El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py hacia la cárcel de Ezeiza. De Vido fue ingresado a uno de los vehículos de la Policía Federal pasadas las 16, después de haberse presentado por la mañana a los tribunales de Comodoro Py.

El ex funcionario había ingresadoo a los tribunales a las 8.15 para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme el martes último la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

De Vido está condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

El mensaje de la agrupación de Larroque tras la sentencia a De Vido

La agrupación La Patria es el Otro, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, expresó este jueves su solidaridad con De Vido y denunció una “persecución judicial” contra el peronismo.

“Desde La Patria es el Otro expresamos nuestra solidaridad con el compañero De Vido frente a la persecución del aparato judicial que hoy vuelve a privarlo de su libertad de manera arbitraria e ilegítima”, señaló la organziación en un comunicado.

El espacio acusó a la Justicia de actuar “al servicio del poder económico” y de formar parte de “un plan de disciplinamiento generalizado a la dirigencia política, gremial y social mientras avanza el plan de entrega y empobrecimiento del presidente Javier Milei”.

En el texto, la agrupación advirtió que “el avance feroz de destrucción de derechos y de entrega de nuestra soberanía se sostiene con la complicidad de un aparato mediático, político y judicial corrupto que vulnera el estado de derecho argentino condenando y encarcelando a dirigentes de la oposición”.

“Solo la organización del pueblo puede vencer a estos poderes corruptos y mafiosos”, concluye el comunicado, que llama a “reconstruir una alternativa federal, democrática, soberana y con justicia social”.

Con información de la agencia NA

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien deberá cumplir en prisión la condena de cuatro años impuesta por la Tragedia de Once. El exfuncionario se presentará este jueves a las 10 en los tribunales de Comodoro Py, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4.

El abogado defensor, Maximiliano Rusconi, había solicitado el beneficio de la detención en su domicilio en razón de la edad del exministro, de 75 años, y su estado de salud, pero el tribunal rechazó el planteo y ratificó la citación para el 13 de noviembre de 2025.

En un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, Rusconi calificó de “arbitraria” la decisión judicial y cuestionó la “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” con la que, según él, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa.

El letrado adelantó además que realizará una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, por considerar que la medida vulnera los derechos de su defendido.

El fallo firmado por los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel determinó “mantener indefectiblemente la convocatoria” y negar la prisión domiciliaria, dejando sin efecto los argumentos esgrimidos por la defensa.

La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, dejó 51 muertos y más de un centenar de heridos cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra el andén de la estación terminal.

Con información de NA y medios

JIB

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al rechazar por “inadmisibles” los recursos presentados tanto por la defensa como por la Fiscalía en la causa por la Tragedia de Once. Tras la decisión del máximo tribunal, el Tribunal Oral Federal Nº 4 ordenó que el exfuncionario se presente este jueves a las 10 de la mañana para concretar su detención.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes ratificaron la responsabilidad penal de De Vido como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, confirmaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa se originó tras el choque del tren de la línea Sarmiento contra la cabecera de la estación de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. El hecho, considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia argentina, derivó en múltiples procesos judiciales por corrupción y negligencia en la gestión del transporte público.

En 2018, el Tribunal Oral Federal Nº 4 había condenado a De Vido al entender que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), a cargo del servicio. Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo —vinculado directamente con las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente—, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Inicialmente, el tribunal había fijado una pena de cinco años y ocho meses de prisión, pero la Corte redujo la condena a cuatro años tras revisar el fallo en 2024. Con esta resolución, quedó firme la sentencia y se desestimó el último intento de la defensa de obtener la prescripción de la causa.

De Vido, quien ocupó el Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), ya había estado detenido entre 2017 y 2019 en otra causa por corrupción. También fue procesado en una decena de expedientes judiciales vinculados a la gestión de la obra pública y los subsidios estatales.

La tragedia de Once tuvo como principales condenados al maquinista Marcos Córdoba; a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y a los empresarios de TBA, quienes fueron considerados responsables por el deterioro y la falta de control del servicio ferroviario. Con la confirmación de la condena a De Vido, se cierra uno de los capítulos judiciales más extensos derivados del siniestro ocurrido hace ya más de una década.

Con información de las agencias NA y EFE

Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación entre el 25 de mayo de 2003 y el 1 de julio de 2009 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se presentó este martes pasadas las 9 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir en prisión su condena de seis años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, tal como ordenara días atrás la Corte Suprema al rechazar la última apelación de su defensa y dejar firme la condena a seis años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas en 2012.

El Tribunal Oral Federal 2 que le había dado plazo hasta este 5 de noviembre para presentarse en sede judicial para comenzar a cumplir la pena, a pesar del pedido del exfuncionario de suspender su detención hasta tanto se resuelva un pedido de prisión domiciliaria que, finalmente, fue rechazado. De esta manera, Jaime será trasladado a una cárcel federal.

La causa y la condena

La condena a Jaime, dictada en un juicio oral y público, fue por administración fraudulenta, y aunque en una primera revisión de la Cámara de Casación se había elevado a ocho años, finalmente se fijó en seis años al excluir el delito de estrago.

El fiscal Raúl Pleé intentó que la pena se incrementara a ocho años bajo el argumento de que Jaime tenía “posición de garante” en el sector transporte, pero la Corte Suprema rechazó el recurso.

La decisión judicial fue firmada por tres de los cuatro miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que Juan Carlos Maqueda se excusó por su relación con Jaime en el pasado.

Jaime, quien fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009, mantuvo una relación cercana con empresarios del sector, quienes, según se probó en los tribunales, lo beneficiaron económicamente mientras él ocupaba un cargo público. Este enriquecimiento ilícito, sustentado en coimas de concesionarios del transporte, fue el origen de su fortuna, aunque desde 2016 hasta marzo de 2023 estuvo preso por múltiples casos de corrupción, incluyendo la compra irregular de trenes a España y Portugal.

Jaime fue el primer exfuncionario kirchnerista en reconocer que había recibido sobornos, lo cual derivó en varias condenas por corrupción. Además de su responsabilidad en la Tragedia de Once, Jaime aún enfrenta otros procesos judiciales pendientes.

La Tragedia de Once fue un accidente ferroviario ocurrido en Buenos Aires el 22 de febrero de 2012. Ese día, un tren de la línea Sarmiento, que conecta distintas zonas del conurbano bonaerense con la capital, chocó contra la barrera de contención de la estación de Once debido a una falla en los frenos, resultando en 51 muertes y más de 700 heridos. Este incidente se considera uno de los desastres ferroviarios más graves en la historia de Argentina.

La tragedia fue atribuida a una combinación de negligencia, falta de mantenimiento y corrupción en el sistema ferroviario argentino. Durante la investigación, se descubrió que tanto los propietarios de la concesionaria como funcionarios públicos sabían sobre el mal estado de los trenes y la infraestructura, pero no tomaron medidas adecuadas para prevenir el accidente.

El impacto de la tragedia provocó conmoción nacional y generó la indignación de la sociedad —a pocos meses de que Cristina Fernández de Kirchner resultara reelecta presidenta de la Nación en primera vuelta, con el 54% de los votos—, que exigió reformas en el sistema ferroviario y la rendición de cuentas de los responsables. En 2015, varios funcionarios y empresarios involucrados fueron condenados, incluyendo al exsecretario Jaime y al empresario Claudio Cirigliano.

Con información de agencias.

IG

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso hoy que Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, termine de cumplir en prisión la condena a seis años que la Corte Suprema dejó firme esta semana por la tragedia del tren de la estación Once.

Así lo informaron fuentes judiciales, mientras que el Tribunal dispuso que se presente en el marco de tres días hábiles.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación había ratificado la semana pasada la condena de seis años de prisión para Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los primeros años del kirchnerismo, por su responsabilidad en la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas en 2012.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de seis años de prisión para Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los primeros años del kirchnerismo, por su responsabilidad en la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas en 2012.

DM

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de seis años de prisión para Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los primeros años del kirchnerismo, por su responsabilidad en la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas en 2012.

La condena a Jaime, dictada en un juicio oral y público, fue por administración fraudulenta, y aunque en una primera revisión de la Cámara de Casación se había elevado a ocho años, finalmente se fijó en seis años al excluir el delito de estrago.

El fiscal Raúl Pleé intentó que la pena se incrementara a ocho años bajo el argumento de que Jaime tenía “posición de garante” en el sector transporte, pero la Corte Suprema rechazó el recurso.

La decisión judicial fue firmada por tres de los cuatro miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que Juan Carlos Maqueda se excusó por su relación con Jaime en el pasado.

Jaime, quien fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009, mantuvo una relación cercana con empresarios del sector, quienes, según se probó en los tribunales, lo beneficiaron económicamente mientras él ocupaba un cargo público. Este enriquecimiento ilícito, sustentado en coimas de concesionarios del transporte, fue el origen de su fortuna, aunque desde 2016 hasta marzo de 2023 estuvo preso por múltiples casos de corrupción, incluyendo la compra irregular de trenes a España y Portugal.

Jaime fue el primer exfuncionario kirchnerista en reconocer que había recibido sobornos, lo cual derivó en varias condenas por corrupción. Además de su responsabilidad en la Tragedia de Once, Jaime aún enfrenta otros procesos judiciales pendientes.

La Tragedia de Once fue un accidente ferroviario ocurrido en Buenos Aires el 22 de febrero de 2012. Ese día, un tren de la línea Sarmiento, que conecta distintas zonas del conurbano bonaerense con la capital, chocó contra la barrera de contención de la estación de Once debido a una falla en los frenos, resultando en 51 muertes y más de 700 heridos. Este incidente se considera uno de los desastres ferroviarios más graves en la historia de Argentina.

La tragedia fue atribuida a una combinación de negligencia, falta de mantenimiento y corrupción en el sistema ferroviario argentino. Durante la investigación, se descubrió que tanto los propietarios de la concesionaria como funcionarios públicos sabían sobre el mal estado de los trenes y la infraestructura, pero no tomaron medidas adecuadas para prevenir el accidente.

El impacto de la tragedia provocó conmoción nacional y generó la indignación de la sociedad —a pocos meses de que Cristina Fernández de Kirchner resultara reelecta presidenta de la Nación en primera vuelta, con el 54% de los votos—, que exigió reformas en el sistema ferroviario y la rendición de cuentas de los responsables. En 2015, varios funcionarios y empresarios involucrados fueron condenados, incluyendo al exsecretario Jaime y al empresario Claudio Cirigliano.

JJD

Sobrevivientes, familiares y amigos de la tragedia de Once volvieron a pedir este miércoles justicia por las 51 personas que murieron, entre ellas una embarazada, y las cerca de 800 que resultaron heridas a 11 años del choque del tren en la estación cabecera de la línea Sarmiento, a lo que sumaron un pedido por reparación y mejoras en el estado de los ferrocarriles.

“Justicia también es acción, es empatía desde y hacia otros casos similares. Justicia es memoria, justicia es que no se repita”, dijo Paolo Menghini al leer el documento de familiares y víctimas de la tragedia de Once durante el acto.

Paolo es el padre de Lucas Menghini Rey (20), la última víctima fatal en ser hallada, casi 60 horas después del impacto.

El acto comenzó a las 8:32 en el andén 1 de la estación Once de la línea de tren Sarmiento y contó con la presencia de familiares y amigos que sostenían carteles con mensaje “Ju5t1cia”, remeras con los rostros de los seres queridos que perdieron y bajo la conducción de periodista Gisela Busaniche

El fatídico hecho ocurrió en la mañana del 22 de febrero de 2012 cuando los pasajeros esperaban viajar en el citado medio de transporte y el tren n° 3772 de la línea Sarmiento no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención dejando como saldo 52 personas fallecidas y 789 heridas.

“Tenía que pasar algo y nos pasó a nosotros”

Leonardo Sarmiento, uno de los sobrevivientes de la Tragedia de Once de la que hoy se cumplen 11 años, señaló que “siempre pasaba algo con lo trenes” y dijo que, “según las pericias el tren no debería haber salido”.

A las 8:33 de este miércoles, la misma hora en la que ocurrió la tragedia, familiares y amigos de víctimas se acercaron al andén 1 donde se hizo sonar la sirena para recordar a las víctimas y luego se pudo oír el nombre de cada uno de los 52 pasajeros que murieron.

Sarmiento, quien tiene como imagen de recuerdo su rescate entre los fierros, habló con Ari Paluch por Radio Rivadavia y recordó: “Siempre pasaba algo con los trenes o tenían poco frenos o te lo cancelaban porque directamente no andaban”.

El hombre vivía en la provincia de Buenos Aires y todos los días realizaba el viaje en el tren Sarmiento para ir a la Capital Federal a trabajar de changas. A pesar de que parecía ser un día cotidiano, la tragedia se cruzó sobre su camino: “Una vez tenía que pasar algo y nos pasó a nosotros”.

“A los trenes les costaba frenar, muchas veces se pasaban de largo y tenían que volver para atrás. Según pericias ese tren nunca tuvo que haber salido”, sostuvo Sarmiento.

Al ser consultado sobre el momento de la colisión, señaló: “Estaba del otro lado sobre la puerta y lo último que recuerdo es una explosión y una nube de humo. No sé cómo llegué a la ventanilla. Cuando me desperté estuve consciente siempre hasta que me sacaron que fueron casi tres horas después”.

“A mi lado había un chico muerto y enfrente uno con las piernas muy apretadas y el cuerpo afuera, nadie se podía mover. Cuando cortaban los fierros tenían que tener mucho cuidado”, indicó.

Con relación a las heridas que sufrió y el tratamiento prolongado que continúa hasta el día de hoy, dijo: “Estuve dos meses y medio internado por aplastamiento de ciático, quebradura de tobillos y pelvis y rotura múltiple de ligamentos. Tuve entre cuatro y cinco cirugías. Vivo con dolores”.

Por último, Sarmiento manifestó su enojo al confirmar que todavía no recibieron ninguna compensación del Estado por la tragedia.

Con información de agencias.

IG

El Tribunal Oral Federal 6 condenó este viernes al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime a 8 años de prisión y al exministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (su segunda presidencia, de 2011 a 2015), Julio De Vido, a 4 años de cárcel, por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por la compra de trenes a Portugal y España.

En su fallo, los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico, condenaron a Jaime “a las penas de ocho (8) años de prisión, multa de catorce millones novecientos noventa y un mil trescientos ochenta y cinco pesos ($14.991.385), inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y al pago de las costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor, delitos que concursan materialmente entre sí, en el marco de la causa nro. 5406/2013 ‘compra de trenes a España y Portugal’”.

También condenaron a la hija de Jaime, Julieta Cecilia, “a las penas de dos (2) años y cuatro (4) meses de prisión en suspenso, multa de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000), inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del proceso, por considerarla partícipe necesaria del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Por el lado de De Vido, fue sentenciado “a las penas de cuatro (4) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública -causa nro. 5406/2013 ‘compra de trenes a España y Portugal’”.

Según se determinó en el juicio, las sumas ilegales se percibieron a través de una firma que manejaba Manuel Vázquez, sindicado como principal testaferro de Jaime y también condenado junto al exsecretario de Transporte. En su caso, la pena fue de cinco años y ocho meses de prisión, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, el hijo de Vázquez, Julián, involucrado en el entramado del enriquecimiento de Jaime, fue condenado dos años y ocho meses de prisión en suspenso.

Las acusaciones contra De Vido y Jaime

Según la fiscal del caso, Gabriela Baigún, los exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina, pero ventajosas para ellos”.

Por eso, fueron acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que rondaba los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.

“Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”, consideró Baigún en su escrito, quien consideró que De Vido y Jaime “violaron las obligaciones del buen administrador” mediante la adquisición de coches que por sus características resultaban inútiles para el sistema ferroviario argentino.

Los contratos para la compra de esos trenes “fueron suscriptos sin ningún tipo de previsión respecto de las necesidades del sistema ferroviario argentino, ni respecto de los talleres donde se realizarían las reparaciones”, según la fiscal.

La investigación por enriquecimiento ilícito de Jaime había comenzado en agosto de 2008 y fue procesado en 2013 por el juez Sebastián Casanello. En 2016, el fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio, que tras una disputa de competencia entre tribunales orales que duró ocho meses, se inició en 2019. Se demoró con las complicaciones por la pandemia y recién llegó a su fin este viernes.

Jaime se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza desde 2016 por varias condenas: una, firmada por el tribunal Oral Federal 2 de Córdoba en septiembre de 2013 en la que se lo acusó de intentar robar pruebas en un allanamiento de la causa por enriquecimiento ilícito que este viernes llegó a su fin y cuya condena está firme. Otra, dictada en octubre de 2015, cuando Jaime admitió haber cobrado coimas ante el fiscal Guillermo Marijuán. El juez Julián Ercolini lo condenó a la pena de un año y medio de prisión (compuesta con la condena anterior). El ex funcionario pactó una pena en un juicio abreviado y de esa manera confesó haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar mientras fue secretario de Transporte.

Además, Unos meses antes, Jaime había sido condenado por su responsabilidad por la Tragedia de Once, de acuerdo al fallo del Tribunal Oral Federal 2, que lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta y le dio una pena de siete años de prisión. Casación revisó esa condena y la modificó: determinó que Jaime era responsable también por el estrago (es decir por el choque) y le subió la pena a ocho años de prisión, que empezó a cumplir en 2018. Pero en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas del resto de los imputados en la Tragedia de Once, señaló que la de Jaime por estrago debía ser revisada otra vez por Casación. Por eso la condena por la Tragedia de Once aún no está firme.

Por su parte, De Vido permanece en libertad, a la espera de que quede firme o sea revocada una condena a cinco años y ocho meses de cárcel por la Tragedia de Once.

El fallo

Con información de agencias.

IG

La tragedia de Once, ocurrida hace una década, tiene 22 condenados durante dos juicios orales y públicos por dos delitos que gestaron el choque del tren Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento, el 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana. Sin embargo, de acuerdo con los documentos, fallos y testimonios consultados por elDiarioAR, un capítulo judicial, en el que ya intervinieron al menos ocho jueces federales, sigue sin cerrarse.

Durante los últimos diez años, tres de los jefes de los bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) que rescataron aquel día a más de 700 de heridos y recuperaron los cuerpos atrapados de 52 víctimas fatales cargan con una acusación por supuesto incumplimiento de los deberes por el retraso en el hallazgo del cuerpo de la víctima 52: Lucas Menghini Rey, de 20 años. 

Al momento del accidente de Once, Menghini Rey viajaba en una cabina auxiliar del conductor, en el cuarto vagón del tren, un espacio en el que estaba prohibido viajar pero en el que los pasajeros del Sarmiento encontraban refugio de los vagones abarrotados de personas en hora pico. Solían ingresar a estas cabinas vacías porque la empresa TBA no las había clausurado, según surgió en el juicio. 

Menghini Rey murió tras el impacto, cuando el tren chocó contra la cabecera del andén, según estableció la autopsia, por lo que el hallazgo del joven antes de tiempo no le hubiese salvado la vida, aseguró Paolo Menghini, su padre, en diálogo con elDiarioAR. 

El resto de los pasajeros del cuarto vagón se salvaron, incluso pudieron autoevacuarse, según consta en la sentencia del juicio a los bomberos, pero la cabina quedó aplastada por el tercer vagón, producto del acaballamiento entre vagones que generó la maniobra de freno, la falta de mantenimiento del ferrocarril y su refacción con elementos más baratos y de materiales que no correspondían, de acuerdo con la sentencia del juicio oral y público por la Tragedia de Once.

Menghini Rey fue hallado el 24 de febrero a las 18.20 horas (aproximadamente cincuenta y ocho horas después del impacto) ¿Por qué no fue hallado el día del siniestro? ¿Por qué no fue hallado al día siguiente, el 23 de febrero, cuando los bomberos continuaron con la búsqueda del joven desaparecido? ¿Qué sucedió realmente durante esos tres días, hasta que el bombero Raúl Abuin dio con sus restos?

Paolo Menghini y María Luján Rey son querellantes en el caso contra los bomberos y sostienen desde hace diez años que los rescatistas incumplieron con su deber y que no quisieron buscar a su hijo, cuyo cuerpo sin vida se encontraba en un sitio de fácil acceso, según sostuvieron en el juicio. Los bomberos sostienen que hicieron todo lo posible por dar con el joven fallecido. 

El fiscal federal Federico Delgado estableció en 2018 que fue el juez Claudio Bonadio quien había dado la orden de detener la búsqueda el 23 de febrero por temor a que la utilización de una sonda para determinar la ubicación de restos cadavéricos alterara el estado de los vagones antes de las pericias oficiales que debían determinar la causa del siniestro, según las actas policiales analizadas en la causa. Delgado solicitó que se cite a declarar a Bonadio como testigo pero eso nunca sucedió. El fiscal luego pidió las absoluciones de los bomberos.

En abril de 2018, la jueza federal María Servini decidió absolverlos, según consta en los documentos consultados. Sin embargo, el juez Juan Carlos Gemignani, de la Cámara Federal de Casación, anuló el fallo de Servini y le ordenó revisar la sentencia absolutoria. Eso sucedió en noviembre de 2018. Se espera una pronta definición de Servini, para quien no existen pruebas de que los bomberos no hayan tenido la intención de buscar y encontrar el cuerpo de Menghini Rey, afirmó a elDiarioAR una fuente judicial del caso.

El caso

Durante 2012, el primer juez del caso, Claudio Bonadio, quien investigaba las causas de la tragedia de Once, formó un nuevo expediente sobre la búsqueda de Menghini Rey y avanzó contra siete bomberos. Perfil publicó ese año un acta policial fechada el 23 de febrero, a las 13 horas, en la que el comisario Sergio Gustavo Aguilar, jefe de la División Sarmiento, dejó asentado que los policías y bomberos dejaron de buscar a Lucas por “orden de Su Señoría”.

Según el acta, que forma parte del expediente de la tragedia de Once, los bomberos le ofrecieron a Bonadio instalar una sonda para “encontrar restos cadavéricos” pero el juez lo rechazó y pidió que “no se modifique la escena hasta que no se hicieran las pericias de rigor”, según consta en el documento policial que constaba en el expediente madre de la tragedia.

El 23 de febrero, el superintendente de la División de Bomberos ordenó a su tropa que fuera a revisar nuevamente los vagones, pero cuando llegaron al andén número 2, una guardia de la Policía Metropolitana impidió las tareas. Quedó registrado en otra acta, a las 10.31, que también constaba en el expediente que llevaba adelante Bonadio. El juez había ordenado que nadie tocara los vagones. Los bomberos aguardaron la llegada del juez para supuestamente convencerlo de continuar con la búsqueda de Menghini Rey y el encuentro quedó registrado en las cámaras de seguridad del andén, aunque sin sonido.  

El 5 de octubre de 2012, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio del caso de los bomberos. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Eduardo Cattani sostuvieron que resultaba “prudente” apartar del conocimiento de dicha investigación al juez “a fin de aventar toda duda sobre el lugar desde el cual desarrolla la encuesta” y remitió la causa para que se sortee un nuevo juez “que habrá de continuar interviniendo con la celeridad que el caso exige”.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo del expediente y procesó a los siete jefes y superiores que habían participado en el operativo de rescate de heridos y víctimas fatales. El 5 de febrero de 2014, uno de los bomberos procesados, Leonardo Day, murió mientras intentaba apagar el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio de Barracas. Una pared se desmoronó sobre él y otros nueve bomberos que integraban el operativo. 

Day había sido el primer jefe de bomberos en llegar a Once la mañana de la tragedia y quien organizó el operativo de rescate, según relató uno de sus compañeros a este medio. Era comisario y jefe de cuartel. “La familia bomberil de todos los cuarteles, todos decíamos lo mismo, que era una injusticia total” para los jefes enjuiciados, dijo a elDiarioAR Luis Díaz Gauna, amigo y colega de Day, y bombero sobreviviente del incendio de Iron Mountain. “Leo se deprimió mucho. Estaba muy dolido, estaba muy triste. Estaba desahuciado” por la causa en su contra, dijo Díaz Gauna. 

Luego de su muerte, la Justicia federal sobreseyó a tres de los bomberos del caso Menghini Rey y envió a juicio a los tres superiores que integraban el grupo de procesados: Carlos Alberto Medina, Omar Alberto Vacca y a Raúl Héctor Abuín por el supuesto delito de violación de los deberes de funcionarios públicos. En noviembre de 2015, el juez Lijo envió el caso a juicio. 

Casi dos años más tarde, la jueza federal María Servini debió llevar adelante el juicio oral, que se extendió en cinco audiencias. En el fuero federal penal, determinados casos continúan siendo juzgados con el código viejo, cuando los jueces y fiscales de primera instancia se turnaban para realizar los juicios.

La querella 

La querella, integrada por los padres de Menghini Rey, sostuvo que los acusados no habrían revisado la totalidad del tren, como se los exigía el “Plan de Acción Coordinada Argentina” y que “por protocolo” exigía “que ordenasen a sus dependientes el ingreso a la cabina. ”No hubo torpeza por no saber buscar sino que, en realidad, no hubo búsqueda cuando el achatamiento de la cabina era visible desde el terraplén de la vía 1, desde su andén, y desde el interior del tren“, aseguraron. 

Paolo Menghini dijo a elDiarioAR que cree que el expediente debería remitirse a un nuevo juez y un nuevo fiscal. Sostiene que los bomberos son “los responsables de haber dejado abandonado el cuerpo de mi hijo 60 horas arriba de un tren”. Sobre las actas que demostrarían que cumplieron orden de Bonadio, Menghini sostuvo: “Lo que queda claro en todo el desarrollo de la investigación es que los bomberos son auxiliares de la Justicia. Cuando el juez detiene la búsqueda es a instancias de lo que los propios jefes del operativo le dicen”. 

“El lugar donde estaba Lucas -sostuvo Menghini- era absolutamente accesible desde el exterior. Lucas entra por un lugar que tendría que haber estado cerrado y que estaba abierto. Y como no podía entrar al tren por la cantidad de gente que había, se mete ahí adentro. Primera responsabilidad de la empresa. Segundo, cuando ocurre lo que ocurre, la chapa (del tren) retrocede setenta centímetros aprisionando a Lucas. En el exterior hay una escalerilla de tres escalones para que los motorman se subieran en Castelar o en cualquier lugar donde hiciese trasbordo los Motorland. De hecho, cuando lo encuentran, lo hacen desde esa escalera. O sea, claramente ellos no revisaron”. 

De la totalidad de las probanzas colectadas a lo largo del legajo, no logro encontrar certeza en la postura acusadora sino más bien, por el contrario.

María Servini — Jueza federal.

“Es más, los vagones tres y cuatro fueron utilizados como morgue circunstancial el día de la tragedia y se iban depositando allí los cuerpos, con lo cual ellos pasaron por ese lugar una enorme cantidad de veces. Se veía desde el exterior y se podía acceder desde el exterior, con lo cual ellos no necesitaban ninguna sonda, ni ningún sistema extraño ni ultramoderno. Era subir tres escalones y mirar para adentro. Y no lo hicieron”, afirmó el padre de Menghini Rey. “Fue impericia”, agregó.

La absolución

La defensa, encabezada por Julián Orlando, letrado de la Federal, afirmó que los bomberos y el resto de los actores en ningún momento tuvieron la intención de no buscar a la víctima 52, como alega la querella. La fiscalía también apoyó esa postura, en base a las pruebas recolectadas.

En el juicio, Servini sostuvo que “no ha quedado acreditada” la responsabilidad de los acusados y las pruebas del expediente sólo le dejaron dudas “la existencia de culpabilidad” y “si omitieron la búsqueda adrede, con conocimiento de la ilegalidad de su conducta”. “De la totalidad de las probanzas colectadas a lo largo del legajo, no logro encontrar certeza en la postura acusadora sino más bien, por el contrario, una serie de indicios que, dada su falta de univocidad, resultan indicadores de una posible negligencia, si se quiere torpeza o inexperiencia en las tareas de salvamento que se desarrollaran el día del accidente, pero en modo alguno advierto la configuración del dolo específico reclamado”, escribió la jueza. 

De haberse llevado a cabo una atenta y fina búsqueda, la inspección hubiera arrojado resultado positivo.

Juan Carlos Gemignani — Juez de la Cámara Federal de Casación.

Casación

A finales de 2018, el juez Juan Carlos Gemignani revisó la sentencia absolutoria a pedido de la querella. En su fallo, el magistrado sostuvo que las absoluciones debían ser anuladas y que la causa debía regresar al juzgado de Servini, debido a la supuesta “valoración fragmentada de la plataforma fáctica” y por entender que el fallo “peca de fundamentación aparente”. 

Gemignani citó el relato de uno de los testigos del juicio. El oficial de la Policía Federal, Nicolás Pablo Vega, quien participó de la búsqueda de Menghini Rey el 24 de febrero de 2012, había declarado: “Cuando hago la inspección exterior del cuarto vagón del tren, específicamente de la cabina del motorman, lo que observo es que el interior estaba aplastado, había algunos fierros retorcidos, instrumental volcado y llego a ver algo que podrían llegar a ser restos humanos. Recuerdo que vi una mochila, y detrás un objeto oscuro que podrían ser restos de un cuerpo en descomposición”. 

El juez resaltó que si bien el testigo no respaldó la posición de la querella sobre que el cuerpo de Menghini Rey era fácilmente visible desde el exterior del tren, pero afirmó que sus dichos “dejan al desnudo que de haberse llevado a cabo una atenta y fina búsqueda, la inspección hubiera arrojado resultado positivo”, “más allá del innegable caos y confusión que en los albores del siniestro reinaba en el lugar del hecho debido a su magnitud y a las personas que resultaron heridas y fallecidas”, dijo Gemignani.

Desde entonces, la jueza Servini debe volver a analizar la prueba que en su momento la llevó a determinar que no había existido dolo por parte de los bomberos. A diez años de la tragedia, una fuente judicial del caso estimó que la magistrada volverá a emitir un fallo pronto.

ED

Sobrevivientes, familiares y amigos de la tragedia de Once renovaron esta mañana el pedido de Justicia por las 51 personas, entre ellas una embarazada, que murieron y las cerca de 800 que resultaron heridas por el siniestro ferroviario ocurrido hace 10 años en la estación cabecera de la línea Sarmiento.

“Justicia, justicia, justicia”, reclamaron entre aplausos los participantes de la ceremonia que se realizó desde las 8.33 en la plataforma número 2 de la estación donde el miércoles 22 de febrero de 2012, a esa hora, una formación estaba arribando a la plataforma número 2 detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, provocando la tragedia.

Tras leer los nombres de cada una de las víctimas fatales, familiares y amigos remarcaron que “viven en nuestros corazones” y brindaron un aplauso en homenaje.

En 2013 se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por los delitos de “defraudación contra la administración pública” y “descarrilamiento culposo”, y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones.

A 10 años de esa tragedia, los condenados en un primer juicio oral gozan ya de libertad condicional o prisión domiciliaria, en tanto la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución un recurso de queja de la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

NB con información de agencia Télam.

2022 era, en los papeles, la fecha señalada para que estuviera listo el soterramiento del ramal eléctrico del ferrocarril Sarmiento, que une Once con Moreno. El objetivo no estará cumplido: desde fines de enero de 2019 esa obra no avanzó ni un centímetro. En cambio, 2022 será el año de una efeméride redonda y feroz para esa línea de tren que usan alrededor de 300 mil personas por día: este 22 de febrero se cumplen 10 años de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas -incluida una mujer que transitaba un embarazo avanzado- y resultaron heridas otras 789.

Fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación, del que depende la unidad dedicada especialmente al soterramiento de la línea, sostuvieron ante la consulta de elDiarioAR que hace pocas semanas terminó una auditoría llevada a cabo por la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) para evaluar el estado de situación de la obra y revisar los contratos.

Esa auditoría será revisada por la comisión evaluadora ya conformada que forma parte de la Unidad de Soterramiento del Sarmiento para determinar cuál es el mejor camino a seguir con una obra que frenó a fines de enero de 2019 y nunca más avanzó. Consultadas sobre en qué plazos la comisión evaluadora podría emitir una recomendación sobre qué hacer, las fuentes del ministerio dijeron que ahora mismo se desconoce ese plazo.

En las últimas dos décadas, el soterramiento del Sarmiento corrió destinos similares a la inauguración de algunos hospitales, la construcción de escuelas o jardines de infantes, la extensión del subte porteño o la creación de algunas rutas: nunca se cumplió. La primera vez que fue anunciado se limitaría al recorrido entre Caballito y Villa Luro: el proyecto fue presentado por la Ciudad en 2001, cuando Aníbal Ibarra era Jefe de Gobierno. Bajo la promesa que lo que hasta ese momento eran estaciones de tren iban a ser espacios públicos de esparcimiento, la iniciativa se llamó “Corredor Verde del Oeste”. El estallido socioeconómico de diciembre de ese año enterraría no el ferrocarril sino la intención de hacerlo correr a 22 metros de profundidad.

La idea volvió a sonar recién en 2006, hubo anuncios y pre-adjudicaciones, pero recién en 2012, ya con una gestión a nivel nacional y durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se aseguró que se contaba con un financiamiento de 3.000 millones de dólares de parte del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de Brasil. Para ese entonces, ya se había producido la tragedia de Once y, un año antes, la de Flores: en septiembre de 2011, en esa estación en la que la barrera funcionaba mal, un colectivo de la línea 92 fue embestido por el tren, que a la vez descarriló e impactó con el que venía en sentido contrario. Murieron once personas.

La idea de que el ferrocarril Sarmiento no conviviera con el tránsito peatonal y vehicular no fue novedosa ni siquiera cuando empezó a anunciarse el soterramiento, apenas iniciado el siglo XXI. Exactamente un siglo antes, en 1901, la Ciudad ya se proponía que ese tren no tuviera pasos a nivel. Fue por eso que entre 1903 y 1905 se concretó la obra para que, entre Once y Caballito, el recorrido fuera “en trinchera”, es decir, a cielo abierto pero unos metros por debajo del nivel de los peatones y los autos.

Muchos años más acá, el soterramiento pretendía hacer que el ferrocarril circulara a 22 metros de profundidad a lo largo de dos túneles de 17 kilómetros de extensión. A la vez, la instalación de puentes y túneles terminaría de eliminar los pasos a nivel a lo largo del ramal eléctrico del ferrocarril. A los vecinos linderos de la Ciudad y de seis municipios del oeste del Gran Buenos Aires les prometían menos accidentes, revalorización de sus inmuebles y espacios verdes en las zonas en las que estaban acostumbrados a ver rieles, barreras y las piedritas que le hacen de suelo a la circulación de trenes.

Argentina compró la tuneladora necesaria para abrirle camino subterráneo al tendido férreo: se trata de una máquina alemana que llegó en 2011 al puerto de Zárate y que, a través de un obrador de 11 hectáreas armado en la estación de Haedo, bajó a empezar su recorrido a mediados de 2012. La reacción oficial a la tragedia de Once había transformado el área de Transporte en ministerio y se apuraban las gestiones para cambiar las condiciones del ferrocarril que había protagonizado el desmán.

El objetivo de esa máquina era que ocho estaciones - Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía y Haedo- quedaran bajo tierra. Desde Haedo hasta Castelar, más hacia el oeste, se construirían vías “en trinchera” y otro túnel, pero hecho como se suele hace el subte porteño, es decir, con trabajadores picando la tierra. Desde Castelar hasta Moreno se construirían puentes y túneles para peatones y vehículos, de forma de evitar accidentes y de agilizar el tránsito.

En el obrador desde el que bajó la tuneladora se fabricaban también las dovelas, piezas de hormigón que iban sellando la bóveda a medida que la máquina alemana avanzaba. Con su parte de adelante la tuneladora cava, con la parte de atrás, arma el anillo por el que pasaría el ferrocarril.

Soterrar el Sarmiento, según proyectaba el Estado, bajaría la demora del tren: podrían pasar de una frecuencia de 10 a 7 minutos e incluso a 3 con la obra terminada. El proyecto prometía mejorar el escenario en zonas donde los pasos a nivel llegaban a estar cerrados hasta cuarenta minutos por cada hora. Buscaban eliminar 49 pasos a nivel por los que iban y venían alrededor de 20.000 autos cada año.

El primer gran obstáculo fue que el crédito del BNDES, un compromiso adquirido de palabra, tenía una condición: que la empresa brasilera Odebrecht fuera parte del consorcio que llevara adelante la obra. El estallido del escándalo por corrupción de esa firma frenó su participación en el soterramiento e, indirectamente, la llegada de los 3.000 millones de dólares prometidos. Aún así, con dinero de partidas del Ministerio de Economía, la máquina bajó a las profundidades y empezó su camino: la primera etapa la llevaría de Haedo a Villa Luro.

La parada en Villa Luro sería más larga que en las estaciones previas. Allí se construyó un obrador para hacer salir la tuneladora y, durante unos veinte días, hacerle tareas de mantenimiento antes de que continuara su camino hasta Caballito. Sin embargo, la parada se extendió indefinidamente. A fines de enero de 2019, los periodistas Pedro Gianello y Alejandro Alfie publicaron en el diario Clarín que la obra estaba frenada y que más de 100 trabajadores vinculados al soterramiento habían sido suspendidos. Cuando la obra se anunció, se esperaba que el soterramiento generara 2.000 puestos de trabajo de forma directa.

Cuando se dio a conocer la noticia, el entonces titular del Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que se trataba de una interrupción por mantenimiento. Pero en un contexto de recorte del gasto público la interrupción se volvió continua y, hasta este mismo momento, no se reanudó la tarea.

Fuentes gremiales consultadas por elDiarioAR reconstruyen: “Desde ese momento no se movió nada más. Reubicaron a los trabajadores en algún trabajo vinculado a una planta purificadora Riachuelo y, si hay que hacer algún mantenimiento en alguna de las estaciones, llevan a algún obrero y después vuelve a su tarea rutinaria. Lo que pasa a veces es que hay que hacer mantenimiento para que no haya acumulación de agua en lo que se cavó”.

Esas fuentes detallan que no tienen información sobre cuándo podría reactivarse la obra pero estiman que no llevaría más de 20 días para, en cuanto a lo técnico, estar en condiciones de reanudarse el soterramiento. “Ya no hay trabajadores de la construcción en los obradores pero sí hay guardias de seguridad en cada una de las estaciones entre Haedo y Caballito. En algunos casos, como en Ramos Mejía, hay hasta un carril menos de la avenida Rivadavia porque no se desarmaron los pequeños obradores que se instalaron en las estaciones intermedias”, explican.

A falta de soterramiento, el Ministerio de Transporte aplicó un parche. Empezó a instalar puentes modulares de hierro y hormigón hechos en el astillero Tandanor. Son puentes vehiculares que sirven para evitar accidentes y la congestión de tránsito asociada al paso nivel. Ni los espacios verdes prometidos, ni la mayor frecuencia del ferrocarril, ni la revalorización de los terrenos linderos a las estaciones vienen de la mano de la instalación de esos puentes que, según fuentes de esa cartera de la Nación, “ya están en tres o cuatro estaciones del ferrocarril Sarmiento”. En total, se prevé armar entre 12 y 14 puentes de ese tipo.

Un anuncio del Municipio de Haedo de enero de 2021 da una pista sobre qué esperar respecto de la reactivación de la obra: parte del obrador de 11 hectáreas se convertirá, durante este 2022, en una base policial para monitorear la seguridad de ese territorio. Mientras tanto, un grafitti en Rivadavia al 16900 conserva la reacción de los primeros días posteriores a la suspensión del trabajo de infraestructura por tiempo indeterminado: “No al cierre de la obra”, dice. El tiempo que pasó entre esa suspensión y esta época de puentes modulares despintó bastante las letras. Pero resiste, como el obrador en el que habrá policías para mejorar la seguridad en una zona a la que le habían prometido otra cosa.

JR/SH

Cuando finalmente le atendió el teléfono, su hija adolescente iba por el quinto llamado. “Atendí y ella lloraba, me preguntaba una y otra vez si yo estaba bien, quería saber si estaba bien y lloraba con una angustia que no le conocía”. Esa angustia fue como un cachetazo para Walter Grillo, que se había alejado del puesto de diarios en el que trabajaba para acercarse al andén 2 de la estación de Once a ver si podía ayudar.

“Escuchamos algo así como una explosión fuerte pero veíamos pasajeros que salían caminando del tren, entonces al principio pensamos que esa explosión venía de afuera de la estación. Hasta que vimos a cuatro o cinco policías correr hasta los andenes”, se acuerda Walter. Atiende el mismo puesto de diarios de la estación de Once desde hace 18 años y estaba ahí, en su puesto, la mañana del 22 de febrero de 2012, cuando el Chapa 16 chocó con los paragolpes hidráulicos del andén: hubo 51 muertos, incluida una mujer que transitaba un embarazo avanzado, y 789 heridos.

Como la estación fue reformada y las concesiones de los locales cambiaron en los últimos años, la situación de Walter es atípica: de la mañana de la tragedia hasta este febrero, entre los comerciantes que trabajan en Once, no ha quedado prácticamente nadie. Grillo es una rara avis.

“Cuando vimos a los policías así entendimos que lo que había pasado era dentro de la estación y que era grave. Instintivamente, varios nos acercamos a los andenes, casi corriendo. Pero se necesitaba más profesionalismo que voluntarismo”, explica Walter, diez años después de esa mañana que no logra olvidar. “Un poquito después de esos policías que corrían, aparecieron los bomberos de la dotación que hay en la estación, y después el SAME. Ahí empezaron a vallar los andenes y nos alejaron. Yo volví a mi puesto y ahí fue que le atendí el teléfono a mi hija, que no paraba de llamarme porque veía en la tele lo que estaba pasando”, se acuerda Grillo.

Antes de que vallaran los andenes, Walter vio los dos primeros vagones del Chapa 16. “Fue paralizante. No sé cuáles son las palabras para describirlo. Había gente atrapada, lastimada, gente a los gritos y llorando, otros que intentaban socorrer a alguien que estuviera más grave, gente que había muerto en el acto o que estaba aplastada en los fuelles, algunos que quedaron tirados en los andenes. Ver todo eso nos hizo terminar de tomar conciencia de lo que estaba pasando a nuestro alrededor”, se acuerda.

El puesto de diarios que Grillo atiende desde hace casi dos décadas es cercano a la entrada de la estación que da a la calle Perón, y los helicópteros y las ambulancias se organizaron en la calle Bartolomé Mitre. “También cortaron Pueyrredón. Fue todo un caos total. Uno intenta olvidar porque fue muy duro ver todo eso, pero es imposible borrarlo”, explica.

Cada mañana Grillo llega a Once hacia las 4.30 de la mañana. Recibe los diarios y los prepara para cuando se los pidan los primeros pasajeros que bajan del tren en esa estación terminal. No sólo recibe a los pasajeros del Sarmiento sino que también usa el Sarmiento. “Vivo en Flores, estoy cerca, y uso el tren diariamente. Había fallas que seguramente eran estructurales pero en las que los usuarios no reparábamos hasta que pasó esto. Vías que hacían unos chispazos tremendos en algún momento del recorrido, vagones en los que había algún principio de incendio… Después cambiaron las formaciones y eso mejoró, aunque sigue teniendo problemas el tren. Pero evidentemente no estaban en condiciones de circular porque cambiaron todo”, sostiene.

Vuelve al día de la tragedia, como si oscilara entre la obligación de no olvidar y el deseo de que los recuerdos le ahorraran algunos detalles. “Al principio, cuando escuchamos el ruido y pensamos que era afuera, me acordé del atentado a la AMIA. Pero cuando vimos lo aturdidos y golpeados que salían los que lograban caminar por sus propios medios esa idea se nos fue, era algo mucho más cerca nuestro”, explica. Entre que salió corriendo detrás de los policías y que lo hicieron quedarse detrás del vallado improvisado, estima, no pasaron más de diez minutos.

“La estación se convirtió en un hospital ambulante, un caos total, y aún así creo que los que estábamos ahí, incluso los profesionales de la salud, no podíamos tomar conciencia total de lo que estaba pasando. No teníamos el panorama completo: veíamos lo que teníamos más cerca pero no sabíamos cuánta gente estaba herida o cuántos muertos había en total”, reflexiona ahora que se sabe que fueron 51 muertos y 789 heridos y que hay funcionarios del Estado condenados por la tragedia, aunque algunas de esas condenas -como la de Julio De Vido- no estén firmes.

“Después de esa mañana la estación quedó como… aturdida. Estábamos muy alertas, muy pendientes. Sentíamos que podía volver a pasar algo así en cualquier momento. Estábamos hipersensibilizados y también atentos a cómo iban acondicionando todo. Fuimos testigos de una especie de ‘lo atamos con alambre’ hasta que se encaró un cambio profundo de las formaciones”, reconstruye Grillo. Algunas noches, después de aquella mañana, el canillita de Once soñó que viajaba en trenes sin frenos. “Creo que yo anestesio el recuerdo de esa mañana. Todo lo que puedo. Pero la gente aplastada entre fuelles, esa imagen no se me va a ir nunca”.

JR/SH

Leonardo Sarmiento está sentado en el medio de un vagón del ferrocarril que lleva su apellido por nombre. A su alrededor, pero sobre todo enfrente suyo, ningún pasajero y muchas sombras grises. La primera vez que la pesadilla lo despierta exaltado, Sarmiento está en su cama. No en la cama del Hospital Santojanni en la que pasó dos meses y medio internado y de la que se fue hace pocos días, sino en la de su casa.

Todas las veces siguientes que Leonardo protagoniza la misma pesadilla, la sensación de asfixia y de terror lo despierta en su casa. Soñarse sentado en el tren vacío de humanos y lleno de sombras se le repite en el inconsciente durante meses y todas las veces lo angustia. “Fue una pesadilla que tuve muchas veces y que me aparecía muy seguido. Sólo dejé de soñar con las sombras cuando me pude acercar a los familiares de las personas que fallecieron y sentí que, acompañándolos en su lucha, podía ayudarlos. Eso me trajo mucho alivio y nunca más soñé con las sombras del tren”, dice Leonardo.

La mañana del 22 de febrero de 2012, hace diez años, Sarmiento tenía 30 años y viajaba en el primer vagón del tren identificado con la Chapa 16 de la línea con la que después tendría pesadillas. A las 8:33, cuando el tren no detuvo su marcha y chocó contra los paragolpes hidráulicos del segundo andén de la estación de Once, Leonardo sintió el ruido de una explosión y quedó envuelto en una nube de humo. Inmediatamente después perdió el conocimiento. Cuando se despertó, la mitad de su cuerpo asomaba por la ventanilla y la otra mitad permanecía dentro del tren. Atravesar la ventanilla le había provocado un corte que le hizo perder una parte de la oreja derecha. Su cintura y su pie izquierdo estaban lo suficientemente atrapados como para que el operativo que montaron los bomberos y el SAME para rescatarlo demorara cuatro horas.

La mañana del 23 de febrero de 2012 la tapa del diario Clarín decía “Tragedia anunciada: 50 muertos y 676 heridos”. Con el correr de los días, se sabría que fueron 51 muertos, incluida una mujer que transitaba un embarazo avanzado, y 789 heridos. La imagen que ilustraba esa tapa era la de Leonardo, vestido con la camiseta de Boca, atrapado en un tren abollado y atrapado también en todas las decisiones estatales y privadas que, en connivencia, habían convertido ese vagón en chatarra en un segundo.

“Le pedía a Dios que me sacaran rápido o que me llevara, pero que pasara algo pronto porque no podía aguantar más esos dolores”, se acuerda Leonardo. De las cuatro horas que estuvo atrapado en el Chapa 16, cree -no está seguro, no puede dimensionar el tiempo con exactitud- que fueron las últimas dos las que no sintió su cuerpo de la cintura para abajo. “No sabía cómo estaban mis pies y mis piernas, ni cómo iba a quedar mi cuerpo si me sacaban. No podía mirar cómo estaba mi cuerpo y no podía sentirlo”, dice. Al lado suyo, otras dos víctimas: “Un hombre había fallecido al lado mío, tenía la cabeza aprisionada en la ventanilla. Otro chico tenía las piernas atrapadas y el cuerpo para afuera, como yo, y lo rescataron y sobrevivió”.

Entre esos dos destinos oscilaba la vida de Leonardo, que empezó a entender la gravedad de lo que pasaba cuando vio cómo grababan con sus celulares los pasajeros que esperaban para viajar en el primer andén de Once y, sobre todo, cuando vio que, primero la Policía de la Ciudad y después los Bomberos, corrían hasta su ventanilla para intentar ayudar.

“Yo había vuelto de las vacaciones tres o cuatro días antes. Vivía en el barrio Carlos Gardel, de El Palomar, con mi vieja, y me iba hasta Ramos a tomar el Sarmiento para hacer trabajos de plomería y albañilería en Capital. Esa mañana estaba haciendo eso: iba a ocuparme de una de esas tareas, que hacía con un amigo que me daba trabajo”, cuenta Leonardo. 

“Todos los días eran iguales: viajar como se podía, y como se podía era mal. Siempre había demoras, siempre se rompía un tren, siempre te tenías que subir como podías. O viajabas en la puerta o veías cómo la gente se subía por la ventana. Así era el Sarmiento”, se acuerda, y pone la lupa sobre ese 22 de febrero: “Yo pasé de estar en la puerta a quedar casi colgado en el medio del tren porque en el trayecto fue entrando mucha gente. En las estaciones de Flores y Floresta el tren pasó de largo y tuvo que volver. En el momento no supimos por qué pero según dijeron después fue porque no funcionaban bien los frenos”.

Ese miércoles, cargado de trabajadores y trabajadoras a los que las demoras sistemáticas del Sarmiento les complicaba la llegada a sus tareas, el tren estaba al triple de su capacidad de pasajeros. No era una marca atípica sino el paisaje al que esos usuarios habían tenido que acostumbrarse.

“Gritos y llantos. Eso es lo que me acuerdo de cuando me desperté. La gente atrapada y desesperada pidiendo ayuda. Yo no tenía de dónde sostenerme, estaba aprisionado en la cintura y tenía el cuerpo colgando para afuera del tren. Tardaron un rato largo en ponerme un fierro del que me agarré primero, y una camilla que me sostuviera después”, reconstruye Leonardo. Durante ese rato largo, Leonardo vio cómo rescataban a otros pasajeros y cómo sacaban cuerpos ya sin vida de los vagones más impactados. Hay uno que recuerda especialmente: “Era un nene, de cinco o seis años, lo sacaron muy cerca mío y lo recostaron en el andén de enfrente”, cuenta. Mientras rescataban a otras víctimas, Leonardo intentaba calmarlos: “Les hablaba y era una forma de ayudar a que se calmen y de calmarme yo. No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí y ponerme a hacer otra cosa me tranquilizaba”, explica.

Con el tren convertido en acordeón en todas las pantallas de los noticieros argentinos, la imagen de Leonardo -el rescate a contrarreloj de Leonardo- se volvió protagonista de las transmisiones en vivo. El amigo que lo reconoció en su pantalla se llama Diego. “Me vio y fue a buscar a mi mamá y a tres de mis hermanos y los trajo a la estación. No los dejaron llegar hasta el andén porque estaba todo vallado mientras me sacaban, pero escuché a mi mamá cuando me sacaban en camilla para llevarme en helicóptero al hospital”, cuenta Leonardo. Nelly, que había venido desde El Palomar, le dijo tres palabras: “Hijo, acá estamos”.

La internación en el Santojanni duró dos meses y medio y las primeras tres operaciones que Leonardo requirió para tratar sus tobillos, su pierna izquierda y su pelvis. “Cuando llegué al Santojanni tenía fractura y desplazamiento de pelvis, rotura múltiple de ligamentos y los dos tobillos quebrados. Los médicos dijeron que había riesgo de perder la pierna izquierda pero finalmente pudieron salvarla”, recuerda.

Cuando salió del hospital y volvió a su casa en el barrio Carlos Gardel, empezaron las pesadillas que se aliviaron cuando se acercó a los familiares de la tragedia de Once para ser parte de esa lucha, y empezaron meses de tomar cada vez más calmantes para evitar los dolores y salir cada vez menos a la calle, apenas para ir a los controles médicos. “De solo pasar con un auto cerca de algún tren me temblaba todo el cuerpo, me costó mucho poder volver a estar tranquilo. Hice tratamientos con psicólogos pero en algún momento ya no quería volver sobre lo que había pasado, recordar todo eso. Así que trato de estar positivo, de pensar lo menos posible en todo eso que pasó”, explica Leonardo.

“Tuve un accidente de tren”, le resumió a Leonel, su hijo de 5 años, la primera vez que le preguntó por qué le faltaba una parte de su oreja derecha. “Ahora que lo tengo a él mi vida es mejor. Pero desde la tragedia hasta su nacimiento mi vida fue muy difícil. Esa mañana fue un cambio rotundo en mi vida y en la de todos los que estábamos ahí y en las de los familiares de quienes murieron. Yo tuve que cambiar mis actividades: hubo trabajos que ya no pude hacer nunca más porque tienen una carga que yo ya no puedo aguantar; ya casi no pude jugar al fútbol con mis amigos, apenas atajar y muy de vez en cuando. Me metí muy para adentro, tomaba pastillas para tranquilizarme, y recién cuando pude acompañar una lucha a través de asistir a actos, reuniones o audiencias judiciales empecé a aliviarme. Pero mi cuerpo quedó lastimado para siempre y eso viene conmigo”, describe Leonardo.

“Lo único que sé sobre lo que pasó es que el tren tenía que frenar y no frenó. Mucha gente que iba bien adelante dijo que escuchó al maquinista decir que el tren no frenaba. Eran trenes que desde hacía mucho tiempo no estaban en condiciones, siempre les pasaba algo”, describe. “Todavía no se terminó de hacer Justicia. Para que haya Justicia del todo tiene que estar firme la condena de (Julio) De Vido, y todos los demás que tienen condena tienen que cumplirla en cana, y no rebajando la pena con cursos de cualquier cosa, como (Juan Pablo) Schiavi. Eso es lo que permitiría a las familias de las víctimas sentir que se hizo realmente Justicia. Siempre tenemos la esperanza de que algo de eso cambie pero es difícil que ocurra mientras este gobierno esté a cargo”, resume Leonardo.

Todos los días toma el ferrocarril San Martín, que lo lleva desde Derqui, donde vive con Leonel y Nancy, su compañera, hasta Retiro. Trabaja como plomero en la Legislatura porteña y hace también albañilería y plomería por las suyas. “Me costó mucho tiempo volver a tomar un tren o un subte. Después del accidente, cambiaron los trenes de todos los ramales en dos años. Ahí se ve toda la corrupción que había, porque antes no compraban ni un repuesto. En vez de invertir en los trenes se robaban la plata. Eso fue lo que pasó y el Estado, de la Presidenta para abajo, fue responsable. Ella tenía que saber qué estaba pasando con los trenes”, sostiene Leonardo. “El trabajo en la Legislatura lo conseguí a través de Cristian Ritondo. El Estado en su momento ofreció ayuda con mercadería de la municipalidad o con acompañamiento para ir al hospital, pero en cuanto las familias de los fallecidos y los heridos empezamos a reclamar Justicia, desapareció esa ayuda”, suma.

Después del accidente, cambiaron los trenes de todos los ramales en dos años. Ahí se ve toda la corrupción que había, porque antes no compraban ni un repuesto.

Leonardo Sarmiento — sobreviviente de la Tragedia de Once

Este martes a las 8:33, cuando se cumplan diez años del impacto del Chapa 16 con los paragolpes de Once, Leonardo estará en el acto que reúne a los familiares de las víctimas fatales de esa tragedia con los heridos de esa mañana. Tal vez vaya con Leonel, que ya lo acompañó algunas veces después de que, empezando por un corte en la oreja, su papá le contara la historia de su tragedia.

“Nosotros seguimos recordando lo que pasó para que no vuelva a pasar, pero yo me tomo el tren y a los costados sigo viendo trenes que están tirados, esperando que los arreglen. Sigue habiendo demoras, sigue habiendo servicios que se suspenden porque andan mal, y gente que se amontona porque no puede llegar tarde”, describe.

Desde que sintió el ruido de la explosión y aspiró la nube de humo hasta ahora, diez años después, Leonardo convive con el dolor. “Todos los días siento dolor en mi cuerpo. En la cintura y en las piernas. Los días que trabajo mucho llego a mi casa casi arrastrándome. Todos los días me duele y todos los días me acuerdo de lo que pasó en el tren y de cómo sufren los que perdieron a alguien esa mañana”, dice Leonardo, el hombre que le puso imagen a una de las tragedias más dolorosas de la Argentina y que soñó con la muerte subida al tren hasta que supo que ayudar podía aliviarlo.

JR

El fiscal Fernando Arrigo se encuentra a unos 300 kilómetros de Plaza Miserere y a diez años de la Tragedia de Once, pero en sus respuestas, esa distancia en espacio y tiempo parece no existir. En la fiscalía de Rosario que ocupa actualmente, Arrigo recuerda como si fuera hoy el juicio oral y público de 2014 y 2015, en el que encabezó la acusación contra los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliani -finalmente absuelto-, y otros 24 imputados por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012. 

Arrigo no puede evitar las lágrimas cuando rememora las historias de las víctimas y todavía alega como si estuviera frente al Tribunal Oral Federal número 2 las pruebas que demostraron que funcionarios, empresarios y ejecutivos sabían que el ferrocarril Sarmiento era una bomba de tiempo y eligieron no hacer nada para evitar el choque que le costó la vida a 51 pasajeros -y una niña por nacer-, y atravesó las de 789 heridos y de incontables familiares y seres queridos de las víctimas. 

Entonces, Arrigo subrogaba la fiscalía número 4 ante los tribunales orales federales de Retiro y se le asignó por sorteo llevar adelante la acusación del juicio por la Tragedia de Once. 

El juicio oral y público conocido como Once I comenzó el 18 de marzo de 2014. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y seguía en su cargo el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a quien el juez Claudio Bonadio había excluido de la lista de procesados por la tragedia ferroviaria. Durante el juicio -afirma el fiscal Arrigo- “trabajábamos en la fiscalía, en Comodoro Py. Coincidentemente con que empecé a interrogar al (funcionario) testigo (Gustavo) Simeonoff -ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)- sobre quién era el jefe que establecía las renegociaciones (con los concesionarios de trenes) y empezó a mencionar a De Vido, nos dijeron que teníamos que dejar la oficina de la fiscalía”. 

¿Debía dejar la fiscalía mientras encabezaba la acusación en el juicio?

Presidencia designó al nuevo titular de la fiscalía 4 y nos mandaban a una fiscalía que estaba con gente, así que simultáneamente empecé a preparar el living de mi casa para mudarme ahí con el grupo de gente (abocada al juicio). Temiendo que podía pasar algo así, había hecho dos grupos en la fiscalía, uno estaba enteramente dedicado al juicio. Gracias a una compañera, Judith König -entonces titular de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) del Ministerio Público Fiscal, que colaboraba en el juicio-, que me hizo un contacto con la obra social de la Armada me facilitaron un lugar que era justo frente a la sala de tribunales, con lo cual facilitó mucho la cosa. La oficina que nos decían (en la Procuración) que nos ofrecían estaba en la calle Tucumán. Era pequeña y estaba ocupada. Esa gestión duró durante todo el mes de enero (de 2015). (Ver más sobre esto al final de la entrevista).

¿Cuánto tiempo pasó entre que la fiscalía consigue en el juicio que el asesor de De Vido lo incriminara y que les comunicaran que debían dejar la oficina de Comodoro Py? 

Fue a la semana siguiente.

¿Cómo y quién se lo comunicó?

El concurso de la fiscalía 4 había quedado trabado y se destraba. En esa fecha sale la designación del nuevo fiscal titular. Venía el fiscal nuevo. Johanna Cristallo, que era la secretaria privada de la Procuradora y quien se comunicaba con los fiscales, me dice que me habían conseguido una oficina en la calle Tucumán. Le pedí las llaves y me dijo: “Está ocupada”. Ahí empecé a ver la posibilidad de preparar la fiscalía en mi casa. 

¿Esto fue en pleno juicio?

En audiencias de testigos.

¿La persona que se lo comunicó le dijo si era una decisión de la procuradora Alejandra Gils Carbó?

No porque planteado como estaba era que no tenían lugar, lo cual no era nada nuevo, y que la designación (del nuevo fiscal titular) en definitiva había salido del Ejecutivo y que tenía que dar lugar a ellos.

“El director de la Obra Social nos dio un espacio que estaba abandonado -afirmó Arrigo a elDiarioAR-. Ya le habían dado algunas dependencias al Poder Judicial. Tenían el depósito de expedientes. Le dije: ‘No hace falta ni que tenga ventanas, que tenga ventilación es suficiente’.  Compré la heladera, la cafetera, el microondas. Las cosas que necesitábamos llegaron cuando terminó el juicio. Se los mandé”.

“Entonces -recuerda Arrigo-, en un diario, un periodista publicó que me había dado un pico de presión porque me habían dicho que tenía que dejar la fiscalía porque un día apareció la ambulancia en Comodoro Py y me llevaron en una bandejita -bromea-, pero era una apendicitis. La verdad es que no tenía que ver con eso, tenía que ver en realidad con un ritmo de trabajo y de alimentación complicado, mucho café y almuerzos salteados. La semana laboral tenía siete días”. 

¿Puede contar más sobre cómo surge la figura de De Vido en el juicio?

Una mecánica que nosotros veíamos en ese momento y de la que no se hablaba era que a partir de la decisión presidencial de congelar las tarifas, los concesionarios del Estado solicitaban al Ejecutivo que los compensaran de alguna forma porque el desequilibrio entre los costos y ganancia. Entonces empiezan a hablar de una renegociación para ver si mantenían las concesiones o no y le solicitan al Estado que compense de alguna forma. Había una comisión de renegociación y la designación de los integrantes dependía de De Vido. Resulta que en ese momento no estaba conformada, con lo cual quien resolvía todo era Sinmenoff, que respondía órdenes y decía que hacía lo que mandaba su jefe, pero nunca lo mencionaba. Entonces le empecé a preguntar quién era. 

Once fue la destrucción de la vida a nivel transversal.

“Quedó ahí planteado que había una mecánica, siguiendo un razonamiento que parecía diabólico -aseguró Arrigo- porque los empresarios iban creando deudas en la medida en que el Estado les reclamaba a ellos las multas que tenían que pagar por incumplimiento con el contrato de concesión. Con relación a Schiavi, nosotros planteamos que se superó el porcentaje de multas y que por el propio pliego de licitación se les podía quitar la concesión y eso no lo hicieron. La mantuvieron. Y particularmente en el caso de Schiavi, una prueba de la toma de conocimiento de ese riesgo creado que generó la responsabilidad de su conducta es cuando en varios canales de televisión salió llorando, hablando del estado deplorable en que estaban (los trenes)”.

Tras las condenadas a Jaime y Schiavi, hubo un segundo juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff en 2017 y 2018, pero ¿podría explicar usted la consecuencia de haber traído la figura de De Vido al primer juicio de Once?

En el marco de esa renegociación perpetua que venían llevando, le preguntamos a Simeonoff dónde estaban los papeles de trabajo y él contestó que no tenía papeles de trabajo para que no hubiera pruebas. Fue así de terrible. Ahí es donde surge su intervención (de De Vido) y su relevancia, a criterio nuestro, en ese momento, con el resultado, porque justamente esa situación de indefinición y de mantener la concesión, tenía que ver con que TBA siguiera incumpliendo, discutiendo algo indefinido que, dicho sea de paso, era la única empresa que conseguía que el Estado a través de asignación de recursos le pagará las reparaciones. Con ese dinero que daba el Estado, hacían licitaciones para las reparaciones y en las licitaciones, ¿quiénes ganaban? Las empresas del mismo grupo de ellos.

¿Tenían una serie de compañías tercerizadas que eran del mismo grupo TBA y que le proveía servicios a TBA para las refacciones y mantenimiento de los trenes?

Exactamente. Ellos mismos se cobraban servicios de asesoramiento, donde estaba Cirigliano, y cobraba honorarios por asesorarse a él mismo. Era una mecánica de inventar gastos, en definitiva. Contrataron un jet privado, por ejemplo, que en realidad usaba la familia para ir a Punta del Este y a Necochea. Establecimos un nivel de ingresos en el período investigado de $3.000 millones del Estado, desde el momento en que empezaron la concesión hasta el momento en que se la quitaron. Cobraban por un servicio por el cual se habían comprometido a que si el tren se quedaba, iban a buscar a los pasajeros en colectivos. El grupo económico tenía varias empresas de colectivos. Le pregunté a todos los pasajeros que vinieron a declarar como testigos si alguna vez los habían trasladado y dijeron que nunca. 

Del motorman al ministro

Desde hace cuatro años, Arrigo encabeza una de las fiscalías ante los tribunales orales federales de Rosario, desde donde se conecta vía zoom con elDiarioAR, el jueves último por la tarde, luego de una audiencia de testigos en el juicio contra 19 policías de la ciudad santafesina por la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, ocurrida el 6 de octubre de 2014.

“Una vez (el periodista) Nelson Castro me preguntó: ‘¿Cómo puede ser que el que maneja un tren y el funcionario que controla sean condenados por el mismo hecho? Yo le dije: porque ahí hay un entrecruzamiento de riesgos creados que dieron como consecuencia ese resultado”, recuerda Arrigo. “El clímax, digamos, de esa conjunción fue ese día”, aseguró el fiscal, en referencia al miércoles 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, cuando el tren número 3772 chocó en la cabecera de la estación de Once.

El tren era conducido por Marcos Córdoba, quien terminó condenado a tres años y medio de prisión por estrago culposo e inhabilitado por siete años para desempeñarse como conductor ferroviario (Casación redujo luego su pena). Otras 20 personas fueron condenadas a penas mayores. Arrigo había solicitado penas de entre 10 años y medio y 11 años para los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios de TBA, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Las querellas hicieron sus propios alegatos.

“Uno de los peritos determinó que había un patrón de conducta en la forma de manejar del motorman (Marcos) Córdoba. Descubre que siempre aceleraba y frenaba en las mismas condiciones. Determinamos que esa formación estaba conformada por 16 vagones que habían sido sacados de circulación por pérdidas generalizadas de aire. Las formaciones Toshiba tienen un sistema de freno de lógica inversa: si en la cañería, el tren no tiene suficiente presión de aire, no funciona. Los caños de las formaciones sacadas de circulación por la empresa, en vez de ser del material que tenían que ser, eran mangueras de plástico. Perdían aire por todos lados”, relató Arrigo. 

“Además, por la falta de mantenimiento, no tenían la cantidad de compresores que correspondía, tenían muchos menos. Entonces el aire se perdía y no se comprimía a la velocidad que se tenía que comprimir. Esto generó la pérdida generalizada de aire en la formación”. Continúa su explicación: “El motorman aplica el freno degradado. Cuando, pasando la Cabina B, determina y ve que esos frenos no funcionaron correctamente, su obligación hubiera sido aplicar el freno de emergencia en ese momento. Continuó circulando. Y ahí se gastó un montón de aire. Realizó varias aplicaciones sucesivas. Cuando llega a la cabeza de emergencia y ve que no frena, aplica un freno de emergencia, que según la velocidad del GPS, aparece como un freno de emergencia degradado porque ya se había gastado el aire”. 

“Estando en la cabecera del andén, el perito Brito observó que el parachoques del Chapa 16 no estaba chocado y sí lo estaba el parachoques de tierra firme, que es un neumático. Él explica que en esa aplicación de freno, como están conectados todos los vagones, el tren empezó a bajar y subir, y así pasó. Si la formación hubiera tenido el mantenimiento, la cantidad de compresores y de cañerías que necesitaba, el freno de emergencia hubiera funcionado”, concluyó el fiscal.

El negocio de desinvertir

Arrigo sostiene que “el no mantenimiento no fue desidia, era un negocio para la empresa”. “Cuando pudimos desencriptar los correos electrónicos, los propios empresarios decían que para después del carnaval iba a reventar. Decían que con altas temperaturas y en un fin de semana largo, vamos a tener un accidente”.

¿Esos correos encriptados que obtuvieron eran entre ejecutivos de TBA?

Entre ejecutivos de TBA. Los funcionarios públicos también tenían conocimiento por la imposición de multas en forma descarada. 

¿El análisis de los documentos contables de las empresas del grupo TBA fue clave en el juicio?

Sí, contamos con la colaboración de Guillermo Bellini, quien quedó implicado en la compra del edificio de la calle Perón (la causa contra la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó). Hizo un análisis impecable de los libros de actas de reunión de las sociedades. Se la pasaba dentro del tribunal revolviendo papeles. A través de las discusiones en el acta de directorio surgía quién tenía en definitiva conocimiento de esa situación, de la defraudación. Después nos ayudó mucho la oficina de comunicaciones de la Procuración con todos los Power Point empresariales, con personajes que se iban repitiendo en las distintas empresas, los movimientos de fondos. Todo apuntaba a los mismos: Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliano. Estaban ellos al final de absolutamente todo.

El tribunal absolvió a Jaime por el estrago culposo y sólo lo condenó por defraudación a la administración pública, pero la fiscalía lo había acusado por ambos delitos como al resto de los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios…

Si, absuelven a Jaime diciendo que Jaime estaba muy lejos del estrago -había dejado el cargo en julio de 2009-, pero no importa cuán lejos estaba. Lo que importa en el delito culposo es el aporte que se ve reflejado en el resultado. Es la causalidad. En el caso de Jaime por más lejos que esté, es culpable. El mejor ejemplo es el de un tipo que pone una bomba, el sistema retardador no funciona y explota 20 años después. ¿Por qué está lejos no tiene nada que ver? No, puso la bomba. Justamente Jaime empieza con el incumplimiento de exigirle a la empresa los mantenimientos o el pago de las multas, todas las acciones que después se mantuvieron en el tiempo y se reflejan en el resultado. El tribunal dijo que la falta de mantenimiento tenía una relación directa con la existencia de óxido en la formación. Gracias al óxido de la formación hubo acaballamiento de la formación y la muerte por aplastamiento de 51 personas más una por nacer. 

Absolvieron también a Mario Cirigliano, a quien usted había acusado…

Sí, cuando leí los fundamentos de la sentencia presenté un recurso (para que se revise) la absolución (parcial) de Jaime. Con respecto a Mario Cirigliano me pareció bien fundamentado (su absolución) por el tribunal porque también es una forma de corregir mi propia actuación como fiscal. Pero en el caso de Jaime se equivocaron.

¿El accidente fue consecuencia de acciones que comenzaron durante el gobierno de Néstor Kirchner o que venían incluso de antes?

Uno de los problemas que tuvimos para la determinación de la prueba fue que en la gestión anterior a Jaime no había documentación ni argumentación de nada, de incumplimiento ni cumplimiento, absolutamente nada. Con lo cual nosotros, a partir de la prueba que obtuvimos, dijimos bueno, esto empezó en esta época. De hecho, la concesión era anterior a Jaime pero no teníamos pruebas. El tribunal nos dijo que empezáramos a ver desde 2003 en adelante porque si no era el infinito. Como dijo Jaime en una entrevista en Página/12, las concesiones quedaron en manos del Presidente, de él y de De Vido. No hubiésemos conseguido lo que conseguimos si cada uno no hubiese cumplido su rol. Sólo en el equipo de la fiscalía, Adrian Folliero, Mariana Aiello, Daniela Capmany, Federico Aversa, Esteban Heldt, Mariana Aiello y Guillermo Bellingi. También el equipo de comunicación de la Procuración.

Usted describe una combinación entre el congelamiento de tarifas, la defraudación con subsidios y el desvío de los fondos para mantenimiento, además de una acción del motorman. ¿Cuánto influyó la situación económica, el congelamiento de tarifas y la corrupción?

Con la inflación y el congelamiento de tarifas, la subsistencia (de TBA) dependía casi 100 por ciento del subsidio, pero si, por ejemplo, la comisión de renegociación se hubiera implementado, hubieran quitado la concesión, hubieran visto el tema de los incumplimientos, incluso habiendo subsidios, no hubiera pasado lo mismo. En un momento empezaron a hacer trenes doble piso con trenes de un piso usados, viejos, lo reforzaban y lo querían vender al Estado. Para mí, el congelamiento de tarifas fue, digamos así, el caldo de cultivo que después se unió con estos ingredientes.

Culpables

¿Cómo fue su relación en el juicio con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas?

Es una parte del juicio en la que claramente, como fiscales, tenemos que participar sin ser, digamos… sin violar secretos de la investigación pero sí mantener la comunicación. Sos un abogado y te paga el Estado pero estás defendiendo a la gente, velando por sus intereses y representando a la gente que trabaja. En ese marco, fue que tomé contacto con ellos. Les iba contando cuáles eran las distintas etapas, les fui avisando que iban a escuchar cosas de las defensas y que no se tenían que enojar para que no desalojen la sala. Les dije: “La presencia de ustedes ahí es importante”. Cada tanto venían y nos juntábamos, me preguntaban por qué habían dicho tal cosa, por qué no decía yo tal otra. Y yo le decía que había distintos momentos para cada una de las situaciones.

¿Qué historias lo marcaron más y le siguen viviendo en los recuerdos del juicio?

Cada vez que me acuerdo se me escapa una lágrima… (sigue con la voz entrecortada y no evita las lágrimas) El papá que perdió a su mujer y a su bebé… Fue terrible… Un hijo que una vuelta escuché en un acto que le despedía a su papá… Cuando los bomberos contaban que querían sacar a las víctimas apretadas. Se produce una reacción química en el organismo cuando ese organismo está apretado por más de determinado tiempo, no recuerdo en este momento si es media hora, 45 minutos, una hora. Empieza a largar toxinas y el cuerpo se empieza a morir. Ellos quisieron sacarlos y de tan apretados que estaban y le sacaron el brazo a una de las víctimas y de pronto empezaron a ver cómo se iban muriendo siguen muriendo. La historia de (Lucas) Menghini Rey… porque fue la desesperación, la angustia de cualquier papá y cualquier mamá que pierde un hijo. Como una vez me dijo un jefe mío que había perdido un hijo, es como si estuvieras muerto pero siguieras caminando. Y después la culpa generalizada de todos los que sobrevivieron, que no estuvieron en el tren pero que lloraban y decían (se toma unos segundos): “Si esa mañana le hubiera dicho ‘Viejo quédate a tomar unos mates’. No hubiese muerto”. Es como si hubieran seguido sufriendo, como si no hubiera terminado ese día, con la angustia de los parientes que estaban ahí desesperados, buscándolos en la morgue. El relato de un chico que sobrevivió y en el juicio dijo: “Señores jueces, perdónenme lo que voy a decir. ¿Puedo puedo decir una guarangada? El servicio del tren Sarmiento era una mierda. No lo puedo describir de otra forma. Entrábamos por la ventana. Estábamos amontonados entre los asientos. Íbamos con la puerta abierta, enganchados porque llegábamos tarde al trabajo”. Recordemos que las personas que viajaban en el tren eran las que menos recursos tenían porque el boleto era lo más barato que había, con lo cual era un grupo de lo más vulnerable, en la peor situación, que era un negocio para una empresa. Su reclamo y su presencia echaron luz sobre algo diabólico: alguien que veía hacer un negocio para construirse una casa frente al mar o ir a Punta del Este en un jet privado, y cobrar todo lo que se podía a costilla de la inseguridad de un grupo social, el más vulnerable, el que trabaja. El factor común de todos fue la destrucción anímica, afectiva y familiar; 52 fueron los que murieron, pero multiplica eso por un número incansable de personas vinculadas a ellos que quedaron destruidos y que hoy, o por lo menos la última vez que yo estuve (con ellos), siguen sintiendo culpa de estar vivos y creen que podrían haber dicho algo para que no murieran su mujer, su marido, su papá, una mujer embarazada con su hijo.

¿Cada cuánto recuerda la Tragedia de Once?

A ver, bastante seguido… (se toma unos segundos) Hay una constante en casi todos los hechos que vemos en cotidiano los fiscales y tiene que ver con… con el dolor de la destrucción. Ahora, es la droga y la desintegración social familiar de quienes están en el narcomenudeo, del que es víctima de homicidio, de una persona adicta. Y Once fue eso. Esta destrucción de la vida a nivel transversal, de la sociedad, de una época, de un momento y de un lugar, como pasa acá en Rosario. Es terrible. Fue muy revelador de cómo juega el delito, cómo daña y cómo atraviesa a la víctima directa, a la familia y a la sociedad. Cada tanto, cuando tomo un tren y me quedo mirando el sistema de freno, que ahora son mucho más evolucionados, se ve que son frenos de disco como los autos, o a veces que he tomado también el Sarmiento, se me vienen automáticamente los relatos de los pasajeros, cuando iban escuchando cómo golpeaban las vías por falta de mantenimiento. Y es como si volviera cada tanto en otro juicio, con alguna noticia. Otra de las cosas que me quedó de ese juicio, que aprendí un montón, es lo que dicen los principales desarrolladores de trenes que hoy andan a velocidades infernales: la frecuencia del tren y la frecuencia del servicio es como la presión arterial de un ser humano. Cuando tenés un servicio en horario y que tiene la cantidad suficiente de trenes para que la gente vaya en los metros cuadrados que corresponde, es la primera señal de que un sistema funciona. 

¿Qué más le sorprendió del relato de los bomberos?

Que fue desesperante. Me acuerdo de (el jefe del SAME, Alberto) Crescenti. Fue un trabajo a contrarreloj porque tampoco podían poner una sierra, si metían la sierra, mataban al que le metía la sierra. Era desesperante, era tal la compresión que no entraba nada. Y las propias víctimas que sobrevivieron dijeron que escuchaban cómo dejaban de hablar otros y era que se estaba muriendo. Y los bomberos sabían eso. Fue terrible para los bomberos y para los paramédicos.

¿Cómo recuerda a los funcionarios imputados? ¿Cómo vio que vivían ese juicio?

El único que recuerdo que sí lo vivía con mucha angustia y era ostensiblemente diferente al resto era Schiavi. Se lo veía muy angustiado. Recuerdo que en un momento, se me habrá cruzado por la calle y me preguntaba qué iba a pasar. Yo le dije: “La verdad, no depende de mí. Y dicho sea de paso, usted tiene para lo que yo veo, dos de los mejores abogados que he visto en Comodoro Py, vaya a hablar con ellos y confíe en ellos. Que ellos van a hacer un excelente trabajo y yo voy a ser el mío a medida que va apareciendo la prueba”. 

¿Y cómo lo atravesaron los ejecutivos y empresarios de TBA?

Una de las actitudes que me llamaba la atención era casi de ofendidos porque estaban ahí; como que estaban lejos de todo. “Nosotros no tenemos nada que ver”, apuntando que la culpa la tenía el motorman y de alguna forma la primera línea que estaba ahí en los controles, pero que ellos no tenían nada que ver, que no sabían. Recuerdo a uno de los abogados, muy buen abogado también, que planteaba que habían salido 10.000 tren o una cosa así y sólo había habido un accidente. Tenía una actitud de distancia con el hecho. Hasta se reían. Recuerdo justamente a Sergio Claudio Cririgliano en algunas ocasiones que me llamaban la atención.

El 29 de diciembre de 2015, los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a 21 de los 28 acusados, según el Centro de Información Judicial (CIJ). Schiavi recibió una pena de ocho años de cárcel; Jaime, de seis años de prisión. Sergio Claudio Cirigliano, nueve años. El resto de los ejecutivos y exfuncionarios condenados recibieron penas más bajas.

En mayo de 2018, los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques, de la Cámara Federal de Casación, elevaron la pena de Jaime de seis a siete años pero bajaron la mayoría de las condenas del resto, incluyendo la de Cirigliano, que pasó de 9 años a 7 años. Dos años y medio más tarde, en septiembre de 2020, la Corte Suprema dejó firme la decisión del máximo tribunal penal federal pero dejó pendiente revisar la condena de Jaime.

Tras la sentencia de 2015, tanto la fiscalía como el tribunal oral impulsaron la acusación contra De Vido. Bonadio debió citarlo a indagatoria y lo procesó el 10 de mayo de 2016, según los registros del Centro de Información Judicial (CIJ). El exministro fue condenado en octubre de 2018 a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta en contra de la administración pública. El Tribuna Oral Federal número 4 lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Atravesó el juicio desde la cárcel de Marcos Paz, detenido de manera preventiva por otro expediente conocido como el caso Río Turbio. Obtuvo la prisión domiciliaria y luego recuperó su libertad, gracias a que su condena en Once II no está firme en la Corte Suprema, cuando el kirchnerismo hizo entrar en vigencia artículos del nuevo Código Procesal Penal. El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso en abril de 2021 que el exfuncionario esté monitoreado por una tobillera electrónica.

Este artículo se modificó el 20 de febrero de 2022 para corregir un error referido a la concesión del Belgrano Norte. Se corrigieron también epígrafes referidos a Sergio Claudio y Mario Cirigliano.

ED

A pesar de su peso pluma, Judith König dejó huellas profundas. Nació en Buenos Aires, en abril de 1964, y se despidió de este mundo a los 57, el último sábado de enero. Contadora y licenciada en Economía (UBA), de bajo perfil -también era magister en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona-, cumplió un rol central en un sinnúmero de investigaciones que marcaron la historia judicial de las últimas décadas. 

Trabajó en el Juicio a las Juntas Militares en 1985; asesoró a fiscales de todo el país; intervino en causas icónicas, desde el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray hasta el juicio de la Tragedia de Once y Hotesur. Además, realizó el cálculo que demostró que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentina SA le costaría $4.000 millones al Estado Nacional en intereses no percibidos; y desentrañó secretos contables del poder económico, como cuando analizó los libros contables de Loma Negra y descubrió la correlación entre la desaparición de uno de los abogados laboralistas en 1977 y la reducción en la previsión de gastos en indemnizaciones laborales en el 72%. 

En los tribunales, es toda una proeza ser persona entrañable. Entre grietas, conflictos de intereses, competencias y recelos, a veces el afecto es cosa de pocos o entre pocos. Pero König tiene un doble mérito: no sólo se ganó el respeto de los tribunales, también se robó el corazón de muchos en el Ministerio Público Fiscal. Su trabajo consistía en asistir a los fiscales para encontrar las pruebas contables, financieras y económicas en delitos complejos y crimen organizado. 

Su último cargo fue el de directora de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, una división clave en la asistencia a las fiscalías de todo el país que ella misma creó. Pero su trayectoría en la Procuración General de la Nación comenzó en 1982, en el edificio de la calle Guido. 

Su primera gran colaboración llegaría tres años después al participar de los preparativos del Juicio a las Juntas Militares. Tenía apenas 20 años, cuando Luis Moreno Ocampo le preguntó si quería integrar el equipo de la fiscalía de Julio Strassera, ad honorem y después de horario. König aceptó de inmediato. 

Le asignaron la producción y logística de todos los testimonios del megajuicio, recuerda Carlos “Maco” Somigliana, quien la conoció como parte del equipo, en diciembre de 1984, y fue desde entonces su amigo entrañable. “Judith era una persona muy práctica, así que le asignaron contactar a cada uno de los testigos, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje. Era mucho trabajo -la tarea continuó durante toda la etapa de audiencias- y los testigos venían con mucho miedo, pero con su vitalidad y calidez, ella lo hacía muy bien”, afirmó Somigliana en diálogo con elDiarioAR.

Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Comercial.

Al estar pegada al teléfono, König era también la receptora de las amenazas para el fiscal Strassera, casi siempre, amenazas de bomba. Somigliana recuerda lo que su amiga les contestaba: “Para amenazas tiene que llamar en otro horario”. Llevaba siempre puestos el buen humor y la sonrisa. 

Cálida y humilde, son otras dos palabras que surgen instantáneamente ante la pregunta: ¿cómo era más allá de lo profesional? Lo resaltaron cada uno de los entrevistados. También su valentía, afirmó la fiscal general Gabriela Boquin.

En base al cálculo de König, a finales de 2016, Boquin estableció que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia -Correo- era “abusivo” y “en detrimento para el Estado”; y la fiscal frenó así lo planificado desde el Ejecutivo. “La conocí cuando la convocamos a la fiscalía para pedirle colaboración. La DAFI era la más preparada para hacer las pericias en materia comercial y siempre estuvo solícita, no sólo a brindar la colaboración, sino a explicarle a los integrantes de mi fiscalía y a mí cuestiones que exceden el conocimiento de un abogado”, contó Boquin a elDiarioAR. 

Le asignaron contactar a cada uno de los testigos del Juicio a las Juntas, que estaban en distintas partes del país, para coordinar con ellos su llegada a Buenos Aires, sus pasajes, el hospedaje.

Carlos "Maco" Somigliana — Equipo Argentino de Antropología Forense, amigo y excompañero del equipo.

“Me pareció siempre una persona sumamente íntegra y honesta, que aún ante casos hipersensibles para la opinión pública, trabajó con convicción y brindando lo mejor de su conocimiento. Era una mujer muy sana, muy humilde, a pesar de sus conocimientos y experiencia”, aseguró Boquin.

Otra característica de König que resaltó la fiscal general y repitieron algunos de sus colegas consultados para esta nota es que “siempre estaba dispuesta a considerar la opinión del otro y a reconsiderar lo que ella pensaba”. “Fue muy valiente en el caso Correo y no se equivocó en nada. La vamos a extrañar”, dijo Boquin.

El fiscal Carlos Rívolo resaltó otras cualidades de König ante la consulta de elDiarioAR: “Después de que se recibió de contadora, a medida que desarrollaba un expertise en investigaciones patrimoniales, contables y financieras se fue haciendo su lugar. Judith fue perito oficial -por el Ministerio Público Fiscal- en causas relevantes de corrupción de todos los gobiernos democráticos”. 

“Era clara y contundente”, agregó Rívolo y destacó cómo fue gestando las distintas oficinas especializadas en criminalidad económica hasta lograr la creación de la DAFI. ¿Cómo era como asesora de los fiscales? “Proponía lo razonablemente probable y no se iba por las ramas”, afirmó el fiscal y titular de la Asociación de Fiscales, organización en la que König fue tesorera hasta que enfermó de cáncer y donde ayudó a que los fiscales tuvieran su propio edificio como sede de la asociación. “Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente”, afirmó Rívolo.

Una historia de amor

En 1994, el ahora fiscal Pablo Parenti era un joven meritorio de la fiscalía de Gabriel Cavallo. En un encuentro de empleados judiciales en la casa de Manuel Garrido vio por primera vez a Judith König y fue amor a primera vista. Ella ni lo registró. Era unos años mayor que Parenti, estaba en pareja y tenía un hijo, Juan. Pasaron unos tres años hasta que volvieron a reencontrarse en los tribunales. Almuerzos de por medio, con amigos en común, terminaron concretando una historia de amor de 25 años. Tuvieron dos hijas, Morena y Julieta.

“Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora. Yo le reclamaba que no trabajara los domingos -recuerda Parenti ante la consulta de elDiarioAR-. En diciembre de 2020, le diagnosticaron cáncer de ovario. Pasó por una cirugía y un tratamiento que duró hasta julio de 2021. Entonces se reintegró al trabajo pero con otro equilibrio, más consciente de que la vida es mucho más. Fueron unos meses super felices, hermosos, salíamos a caminar, se juntaba más con sus amigos, viajamos a Villa La Angostura y a Ushuaia. Judith se sentía bien, yo la vi más luminosa, más serena”, contó Parenti.

Pero en diciembre último, volvió a sentirse mal. 

En diálogo con este medio, un funcionario de un organismo de control contó que hace casi un año, König le dijo que estaba “con energía para dar pelea” al cáncer. “La vida te sorprende, ahora me tocó esto”, le dijo por chat. Meses más tarde, en junio de 2021, le respondió: “El tratamiento se hace largo”.

“Palabra santa”

Tras el Juicio a las Juntas Militares, Moreno Ocampo montó un equipo para colaborar en causas de criminalidad económica y sumó a König. También fue la primera contadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fue docente y autora de publicaciones.

Cuando llegó el menemismo hacía años que trabajaba en la Justicia federal realizando investigaciones de delitos económicos y su trabajo no era sólo hallar las pruebas contables, económicas y financieras sino presentarlas de forma tal que los jueces y fiscales las comprendieran.

Entre otros tantos cargos, trabajó como secretaria del juzgado de Martín Irurzun. En 1993, descubrió una serie de supuestas irregularidades en la contabilidad de la empresa Torno, que realizaba las obras de limpieza del río Matanza y que fueron clave para que el juez procesara al entonces embajador en Brasil, Alieto Guadagni, publicó Clarín el 7 de agosto de ese año. 

Se fue una amiga, filosa y aguda, en todo sentido. Demasiado temprano e innecesariamente.

Carlos Rívolo — Fiscal federal y titular de la Asociación de Fiscales.

Ante el avance del caso, en el gobierno de Carlos Menem redactaron un decreto para desplazarla del cargo y nombrarla como defensora oficial en otro juzgado, pero König tenía una amiga que era empleada en la Casa Rosada, quien vio el borrador del decreto y avisó a sus superiores a tiempo: era contadora, no abogada. No le encontraron otro cargo y el decreto nunca se firmó.

“Sufrió situaciones de maltrato, de injusticia, de chocarse con la incompetencia de otros, de ver cómo se intentaron muchas veces forzar pruebas, y eso la amargaba mucho”, contó a elDiarioAR una persona de su máxima confianza. “Pero tenía sus estrategias para protegerse a ella misma y a su equipo. Siempre dejaban un dictamen escrito con su posición”, agregó.

El influyente Alberto Binder, abogado especializado en derecho procesal y proceso penal, recuerda que König “fue siempre una de las personas que estaba presente en la ardua tarea de construir herramientas más eficaces contra la corrupción y la criminalidad financiera. Cumplió un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de investigación en los delitos economicos. No tenemos mucha gente así”, afirmó Binder ante la consulta de este medio.

Ella siempre fue del aquí y ahora, fue una persona muy libre. También pasaba muchas horas sentada en la silla, trabajando en la computadora.

Fiscal Pablo Parenti — Esposo.

“Una de sus innovaciones fue que los fiscales pudieran tener sus propios peritos contables”, resaltó Parenti, quien actualmente lidera la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dijo a elDiarioAR: “Tengo una tristeza enorme porque la pérdida de Judith es una pérdida tremenda. Todos los que la conocíamos realmente estamos muy tristes y todavía estamos buscando explicaciones. Son las injusticias de la vida”. 

“Creo que Judith conoce el Ministerio Público Fiscal como pocos y sin dudas que la institución ha perdido una gran baluarte. Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces. El rigor con el que conjugaba su lado contable, su lado económico y su lado del derecho”, añadió Rodríguez. “Maravillosa, cálida y con mucho carácter, con firmeza. Si tenía que decirte algo que le parecía mal, no dudaba en hacerlo”. Rodríguez también la va a extrañar, aseguró. 

Generaciones

La vida de König tiene otro costado más: los y las más jóvenes del ámbito de fiscalías, ONGs, centros de estudios y universidades la valoran como referente y recuerdan su generosidad y capacidad docente. Los periodistas también conocimos esa faceta suya, cuando nos ahogábamos en informes contables y financieros y recurríamos a la pitonisa de la DAFI para desentrañar la historia detrás del tecnicismo. 

La fiscal federal Alejandra Mángano también trabajó con König en varios casos de corrupción económica. “Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera. Su importante trayectoria la hizo también una gran docente y formadora profesional para muchos fiscales, entre quienes me incluyo. La vamos a extrañar mucho”, dijo a este medio la fiscal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un informe de Judith en una causa penal era palabra santa para todos, para las partes, para los jueces.

Sergio Rodríguez — Fiscal general y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“Brillante e inteligente, siempre se anticipaba a los acontecimientos”, afirmó la economista y contadora Magdalena Rúa. “Sabía más de derecho procesal penal que cualquier abogado. Ella era la directora de la DAFI pero nos presentaba siempre como compañeros de trabajo”, agregó.

Martina Cirimele, exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), también resaltó la generosidad de König y su predisposición a compartir sus conocimientos y su tiempo. “Es una referenta en investigación financiera y patrimonial -contó la joven la especialista-. Cuando inauguramos el grupo de género en el CIPCE, ella se reunió con el equipo para aportar todas sus ideas y sus ganas para la incorporación de esta perspectiva al estudio de la criminalidad económica. Siempre con mucho entusiasmo”. 

“No sé si Judith se consideraba feminista, pero lo era”, contó a elDiarioAR una de sus colaboradoras en la DAFI.

“Una pionera en la investigación financiera que dejó una huella en sus colaboradores, siempre luchando por los intereses de los que menos tienen y pueden”, afirmó Magalí Bausset, una de sus colaboradoras en la DAFI. En marzo de 2021, König dejó uno de sus puntos de vista en Twitter, algo que no solía hacer con frecuencia. “No importa qué tributos progresivos quieran imponer los legisladores, siempre va a haber un juez conservador dispuesto a salir en defensa de los ricos que no quieran pagar impuestos. Así se mantiene la regresividad tributaria y los pobres siguen pagando el IVA”, escribió.

Fue una mujer solidaria, sorora, divertida y buena compañera.

Alejandra Mángano — Fiscal federal y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Un funcionario de un organismo de control que compartió con König diversos casos de investigación en los años ‘90 y 2000, recuerda a la experta pronunciando reiteradamente el nombre “Morena”, su primera hija con Parenti. “La tenía siempre presente”. Más tarde, nació Julieta, su segunda niña. 

Sebastián Narvaja, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Santa Fe, recalcó que en su provincia, König “fue incondicional colaboradora para capacitar investigadores”. El abogado Pedro Biscay recordó el aporte de la experta en “el cómputo del perjuicio del caso Greco”.

“Habíamos conseguido la detención de un prófugo y eso le costó una apuesta. La llamé contento y me dijo: ‘Prisión preventiva consigue cualquiera. El tema es que esté preso con condena’ -contó a este medio otro investigador del Ministerio Público Fiscal-. Igualmente pagó el almuerzo por la apuesta en un prestigioso club de la Ciudad de Buenos Aires. ‘Acá están todos los que investigás, te traje sólo para que veas que el trabajo termina cuando tengamos condena’. La condena del prófugo llegó en 2019 y me replicó: ‘Aún falta, tiene que estar firme’. Incansable motivadora”, concluyó.

Su esposo, Parenti, recordó una de sus últimas huellas: “Cuando se enfermó y después, en los últimos días, me dijo que ella estaba tranquila, serena. Estaba conforme con su vida y sonreía mucho. La vi con mucha paz, tenía ganas de vivir pero estaba tranquila. Me dijo: ‘Hice todo, tuve una vida hermosa’”.

Este artículo se corrigió a las 15:08. Donde decía Juana debía decir Julieta. König falleció el sábado 29 de enero de 2022 debido a un cáncer de ovario. También se debió quitar un testimonio en on the record a pedido de la autora del testimonio posterior a la publicación.

ED

El Tribunal Oral Federal número 2 le concedió este lunes la libertad condicional al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en la causa en la que fue condenado por la tragedia de Once, tras haber cumplido los dos tercios de la pena.

Schiavi está condenado a cinco años y seis meses de prisión y fue detenido el 5 de octubre de 2018.

La condena del exfuncionario del Gobierno de Cristina Kirchner -entre septiembre de 2009 y marzo de 2012- por la tragedia del tren de Once del 22 de febrero de 2012 vencerá el 4 de abril de 2024, pero en junio el TOF2 lo había habilitado a pedir la libertad condicional que regirá desde el 24 de noviembre.

Schiavi fue condenado como “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas”.

El extitular de Transporte consiguió el beneficio del “estímulo educativo” por cursos que hizo durante su detención. Entre los cursos que hizo en la cárcel de Ezeiza están “Liderazgo trascendente: Ampliar la perspectiva del éxito”; “Mi propia huerta”, “Cultivo hidropónico en casa”; cursos de instrumentos musicales, de prevención del Covid-19, tanto dentro del penal como de manera remota en diferentes instituciones educativas.

El Tribunal validó para el beneficio de “estímulo educativo” de Schiavi los cursos de “Forestador”; “Electricista”, “Instalador de Redes”; “Montador de instalaciones de gas”; “Gestión de proyectos y Financiamiento exterior”; “Introducción a la antropología cristiana”; “Escritura Creativa”; “Creación de Videojuegos”, “Reparador de Refrigeradores Domésticos” y “Curso de Trabajo 2.0 CV”.

Con información de agencias.

IG

El exsecretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Pablo Schiavi, preso por la tragedia de Once, controló una compañía offshore de Panamá y una cuenta bancaria en el exterior que no declaró ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario obtuvo un poder general sobre la sociedad Groveland Overseas SA, el 16 de enero de 2008, dos días después de ser dado de alta en la Administración Pública Nacional.

El exfuncionario compartió ese poder con su esposa, María Verónica Mora Dubuc, y otro familiar para tomar el control de la offshore, según surge de los documentos de Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Schiavi había ingresado el 14 de enero de 2008 como titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por entonces bajo la órbita del ministro Julio De Vido, según figura en su declaración jurada pública. Su designación en el Boletín Oficial, sin embargo, fue oficializada recién en abril.  

El directorio de Groveland Overseas SA emitió el poder a favor del matrimonio Schiavi “para que administren y gobiernen bienes de toda clase, ya sean muebles, inmuebles, bonos, acciones y/o valores”, de acuerdo con los documentos del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete panameño que brinda servicios offshore a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

En una carta del 17 de enero de 2008, Alcogal se dirigió a agentes del Merrill Lynch Bank Uruguay e identificó a esa entidad como “banco corresponsal” de la sociedad offshore de Schiavi.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Schiavi, a través de sus abogados, confirmó la existencia de la compañía panameña y de una cuenta bancaria en el exterior, aunque no dio precisiones de los montos que manejó. Solo aseguró que “hace años” que allí “no hay un dólar”.

“A través de un operador que manejaba cuestiones financieras, Schiavi abrió una cuenta en el exterior, donde depositó dinero cuyo origen fue producto de su actividad privada anterior a que fuera funcionario público nacional”, indicó Schiavi a través de sus abogados. “Su esposa, en tanto, es de nacionalidad venezolana y tuvo en su momento una sucesión. No había una obligación tributaria en la Argentina por esos fondos”, transmitió el exsecretario de Transporte. Advirtió que le costó reconstruir los detalles de la operatoria sin los papeles ya que está preso en el penal de Ezeiza desde hace tres años.

En los documentos que forman parte de Pandora Papers no surgen datos adicionales sobre los montos que manejó Groveland Overseas SA, que -según los registros públicos de Panamá- fue disuelta en 2017.

Schiavi dijo que recurrió a esa sociedad offshore “por una cuestión de protección y de desconfianza en el sistema bancario argentino”. Por esa “desconfianza”, añadió a través de sus abogados, “abrió la cuenta bancaria vinculada a esa persona jurídica -Groveland Overseas SA-”. “Pero hace años que no tiene actividad y que está en cero, si bien no se cerró desde el punto de vista formal. Hoy no tiene ni un dólar”, afirmó.

Actividad privada

Schiavi es ingeniero agrónomo y militante peronista. Participó de las campañas políticas de Italo Luder, Carlos Grosso, José Manuel de la Sota y Octavio Bordón. Tuvo sus inicios en la función pública durante la gestión de Grosso en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se desempeñó como subsecretario de Mantenimiento Urbano.

En 1997, se asoció a Daniel Chaín, entonces ejecutivo del Grupo Socma y quien sería años después funcionario de Mauricio Macri en la Ciudad y Nación. Juntos constituyeron en 1997 una sociedad comercial, Audeco Inversiones SA (AISA), cuya actividad era, entre otras, la refacción de estaciones de tren. 

En 2000, Schiavi asumió el rol de jefe de campaña de Macri, quien compitió en las elecciones porteñas de 2003. El candidato de Schiavi perdió finalmente el ballotage con Aníbal Ibarra. Dos años después, en 2005, Schiavi también tuvo un rol central en la campaña de Propuesta Republicana (Pro).

Tuvo un breve paso por la gestión de Jorge Telerman en la Ciudad y en 2008 saltó, bajo el ala de De Vido, al Ministerio de Planificación. Fue entonces, cuando Schiavi se desprendió de su parte en Audeco Inversiones SA, la sociedad con Chaín, según surge de las declaraciones juradas públicas ante la Oficina Anticorrupción (OA) que analizó el equipo argentino de ICIJ.

En su primera declaración jurada ante la OA, en 2008, Schiavi también declaró dos autos modelo 2005 y el 50% de una casa en Palermo de 227 metros cuadrados, además de acciones en Tiraxi SA (una empresa de Salta) y depósitos por $43.700. Su esposa, en tanto, declaró el otro 50% de la casa palermitana y dos inmuebles más. 

En 2009, asumió como secretario de Transporte, tras la renuncia de Ricardo Jaime. En su siguiente declaración jurada anual, informó que ya no tenía acciones en Audeco Inversiones SA y canceló una deuda que tenía con esa empresa por $50.000. En depósitos y dinero en efectivo pasó a declarar $306.108. En los dos años siguientes, Schiavi casi no informó cambios en sus activos. Su patrimonio declarado total se redujo durante su paso por la función pública nacional: en 2008 informó bienes por $561.368 y en 2012, cuando renunció, lo hizo por $487.570, un 13% menos.

En ninguno de los años en los que se desempeñó como funcionario, sin embargo, Schiavi declaró ante la Oficina Anticorrupción a la firma Groveland Overseas SA, de Panamá, ni su cuenta bancaria en el exterior.

El 6 de marzo de 2012, Schiavi presentó su renuncia, dos semanas después de la tragedia ferroviaria de Once, que le costó la vida a 51 personas y una por nacer.

El juez Claudio Bonadio lo procesó por el delito de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. En diciembre de 2015, un tribunal oral lo condenó a cinco años y seis meses de prisión. Fue detenido el 5 de octubre de 2018. En las próximas semanas estará en condiciones de solicitar la libertad condicional, gracias a los beneficios del estímulo educativo por cursos hechos desde que está en prisión.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Juan Pablo Schiavi está preso. En el penal de Ezeiza, cumple con una condena que en una primera instancia fue a ocho años de prisión y que la Cámara de Casación redujo después a cinco años y medio, e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Es porque la Justicia lo declaró responsable del delito de defraudación contra la administración pública y de un descarrilamiento culposo. El que ocurrió a las 8.33 del 22 de febrero de 2012 en la terminal ferroviaria de Once, cuando una formación del tren Sarmiento no detuvo su marcha y chocó contra el parachoques del andén, que por su estado defectuoso no pudo amortiguar el golpe y que desencadenó la tragedia en la que murieron 52 personas y resultaron heridas 789.

El 22 de febrero de 2012 Schiavi era el secretario de Transporte de la segunda Presidencia de Cristina Fernández. Horas después de que el chapa 16 chocara en Once, Schiavi habló con la prensa, pero no respondió ninguna pregunta. Esa tarde dijo: “Este tren paró 14 veces y la última vez no paró”. Y dijo también: “Todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes, y pasar antes, y no hacer cola, y no esperar el colectivo o bajar más rápido al subte. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucha más carga que la que habitualmente... lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si estuviera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor”.

Pocos días después, el título de tapa de la revista Barcelona fue: “A la desgracia hay que ayudarla”. En la bajada de su portada, la publicación decía: “Si Carlos Menem no hubiera privatizado los trenes; si los últimos cuatro gobiernos hubieran controlado a los empresarios inescrupulosos que se hicieron cargo de TBA; si los empresarios no hubieran sido inescrupulosos y hubieran invertido en mantenimiento y renovación de los trenes; si el jerarca de TBA, Claudio Cirigliano, no hubiera sido recaudador de la campaña de Néstor Kirchner; si el secretario de Transporte hubiera viajado alguna vez en el Sarmiento; si el tren hubiera frenado; si el tren no hubiera sido de 1950: si el 22 de febrero no hubiera habido trenes; si a todo el Conurbano le hubiera dado por faltar a su trabajo; si a esa hora hubiera jugado la Selección la Final de un Mundial; o si, como dijo Juan Pablo Schiavi, hubiera sido feriado, esta 'tragedia horrible' de Once con al menos 49 muertos y 600 heridos podría haberse evitado o al menos no habría sido tan grave”.

El 7 de marzo de 2012, dos semanas después del choque, con prohibición de salir del país dictada por el juez Claudio Bonadío y alegando “estrictas razones de salud”, Schiavi renunció a la secretaría que había heredado de Ricardo Jaime, también condenado por la tragedia de Once. En octubre de ese año, Schiavi, que es ingeniero agrónomo y que ocupó un cargo público por primera vez en la intendencia porteña de Carlos Grosso, fue procesado por esos hechos. Su estrategia de defensa fue apuntar a que el motorman del tren, Marcos Córdoba, había cometido una “falla humana” y que los motivos de la tragedia empezaban y terminaban allí.

Las pericias y pruebas que los familiares de las víctimas presentaron ante la Justicia dieron cuenta de que el tren circulaba con dos compresores menos de los necesarios y que esa mañana experimentaba fallas en los frenos durante todo el recorrido. También se probó que la última revisión general del tren había sido en 1997. Quince años antes de la tragedia. 

El diseño y estado defectuoso del paragolpes del andén de Once, sumado a que no funcionaban los amortiguadores, hizo subir la trompa del primer vagón y, en consecuencia, bajar la cola. Ese movimiento fue determinante para la superposición -técnicamente “acaballamiento”- del segundo coche con el primero: ahí se produjo la mayor cantidad de víctimas fatales. Eso mismo ocurrió entre el tercer y cuarto vagón.

Durante sus años en la gestión porteña, Schiavi había sido subsecretario de Mantenimiento y Servicios de la Municipalidad. Encargado de gestionar los contratos de recolección de residuos, hizo el acuerdo principal con Manliba, la empresa que pertenecía al Grupo Macri - SOCMA. Años después, cuando Mauricio Macri fundó Compromiso por el Cambio (CpC) para candidatearse a jefe de Gobierno en 2003, el ahora condenado y preso en Ezeiza fue su jefe de campaña y uno de sus principales operadores políticos.

Se alejó de Macri dos años después, cuando el ex presidente de Boca se acercó a Ricardo López Murphy. Schiavi volvió a acercarse al peronismo porteño primero, y a la gestión nacional kirchnerista unos años después, cuando Julio De Vido lo convocó para encabezar la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La empresa estatal había sido creada para impulsar inversiones que reordenaran el sistema ferroviario argentino, algo que no ocurrió.

Durante el proceso judicial por la tragedia de Once, además de señalar al conductor del tren como único responsable de la tragedia, la estrategia de la defensa de Schiavi fue pedir la nulidad de la causa sosteniendo que era “víctima de la opinión pública o de intereses políticos y no responsable de acciones criminales”. La acusación formal contra Schiavi -y también contra su antecesor y las autoridades de Transporte Ferroviario y de la CNRT- sostuvo que los funcionarios no habían controlado las condiciones de funcionamiento y utilización del material rodante, ni la infraestructura ferroviaria, ni los fondos públicos que el Estado había puesto a disposición de la empresa concesionaria TBA: todos esos incumplimientos reunidos ayudaron a crear el escenario de la tragedia, junto a los incumplimientos cometidos por los empresarios que administraban el ferrocarril Sarmiento.

Condenado por la Justicia, Schiavi se entregó en los tribunales de Comodoro Py en octubre de 2018, cuando también lo hicieron el empresario Claudio Cirigliano y el conductor del tren, Córdoba. Pidió -pero no le otorgaron- el beneficio de la prisión domiciliaria.

Lo que sí consiguió su defensa, en junio de este año, fue que le redujeran la pena en 192 días por haber hecho algunos cursos que son reconocidos por el sistema penal como “estímulo educativo” de las personas que cumplen prisión efectiva. Entre esas capacitaciones se cuentan la de reparador de refrigeradores domésticos y la de forestador, y un taller de escritura creativa. Le desestimaron como créditos para achicar su condena los talleres “Mi propia huerta”, “Introducción a la peluquería”, “Percusión en casa”, “Construcción de termotanques solares” y “Cultivo hidropónico en casa”.

Cuando se conoció públicamente que había accedido a este beneficio, Familiares de Víctimas y Heridos de la Tragedia de Once emitió un comunicado. “Que el condenado y corrupto Schiavi realice cursos de 'Reparación y mantenimiento de nuestra computadora personal', 'Programación visual de imágenes: introducción a Processing' así como otros de botánica o electricidad no apuntan a su reinserción sino a disminuir su pena”, sostuvieron. Desde el 24 de noviembre de este año Schiavi estará en condiciones de pedir la libertad condicional.

JR

Tras el final de la feria de judicial de verano, la Justicia federal deberá tomar dos decisiones centrales de las que dependen las libertades del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Planificación, Julio De Vido, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con intervención directa en los casos y las defensas de ambos exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Las resoluciones estarán a cargo de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país.

Para Boudou, el desenlace de su caso podría implicar que pierda el beneficio del arresto domiciliario para regresar a una cárcel federal por el caso Ciccone, mientras que De Vido apelará la confirmación de su sentencia en el juicio por la Tragedia de Once y la Casación analizará si ordena su detención o le permite recurrir ante la Corte Suprema en libertad. Ambos exfuncionarios niegan los cargos en su contra. Sus casos están entre los que dispararon cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción.

De Vido está en libertad desde hace casi un año -fue excarcelado en marzo de 2020- y su caso volverá a plantear el debate sobre el cumplimiento efectivo de las penas. La discusión entre las defensas y los tribunales es si la confirmación de la condena por parte de Casación deja firme la pena de la sentencia (como plantean algunos jueces del máximo tribunal federal penal) o si, en cambio, la Justicia debe aguardar el fallo final de la Corte para ordenar la detención del condenado en un juicio. 

Se abrirá un margen para la discusión de si debe primar el estado de inocencia o una detención anticipada.

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena de 5 años y 8 meses de prisión a De Vido por la Tragedia de Once, según el fallo consultado. El exfuncionario había sido sentenciado en octubre de 2018 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

“En febrero, vamos a presentar el recurso extraordinario ante la Casación contra la confirmación de la condena y la determinación de la pena”, confirmó una fuente de la defensa de De Vido. “Él va a seguir conservando su estado de inocencia, como cualquier ciudadano, hasta que la Corte defina sobre su caso”, agregó el defensor. Sobre la posibilidad de que Casación ordene su detención, la defensa de De Vido afirmó: “Una vez que presentemos el recurso y Casación decida si lo admite, se abrirá un margen para la discusión de si debe primar el estado de inocencia o una detención anticipada, de forma preventiva, mientras dure el trámite de la queja ante la Corte”.

Las situaciones procesales de ambos exfuncionarios se cruzan en Casación. Boudou es uno de los antecedentes más próximos sobre lo que puede suceder con la libertad de De Vido. El exvice regresó por tercera vez a la cárcel luego de que esa Cámara confirmó la sentencia de Ciccone, como consta en los registros del caso. Desde entonces sigue detenido, primero en Ezeiza y desde abril último en su domicilio.

“En el caso de Boudou, este tribunal ya dijo que la jurisprudencia de la Corte plantea que una vez confirmada la sentencia en Casación, la pena queda efectiva y debe ejecutarse”, adelantó una fuente del tribunal que interviene en el caso de De Vido. “El tribunal analizará la presentación de la defensa de De Vido”, agregó la fuente. Si Casación rechaza el recurso extraordinario, los abogados podrán ir en queja a la Corte. Mientras tanto, el tribunal podría pedir su detención o dejarla en suspenso, explicó la misma fuente. “En caso de un arresto, se analizarán en qué condiciones”, añadió. El exministro es mayor de 70 años y podría acceder a la prisión domiciliaria. 

Otro escenario para Boudou

A finales de diciembre, el juez federal Daniel Obligado ordenó que Boudou regrese a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Fue luego de que la Corte dejó firme la condena por el caso Ciccone a cinco años y diez meses. Boudou ya no tiene instancias de apelación sobre la sentencia pero sí sobre las condiciones de detención. Su regreso a la cárcel quedó en suspenso ante la posibilidad de recurrir a Casación para solicitar cumplir en su domicilio el resto de la pena efectiva. 

A mediados de enero, los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, apelaron la medida ordenada por el juez Obligado, como adelantó elDiarioAR. El 20 de enero, el juez Obligado volvió a resolver sobre el caso y decidió no tratar el pedido de la defensa por el momento, ya que los abogados de Boudou no solicitaron habilitar la feria judicial. Obligado dispuso que el caso se tramite a partir de febrero, cuando los tribunales retomen la nueva normalidad, según el escrito consultado. 

En el caso Ciccone, Obligado ya no intervendrá como juez de ejecución de pena en 2021, ya que termina su turno. El caso de Boudou estará a cargo de su colega Ricardo Basílico, también integrante de los tribunales orales federales, confirmó una fuente de la defensa.

En el caso de Boudou, este tribunal ya dijo que la jurisprudencia de la Corte plantea que una vez confirmada la sentencia en Casación, la pena queda efectiva y debe ejecutarse.

Basílico deberá decidir si Boudou puede acudir a Casación y apelar su regreso a la cárcel. Los defensores plantearon que el exvicepresidente se encuentra con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico desde el 6 de abril de 2020 y que debería completar la pena efectiva bajo las mismas condiciones. El argumento central de la defensa de Boudou es que su arresto domiciliario tiene como principal objetivo garantizar “los derechos de sus hijos”, mellizos de tres años. 

Los juicios

De Vido fue condenado en un segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que le costó la vida a 51 personas, una persona por nacer y dejó 789 heridos. En diciembre, Casación confirmó su condena en el juicio oral y público. Los jueces entendieron que la tragedia ferroviaria “aconteció en un contexto de un manifiesto y grosero abuso defraudatorio en perjuicio del Estado Nacional”, según un comunicado judicial. “De Vido decidió sostener aquél mecanismo dispuesto sustancialmente para beneficiar económicamente a las empresas vinculadas al grupo de empresarios concesionarios del Ferrocarril Sarmiento”, sostuvieron los magistrados.

En agosto de 2018, otro tribunal condenó a Boudou por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haber obtenido el 70% de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone junto a un grupo de cómplices. 

El entorno de Boudou organizó una campaña de firmas que superó a principios de enero las 13.000 adhesiones para solicitar su libertad, según explicó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la solicitada. Peñafort también confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso. Tiene alrededor de seis meses para hacer el planteo desde la confirmación de la Corte.

ED

En medio de los cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción, un relevamiento de elDiarioAR arrojó que en el último año y medio, las condiciones de detención se vieron alivianadas para la mayoría de los exfuncionarios y empresarios cuyos casos han tenido alto perfil mediático. Algunos de ellos fueron excarcelados, como el exministro Julio De Vido. Pero hay al menos cuatro excepciones, hasta el momento: los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, quienes continúan presos en la cárcel de Ezeiza. Allí también se encuentra el exdueño de TBA, Claudio Cirigliano, condenado por la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y quedaron heridos 789 pasajeros.

Aún así, el reclamo de una “solución” para los acusados de casos de corrupción o presunta corrupción, llamados “presos políticos” por un amplio sector del kirchnerismo, se centra en que los procesamientos, juicios pendientes, condenas y detenciones domiciliarias siguen vigentes en varios de los casos; y en que algunos de los liberados o beneficiados con el arresto domiciliario podrían regresar a prisión, como De Vido (luego de que Casación confirmó su condena por el caso Once) o el exvicepresidente Amado Boudou (con condena firme en el caso Ciccone), quienes niegan los cargos en su contra.

Las propuestas para “la solución” incluyen desde la revisión de condenadas y procesamientos hasta indultos y amnistías, según han manifestado públicamente dirigentes, abogados defensores y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están.

“El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo”, dijo a este medio una fuente gubernamental que interviene en materia judicial.

“No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo”, dijo al elDiarioAR el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, uno de los principales críticos dentro del oficialismo del accionar de jueces y fiscales que avanzaron con detenciones y procesamientos de exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri. La revisión de esos fallos en los que el oficialismo sostiene que supuestamente se violaron derechos procesales de los acusados “la tiene que hacer la Corte, en lugar de rechazar los recursos” de las defensas, agregó Valdés. “La Corte podría abocarse a analizar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal (en las decisiones judiciales). Espero que repudie lo que no se ajustaba a derecho”, afirmó el diputado. 

Tras las presentaciones de las defensas, distintos tribunales comenzaron a alivianar la situación de varios de los presos por delitos de presunta corrupción durante el segundo semestre de 2019, luego de las elecciones primarias que anunciaron un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Entre octubre y diciembre de ese año, por ejemplo, José López (quien además integra el programa de protección de testigos y fue reubicado) y Roberto Baratta tuvieron fallos a favor en torno a su libertad, al igual que los empresarios Gerardo Ferreira, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en torno a sus prisiones preventivas por el caso de los cuadernos de la corrupción, expediente en el que han negado los cargos. 

El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo.

Durante 2020, tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández, esa tendencia se expandió a otros detenidos. Un relevamiento por las noticias y fallos del último año, arroja que el exministro Julio De Vido recuperó su libertad en marzo último; el exvicepresidente Amado Boudou y el dirigente Luis D’Elía obtuvieron la domiciliaria en abril; y el empresario Lázaro Báez accedió al mismo beneficio en septiembre último. Son algunos de los que obtuvieron una morigeración de su detención o incluso la libertad. “Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están”, dijo Valdés. 

En las cárceles federales también se desmanteló el programa de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”, conocido como IRIC, que el gobierno de Cambiemos había dispuesto con el objetivo de agudizar el monitoreo de los presos por causas de corrupción o presunta corrupción. Implicaba, por ejemplo, la vigilancia con cámaras de video las 24 horas, régimen diferencial de visitas y restricciones de las comunicaciones. La Justicia federal de Lomas de Zamora investiga el presunto espionaje ilegal a los detenidos y sus abogados. El exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, negó ante la Justicia que se tratara de actividades que violaran la Ley de Inteligencia.  

Nuevas condiciones

La decisión de dar de baja al programa IRIC fue oficializada por la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (que depende del ministerio de Justicia), a cargo de la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, confirmó una fuente oficial de la cartera que dirige Marcela Losardo. “El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas”, agregó la fuente ante la consulta.

Del grupo original de presos IRIC sólo quedan dos exfuncionarios de “alto rango” en la cárcel federal de Ezeiza: Jaime y Schiavi, informaron fuentes del ministerio de Justicia. A excepción de un juicio abreviado en el que Jaime reconoció haber recibido dádiva de empresarios de transporte, ambos niegan los cargos en su contra.

De los más resonantes del ámbito empresarial, Claudio Cirigliano también permanece en el penal, según confirmaron las mismas fuentes y una persona de su entorno. Martín Báez, hijo mayor de Lázaro y ejecutivo de Austral Construcciones, es el único de los imputados en el juicio por el caso de presunto lavado de activos que permanece en la cárcel, confirmaron una fuente del tribunal y su abogada, Elizabeth Gasaro. Tanto los Báez como Cirigliano rechazan las acusaciones judiciales.

No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo.

Las situaciones procesales de los cuatro detenidos en la cárcel son diferentes. Schiavi y Cirigliano tienen una condena firme por la Tragedia de Once; Jaime tiene tres condenas acumuladas, además de procesos en curso con prisión preventiva; Martín Báez cumple prisión preventiva por el juicio por presunto lavado de activos de la corrupción. También son distintas sus situaciones de salud, de acuerdo a las consultas realizadas.

Schiavi tiene una condena de 5 años y medio de cárcel por la Tragedia de Once (confirmada por la Corte Suprema). Era secretario de Transporte de Fernández de Kirchner cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén en la estación ferroviaria, en febrero de 2012. El caso desató una investigación por el estado de los trenes, los subsidios a las concesionarias y la falta de control que derivaron, según la sentencia, en el estrago. Schiavi fue sentenciado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado. El exfuncionario también tiene una prisión preventiva en el marco de una causa que investiga subsidios al transporte, uno de los expedientes del caso de los cuadernos.

“Juan Pablo está alojado en la misma unidad con Jaime y Martín Báez, pero en distintos pabellones. Ya no se encuentran en un pabellón especialmente asignado a exfuncionarios. Fueron trasladados a otra unidad de Ezeiza, más pequeña y menos burocrática, pero convive con detenidos por lesa humanidad y eso es complejo para él”, dijo la esposa de Schiavi, la médica psiquiatra Verónica Mora Dubuc.

Mora Dubuc también dijo a este medio que el Tribunal Oral Federal número dos rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Schiavi en 2020. La defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión pero el máximo tribunal penal federal le denegó el recurso porque los peritos médicos oficiales que lo entrevistaron en la cárcel sostuvieron que sus patologías pueden atenderse en prisión, según informó Télam el 30 de diciembre último. “La mera pertenencia a un grupo de riesgo frente al Covid-19 no justifica per se la concesión del arresto domiciliario”, afirmaron los camaristas.

“La situación de Juan Pablo fue analizada por una junta médica, en la que participé como perito de parte y en la que una cardióloga y un neuropsiquiatra confirmaron que Juan Pablo tiene un cuadro grave de hipertensión, que se agravó con una cardiopatía y sufre un compromiso en el metabolismo cerebral, que le provoca mareos, desmayos y deterioro cognitivo que requiere rehabilitación y control sistemático”, dijo Mora Dubuc. “El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída”, agregó. 

Su esposa contó que en noviembre de 2019, Schiavi sufrió “un síncope” en el penal de Ezeiza, seguido de un infarto que complicó aún más su cuadro de salud. “Han sido particularmente lentos en su caso. El Cuerpo Médico Forense dijo que su tratamiento está incompleto y que es de alto riesgo, pero que se podría hacer dentro del sistema hospitalario del Servicio Penitenciario”, afirmó Mora Dubuc. 

El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas.

“Juan Pablo no tiene riesgo de fuga y ha estado ajustado a derecho, siempre. Se ha dado la prisión domiciliaria en otros casos similares. La negativa es llamativa, hay un cuadro clínico complejo y tiene más de 60 años. Por eso digo que Juan Pablo es un preso político. Creo que hay una influencia de intereses políticos y presiones mediáticas que hacen que las decisiones judiciales no se ajusten a derecho”, aseguró Mora Dubuc.

Jaime quedó detenido por primera vez los primeros días de abril de 2016 por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. 

En 2015, había sido condenado por la Tragedia de Once (la Casación fijó la pena en ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta y estrago culposo agravado) y acumula otras dos condenas firmes por casos: un juicio abreviado en el que admitió haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y otra causa por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en su casa de Córdoba.  

El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y (Schiavi) requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída.

Luego de que Casación confirmó su sentencia en Once, volvió a ser detenido en octubre de 2018. En septiembre de 2020, el Tribunal Oral Federal 2 que lo condenó en 2015 ordenó su libertad, ya que la Corte Suprema dejó el resto de las condenas del caso firmes a excepción de la de Jaime, confirmaron fuentes de su defensa. El máximo tribunal aún debe tratar un recurso del exfuncionario. Jaime continúa detenido por prisiones preventivas en dos casos: presunto enriquecimiento ilícito y cuadernos, confirmó uno de sus abogados.

Por el presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción que se acumularon al proceso, Jaime atraviesa actualmente un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal número 6. Al solicitar la prisión domiciliaria, su defensa argumentó que la madre de Jaime es de edad avanzada y que el exfuncionario cumpliría el arresto en su casa para cuidarla; y que el exsecretario de Estado corre riesgo por la pandemia. En abril, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había acompañado un pedido de los abogados para que la Justicia le concediera el arresto domiciliario. A finales de diciembre último, su última solicitud fue rechazado por el tribunal, informó Infobae, al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la Justicia.  

Según Infobae, debería permanecer preso hasta octubre de 2026; podría acceder a salidas transitorias a partir de finales de 2022 y solicitar la libertad condicional en 2024. 

elDiarioAR también se comunicó con el abogado de Claudio Cirigliano, quien manifestó que a pedido de la esposa del empresario la defensa no responde consultas de los medios. El exdueño de TBA tiene una condena confirmada por la Corte a siete años de prisión como coautor de los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado en el marco de la Tragedia de Once. En abril de 2020, la Justicia le denegó la prisión domiciliaria, según informó Télam.

Caso Martín Báez 

Es uno de los 22 acusados en el juicio oral y público por presunto lavado de activos de la corrupción en la obra pública. El hijo mayor de Lázaro Báez tenía un rol ejecutivo en Austral Construcciones y habría participado en el supuesto blanqueo de más de US$50 millones que se giraron a cuentas en Suiza y paraísos fiscales. 

El Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto retomar las audiencias finales en febrero y se espera el veredicto para el 10. Martín Báez es el único imputado del caso que permanece detenido en la cárcel. Su padre accedió al arresto domiciliario en septiembre último. El contador Daniel Pérez Gadín obtuvo la domiciliaria en abril y el abogado Jorge Chueco fue excarcelado con monitoreo electrónico dos meses más tarde, según informaron los medios en esas fechas. 

La abogada de Martín Báez, Elizabeth Gasaro, dijo a este medio que desde que se canceló el programa IRIC su defendido tuvo más acceso a la comunicación con el exterior, aunque la mejora se vio restringida por la pandemia. “Ahora tiene posibilidad de tener una notebook, tienen más contacto con sus familiares y más llamados. Está menos monitoreado”, explicó.

Las visitas recién se retomaron días antes de las fiestas de diciembre último, debido a las restricciones por el Covid-19. “Durante la pandemia, se les permitía realizar un zoom una vez por semana con familiares, pero los turnos estaban limitados a la disponibilidad de internet. Ya no tienen posibilidad de estudiar por la pandemia ni de realizar actividades culturales”, agregó su defensora.

“Está resignado. Pedimos las mismas condiciones de detención que vimos en otros casos con fallos a favor. Llegamos al tribunal (oral) y a Casación y ambos lo rechazaron porque sostienen que Martín podría evadir la Justicia al estar próximo a la condena. Incluso presentamos un informe de la Defensoría de Menores, como realizaron los abogados de Boudou, ya que Martín también tiene dos hijos menores”. Casación entendió que los niños “no se encuentran desprotegido” por la detención de su padre y que el caso de Martín Báez no encuadra en las excepciones legales para un arresto en su domicilio, según el fallo del 30 de diciembre último.

Reclamos internos

El debate en sectores del oficialismo se viene planteando por distintas vías. En el caso del exvicepresidente Amado Boudou, una solicitada juntó en enero al menos 13.000 firmas pidiendo su libertad, luego de que la Corte confirmara su condena por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión. La principal crítica de los defensores de Boudou al máximo tribunal fue que el fallo sobre un caso de relevancia política e institucional se resolviera en apenas media carilla, sin pronunciarse sobre la valoración del proceso o de la prueba. Sus abogados acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitar que la Corte del organismo analice el caso, confirmaron a este medio. 

Días después, un grupo de dirigentes publicó una carta solicitando la liberación de la dirigente de Tupac Amaru y diputada electa del Parlasur, Milagro Sala, quien tiene prisión domiciliaria, un planteo pendiente ante la Corte y niega los cargos en su contra.

De Vido y D’Elía reaccionaron este lunes a declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rechazando la posibilidad de un perdón oficial a los acusados. “Una amnistía para los casos de corrupción sería absurdo y un gran error”, había dicho el exjefe de Gabinete de Fernández de Kirchner en una nota publicada el domingo por Infobae.

De Vido le respondió por Twitter: “Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor”.

El exministro de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni encabezó el 15 de enero último un debate virtual con Sala y D’Elía (éste último con condena firme a casi cuatro años de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004, cumpliendo prisión domiciliaria. Siempre ha negado las acusaciones en su contra). 

“La solución legal inmediata es el indulto”, dijo Zaffaroni en el encuentro, según reflejó Infobae. “Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, agregó. “Es una cuestión de costo político no jurídica”, agregó el magistrado.

*Este artículo se modificó a las 15:12 del 27 de enero de 2021 para actualizar información aportada por una fuente de la defensa de Ricardo Jaime.

ED