energy, juran y perjuran que cuidarán la naturaleza.

Queda por verse qué impuestos derramarán esta actividades ganadoras para sostener los servicios básicos de un Estado cada vez más ajustado. De por sí los proyectos del RIGI pagarán menos tributos que el resto de las empresas e individuos. Daicich reconoce que sin este régimen muchos de estos proyectos no se hubieran concretado y, por tanto, no hubiera generado ni un ingreso al Estado. Pero la economista admite también que algunas iniciativas mineras ya estaban previstas antes del RIGI pero lo aprovecharon para contar con más beneficios, lo mismo que la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta, que cuando se votó la ley en 2024 el Gobierno consideró que era un subsector que ya tenía rentabilidad suficiente y no requería de ayudas, pero este año lo incluyó en la promoción. Este cambio fue lo que llevó a que los anuncios de inversión -anuncios no son concreciones- pasaran de US$68.000 a millones a más de 140.000 millones, contabiliza Novas.

AR/MG

Trabajadores del sector de ciencia y tecnología se movilizan este miércoles desde las 10 al Polo Científico, en rechazo a 379 despidos en el CONICET y 60 cesantías en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La protesta apunta a frenar la salida de becarios posdoctorales cuyos vínculos con el organismo terminan a fin de mes y a denunciar el deterioro de áreas estratégicas del sistema científico argentino.

El reclamo está dirigido al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al presidente del CONICET, Daniel Salamone; y al Directorio del organismo, que se reúne este miércoles. Los trabajadores piden que se habiliten prórrogas para las becas posdoctorales y advierten que, sin esa decisión administrativa y presupuestaria, cientos de investigadores quedarán fuera del sistema.

La movilización vuelve a poner en primer plano la crisis del empleo científico. No se trata sólo de contratos que vencen: detrás de cada beca hay años de formación, equipos de trabajo, proyectos en marcha y líneas de investigación que pueden quedar interrumpidas. En el caso de los becarios posdoctorales, se trata de trabajadores con una trayectoria extensa dentro del organismo, en muchos casos con alrededor de ocho años de antigüedad entre formación doctoral y posdoctoral.

Según los trabajadores, sostener las 379 líneas de investigación afectadas requeriría una partida presupuestaria adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. En términos del presupuesto nacional, plantean, es una suma menor frente al costo de perder investigadores formados durante años con recursos públicos.

La protesta coincide además con el conflicto abierto en la CNEA, donde se denuncian 60 despidos. El organismo atraviesa desde hace semanas reclamos sindicales, medidas de fuerza y cuestionamientos internos por cesantías en áreas sensibles. Para los gremios, el recorte en ciencia y tecnología no sólo afecta puestos de trabajo, sino capacidades estratégicas del Estado.

El caso del CONICET tiene una particularidad: los despidos no aparecen como una ola clásica de telegramas, sino como interrupción de carreras científicas por falta de prórroga. Esa forma vuelve menos visible el recorte, pero no reduce su impacto. Los investigadores pierden continuidad laboral y los equipos pierden personas ya formadas, con conocimiento específico y trabajo acumulado.

Puerto Madryn aparece como uno de los ejemplos más concretos. En el CONICET-CENPAT, tres investigadores en formación quedan sin trabajo este viernes 31 de julio. La ciudad tiene una fuerte presencia científica en relación con su población y concentra investigaciones vinculadas al territorio patagónico, el mar, la biodiversidad y el estudio de las ballenas en Península Valdés.

Ese ejemplo muestra que el ajuste no afecta sólo a laboratorios porteños o a estructuras administrativas. Cuando se corta una carrera científica en lugares como Puerto Madryn, también se debilita la capacidad de producir conocimiento sobre ecosistemas, recursos naturales y problemas locales que no pueden investigarse desde cualquier parte.

Los trabajadores denuncian que no reciben respuestas suficientes de las autoridades. “Prórrogas ya” es la consigna central de la movilización convocada por ATE CONICET Capital y colectivos de ingresantes autoconvocados. La demanda busca evitar que el Directorio deje caer los vínculos sin abrir una salida transitoria para quienes ya forman parte del sistema.

El conflicto se inscribe en una política más amplia de ajuste sobre el empleo público y los organismos científicos. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los trabajadores del sector denuncian caída presupuestaria, paralización de ingresos, pérdida salarial, despidos y desfinanciamiento de institutos, proyectos y áreas técnicas.

En ciencia, el ajuste tiene un efecto particular: no sólo reduce personal en el presente, sino que puede desarmar capacidades futuras. La formación de un investigador lleva años. Implica becas, dirección académica, equipamiento, publicaciones, trabajo de campo, laboratorios, redes de cooperación y especialización técnica. Cuando ese recorrido se interrumpe, el Estado pierde más que un puesto: pierde inversión acumulada.

La situación también golpea sobre una generación de jóvenes científicos que ya completó estudios de grado, doctorado y posdoctorado, pero encuentra cerrada la posibilidad de continuidad laboral. Para muchos de ellos, la alternativa puede ser abandonar la investigación, migrar al sector privado, cambiar de actividad o buscar oportunidades en el exterior.

Los gremios advierten que ese proceso implica una nueva fuga de capacidades. La ciencia argentina no se vacía sólo cuando se cierran institutos; también se vacía cuando investigadores formados durante años quedan sin lugar en el sistema que los formó.

La movilización al Polo Científico busca presionar antes de que se concrete el vencimiento de las becas. El pedido inmediato es administrativo y presupuestario: prorrogar los vínculos para evitar que 379 trabajadores queden afuera a fin de mes. Pero el reclamo de fondo es más amplio: sostener el empleo científico, garantizar continuidad de líneas de investigación y frenar el deterioro de organismos estratégicos como CONICET y CNEA.

JJD

La inteligencia artificial ya no aparece sólo como una promesa de productividad futura; también empieza a modificar la forma en que las empresas contratan, organizan tareas y definen qué puestos necesitan. Un nuevo informe del Banco de Inglaterra advierte que la adopción de IA está reduciendo la demanda de algunos empleos administrativos, rutinarios y junior, justamente los que muchas veces funcionan como puerta de entrada al mercado laboral.

El dato surge del informe mensual de agentes del Banco de Inglaterra, publicado el 24 de julio, que resume conversaciones con empresas relevadas durante las seis semanas previas al cierre de junio. El documento señala que las compañías incorporan IA para ganar eficiencia, automatizar procesos y acelerar tareas de conocimiento, en un contexto de costos laborales elevados, demanda débil y presión sobre márgenes.

El informe no presenta a la IA como una ola homogénea ni como un reemplazo automático de todos los trabajadores. Pero sí registra un cambio concreto: las empresas que logran desplegar inteligencia artificial de manera efectiva pueden aumentar producción sin aumentar empleo y, en algunos casos, reducir sus necesidades de personal.

Las áreas más mencionadas son desarrollo de software, finanzas, funciones administrativas, atención al cliente, servicios profesionales y creación de contenidos. Allí, la IA permite automatizar tareas rutinarias y acelerar trabajos basados en conocimiento. El Banco de Inglaterra cita como ejemplo la investigación legal y la preparación de primeros borradores, que pueden completarse mucho más rápido que antes.

El impacto laboral más sensible aparece en los puestos de entrada. Según el informe, la automatización reduce la demanda de algunos roles iniciales y junior que tradicionalmente daban primera experiencia profesional. Entre las tareas afectadas aparecen la preparación de documentos, el procesamiento de facturas y el análisis básico.

Varias empresas de servicios profesionales reportaron menor contratación de graduados y menor demanda de personal administrativo y junior. Ese punto es central: la IA no sólo amenaza puestos existentes; también puede achicar los escalones por los que los jóvenes empiezan una carrera laboral.

Durante décadas, muchas ocupaciones calificadas se aprendieron desde tareas iniciales: revisar documentos, ordenar información, preparar informes, asistir a equipos, hacer análisis básicos o procesar datos. Si esas tareas se automatizan, las empresas pueden necesitar menos trabajadores junior, pero también pueden debilitar sus propios circuitos de formación.

Algunas compañías advirtieron sobre las implicancias de largo plazo para el desarrollo de habilidades y las “canteras” de talento. La pregunta laboral ya no es sólo cuántos puestos puede reemplazar la IA, sino qué pasa si desaparecen o se reducen los trabajos donde los empleados aprenden antes de ocupar funciones más complejas.

El Banco de Inglaterra también observa un desplazamiento en la demanda de perfiles: crece el interés por trabajadores con habilidades en IA, datos y análisis, además de roles que requieren juicio, supervisión y capacidad para resolver problemas. En paralelo, algunas firmas invierten en capacitación y reconversión de empleados actuales.

Esa transición, sin embargo, no ocurre en igualdad de condiciones. Los trabajadores con más formación, experiencia o capacidad para supervisar resultados generados por IA pueden beneficiarse más de la tecnología. En cambio, quienes ocupan tareas rutinarias, administrativas o de baja autonomía quedan más expuestos. La productividad aumenta, pero no necesariamente se reparte en más empleo ni en mejores trayectorias laborales para todos.

El informe británico confirma una tensión que ya aparece en otros países. Las grandes tecnológicas suelen presentar la inteligencia artificial como una herramienta para crear nuevas oportunidades, pero las empresas la incorporan primero como mecanismo de eficiencia, reducción de costos y reorganización de tareas. En la práctica, esa adopción puede traducirse en menos contratación, menos reemplazo de vacantes y estructuras más chicas.

El propio Banco de Inglaterra señala que las intenciones de empleo siguen prácticamente planas. Las empresas esperan mantener sus dotaciones estables durante los próximos doce meses y, cuando hay recortes, suelen producirse por rotación natural: no reemplazar a quienes se van. Ese mecanismo puede ser menos visible que un despido masivo, pero tiene efectos acumulativos sobre el mercado laboral.

También hay una dimensión generacional. Si las empresas contratan menos graduados, menos asistentes administrativos o menos perfiles de entrada, el ajuste no siempre aparece como pérdida inmediata de puestos, sino como oportunidades que directamente dejan de abrirse. Para los jóvenes, eso puede significar más competencia, trayectorias más lentas y mayor dificultad para conseguir la primera experiencia formal.

La discusión importa más allá del Reino Unido. En economías con alto peso de servicios, tareas administrativas, empleo profesional y trabajo de oficina, la IA puede operar como una tecnología de doble filo: mejora productividad, pero reduce la cantidad de personas necesarias para hacer ciertas tareas. En países con mercados laborales frágiles, informalidad alta y salarios presionados, ese efecto puede profundizar desigualdades existentes.

El informe también advierte que la adopción de IA no elimina todos los costos. La demanda de computación en la nube, centros de datos, software, licencias, semiconductores y personal especializado genera nuevas presiones. Además, las empresas reportan problemas asociados a contenidos de baja calidad o inexactos, postulaciones laborales falsas o masivas generadas con IA y mayor volumen de reclamos o solicitudes automatizadas.

Pero, aun con esas limitaciones, la dirección del cambio ya aparece. La IA permite hacer más tareas con menos horas humanas en áreas específicas. Para los trabajadores, eso abre una pregunta incómoda: si la tecnología aumenta productividad, quién captura ese beneficio y qué pasa con quienes ocupaban los puestos que ahora se vuelven prescindibles o dejan de crearse.

El Banco de Inglaterra no habla de un futuro lejano. Describe conversaciones recientes con empresas que ya están rediseñando procesos, precios y estructuras laborales. La puerta de entrada al empleo —los trabajos junior, administrativos y de aprendizaje— empieza a ser una de las primeras zonas afectadas.

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Un reciente informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que el 48,9% de los argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad.

El relevamiento llevado a cabo entre diciembre de 2025 y enero de 2026, fue realizado por un equipo del Ciclo Básico Común (CBC) en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA).

A partir de un total de 1.002 encuestas presenciales se encontró que la problemática se extiende en todo el territorio nacional y que un 73% de los afectados reside fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La investigación, dirigida por Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la UBA, implementó cuestionarios estructurados en profundidad para abordar las condiciones de vida, las creencias y las expectativas de los jóvenes argentinos.

El fenómeno “Triple Ni”

Uno de los datos más alarmantes que arrojó la investigación es la aparición del segmento denominado “Triple Ni”. Este grupo comprende a un tercio de la población juvenil vulnerable que no estudia, no trabaja y, además, dejó de buscar empleo.

Se trata de un sector que se encuentra en una situación crítica de aislamiento social, según indica Juan Cruz Esquivel, director de la investigación e investigador principal del CONICET, quien señaló que “si bien se trata de un segmento minoritario dentro de los jóvenes vulnerables, estamos frente a una franja social alejada de toda red de pertenencia, reconocimiento e integración social”.

Dentro del grupo de desempleados, que alcanza el 30,6%, la búsqueda activa de trabajo se registra en apenas 4 de cada 10 casos.

Esta falta de búsqueda activa agrava el núcleo de exclusión que los investigadores definen como una ruptura de los vínculos tradicionales de integración.

Informalidad laboral

El 70% de los jóvenes relevados tiene algún tipo de ocupación laboral. Sin embargo, el estudio destaca que estos empleos se caracterizan por una alta informalidad y precariedad.

Las actividades principales de este sector se concentran en el comercio, la construcción y las tareas de cuidado.

Falta de obra social

Como consecuencia de la precariedad, el 78% de los encuestados carece de cobertura de salud privada o por obra social. En ese sentido, la gran mayoría debe recurrir exclusivamente al hospital público o a centros de salud barriales.

Educación

El informe indica que 6 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad no completaron el colegio secundario. Solo el 32,8% tiene título de nivel medio y el 6,7% cursó estudios terciarios o universitarios.

En ese sentido, Esquivel advirtió que el abandono escolar temprano marca trayectorias laborales de precariedad que son difíciles de revertir.

Asimismo, el 87,5% de los jóvenes encuestados reconoce que estudiar les permitiría mejorar su calidad de vida.

Vivienda

El 46,2% de estos jóvenes reside en hogares numerosos de cinco o más integrantes, mientras que apenas el 2,9% conforma hogares monoparentales.

El 56,3% de los encuestados no tiene hijos, mientras que un 20% ya tiene dos o más a cargo, algo que influye en la organización del tiempo y en la posibilidad de proyectar una carrera académica o laboral estable.

El 57% de los jóvenes vulnerables manifestó que su dinero no le alcanza para llegar a fin de mes.

Salud mental

Más del 70% de los jóvenes encuestados manifestó sufrir problemas frecuentes de nervios o ansiedad de manera cotidiana.

El 50% expresó sentimientos de desgano o depresión. Además, manifestaron dificultades para dormir y una tristeza persistente que afecta el desarrollo personal.

El 30% acusó tener dificultades para controlar el consumo de sustancias como alcohol, cigarrillo o drogas, una problemática que tiende a intensificarse en aquellos sectores que presentan los niveles de vulnerabilidad social más altos.

Un futuro mejor

Existe una brecha creciente entre lo que los jóvenes imaginan para sus vidas y los recursos disponibles, según explica Esquivel.

Para los próximos cinco años, conseguir un trabajo o mejorar el actual es la meta principal para el 31,9% de los jóvenes.

En ese sentido, las aspiraciones de progreso persisten, aunque las oportunidades para concretarlas se debilitaron significativamente.

Tener una casa propia aparece como el segundo objetivo más mencionado, con un 29,8% de las respuestas. Finalmente, formar una familia es una opción que solamente marcó como prioritaria el 4,8% de los encuestados.

La economía argentina muestra apenas una tibia recuperación cuando se mira el promedio. Pero cuando se la analiza por áreas, es una evolución más bien partida en dos donde hay poco y nada que celebrar: algunos sectores crecen, exportan o mejoran sus números, pero no son los que más empleo generan. Al mismo tiempo, las actividades donde trabajan más argentinos —industria, comercio y construcción— siguen golpeadas por la caída del consumo, la apertura importadora y la recesión.

Ese es el principal dato laboral que surge del último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG). Según el relevamiento, en los últimos 12 meses se perdieron 141.700 puestos registrados en relación de dependencia y, desde el cambio de gestión, la caída ya llega a 329.600 empleos, si se consideran el sector privado y el sector público.

El informe resume esa dinámica en una frase: la actividad puede crecer, pero destruir trabajo asalariado registrado. El problema no es sólo cuánto crece la economía, sino en qué sectores crece y cuántos trabajadores entran en esa recuperación.

El dato más fuerte aparece cuando se cruza actividad con empleo. En mayo, la actividad económica creció apenas 0,2% interanual, pero esa mejora estuvo concentrada en ramas de baja absorción laboral. Según el IAG, agro y minas y canteras explican el 73,8% del crecimiento interanual de los sectores con resultado positivo. En cambio, industria y comercio explican el 88,3% de la variación negativa.

La diferencia es clave. Comercio, industria y construcción concentran el 44,2% del trabajo privado registrado. Son sectores intensivos en empleo, con impacto directo sobre fábricas, comercios, corralones, obras, talleres, proveedores y servicios asociados. Cuando esas ramas caen, no sólo baja una estadística de actividad: se debilitan las fuentes de trabajo que sostienen a millones de hogares.

Del otro lado, minas y canteras, agro y sector financiero agrupan apenas el 9,2% del trabajo privado registrado. Pueden empujar exportaciones, generar divisas o mejorar ciertos indicadores macroeconómicos, pero tienen una capacidad mucho menor para absorber empleo asalariado en las ciudades. La economía puede mostrar mejores números en el tablero financiero y, al mismo tiempo, dejar afuera a los sectores donde más gente vive de un salario.

El informe del IAG define ese proceso como una economía en forma de “K”: algunas ramas suben, otras bajan. Pero en términos laborales, la metáfora tiene una consecuencia concreta. Arriba quedan actividades vinculadas al agro, la minería, la energía o las finanzas. Abajo quedan ramas urbanas y empleo-intensivas, como industria, comercio y construcción.

Ese comportamiento ayuda a explicar por qué la recuperación no se siente de la misma manera en el mercado de trabajo. La suba de exportaciones o el dinamismo de Vaca Muerta pueden mejorar la balanza comercial o la mirada de los mercados, pero no necesariamente generan un rebote amplio del empleo registrado.

El monotributo aparece como otra señal de la transformación laboral. Según el informe, los monotributistas aumentaron 49.500 en el último año y 150.100 desde el cambio de gestión. Ese crecimiento del cuentapropismo no alcanza para compensar la pérdida de empleo registrado en relación de dependencia. Es decir que, con Javier Milei en la Presidencia, el empleo se prcariza y cae.

La diferencia no es menor. Un puesto asalariado registrado implica aportes, cobertura, licencias, aguinaldo, obra social, estabilidad relativa y derechos laborales. El monotributo, en cambio, puede expresar trabajo independiente genuino, pero también funcionar como refugio de ingresos ante la pérdida de empleo formal, changas, tercerización o formas más débiles de inserción laboral. Que crezca el monotributo mientras cae el empleo registrado no necesariamente habla de más trabajo: puede hablar de peor trabajo.

El deterioro también aparece en la seguridad social. El IAG advierte que entre 2023 y marzo de 2026 hubo 622.300 aportantes menos y 426.261 beneficiarios más. La transición desde empleo asalariado registrado hacia monotributo o informalidad presiona el sistema contributivo, porque reduce la cantidad de trabajadores que aportan plenamente y limita el financiamiento de prestaciones.

La caída de las fuentes de trabajo llega además con salarios reales en retroceso. En mayo, según el informe, cayeron todos los ingresos medidos: el salario privado registrado bajó 0,1%, el público provincial 0,2%, el público nacional 0,6% y el salario mínimo 1%. En la comparación interanual, el privado registrado perdió 2,9%, el público nacional 7,3%, el público provincial 3,3% y el salario mínimo 11,6%.

El resultado combina dos problemas al mismo tiempo: menos empleo registrado donde más trabajadores se concentran y pérdida de poder adquisitivo para quienes todavía conservan un puesto. En ese marco, el consumo no se recompone, la industria no recupera volumen y los comercios siguen afectados por una demanda interna débil.

El propio informe señala que el 53,2% de los industriales consultados identifica a la demanda interna como la causa principal que frena la recuperación del sector. Casi el 60% cree que las ventas no mejorarán en los próximos tres meses y el 25,6% prevé que se reducirán. Esa expectativa conecta directamente con el salario: si los ingresos no alcanzan, el consumo cae; si el consumo cae, las ramas que más empleo generan siguen bajo presión.

La economía de Milei puede mostrar sectores ganadores, superávit comercial o mejores expectativas financieras. Pero el mapa laboral cuenta otra cosa. Crecen ramas que emplean poco y retroceden las que sostienen buena parte del trabajo privado formal. La recuperación que el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, pueden festejar en Twitter (X) no llega a las fábricas, ni a los comercios, ni a la obra ni mucho menos a los bolsillos de los trabajadores.

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La pérdida de empleo parece no encontrar su piso, de acuerdo a un informe que da cuenta que en los últimos 12 meses se perdieron 141.700 puestos registrados en relación de dependencia, y por tanto ya suman 329.600 menos desde la asunción de Javier Milei, tanto en el sector público como el privado.

El relevamiento, difundido por el Instituto Argentina Grande, contempla al sector privado y público, sobre datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Allí se da cuenta de una tendencia, ya que crece la actividad laboral pero hace 12 meses se pierde empleo registrado en relación de dependencia.

Al respecto, se precisa que el monotributo crece de manera sostenida desde 2012, aunque con más fuerza desde 2020, pero desde la gestión libertaria, su aumento no es suficiente para contrarrestar la caída del empleo registrado. Los monotributistas crecieron en 49.500 en el último año, y 150.100 desde el cambio de gestión.

Por tanto, el monotributo crece pero no absorbe lo que se destruye en el sector formal, y las cuentas presionan al sistema contributivo de seguridad social, ya que 622.300 aportantes menos y 426.261 beneficiarios más, y la transición del empleo registrado al monotributista y los nuevos ocupados informales empeoran la situación.

La pérdida de trabajo registrado recorta asignaciones familiares, mientras que la acción del gobierno pone límites a las prestaciones no contributivas. Uno de los fenómenos más destacados de los últimos años es el avance del cuentapropismo y de los empleadores que están inscriptos como monotributistas y autónomos.

Además, otro informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial (CEU-UIA), elaborado también a partir de datos oficiales, indica que las mayores pérdidas se produjeron en la industria manufacturera –unos 83.000 menos puestos de trabajo–, del comercio – 33.200–, y de la construcción –otros 60.000–. Es decir que son los sectores de la economía más activos donde se está generando el mayor porcentaje de desempleados.

Lo que estos números están mostrando es que cambiaron los motores de crecimiento. La industria manufacturera, que entre 2010 y 2015 aportaba positivamente casi un 25% al cambio del Valor Agregado Bruto, pasó a restar en magnitud similar (-25,1%) entre 2023 y 2025. En sentido inverso, minería y canteras pasó de un aporte negativo de 3% al VAB a sumar 24,6% en el último tramo, con el empuje de los hidrocarburos no convencionales, mientras las finanzas explicaron otro 35,1% del cambio reciente. Son sectores de alta rentabilidad pero poco empleadores, a diferencia de ramas como la industria o la construcción, intensivas en mano de obra.

Es que a la vez que la desocupación cayó en los últimos quince años, se redujo de 7,4% al 6,3% entre 2010 y 2025, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), el sector microinformal –como las changas, trabajadores en comercios o talleres de hasta 5 empleados, cuentapropistas sin oficio calificado y servicio doméstico– pasó a ocupar del 46,4 a 48,3% del empleo total.

En ese sentido, el pesimismo entre los empresarios industriales volvió a reflejarse en la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC. Apenas el 6,2% calificó como “buena” la situación actual del sector, mientras que el 29,2% la consideró “mala” y casi dos tercios (64,7%) la definieron como “normal”. Además, la mayoría anticipa una caída de la producción y del empleo en los próximos meses, con la debilidad de la demanda interna como el principal obstáculo para aumentar la capacidad productiva.

En ese contexto, el Índice de Confianza Empresarial se ubicó en -17,8%, un punto por debajo del nivel registrado en junio de 2025 (-16,8%), lo que refleja un deterioro de las expectativas en la industria manufacturera.

Cierra una planta de Cargill y denuncian una reducción en Pirelli

La agroexportadora multinacional Cargill suspendió las operaciones de su planta de acopio en el partido bonaerense de General Arenales en medio de un conflicto con transportistas independientes, que denuncian que la empresa les exige el pago de un 3% por fuera de los canales formales, según informó el sitio Infogremiales.

Mientras el Municipio definió el conflicto como “un problema de índole privado”, según publicó el portal Infogremiales, la compañía paralizó por completo la actividad de una planta con más de 25 años de funcionamiento. La medida, vigente desde el 3 de julio, dejó sin trabajo a unas 30 familias y afectó a toda la cadena productiva de la zona, desde talleres mecánicos y comercios hasta proveedores de insumos. Cargill aseguró que la suspensión se mantendrá “hasta que existan garantías de seguridad”.

Al conflicto en Cargill se suma un nuevo capítulo en la planta que Pirelli tiene en Merlo. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) amplió la denuncia administrativa contra la empresa por la implementación unilateral de un nuevo esquema de trabajo (5×2, 5×2, 6×1), al considerar que implica una “reducción salarial encubierta”. Según el gremio, el cambio modifica el cálculo de las horas trabajadas, los adicionales y los recargos previstos en el convenio colectivo, sin garantizar que los trabajadores mantengan el ingreso que percibían con el sistema anterior (4×3).

La presentación fue realizada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y rechaza el pedido de Pirelli de suspender el trámite. La empresa sostuvo que el conflicto ya se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Trabajo de la Nación y que una nueva instancia provincial podría derivar en “decisiones disímiles”. El SUTNA, en cambio, afirmó que la intervención bonaerense es válida porque el Ministerio nacional no asumió formalmente el caso y porque la nueva denuncia incorpora hechos posteriores que, según el sindicato, no estaban contemplados en el expediente original.

Corea del Sur planea crear un fondo con ingresos fiscales adicionales generados por el auge de los semiconductores y la inteligencia artificial para financiar inversiones, apoyar emprendedores y promover empleo joven. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, como una herramienta para impulsar el crecimiento futuro y responder a la desigualdad que puede profundizar el nuevo ciclo tecnológico.

La propuesta no apunta sólo a acelerar el desarrollo de la IA sino que pone sobre la mesa la discusión sobre quién se queda con los beneficios de esa transformación. Kang afirmó que el fondo servirá para “responder a la polarización” de una economía “en forma de K”, una expresión utilizada para describir procesos en los que algunas personas, empresas o industrias crecen con mucha fuerza, mientras otras quedan rezagadas.

El diagnóstico es relevante porque aparece en uno de los países más integrados a la cadena global de semiconductores: los materiales y componentes con los que se fabrican chips, procesadores y memorias, piezas indispensables para computadoras, celulares, servidores, autos y sistemas de inteligencia artificial. Corea del Sur es sede de gigantes como Samsung Electronics y SK hynix, dos actores centrales de esa industria. El Gobierno surcoreano acaba de presentar proyectos industriales en semiconductores, IA física y centros de datos, con inversiones cercanas al billón de dólares entre empresas privadas y agencias estatales.

La novedad está en que Seúl empieza a vincular de manera explícita el boom tecnológico con una pregunta social y laboral: si la inteligencia artificial genera nuevas rentas, más productividad y más recaudación, una parte de esos recursos debería financiar políticas para evitar que la riqueza quede concentrada sólo en las empresas ganadoras.

El fondo, según el Gobierno, se destinará a inversiones y a dar “apoyo para emprendedores y empleo para jóvenes de entre 20 y 30 años”. Los detalles todavía no fueron definidos. El portavoz del gobernante Partido Democrático, Kang Jun-hyun, aclaró que el Ejecutivo sólo “esbozó” el propósito general del instrumento.

La idea ya había generado polémica en mayo, cuando el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, planteó la necesidad de repartir entre los ciudadanos los beneficios fiscales generados por el auge de la IA. Sus declaraciones fueron cuestionadas por sectores que interpretaron la propuesta como un intento de repartir beneficios empresariales. El presidente Lee Jae-myung negó esa lectura.

Durante los últimos meses, las grandes tecnológicas insistieron en que la inteligencia artificial creará nuevas oportunidades laborales, pero las empresas ya empezaron a usarla para reorganizar tareas, reducir costos y achicar estructuras. El discurso de la innovación convive con decisiones empresarias que presentan la automatización como una vía para necesitar menos personal en determinadas áreas.

Recientemente, Amazon admitió que la IA reducirá la necesidad de personal corporativo a medida que automatice tareas de oficina. En China, el Gobierno empezó a observar con más precisión el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, en un contexto de preocupación por despidos silenciosos y reestructuraciones vinculadas a la automatización. Distintos estudios sobre demanda laboral también muestran que la IA no sólo elimina puestos: cambia qué tareas se valoran, qué perfiles ganan peso y qué trabajadores quedan más expuestos.

Por eso la iniciativa de Corea del Sur importa más allá de su diseño final. No presenta la IA sólo como una promesa de eficiencia, inversión y crecimiento. La reconoce también como una fuente potencial de desigualdad. En una economía “en forma de K”, la misma tecnología que dispara beneficios para empresas líderes puede dejar atrás a trabajadores jóvenes, empleos administrativos, sectores de menor productividad o regiones menos integradas a la cadena digital.

La pregunta de fondo es laboral. Si la IA permite producir más con menos trabajo, automatizar tareas repetitivas o concentrar ganancias en empresas con capacidad de inversión, el problema no es únicamente tecnológico. Es distributivo: quién captura la productividad, quién financia la transición y qué protección reciben los trabajadores desplazados o presionados por nuevas exigencias.

Corea del Sur intenta anticiparse a esa tensión con un fondo financiado por ingresos fiscales adicionales. La propuesta todavía es general, pero introduce una idea que otros países evitan discutir: si la inteligencia artificial genera una nueva ola de riqueza, una parte debería volver a la sociedad en forma de empleo, capacitación, inversión pública y políticas contra la desigualdad.

Para los trabajadores, la cuestión no es si la IA será buena o mala en abstracto. La cuestión es bajo qué reglas se incorpora. Sin regulación, sin medición del impacto laboral y sin mecanismos de redistribución, el aumento de productividad puede terminar convertido en despidos, precarización o mayor concentración de ingresos. Con políticas públicas, en cambio, puede abrir una discusión distinta: cómo hacer que la tecnología no sea sólo un negocio para las empresas que automatizan, sino también una herramienta para sostener empleo y reducir brechas.

El plan surcoreano todavía está en etapa inicial y enfrenta resistencia política. Pero marca una diferencia frente al entusiasmo acrítico que suele rodear a la inteligencia artificial. Seúl no sólo quiere atraer inversiones en chips, centros de datos e IA física. También empieza a preguntarse cómo evitar que ese crecimiento deje una economía partida en dos: arriba, las empresas y sectores que capturan el boom; abajo, los trabajadores que pagan el costo de la transición.

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China decidió mirar la inteligencia artificial desde el lugar que más incomoda al discurso tecnológico: el empleo. El Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, anunció que hará un seguimiento específico del impacto de la IA sobre el mercado laboral durante los próximos cinco años, dentro de las directrices que marcarán la política nacional de empleo entre 2026 y 2030.

La decisión no frena la carrera tecnológica. China quiere avanzar en inteligencia artificial, competir con Estados Unidos, apuntalar a empresas como DeepSeek, ByteDance, Alibaba o Tencent y reforzar su autosuficiencia en sectores estratégicos. Pero el Gobierno chino también parece asumir algo que muchas compañías prefieren dejar en segundo plano: la IA puede crear empleos, pero también destruirlos, cambiar perfiles laborales, acelerar tareas y dejar trabajadores afuera.

Según informó la agencia EFE, el documento oficial llama a llevar adelante “una investigación en profundidad” para afrontar de manera proactiva el impacto de la IA sobre el empleo. La misma lógica aparece frente a otros factores sensibles para Pekín, como el envejecimiento de la población o los cambios en el “entorno exterior”, una fórmula diplomática que alude a las tensiones geopolíticas, especialmente con Estados Unidos.

El punto más relevante es la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación del impacto de la IA sobre el empleo. Ese dispositivo deberá desarrollar un sistema de encuestas para analizar cómo influye la tecnología en el mercado laboral: no sólo cuántos puestos puede destruir, sino también qué nuevos empleos puede crear, qué perfiles empiezan a buscar las empresas y cuánto penetran estas herramientas en los lugares de trabajo.

La diferencia de enfoque importa porque, en buena parte del debate global, la inteligencia artificial aparece presentada como innovación, productividad o ventaja competitiva. China decidió ubicarla también como un riesgo laboral que debe medirse. El mensaje político del gigante asiático es que el impacto de la IA no puede quedar librado únicamente a las empresas que la incorporan, la venden o la usan para reorganizar su personal.

Las directrices chinas también plantean mejorar la capacidad oficial para seguir y advertir riesgos relacionados con el empleo. Pekín quiere establecer un sistema de alerta temprana para regiones, industrias, empresas, grupos de población o períodos considerados clave. La idea es detectar dónde puede aparecer una presión laboral antes de que se transforme en desempleo abierto, conflicto social o deterioro de ingresos.

El tamaño del problema explica la cautela. La tasa oficial de desempleo urbano cerró mayo en 5,1%, dentro del límite máximo de 5,5% fijado para este año. Pero China tiene una fuerza laboral de más de 767 millones de personas. En una economía de esa escala, un salto en el desempleo puede convertirse en un factor de desestabilización social y afectar la base de legitimidad del Partido Comunista, construida durante décadas sobre crecimiento, empleo y mejora material.

Las estadísticas oficiales chinas fueron cuestionadas en distintas ocasiones por su confiabilidad. Tal vez por eso, las autoridades también prevén utilizar métricas alternativas, como pagos móviles o consumo industrial de electricidad, para analizar la evolución del mercado laboral mediante macrodatos, lo más próximo a un monitoreo en tiempo real.

El plan no presenta la inteligencia artificial solamente como una amenaza sino que también habla de aprovecharla para promover el empleo, explorar nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas y aplicar esas herramientas en políticas y servicios laborales. La formulación oficial apunta a aprovechar los “dividendos” del desarrollo de la IA para garantizar empleo y mejorar el sustento de la población.

China no quiere elegir entre IA y empleo: quiere las dos cosas

El país asiático se propone acelerar la tecnología y evitar que la automatización golpee el mercado laboral con fuerza suficiente como para erosionar ingresos, expectativas y estabilidad social. El desafío es enorme porque los sectores más expuestos no son únicamente los industriales sino que quedan alcanzados servicios, comercio, tareas administrativas, atención al cliente, logística, programación, diseño, educación y funciones de oficina.

La decisión china llega en una semana en la que el debate global volvió a mostrar sus dos caras. Jeff Bezos dijo en VivaTech, la feria tecnológica de París, que la inteligencia artificial no volverá redundantes a los humanos y que incluso puede generar escasez laboral. Esa mirada optimista es habitual entre los dueños de la tecnología: cada revolución destruye ciertos trabajos, pero crea otros nuevos; cada herramienta aumenta la productividad y abre oportunidades.

Los datos que circulan en Estados Unidos muestran un cuadro menos lineal. En mayo, los empleadores estadounidenses anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por Reuters. Gartner, además, advirtió que cerca del 80% de las grandes organizaciones que prueban o despliegan capacidades autónomas reportó reducciones de personal, pero que esos recortes no necesariamente se traducen en mejores resultados.

Ese contraste no convierte a China en un modelo laboral ideal. El país mantiene fuertes restricciones políticas, limita la organización sindical independiente y administra la información pública bajo control estatal. Pero el movimiento sí muestra otra forma de encarar la discusión: la IA no aparece sólo como una apuesta de innovación empresarial, sino como una variable que puede afectar empleo, ingresos, capacitación, perfiles laborales y estabilidad social.

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Jeff Bezos eligió el tono optimista: la inteligencia artificial no va a dejar a los humanos sin trabajo, dijo, sino que puede crear una escasez de trabajadores. El problema es que, mientras los dueños de la tecnología prometen abundancia futura, muchas empresas vienen usando la IA para justificar despidos presentes.

El fundador de Amazon habló este miércoles en VivaTech, la feria tecnológica de París, y presentó una mirada casi inversa a la que temen millones de trabajadores: según él, la IA no hará redundantes a las personas, sino que bajará barreras, permitirá crear más, construir más y multiplicar las tareas disponibles. En su lectura, el problema no será la falta de empleo, sino la falta de trabajadores.

La frase encaja bien en el discurso de Silicon Valley: cada revolución tecnológica destruye ciertos puestos, pero crea otros nuevos; cada herramienta libera tiempo, aumenta productividad y abre oportunidades. Sin embargo, el mercado laboral ya muestra una zona bastante menos luminosa. En mayo, los empleadores de Estados Unidos anunciaron 97.006 recortes de puestos y el 40% de esos despidos estuvo vinculado a la inteligencia artificial, según datos de Challenger, Gray & Christmas citados por la agencia Reuters.

Los dueños de la IA prometen trabajo futuro, pero las empresas ya contabilizan trabajadores presentes como costo reemplazable. La discusión no es si la tecnología puede aumentar la productividad. Puede hacerlo. La pregunta laboral es quién captura esa productividad, quién pierde el puesto en nombre de la eficiencia y qué pasa con quienes quedan dentro de organizaciones cada vez más automatizadas.

El propio caso de Amazon muestra el contraste. Reuters recordó que la empresa recortó unos 30.000 puestos corporativos desde fines del año pasado, en parte por ganancias de eficiencia asociadas a la IA. Andy Jassy, su CEO, ya había advertido que la mayor automatización mediante herramientas de inteligencia artificial derivaría en pérdidas de empleo corporativo. Bezos habla de escasez de trabajadores; la empresa que fundó viene achicando personal.

Un informe reciente de Gartner ayuda a ordenar esa discusión. La consultora relevó a 350 ejecutivos globales de empresas con ingresos anuales de al menos US$1.000 millones que ya estaban probando o desplegando capacidades autónomas, como agentes de IA, automatización inteligente u otras tecnologías similares. Cerca del 80% reportó reducciones de personal. Pero Gartner marcó un punto incómodo para los propios empresarios: esos recortes no parecen traducirse necesariamente en retorno de inversión.

La advertencia es fuerte porque discute el reflejo más elemental de muchas compañías: despedir para demostrar que la IA “rinde”. Gartner lo dijo en términos empresariales, no sindicales: las reducciones de personal pueden liberar presupuesto, pero no crean retorno por sí solas. Las organizaciones que mejoran sus resultados no son necesariamente las que eliminan personas, sino las que invierten en habilidades, roles y modelos operativos para que los humanos guíen, gobiernen y escalen los sistemas autónomos. Es decir que cortar cabezas puede mejorar un Excel en el corto plazo, pero no prueba que la inteligencia artificial esté creando valor real. Puede ser apenas una forma nueva de nombrar un ajuste viejo.

El debate público sobre la IA está en un brete

Ese punto importa porque buena parte del debate público sobre IA quedó atrapado en dos extremos. De un lado, el entusiasmo empresario que imagina una productividad sin límites. Del otro, la idea de un reemplazo total e inmediato de trabajadores por máquinas. La evidencia empieza a mostrar algo más complejo: no todos los puestos desaparecen, pero muchas tareas se reorganizan; no todos los trabajadores son despedidos, pero muchos empleos cambian; no toda búsqueda laboral se cancela, pero algunas contrataciones se enfrían o se rediseñan.

Ahí entra otro estudio reciente, Generative AI and the Reorganization of Labor Demand, elaborado por Fangyan Wang, Zaiyan Wei y Yang Wang. El trabajo analizó ofertas de empleo en Estados Unidos y buscó medir cómo las empresas reorganizan la demanda laboral a medida que se difunde la inteligencia artificial generativa. Su conclusión no es simplemente que la IA destruye empleos. Es más precisa: las firmas están modificando dónde contratan, qué puestos buscan y qué tareas incluyen dentro de cada empleo.

El estudio identificó dos movimientos principales. Por un lado, la reasignación de demanda entre puestos: las empresas cambian qué perfiles buscan y cuáles dejan de priorizar. Por otro lado, el rediseño interno de los trabajos: las tareas que antes formaban parte de un puesto pueden desaparecer, mezclarse con otras o quedar absorbidas por herramientas de IA.

Los autores calcularon que la reasignación de demanda entre empleos explicó en promedio el 52% del ajuste, mientras que el rediseño de tareas dentro de los puestos representó el 39,5%. La IA no sólo amenaza con eliminar trabajos: también cambia la arquitectura interna del empleo, altera qué se espera de cada trabajador y reordena las puertas de entrada al mercado laboral.

Ese matiz es central para mirar el impacto sobre jóvenes y perfiles iniciales. El estudio encontró que los puestos senior tienden a ajustarse antes, sobre todo mediante cambios en la demanda entre empleos, mientras que los puestos junior enfrentan una combinación más amplia de reasignación, rediseño de tareas e interacción entre ambos procesos. En otras palabras: quienes recién ingresan al mercado laboral pueden encontrarse con menos tareas de aprendizaje, menos posiciones de entrada o puestos que exigen desde el primer día habilidades antes reservadas para perfiles con más experiencia.

La pregunta no es sólo cuántos empleos destruye la IA sino qué tipo de empleo deja en pie. Si las tareas más repetitivas, administrativas o iniciales pasan a herramientas automatizadas, una parte del aprendizaje laboral puede desaparecer del recorrido. Lo que para una empresa aparece como eficiencia puede significar para un trabajador joven menos oportunidades para entrar, equivocarse, aprender y acumular experiencia.

Cuando una compañía incorpora IA y reduce personal, las tareas no siempre desaparecen: muchas veces se redistribuyen entre menos trabajadores, se aceleran los tiempos, se amplían responsabilidades y se espera que cada persona produzca más con herramientas nuevas. La productividad prometida puede convertirse en sobrecarga real si no se discuten jornada, salarios, capacitación, control humano y participación sindical.

El dato de Gartner vuelve ahí con fuerza. Si las empresas que recortan no obtienen necesariamente mejores retornos, entonces el despido no aparece como una consecuencia inevitable de la tecnología, sino como una decisión de gestión. La IA no firma telegramas. Los firman empresas que eligen convertir una herramienta de productividad en una poda de personal.

Bezos no es el único empresario que presenta una mirada optimista. Buena parte del sector tecnológico insiste en que la IA creará empleos nuevos, abrirá mercados y permitirá a las personas dedicarse a tareas de mayor valor. Puede ocurrir en algunos casos. La historia del trabajo muestra que las innovaciones no sólo destruyen ocupaciones: también crean otras. Pero esa transición nunca fue automática, neutral ni indolora. Siempre tuvo ganadores, perdedores, conflictos y reglas.

La diferencia es que esta vez la promesa llega en un contexto de empresas que ya usan la IA para achicar estructuras, justificar congelamientos de contratación o exigir más producción con menos personal. En ese marco, hablar de “trabajos del futuro” sin mirar los despidos del presente sirve más a la estrategia comunicacional de las compañías que a la experiencia concreta de los trabajadores.

También hay una disputa por el relato. Si una empresa despide y dice que lo hace por IA, coloca el recorte bajo una apariencia de inevitabilidad técnica. Parece una consecuencia del progreso, no una decisión empresarial. Pero los estudios disponibles empiezan a mostrar que la relación entre inteligencia artificial, productividad y empleo es más política y organizacional que automática. Depende de cómo se implementa, quién decide, qué tareas se automatizan, qué trabajadores se capacitan y qué derechos se protegen.

Para trabajadoras y trabajadores, el punto no es rechazar la tecnología. Es impedir que la tecnología sea usada como una excusa para precarizar. La IA puede asistir tareas, reducir cargas repetitivas, mejorar procesos y abrir funciones nuevas. Pero también puede concentrar poder empresario, debilitar puestos de entrada, acelerar ritmos, justificar despidos y trasladar a los trabajadores el costo de una transición que beneficia a accionistas y ejecutivos.

El discurso de Bezos resume la promesa. Los datos de despidos muestran la práctica. Gartner agrega una advertencia empresaria: despedir no garantiza resultados. Y el estudio sobre demanda laboral muestra el cambio más profundo: el mercado de trabajo no sólo pierde o gana puestos, sino que se reorganiza desde adentro.

La discusión, entonces, no debería quedar en si la IA “crea” o “destruye” empleo en abstracto. La pregunta es quién gobierna esa transformación. Si la deciden sólo las empresas, la productividad puede terminar convertida en menos puestos, más presión y menos poder de negociación. Si intervienen sindicatos, Estados, regulaciones y trabajadores, la tecnología puede distribuir de otra manera sus beneficios.

JJD

Suena el despertador y Henar abre LinkedIn, revisa el correo, investiga sobre algunas empresas, se prepara una entrevista, corrige una carta de presentación y actualiza su hoja de Excel. No cobra por esas horas, aunque se parecen bastante a una jornada laboral, y muchas veces no recibe ni siquiera una respuesta. Tarda más de cien solicitudes y cinco meses en conseguir un contrato que se adapte a su currículum y necesidades. 

“Al volver a España, tras un tiempo viviendo en Australia, me imaginé que no tendría problema en encontrar un trabajo en el sector del marketing, con unas condiciones adecuadas a los seis años de experiencia que ya tenía, pero no fue así”, cuenta Henar, de 28 años, que dedicaba las mañanas enteras a buscar y presentarse a puestos vacantes en su especialidad. “Al final yo no contaba con seguro de desempleo ni con ninguna ayuda económica y tener que tirar de ahorros era lo que más agobiaba”, confiesa.

Con una tasa de desempleo en torno al 10%, buscar empleo en España se convirtió para muchos en una especie de paradoja estadística: el mercado laboral se expande, pero también lo hace la población activa, por lo que en ciertos sectores el acceso puede ser muy competitivo. El año pasado, el portal de empleo InfoJobs registró 136 millones de inscripciones para 2,5 millones de vacantes. Es decir, aunque la oferta creció un 1% con respecto a 2024, el número de candidaturas lo hizo en un 5%, recoge el informe InfoJobs-Esade sobre el Estado del mercado laboral español 2025.  

Cuantos más candidatos, más exigentes se vuelven los requisitos y más largos los procesos. Presentaciones en video, cartas de motivación, análisis de negocio e incluso hay empresas que llegan a pedir el desarrollo de proyectos completos no remunerados antes de contratar. Esta tendencia, en forma de embudo, deja caer el peso de la selección sobre el más vulnerable del proceso: el propio aspirante.

Adaptaba casi cada currículum para matizar más detalles según lo que indicaba la oferta. Esto me llevaba una media de treinta minutos para cada solicitud, puedes imaginarte las horas, emoción y esfuerzo implicado

Henar — 28 años

“Con el nivel de competencia que hay hoy en día en el sector del marketing era necesario sobresalir del resto de candidatos, por eso adaptaba casi cada currículum para matizar más detalles según lo que indicaba la oferta. Esto me llevaba una media de treinta minutos para cada solicitud; puedes imaginarte las horas, emoción y esfuerzo implicado”, explica Henar, que apunta al desgaste psicológico de decidir si merece la pena postularse, interpretar si se encaja en el perfil o sostener la motivación más allá de los rechazos.

“Buscar trabajo es en sí mismo un ‘trabajo invisible’ que exige tiempo, energía cognitiva y regulación emocional constante”, afirma Gema Sánchez Cuevas, psicóloga clínica. “Implica enfrentarse a la incertidumbre, a posibles rechazos, a procesos largos y a una evaluación continua, tanto en currículums como en entrevistas u otras pruebas. Además, activa mecanismos psicológicos como la anticipación y la comparación social, que consumen muchos recursos mentales”, desarrolla. 

El silencio como respuesta

Uno de los elementos que más desgaste produce, y en el que coinciden todas las fuentes consultadas, es el ghosting laboral o la falta de respuestas, ese silencio atronador que deja al candidato en un limbo de incertidumbre después de una entrevista o prueba. “Sigue siendo una mala práctica, que impacta directamente en la marca empleadora, aunque muchas empresas todavía no lo gestionan como deberían”, reconoce la experta en recursos humanos y orientación laboral Sofía Suárez. “En muchos casos no es desinterés, es falta de estructura, procesos mal definidos, cambios internos o excesivo volumen de candidaturas”, aduce.

“Me llamó mucho la atención la cantidad de veces que las empresas te ignoran. Es entendible que no puedan ver las más de cien solicitudes recibidas, pero lo raro es recibir incluso un ‘no’, solo silencio”, asegura Henar, sobre lo que fue para ella la parte más agotadora de la búsqueda de trabajo. “También me encontré con varias empresas que habiendo pasado varias fases deciden no dar más respuestas llegados a cierto punto, que es lo más frustrante”, añade. Esta forma de rechazo se ha normalizado hasta el punto de que muchos candidatos ya ni esperan recibir una respuesta.

“Nuestro cerebro tiende a rellenar ese vacío con interpretaciones negativas, del tipo ‘no soy suficiente’, ‘algo va mal en mí’, lo que puede erosionar la autoestima. Además, se rompe una expectativa básica de reciprocidad: si invierto tiempo y esfuerzo, espero al menos una respuesta”, explica Sánchez Cuevas. “Aquí también hay evidencia clara: el apoyo social, la resiliencia y las estrategias de afrontamiento actúan como factores protectores frente al deterioro de la salud mental en personas desempleadas”, añade la psicóloga. 

Buscar trabajo es en sí mismo un ‘trabajo invisible’ que exige tiempo, energía cognitiva y regulación emocional constante

Gema Sánchez Cuevas — psicóloga clínica

Al desgaste de la incertidumbre, en ocasiones se le suma la confusión de la situación laboral con el valor personal. Para Lucía, graduada en Trabajo Social, era más duro aguantar comentarios u opiniones no solicitadas que actualizar el currículum. “Te dicen lo típico de que ya te advirtieron de que tu carrera no tenía salida o que por qué estudiaste eso”, que aunque sea con buena intención, en ese momento de agobio pueden derivar en una crisis de identidad, lamenta.

“Te entran esos miedos de que no vas a conseguir nunca trabajo de lo que has estudiado y que tienes que estudiar otra cosa”, confiesa Lucía, que cursó el grado superior de Administración y finanzas por ese mismo motivo. “Estuve combinando el grado superior con un trabajo en Burger King durante prácticamente un año, luego empecé a trabajar en Mercadona y también en eventos, comuniones y demás con niños hasta que terminé el grado superior”, relata, porque de buscar trabajo no se puede vivir.

Al terminar las prácticas de Administración y finanzas le ofrecieron un contrato, pero justo entonces la contactaron para ejercer como trabajadora social en un hospital. “Pasaron dos años para conseguir mi primer trabajo de lo que había estudiado”, reconoce. “Lo que más me ayudó en todo este proceso fue mantenerme vinculada con la profesión. Con mi perfil de redes sociales tenía mucho contacto con distintas trabajadoras sociales y estaba muy presente en la realidad social, porque es muy fácil una vez que terminas la carrera y no encuentras trabajo dedicarte a otra cosa y disociar y perder el vínculo”, destaca Lucía, que aconseja hacer ese esfuerzo extra por mantenerse al día de lo que pasa en el sector.

Cómo hacer una búsqueda sostenible

“Buscar trabajo no es solo un ejercicio profesional, es también un proceso personal”, incide Sofía Suárez, para quien la clave está en diferenciar dos planos. “Por un lado, el estratégico: revisar dónde estás aplicando, cómo te estás posicionando, si estás haciendo seguimiento de candidaturas y si estás activando el networking de forma intencionada. Pero, por otro lado, el plano interno: si dudas de tu valor, eso acaba reflejándose en cómo te comunicas, en entrevistas, en tu CV o incluso en cómo te relacionas con oportunidades”, subraya la experta en recursos humanos.

“El principal error que suelen cometer los candidatos no es técnico, sino estratégico: postular sin entender qué necesita realmente esa vacante”, aclara Suárez. “Hoy no basta con decir lo que has hecho, sino qué has conseguido con ello. La búsqueda deja de ser ‘a ver si encajo en algo’ y pasa a ser ‘sé dónde aporto valor y voy a por ello”, detalla.

Otro error común, según la experta, es el envío automático: “Mandar cientos de candidaturas sin foco suele ser poco efectivo, pero obsesionarse con personalizar cada detalle tampoco es sostenible. Aquí la clave no es disparar más, sino apuntar mejor”. “Un buen CV no es el más bonito ni el más largo, es el que se entiende en pocos segundos. Si en ese tiempo no queda claro qué aportas, se descarta”, asegura Suárez, que recomienda claridad y coherencia.

El 'ghosting' laboral o la falta de respuesta a los candidatos 'sigue siendo una mala práctica, que impacta directamente en la marca empleadora, aunque muchas empresas todavía no lo gestionan como deberían', apunta la experta en orientación laboral Sofía Suárez

Desde el punto de vista de la psicología, Gema Sánchez Cuevas aboga por priorizar la constancia frente a la intensidad. “El burnout aparece cuando se combinan esfuerzo sostenido, falta de resultados y baja percepción de control”, analiza. Por eso, la psicóloga aconseja estructurar la búsqueda en horarios concretos, “para evitar estar todo el día pendiente”; establecer objetivos realistas, en lugar de esperar resultados inmediatos; separar la propia identidad del resultado de la búsqueda; cuidar la salud mental, con descanso, actividad física y espacios de desconexión; y apoyarse en la red social, porque compartir el proceso reduce el aislamiento y aporta perspectiva. “La clave es sostener la motivación sin caer en la autoexigencia extrema”, resume Sánchez Cuevas. 

Desde el lado corporativo, la asignatura pendiente es la humanización y transparencia de los procesos de selección. Las empresas tienen un papel fundamental en dejar de tratar a los candidatos como simples filtros alejándose del silencio administrativo y el ghosting, “aunque sea con respuestas automatizadas que permitan al aspirante cerrar el ciclo”, apunta Sánchez Cuevas. La psicóloga también cree vital reducir la complejidad de las fases de selección y evitar las pruebas excesivas no remuneradas, que suponen una transferencia injusta de costes operativos al trabajador. 

“Las propias entidades tienen que ser conscientes de qué necesitan y qué están ofreciendo, porque veo ofertas de trabajo que a lo mejor son 15 horas a la semana y quieren una persona con dos o tres años de experiencia. Esas ofertas de trabajo no son para personas con experiencia, si tienes que pagar gastos y una vida un poco planificada no puedes coger una oferta así”, reclama Lucía, que pide coherencia entre lo que se exige y lo que se ofrece. 

Fernando Majeras, propietario del frigorífico Don Theo, confirmó que recibió más de cuatro mil currículums para cubrir 60 puestos de trabajo para un nuevo establecimiento que abrirá en la localidad bonaerense de Moreno y que buscaba personal administrativo, carniceros, polleros, fiambreros, choferes, carga y descarga, marketing, limpieza, promoción, control de balanza, mantenimiento, cocineros y cajeros. Hubo unas diez cuadras de fila de postulantes.

“Hay un poco más de cuatro mil, así que ahora tenemos una ardua tarea por delante de sentarnos a seleccionar”, señaló el empresario en diálogo con Radio Splendid.

Majeras explicó que la convocatoria fue sin límite de edad “porque creemos que tanto la gente joven que empieza tiene empuje, fuerza, y la gente más grande tiene experiencia”.

La oferta de trabajo se canalizó a través de redes sociales y motivó más de 10 cuadras de cola en la los alrededores del frigorífico, que aún está en construcción, lo que obligó a la policía a ordenarla.

“Hubo chicos de 18 años y gente de 70 y pico de años... muy, muy amplia la banda y muy movilizante”, confesó el dueño del frigorífico Don Theo.

Además, aseguró que “tratan de apostar siempre a crecer, a expandirnos. Yo siempre digo que lo que no adelanta atrasa, entonces tratamos de no quedarnos quietos.”

“Es un momento difícil, sí, no escapa a nadie eso, pero justamente ampliándonos y tratando de vender más es la manera de paliar eso y de estar listos cuando todo esto mejore”, remarcó.

Por su parte, Carolina, otra de las dueñas del emprendimiento, se expresó en el mismos entido y la sensación que les quedó al vez la cantidad de gente que hacía horas de fila bajo la lluvia: “Es tristísimo ver tanta gente, me pone mal. Es impresionante. Nosotros podemos contribuir con un par de puestos, pero es muy triste lo que pasa”, lamentó en una entrevista con Radio La red.

Con información de agencias.

La desocupación volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires al cierre de 2025 y dejó una señal clara del deterioro del mercado laboral: cada vez más personas buscan trabajo o intentan ampliar sus ingresos mientras el empleo no muestra crecimiento. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), el desempleo alcanzó el 7,3% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre del año.

Ese nivel se ubicó por encima del registrado un año antes, cuando la desocupación había sido del 6,7%. También marcó un aumento frente al trimestre anterior: entre julio y septiembre de 2025 el desempleo había sido del 6,3%.

Pero el indicador más amplio del informe muestra una presión laboral aún mayor. Si se suman los desocupados, los trabajadores subocupados que buscan más horas y las personas ocupadas que están intentando cambiar o ampliar su empleo, el 12,7% de la población económicamente activa presiona sobre el mercado de trabajo. Es decir, más de uno de cada diez trabajadores busca entrar al empleo o mejorar su inserción laboral.

El aumento de esa presión se explica en parte por la dinámica del propio mercado laboral. La tasa de actividad —que mide a la población que participa del mercado de trabajo— se ubicó en 64,1%, mientras que la tasa de empleo quedó en 59,4%. El organismo estadístico señaló que la actividad mostró una leve expansión interanual, pero el empleo no registró cambios significativos.

Ese desfasaje describe un fenómeno recurrente en contextos de fragilidad laboral: más personas salen a buscar trabajo, pero el número de puestos disponibles no crece al mismo ritmo.

Desigualdades en el acceso al trabajo

El informe también mostró diferencias en la distribución del desempleo según sexo. Las mujeres representaron el 52,0% de las personas desocupadas, mientras que los varones concentraron el 48,0%. La tasa de desocupación femenina llegó al 7,6%, frente al 7,0% en los hombres.

Las brechas también aparecen en el mapa de la Ciudad. Las zonas Norte y Centro presentan niveles de actividad y empleo más altos que el Sur, donde la tasa de actividad alcanza el 60,7% y la de empleo el 53,7%. En cambio, en las zonas Norte y Centro la participación laboral llega al 65,2% y el empleo supera el 61%.

Estas diferencias territoriales reflejan que las oportunidades laborales no se distribuyen de manera homogénea dentro de la Ciudad, incluso dentro de un mismo mercado urbano.

Subocupación y trabajo insuficiente

Además del desempleo abierto, el informe registró un aumento de la subocupación. La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— alcanzó el 9,3% de la población activa, lo que implicó una suba de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Dentro de ese grupo, más de la mitad de las personas subocupadas (57,5%) no buscan activamente ampliar su jornada laboral. El resto sí intenta sumar horas o conseguir otro empleo, lo que contribuye a aumentar la presión sobre el mercado laboral.

El informe también detalla la composición del empleo en la Ciudad. El 72,0% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia, mientras que el 22,1% lo hace por cuenta propia.

Entre los asalariados, el 70,3% cuenta con cobertura jubilatoria, mientras que en el 29,% restante los empleadores no realizan aportes previsionales. En el caso del trabajo independiente, el panorama es más heterogéneo: el 59,1% de los cuentapropistas está registrado y paga regularmente, mientras que el 34,5% no tiene registro para ejercer su actividad y el 6,4% restante no mantiene regularidad en los pagos.

La suma de las dos últimas categorías implica que dos de cada cinco trabajadores por cuenta propia quedan por fuera de las regulaciones, una proporción que aumentó interanualmente según el relevamiento oficial.

El informe del organismo estadístico porteño muestra así un escenario en el que el problema del empleo no se limita a la falta de trabajo. También aparece en la insuficiencia de horas laborales, en la expansión del cuentapropismo sin regulación plena y en la creciente cantidad de trabajadores que buscan mejorar su inserción laboral dentro de un mercado que no genera nuevos puestos al mismo ritmo.

JJD

Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de apertura de 100 locales en cinco años y la posibilidad de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, en un contexto de deterioro del empleo y caída de los ingresos laborales. El desembarco incluyó una inversión anunciada de US$50 millones y la apertura de su primer local en el microcentro porteño, con una estrategia de expansión en shoppings y aeropuertos.

El anuncio se produjo en un mercado laboral que mostró señales de empeoramiento para quienes trabajan o buscan empleo. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0%, según el INDEC. En paralelo, creció la presión sobre el mercado de trabajo, con más personas ocupadas que buscaron otro empleo o más horas para sostener ingresos.

Todo esto se produce durante el gobierno de Javier Milei, quien, paradójicamente, se autodeclaró enemigo del comunismo chino.

El deterioro del empleo asalariado registrado también formó parte del escenario en el que se anunció la inversión. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, sostuvo que “en lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. Esa dinámica implicó un reemplazo parcial de empleo formal por formas más precarias de inserción laboral.

En ese contexto, la promesa de generación de empleo asociada a la expansión de la china Miniso aparece acotada frente a la magnitud de la destrucción de puestos registrados. Incluso en el escenario más alto planteado por la empresa, de 1.000 empleos en cinco años, el impacto potencial resultó menor frente a la pérdida de empleo asalariado acumulada en el mismo período.

El modelo de negocios que la empresa proyectó para el país también se apoyó en una fuerte presencia de productos importados. Según se detalló, la mayoría de los artículos que se comercializarán en los locales serán de origen externo, con una oferta que incluye licencias internacionales como Disney, Marvel o Sanrio, y una renovación constante de productos orientada al consumo masivo.

La llegada de la firma se inscribió además en un escenario económico atravesado por la apertura de importaciones y la caída del consumo, factores que ya impactaron en la actividad de empresas locales. En distintos sectores, esa combinación derivó en despidos, suspensiones y dificultades financieras, especialmente en industrias y comercios orientados al mercado interno.

La estrategia de Miniso apuntó a instalarse en zonas de alto tránsito y captar público joven, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados y tiendas insignia de mayor tamaño. El primer punto de venta abrirá en la peatonal Florida y luego se sumarán sucursales en centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, con expansión progresiva al resto del país.

La proyección de crecimiento de la empresa se basó en su expansión global, con presencia en más de 100 países y miles de tiendas, pero su desempeño en Argentina dependerá de un mercado interno en retracción y de un escenario laboral más inestable. En ese marco, la creación de empleo asociada a nuevas inversiones convive con una dinámica general de pérdida de puestos asalariados y aumento de formas laborales más frágiles.

Hasta el momento, el anuncio no modificó la tendencia general del mercado de trabajo, que mostró más desocupación, menor tasa de empleo y mayor precarización. La evolución de la inversión y la apertura efectiva de locales determinarán si la promesa de empleo se concreta en un contexto donde las condiciones para sostener la actividad comercial siguen condicionadas por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.

JJD

La desocupación cerró 2025 en 7,5% y marcó el nivel más alto desde la salida de la pandemia en los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. El dato implicó una suba interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto del 6,4% del cuarto trimestre de 2024, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0% y la de actividad pasó de 48,8% a 48,6%. El propio INDEC aclaró que, en la comparación interanual, la suba del desempleo sí resultó estadísticamente significativa, pero que las variaciones en actividad y empleo no lo hicieron.

El deterioro volvió a recaer con más fuerza sobre los trabajadores más jóvenes. Entre las personas de 14 a 29 años, la tasa de desocupación de las mujeres subió de 13,8% a 16,8% en un año, mientras que la de los varones pasó de 12,5% a 16,2%. En términos del informe técnico, eso significó aumentos interanuales de 3,0 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente. Para las edades centrales, de 30 a 64 años, el INDEC registró estabilidad. El mercado laboral, así, volvió a mostrar una puerta de entrada cada vez más estrecha para quienes buscaban su primer empleo o intentaban sostener trayectorias laborales todavía frágiles.

El dato general escondió además una presión laboral más amplia que la desocupación abierta. En el cuarto trimestre, los desocupados representaron el 7,5% de la población económicamente activa, pero a eso se sumó un 16,5% de ocupados demandantes de empleo y un 6,0% de ocupados no demandantes disponibles. En conjunto, la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 30,0%. En otras palabras, no solo creció la cantidad de personas sin trabajo: también siguió siendo alta la proporción de quienes ya tenían una ocupación pero buscaron otra o quisieron trabajar más horas para completar ingresos.

La foto del empleo confirmó un mercado más precario y más fragmentado. Sobre 13,5 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, el 71,5% fueron asalariados y el 28,5% no asalariados. Dentro de este último grupo, el 86,9% correspondió a trabajadores por cuenta propia. A la vez, la informalidad laboral alcanzó al 43,0% de los ocupados, prácticamente en línea con un año antes. Es decir, aun cuando parte de la caída del empleo asalariado registrado se compensó con más monotributo, cuentapropismo o changas, eso no alcanzó para evitar que el desempleo avanzara ni para revertir la degradación de las condiciones de inserción laboral.

La población desocupada también mostró un sesgo generacional nítido. En la composición del total de personas sin trabajo, los varones de hasta 29 años representaron el 27,9% y las mujeres de hasta 29 años el 23,1%. Sumados, explicaron más de la mitad de la desocupación total medida por la encuesta. A la vez, el 46,7% de las personas desocupadas fueron hijos o hijas dentro del hogar, otro indicador de que la pérdida o la falta de empleo se concentró en franjas más jóvenes y en hogares donde la inserción laboral todavía dependió de trayectorias inestables.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, ya había advertido con datos del SIPA que el deterioro del empleo registrado seguía profundizándose. El 13 de marzo escribió: “En lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. En el mismo hilo sostuvo que el empleo privado registrado acumuló siete meses seguidos de destrucción, que en el sector privado ya se perdieron más de 200.000 puestos en dos años y que la industria eliminó casi 40.000 empleos durante 2025, sobre todo en el segundo semestre.

La combinación entre más monotributo, más cuentapropismo y más búsqueda de horas o empleos adicionales no funcionó como una salida para quienes trabajaron. Los datos del INDEC mostraron que la tasa de empleo no recuperó el nivel de un año atrás y que el desempleo sí avanzó. El resumen ejecutivo del organismo estimó además 1,1 millones de desocupados y 13,5 millones de ocupados en el universo cubierto por la EPH urbana. En ese cuadro, la expansión de formas laborales más inestables no operó como compensación real de la pérdida del empleo asalariado, sino como parte de un mercado que absorbió peor y con menos protección a quienes necesitaron trabajar.

La región más afectada por la desocupación volvió a ser el Gran Buenos Aires, con una tasa de 8,6%, seguida por la región Pampeana con 7,7%. En los aglomerados de 500.000 habitantes y más, el desempleo llegó al 8,0%, contra 4,7% en los de menor tamaño. Esa concentración territorial importó porque allí se ubicó una parte decisiva del empleo industrial, comercial y de servicios urbanos que en los últimos meses mostró señales de contracción. Campos advirtió justamente que, además de la industria, el comercio empezó a exhibir una fase contractiva en el segundo semestre de 2025, con potenciales efectos más graves sobre el mercado laboral.

Para quienes trabajaron o buscaron hacerlo, el cierre de 2025 dejó una evidencia difícil de discutir: aumentó la desocupación, no mejoró el empleo y la crisis pegó más fuerte entre los jóvenes. El monotributo y el cuentapropismo absorbieron una parte del golpe, pero no evitaron que creciera la cantidad de personas sin empleo ni que se ampliara la presión sobre el mercado de trabajo.

JJD

La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y del 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la cantidad de trabajadores no presentó variaciones.

JJD