Construir un futuro con menos combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática, como han prometido los países del mundo en diversas conferencias internacionales, requiere una amplia gama —y cantidad— de minerales. La transición energética, advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, es “fundamentalmente intensiva en minerales”. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos.

Entre esos, el cobre se ha convertido en uno indispensable. Como explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) —una ONG que apoya a países del sur global en la gestión transparente y responsable de las industrias extractivas—, “si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”. Una sola turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.

Sin embargo, mientras la demanda crece, la Agencia Internacional de Energía (IEA) alerta que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit de cobre cercano al 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos. Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”: la región concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales de este metal, pero el desarrollo de proyectos de exploración y explotación aún sigue siendo bajo. Por eso, añade, no es casualidad que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea estén interesados en este potencial y persigan nuevas alianzas.

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De hecho, en Colombia ya se evidencia un boom para buscar este mineral. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros al año —contratos que otorga el Estado para explorar y explotar minerales en un área determinada—, en la última década la cifra aumentó a casi 60 al año, según el análisis de datos realizado para esta investigación.

Pero esa expansión muestra una de las grandes tensiones de la transición energética: la extracción de los minerales estratégicos también avanza hacia zonas con ecosistemas sensibles, áreas de alto valor ambiental y territorios con alguna figura de protección, que son prioritarios para la conservación y que ayudan a enfrentar la crisis climática por su capacidad para capturar carbono y amortiguar los efectos del calentamiento global.

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Para dimensionar el avance de la minería de cobre en Colombia y Argentina, esta alianza periodística recopiló y geolocalizó, a partir de información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Colombia y de la Secretaría de Minería de La Nación en Argentina, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral.

El análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala en Colombia que incluyen al cobre entre sus minerales de interés, según el catastro minero de la ANM. En Argentina, se registraron 76 proyectos de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, una cifra que podría incrementar si se tiene en cuenta el descubrimiento reciente de grandes yacimientos.

También se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre en Colombia y 21 proyectos en Argentina se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).

Una demanda que acelera nuevos proyectos

Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, pero buscan abrirse paso en el mercado global.

En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”. Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.

“Solo el 2.5 % del territorio del país tiene títulos mineros. Y, de eso, solo el 0.4 % es de proyectos de cobre”, señaló Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería en un evento para impulsar la exploración de cobre en 14 áreas definidas por su alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales, según afirmaron en la ANM.

Para José Cabello, geólogo chileno con más de 50 años de experiencia en el desarrollo minero en la región, el descubrimiento en Argentina de yacimientos como Taca Taca o José María —que podrían ser equivalentes a Chuquicamata, el yacimiento de cobre más grande del mundo ubicado en Antofagasta (Chile)— también son la muestra de que ese país tiene un gran potencial productivo. Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en Argentina tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo el 1.7 % del total nacional.

Para hacerle frente a estos bajos números, Argentina ha impulsado programas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve la inversión de grandes proyectos a través de exenciones tributarias y fiscales. Un análisis de la consultora financiera Paspartú, publicado en junio de 2026, señala que siete de los 14 proyectos aprobados por el Gobierno Nacional argentino en el RIGI son de minería. De acuerdo con declaraciones de Juan José Carbajales, el titular de la consultora y exsecretario de hidrocarburos de Argentina, muchos de ellos serán proyectos de cobre.

González, del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), destaca otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.

Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que, en promedio, la ley de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras sencillas— ha disminuido un 40 % desde 1991. “Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles.

El mapa del cobre en Colombia y Argentina

Hasta mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen de Atrato, en el Chocó biogeográfico, una región reconocida por su abundante biodiversidad. Pero eso empezó a cambiar a mediados de ese mes, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le entregó al proyecto El Alacrán, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.

Como estos, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética. Según información del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería, en Colombia hay por lo menos 210 títulos activos, de mediana y gran escala, que incluyen al cobre entre sus minerales objetivo. De estos, uno se encuentra en etapa de evaluación técnica anticipada (una fase previa a la exploración para evaluar el potencial mineral del área), 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.

Sin embargo, como advierte un informe de la UPME, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”. Por ejemplo, de los 210 títulos activos analizados, solo 10 establecieron al cobre como su único mineral objetivo. La mayoría, incluidos los grandes proyectos como El Alacrán y El Roble, incluyen también minerales como oro, plata, platino, plomo, molibdeno, entre otros; aunque no necesariamente extraen todos esos minerales.

“Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles en ese título [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera]”, explican desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en entrevista. “Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.

En Argentina hay al menos 76 proyectos que buscan extraer cobre que se encuentran registrados ante la Secretaría Minera de la Nación. De estos, 68 —es decir, casi el 90 %— se encuentran en fase exploratoria, siete se encuentran en fases previas a la explotación (como en estudios de prefactibilidad, factibilidad o en construcción) y solo uno se encuentra en explotación.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, obtenidos por esta alianza periodística, los proyectos que están más avanzados se ubican en las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza y Salta. Y, de todo el panorama de proyectos argentinos, en al menos seis casos se menciona la relación entre la extracción del mineral y la transición energética. Otros 11 proyectos mencionan temas como eficiencia energética, energías renovables y las metas climáticas globales.

El avance de proyectos mineros sobre ecosistemas sensibles de Colombia

En Colombia, datos de la ANM estiman que el 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría de protección que no permite las actividades mineras a menos que el área del título sea “sustraída” temporal o definitivamente, es decir, que se le retire su categoría de reserva—. Otro 22 % se encuentra en áreas donde se prohíbe hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.

El análisis geográfico realizado para esta investigación evidenció que, de los 210 títulos de mediana y gran escala que se encuentran activos para buscar cobre en Colombia, hay por lo menos 118 que se superponen con zonas de importancia ambiental como reservas forestales, áreas naturales protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos (ecosistemas estratégicos de alta montaña), entre otras. De estos, al menos 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida), como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo; y los páramos Chiles-Cumbal y Sotará.

Como explica Álvaro Pardo, expresidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y experto en derecho minero-energético, uno de los grandes desafíos al llegar al cargo (en 2022) fue la “depuración” y actualización del catastro minero. “Teníamos una herencia difícil, porque antes se permitía entregar títulos sin mayores restricciones o consideraciones ambientales. Y eso ha sido, históricamente, un problema muy grande en Colombia”.

Cuando asumió la dirección de la ANM, tuvo a cargo la revisión de más de 7000 títulos mineros para, justamente, evitar que avanzaran en áreas con restricciones o prohibiciones. Aunque más de 600 títulos en áreas excluibles fueron archivados, caducaron o fueron devueltos, el problema —insiste— “es que en el pasado se blindó jurídicamente cualquier posibilidad de quitarlos. Cada título que se suprima alegando temas ambientales, se convierte en una posibilidad de una demanda”, señala.

En algunos casos, los títulos mineros se solicitaron cuando las zonas excluibles aún no estaban declaradas como tal. Por ejemplo, los páramos que actualmente tienen títulos mineros vigentes —Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos)— fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) en 2018, pero los títulos mineros que se encuentran allí se solicitaron entre 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009, antes de la delimitación. Ese sigue siendo uno de los mayores retos en el ordenamiento minero y ambiental en Colombia.

También hay solicitudes de títulos mineros que se han tramitado en áreas excluibles incluso después de que estas han sido declaradas áreas de conservación. En 2022, por ejemplo, se tramitó ante la ANM una solicitud —actualmente en evaluación— para un título de gran minería (más de 9000 hectáreas) que se superpone con el Parque Nacional Natural Chingaza, un área protegida declarada en 1977 y cuyo páramo terminó su delimitación en 2016. “Cuando un titular minero hace una solicitud sobre esas áreas, no se prohíbe inmediatamente, sino que el titular, a riesgo propio, avanza en los trámites y luego la entidad evalúa su procedencia”, aseguran desde la ANM.

Hay otra parte de los títulos activos en Colombia —94— que se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas que también tienen vocación de conservación, pero que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” o permiten solicitar la sustracción del área protegida para realizar actividades mineras con condiciones, como las Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. Según el análisis, hay más de 170 000 hectáreas de reservas forestales de Ley Segunda que se traslapan con títulos activos.

Si se tienen en cuenta, además, las solicitudes para nuevos títulos de mediana y gran minería que ingresaron a la ANM (entre 1994 y 2026) y que se encuentran en trámite, al menos 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.

“Desde mi punto de vista, necesitamos los minerales. Y para la transición energética y reindustrializar la economía vamos a necesitar cobre. Pero necesitamos que esos minerales se extraigan con el cumplimiento de todas las normas ambientales que hay y teniendo en cuenta a las comunidades que viven allí”, señala Pardo, quien dejó en 2025 la presidencia de la autoridad minera. “No hacerlo, o flexibilizar esas normativas que llevan tantos años construyéndose, generaría una conflictividad terrible”, insiste.

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Proyectos mineros cerca de glaciares y áreas protegidas en Argentina

En Argentina, el análisis geográfico identificó que al menos 21 proyectos mineros operan en cinco áreas protegidas por acuerdos internacionales y por normativas nacionales y provinciales.

Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan. Aunque fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de los últimos años: los depósitos José María y Filo del Sol, que en conjunto integran el proyecto Vicuña.

De acuerdo con un Informe de 2023 del proyecto Vicuña, San Guillermo es un área “clasificada como una zona de uso múltiple designada para actividades de desarrollo como la minería, sujeta a requisitos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de manera mutuamente beneficiosa”, algo en lo que también coincide la información oficial y organizaciones ambientalistas consultadas.

También hay 10 proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En conjunto, estas áreas abastecen de agua de manera directa a más de siete millones de personas —el 18 % de la población argentina—, según el Atlas de Glaciares de Argentina, una cifra que equivale a más del doble de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de estas geoformas se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.

Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.

Proyectos mineros y territorios comunitarios

El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios.

En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujetos de derechos y de especial protección. En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la consulta previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.

El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen con tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.

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En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a 14 pueblos originarios. Aunque el país reconoció desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria, sus territorios aún no están claramente delimitados: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no cuenta con polígonos sobre estos territorios, sino con algunas coordenadas de los puntos donde se instalan las comunidades.

Según Leandro Gómez, de FARN, esto ha puesto en un lugar cada vez más vulnerable a los pueblos indígenas que habitan el país.

El análisis realizado documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.

Minerales de Latinoamérica: en la mira de las potencias

El futuro de lo que puede aportar el mapa minero de América Latina al suministro de cobre (y de otros minerales estratégicos) ha hecho que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región.

China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios estadounidenses Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump. El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe (una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo) que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”.

El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Antes la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero ahora la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice. El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.

Pero no son los únicos. La Unión Europea ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de un 50 % para 2050 y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición. Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero de 2026 le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.

De hecho, su gobierno firmó en 2025 un acuerdo comercial con Argentina para impulsar el comercio de minerales y ofreció 20 000 millones de dólares de apoyo financiero al presidente argentino, Javier Milei.

En palabras de González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, esos avances podrían ponerse en riesgo. “Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica. Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales.

En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para defender esos estándares mínimos, pedir a los proyectos que generen valor agregado y que aporten al desarrollo local. “Sabemos —dice— que la demanda [de cobre] tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.

* Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y publicado originalmente en Mongabay Latam, puedes leerlo aquí

*Nota metodológica: el análisis de datos realizado para Colombia en este reportaje se hizo con base en títulos mineros activos y solicitudes de títulos vigentes, de mediana y gran escala, que incluyen el cobre como mineral objetivo y que fueron solicitados por empresas, personas jurídicas y/o asociaciones, con corte al 15 de mayo de 2026 (fecha en que se accedió a la información del catastro minero). En Argentina, el análisis se hizo con base en los proyectos mineros de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, con corte al 22 de junio de 2026.

El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.

Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.

El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.

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Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.

La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.

Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir”, dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.

La defensa de las aguas

“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.

Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.

Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.

La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.

Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.

Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.

González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.

“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Crónica de una pelea judicial

El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto “Prospecciones Aida”, tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.

Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.

La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.

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El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.

“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.

Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.

Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.

En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto “Cerro Márquez” en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.

En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.

Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.

Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

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Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mientras los glaciares de los Andes centrales se reducen a un ritmo sin precedentes, en Santiago, la capital chilena, se reactiva un viejo engranaje burocrático. El pasado 14 de abril, el ministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, y el secretario de Minería de Argentina, Luis Enrique Lucero, acordaron retomar las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, un pacto que busca abrir proyectos mineros en la alta cordillera para operaciones transnacionales.

En palabras simples, este acuerdo —firmado originalmente en 1997— crea un territorio que borra los límites fronterizos tradicionales. A través de los llamados Protocolos Adicionales Específicos (PAE), el tratado aplica normas especiales para que las empresas exploten yacimientos conjuntos y coordinen su logística, permitiendo que las compañías operen en las altas cumbres como si ambos países fueran uno solo.

Desde el Ministerio de Minería de Chile confirmaron a Mongabay Latam que el gobierno del presidente José Antonio Kast se ha propuesto reactivar la agenda de trabajo de este acuerdo de 1997, para lo cual retomarán formalmente las sesiones de la Comisión Administradora Binacional el próximo 7 de julio en Buenos Aires.

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De acuerdo con la cartera, el tratado busca facilitar sinergias para proyectos fronterizos aprovechando la experiencia e infraestructura chilena, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso (norte y centro del país), lo que abre “la posibilidad concreta de avanzar en colaboración estratégica, en transferencia de conocimiento, apoyo logístico y comercio exterior” para impulsar inversiones que generen empleo local.

Para la sociedad civil y la comunidad científica, este reimpulso es una señal de alerta.

Según el geógrafo argentino Marcelo Giraud, los proyectos de minería binacional enfrentan una colisión inevitable con la naturaleza. Debido a que las vetas de mineral se concentran en las cumbres más altas de los Andes —justo en el límite internacional—, las áreas de concesión suelen incluir y superponerse con glaciares descubiertos (masas de hielo blanco expuesto), cubiertos (capas de hielo protegidas por sedimentos) y de escombros (estructuras de roca mezcladas con hielo subterráneo), además del ambiente periglaciar. Al quedar atrapados dentro del polígono de operación industrial, estos cuerpos quedan directamente expuestos a la destrucción.

Intervenir estas zonas, agrega Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, impactaría sobre el suministro básico de agua. “Más del 70 % de la población de Chile se abastece con agua proveniente de glaciares ubicados en la cordillera. En un contexto de crisis climática, estos sistemas funcionan como un seguro hídrico natural”, asegura.

“Un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo”, agrega Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram.

¿Qué está en juego en las altas cumbres de los Andes tras la reactivación de este tratado binacional?

Tratado minero: el agua de las cuencas en la balanza

Para los investigadores, lo que se arriesga en la alta cordillera no radica en las líneas divisorias de los mapas, sino en la intervención de un ecosistema clave bajo el suelo. Álvaro Ayala, glaciólogo e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explica que en el norte de Chile y el área de la provincia de San Juan en Argentina, el valor hídrico fundamental se encuentra en estructuras ocultas, como los glaciares de roca y el ambiente periglaciar. Este último corresponde a las áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En estas zonas extremas, el entramado subterráneo funciona como un gigantesco regulador hídrico natural, atrapando el agua de las escasas lluvias y nevadas para liberarla gradualmente. “Toda la lluvia y nieve que se derrite y se acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando poco a poco”, detalla Ayala. En periodos normales, su flujo es menor que el de los ríos superficiales, pero su valor se vuelve absoluto en épocas de escasez de agua.

Al respecto, Giraud, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua (asamblea de vecinos autoconvocados en la provincia de Mendoza por la defensa de los bienes comunes y especialmente del agua) aporta un dato crítico para dimensionar el riesgo: “Varios equipos de investigadores argentinos y chilenos han demostrado que en las regiones áridas andinas, en contexto de megasequía como la registrada a partir de 2010, las reservas estratégicas que constituyen los glaciares y el ambiente periglaciar pueden aportar más del 50 % del caudal de los ríos, amortiguando el impacto negativo de la escasa precipitación”.

Tanto Ayala como Giraud coinciden en decir que intervenir estos cuerpos de agua destruye la “cuenta de ahorro” que entregan los glaciares.

A esta alerta se suma el diagnóstico técnico sobre los impactos de la minería pesada en las altas cumbres. Espinosa, de la Fundación Glaciares Chilenos, detalla que las amenazas van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura —que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares— hasta la intervención de glaciares rocosos, cuerpos que muchas veces son invisibles o poco conocidos en las evaluaciones.

A esto se suma el uso intensivo y la potencial contaminación química del agua, un factor que golpea severamente la calidad y disponibilidad del recurso. Espinosa enfatiza en el impacto del material particulado en suspensión, que al depositarse sobre el hielo cordillerano acelera su proceso de derretimiento. Para la experta, el escenario de crisis climática actual no resiste estas presiones extractivas adicionales, pues los hielos que ya retroceden pueden acelerar su pérdida de cobertura de forma irreversible.

“El riesgo no es solo ambiental, sino también social”, advierte la investigadora, subrayando que estas afectaciones comprometen de manera directa la seguridad hídrica de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.

Dudas en la protección legal

El diputado argentino Esteban Paulón, del Bloque Unidos, advierte que la reactivación del tratado binacional dinamizará capitales privados bajo marcadas diferencias institucionales: “Hay un marco de asimetría entre los requisitos ambientales. El monitoreo, en el caso de Argentina, va a recaer en los gobiernos provinciales, y en el caso de Chile va a seguir en manos del gobierno nacional”.

Esta descentralización del control se volvió crítica tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en Argentina. Giraud explica que la normativa original protegía de forma homogénea a todos los glaciares basándose en criterios científicos unificados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero los cambios introducidos permiten ahora a las provincias objetar dicha protección alegando que ciertos cuerpos de hielo podrían no ser una “reserva hídrica estratégica”, un concepto que la ley no define.

“Si un gobierno provincial considerara que no son estratégicos, podría ordenar al Ianiglia que los elimine del Inventario Nacional de Glaciares y permitir allí actividades mineras, hasta incluso destruirlos por completo”, advierte Giraud.

Sin embargo, el alcance real de esta desprotección permanece congelado en los tribunales. Giraud aclara que la modificación a la Ley de Glaciares está siendo impugnada ante los tribunales federales de su país por violar el principio de no regresión en materia ambiental y el derecho a la participación ciudadana consagrados en el Acuerdo de Escazú, además de la consulta previa a los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT. “Si las acciones judiciales no prosperan, constituirá un pésimo precedente para los ecosistemas existentes dentro del polígono del tratado binacional”, enfatiza el geógrafo.

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La fragmentación burocrática y política que implica la eventual aprobación de la Ley de Glaciares preocupa en el lado chileno. “La reciente aprobación que modificó la Ley de Glaciares podría activar la intención de desarrollar proyectos binacionales utilizando este tratado”, explica Liberona. Sin embargo, advierte que la desprotección es compartida, ya que en Chile no existe una regulación que proteja los glaciares ni los recursos hídricos en alta montaña.

Para la especialista, el tratado genera un escenario donde el control integral de los ecosistemas compartidos se diluye, pues se realizan evaluaciones ambientales por separado y con estándares distintos. “No se tiene una visión integral del impacto que genera el proyecto o de los impactos que se originan en un lado de la frontera cuando la evaluación ocurre en el otro”.

Además, Libarona hace hincapié en que para las comunidades locales esto se traduce en una vulnerabilidad directa, ya que las decisiones e intervenciones físicas en un país impactan la calidad y cantidad de las aguas que fluyen hacia el otro.

¿Vuelve el fantasma de Pascua Lama?

En la frontera de la Región de Atacama, en el norte de Chile, que colinda con la provincia argentina de San Juan, se despliega el proyecto Distrito Vicuña, un gigantesco complejo de proyectos de oro y cobre —que incluye yacimientos como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados— controlado por el grupo canadiense Lundin y BHP.

El proyecto asegura en su página web que se emplaza en Chile y en Argentina y, según Giraud, “se encuentra de lleno en el polígono al cual aplica el tratado”. Organizaciones ambientales ya lo catalogan como el “nuevo Pascua Lama”, el emblemático proyecto binacional que terminó clausurado definitivamente por la Justicia chilena tras provocar severos daños ambientales.

Mongabay Latam envió preguntas al equipo de comunicaciones del proyecto, pero hasta la publicación de esta nota la empresa no respondió.

Ayala explica que la excavación remueve y saca a la superficie rocas ricas en metales que naturalmente están escondidas y aisladas bajo el hielo. Al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos y procesos geoquímicos que contaminan los ríos, repitiendo el patrón técnico que sepultó a Pascua Lama.

El Distrito Vicuña no se limita a las altas cumbres.

La intención de utilizar a Chile como plataforma logística amenaza directamente a las comunidades de la Región de Atacama con un aumento drástico en el tránsito de camiones de alto tonelaje, uso de maquinaria pesada e infraestructura portuaria para el embarque del mineral extraído en Argentina.

Para Liberona, el impulso gubernamental parece ignorar las lecciones del pasado, arriesgándose a saturar un territorio históricamente golpeado por pasivos mineros: “De materializarse Vicuña, aumentarían las cargas ambientales negativas”, sentencia Liberona.

Frente a este complejo panorama, la comunidad científica insta a un cambio profundo de paradigma que deje atrás la mirada meramente extractivista y empiece a concebir la alta montaña como un ecosistema compartido. Ayala comenta que, si bien la industria puede ver una “lógica en los acuerdos binacionales”, el verdadero desafío de ambos países corre por otra vía.

“Antes de pensar en eso, pongámonos de acuerdo en qué queremos conservar de los Andes visto como unidad”, reflexiona el investigador del CEAZA. Su propuesta apunta a una diplomacia que no solo se siente a firmar tratados de explotación, sino que sea capaz de unificar criterios de protección. “Pensemos qué queremos para la cordillera desde los dos lados, queremos que sea una unidad más integrada”, concluye el científico, abriendo la puerta a que el futuro de las cumbres andinas se defina desde la conservación y no solo desde el mineral.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, la nueva Ley Orgánica de Minas con la que se reemplazó dos normas relacionadas con el tema: el Decreto de Ley de Minas vigente desde 1999 y el Decreto de Reserva del Estado de las actividades mineras de oro de 2015, que prohibían la inversión extranjera y del sector privado en minerales estratégicos.

La ley surge en medio de una serie de cambios legislativos orientados a facilitar las inversiones del sector privado, luego de que el pasado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Agradezco a la Asamblea Nacional la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Minas, instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país. Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional”, dijo en sus redes sociales la presidenta Delcy Rodríguez tras la aprobación de la norma.

Una semana después, durante la promulgación de la ley, Rodríguez señaló que con esta ley se avanza hacia “una minería productiva, ecológica y al servicio del desarrollo de la Nación”. Al mismo tiempo, anunció la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, institución destinada a lograr una mayor coordinación y efectividad en los procesos de inversión, producción y comercialización de los minerales.

Cuando Estados Unidos incursionó en Venezuela, Trump, dijo: “Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, aunque no especificó a qué otras cosas se refería.

Durante su visita a Venezuela en marzo pasado, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, junto con la presidenta Rodríguez, anunció que ambos países trabajarán juntos para desarrollar la minería en Venezuela. Durante esta visita se mencionó la importancia de la explotación de oro, minerales críticos y tierras raras.

La nueva ley ha generado polémica y cuestionamiento de expertos en temas ambientales y de derechos humanos debido a que la norma, sostienen, solo tiene declaraciones de principios muy generales en lo relacionado al medioambiente. Los cuestionamientos también se deben a los graves daños ambientales causados en la Amazonía venezolana por la minería ilegal de oro y a la corrupción y el crimen organizado ligados a esta actividad.

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Los cuestionamientos a la ley

“Esta nueva ley de minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo de oro de sangre en Venezuela”, comenta Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, una organización civil que documenta los problemas ambientales y de derechos humanos causados por la minería ilegal en la Amazonía, Orinoquia y Guayana venezolanas.

Mongabay Latam contactó con miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los cuestionamientos a esta nueva ley, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Burelli señala que hay una discrepancia muy peligrosa entre la narrativa oficial de apertura económica y de reinserción financiera con la realidad que se ve en el terreno. “La realidad es que después del 3 de enero la minería ha aumentado. Hemos visto la entrada de dragas ilegales grandes en el río Caroní y en las cabeceras del río Icabarú, es decir, que no faltan los insumos para las minas ilegales, hay más minería que nunca”.

En ese sentido, Burelli asegura que la nueva ley de minas no busca limpiar la cadena de suministros ni prohibir la minería en las áreas naturales protegidas, “no hay ningún esfuerzo para eliminar la minería ilegal, por el contrario, permite que el flujo de capitales siga financiando estructuras de corrupción de un régimen autoritario que mantiene alianzas con los grupos armados de crimen organizado que están en el terreno”.

Un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales publicó un pronunciamiento mientras se discutía la ley. En el documento se indica que esta nueva normativa “generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés, profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos”.

Estas organizaciones también cuestionan el término “desarrollo minero ecológico”, que según la nueva ley se refiere a la “ejecución de las actividades mineras con miras a desarrollar un proyecto minero eficiente y rentable; minimizando el impacto ambiental y de los ecosistemas, con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de aprovechar los minerales de manera sostenible y proteger su entorno ambiental”.

Desde las organizaciones civiles señalan en el documento que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” y que este “concepto sólo ha servido para esconder la destrucción de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad”.

“Aquí en Venezuela el ministerio de asuntos mineros se llama Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Eso es un absoluto contrasentido”, comenta Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, quien también cuestiona la reciente norma porque considera que “los temas ambientales en la nueva ley son simples declaraciones de principios, pero en ningún caso contiene elementos que permitan indicar que esas declaraciones van a ser de obligatorio cumplimiento”.

Álvarez asegura que la norma contiene términos muy genéricos y difusos sobre las cuestiones ambientales. Pone como ejemplo los estudios de impacto ambiental y sociocultural que se nombran en la ley, “pero no se establecen como condición para la aprobación de las concesiones mineras”.

Burelli también cuestiona el planteamiento de desarrollo minero ecológico, pues asegura que “no hay nada en la ley que obligue a que se realice una minería sustentable, que se elimine el mercurio o se frene la minería en las áreas naturales protegidas”.

El documento firmado por las organizaciones civiles también incluye otros cuestionamientos. Entre ellos que la ley se limita a exigir responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos. Tampoco prevé el monitoreo ambiental independiente, el acceso público a información ni auditorías externas.

Se menciona también la posible vulneración de las áreas protegidas porque, si bien se excluye a los parques nacionales y monumentos naturales de la entrega de concesiones mineras, “esta exclusión no se extiende a otras figuras de protección como reservas de biosfera, zonas protectoras y reservas forestales”.

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Puntos geográficos de conflictos

Un tema adicional es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se realizará la actividad minera. En este caso, la ley “omite referirse al derecho de estos pueblos a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado”, señala el documento.

“Consideramos que esta nueva ley vulnera los derechos de los pueblos indígenas. No aborda el tema del derecho a la demarcación territorial ni menciona el consentimiento libre previo e informado que sí está en la Constitución. Por último, hay una militarización del territorio”, comenta Cristina Burelli.

A lo que se refiere Burelli es a la creación del “Resguardo Nacional Minero”, que se incluye en la ley. Según la norma publicada, “el servicio de Resguardo Nacional Minero tendrá el carácter de órgano auxiliar del ministerio con competencia en materia de minas en las funciones y competencias de protección, inspección, vigilancia y control de las actividades mineras que se desarrollen en el territorio nacional”.

Quienes cuestionan la ley consideran que este servicio formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, dice el documento publicado por las organizaciones civiles.

Cristina Burelli agrega que la zona donde existen grandes extensiones de actividad minera ya está militarizada. “Todo el sur de Venezuela está absolutamente controlado por las fuerzas armadas y por la Guardia Nacional. Entonces, la creación del Resguardo Nacional Minero formaliza ese dominio de los militares sobre estas zonas extractivas, porque se trata de una situación que ya existe de facto”.

Los graves problemas en Venezuela como consecuencia de la presencia de la minería ilegal, principalmente en los estados de Bolívar y Amazonas, en el sur del país, han sido expuestos en múltiples oportunidades.

El informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, explica que la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes. En un artículo publicado por Mongabay en octubre de 2025 se precisa que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

“Es una minería que se hace sin ningún tipo de regulación ni control, bajo el mandato de grupos armados que se imponen utilizando cualquier tipo de acción ilegal y violación a los derechos de las comunidades tanto indígenas como no indígenas”, agrega Alejandro Álvarez. “La minería actual venezolana es muy grave, con serios daños que están ocurriendo bajo los sistemas de gobernanza de la delincuencia organizada y de grupos armados extranjeros”, agrega.

Una serie de reportajes y documentales del proyecto periodístico Amazon Underworld da a conocer que en las zonas mineras del sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, no solo se extrae oro de manera ilegal, sino que también los llamados minerales críticos y estratégicos —coltán, bauxita, estaño y otros— y las denominadas tierras raras han despertado el interés de empresarios y grupos armados.

La visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, puso sobre la mesa el interés del país del norte en un mayor acceso a las reservas minerales de Venezuela. En ese momento, la presidenta Rodríguez se comprometió a acelerar el acceso de empresa extranjeras a estos recursos. Lo que siguió fue la aprobación de la nueva ley de minas.

En la nueva ley se establece que los minerales estratégicos poseen un elevado interés económico, con alto atractivo comercial, nacional e internacional; que son imprescindibles para mantener la continuidad operacional de un proceso o industria; así como, fundamentales para el funcionamiento de las cadenas productivas en el desarrollo de la economía nacional, nuevas tecnologías, esenciales para la industria energética, seguridad y defensa, medicina y salud, la industria agroalimentaria, la construcción, transporte automotriz e informática.

La nueva norma establece que cuando se encuentren minerales estratégicos los titulares de los derechos mineros están en la obligación de notificarlo al ministerio con competencia en materia de minas, que evaluará el caso. También especifica que la declaratoria de un mineral como estratégico “no excluye la posibilidad de que el mismo pueda ser objeto de aprovechamiento”.

En momentos en que Estados Unidos y China están en una disputa comercial por los recursos indispensables —como los minerales estratégicos— para continuar con su carrera tecnológica, los territorios con estos minerales terminan colocándose en medio de estas disputas. La reciente reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y Trump, que llegó al país asiático acompañado de un grupo de empresarios de las empresas más grandes de tecnología a nivel global, expone el interés que existe por los recursos que puedan mantener a flote la creciente industria tecnológica.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Sin Javier Milei, que viajó este martes a Estados Unidos otra vez, Karina Milei asume el virtual cargo presidencial. La hermana del mandatario estará al frente de una comitiva oficial que desembarcará en San Juan para reunirse con gobernadores de provincias mineras y empresarios del sector. La feria internacional ocurre en medio de la judicialización de la Ley de Glaciares, reformada recientemente por impulso de la Casa Rosada y los gobernadores aliados.

La agenda de Karina Milei en San Juan será intensa y exprés. Según informó el medio local Diario de Cuyo, la secretaria general de la Presidencia tiene previsto comenzar la jornada en el departamento de Sarmiento, donde visitará en helicóptero una empresa calera en la zona de Los Berros: Calera San Juan, una firma con inserción en la actividad minera local. Desde allí regresará al predio de la expo minera para “saludar a inversores” del sector. La jornada cerrará con una cena de carácter político y empresarial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no está anotado en el viaje desde Buenos Aires. Sí acompañarán a Karina el ministro del Interior, Diego Santilli, y los hermanos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha política de la hermanísima. Al día siguiente estará en San Juan el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La feria de la minería

La Expo San Juan Minera 2026 se realiza el 6, 7 y 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario y en el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito. Este año se estima una participación récord, a tono con los incentivos del gobierno libertario para el sector: 25.000 asistentes esperados, 40 compañías mineras con operaciones en la región, 500 empresas proveedoras de servicios, 380 stands y presencia de 20 países.

El evento central del jueves será la Mesa Federal Minera, un encuentro institucional donde gobernadores, funcionarios nacionales y empresas operadoras lanzarán formalmente ese espacio de articulación sectorial. El anfitrión es el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, quien preside la Mesa del Cobre.

Ya está confirmada la participación de Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Poggi (San Luis), este último aún a confirmar. Se trata de todos los gobernadores que suelen acompañan al Gobierno en las votaciones clave en el Congreso. El evento también tendrá delegaciones diplomáticas de Panamá, India, Finlandia, Perú, Corea, Turquía e Indonesia.

Entre las empresas con presencia destacada figura Veladero y Los Azules. Ambos proyectos, junto a Gualcamayo, ya obtuvieron aprobación bajo el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, por más de 4.000 millones de dólares, lo que representa la mitad de todas las inversiones aprobadas bajo ese régimen en el país.

Según un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentado en la previa de la expo, las exportaciones mineras podrían alcanzar los US$9.000 millones en 2026, un 49% más que en 2025, cuando sumaron 6.056 millones de dólares, el valor más alto de la década. El motor es el oro, aunque cuando el cobre se incorpore al mercado exportador, el sector podría superar los 22.000 millones de dólares para 2035. San Juan juega un rol central: es la segunda provincia con mayores exportaciones mineras del país, y tiene cinco de los 13 proyectos mineros propuestos bajo el RIGI en su territorio: Los Azules, Gualcamayo, Veladero, El Pachón y Vicuña.

La sombra judicial sobre la Ley de Glaciares

El optimismo del sector tiene, sin embargo, un contrapeso judicial de peso. La reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno nacional y las provincias mineras, y aprobada en el Congreso con 137 votos afirmativos en medio de protestas, enfrenta múltiples demandas en la Justicia.

La ofensiva judicial incorporó una demanda colectiva respaldada por más de un millón de firmas en todo el país, presentada por Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ante el Juzgado Federal de La Pampa. Esas organizaciones sostienen que la modificación implica un retroceso en materia ambiental y cuestionan tanto el contenido de la norma como el proceso legislativo que la aprobó

En paralelo, la provincia de La Pampa promovió un amparo ante la Justicia federal de Santa Rosa junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, pidiendo la suspensión de la norma hasta que se resuelva su validez constitucional. El gobernador Sergio Ziliotto fue categórico respecto al impacto para su provincia: advirtió que La Pampa depende del único río que corre por su territorio, de origen glacial, y que con la nueva ley habrá menos agua disponible. Ya la Justicia bloqueó la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz.

Los demandantes sostienen que la reforma vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, y que contradice el principio de no regresión ambiental. También advierten que la nueva normativa habilita a las provincias a definir las zonas periglaciales donde podrían desarrollarse actividades como la minería, lo que pondría en riesgo ecosistemas clave.

MC

Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

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Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, a las 2.30 de este jueves se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Además, acompañaron el proyecto libertario dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Predominó la lógica provincial por sobre la lógica partidaria. El interés de los gobernadores por reformar la ley de Glaciares sancionada en 2010 atravesó todo el debate, y el Gobierno aprovechó para posicionar a Javier Milei como un defensor del federalismo en un contexto de ahogo financiero a las provincias. “La reforma devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”, celebró, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

El debate, en medio de las protestas

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

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Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras. Ese puñado de intereses fue clave para la reforma de la Ley de Glaciares que este jueves a la madrugada concretó el Gobierno en la Cámara de Diputados. El proyecto modifica el régimen de protección vigente desde 2010 y habilita condiciones para el desarrollo de inversiones por miles de millones de dólares en la cordillera de los Andes.

El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente hasta ahora establecía una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema limita esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.

San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”. La frase condensa el interés en juego y ordena el debate.

El impulso a la reforma fue construido durante años por las provincias con actividad minera. La Mesa del Litio, creada en 2021 por Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada en 2024 con San Juan y Mendoza, funcionaron como espacios de articulación política. Los fundamentos del proyecto reconocen ese origen y el reclamo de los gobernadores para que cada provincia tenga mayor margen de decisión sobre qué áreas proteger.

Ese alineamiento territorial quedó expuesto en el plenario de comisiones de Diputados que firmó el dictamen este martes en un clima de fuerte tensión. La propia lista de expositores funcionó como una radiografía del mapa político detrás de la reforma. Participaron, de manera presencial, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de esa provincia, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental de esa provincia, Roberto Moreno; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera, Federico Caeiro. De forma remota expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; el coordinador de esa área, Juan José Martínez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño, Alejandro Aldazabal; y el coordinador de esa cartera, Sebastián Varela.

La nómina exhibe una fuerte presencia de funcionarios de provincias mineras y áreas productivas vinculadas al sector, con escasa participación de distritos sin proyectos en cartera. Ese sesgo fue parte de las críticas durante el debate. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “Las mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones”. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, agregó que la reforma no había sido consensuada en el Consejo Federal de Medio Ambiente ni con todas las provincias.

Del lado de los respaldos, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego defendió el desarrollo de la actividad y afirmó: “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”. La discusión volvió a mostrar una lógica que ya había atravesado el Senado: más que por pertenencia partidaria, las posiciones se ordenaron por intereses territoriales vinculados a los proyectos.

En ese contexto, la figura del secretario de Minería, Luis Lucero, quedó en el centro de la discusión. Horas antes del plenario fue denunciado penalmente por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas por presunto conflicto de intereses, en base a su trayectoria previa como abogado de empresas mineras en el estudio Marval O’Farrell Mairal. Según la presentación, el funcionario había sido formalmente excusado de intervenir en decisiones vinculadas a proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera, pero esa excusación “no fue efectiva” y habría participado en iniciativas orientadas a flexibilizar la Ley de Glaciares. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería y advirtió: “No está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, asesoró a una o más de decenas de empresas mineras”.

El interés empresarial

La reforma de la Ley 26.639 se inserta en un esquema más amplio de incentivos a la inversión minera. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) garantiza estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos y acceso a arbitrajes internacionales. A eso se suman la eliminación de retenciones a productos mineros y acuerdos sobre minerales críticos. En ese contexto, la modificación de la ley apunta a remover un límite específico: la protección de glaciares y ambiente periglacial en zonas donde se ubican varios de los proyectos en cartera.

Recién en ese marco aparece el detalle de los desarrollos concretos. San Juan concentra el eje más dinámico. Allí opera Veladero, de Barrick Mining, con antecedentes de al menos cinco derrames de solución cianurada desde 2015; El Pachón, controlado por Glencore, con una inversión proyectada de 9.500 millones de dólares; y Los Azules, de McEwen Copper, aprobado dentro del RIGI con una inversión estimada en 2.700 millones.

Este último proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental aprobada bajo la normativa vigente de la Ley de Glaciares y fue diseñado en ese marco. Según la empresa, su factibilidad “está completamente compatible con la ley como está”, aunque su CEO, Michael Meding, sostuvo ante elDiarioAR que “una mejora en las definiciones de la ley de glaciares […] te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre”.

El proyecto Vicuña, el joint venture entre BHP y Lundin Mining que integra Filo del Sol y Josemaría, prevé inversiones cercanas a los 18.000 millones de dólares. Desde la compañía aseguran que el desarrollo no requiere una modificación de la ley para avanzar, aunque respaldan la reforma como sector. En Catamarca, el proyecto MARA —también bajo control de Glencore— se apoya sobre la infraestructura de Minera Alumbrera y registra antecedentes judiciales por violaciones a la normativa ambiental vigente.

Los accionistas de Vicuña Corp fueron recibidos por Javier Milei en Casa Rosada nueve días antes de la votación en el Senado, donde el proyecto obtuvo media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor. En la foto se mostraron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.

Las posiciones empresariales convergen en un punto: no plantean la reforma como condición excluyente para avanzar, pero sí como un mecanismo para reducir incertidumbre regulatoria. El CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, sostuvo que en el área de El Pachón hay glaciares que “no tienen función hídrica contundente”. En la misma línea, Meding planteó que “hay que entender cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro al sistema hídrico”.

El nivel más profundo del mapa aparece al observar la estructura del capital. El informe “Los ganadores del deshielo”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, identifica una presencia transversal de los fondos BlackRock y Vanguard en las principales mineras. BlackRock posee el 5,6% de BHP y el 7,3% de Glencore, mientras que Vanguard controla alrededor del 5,36% de BHP. El documento lo sintetiza: “Los principales beneficiarios de esta reforma comparten accionistas comunes, entre ellos los grandes fondos de inversión globales”.

El mismo informe describe el cambio que introduce la reforma en términos precisos: “Se reemplaza la protección general de glaciares y ambiente periglacial por un esquema condicionado a la demostración de su funcionalidad hídrica”. Y agrega: “Se invierte la carga de la prueba: ya no son las actividades las que deben demostrar que no afectan, sino que el glaciar debe probar que merece protección”. También advierte que “la fijación de umbrales mínimos excluye glaciares de pequeñas dimensiones que cumplen un rol clave en el sistema hídrico andino”.

En ese marco, concluye que “la reforma habilita el avance de proyectos mineros que actualmente se encuentran limitados por la legislación vigente”. Más de 85 constitucionalistas advirtieron que estos cambios podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental en relación con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

*Con la colaboración de Alejandro Rebossio

MC

El Gobierno tiene todo listo para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles. Con el respaldo de un coro de funcionarios nacionales y provinciales que se dedicó a defender el proyecto que flexibiliza la ley sancionada en 2010, el oficialismo juntó las firmas para el dictamen en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Lo hizo con la ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca y Misiones. 

Entusiasmado ante la posibilidad de cambiar el eje de la discusión pública por primera vez desde que empezó el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno viene trabajando para conseguir quórum y está confiado. Martín Menem espera que, cuando suene la chicharra, a las 15 horas, los aliados estarán sentados y, si no hay sorpresas, el oficialismo podrá presumir más de 130 votos a favor de la nueva ley. 

El oficialismo calcula que, con el apoyo de los gobernadores, tendrá los votos necesarios para sancionar la reforma que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar puede ser sujeto de explotación minera o no. No solo aspira a juntar los avales de las provincias mineras, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, sino también de Santa Cruz y una parte de Córdoba y Santa Fe. 

Horas antes de que comenzara el debate en comisión en la Cámara de Diputados, incluso, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un acuerdo con Nación por la deuda previsional que tiene con la provincia. Son 120 mil millones de pesos por el flujo a cuenta del déficit de la caja provincial, que se pagarán en 12 cuotas mensuales desde mayo. “¿Viste la foto? Ahora Gisela (Scaglia) acompaña la reforma”, deslizó un crítico integrante del bloque Provincias Unidas, que la santafesina Gisela Scaglia preside. 

Predominará la lógica provincial por sobre la partidaria: se espera que casi todos los bloques se rompan al momento de votar, incluso el peronismo. En la oposición no son optimistas y especulan con el día después. Es decir, con la judicialización de una ley que consideran que será cubierta de amparos apenas se publique en el Boletín Oficial. “Nosotros estamos trabajando en juntar argumentos para la impugnación”, reconoció una diputada peronista.

Debate en comisión

Denunciado penalmente por conflicto de intereses por un conjunto de abogados ambientalistas, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y acusó a los detractores de “instalar el miedo” en la sociedad. “El agua está protegida y queremos conocerla mejor. Esta ley permite conocerla mejor”, aseguró Lucero, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario reconoció haber trabajado como abogado de empresas mineras, aseguró estar orgulloso y, acto seguido, el oficialismo anunció la buena nueva: estaban las firmas para dictaminar y el proyecto quedaba listo para ser sancionado en la sesión del miércoles.

La Libertad Avanza preparó el terreno para dictaminar la reforma que flexibiliza la Ley de Glaciares con una reunión informativa que se caracterizó por un detalle: todos los expositores, en su mayoría funcionarios provinciales y nacionales, estaban a favor del proyecto del Gobierno. El primero en exponer fue Lucero, que minutos antes de dar el presente había sido denunciado penalmente por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. 

“Con el agua de glaciar de escombro se puede regar 2 hectáreas de vides, generar 3 puestos de trabajo y un valor de producción de 15 mil dólares al año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24 mil puestos de trabajo”, argumentó Lucero. Su exposición, al igual que la de todos los funcionarios, giraría en torno a un mismo eje: la Ley de Glaciares sancionada en 2010 había impedido el desarrollo minero en las provincias y por eso había que cambiarla. 

“El mundo tiene 77% del agua dulce proveniente de glaciares. Eso creemos que no se toca”, deslizó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, entre las miradas sorprendidas de la oposición. “Por ahora”, le gritó Myriam Bregman (FIT), quien luego se cruzaría con Lucero por su pasado asesorando mineras. 

“Luis Lucero fue denunciado porque el propio Ministerio de Economía lo ha excluido de proyectos de actividad minera porque viene de ahí, de ser abogado de las empresas mineras. Es una afrenta: no se puede discutir una ley con quien viene a representar las mineras, no cuidan ni a las formas”, se quejó la diputada de izquierda. El lilito Maximiliano Ferraro, quien viene registrando los vínculos de legisladores y funcionarios que están participando del debate con empresas mineras, sumó presión: “¿Ha representado a empresas clave del sector, incluyendo AngloGold, Rio Tinto, Vale, Cameco, Pan American Silver?”

“¿Para operarse del estómago iría con un astronauta o iría con alguien que trabaja con temas gastrointestinales? Es razonable que para buscar alguien que trate de ocuparse de la minería del país haya buscado alguien con experiencia”, respondió Lucero, quien no pudo, sin embargo, responder una de las preguntas del jefe de bloque peronista, Germán Martínez.

“¿Qué cambió en el debate que, al principio, no querían que se hable de minería y terminamos con todos los expositores hablando de minería? Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones, y que el punto de vista jurídico les va a generar más pleitos que antes. Y por eso vienen los dueños del chancho para que el chancho chifle”, ironizó Martínez.

Martínez se refería a los funcionarios nacionales, pero también a los gobernadores que habían participado, como Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo les había pedido a las provincias mineras que quieren modificar la ley que dieran el presente para defender su proyecto, ya que el gran cambio que la nueva ley introduce es que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar o área periglaciar cumple una función hídrica (y define, en consecuencia, la habilitación de una actividad productiva en la zona). 

“Ningún gobernador planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni cambiar el objeto ni cambiar los estándares de calidad. Estamos a favor de la ley, hay que cuidar el ambiente con función hídrica, eso es fundamental”, argumentó Orrego, que fue el gobernador que más funcionarios llevó al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, tanto en la reunión informativa como en la audiencia pública. 

“Ustedes están diciendo que tiene que tener una función hídrica, eso es una modificación”, les recordó Adriana Serquis, de Unión por la Patria, haciendo referencia a la modificación del artículo 3 de la ley sancionada de 2010, que establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares “que actúan como reservas hídricas”. El nuevo proyecto, en cambio, habla de “funciones hídricas relevantes” y deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar merece integrar el inventario o, por el contrario, puede ser removido y explotado productivamente.

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El intento de reforma de la Ley de Glaciares pone en el centro una vieja discusión: la politización del uso del agua. La propia ley fue concebida en los acalorados debates de 2008 y 2010 ante la rápida expansión de proyectos mineros, justamente como una forma de proteger las reservas hídricas estratégicas en un país donde más del 60% del territorio es árido o semiárido. Ese cambio fue fundamental porque permitió transformar los conflictos mineros locales en problemas públicos más amplios, vinculados al agua, el territorio y el futuro de esas regiones. 

Hoy, el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) corre el eje de la discusión: del agua al negocio minero. La exclusión de las instituciones científicas y de decenas de miles de organizaciones y representantes de la sociedad civil de las audiencias públicas deja al descubierto los intereses detrás de la reforma. La discusión sobre la Ley de Glaciares ya no es solo ambiental: es una discusión sobre quién produce conocimiento, quién decide sobre el territorio y quién controla el agua en la Argentina que viene.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, luego de varios años de litigio impulsado por la empresa Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan. En su fallo, la Corte estableció que la protección de los glaciares es una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias, y reafirmó que los derechos colectivos, como el derecho al ambiente y al agua, deben prevalecer frente al derecho de propiedad o de explotación económica. 

La combinación entre la reforma de la Ley de Glaciares y el RIGI puede generar un punto de no retorno para los glaciares y para el futuro de la vida en amplias zonas. Irreversibilidad jurídica y ambiental. Reglas que no se pueden cambiar y territorios que no se pueden restaurar.

El RIGI no solo otorga beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años, sino que también declara a los proyectos adheridos como de “interés nacional” y establece un esquema de estabilidad normativa que limita la posibilidad de que provincias y municipios establezcan nuevas regulaciones que puedan afectar a las inversiones. Aunque el régimen abarca diversos sectores económicos, la evidencia muestra que más del 95% de las inversiones comprometidas se concentran en actividades extractivas, especialmente minería e hidrocarburos. El sector minero encontró en el RIGI una oportunidad para reactivar proyectos que se encontraban paralizados por conflictos sociales, restricciones ambientales o causas judiciales. De este modo, el RIGI funciona como un mecanismo de presión política para remover o deteriorar resistencias o normas ambientales, ya sea mediante la aceleración de permisos, la intervención del gobierno nacional en conflictos provinciales o el uso de dispositivos de seguridad para garantizar la continuidad de los proyectos.

Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que la mayor parte de la superficie glaciar del país se ubica en la región patagónica, donde se concentra más del 60% del área glaciar de la cordillera. Sin embargo, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut cuentan con normativas provinciales que restringen la actividad minera en la cordillera o han zonificado el territorio para evitar la expansión en zonas glaciares. En efecto, si bien se conoce el potencial minero en la región, por el momento la actividad se encuentra suspendida. 

Ahora bien, el escenario es muy diferente en Mendoza, San Juan y Catamarca, donde coinciden tres factores clave: 1) una superficie relevante de glaciares y periglaciares, 2) emergencia hídrica y 3) la presencia de proyectos mineros en fases de factibilidad o de exploración avanzada. Estas tres provincias poseen poco más del 30% de los glaciares del total nacional, Mendoza (21%), San Juan (11%), y Catamarca (1%) pero también un potencial enorme en cobre y oro.

Por eso, si se observa el mapa minero argentino, el sentido de la reforma se vuelve más claro. Argentina cuenta con más de 300 proyectos mineros en cartera, de los cuales 30 se encuentran en un radio de cercanía menor a 10 kilómetros o se superponen con ambientes glaciares y periglaciares. Entre los que buscan ingresar al RIGI, varios se ubican precisamente en estas zonas, especialmente proyectos de cobre y oro localizados en San Juan, Mendoza y Catamarca. Según el Observatorio del RIGI, la mayoría de los 17 proyectos mineros que buscan adherir al régimen son de litio. Sin embargo, los de cobre son los más importantes en términos de inversión comprometida y son los que el gobierno busca impulsar por su relevancia exportadora. Los Azules, El Pachón, Agua Rica y el proyecto Vicuña, que incluye Josemaría y Filo del Sol, concentran inversiones cercanas a los 23.000 millones de dólares y se ubican en zonas de alta montaña donde la presencia de glaciares y ambiente periglacial establece restricciones ambientales; allí donde nacen las cuencas que abastecen a las poblaciones y economías regionales de las zonas áridas del país. 

Con una cartera de 70 proyectos de cobre concentrados en San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza, cabe recordar que la cordillera no es solo una reserva de minerales, es también una reserva de agua. Por eso, el nuevo boom del cobre reabre una discusión histórica en la Argentina entre minería, agua y territorio.

La Ley de Glaciares fue discutida en el Congreso, construida con evidencia científica y ratificada por la Corte Suprema en 2019. Sin embargo, los gobiernos (nacional y provinciales) buscan reformar el texto normativo dándole la espalda a la sociedad civil y a las instituciones científicas-académicas especializadas con el único objetivo de facilitar inversiones mineras y blindar a las empresas de futuros litigios por daños ambientales irreversibles. La discusión sobre la minería en la cordillera es, en realidad, una discusión sobre el agua. Y la discusión sobre el agua es, inevitablemente, una discusión sobre el poder: quién decide sobre el territorio, quién se beneficia de los recursos y quién asume los costos ambientales.

*Mariano Novas es investigador del Área de Ambiente y Política de la UNSAM y coordinador del Observatorio del RIGI.

El Observatorio del RIGI es una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/UNSAM).

La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.

Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.

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Mientras tanto, las empresas mineras avanzan sobre ella, en busca del mineral estrella de la transición energética: el litio.

Dentro de los salares del área protegida que se declaró hace casi medio siglo, el gobierno provincial de Salta ha concesionado 22 proyectos mineros para explorar y extraer litio. El mineral es usado para fabricar las baterías que ponen a andar a los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que todavía mueven gran parte del transporte mundial.

El litio también se usa cada vez más en baterías que permiten almacenar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como la solar y la eólica, de modo que esa electricidad no esté disponible únicamente cuando está soleado o sople el viento. Precisamente hoy el transporte y la generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo o carbón son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

La minería es permitida dentro de ciertas zonas de la reserva natural provincial, que lleva el nombre de la cordillera que lo alberga, justamente porque se estableció desde un inicio que sería un área de usos múltiples: se pueden realizar actividades productivas pero controladas y en ciertas áreas preestablecidas, siempre y cuando no generen impactos en los ecosistemas.

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Esa contradicción entre estar protegida pero que no se aplique su instrumento de manejo, a la par de que sus puertas se han abierto a la minería, ha llevado a especialistas y funcionarios consultados a coincidir en que hay un interés político y económico por mantener a Los Andes como una “reserva de papel”.

Este equipo periodístico se comunicó en reiteradas oportunidades con el gobierno provincial de Salta pero las autoridades consultadas nunca respondieron las preguntas enviadas, ni quisieron confirmar en qué medida se está aplicando el plan de manejo aprobado en 2018. El 2 de febrero se envió al secretario de ambiente y desarrollo sustentable de Salta, ingeniero Alejandro Aldazábal, a pedido de su secretaria privada, un cuestionario de siete preguntas. Tras semanas de esperas, su secretaria dejó de responder los mensajes y llamadas y nunca envió las respuestas.

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Estos son los hallazgos de una investigación periodística realizada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) como parte del proyecto Litio en Conflicto, que coordinó el CLIP y reunió a diez medios de la región para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

El plan que existe pero no se aplica

Entre 2016 y 2018, un grupo de científicos y funcionarios se reunieron para dar vuelta la historia de Los Andes y elaborar un plan de manejo que, por primera vez, estableciera en qué zonas de la reserva la minería no podría avanzar. El resultado fue un documento de 108 páginas en el que plasmaron la misión de la reserva: conservar la vicuña, los abundantes recursos naturales de la Puna y zonas altoandinas y el patrimonio cultural e histórico. Y sobre todo resguardar los salares y el agua “como recurso estratégico para la vida dentro de la reserva”, dice el documento público que analizó Mongabay Latam.

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Sin embargo, es allí, en los salares altoandinos que busca proteger, donde se están instalando las mineras de litio, a pesar de que la zonificación aprobada por las autoridades en agosto de 2018 establece explícitamente que estos cuerpos de sal deben ser protegidos y recibir, en sus palabras, un “cuidado especial”.

Los salares de Rincón, Pozuelos, Arizaro, Pocitos e Incahuasi fueron catalogados en un mapa de zonificación como “subzonas de gestión especial”. Allí no debería estar permitida la minería, según el documento.

El plan de manejo también buscaba mantener la viabilidad de las poblaciones de especies bandera para la Puna, como la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la rana puneña (Telmatobius atacamensis) y los flamencos (Phoenicoparrus andinus); y poner en valor y resguardar el Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y otros posibles sitios arqueológicos, que podrían ser atractivos para el futuro turístico de la provincia.

A pesar del largo trabajo, de la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del esfuerzo de 49 personas directamente involucradas en la producción de un programa formulado para implementarse durante cinco años, el Gobierno de Salta nunca puso a funcionar el plan de manejo como fue aprobado. En Argentina, los estados provinciales tienen potestad constitucional sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos, por lo que pueden abrir licitaciones y concesionar áreas dentro de sus territorios.

La búsqueda del codiciado litio para la transición energética desplazó por completo cualquier interés de las autoridades salteñas por proteger esta reserva. Esta alianza periodística publica aquí el plan de manejo abandonado por considerarlo de interés público.

Entre tanto, Los Andes cuenta con un único guardaparque, quien no tiene vestimenta adecuada ni vehículo para movilizarse, según confirmó Mongabay Latam con fuentes oficiales que conocen el territorio. ¿Cómo puede entonces proteger la fauna y flora endémicas del lugar? “Camina o hace dedo”, respondieron a este medio, en referencia a la modalidad de los viajeros que piden aventones por las rutas.

Tierra de sal: una reserva habitada por salares y lagunas

En la reserva, se formaron extensos salares por evaporación. Existen 12 cuencas, aunque las precipitaciones son extremadamente escasas durante todo el año. Es una zona de estrés hídrico y alta amplitud térmica, con temperaturas estivales que pueden alcanzar los 40 °C y mínimas invernales nocturnas de hasta -40 °C. El índice de radiación solar es uno de los más elevados del mundo, de acuerdo con la investigación realizada para el plan de manejo del área protegida.

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Aquí reinaban las vicuñas. También los guanacos, los suris (Rhea pennata), guaipos o queús (Rhynchotus maculicollis) y predadores como el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), aguiluchos (Geranoaetus poecilochrous) y matamicos (Phalcoboenus megalopterus). Todavía habitan el lugar junto a mamíferos como la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), el cavícola tojo o tocotuco puneño (Ctenomys opimus). Abundan las aves, como las camineras, banduritas, canasteros, dormilonas, yales y jilgueros. Y los reptiles: una especie de culebra, el sapito puneño, lagartijas del género Liolaemus y la amenazada rana acuática puneña (Telmaobius atacamensis), considerada En Peligro Crítico.

También se encuentran en Los Andes las tres especies de flamencos del cono sur, todos en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puna o de james (Phoenicoparrus jamesi). Además, los dos últimos anidan en los salares de la reserva.

Las extremas condiciones de vida en la reserva de Los Andes hacen que las especies de flora y fauna que habitan esta área protegida sean “particularmente frágiles ante alteraciones e interferencias agudas como las provocadas por las actividades humanas irruptivas”, resaltaron los expertos y funcionarios en el plan de manejo que las autoridades no pusieron en práctica. Por eso, en Los Andes habitan “altas proporciones de especies categorizadas bajo alguna condición de amenaza”. Esas actividades incluirían la minería y el turismo realizados sin los cuidados específicos que reclamaron los especialistas.

Aquí no solo habitan especies carismáticas o bandera. En estos salares también viven comunidades de organismos muy extraños y particularmente adaptados a condiciones extremas: son llamados extremófilos, representantes de formas muy antiguas que iniciaron la vida en el planeta. Algunas de ellas son las arqueobacterias, como los estromatolitos, capaces de fijar carbono de calcio. Habitan en los humedales de Laguna Socompa y los Ojos de Mar de Tolar Grande, dentro de la reserva. Existen numerosos estudios en curso que defienden la protección de los estromatolitos y de sus aplicaciones biotecnológicas.

El plan de manejo y la zonificación ubicaron sitios clave dentro de Los Andes con presencia de extremófilos dentro de los salares de los Pocitos y Rincón. Los expertos dejaron por escrito en el documento público que debían ser especialmente protegidos. Sin embargo, en ambos salares, las autoridades de Salta concesionaron proyectos de litio.

Litio y salares

En estas tierras, el mineral crítico no se encuentra en roca, como en otros lugares del mundo, sino en la salmuera, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas de los salares. Estos humedales centrales para sostener la vida en el desierto son clave para las comunidades indígenas que habitan dentro de la reserva, ya que son fuente de agua para sus animales y ganado. También son importantes para la fauna y la flora, ya que sostienen ríos subterráneos y se transforman en extensos espejos de agua durante los veranos.

La Reserva Los Andes se encuentra dentro del Departamento de Los Andes, donde habitan 7182 personas, según el último censo de 2022. Su capital es San Antonio de los Cobres y el pueblo de Tolar Grande, de unos 200 habitantes, donde vive el único guardaparque que protege estas tierras, se encuentra dentro de la reserva.

Entre la población, quienes no viven de la minería, se dedican a la producción de ganado menor —llamas, ovejas, cabras—, en gran medida bajo condiciones de subsistencia. Por ello necesitan las vegas de los salares para dar agua a sus animales. El turismo también es central: por aquí pasa el célebre Tren de las Nubes, por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para hacer aún más complejas las cosas, dentro de esta vasta reserva se encuentran otras dos áreas protegidas creadas en 2011: los refugios provinciales de vida silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande.

Además, la tenencia de la tierra en el Departamento de Los Andes es foco de conflicto con las autoridades, ya que los pueblos originarios de la zona reclaman posesión comunitaria. En 2018, cuando se terminó de elaborar el plan de manejo, había nueve comunidades indígenas de los pueblos kolla y atacama dentro del área reconocidas oficialmente.

Por eso era importante que, por primera vez en más de cuatro décadas, Los Andes contara con un plan de manejo. Este es un documento de política pública que establece cómo proteger los ecosistemas y las especies que habitan la reserva, al tiempo que zonifica o delimita las áreas donde se podrían realizar ciertos tipos de actividades productivas, como el turismo, la ganadería y la minería.

La minería “conlleva posibles impactos no deseados tanto en las comunidades como para el ambiente”, reconocieron los expertos en el plan de manejo.

El abandono de Los Andes es de larga data. Hasta octubre de 2000, cuando se sancionó una ley de áreas protegidas en la provincia, las reservas de flora y fauna se creaban por decreto pero quedaban en los papeles. A partir de 2001, comenzaron a implementarse algunas políticas de conservación en el territorio y recién en 2010 el Gobierno provincial contrató guardaparques en la provincia, según explicó un exfuncionario que prefiere no ser citado con nombre propio para evitar represalias. La razón es que en Salta, como en otras provincias litíferas del norte argentino cuyas economías dependen en gran medida del mineral, criticar en voz alta las políticas pro-minería puede traer consecuencias laborales. El Gobierno salteño estimaba en 2024 que el sector aportaba casi 6000 empleos directos y 20 000 indirectos.

A la reserva de Los Andes recién le fue asignado un guardaparque en 2016. Es decir, 36 años después de su fundación. “Esto se da en un contexto en el que el sistema de áreas protegidas de Salta, en general, está totalmente desarticulado por las últimas gestiones. Salta vacía [ignora] la cuestión ambiental”, asegura un funcionario nacional que también pidió reserva de identidad. De hecho, la Secretaría de Ambiente de Salta actualmente depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Bombear salares: una provincia donde prima la minería sobre lo ambiental

La Reserva Los Andes tiene un salar principal, llamado Arizaro, cuya mitad norte está dentro del área protegida. En el plan de manejo que no ha sido implementado, es mencionado como uno de los depósitos salinos fundamentales de la región. También es uno de los salares con mayor proyección para la extracción de litio en Argentina, de acuerdo con la revista minera especializada Salta Mining.

Ese atractivo se ve reflejado en las transacciones recientes. En diciembre de 2025, la minera canadiense Lithium Chile Inc. firmó un acuerdo para vender su participación en el proyecto de litio que desarrolla en este salar con la empresa argentina LitiAr S.A. Lo vendió al grupo chino China Union Holding Ltd. por 175 millones de dólares, según la empresa que desarrolla el proyecto.

Este es uno de siete proyectos en Arizaro. Además de éste, hay otros impulsados por las mineras Lítica Resources y Alpha Lithium Argentina, que pertenecen a las petroleras multinacionales argentinas Pluspetrol y Tecpetrol (parte del grupo Techint) respectivamente. Otros son de la chino-canadiense Tibet Summit Resources; de la china Hanaq; de la canadiense NOA Lithium Brines; de la francesa Eramet; y de la australiana Power Minerals.

Esa misma tensión entre conservación y minería se observa en muchos de los otros salares dentro de la reserva Los Andes. Existen al menos 14 proyectos de litio que se desarrollan en salares enteramente ubicados dentro de Los Andes, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI), que será publicado próximamente. Hay cuatro en el de Pocitos, tres en Rincón, dos en Incahuasi, uno en Pular y tres en Pozuelos-Pastos Grandes, además de uno que contempla trabajar en los cuatro primeros salares. Adicionalmente, hay un proyecto en el salar de Llullaillaco, cuya punta norte también está en el área protegida.

Todos están en fase de prospección o exploración, y todos fueron concesionados por el Gobierno provincial. Varias de las beneficiadas son mineras de peso global: Ganfeng es una de las mayores productoras de litio y Rio Tinto es el segundo mayor conglomerado minero, que entró de lleno en el negocio del litio al comprar en 2025 a la junior canadiense Arcadium Lithium.

Esta alianza periodística revisó los documentos de los 22 proyectos en la zona de Los Andes (los siete proyectos en Arizaro, otros 14 en el resto de los salares enteramente ubicados en la reserva y un proyecto en el salar de Llullaillaco que está parcialmente dentro de la reserva) así como los de sus empresas operadoras, incluyendo páginas web, presentaciones corporativas e informes técnicos. En solamente dos encontró menciones a la existencia de la reserva Los Andes y al traslape de sus iniciativas con éste. En la mayoría de los casos, los mapas que incluyen las mineras son esquemáticos y omiten el polígono de la reserva natural.

Una de las excepciones es el gigante británico Rio Tinto, que impulsa un proyecto en el salar de Rincón, que describe como su “primera operación de litio a escala comercial”. Su presidente, Jakob Stausholm, encuadró al proyecto en su informe anual de directivo de 2024 como parte de la estrategia de “alinear” su cartera “con las materias primas cuya demanda está experimentando un mayor crecimiento”. La empresa prevé iniciar la producción hacia 2028, tener dos plantas de producción de carbonato de litio y una vida útil de 40 años.

En el resumen ejecutivo de su estudio de impacto ambiental (EIA), disponible en su página web, Rio Tinto reconoce explícitamente que “el proyecto se encuentra en la Reserva de Los Andes”. El estudio cita el plan de manejo que finalmente no fue adoptado, incluyendo menciones a sus sitios de usos restringidos y la necesidad de llevar a cabo estudios de los extremófilos. Además subraya que la empresa está aplicando “las medidas de manejo y restricciones incluidas en el Plan de Manejo de la reserva”.

En el informe técnico de su proyecto en Arizaro fechado en julio de 2024, Lithium Chile menciona que hay varias áreas protegidas cerca, incluyendo la Reserva Los Andes, que “se superpone con la parte norte del área de concesión”. No menciona si su iniciativa minera tendría algún impacto en el área protegida ni el plan de manejo, aunque subraya que uno de los objetivos de la reserva es “estudiar y aplicar técnicas de desarrollo y uso racional de los recursos naturales para mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas clave”, como salares y humedales altoandinos.

Mongabay Latam y CLIP contactaron a las 15 empresas mineras que operan en salares de la reserva, preguntándoles qué medidas están tomando para operar dentro de un área protegida y habitada por comunidades indígenas. Al cierre de esta investigación solo había respondido Alpha Lithium, de Tecpetrol.

Esa minera, propiedad de la familia Rocca, una de las más ricas de Argentina, respondió que su proyecto en el Salar de Arizaro se encuentra en etapa de exploración inicial, “con tareas geofísicas que no afectarán en forma relevante a la fauna del entorno, debido a que son actividades puntuales y de corta duración”. La compañía sostiene que el impacto “será irrelevante”, pero que aun así elaboró un plan de gestión con medidas preventivas.

“El plan de manejo era una cosa muy grande”

La minería de litio —que se ha extendido por los salares en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca— ya se vislumbraba en la reserva cuando se realizó el plan de manejo de 2018. “Finalmente, el plan de manejo no sirvió para ponerle obstáculos al avance del litio en la reserva”, explica uno de los científicos que participó del proceso de elaboración del documento oficial.

“Existía un acuerdo con el área de minería para trabajar en conjunto y generar un comité interdisciplinario. Nosotros estábamos contentos porque era algo innovador. Era una cosa muy grande”, recuerda Flavio Moschione, biólogo de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo. Lo cuenta en diálogo con Mongabay Latam, ocho años después de aquel esfuerzo conjunto.

Cuando el plan de manejo de Los Andes quedó en la nada, Moschione y otros expertos que habían participado pidieron explicaciones a las autoridades de Salta. El biólogo incluso presentó un reclamo formal desde la Administración de Parques Nacionales. Nunca les contestaron, asegura.

Esa tensión entre el boom económico que está trayendo el litio a Salta y la conservación de sus ecosistemas de alta montaña es justo el tipo de escenario que menciona la investigadora estadounidense Thea Riofrancos en su recién publicado libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism sobre el boom mundial del litio. “En los lugares donde se están abriendo minas para obtener materias primas para la transición energética, la acción climática global termina entrando en conflicto con la protección ambiental local”, escribió la profesora de ciencias políticas de Providence College.

Mongabay Latam, con la colaboración del equipo de Ruido, envió en 2025 una solicitud de información pública al Ejecutivo salteño para obtener información sobre las concesiones mineras que se superponen con la reserva, pero la administración del gobernador Gustavo Sáenz nunca respondió.

“La minería es prioridad y nuestros informes no son vinculantes”, afirmó a Mongabay Latam un funcionario de una provincia litífera que pidió reserva de su identidad. Como aquellos informes, el plan de manejo que ayudaría a proteger la reserva Los Andes quedó en el olvido, y sus salares y la vida de una tierra inmensa seguirán siendo postergados.

El artículo original fue publicado por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP), Daniela Quintero Díaz y Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

*Con la colaboración de Ruido.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

Javier Milei encabezó esta semana la Argentina Week en Nueva York para promover la inversión en Argentina. Llevó para ello a un inédito pelotón de grandes empresarios, todos vinculados a los sectores que pretende fomentar. Ya en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias 2026 del Congreso los había identificado: minería, agroindustria y energía, que serviría para abastecer a la petroquímica, la siderurgia, el aluminio y los data centers. Los inversores ya de por sí interesados en los recursos naturales ratificaron sus intenciones, según fuentes de dos de los principales bancos norteamericanos. El problema radica en que diversos estudios académicos evidencian que sólo con las materias primas no alcanza para despegar al desarrollo que promete el presidente.

En la banca estadounidense destacan que la Argentina ha vuelto a tener una semana de negocios en la ciudad central del capitalismo, como la tienen otros países emergentes, y valoran los cambios introducidos por Milei con el apoyo de la voluntad popular. Sin embargo, advirtieron que su discurso contra el principal millonario de la Argentina, el siderúrgico, constructor y petrolero Paolo Rocca, despertó dudas, lo mismo que la ratificación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de que continuarán los controles remanentes del cepo cambiario a empresas; la salida de capitales especulativos de naciones riesgosas como la Argentina por la guerra de Irán y la incertidumbre sobre el futuro político de proyecto libertario si se repiten escándalos que dañan su reputación como el nuevo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en los bancos rescatan que la Argentina tiene recursos naturales que el mundo necesita. ¿Pero qué precisa el país para convertirse en desarrollado, como Irlanda, Alemania o EE UU, los que ha mencionado Milei? El mes pasado, los economistas e investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Andrés López y Juan Carlos Hallak publicaron un paper titulado El lugar de Argentina en el mundo más allá de los recursos naturales: las oportunidades de agregación de valor a través de la diferenciación de productos y servicios que advierte que “la posibilidad de explotar intensivamente los recursos hidrocarburíferos y minerales disponibles en el país a partir de la esperada estabilización macroeconómica ha alimentado la ilusión de que dicha explotación constituirá la base de un crecimiento económico sostenido”, pero “nuestra disponibilidad de recursos naturales, presente y futura, no es tanta como la de países de referencia, como Australia, Noruega y Canadá”, que son presentados como modelos de naciones que con su riqueza en estos rubros han podido dar el salto a sociedades de altos ingresos.

¿Sobre qué se basan López y Hallak para su afirmación? Sencillo: calcularon cuánto sumaron por habitante las exportaciones de materias primas agrícolas, mineras y petroleras en 2023. En el caso de la Argentina, US$1.200 per cápita, sobre un total de US$60.000 millones en estos sectores. Calcularon cuánto podrían crecer con el continuo crecimiento de Vaca Muerta, que aceleraría cuando se exporte gas en barco, y con la minería, una vez que los proyectos del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) estén produciendo: para 2030 se sumarían US$40.000 millones y el ratio por argentino llegaría a US$2.000. Con un optimismo que estos dos economistas llaman exagerado, podrían agregarse otros 40.000 millones para 2035 y elevar la cuenta por persona a 2.900. Pues se trata de niveles alejados de la riqueza natural por habitante de los países desarrollados.

La petrolera Noruega exporta US$29.300 por noruego. La minera Australia, 13.000 por australiano. La también minera Canadá, 7.300 por canadiense. Nueva Zelanda, 5.000 millones. Suecia, 4.000 millones. Chile, que no ha salido de la llamada trampa de los países de ingresos medios para alcanzar el desarrollo, 3.500, es decir, más que el nivel que López y Hallak consideran “exagerado”.

“Es obvio que estos nuevos recursos mineros y energéticos son bienvenidos desde el punto de vista macroeconómico, ya que van a ayudar a aliviar a las restricciones al crecimiento que han venido acosando aun país como el nuestro, con acceso todavía restringido al mercado internacional de capitales”, celebran López y Hallak. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que la riqueza natural de las naciones no lleva automáticamente a buenos desempeños en materia económica y social. Guinea Ecuatorial, Irak, Gabón, Turkmenistan o Irán, por ejemplo, se destacan por susa bundantes recursos naturales, pero distan de ser ejemplos exitosos de desarrollo. En cambio, los países avanzados que disponen de grandes stocks de recursos naturales han logrado administrar de manera eficaz los dilemas o conflictos macroeconómicos e institucionales que pueden emerger de explotar dichos recursos, distribuir de manera relativamente equitativa los ingresos que generan e invertir las rentas resultantes en actividades que contribuyen a objetivos de crecimiento y mejora del bienestar. Adicionalmente, usualmente han implementado políticas de desarrollo productivo orientadas, por ejemplo, a promover encadenamientos o derrames de conocimiento en torno a las actividades basadas en recursos naturales”, señala el documento.

Uno de los economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, coincide con la opinión de López y Hallak. “Es una gran oportunidad para la Argentina sumar a la energía y a la minería al set o conjunto de sectores que empujan la productividad y el crecimiento a largo plazo, junto a la agroindustria. ¿Eso alcanza, no alcanza? Uno tiene que referenciar si eso permea y difunde a la productividad del resto de los sectores de la economía. La pregunta es si el índice de difusión del shock positivo que uno está viendo ahora en energía, que va a estar viendo con más fuerza en minería, agregado al del sector agropecuario, alcanzan a los dos tercios del conjunto de los sectores de la economía.”

“¿Cuándo la Argentina tuvo esto en el pasado?”, se pregunta Navajas. “Lo tuvo solamente en dos instancias. Hay un período que es la década del 60, cuando la Argentina tenía política industrial, hacía mal o bien, pero era lo que se usaba en esa época y empujaba un proceso de industrialización. Eso sabemos que hoy no está presente por varias razones, ni en la Argentina ni en otras partes del mundo. El segundo periodo es la década del 90. La Argentina se estabiliza macroeconómicamente, se da un conjunto de cambios y el crecimiento de la productividad del sector petrolero y gasífero, sobre todo con un descubrimiento de recursos convencionales de una década anterior, en Loma La Lata, que está justo justo arriba de Vaca Muerta. La Argentina tiene tanta suerte que los depósitos de Vaca Muerta están situados abajo y entonces usan la misma infraestructura que lo que usaba Loma La Lata. Ahí la Argentina logró tener un índice de difusión muy alto, merced también a que hizo una apertura de la economía, pero una apertura sin China, a un mundo más multilateral que el de ahora. Otra cosa que tuvo la Argentina en ese momento fue un fenomenal empuje de la infraestructura, que no está presente ahora.”

Navajas reconoce que ahora el país “tiene un empuje de productividad más alto en energía y minería” que en los 90, “pero no tiene empuje de infraestructura”. Admite que hay un “empuje de reformas económicas, como desregulación sectorial, reforma laboral, que llevan tiempo, pero ”la apertura se da en un contexto internacional diferente porque ahora está China ahora, por lo que es un juego de productividad relativa“. Es decir, abrir la economía ahora puede, en lugar de forzar una mejora en la productividad local, derivar en cierres frente a la competencia asiática.

López y Hallak recuerdan que los países que saltaron al desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, desde Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, China, España, Portugal e Irlanda, se basaron exportaciones de bienes y servicios que a su vez fueron cambiando hacia sectores de mayor productividad. “Por ello, argumentamos que el crecimiento sostenido de nuestra economía debería estar basado en un patrón de inserción internacional más complejo y sofisticado, que aproveche las oportunidades de agregación de valor que ofrece la diferenciación de productos y servicios. A la vez, mostramos que el camino propuesto no parte de cero, sino que ya existe una estructura productiva en el país capaz de innovar y exportar productos y servicios diferenciados en un amplio abanico de sectores pertenecientes tanto al agro como a la industria y los servicios”, escriben los investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los investigadores citan una gran cantidad de ejemplos que debería potenciarse para dar el salto exportador al desarrollo. Eso incluye productos y servicios diferenciados:

Los autores también dan ejemplos en biotecnología, industria nuclear y espacial, bioeconomía, proveedores de los sectores de hidrocarburos y minerales, así como productos derivados de estos con mayor valor agregado, desde fertilizantes hasta la posibilidad de elaborar material catódico para baterías.

AR

La Cámara de Diputados convocó para los días 25 y 26 de marzo de 2026 a una audiencia pública para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares.

El aviso fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y el formato de la audiencia prevé que habrá doble modalidad de participación, ya que será presencial y virtual, por lo que, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente el 25 de marzo en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en la Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la dinámica se llevará a cabo de manera virtual el 26 de marzo y, según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00.

La Cámara de Diputados había oficializado el jueves la citación a una audiencia pública para los citados días de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados.

También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar) hasta el 20 de marzo.

¿Qué puede cambiar con la nueva ley de glaciares que impulsa el Gobierno?

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, promulgada el 30 de septiembre de 2010, enumera los presupuestos y medidas mínimos para el cuidado de los glaciares y las zonas circundantes. Pero el Gobierno nacional intenta dar marcha atrás esa ley y envió al Congreso un proyecto para reformarla (que ya tiene media sanción del Senado y aguarda su turno para ser tratada en Diputados), aprovechando la nueva conformación que logró tras las elecciones de octubre y luego del éxito con la reforma laboral, analiza Ruby Grisin en un artículo publicado el 21 de febrero por elDiarioAR. 

Los cambios propuestos modificarían la ley de glaciares y permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales —que se caracterizan por sus climas fríos, no glaciares, el permafrost y los ciclos de congelación-descongelación—, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Según el Gobierno, los cambios tienen como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Hay dos bandos en esta controversia: uno defiende la importancia de preservar estos recursos naturales desde el Estado por diversas razones, entre ellas la vitalidad humana y la prevención del cambio climático. El otro da prioridad a los beneficios económicos de la minería y otras actividades en las reservas de agua dulce andinas, buscando más claridad y sintiendo insatisfecho con la ley actual.

La posibilidad de derogar la Ley 26.639 podría cambiar por completo la forma en que se utilizan legalmente estas reservas de agua, ya que hasta ahora se han considerado bienes públicos. La ley original tenía como objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y otros fines, desde la agricultura hasta la protección de la biodiversidad. 

Si se modifica, el Congreso también podría eliminar el Inventario Nacional de Glaciares, que recopila datos sobre todos los glaciares y geoformas periglaciales del país, y eliminar ciertas protecciones de las que actualmente gozan estas formaciones geológicas. Según la ley actual, cualquier actividad que se realice en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, salvo en casos de rescate, determinadas investigaciones científicas o deportes no motorizados. El incumplimiento de la ley actual podría dar lugar a multas, que finalmente se utilizan para proteger y recuperar los paisajes afectados.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó la capacidad de los gobiernos provinciales para “favorecer intereses mineros y vulnerar el principio de presupuestos mínimos ambientales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional” en caso de que la ley actual sea revocada. También podría dar lugar a inconsistencias en la aplicación de la ley, con menos regulaciones a nivel estatal.

Los grupos ambientales consideran que este retroceso es una política medioambiental regresiva en un momento en el que se intensifican las tensiones climáticas, que se manifiestan en desastres naturales como los incendios forestales de la Patagonia. El presidente Javier Milei, quien dijo que no cree en el cambio climático, recortó los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y al mismo tiempo ha estado abogando por la derogación de la ley sobre glaciares.

Según las Naciones Unidas, “los glaciares son esenciales para proporcionar agua dulce a más de 2000 millones de personas en todo el mundo”. 

Además, un informe de febrero de varias organizaciones ecologistas señaló que más de la mitad de las especies vertebradas de Argentina viven en regiones de aguas glaciales, y que una proporción aún mayor de especies amenazadas depende de estos mismos sistemas.

Pero algunas fuentes afirman que la flexibilización de las restricciones podría dar lugar a mejores resultados en la extracción de cobre, lo que impulsaría la ya inestable economía argentina. En este contexto, la inminente decisión del Congreso no solo definirá el alcance de una norma técnica, sino el rumbo de la política ambiental y económica argentina en los próximos años. 

No se puede ir por cuenta propia hasta la mayor inversión minera de la historia argentina, el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile, cerca de La Rioja. Por eso en este y otros casos a lo largo de los Andes, los defensores de la actual ley de glaciares, ahora en revisión, se basan en imágenes satelitales recolectadas en el Instituo Argentino de Glaciología (Ianigla). Son nueve horas y media de viaje en ómnibus o camioneta 4x4 desde la ciudad de San Juan, incluidas seis por un camino privado de ripio.

El camino, que se inicia en el pueblo riojano de Guandacol y atraviesa ríos, fue construido por las mineras antecesoras de Vicuña Corp., que se formó en 2025 entre la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin.

Sólo invitado por la empresa concesionaria del yacimiento, que incluye las minas Filo del Sol y Josemaría, se puede acceder. Y la compañía exige a sus invitados una mañana de controles médicos que van desde pedalear en bicicleta fija con electrodos para la vigilancia cardíaca (ergometría) hasta la prueba de entrada y salida del aire en los pulmones (espirometría) para chequear que podrán aguantar a estar 20 horas entre los 4.000 y los 5.300 metros sobre el nivel del mar, alturas en las que falta el aire.

Dolores de cabeza, con puntadas o presión en la frente, mareos que hacen parecer que uno camina en un barco con marejada y no por el campamento donde viven los mineros, cansancio e insomnio. Son algunos de los síntomas que sufrimos los periodistas invitados y por los que terminamos apenas llegar o durante la noche con una cánula de oxígeno durante 15 minutos o con un suero de analgésicos y corticoides.

Los trabajadores del proyecto, que alternan 14 días en la montaña y 14 en sus casas (dos de estos días de descanso se consume en el viaje), se van acostumbrando pero también a veces sufren el mal de altura, que ha provocado en algunos casos dislexia circunstancial o hasta un edema cerebral o pulmonar. Son problemas que se podría acotar mascando hoja de coca, pero la compañía la prohibió porque puede tapar otras sustancias en sangre en los controles de alcohol y drogas que aplican a los empleados. Se recomienda tomar mucha agua en pequeños sorbos y comer liviano. 

En estos cerros tan inhóspitos, áridos, por donde andan algunas vicuñas, guanacos y zorros, con pocos glaciares y manchones de nieve en retroceso por el cambio climático, donde en invierno hace menos que 20 grados bajo cero, trabajan por estos días de verano más de 1.100 personas con cascos, anteojos de sol, camperas relucientes y botas en lo que el director para Argentina de Vicuña, José Morea, llegó a calificar como la mayor inversión extranjera de la historia argentina, no sólo minera.

El director prometió que será una de las diez mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, cuando esté terminada, porque por ahora siguen en la etapa de exploración, de perforaciones para determinar en qué parte de la montaña hay más recursos. Sólo después construirán la planta procesadora y en la década próxima recién empezarán a producir y exportar. Morea no quiso desmentir la cifra exacta de la inversión que el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, informó que rondaría los US$12.000/15.000 millones en 20 años, 2.000 millones en los próximos dos, según la parte del proyecto que se presentó en diciembre pasado para recibir las rebajas de impuestos y aranceles de importación y los beneficios cambiarios del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI sólo exige 20% de proveedores locales y las empresas apenas cumplen con ese piso, en tiempos en que prefieren lo importado por cuestión de precio.

Las inversiones incluyen la construcción de una nueva ruta de 220 kilómetros desde la mina hasta el pueblo de Rodeo, en la provincia de San Juan, para conectarla de manera más directa con la capital cuyana, en lugar de tener que desviarse por La Rioja, como hasta ahora. Una unión de una constructora sanjuanina con una puntana están ya trabajando en los primeros 50 kilómetros y pronto Vicuña licitará el resto. Además, la minera organizará otra licitación para levantar una línea de alta tensión hasta Rodeo para abastecerse de electricidad del sistema interconectado central de la Argentina. Por ahora usan generadores a gasoil.

En Vicuña, al igual que en todas las demás mineras, abogan por la reforma de la ley de protección de glaciares que el presidente Javier Milei metió en las sesiones extraordinarias del Congreso este mes. Pero aclaran que no necesitan de ese cambio para continuar con su proyecto y que no tocarán los glaciares y las zonas periglaciales que están en su dominio. Josemaría ya tiene aprobado su estudio de impacto ambiental por el anterior gobernador peronista, Sergio Uñac, y Filo del Sol espera por su autorización con el actual jefe provincial, Marcelo Orrego, del partido Producción y Trabajo, de perfil conservador.

Metegoles en altura

En la que será la mayor mina de la Argentina defienden que la iniciativa oficialista proteja “los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial con funciones hídricas efectivas y relevantes”, es decir, ya no todo seguirá resguardado como hasta ahora; que los más de 17.000 glaciares relevados por el Ianigla sigan vetados para la actividad minera y petrolera sino que ese inventario sirva como insumo para posteriores estudios de si aportan o no suficiente agua a la provincia donde están situados. Ahí radica uno de los puntos claves de la ley de Milei: que ya no sea la Nación sino cada provincia la que determine qué proteger y qué no. 

Los opositores a la reforma temen que los gobernadores, por convicción o presión, cedan a las pretensiones de las mineras. Además, advierten que puede que un glaciar mirado de manera individual no tenga tantos recursos hídricos, pero en conjunto con otros sí revista impacto y, por tanto, su eliminación puede resultar dañina. La falacia de agregación o de composición en el pensamiento de John Maynard Keynes sostiene que lo que es racional o virtuoso a nivel individual puede ser desastroso a nivel agregado. 

En el campamento Batidero, un conjunto de contenedores ensamblados con habitaciones dobles y simples con televisor para 1.060 huéspedes, un comedor, un kioskito, un gimnasio y una sala de recreación con dos metegoles, una mesa de ping pong, un billar y otra TV, la gerenta de Ambienta de Vicuña, Yanina Ripoll, explica qué glaciares están dentro de la concesión de la empresa. Bióloga, que hasta cinco años atrás trabajaba en la Secretaría de Ambiente de San Juan, cuenta que hay un glaciar “con alto deterioro”, inventariado por el Ianigla, “manchones de nieves” y un glaciar de escombros –es decir, que en su superficie no tiene hielo sino roca, lo que es parte de la zona periglacial– que fue descubierto por la minera e incorporado después al relajamiento provincial. 

“Avanzamos en estudios para ver el aporte hídrico de los glaciares y los manchones”, cuenta Ripoll. “Desde 1976 hasta la fecha han retrocedido en tamaño 84%. El glaciar de escombros, llamado G110, está inactivo y no tiene aporte hídrico a la cuenca” , agrega la bióloga. “Aunque se modifique la ley de glaciares, no se tocará ni este ni el glaciar, que nosotros llamamos AR30, aclara en la empresa. ”¿Y para qué entonces los están analizando?“, preguntó la prensa. La respuesta: porque así los obliga la ley ambiental minera y de paso para evitar cualquier eventual reclamo futuro sobre el respeto del área protegida. También está trasladando vegas (vegetación que indica la presencia de agua), ratones y lagartos para mantenerlos pero fuera del yacimiento. Los glaciares y las zonas periglaciales están en retroceso por el calentamiento global y, en la medida en que desaparezcan, las actividades extractivas podrán avanzar sobre las montañas que los albergaban.

Agua, cobre y autos eléctricos

Lo paradójico es que a la vez que las mineras codician zonas con glaciares, reservas de agua en jaque también por el cambio climático, a la vez justifican su interés por el crecimiento de la demanda de cobre, materia prima para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión, que provocan el efecto invernadero. A 4.200 metros de altura, en un mirador frente a la mina Josemaría –lleva ese nombre en honor al fundador del Opus Dei, cuya imagen está en la oficina de entrada campamento Batidero–, el gerente de geología de Vicuña, Juan Arrieta, explica el vínculo del negocio con la lucha contra el calentamiento global.

Señala que el boom minero que atraviesa la Argentina ocurre en este momento porque las técnicas de exploración han podido acceder a zonas complicadas, que por la forma de los Andes tienen mejor entrada desde Chile; y por incentivos que ha surgido, no mencionó explícitamente el RIGI, sino el aumento del precio del cobre por la demanda de las energías renovables. El oro y la plata también se han apreciado en los últimos años pero no por sus fines industriales sino por la especulación financiera.

Josemaría ocupa 3.3.00 hectáreas. Filo del Sol, 10.000. Contiene tres veces más recursos y están más alta, llega hasta los 5.350 metros sobre el nivel del mar. Ahora se la está explorando con nueve máquinas perforadoras, con pozos de hasta 2.000 metros de profundidad. Y así continuarán dos años más. Entre cobre, oro y plata, se calcula que hay 7.890 millones de toneladas “inferidas” y 3.630 millones “medidas e indicadas”. Es decir, primero se infiere que hay tanta cantidad de metal y después de los estudios pasan a categorizarse como medidas e indicadas. El análisis se inicia en el campamento Batidero y continúa en el laboratorio de la empresa en la ciudad de San Juan. Una vez concluidos los estudios, se elaborará un modelado en tres dimensiones y el plan de minado, es decir, el modo en que se explotará el cerro.

Filo del Sol es una mina binacional, un décimo de los recursos está del lado chileno. Por eso, en los dos campamentos argentinos de Vicuña duermen trabajadores chilenos que trabajan del otro lado de la frontera. Pero la planta procesadora del metal se instalará del costado argentino. Se prevé que en los próximos meses se contratará a 300 operarios para que en dos turnos de 12 horas, de día y de noche, inclusive en invierno, hagan el movimiento de suelos para allanarlos para la futura fábrica. Por ahora en estas montañas trabajan 390 empleados de Vicuña y 1.200 de firmas contratistas, desde perforadoras hasta catering, limpieza y asistencia médica. Casi todos son varones. 

El agua necesaria para el tratamiento de los metales se supone que llegará desalinizada desde el Pacífico chileno. Es la que suelen utilizar las minas del país vecino y que se bombea hasta la altura. Pero se prevé que se reutilizará el 76% del agua que se emplee en el proceso de flotación del metal y que termine en el dique de cola, que es el depósito del descarte de las tierras residuales de la separación del cobre, el oro y la plata. En el mineral no hay presencia de arsénico y no se usará cianuro porque se procesará con el método de lixiviación, según la gerenta de Ambiente de Vicuña. Como sustancia química peligrosa se empleará el xantato. 

Pocos ciudadanos se acercan a preguntar por el impacto ambiental de la mina a los tres centros comunitarios que Vicuña ha abierto para contactar con los pueblos más cercanos, Rodeo y San José de Jáchal, en San Juan, y Guandacol, en La Rioja, según la responsable de esas casas, Mercedes Pagés. Sí ha surgido la inquietud por el agua en charlas con productores rurales, a los que asisten con la marca y la vacunación del ganado. Pagés explica que el “cambio en el contexto socioeconómico” ha llevado a que la gente se acerque a esos centros para preguntar por empleo o por la posibilidad de convertirse en proveedores de Vicuña. Desde allí organizan programas de apoyo a emprendedoras para profesionalizar proyectos que son de subsistencia; o al turismo local. “Pagamos el derecho de estar acá contribuyendo a las comunidades, diversificando la economía, es la política del buen vecino”, cuenta Pagés. Claro que esta y otras inversiones mineras en San Juan enfrentan la oposición de la asamblea Jáchal No se Toca, que nació en 2015 por la contaminación del mayor yacimiento de la provincia hasta el momento, Veladero.

Pagés reconoce que no todos los vecinos podrán ir a trabajar a la alta montaña, por preparación o por estado físico. Y que en algunos casos son los jóvenes los que no les interesa la dura vida del minero, de dos semanas acá arriba, lejos de su gente, por mes, y prefieren aprender con ellos programación para trabajar desde sus computadoras con clientes de todo el mundo. Los mineros tienen los segundos mejores sueldos de la Argentina, en promedio $7 millones, detrás de los petroleros, pero no todos ganan tan bien por trabajar tanto tiempo acá donde falta el aire.

Los enfermeros que atienden a los descompuestos cobran $1,1 millones; los choferes que los trasladan, 800.000; los médicos, 3 millones, igual que un obrero de la construcción. Un electricista saca 1,5 millones; un perforista, que es un técnico que hizo un año más de secundario, hasta 7 millones en una buena campaña de muchos pozos; pero están también los ingenieros o los geólogos, que caminan 7 kilómetros por día identificando caminos para la prospección geofísica, que cobran 10 o 14 millones. Pero la minería sola, ni junto con los hidrocarburos de Vaca Muerta, sin suficientes proveedores locales ni agregado de valor a las materias primas, no alcanzarán para dar empleo a los 14 millones de trabajadores activos de la Argentina, incluidos los que ahora pierden el empleo en las fábricas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

AR/MG

El Gobierno argentino formalizó su adhesión al Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro y Procesamiento de Minerales Críticos impulsado por Estados Unidos, una iniciativa que busca reorganizar las cadenas globales de valor de estos insumos estratégicos y reducir la dependencia de China, principal actor del sector a nivel mundial.

El acuerdo, presentado tras una cumbre en Washington y que reunió a 54 países, establece una zona preferencial para minerales críticos y contempla la definición de precios de referencia, además de mecanismos orientados a garantizar estabilidad en el abastecimiento y previsibilidad para las inversiones.

Aunque los detalles operativos aún no fueron precisados, desde Washington señalaron que el objetivo central es fortalecer cadenas de valor diversificadas y responder al crecimiento de la demanda vinculada a nuevas tecnologías.

Según la Cancillería argentina, el objetivo principal apunta a “garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global”.

Argentina, de esta manera, se incorpora a la iniciativa en su condición de productor, en un contexto en el que ocupa el quinto lugar mundial en producción de litio y posee una de las mayores reservas del planeta. Actualmente, más del 70% de ese mineral se exporta a China, país que concentra gran parte de la cadena de la electromovilidad, un dominio que Estados Unidos busca contrarrestar a través de acuerdos con naciones proveedoras y consumidoras.

Desde el Gobierno argentino destacaron que la adhesión al instrumento representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y productivo, atraer inversiones de largo plazo y posicionar al país dentro de un esquema de mayor integración internacional en sectores estratégicos.

La iniciativa se inscribe, además, en el anuncio reciente del presidente estadounidense Donald Trump sobre la creación de una reserva nacional de minerales críticos por casi 12.000 millones de dólares, destinada a proteger a la industria y a los trabajadores de ese país frente a eventuales interrupciones del suministro. En esa línea, el vicepresidente JD Vance sostuvo que la zona preferencial permitirá avanzar hacia un mercado más competitivo, protegido de distorsiones externas mediante la fijación de precios mínimos.

En paralelo a la cumbre, el canciller Pablo Quirno mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el subsecretario Christopher Landau. Desde la Casa Blanca calificaron la cooperación con Argentina en este ámbito como estratégica, mientras que Quirno ratificó el compromiso del país de profundizar la relación bilateral, promover cadenas de suministro seguras y avanzar en una asociación basada en reglas claras y previsibilidad a largo plazo.

A pesar del anuncio, resta conocer cuál será el impacto concreto de la adhesión en el mercado de minerales críticos, especialmente para un país que, pese a su peso como productor de litio, continúa destinando la mayor parte de sus exportaciones a China.

Impacto en la Argentina

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30%. El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas, empleo calificado y dinamizar economías regionales.

Proyección económica

Argentina prevé alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones totales en los próximos siete años.

La minería podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y llegar a más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.

Contexto macroeconómico: el acuerdo se apoya en un escenario de estabilidad, reglas claras y previsibles para la inversión, consolidando la minería junto con energía y agroindustria como pilares de la transformación económica.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

El canciller Pablo Quirno participó este miércoles en Washington de una cumbre sobre minerales críticos convocada por Estados Unidos diseñado explícitamente para reducir la influencia de China en el control de insumos clave para la transición energética, la industria tecnológica y la defensa. La reunión es presidida por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y reúne a funcionarios de la Comisión Europea y de países como Australia, Corea del Sur, Israel, India y la República Democrática del Congo.

La presencia argentina se inscribe en la estrategia de alineamiento sin matices del gobierno de Javier Milei con la política exterior de Donald Trump, que busca reconfigurar las cadenas globales de suministro de minerales estratégicos como el litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras. Washington impulsa acuerdos con países productores para garantizar abastecimiento “seguro” y por fuera de la órbita china, que hoy domina buena parte del procesamiento y la comercialización global.

Desde la Cancillería, Quirno presentó la participación argentina como una oportunidad para “atraer inversiones” y consolidar al país como proveedor confiable de minerales críticos. Sin embargo, el Gobierno evitó cualquier referencia pública a condiciones de explotación, agregado de valor, controles ambientales o beneficios fiscales, en un sector marcado por regímenes de excepción, baja recaudación y conflictos socioambientales persistentes en las provincias mineras.

Argentina llega a la cumbre como uno de los principales productores mundiales de litio, pero también como un país que exporta materia prima casi sin procesamiento, con empresas mayoritariamente extranjeras y un marco regulatorio cada vez más flexible. En ese esquema, el litio y otros minerales aparecen más como moneda de cambio geopolítica que como una palanca efectiva de desarrollo industrial. La iniciativa estadounidense apunta a diversificar proveedores y reducir la dependencia de China, pero no cuestiona el modelo extractivo ni las asimetrías entre países centrales y periféricos.

Ayer Quirno reveló en sus redes sociales que se reunió con Gary Nagle, CEO de Glencore, una de las mayores productoras de commodities del mundo, que impulsa en la Argentina dos proyectos mineros vinculados a la producción de cobre —El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca—. También tuvo una reunión cerrada en el Atlantic Council con empresas de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, y representantes del Departamento de Comercio de EE.UU. y del Banco Interamericano de Desarrollo. “El mensaje fue claro: Argentina tiene su macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad, reglas claras y un RIGI que vuelve a hacer viable invertir en el país”, enfatizó Quirno.

MC

*Esta nota fue publicada originalmente en el sitio de la agencia de noticias Tierra Viva acá.

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves 18 por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestra agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este 'mate' del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

MC

Las protestas contra el proyecto PSJ Cobre Mendocino (antes San Jorge) volvieron a hacerse visibles este martes en el microcentro de la ciudad de Mendoza, aunque con una convocatoria sensiblemente menor a la de las históricas movilizaciones de 2019 contra la modificación de la ley 7722.

En ese marco, el gran ganador, sin dudas fue el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó que su gobierno avanza sin modificar la ley 7722, a diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando ante la masvidad de las protestas en la víspera de Nochebuena, el Ejecutivo tuvo que volver a la Legislatura la ley que dio pie a lo que se puede denominar como el “último mendozazo”.

Si bien volvió a cuestionar públicamente el artículo 3 de la norma, dejó en claro que no impulsará cambios legislativos en este contexto. El gobernador defendió la minería y el petróleo como ejes estratégicos para el desarrollo provincial y proyectó un escenario de mejora económica a partir de 2026.

“Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”, afirmó, y destacó la “paciencia” de la ciudadanía frente a la situación económica.

“Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería”, insistió. En ese marco, precisó que ya existen proyectos en marcha vinculados al cobre y al potasio, con empresas internacionales explorando y perforando en la provincia.

Sobre San Jorge, aseguró que “tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo” y lo definió como “el primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial”.

Cornejo, además, sostuvo que Mendoza utiliza todas sus herramientas de política económica para impulsar el crecimiento, defendió el manejo “responsable” del presupuesto provincial y remarcó que la provincia ejerce las competencias que le otorga la Constitución sobre los recursos del subsuelo. “La inversión, el crédito y el desarrollo productivo permitirán generar empleo y mejorar los ingresos”, expresó.

Una nueva protesta que inició en el kilómetro 0 y terminó en Casa de Gobierno

Si bien las protestas siguen desarrollándose en la provincia de Mendoza, lejos están de ser las de diciembre de 2019 cuando el por entonces gobernador Rodolfo Suárez tuvo que volver para atrás con la ley sancionada en la Legislatura que modificaba la 7722 permitiendo la utilización de químicos para la extracción minera.

“Esto no es 2019”, le resumió un manifestante durante la marcha al medio local MDZol. Esta frase muestra el diagnóstico de lo que ocurre en Mendoza a diferencia de aquella provincia que se levantó en defensa del agua: las manifestaciones persisten, pero sin la masividad ni la diversidad de actores sociales que marcaron aquel diciembre.

A diferencia de hace seis años, en las marchas actuales están ausentes la mayoría de los gremios estatales y los sectores ligados a la vitivinicultura, que en 2019 tuvieron un rol central. La presencia sindical se limitó a participaciones individuales de trabajadores judiciales y docentes, sin banderas orgánicas. En el plano político, el único espacio con participación visible fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

“El pueblo está en las calles y ellos están preparando el pinito de Navidad. Es una vergüenza”, declaró mientras marchaba el dirigente de izquierda Lautaro Jiménez, quizás uno de los más combativos contra el gobierno de Alfredo Cornejo

La protesta del 23 de diciembre de 2019, en aquella caldeada víspera de Nochebuena, convocó a más de 50 mil personas que marcharon desde diferentes puntos de la provincia y que terminaron en el Parque Cívico en medio de una represión policial pocas veces vista en la provincia. La de este martes, exactamente a seis años, no llegó a inquietar al Ejecutivo, el cual se mantiene firme en su postura de que la minería es la salvación económica de la provincia.

Como declaró el exlegislador provincial Lautaro Jiménez, esta vez no hubo participación sindical ni del sector vitivinícola. Es por eso que llamó a los sindicatos a realizar un paro masivo en defensa del agua: difícil que suceda en una provincia que parece haber sido anestesiada y que solo tiene actividad militante en este caso de las organizaciones ambientalistas del Valle de Uco, Uspallata y algunos más que aúnan fuerzas para seguir combatiendo.

Los gremios, en estas instancias, priorizan otras agendas, como la oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En la ciudadanía conviven posturas encontradas: mientras algunos ven en San Jorge una oportunidad laboral para la región, otros rechazan el proyecto por razones ambientales, especialmente por el posible impacto sobre el río Mendoza, o por desconfianza en los controles estatales.

En paralelo a la marcha, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las protestas y al rumbo económico de la provincia en declaraciones realizadas desde Casa de Gobierno. Sobre las manifestaciones antimineras, afirmó que el derecho a protestar “está plenamente garantizado”, pero subrayó que debe ejercerse “dentro del marco legal”.

“Toda persona tiene derecho a protestar, es un derecho constitucional, pero también tiene obligaciones: no puede cometer actos de vandalismo, no puede agredir a la policía ni impedir la libre circulación de otros ciudadanos”, señaló. En ese sentido, remarcó que la instrucción del Ejecutivo es preservar el orden público y advirtió: “Preferimos ejercer la disuasión, pero vamos a actuar si se viola el Código Contravencional o el Código Penal”.

NC/CRM

Este martes organizaciones vecinales, grupos ambientalistas y autoconvocados de Mendoza vuelven a marchar en la capital provincial en defensa del agua y expresar su rechazo al desarrollo de proyectos de megaminería en la provincia, recientemente aprobados por la Legislatura y el gobernador radical Alfredo Cornejo.

La movilización, que partió en las últimas horas desde Uspallata y otras localidad hacia la Casa de Gobierno provincial, busca volver a poner en el centro de escena el repudio social al proyecto minero San Jorge. Días atrás el Senado de Mendoza sancionó la Declaración de Impacto Ambiental de ese proyecto y otros de megaminería, que contempla la extracción de minerales, principalmente cobre.

La protesta denuncia que la megaminería implica riesgos para los recursos hídricos de la provincia, sobre todo en una provincia donde el agua es un recurso clave, en un contexto de sequía y fragilidad hídrica. Hay alertas científicos sobre los posibles efectos ambientales a largo plazo de la megaminería.

La protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza forma parte de una serie de acciones que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia desde hace al menos 20 días, incluyendo caravanas y concentraciones en departamentos como Lavalle, Valle de Uco y el Este de la provincia. La policía local llegó a reprimir algunas manifestaciones y detuvo a activistas: justo este martes fueron liberados los hermanos Renzo y Facundo Gollan, detenidos por la movilización del 9 de diciembre pasado.

La fecha elegida para la movilización de hoy recuerda a la marcha de 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez quiso modificar la Ley 7722. Con el aval del gobierno de Javier Milei, Cornejo impulsó una nueva avanzada minera en la provincia. “El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios”, dijo días atrás al diario Los Andes para cuestionar la bandera social de “El agua no se negocia”.

Autoridades provinciales justificaron la aprobación del proyecto argumentando potenciales beneficios económicos, aunque también señalaron que el proceso legislativo incluyó evaluaciones técnicas y ambientales según el marco legal vigente. Por su parte, algunos expertos y organizaciones advierten sobre la necesidad de estudios más exhaustivos para comprender los impactos ambientales y sociales de la megaminería.

Las asambleas que organizan las marchas dijeron que seguirán promoviendo actividades públicas y debates comunitarios sobre la gestión del agua y el desarrollo de la minería en Mendoza, con la intención de que estos temas formen parte del diálogo provincial en los próximos meses.

MC