Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

Leer más: Argentina: diputados aliados a Milei modificaron la Ley de Glaciares a favor de la minería

Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, a las 2.30 de este jueves se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Además, acompañaron el proyecto libertario dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Predominó la lógica provincial por sobre la lógica partidaria. El interés de los gobernadores por reformar la ley de Glaciares sancionada en 2010 atravesó todo el debate, y el Gobierno aprovechó para posicionar a Javier Milei como un defensor del federalismo en un contexto de ahogo financiero a las provincias. “La reforma devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”, celebró, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

El debate, en medio de las protestas

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

MCM/MC

Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras. Ese puñado de intereses fue clave para la reforma de la Ley de Glaciares que este jueves a la madrugada concretó el Gobierno en la Cámara de Diputados. El proyecto modifica el régimen de protección vigente desde 2010 y habilita condiciones para el desarrollo de inversiones por miles de millones de dólares en la cordillera de los Andes.

El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente hasta ahora establecía una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema limita esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.

San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”. La frase condensa el interés en juego y ordena el debate.

El impulso a la reforma fue construido durante años por las provincias con actividad minera. La Mesa del Litio, creada en 2021 por Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada en 2024 con San Juan y Mendoza, funcionaron como espacios de articulación política. Los fundamentos del proyecto reconocen ese origen y el reclamo de los gobernadores para que cada provincia tenga mayor margen de decisión sobre qué áreas proteger.

Ese alineamiento territorial quedó expuesto en el plenario de comisiones de Diputados que firmó el dictamen este martes en un clima de fuerte tensión. La propia lista de expositores funcionó como una radiografía del mapa político detrás de la reforma. Participaron, de manera presencial, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de esa provincia, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental de esa provincia, Roberto Moreno; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera, Federico Caeiro. De forma remota expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; el coordinador de esa área, Juan José Martínez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño, Alejandro Aldazabal; y el coordinador de esa cartera, Sebastián Varela.

La nómina exhibe una fuerte presencia de funcionarios de provincias mineras y áreas productivas vinculadas al sector, con escasa participación de distritos sin proyectos en cartera. Ese sesgo fue parte de las críticas durante el debate. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “Las mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones”. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, agregó que la reforma no había sido consensuada en el Consejo Federal de Medio Ambiente ni con todas las provincias.

Del lado de los respaldos, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego defendió el desarrollo de la actividad y afirmó: “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”. La discusión volvió a mostrar una lógica que ya había atravesado el Senado: más que por pertenencia partidaria, las posiciones se ordenaron por intereses territoriales vinculados a los proyectos.

En ese contexto, la figura del secretario de Minería, Luis Lucero, quedó en el centro de la discusión. Horas antes del plenario fue denunciado penalmente por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas por presunto conflicto de intereses, en base a su trayectoria previa como abogado de empresas mineras en el estudio Marval O’Farrell Mairal. Según la presentación, el funcionario había sido formalmente excusado de intervenir en decisiones vinculadas a proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera, pero esa excusación “no fue efectiva” y habría participado en iniciativas orientadas a flexibilizar la Ley de Glaciares. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería y advirtió: “No está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, asesoró a una o más de decenas de empresas mineras”.

El interés empresarial

La reforma de la Ley 26.639 se inserta en un esquema más amplio de incentivos a la inversión minera. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) garantiza estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos y acceso a arbitrajes internacionales. A eso se suman la eliminación de retenciones a productos mineros y acuerdos sobre minerales críticos. En ese contexto, la modificación de la ley apunta a remover un límite específico: la protección de glaciares y ambiente periglacial en zonas donde se ubican varios de los proyectos en cartera.

Recién en ese marco aparece el detalle de los desarrollos concretos. San Juan concentra el eje más dinámico. Allí opera Veladero, de Barrick Mining, con antecedentes de al menos cinco derrames de solución cianurada desde 2015; El Pachón, controlado por Glencore, con una inversión proyectada de 9.500 millones de dólares; y Los Azules, de McEwen Copper, aprobado dentro del RIGI con una inversión estimada en 2.700 millones.

Este último proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental aprobada bajo la normativa vigente de la Ley de Glaciares y fue diseñado en ese marco. Según la empresa, su factibilidad “está completamente compatible con la ley como está”, aunque su CEO, Michael Meding, sostuvo ante elDiarioAR que “una mejora en las definiciones de la ley de glaciares […] te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre”.

El proyecto Vicuña, el joint venture entre BHP y Lundin Mining que integra Filo del Sol y Josemaría, prevé inversiones cercanas a los 18.000 millones de dólares. Desde la compañía aseguran que el desarrollo no requiere una modificación de la ley para avanzar, aunque respaldan la reforma como sector. En Catamarca, el proyecto MARA —también bajo control de Glencore— se apoya sobre la infraestructura de Minera Alumbrera y registra antecedentes judiciales por violaciones a la normativa ambiental vigente.

Los accionistas de Vicuña Corp fueron recibidos por Javier Milei en Casa Rosada nueve días antes de la votación en el Senado, donde el proyecto obtuvo media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor. En la foto se mostraron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.

Las posiciones empresariales convergen en un punto: no plantean la reforma como condición excluyente para avanzar, pero sí como un mecanismo para reducir incertidumbre regulatoria. El CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, sostuvo que en el área de El Pachón hay glaciares que “no tienen función hídrica contundente”. En la misma línea, Meding planteó que “hay que entender cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro al sistema hídrico”.

El nivel más profundo del mapa aparece al observar la estructura del capital. El informe “Los ganadores del deshielo”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, identifica una presencia transversal de los fondos BlackRock y Vanguard en las principales mineras. BlackRock posee el 5,6% de BHP y el 7,3% de Glencore, mientras que Vanguard controla alrededor del 5,36% de BHP. El documento lo sintetiza: “Los principales beneficiarios de esta reforma comparten accionistas comunes, entre ellos los grandes fondos de inversión globales”.

El mismo informe describe el cambio que introduce la reforma en términos precisos: “Se reemplaza la protección general de glaciares y ambiente periglacial por un esquema condicionado a la demostración de su funcionalidad hídrica”. Y agrega: “Se invierte la carga de la prueba: ya no son las actividades las que deben demostrar que no afectan, sino que el glaciar debe probar que merece protección”. También advierte que “la fijación de umbrales mínimos excluye glaciares de pequeñas dimensiones que cumplen un rol clave en el sistema hídrico andino”.

En ese marco, concluye que “la reforma habilita el avance de proyectos mineros que actualmente se encuentran limitados por la legislación vigente”. Más de 85 constitucionalistas advirtieron que estos cambios podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental en relación con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

*Con la colaboración de Alejandro Rebossio

MC

El Gobierno tiene todo listo para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles. Con el respaldo de un coro de funcionarios nacionales y provinciales que se dedicó a defender el proyecto que flexibiliza la ley sancionada en 2010, el oficialismo juntó las firmas para el dictamen en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Lo hizo con la ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca y Misiones. 

Entusiasmado ante la posibilidad de cambiar el eje de la discusión pública por primera vez desde que empezó el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno viene trabajando para conseguir quórum y está confiado. Martín Menem espera que, cuando suene la chicharra, a las 15 horas, los aliados estarán sentados y, si no hay sorpresas, el oficialismo podrá presumir más de 130 votos a favor de la nueva ley. 

El oficialismo calcula que, con el apoyo de los gobernadores, tendrá los votos necesarios para sancionar la reforma que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar puede ser sujeto de explotación minera o no. No solo aspira a juntar los avales de las provincias mineras, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, sino también de Santa Cruz y una parte de Córdoba y Santa Fe. 

Horas antes de que comenzara el debate en comisión en la Cámara de Diputados, incluso, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un acuerdo con Nación por la deuda previsional que tiene con la provincia. Son 120 mil millones de pesos por el flujo a cuenta del déficit de la caja provincial, que se pagarán en 12 cuotas mensuales desde mayo. “¿Viste la foto? Ahora Gisela (Scaglia) acompaña la reforma”, deslizó un crítico integrante del bloque Provincias Unidas, que la santafesina Gisela Scaglia preside. 

Predominará la lógica provincial por sobre la partidaria: se espera que casi todos los bloques se rompan al momento de votar, incluso el peronismo. En la oposición no son optimistas y especulan con el día después. Es decir, con la judicialización de una ley que consideran que será cubierta de amparos apenas se publique en el Boletín Oficial. “Nosotros estamos trabajando en juntar argumentos para la impugnación”, reconoció una diputada peronista.

Debate en comisión

Denunciado penalmente por conflicto de intereses por un conjunto de abogados ambientalistas, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y acusó a los detractores de “instalar el miedo” en la sociedad. “El agua está protegida y queremos conocerla mejor. Esta ley permite conocerla mejor”, aseguró Lucero, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario reconoció haber trabajado como abogado de empresas mineras, aseguró estar orgulloso y, acto seguido, el oficialismo anunció la buena nueva: estaban las firmas para dictaminar y el proyecto quedaba listo para ser sancionado en la sesión del miércoles.

La Libertad Avanza preparó el terreno para dictaminar la reforma que flexibiliza la Ley de Glaciares con una reunión informativa que se caracterizó por un detalle: todos los expositores, en su mayoría funcionarios provinciales y nacionales, estaban a favor del proyecto del Gobierno. El primero en exponer fue Lucero, que minutos antes de dar el presente había sido denunciado penalmente por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. 

“Con el agua de glaciar de escombro se puede regar 2 hectáreas de vides, generar 3 puestos de trabajo y un valor de producción de 15 mil dólares al año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24 mil puestos de trabajo”, argumentó Lucero. Su exposición, al igual que la de todos los funcionarios, giraría en torno a un mismo eje: la Ley de Glaciares sancionada en 2010 había impedido el desarrollo minero en las provincias y por eso había que cambiarla. 

“El mundo tiene 77% del agua dulce proveniente de glaciares. Eso creemos que no se toca”, deslizó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, entre las miradas sorprendidas de la oposición. “Por ahora”, le gritó Myriam Bregman (FIT), quien luego se cruzaría con Lucero por su pasado asesorando mineras. 

“Luis Lucero fue denunciado porque el propio Ministerio de Economía lo ha excluido de proyectos de actividad minera porque viene de ahí, de ser abogado de las empresas mineras. Es una afrenta: no se puede discutir una ley con quien viene a representar las mineras, no cuidan ni a las formas”, se quejó la diputada de izquierda. El lilito Maximiliano Ferraro, quien viene registrando los vínculos de legisladores y funcionarios que están participando del debate con empresas mineras, sumó presión: “¿Ha representado a empresas clave del sector, incluyendo AngloGold, Rio Tinto, Vale, Cameco, Pan American Silver?”

“¿Para operarse del estómago iría con un astronauta o iría con alguien que trabaja con temas gastrointestinales? Es razonable que para buscar alguien que trate de ocuparse de la minería del país haya buscado alguien con experiencia”, respondió Lucero, quien no pudo, sin embargo, responder una de las preguntas del jefe de bloque peronista, Germán Martínez.

“¿Qué cambió en el debate que, al principio, no querían que se hable de minería y terminamos con todos los expositores hablando de minería? Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones, y que el punto de vista jurídico les va a generar más pleitos que antes. Y por eso vienen los dueños del chancho para que el chancho chifle”, ironizó Martínez.

Martínez se refería a los funcionarios nacionales, pero también a los gobernadores que habían participado, como Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo les había pedido a las provincias mineras que quieren modificar la ley que dieran el presente para defender su proyecto, ya que el gran cambio que la nueva ley introduce es que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar o área periglaciar cumple una función hídrica (y define, en consecuencia, la habilitación de una actividad productiva en la zona). 

“Ningún gobernador planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni cambiar el objeto ni cambiar los estándares de calidad. Estamos a favor de la ley, hay que cuidar el ambiente con función hídrica, eso es fundamental”, argumentó Orrego, que fue el gobernador que más funcionarios llevó al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, tanto en la reunión informativa como en la audiencia pública. 

“Ustedes están diciendo que tiene que tener una función hídrica, eso es una modificación”, les recordó Adriana Serquis, de Unión por la Patria, haciendo referencia a la modificación del artículo 3 de la ley sancionada de 2010, que establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares “que actúan como reservas hídricas”. El nuevo proyecto, en cambio, habla de “funciones hídricas relevantes” y deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar merece integrar el inventario o, por el contrario, puede ser removido y explotado productivamente.

MCM/MC

El intento de reforma de la Ley de Glaciares pone en el centro una vieja discusión: la politización del uso del agua. La propia ley fue concebida en los acalorados debates de 2008 y 2010 ante la rápida expansión de proyectos mineros, justamente como una forma de proteger las reservas hídricas estratégicas en un país donde más del 60% del territorio es árido o semiárido. Ese cambio fue fundamental porque permitió transformar los conflictos mineros locales en problemas públicos más amplios, vinculados al agua, el territorio y el futuro de esas regiones. 

Hoy, el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) corre el eje de la discusión: del agua al negocio minero. La exclusión de las instituciones científicas y de decenas de miles de organizaciones y representantes de la sociedad civil de las audiencias públicas deja al descubierto los intereses detrás de la reforma. La discusión sobre la Ley de Glaciares ya no es solo ambiental: es una discusión sobre quién produce conocimiento, quién decide sobre el territorio y quién controla el agua en la Argentina que viene.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, luego de varios años de litigio impulsado por la empresa Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan. En su fallo, la Corte estableció que la protección de los glaciares es una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias, y reafirmó que los derechos colectivos, como el derecho al ambiente y al agua, deben prevalecer frente al derecho de propiedad o de explotación económica. 

La combinación entre la reforma de la Ley de Glaciares y el RIGI puede generar un punto de no retorno para los glaciares y para el futuro de la vida en amplias zonas. Irreversibilidad jurídica y ambiental. Reglas que no se pueden cambiar y territorios que no se pueden restaurar.

El RIGI no solo otorga beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años, sino que también declara a los proyectos adheridos como de “interés nacional” y establece un esquema de estabilidad normativa que limita la posibilidad de que provincias y municipios establezcan nuevas regulaciones que puedan afectar a las inversiones. Aunque el régimen abarca diversos sectores económicos, la evidencia muestra que más del 95% de las inversiones comprometidas se concentran en actividades extractivas, especialmente minería e hidrocarburos. El sector minero encontró en el RIGI una oportunidad para reactivar proyectos que se encontraban paralizados por conflictos sociales, restricciones ambientales o causas judiciales. De este modo, el RIGI funciona como un mecanismo de presión política para remover o deteriorar resistencias o normas ambientales, ya sea mediante la aceleración de permisos, la intervención del gobierno nacional en conflictos provinciales o el uso de dispositivos de seguridad para garantizar la continuidad de los proyectos.

Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que la mayor parte de la superficie glaciar del país se ubica en la región patagónica, donde se concentra más del 60% del área glaciar de la cordillera. Sin embargo, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut cuentan con normativas provinciales que restringen la actividad minera en la cordillera o han zonificado el territorio para evitar la expansión en zonas glaciares. En efecto, si bien se conoce el potencial minero en la región, por el momento la actividad se encuentra suspendida. 

Ahora bien, el escenario es muy diferente en Mendoza, San Juan y Catamarca, donde coinciden tres factores clave: 1) una superficie relevante de glaciares y periglaciares, 2) emergencia hídrica y 3) la presencia de proyectos mineros en fases de factibilidad o de exploración avanzada. Estas tres provincias poseen poco más del 30% de los glaciares del total nacional, Mendoza (21%), San Juan (11%), y Catamarca (1%) pero también un potencial enorme en cobre y oro.

Por eso, si se observa el mapa minero argentino, el sentido de la reforma se vuelve más claro. Argentina cuenta con más de 300 proyectos mineros en cartera, de los cuales 30 se encuentran en un radio de cercanía menor a 10 kilómetros o se superponen con ambientes glaciares y periglaciares. Entre los que buscan ingresar al RIGI, varios se ubican precisamente en estas zonas, especialmente proyectos de cobre y oro localizados en San Juan, Mendoza y Catamarca. Según el Observatorio del RIGI, la mayoría de los 17 proyectos mineros que buscan adherir al régimen son de litio. Sin embargo, los de cobre son los más importantes en términos de inversión comprometida y son los que el gobierno busca impulsar por su relevancia exportadora. Los Azules, El Pachón, Agua Rica y el proyecto Vicuña, que incluye Josemaría y Filo del Sol, concentran inversiones cercanas a los 23.000 millones de dólares y se ubican en zonas de alta montaña donde la presencia de glaciares y ambiente periglacial establece restricciones ambientales; allí donde nacen las cuencas que abastecen a las poblaciones y economías regionales de las zonas áridas del país. 

Con una cartera de 70 proyectos de cobre concentrados en San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza, cabe recordar que la cordillera no es solo una reserva de minerales, es también una reserva de agua. Por eso, el nuevo boom del cobre reabre una discusión histórica en la Argentina entre minería, agua y territorio.

La Ley de Glaciares fue discutida en el Congreso, construida con evidencia científica y ratificada por la Corte Suprema en 2019. Sin embargo, los gobiernos (nacional y provinciales) buscan reformar el texto normativo dándole la espalda a la sociedad civil y a las instituciones científicas-académicas especializadas con el único objetivo de facilitar inversiones mineras y blindar a las empresas de futuros litigios por daños ambientales irreversibles. La discusión sobre la minería en la cordillera es, en realidad, una discusión sobre el agua. Y la discusión sobre el agua es, inevitablemente, una discusión sobre el poder: quién decide sobre el territorio, quién se beneficia de los recursos y quién asume los costos ambientales.

*Mariano Novas es investigador del Área de Ambiente y Política de la UNSAM y coordinador del Observatorio del RIGI.

El Observatorio del RIGI es una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/UNSAM).

La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.

Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.

Leer más | Litio en Argentina: qué plantea el plan para proteger la reserva Los Andes y los impactos en la población de flamencos

Mientras tanto, las empresas mineras avanzan sobre ella, en busca del mineral estrella de la transición energética: el litio.

Dentro de los salares del área protegida que se declaró hace casi medio siglo, el gobierno provincial de Salta ha concesionado 22 proyectos mineros para explorar y extraer litio. El mineral es usado para fabricar las baterías que ponen a andar a los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que todavía mueven gran parte del transporte mundial.

El litio también se usa cada vez más en baterías que permiten almacenar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como la solar y la eólica, de modo que esa electricidad no esté disponible únicamente cuando está soleado o sople el viento. Precisamente hoy el transporte y la generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo o carbón son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

La minería es permitida dentro de ciertas zonas de la reserva natural provincial, que lleva el nombre de la cordillera que lo alberga, justamente porque se estableció desde un inicio que sería un área de usos múltiples: se pueden realizar actividades productivas pero controladas y en ciertas áreas preestablecidas, siempre y cuando no generen impactos en los ecosistemas.

Leer más | Chile invierte 33 veces más en impulsar la industria del litio que en investigar cómo proteger los salares

Esa contradicción entre estar protegida pero que no se aplique su instrumento de manejo, a la par de que sus puertas se han abierto a la minería, ha llevado a especialistas y funcionarios consultados a coincidir en que hay un interés político y económico por mantener a Los Andes como una “reserva de papel”.

Este equipo periodístico se comunicó en reiteradas oportunidades con el gobierno provincial de Salta pero las autoridades consultadas nunca respondieron las preguntas enviadas, ni quisieron confirmar en qué medida se está aplicando el plan de manejo aprobado en 2018. El 2 de febrero se envió al secretario de ambiente y desarrollo sustentable de Salta, ingeniero Alejandro Aldazábal, a pedido de su secretaria privada, un cuestionario de siete preguntas. Tras semanas de esperas, su secretaria dejó de responder los mensajes y llamadas y nunca envió las respuestas.

Leer más | Litio en Conflicto lanza una herramienta para rastrear los proyectos de litio de ocho países de Latinoamérica

Estos son los hallazgos de una investigación periodística realizada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) como parte del proyecto Litio en Conflicto, que coordinó el CLIP y reunió a diez medios de la región para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

El plan que existe pero no se aplica

Entre 2016 y 2018, un grupo de científicos y funcionarios se reunieron para dar vuelta la historia de Los Andes y elaborar un plan de manejo que, por primera vez, estableciera en qué zonas de la reserva la minería no podría avanzar. El resultado fue un documento de 108 páginas en el que plasmaron la misión de la reserva: conservar la vicuña, los abundantes recursos naturales de la Puna y zonas altoandinas y el patrimonio cultural e histórico. Y sobre todo resguardar los salares y el agua “como recurso estratégico para la vida dentro de la reserva”, dice el documento público que analizó Mongabay Latam.

Leer más | Chile: Kast frena las áreas protegidas en salares y otras 37 normas ambientales aprobadas por Boric

Sin embargo, es allí, en los salares altoandinos que busca proteger, donde se están instalando las mineras de litio, a pesar de que la zonificación aprobada por las autoridades en agosto de 2018 establece explícitamente que estos cuerpos de sal deben ser protegidos y recibir, en sus palabras, un “cuidado especial”.

Los salares de Rincón, Pozuelos, Arizaro, Pocitos e Incahuasi fueron catalogados en un mapa de zonificación como “subzonas de gestión especial”. Allí no debería estar permitida la minería, según el documento.

El plan de manejo también buscaba mantener la viabilidad de las poblaciones de especies bandera para la Puna, como la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la rana puneña (Telmatobius atacamensis) y los flamencos (Phoenicoparrus andinus); y poner en valor y resguardar el Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y otros posibles sitios arqueológicos, que podrían ser atractivos para el futuro turístico de la provincia.

A pesar del largo trabajo, de la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del esfuerzo de 49 personas directamente involucradas en la producción de un programa formulado para implementarse durante cinco años, el Gobierno de Salta nunca puso a funcionar el plan de manejo como fue aprobado. En Argentina, los estados provinciales tienen potestad constitucional sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos, por lo que pueden abrir licitaciones y concesionar áreas dentro de sus territorios.

La búsqueda del codiciado litio para la transición energética desplazó por completo cualquier interés de las autoridades salteñas por proteger esta reserva. Esta alianza periodística publica aquí el plan de manejo abandonado por considerarlo de interés público.

Entre tanto, Los Andes cuenta con un único guardaparque, quien no tiene vestimenta adecuada ni vehículo para movilizarse, según confirmó Mongabay Latam con fuentes oficiales que conocen el territorio. ¿Cómo puede entonces proteger la fauna y flora endémicas del lugar? “Camina o hace dedo”, respondieron a este medio, en referencia a la modalidad de los viajeros que piden aventones por las rutas.

Tierra de sal: una reserva habitada por salares y lagunas

En la reserva, se formaron extensos salares por evaporación. Existen 12 cuencas, aunque las precipitaciones son extremadamente escasas durante todo el año. Es una zona de estrés hídrico y alta amplitud térmica, con temperaturas estivales que pueden alcanzar los 40 °C y mínimas invernales nocturnas de hasta -40 °C. El índice de radiación solar es uno de los más elevados del mundo, de acuerdo con la investigación realizada para el plan de manejo del área protegida.

Leer más | El litio en México, de la ilusión a la incertidumbre

Aquí reinaban las vicuñas. También los guanacos, los suris (Rhea pennata), guaipos o queús (Rhynchotus maculicollis) y predadores como el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), aguiluchos (Geranoaetus poecilochrous) y matamicos (Phalcoboenus megalopterus). Todavía habitan el lugar junto a mamíferos como la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), el cavícola tojo o tocotuco puneño (Ctenomys opimus). Abundan las aves, como las camineras, banduritas, canasteros, dormilonas, yales y jilgueros. Y los reptiles: una especie de culebra, el sapito puneño, lagartijas del género Liolaemus y la amenazada rana acuática puneña (Telmaobius atacamensis), considerada En Peligro Crítico.

También se encuentran en Los Andes las tres especies de flamencos del cono sur, todos en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puna o de james (Phoenicoparrus jamesi). Además, los dos últimos anidan en los salares de la reserva.

Las extremas condiciones de vida en la reserva de Los Andes hacen que las especies de flora y fauna que habitan esta área protegida sean “particularmente frágiles ante alteraciones e interferencias agudas como las provocadas por las actividades humanas irruptivas”, resaltaron los expertos y funcionarios en el plan de manejo que las autoridades no pusieron en práctica. Por eso, en Los Andes habitan “altas proporciones de especies categorizadas bajo alguna condición de amenaza”. Esas actividades incluirían la minería y el turismo realizados sin los cuidados específicos que reclamaron los especialistas.

Aquí no solo habitan especies carismáticas o bandera. En estos salares también viven comunidades de organismos muy extraños y particularmente adaptados a condiciones extremas: son llamados extremófilos, representantes de formas muy antiguas que iniciaron la vida en el planeta. Algunas de ellas son las arqueobacterias, como los estromatolitos, capaces de fijar carbono de calcio. Habitan en los humedales de Laguna Socompa y los Ojos de Mar de Tolar Grande, dentro de la reserva. Existen numerosos estudios en curso que defienden la protección de los estromatolitos y de sus aplicaciones biotecnológicas.

El plan de manejo y la zonificación ubicaron sitios clave dentro de Los Andes con presencia de extremófilos dentro de los salares de los Pocitos y Rincón. Los expertos dejaron por escrito en el documento público que debían ser especialmente protegidos. Sin embargo, en ambos salares, las autoridades de Salta concesionaron proyectos de litio.

Litio y salares

En estas tierras, el mineral crítico no se encuentra en roca, como en otros lugares del mundo, sino en la salmuera, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas de los salares. Estos humedales centrales para sostener la vida en el desierto son clave para las comunidades indígenas que habitan dentro de la reserva, ya que son fuente de agua para sus animales y ganado. También son importantes para la fauna y la flora, ya que sostienen ríos subterráneos y se transforman en extensos espejos de agua durante los veranos.

La Reserva Los Andes se encuentra dentro del Departamento de Los Andes, donde habitan 7182 personas, según el último censo de 2022. Su capital es San Antonio de los Cobres y el pueblo de Tolar Grande, de unos 200 habitantes, donde vive el único guardaparque que protege estas tierras, se encuentra dentro de la reserva.

Entre la población, quienes no viven de la minería, se dedican a la producción de ganado menor —llamas, ovejas, cabras—, en gran medida bajo condiciones de subsistencia. Por ello necesitan las vegas de los salares para dar agua a sus animales. El turismo también es central: por aquí pasa el célebre Tren de las Nubes, por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para hacer aún más complejas las cosas, dentro de esta vasta reserva se encuentran otras dos áreas protegidas creadas en 2011: los refugios provinciales de vida silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande.

Además, la tenencia de la tierra en el Departamento de Los Andes es foco de conflicto con las autoridades, ya que los pueblos originarios de la zona reclaman posesión comunitaria. En 2018, cuando se terminó de elaborar el plan de manejo, había nueve comunidades indígenas de los pueblos kolla y atacama dentro del área reconocidas oficialmente.

Por eso era importante que, por primera vez en más de cuatro décadas, Los Andes contara con un plan de manejo. Este es un documento de política pública que establece cómo proteger los ecosistemas y las especies que habitan la reserva, al tiempo que zonifica o delimita las áreas donde se podrían realizar ciertos tipos de actividades productivas, como el turismo, la ganadería y la minería.

La minería “conlleva posibles impactos no deseados tanto en las comunidades como para el ambiente”, reconocieron los expertos en el plan de manejo.

El abandono de Los Andes es de larga data. Hasta octubre de 2000, cuando se sancionó una ley de áreas protegidas en la provincia, las reservas de flora y fauna se creaban por decreto pero quedaban en los papeles. A partir de 2001, comenzaron a implementarse algunas políticas de conservación en el territorio y recién en 2010 el Gobierno provincial contrató guardaparques en la provincia, según explicó un exfuncionario que prefiere no ser citado con nombre propio para evitar represalias. La razón es que en Salta, como en otras provincias litíferas del norte argentino cuyas economías dependen en gran medida del mineral, criticar en voz alta las políticas pro-minería puede traer consecuencias laborales. El Gobierno salteño estimaba en 2024 que el sector aportaba casi 6000 empleos directos y 20 000 indirectos.

A la reserva de Los Andes recién le fue asignado un guardaparque en 2016. Es decir, 36 años después de su fundación. “Esto se da en un contexto en el que el sistema de áreas protegidas de Salta, en general, está totalmente desarticulado por las últimas gestiones. Salta vacía [ignora] la cuestión ambiental”, asegura un funcionario nacional que también pidió reserva de identidad. De hecho, la Secretaría de Ambiente de Salta actualmente depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Bombear salares: una provincia donde prima la minería sobre lo ambiental

La Reserva Los Andes tiene un salar principal, llamado Arizaro, cuya mitad norte está dentro del área protegida. En el plan de manejo que no ha sido implementado, es mencionado como uno de los depósitos salinos fundamentales de la región. También es uno de los salares con mayor proyección para la extracción de litio en Argentina, de acuerdo con la revista minera especializada Salta Mining.

Ese atractivo se ve reflejado en las transacciones recientes. En diciembre de 2025, la minera canadiense Lithium Chile Inc. firmó un acuerdo para vender su participación en el proyecto de litio que desarrolla en este salar con la empresa argentina LitiAr S.A. Lo vendió al grupo chino China Union Holding Ltd. por 175 millones de dólares, según la empresa que desarrolla el proyecto.

Este es uno de siete proyectos en Arizaro. Además de éste, hay otros impulsados por las mineras Lítica Resources y Alpha Lithium Argentina, que pertenecen a las petroleras multinacionales argentinas Pluspetrol y Tecpetrol (parte del grupo Techint) respectivamente. Otros son de la chino-canadiense Tibet Summit Resources; de la china Hanaq; de la canadiense NOA Lithium Brines; de la francesa Eramet; y de la australiana Power Minerals.

Esa misma tensión entre conservación y minería se observa en muchos de los otros salares dentro de la reserva Los Andes. Existen al menos 14 proyectos de litio que se desarrollan en salares enteramente ubicados dentro de Los Andes, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI), que será publicado próximamente. Hay cuatro en el de Pocitos, tres en Rincón, dos en Incahuasi, uno en Pular y tres en Pozuelos-Pastos Grandes, además de uno que contempla trabajar en los cuatro primeros salares. Adicionalmente, hay un proyecto en el salar de Llullaillaco, cuya punta norte también está en el área protegida.

Todos están en fase de prospección o exploración, y todos fueron concesionados por el Gobierno provincial. Varias de las beneficiadas son mineras de peso global: Ganfeng es una de las mayores productoras de litio y Rio Tinto es el segundo mayor conglomerado minero, que entró de lleno en el negocio del litio al comprar en 2025 a la junior canadiense Arcadium Lithium.

Esta alianza periodística revisó los documentos de los 22 proyectos en la zona de Los Andes (los siete proyectos en Arizaro, otros 14 en el resto de los salares enteramente ubicados en la reserva y un proyecto en el salar de Llullaillaco que está parcialmente dentro de la reserva) así como los de sus empresas operadoras, incluyendo páginas web, presentaciones corporativas e informes técnicos. En solamente dos encontró menciones a la existencia de la reserva Los Andes y al traslape de sus iniciativas con éste. En la mayoría de los casos, los mapas que incluyen las mineras son esquemáticos y omiten el polígono de la reserva natural.

Una de las excepciones es el gigante británico Rio Tinto, que impulsa un proyecto en el salar de Rincón, que describe como su “primera operación de litio a escala comercial”. Su presidente, Jakob Stausholm, encuadró al proyecto en su informe anual de directivo de 2024 como parte de la estrategia de “alinear” su cartera “con las materias primas cuya demanda está experimentando un mayor crecimiento”. La empresa prevé iniciar la producción hacia 2028, tener dos plantas de producción de carbonato de litio y una vida útil de 40 años.

En el resumen ejecutivo de su estudio de impacto ambiental (EIA), disponible en su página web, Rio Tinto reconoce explícitamente que “el proyecto se encuentra en la Reserva de Los Andes”. El estudio cita el plan de manejo que finalmente no fue adoptado, incluyendo menciones a sus sitios de usos restringidos y la necesidad de llevar a cabo estudios de los extremófilos. Además subraya que la empresa está aplicando “las medidas de manejo y restricciones incluidas en el Plan de Manejo de la reserva”.

En el informe técnico de su proyecto en Arizaro fechado en julio de 2024, Lithium Chile menciona que hay varias áreas protegidas cerca, incluyendo la Reserva Los Andes, que “se superpone con la parte norte del área de concesión”. No menciona si su iniciativa minera tendría algún impacto en el área protegida ni el plan de manejo, aunque subraya que uno de los objetivos de la reserva es “estudiar y aplicar técnicas de desarrollo y uso racional de los recursos naturales para mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas clave”, como salares y humedales altoandinos.

Mongabay Latam y CLIP contactaron a las 15 empresas mineras que operan en salares de la reserva, preguntándoles qué medidas están tomando para operar dentro de un área protegida y habitada por comunidades indígenas. Al cierre de esta investigación solo había respondido Alpha Lithium, de Tecpetrol.

Esa minera, propiedad de la familia Rocca, una de las más ricas de Argentina, respondió que su proyecto en el Salar de Arizaro se encuentra en etapa de exploración inicial, “con tareas geofísicas que no afectarán en forma relevante a la fauna del entorno, debido a que son actividades puntuales y de corta duración”. La compañía sostiene que el impacto “será irrelevante”, pero que aun así elaboró un plan de gestión con medidas preventivas.

“El plan de manejo era una cosa muy grande”

La minería de litio —que se ha extendido por los salares en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca— ya se vislumbraba en la reserva cuando se realizó el plan de manejo de 2018. “Finalmente, el plan de manejo no sirvió para ponerle obstáculos al avance del litio en la reserva”, explica uno de los científicos que participó del proceso de elaboración del documento oficial.

“Existía un acuerdo con el área de minería para trabajar en conjunto y generar un comité interdisciplinario. Nosotros estábamos contentos porque era algo innovador. Era una cosa muy grande”, recuerda Flavio Moschione, biólogo de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo. Lo cuenta en diálogo con Mongabay Latam, ocho años después de aquel esfuerzo conjunto.

Cuando el plan de manejo de Los Andes quedó en la nada, Moschione y otros expertos que habían participado pidieron explicaciones a las autoridades de Salta. El biólogo incluso presentó un reclamo formal desde la Administración de Parques Nacionales. Nunca les contestaron, asegura.

Esa tensión entre el boom económico que está trayendo el litio a Salta y la conservación de sus ecosistemas de alta montaña es justo el tipo de escenario que menciona la investigadora estadounidense Thea Riofrancos en su recién publicado libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism sobre el boom mundial del litio. “En los lugares donde se están abriendo minas para obtener materias primas para la transición energética, la acción climática global termina entrando en conflicto con la protección ambiental local”, escribió la profesora de ciencias políticas de Providence College.

Mongabay Latam, con la colaboración del equipo de Ruido, envió en 2025 una solicitud de información pública al Ejecutivo salteño para obtener información sobre las concesiones mineras que se superponen con la reserva, pero la administración del gobernador Gustavo Sáenz nunca respondió.

“La minería es prioridad y nuestros informes no son vinculantes”, afirmó a Mongabay Latam un funcionario de una provincia litífera que pidió reserva de su identidad. Como aquellos informes, el plan de manejo que ayudaría a proteger la reserva Los Andes quedó en el olvido, y sus salares y la vida de una tierra inmensa seguirán siendo postergados.

El artículo original fue publicado por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP), Daniela Quintero Díaz y Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

*Con la colaboración de Ruido.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

Javier Milei encabezó esta semana la Argentina Week en Nueva York para promover la inversión en Argentina. Llevó para ello a un inédito pelotón de grandes empresarios, todos vinculados a los sectores que pretende fomentar. Ya en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias 2026 del Congreso los había identificado: minería, agroindustria y energía, que serviría para abastecer a la petroquímica, la siderurgia, el aluminio y los data centers. Los inversores ya de por sí interesados en los recursos naturales ratificaron sus intenciones, según fuentes de dos de los principales bancos norteamericanos. El problema radica en que diversos estudios académicos evidencian que sólo con las materias primas no alcanza para despegar al desarrollo que promete el presidente.

En la banca estadounidense destacan que la Argentina ha vuelto a tener una semana de negocios en la ciudad central del capitalismo, como la tienen otros países emergentes, y valoran los cambios introducidos por Milei con el apoyo de la voluntad popular. Sin embargo, advirtieron que su discurso contra el principal millonario de la Argentina, el siderúrgico, constructor y petrolero Paolo Rocca, despertó dudas, lo mismo que la ratificación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de que continuarán los controles remanentes del cepo cambiario a empresas; la salida de capitales especulativos de naciones riesgosas como la Argentina por la guerra de Irán y la incertidumbre sobre el futuro político de proyecto libertario si se repiten escándalos que dañan su reputación como el nuevo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en los bancos rescatan que la Argentina tiene recursos naturales que el mundo necesita. ¿Pero qué precisa el país para convertirse en desarrollado, como Irlanda, Alemania o EE UU, los que ha mencionado Milei? El mes pasado, los economistas e investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Andrés López y Juan Carlos Hallak publicaron un paper titulado El lugar de Argentina en el mundo más allá de los recursos naturales: las oportunidades de agregación de valor a través de la diferenciación de productos y servicios que advierte que “la posibilidad de explotar intensivamente los recursos hidrocarburíferos y minerales disponibles en el país a partir de la esperada estabilización macroeconómica ha alimentado la ilusión de que dicha explotación constituirá la base de un crecimiento económico sostenido”, pero “nuestra disponibilidad de recursos naturales, presente y futura, no es tanta como la de países de referencia, como Australia, Noruega y Canadá”, que son presentados como modelos de naciones que con su riqueza en estos rubros han podido dar el salto a sociedades de altos ingresos.

¿Sobre qué se basan López y Hallak para su afirmación? Sencillo: calcularon cuánto sumaron por habitante las exportaciones de materias primas agrícolas, mineras y petroleras en 2023. En el caso de la Argentina, US$1.200 per cápita, sobre un total de US$60.000 millones en estos sectores. Calcularon cuánto podrían crecer con el continuo crecimiento de Vaca Muerta, que aceleraría cuando se exporte gas en barco, y con la minería, una vez que los proyectos del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) estén produciendo: para 2030 se sumarían US$40.000 millones y el ratio por argentino llegaría a US$2.000. Con un optimismo que estos dos economistas llaman exagerado, podrían agregarse otros 40.000 millones para 2035 y elevar la cuenta por persona a 2.900. Pues se trata de niveles alejados de la riqueza natural por habitante de los países desarrollados.

La petrolera Noruega exporta US$29.300 por noruego. La minera Australia, 13.000 por australiano. La también minera Canadá, 7.300 por canadiense. Nueva Zelanda, 5.000 millones. Suecia, 4.000 millones. Chile, que no ha salido de la llamada trampa de los países de ingresos medios para alcanzar el desarrollo, 3.500, es decir, más que el nivel que López y Hallak consideran “exagerado”.

“Es obvio que estos nuevos recursos mineros y energéticos son bienvenidos desde el punto de vista macroeconómico, ya que van a ayudar a aliviar a las restricciones al crecimiento que han venido acosando aun país como el nuestro, con acceso todavía restringido al mercado internacional de capitales”, celebran López y Hallak. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que la riqueza natural de las naciones no lleva automáticamente a buenos desempeños en materia económica y social. Guinea Ecuatorial, Irak, Gabón, Turkmenistan o Irán, por ejemplo, se destacan por susa bundantes recursos naturales, pero distan de ser ejemplos exitosos de desarrollo. En cambio, los países avanzados que disponen de grandes stocks de recursos naturales han logrado administrar de manera eficaz los dilemas o conflictos macroeconómicos e institucionales que pueden emerger de explotar dichos recursos, distribuir de manera relativamente equitativa los ingresos que generan e invertir las rentas resultantes en actividades que contribuyen a objetivos de crecimiento y mejora del bienestar. Adicionalmente, usualmente han implementado políticas de desarrollo productivo orientadas, por ejemplo, a promover encadenamientos o derrames de conocimiento en torno a las actividades basadas en recursos naturales”, señala el documento.

Uno de los economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, coincide con la opinión de López y Hallak. “Es una gran oportunidad para la Argentina sumar a la energía y a la minería al set o conjunto de sectores que empujan la productividad y el crecimiento a largo plazo, junto a la agroindustria. ¿Eso alcanza, no alcanza? Uno tiene que referenciar si eso permea y difunde a la productividad del resto de los sectores de la economía. La pregunta es si el índice de difusión del shock positivo que uno está viendo ahora en energía, que va a estar viendo con más fuerza en minería, agregado al del sector agropecuario, alcanzan a los dos tercios del conjunto de los sectores de la economía.”

“¿Cuándo la Argentina tuvo esto en el pasado?”, se pregunta Navajas. “Lo tuvo solamente en dos instancias. Hay un período que es la década del 60, cuando la Argentina tenía política industrial, hacía mal o bien, pero era lo que se usaba en esa época y empujaba un proceso de industrialización. Eso sabemos que hoy no está presente por varias razones, ni en la Argentina ni en otras partes del mundo. El segundo periodo es la década del 90. La Argentina se estabiliza macroeconómicamente, se da un conjunto de cambios y el crecimiento de la productividad del sector petrolero y gasífero, sobre todo con un descubrimiento de recursos convencionales de una década anterior, en Loma La Lata, que está justo justo arriba de Vaca Muerta. La Argentina tiene tanta suerte que los depósitos de Vaca Muerta están situados abajo y entonces usan la misma infraestructura que lo que usaba Loma La Lata. Ahí la Argentina logró tener un índice de difusión muy alto, merced también a que hizo una apertura de la economía, pero una apertura sin China, a un mundo más multilateral que el de ahora. Otra cosa que tuvo la Argentina en ese momento fue un fenomenal empuje de la infraestructura, que no está presente ahora.”

Navajas reconoce que ahora el país “tiene un empuje de productividad más alto en energía y minería” que en los 90, “pero no tiene empuje de infraestructura”. Admite que hay un “empuje de reformas económicas, como desregulación sectorial, reforma laboral, que llevan tiempo, pero ”la apertura se da en un contexto internacional diferente porque ahora está China ahora, por lo que es un juego de productividad relativa“. Es decir, abrir la economía ahora puede, en lugar de forzar una mejora en la productividad local, derivar en cierres frente a la competencia asiática.

López y Hallak recuerdan que los países que saltaron al desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, desde Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, China, España, Portugal e Irlanda, se basaron exportaciones de bienes y servicios que a su vez fueron cambiando hacia sectores de mayor productividad. “Por ello, argumentamos que el crecimiento sostenido de nuestra economía debería estar basado en un patrón de inserción internacional más complejo y sofisticado, que aproveche las oportunidades de agregación de valor que ofrece la diferenciación de productos y servicios. A la vez, mostramos que el camino propuesto no parte de cero, sino que ya existe una estructura productiva en el país capaz de innovar y exportar productos y servicios diferenciados en un amplio abanico de sectores pertenecientes tanto al agro como a la industria y los servicios”, escriben los investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los investigadores citan una gran cantidad de ejemplos que debería potenciarse para dar el salto exportador al desarrollo. Eso incluye productos y servicios diferenciados:

Los autores también dan ejemplos en biotecnología, industria nuclear y espacial, bioeconomía, proveedores de los sectores de hidrocarburos y minerales, así como productos derivados de estos con mayor valor agregado, desde fertilizantes hasta la posibilidad de elaborar material catódico para baterías.

AR

La Cámara de Diputados convocó para los días 25 y 26 de marzo de 2026 a una audiencia pública para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares.

El aviso fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y el formato de la audiencia prevé que habrá doble modalidad de participación, ya que será presencial y virtual, por lo que, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente el 25 de marzo en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en la Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la dinámica se llevará a cabo de manera virtual el 26 de marzo y, según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00.

La Cámara de Diputados había oficializado el jueves la citación a una audiencia pública para los citados días de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados.

También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar) hasta el 20 de marzo.

¿Qué puede cambiar con la nueva ley de glaciares que impulsa el Gobierno?

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, promulgada el 30 de septiembre de 2010, enumera los presupuestos y medidas mínimos para el cuidado de los glaciares y las zonas circundantes. Pero el Gobierno nacional intenta dar marcha atrás esa ley y envió al Congreso un proyecto para reformarla (que ya tiene media sanción del Senado y aguarda su turno para ser tratada en Diputados), aprovechando la nueva conformación que logró tras las elecciones de octubre y luego del éxito con la reforma laboral, analiza Ruby Grisin en un artículo publicado el 21 de febrero por elDiarioAR. 

Los cambios propuestos modificarían la ley de glaciares y permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales —que se caracterizan por sus climas fríos, no glaciares, el permafrost y los ciclos de congelación-descongelación—, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Según el Gobierno, los cambios tienen como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Hay dos bandos en esta controversia: uno defiende la importancia de preservar estos recursos naturales desde el Estado por diversas razones, entre ellas la vitalidad humana y la prevención del cambio climático. El otro da prioridad a los beneficios económicos de la minería y otras actividades en las reservas de agua dulce andinas, buscando más claridad y sintiendo insatisfecho con la ley actual.

La posibilidad de derogar la Ley 26.639 podría cambiar por completo la forma en que se utilizan legalmente estas reservas de agua, ya que hasta ahora se han considerado bienes públicos. La ley original tenía como objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y otros fines, desde la agricultura hasta la protección de la biodiversidad. 

Si se modifica, el Congreso también podría eliminar el Inventario Nacional de Glaciares, que recopila datos sobre todos los glaciares y geoformas periglaciales del país, y eliminar ciertas protecciones de las que actualmente gozan estas formaciones geológicas. Según la ley actual, cualquier actividad que se realice en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, salvo en casos de rescate, determinadas investigaciones científicas o deportes no motorizados. El incumplimiento de la ley actual podría dar lugar a multas, que finalmente se utilizan para proteger y recuperar los paisajes afectados.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó la capacidad de los gobiernos provinciales para “favorecer intereses mineros y vulnerar el principio de presupuestos mínimos ambientales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional” en caso de que la ley actual sea revocada. También podría dar lugar a inconsistencias en la aplicación de la ley, con menos regulaciones a nivel estatal.

Los grupos ambientales consideran que este retroceso es una política medioambiental regresiva en un momento en el que se intensifican las tensiones climáticas, que se manifiestan en desastres naturales como los incendios forestales de la Patagonia. El presidente Javier Milei, quien dijo que no cree en el cambio climático, recortó los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y al mismo tiempo ha estado abogando por la derogación de la ley sobre glaciares.

Según las Naciones Unidas, “los glaciares son esenciales para proporcionar agua dulce a más de 2000 millones de personas en todo el mundo”. 

Además, un informe de febrero de varias organizaciones ecologistas señaló que más de la mitad de las especies vertebradas de Argentina viven en regiones de aguas glaciales, y que una proporción aún mayor de especies amenazadas depende de estos mismos sistemas.

Pero algunas fuentes afirman que la flexibilización de las restricciones podría dar lugar a mejores resultados en la extracción de cobre, lo que impulsaría la ya inestable economía argentina. En este contexto, la inminente decisión del Congreso no solo definirá el alcance de una norma técnica, sino el rumbo de la política ambiental y económica argentina en los próximos años. 

No se puede ir por cuenta propia hasta la mayor inversión minera de la historia argentina, el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile, cerca de La Rioja. Por eso en este y otros casos a lo largo de los Andes, los defensores de la actual ley de glaciares, ahora en revisión, se basan en imágenes satelitales recolectadas en el Instituo Argentino de Glaciología (Ianigla). Son nueve horas y media de viaje en ómnibus o camioneta 4x4 desde la ciudad de San Juan, incluidas seis por un camino privado de ripio.

El camino, que se inicia en el pueblo riojano de Guandacol y atraviesa ríos, fue construido por las mineras antecesoras de Vicuña Corp., que se formó en 2025 entre la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin.

Sólo invitado por la empresa concesionaria del yacimiento, que incluye las minas Filo del Sol y Josemaría, se puede acceder. Y la compañía exige a sus invitados una mañana de controles médicos que van desde pedalear en bicicleta fija con electrodos para la vigilancia cardíaca (ergometría) hasta la prueba de entrada y salida del aire en los pulmones (espirometría) para chequear que podrán aguantar a estar 20 horas entre los 4.000 y los 5.300 metros sobre el nivel del mar, alturas en las que falta el aire.

Dolores de cabeza, con puntadas o presión en la frente, mareos que hacen parecer que uno camina en un barco con marejada y no por el campamento donde viven los mineros, cansancio e insomnio. Son algunos de los síntomas que sufrimos los periodistas invitados y por los que terminamos apenas llegar o durante la noche con una cánula de oxígeno durante 15 minutos o con un suero de analgésicos y corticoides.

Los trabajadores del proyecto, que alternan 14 días en la montaña y 14 en sus casas (dos de estos días de descanso se consume en el viaje), se van acostumbrando pero también a veces sufren el mal de altura, que ha provocado en algunos casos dislexia circunstancial o hasta un edema cerebral o pulmonar. Son problemas que se podría acotar mascando hoja de coca, pero la compañía la prohibió porque puede tapar otras sustancias en sangre en los controles de alcohol y drogas que aplican a los empleados. Se recomienda tomar mucha agua en pequeños sorbos y comer liviano. 

En estos cerros tan inhóspitos, áridos, por donde andan algunas vicuñas, guanacos y zorros, con pocos glaciares y manchones de nieve en retroceso por el cambio climático, donde en invierno hace menos que 20 grados bajo cero, trabajan por estos días de verano más de 1.100 personas con cascos, anteojos de sol, camperas relucientes y botas en lo que el director para Argentina de Vicuña, José Morea, llegó a calificar como la mayor inversión extranjera de la historia argentina, no sólo minera.

El director prometió que será una de las diez mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, cuando esté terminada, porque por ahora siguen en la etapa de exploración, de perforaciones para determinar en qué parte de la montaña hay más recursos. Sólo después construirán la planta procesadora y en la década próxima recién empezarán a producir y exportar. Morea no quiso desmentir la cifra exacta de la inversión que el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, informó que rondaría los US$12.000/15.000 millones en 20 años, 2.000 millones en los próximos dos, según la parte del proyecto que se presentó en diciembre pasado para recibir las rebajas de impuestos y aranceles de importación y los beneficios cambiarios del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI sólo exige 20% de proveedores locales y las empresas apenas cumplen con ese piso, en tiempos en que prefieren lo importado por cuestión de precio.

Las inversiones incluyen la construcción de una nueva ruta de 220 kilómetros desde la mina hasta el pueblo de Rodeo, en la provincia de San Juan, para conectarla de manera más directa con la capital cuyana, en lugar de tener que desviarse por La Rioja, como hasta ahora. Una unión de una constructora sanjuanina con una puntana están ya trabajando en los primeros 50 kilómetros y pronto Vicuña licitará el resto. Además, la minera organizará otra licitación para levantar una línea de alta tensión hasta Rodeo para abastecerse de electricidad del sistema interconectado central de la Argentina. Por ahora usan generadores a gasoil.

En Vicuña, al igual que en todas las demás mineras, abogan por la reforma de la ley de protección de glaciares que el presidente Javier Milei metió en las sesiones extraordinarias del Congreso este mes. Pero aclaran que no necesitan de ese cambio para continuar con su proyecto y que no tocarán los glaciares y las zonas periglaciales que están en su dominio. Josemaría ya tiene aprobado su estudio de impacto ambiental por el anterior gobernador peronista, Sergio Uñac, y Filo del Sol espera por su autorización con el actual jefe provincial, Marcelo Orrego, del partido Producción y Trabajo, de perfil conservador.

Metegoles en altura

En la que será la mayor mina de la Argentina defienden que la iniciativa oficialista proteja “los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial con funciones hídricas efectivas y relevantes”, es decir, ya no todo seguirá resguardado como hasta ahora; que los más de 17.000 glaciares relevados por el Ianigla sigan vetados para la actividad minera y petrolera sino que ese inventario sirva como insumo para posteriores estudios de si aportan o no suficiente agua a la provincia donde están situados. Ahí radica uno de los puntos claves de la ley de Milei: que ya no sea la Nación sino cada provincia la que determine qué proteger y qué no. 

Los opositores a la reforma temen que los gobernadores, por convicción o presión, cedan a las pretensiones de las mineras. Además, advierten que puede que un glaciar mirado de manera individual no tenga tantos recursos hídricos, pero en conjunto con otros sí revista impacto y, por tanto, su eliminación puede resultar dañina. La falacia de agregación o de composición en el pensamiento de John Maynard Keynes sostiene que lo que es racional o virtuoso a nivel individual puede ser desastroso a nivel agregado. 

En el campamento Batidero, un conjunto de contenedores ensamblados con habitaciones dobles y simples con televisor para 1.060 huéspedes, un comedor, un kioskito, un gimnasio y una sala de recreación con dos metegoles, una mesa de ping pong, un billar y otra TV, la gerenta de Ambienta de Vicuña, Yanina Ripoll, explica qué glaciares están dentro de la concesión de la empresa. Bióloga, que hasta cinco años atrás trabajaba en la Secretaría de Ambiente de San Juan, cuenta que hay un glaciar “con alto deterioro”, inventariado por el Ianigla, “manchones de nieves” y un glaciar de escombros –es decir, que en su superficie no tiene hielo sino roca, lo que es parte de la zona periglacial– que fue descubierto por la minera e incorporado después al relajamiento provincial. 

“Avanzamos en estudios para ver el aporte hídrico de los glaciares y los manchones”, cuenta Ripoll. “Desde 1976 hasta la fecha han retrocedido en tamaño 84%. El glaciar de escombros, llamado G110, está inactivo y no tiene aporte hídrico a la cuenca” , agrega la bióloga. “Aunque se modifique la ley de glaciares, no se tocará ni este ni el glaciar, que nosotros llamamos AR30, aclara en la empresa. ”¿Y para qué entonces los están analizando?“, preguntó la prensa. La respuesta: porque así los obliga la ley ambiental minera y de paso para evitar cualquier eventual reclamo futuro sobre el respeto del área protegida. También está trasladando vegas (vegetación que indica la presencia de agua), ratones y lagartos para mantenerlos pero fuera del yacimiento. Los glaciares y las zonas periglaciales están en retroceso por el calentamiento global y, en la medida en que desaparezcan, las actividades extractivas podrán avanzar sobre las montañas que los albergaban.

Agua, cobre y autos eléctricos

Lo paradójico es que a la vez que las mineras codician zonas con glaciares, reservas de agua en jaque también por el cambio climático, a la vez justifican su interés por el crecimiento de la demanda de cobre, materia prima para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión, que provocan el efecto invernadero. A 4.200 metros de altura, en un mirador frente a la mina Josemaría –lleva ese nombre en honor al fundador del Opus Dei, cuya imagen está en la oficina de entrada campamento Batidero–, el gerente de geología de Vicuña, Juan Arrieta, explica el vínculo del negocio con la lucha contra el calentamiento global.

Señala que el boom minero que atraviesa la Argentina ocurre en este momento porque las técnicas de exploración han podido acceder a zonas complicadas, que por la forma de los Andes tienen mejor entrada desde Chile; y por incentivos que ha surgido, no mencionó explícitamente el RIGI, sino el aumento del precio del cobre por la demanda de las energías renovables. El oro y la plata también se han apreciado en los últimos años pero no por sus fines industriales sino por la especulación financiera.

Josemaría ocupa 3.3.00 hectáreas. Filo del Sol, 10.000. Contiene tres veces más recursos y están más alta, llega hasta los 5.350 metros sobre el nivel del mar. Ahora se la está explorando con nueve máquinas perforadoras, con pozos de hasta 2.000 metros de profundidad. Y así continuarán dos años más. Entre cobre, oro y plata, se calcula que hay 7.890 millones de toneladas “inferidas” y 3.630 millones “medidas e indicadas”. Es decir, primero se infiere que hay tanta cantidad de metal y después de los estudios pasan a categorizarse como medidas e indicadas. El análisis se inicia en el campamento Batidero y continúa en el laboratorio de la empresa en la ciudad de San Juan. Una vez concluidos los estudios, se elaborará un modelado en tres dimensiones y el plan de minado, es decir, el modo en que se explotará el cerro.

Filo del Sol es una mina binacional, un décimo de los recursos está del lado chileno. Por eso, en los dos campamentos argentinos de Vicuña duermen trabajadores chilenos que trabajan del otro lado de la frontera. Pero la planta procesadora del metal se instalará del costado argentino. Se prevé que en los próximos meses se contratará a 300 operarios para que en dos turnos de 12 horas, de día y de noche, inclusive en invierno, hagan el movimiento de suelos para allanarlos para la futura fábrica. Por ahora en estas montañas trabajan 390 empleados de Vicuña y 1.200 de firmas contratistas, desde perforadoras hasta catering, limpieza y asistencia médica. Casi todos son varones. 

El agua necesaria para el tratamiento de los metales se supone que llegará desalinizada desde el Pacífico chileno. Es la que suelen utilizar las minas del país vecino y que se bombea hasta la altura. Pero se prevé que se reutilizará el 76% del agua que se emplee en el proceso de flotación del metal y que termine en el dique de cola, que es el depósito del descarte de las tierras residuales de la separación del cobre, el oro y la plata. En el mineral no hay presencia de arsénico y no se usará cianuro porque se procesará con el método de lixiviación, según la gerenta de Ambiente de Vicuña. Como sustancia química peligrosa se empleará el xantato. 

Pocos ciudadanos se acercan a preguntar por el impacto ambiental de la mina a los tres centros comunitarios que Vicuña ha abierto para contactar con los pueblos más cercanos, Rodeo y San José de Jáchal, en San Juan, y Guandacol, en La Rioja, según la responsable de esas casas, Mercedes Pagés. Sí ha surgido la inquietud por el agua en charlas con productores rurales, a los que asisten con la marca y la vacunación del ganado. Pagés explica que el “cambio en el contexto socioeconómico” ha llevado a que la gente se acerque a esos centros para preguntar por empleo o por la posibilidad de convertirse en proveedores de Vicuña. Desde allí organizan programas de apoyo a emprendedoras para profesionalizar proyectos que son de subsistencia; o al turismo local. “Pagamos el derecho de estar acá contribuyendo a las comunidades, diversificando la economía, es la política del buen vecino”, cuenta Pagés. Claro que esta y otras inversiones mineras en San Juan enfrentan la oposición de la asamblea Jáchal No se Toca, que nació en 2015 por la contaminación del mayor yacimiento de la provincia hasta el momento, Veladero.

Pagés reconoce que no todos los vecinos podrán ir a trabajar a la alta montaña, por preparación o por estado físico. Y que en algunos casos son los jóvenes los que no les interesa la dura vida del minero, de dos semanas acá arriba, lejos de su gente, por mes, y prefieren aprender con ellos programación para trabajar desde sus computadoras con clientes de todo el mundo. Los mineros tienen los segundos mejores sueldos de la Argentina, en promedio $7 millones, detrás de los petroleros, pero no todos ganan tan bien por trabajar tanto tiempo acá donde falta el aire.

Los enfermeros que atienden a los descompuestos cobran $1,1 millones; los choferes que los trasladan, 800.000; los médicos, 3 millones, igual que un obrero de la construcción. Un electricista saca 1,5 millones; un perforista, que es un técnico que hizo un año más de secundario, hasta 7 millones en una buena campaña de muchos pozos; pero están también los ingenieros o los geólogos, que caminan 7 kilómetros por día identificando caminos para la prospección geofísica, que cobran 10 o 14 millones. Pero la minería sola, ni junto con los hidrocarburos de Vaca Muerta, sin suficientes proveedores locales ni agregado de valor a las materias primas, no alcanzarán para dar empleo a los 14 millones de trabajadores activos de la Argentina, incluidos los que ahora pierden el empleo en las fábricas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

AR/MG

El Gobierno argentino formalizó su adhesión al Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro y Procesamiento de Minerales Críticos impulsado por Estados Unidos, una iniciativa que busca reorganizar las cadenas globales de valor de estos insumos estratégicos y reducir la dependencia de China, principal actor del sector a nivel mundial.

El acuerdo, presentado tras una cumbre en Washington y que reunió a 54 países, establece una zona preferencial para minerales críticos y contempla la definición de precios de referencia, además de mecanismos orientados a garantizar estabilidad en el abastecimiento y previsibilidad para las inversiones.

Aunque los detalles operativos aún no fueron precisados, desde Washington señalaron que el objetivo central es fortalecer cadenas de valor diversificadas y responder al crecimiento de la demanda vinculada a nuevas tecnologías.

Según la Cancillería argentina, el objetivo principal apunta a “garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global”.

Argentina, de esta manera, se incorpora a la iniciativa en su condición de productor, en un contexto en el que ocupa el quinto lugar mundial en producción de litio y posee una de las mayores reservas del planeta. Actualmente, más del 70% de ese mineral se exporta a China, país que concentra gran parte de la cadena de la electromovilidad, un dominio que Estados Unidos busca contrarrestar a través de acuerdos con naciones proveedoras y consumidoras.

Desde el Gobierno argentino destacaron que la adhesión al instrumento representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y productivo, atraer inversiones de largo plazo y posicionar al país dentro de un esquema de mayor integración internacional en sectores estratégicos.

La iniciativa se inscribe, además, en el anuncio reciente del presidente estadounidense Donald Trump sobre la creación de una reserva nacional de minerales críticos por casi 12.000 millones de dólares, destinada a proteger a la industria y a los trabajadores de ese país frente a eventuales interrupciones del suministro. En esa línea, el vicepresidente JD Vance sostuvo que la zona preferencial permitirá avanzar hacia un mercado más competitivo, protegido de distorsiones externas mediante la fijación de precios mínimos.

En paralelo a la cumbre, el canciller Pablo Quirno mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el subsecretario Christopher Landau. Desde la Casa Blanca calificaron la cooperación con Argentina en este ámbito como estratégica, mientras que Quirno ratificó el compromiso del país de profundizar la relación bilateral, promover cadenas de suministro seguras y avanzar en una asociación basada en reglas claras y previsibilidad a largo plazo.

A pesar del anuncio, resta conocer cuál será el impacto concreto de la adhesión en el mercado de minerales críticos, especialmente para un país que, pese a su peso como productor de litio, continúa destinando la mayor parte de sus exportaciones a China.

Impacto en la Argentina

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30%. El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas, empleo calificado y dinamizar economías regionales.

Proyección económica

Argentina prevé alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones totales en los próximos siete años.

La minería podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y llegar a más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.

Contexto macroeconómico: el acuerdo se apoya en un escenario de estabilidad, reglas claras y previsibles para la inversión, consolidando la minería junto con energía y agroindustria como pilares de la transformación económica.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

El canciller Pablo Quirno participó este miércoles en Washington de una cumbre sobre minerales críticos convocada por Estados Unidos diseñado explícitamente para reducir la influencia de China en el control de insumos clave para la transición energética, la industria tecnológica y la defensa. La reunión es presidida por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y reúne a funcionarios de la Comisión Europea y de países como Australia, Corea del Sur, Israel, India y la República Democrática del Congo.

La presencia argentina se inscribe en la estrategia de alineamiento sin matices del gobierno de Javier Milei con la política exterior de Donald Trump, que busca reconfigurar las cadenas globales de suministro de minerales estratégicos como el litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras. Washington impulsa acuerdos con países productores para garantizar abastecimiento “seguro” y por fuera de la órbita china, que hoy domina buena parte del procesamiento y la comercialización global.

Desde la Cancillería, Quirno presentó la participación argentina como una oportunidad para “atraer inversiones” y consolidar al país como proveedor confiable de minerales críticos. Sin embargo, el Gobierno evitó cualquier referencia pública a condiciones de explotación, agregado de valor, controles ambientales o beneficios fiscales, en un sector marcado por regímenes de excepción, baja recaudación y conflictos socioambientales persistentes en las provincias mineras.

Argentina llega a la cumbre como uno de los principales productores mundiales de litio, pero también como un país que exporta materia prima casi sin procesamiento, con empresas mayoritariamente extranjeras y un marco regulatorio cada vez más flexible. En ese esquema, el litio y otros minerales aparecen más como moneda de cambio geopolítica que como una palanca efectiva de desarrollo industrial. La iniciativa estadounidense apunta a diversificar proveedores y reducir la dependencia de China, pero no cuestiona el modelo extractivo ni las asimetrías entre países centrales y periféricos.

Ayer Quirno reveló en sus redes sociales que se reunió con Gary Nagle, CEO de Glencore, una de las mayores productoras de commodities del mundo, que impulsa en la Argentina dos proyectos mineros vinculados a la producción de cobre —El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca—. También tuvo una reunión cerrada en el Atlantic Council con empresas de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, y representantes del Departamento de Comercio de EE.UU. y del Banco Interamericano de Desarrollo. “El mensaje fue claro: Argentina tiene su macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad, reglas claras y un RIGI que vuelve a hacer viable invertir en el país”, enfatizó Quirno.

MC

*Esta nota fue publicada originalmente en el sitio de la agencia de noticias Tierra Viva acá.

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves 18 por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestra agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este 'mate' del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

MC

Las protestas contra el proyecto PSJ Cobre Mendocino (antes San Jorge) volvieron a hacerse visibles este martes en el microcentro de la ciudad de Mendoza, aunque con una convocatoria sensiblemente menor a la de las históricas movilizaciones de 2019 contra la modificación de la ley 7722.

En ese marco, el gran ganador, sin dudas fue el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó que su gobierno avanza sin modificar la ley 7722, a diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando ante la masvidad de las protestas en la víspera de Nochebuena, el Ejecutivo tuvo que volver a la Legislatura la ley que dio pie a lo que se puede denominar como el “último mendozazo”.

Si bien volvió a cuestionar públicamente el artículo 3 de la norma, dejó en claro que no impulsará cambios legislativos en este contexto. El gobernador defendió la minería y el petróleo como ejes estratégicos para el desarrollo provincial y proyectó un escenario de mejora económica a partir de 2026.

“Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”, afirmó, y destacó la “paciencia” de la ciudadanía frente a la situación económica.

“Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería”, insistió. En ese marco, precisó que ya existen proyectos en marcha vinculados al cobre y al potasio, con empresas internacionales explorando y perforando en la provincia.

Sobre San Jorge, aseguró que “tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo” y lo definió como “el primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial”.

Cornejo, además, sostuvo que Mendoza utiliza todas sus herramientas de política económica para impulsar el crecimiento, defendió el manejo “responsable” del presupuesto provincial y remarcó que la provincia ejerce las competencias que le otorga la Constitución sobre los recursos del subsuelo. “La inversión, el crédito y el desarrollo productivo permitirán generar empleo y mejorar los ingresos”, expresó.

Una nueva protesta que inició en el kilómetro 0 y terminó en Casa de Gobierno

Si bien las protestas siguen desarrollándose en la provincia de Mendoza, lejos están de ser las de diciembre de 2019 cuando el por entonces gobernador Rodolfo Suárez tuvo que volver para atrás con la ley sancionada en la Legislatura que modificaba la 7722 permitiendo la utilización de químicos para la extracción minera.

“Esto no es 2019”, le resumió un manifestante durante la marcha al medio local MDZol. Esta frase muestra el diagnóstico de lo que ocurre en Mendoza a diferencia de aquella provincia que se levantó en defensa del agua: las manifestaciones persisten, pero sin la masividad ni la diversidad de actores sociales que marcaron aquel diciembre.

A diferencia de hace seis años, en las marchas actuales están ausentes la mayoría de los gremios estatales y los sectores ligados a la vitivinicultura, que en 2019 tuvieron un rol central. La presencia sindical se limitó a participaciones individuales de trabajadores judiciales y docentes, sin banderas orgánicas. En el plano político, el único espacio con participación visible fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

“El pueblo está en las calles y ellos están preparando el pinito de Navidad. Es una vergüenza”, declaró mientras marchaba el dirigente de izquierda Lautaro Jiménez, quizás uno de los más combativos contra el gobierno de Alfredo Cornejo

La protesta del 23 de diciembre de 2019, en aquella caldeada víspera de Nochebuena, convocó a más de 50 mil personas que marcharon desde diferentes puntos de la provincia y que terminaron en el Parque Cívico en medio de una represión policial pocas veces vista en la provincia. La de este martes, exactamente a seis años, no llegó a inquietar al Ejecutivo, el cual se mantiene firme en su postura de que la minería es la salvación económica de la provincia.

Como declaró el exlegislador provincial Lautaro Jiménez, esta vez no hubo participación sindical ni del sector vitivinícola. Es por eso que llamó a los sindicatos a realizar un paro masivo en defensa del agua: difícil que suceda en una provincia que parece haber sido anestesiada y que solo tiene actividad militante en este caso de las organizaciones ambientalistas del Valle de Uco, Uspallata y algunos más que aúnan fuerzas para seguir combatiendo.

Los gremios, en estas instancias, priorizan otras agendas, como la oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En la ciudadanía conviven posturas encontradas: mientras algunos ven en San Jorge una oportunidad laboral para la región, otros rechazan el proyecto por razones ambientales, especialmente por el posible impacto sobre el río Mendoza, o por desconfianza en los controles estatales.

En paralelo a la marcha, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las protestas y al rumbo económico de la provincia en declaraciones realizadas desde Casa de Gobierno. Sobre las manifestaciones antimineras, afirmó que el derecho a protestar “está plenamente garantizado”, pero subrayó que debe ejercerse “dentro del marco legal”.

“Toda persona tiene derecho a protestar, es un derecho constitucional, pero también tiene obligaciones: no puede cometer actos de vandalismo, no puede agredir a la policía ni impedir la libre circulación de otros ciudadanos”, señaló. En ese sentido, remarcó que la instrucción del Ejecutivo es preservar el orden público y advirtió: “Preferimos ejercer la disuasión, pero vamos a actuar si se viola el Código Contravencional o el Código Penal”.

NC/CRM

Este martes organizaciones vecinales, grupos ambientalistas y autoconvocados de Mendoza vuelven a marchar en la capital provincial en defensa del agua y expresar su rechazo al desarrollo de proyectos de megaminería en la provincia, recientemente aprobados por la Legislatura y el gobernador radical Alfredo Cornejo.

La movilización, que partió en las últimas horas desde Uspallata y otras localidad hacia la Casa de Gobierno provincial, busca volver a poner en el centro de escena el repudio social al proyecto minero San Jorge. Días atrás el Senado de Mendoza sancionó la Declaración de Impacto Ambiental de ese proyecto y otros de megaminería, que contempla la extracción de minerales, principalmente cobre.

La protesta denuncia que la megaminería implica riesgos para los recursos hídricos de la provincia, sobre todo en una provincia donde el agua es un recurso clave, en un contexto de sequía y fragilidad hídrica. Hay alertas científicos sobre los posibles efectos ambientales a largo plazo de la megaminería.

La protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza forma parte de una serie de acciones que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia desde hace al menos 20 días, incluyendo caravanas y concentraciones en departamentos como Lavalle, Valle de Uco y el Este de la provincia. La policía local llegó a reprimir algunas manifestaciones y detuvo a activistas: justo este martes fueron liberados los hermanos Renzo y Facundo Gollan, detenidos por la movilización del 9 de diciembre pasado.

La fecha elegida para la movilización de hoy recuerda a la marcha de 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez quiso modificar la Ley 7722. Con el aval del gobierno de Javier Milei, Cornejo impulsó una nueva avanzada minera en la provincia. “El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios”, dijo días atrás al diario Los Andes para cuestionar la bandera social de “El agua no se negocia”.

Autoridades provinciales justificaron la aprobación del proyecto argumentando potenciales beneficios económicos, aunque también señalaron que el proceso legislativo incluyó evaluaciones técnicas y ambientales según el marco legal vigente. Por su parte, algunos expertos y organizaciones advierten sobre la necesidad de estudios más exhaustivos para comprender los impactos ambientales y sociales de la megaminería.

Las asambleas que organizan las marchas dijeron que seguirán promoviendo actividades públicas y debates comunitarios sobre la gestión del agua y el desarrollo de la minería en Mendoza, con la intención de que estos temas formen parte del diálogo provincial en los próximos meses.

MC

El empleo formal no solo cae en los sectores históricamente complicados, como la industria manufacturera, sino también en aquellos que hasta hace poco eran motores del crecimiento económico, como el petróleo y la minería. Según datos de la Secretaría de Trabajo procesados por Fundar, en noviembre de 2023 había 94.600 personas asalariadas registradas en estos rubros. En septiembre de 2025, la cifra bajó a 87.500. Más de 7.000 empleos formales se perdieron en menos de un año.

El fenómeno alarma porque se da en actividades que el propio Gobierno considera “estratégicas”. Pero el repunte en la producción no está derramando en puestos de trabajo. Desde mayo de 2024, el empleo en petróleo y minería cae de forma sostenida, pese a que el país muestra signos de reactivación macroeconómica.

En el caso del petróleo, la expansión de Vaca Muerta no logra compensar la declinación de las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz, donde la producción se encarece, las inversiones se retraen y se aplican procesos de reducción de costos. Así, aun con mayor volumen de extracción, hay menos trabajadores perforando, trasladando o procesando hidrocarburos.

En minería, la situación es similar. A pesar del optimismo que genera el litio, el empleo que crea no alcanza a cubrir el que se pierde en otras ramas, como la minería no metalífera, muy vinculada a la obra pública y a la construcción privada. Con obras paralizadas y proyectos congelados, la demanda de áridos, cal y cemento se desploma, y con ella los puestos en canteras y plantas de procesamiento.

La caída en la industria también se agrava. En octubre, la utilización de la capacidad instalada bajó a 61%, dos puntos por debajo del mismo mes de 2024. El sector textil fue el más golpeado, con apenas un 32,5% de sus máquinas funcionando, una señal directa del freno en el consumo interno. Según el Indec, la producción de hilados de algodón cayó un 34,7% y la de tejidos, un 34,1% interanual.

A contramano de lo habitual, el país crecerá en 2025, pero con destrucción de empleo formal. Es una anomalía que no se registraba hace al menos tres décadas. La explicación está en la composición del crecimiento, que se apoya en sectores que no demandan mano de obra intensiva, como petróleo, minería y finanzas.

El crecimiento sin empleo es posible, y ya sucede. Mientras los sectores que podrían generar trabajo genuino —como industria y construcción— siguen estancados, los que lideran las exportaciones reducen personal bajo lógicas de eficiencia y automatización.

“El problema no es cuánto crece la economía, sino cómo crece”, escribió Daniel Schteingart, investigador de Fundar y curador del sitio Argendata. Su advertencia resume una paradoja que golpea directamente a los trabajadores: los sectores más dinámicos producen más con menos gente, y los sectores más intensivos en trabajo están paralizados.

JJD

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría llegar al recinto del Senado el próximo 26 de diciembre, con una estrategia de trámite exprés que lidera la flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La iniciativa comenzará a debatirse este miércoles en comisiones, pese al rechazo anticipado de la CGT, que marchará este jueves, y del bloque peronista, que pide abrir el debate a especialistas y actores del mundo del trabajo.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá la propia Bullrich, se constituirá a las 9 de la mañana, y a las 11 ya está convocado un plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento. La senadora pretende dictaminar la reforma laboral el jueves y llevarla al recinto el lunes 23 o el viernes 26, en el marco de las sesiones extraordinarias. “Tenemos la decisión de sacar la ley antes de fin de año”, dijo Bullrich anoche.

El acuerdo para avanzar fue sellado en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, en la que también participaron José Mayans (UxP), Eduardo Vischi (UCR) y otros jefes de bloque. Mientras el peronismo busca frenar el trámite acelerado, el radicalismo podría convertirse en pieza clave para la mayoría que intenta construir el oficialismo, junto a aliados del PRO y bloques provinciales.

Bullrich calcula tener unos 40 votos a favor, aunque admite que no hay chances de consensuar con el kirchnerismo. “Es una ley que ya se discutió mucho, no necesita más debate”, sostuvo, aludiendo al trabajo realizado en el Consejo de Mayo, donde participó la senadora radical Carolina Losada.

Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que se opondrán a cualquier intento de avanzar sin consulta con los trabajadores. El jueves habrá movilización a Plaza de Mayo. La central sindical considera que la reforma implicaría una regresión de derechos laborales, al flexibilizar condiciones de contratación, reducir indemnizaciones y limitar la actividad sindical.

El proyecto aún no fue difundido oficialmente, lo que genera preocupación entre juristas, gremios y legisladores opositores. Aseguran que no se puede debatir una reforma estructural del trabajo sin conocer el texto completo ni evaluar su impacto en millones de trabajadores registrados y no registrados.

En paralelo, el Gobierno busca modificar también la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras un fuerte consenso ambiental, científico y social. La reforma apunta a flexibilizar la protección de glaciares y permitir actividad minera en zonas sensibles, dándole más margen a las provincias. Este miércoles se constituirán las comisiones de Ambiente, Justicia y Minería para iniciar el tratamiento.

Organizaciones socioambientales y especialistas ya expresaron su rechazo. Recuerdan que en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando que el acceso al agua y la protección de los bienes comunes deben estar por encima de los intereses económicos. Alertan además que, en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar, el intento de modificar la norma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

A una semana de la Navidad, el oficialismo busca imponer su agenda legislativa sin abrir un debate democrático amplio, que esté a la altura de una modificación legislativa de tanto calibre.

JJD

En una sesión considerada histórica, el Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino -una actualización del antiguo San Jorge- y habilitó por primera vez en casi dos décadas el avance de una explotación metalífera bajo la vigencia de la Ley 7722. La decisión abre la puerta a una inversión de 560 millones de dólares y coloca al emprendimiento como potencial pionero en la producción de cobre a escala industrial en la Argentina.

La aprobación en ambas cámaras, gracias a la escribanía que mantiene el gobernador Alfredo Cornejo, fue celebrada por el oficialismo, el cual contó con apoyo opositor en ambas sesiones para así llevar adelante el proyecto minero más ambicioso en el cual se ha sumergido la provincia cuyana.

Menudo problema para la gestión radical, esa que en más de una oportunidad se negó a sumarse al debate, puntualmente cuando no era gobierno y las riendas de la provincia estaban en manos del peronismo. Ahora deberá lidiar con el estigma de haber aprobado algo que no cae bien en gran parte de la sociedad mendocina.

Un retroceso en el tiempo: “Estoy en contra de los proyectos megamineros que no reúnan los requisitos ambientales básicos”, decía Alfredo Cornejo cuando como senador provincial, allá por 2003, ampliaba los límites de la reserva de la Laguna del Diamante. Férreo opositor, tiempo después, al Proyecto San Jorge impulsado por Francisco “Paco” Pérez.

Pero los tiempos cambian. Alfredo Cornejo comenzó a ver, de la mano de la minería, que los recursos pueden llegar a una Mendoza que ya no exporta el vino que exportaba y que ya no es uno de los atractivos turísticos de antaño, dos de los principales motores de ingresos para la provincia.

Desde este martes, todo cambió en la “tierra del sol y del buen vino”. El yacimiento, ubicado en la Estancia El Yalguaraz en Uspallata, será explotado mediante flotación, un método que, según el oficialismo, respeta las restricciones químicas que establece la legislación provincial. Desde la sanción de la 7722 en 2007, ningún proyecto de explotación había logrado un aval parlamentario, ya que la norma exige que toda etapa minera cuente con una DIA ratificada por ley.

Qué dijo Cornejo tras la aprobación

El gobernador, que estuvo en Buenos Aires en la mesa del Consejo de Mayo mientras en la Legislatura local se debatía PSJ Cobre Mendocino, hizo su aparición triunfal en su cuenta de X, desde donde, más allá de no contar con el aval de gran parte de la población, sentenció: “Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene. Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética. Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente”.

En medio de su euforia, el radical metió en el paquete otro “victoria” suya y sus planes mineros para Mendoza: “Sumado a la aprobación del Malargue Distrito Minero Occidental II para seguir explorando nuestro suelo, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, continuamos con un proceso ordenado y con reglas claras para encarar este nuevo camino de desarrollo”.

También tuvo tiempo para reflexionar sobre un hecho puntual. “Hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722. Podemos avanzar hacia energías más limpias, a modernizar redes eléctricas, electrificar el transporte, entre otras cosas. Nada de esto nació de un slogan. Es fruto de trabajo, diálogo y estudios. Tuvimos la audiencia pública más grande de nuestra historia, incorporamos informes de universidades y organismos especializados y analizamos cada aspecto del proyecto con equipos multidisciplinarios. Siempre en el camino correcto, como debe trabajar una provincia responsable”, dijo.

En otro tramo de su extenso posteo, Alfredo Cornejo repartió municiones contra parte de la oposición: “Pero como era de esperarse, el kirchnerismo no acompaño este proyecto. Durante años dijeron públicamente que apoyaban la minería, pero cuando llegó el momento de sostenerlo con el voto eligieron retirarse. Prefirieron volver a las consignas vacías y conveniencias políticas”.

Para finalizar, dejó un mensaje para los habitantes de la provincia, muchos de ellos bastante molestos con la aprobación de la DIA: “Mendocinos, tenemos una oportunidad histórica y estamos listos para aprovecharla, que el mundo nos conozca como productores de cobre con la misma responsabilidad y excelencia con la que hacemos nuestros vinos. Hoy dimos el paso que nos proyecta hacia el futuro que queremos. Demostremos una vez más que sabemos hacer las cosas bien, que el progreso no se construye con miedo, sino con responsabilidad y coherencia”.

Debate caliente, con voces (en mayoría) a favor y en contra

El debate legislativo estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas. La Unión Mendocina (espacio que se creó luego del alejamiento de Omar De Marchi de Cambia Mendoza) acompañó la aprobación, aunque remarcó que su respaldo no implica un cheque en blanco al Gobierno.

Un sector del peronismo también apoyó la iniciativa, mientras que el PJ y el kirchnerismo más duros, junto con el Partido Verde, se pronunciaron en contra por considerar que la DIA presenta deficiencias técnicas y podría derivar en judicialización.

El antecedente clave: 2019 y el mayor estallido social en defensa del agua

La discusión actual sobre la minería en Mendoza no puede separarse del recuerdo de diciembre de 2019, uno de los momentos más explosivos en la historia ambiental reciente de la provincia. Durante aquellos días, el entonces gobernador Rodolfo Suárez impulsó —con apoyo legislativo exprés— una modificación de la Ley 7722 que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la actividad minera.

Lo que siguió fue un punto de quiebre:

Desde entonces, la defensa del agua se consolidó como una identidad provincial, sintetizada en consignas que se volvieron símbolo: “La 7722 no se toca” y “El agua de Mendoza no se negocia”. Este martes, esas mismas frases volvieron a sonar frente a una Legislatura vallada y rodeada de un importante operativo policial.

Mientras en el recinto se discutía el futuro del proyecto, miles de personas se manifestaron en el centro mendocino. Hubo caravanas provenientes de Uspallata y del Valle de Uco que iniciaron un día antes y que recorrieron, a pie, cientos de kilómetros desde distintos puntos de la provincia, en un reflejo de que el rechazo a la megaminería sigue teniendo un peso significativo en la sociedad local.

La denuncia de censura en el Conicet

En paralelo al debate político, el proyecto quedó envuelto en otra controversia: investigadores y becarios del Conicet Mendoza denunciaron, días antes de que el proyecto llegara a Senadores, que las autoridades del organismo bajaron de la web institucional un documento técnico que cuestionaba la calidad del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

El informe, elaborado por especialistas de diversos institutos, señalaba fallas metodológicas, riesgos para la cuenca del río Mendoza, afectación de bienes arqueológicos y falta de datos suficientes para una evaluación seria. Tras el retiro del texto, la comunidad científica lanzó un formulario de adhesión pública en defensa de la autonomía técnica del organismo y contra las presiones políticas.

Lo que viene

Tras la ratificación en el Senado, solo falta la promulgación por parte del Ejecutivo. La empresa deberá presentar la factibilidad económica y avanzar en la ingeniería de detalle, paso previo a la construcción de la mina, estimada en 18 a 24 meses. Si los plazos se cumplen, el emprendimiento podría comenzar a operar entre 2027 y 2028.

El avance actual marca un giro profundo respecto del rechazo legislativo de 2011 y vuelve a poner a prueba la relación entre minería, política y sociedad en una provincia donde el recuerdo de 2019 sigue muy presente.

El Senado de Mendoza aprobó este martes el proyecto de megaminería PSJ Cobre Mendocino —conocido históricamente como San Jorge— en una sesión marcada por protestas sociales, cortes de ruta y un fuerte rechazo de organizaciones ambientales que advirtieron por el impacto del emprendimiento sobre las reservas de agua de la provincia.

La iniciativa obtuvo sanción definitiva luego de que la Cámara Alta aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), último paso legislativo que habilita a la empresa a avanzar con la explotación de cobre en la zona de Uspallata. El oficialismo de Alfredo Cornejo, una alianza forjada entre radicales, libertarios y macristas, logró los votos necesarios tras semanas de tensión política interna y presión social en las calles.

Mientras el Senado debatía, afuera de la sede legislativa se desarrollaron fuertes protestas. Luego de una caravana de más de 100 kilómetros que unió este lunes Uspallata con la capital mendocina, asambleas socioambientales, vecinos y organizaciones territoriales se movilizaron contra el proyecto, denunciando que su puesta en marcha amenaza la disponibilidad y calidad del agua en una provincia estructuralmente atravesada por la escasez hídrica.

Los manifestantes sostuvieron carteles con consignas en defensa del agua y recordaron antecedentes de rechazo social a este tipo de proyectos en Mendoza, incluyendo la resistencia masiva que en 2019 frenó una modificación de la Ley 7722.

La discusión en el Senado se dio con el recinto rodeado de seguridad y entre cuestionamientos de legisladores opositores sobre la solidez del Estudio de Impacto Ambiental que avala el emprendimiento. Aunque la discusión técnica había comenzado semanas atrás en comisiones, la sesión de este martes confirmó el respaldo a la minería metalífera en la provincia, en un marco político que el oficialismo definió como “una oportunidad para diversificar la matriz productiva y generar inversiones”.

Además del proyecto PSJ Cobre Mendocino, se aprobó la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se votaron la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras.

La sanción definitiva no modificó el clima en las calles. Tal como reflejó elDiarioAR, los manifestantes consideraron que la aprobación se dio “de espaldas a la sociedad” y alertaron sobre el riesgo de contaminación de ríos y glaciares, además de los efectos sobre la actividad agrícola local.

MC

Mendoza define la suerte de la explotación minera en la provincia. En un clima social convulsionado, este martes en la Legislatura local el oficialismo del gobernador Alfredo Cornejo –una alianza de radicales y libertarios– buscará convertir en ley una serie de proyectos mineros de oro y cobre. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las iniciativas ya tuvo media sanción en Diputados y hoy está en agenda la votación en el Senado.

El impulso minero es fuertemente cuestionado. Este lunes hubo una masiva caravana de más de 100 kilómetros que unió la localidad de Uspallata con la capital. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada de “El agua de Mendoza no se negocia”. 

Este martes la protesta se concentra en las puertas de la Legislatura, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia instaló un vallado y una serie de controles preventivos para evitar que se interrumpa la votación. El reclamo tendrá eco en otros puntos del país: para este martes por la tarde está convocada una movilización frente a la Casa de Mendoza en Capital Federal, en Callao al 400.

En concreto, el Senado provincial trata desde las 10 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, junto con la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se debatirán la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras. En caso de aprobarse, los cuatro expedientes obtendrán sanción definitiva. 

Según medios locales, el poroteo de votos anticipa una victoria del oficialismo a partir de la alianza de gobierno que tienen el radical Cornejo con La Libertad Avanza y el PRO. El peronismo y los espacios vecinales y ambientales no tendrían la fuerza para bloquear la votación. La polémica escaló a nivel nacional, al punto que el presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.

El PSJ Cobre Mendocino ya fue rechazado de manera unánime en 2011, pero ahora volvió al debate con nuevos inversores y lobistas. El emprendimiento está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, y prevé una inversión total de 559 millones de dólares. Los manifestantes sostienen que la iniciativa representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.

La votación en la Cámara de Diputados también estuvo envuelta en polémica porque en el Conicet denunciaron que se censuró un documento crítico sobre la minería que habían firmado científicos mendocinos. El texto, finalmente publicado por vías alternativas, advirtió que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre otros puntos, alerta que existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.

El proyecto de MDMO II contempla, por su lado, la aprobación de 27 nuevas declaraciones de impacto ambiental para proyectos de exploración minera. En una etapa previa ya se habían avalado 34 DIA para la misma zona, por lo que la iniciativa amplía la actividad prevista para el distrito occidental de Malargüe.

El gobierno local también impulsa un Régimen de Regalías Mineras, con un esquema de cobro escalonado que podría alcanzar hasta el 3%, según la etapa del proyecto. Del total recaudado, el 88% se destinará a la Provincia y el 12% a los municipios adheridos. Según la letra oficial, los recursos podrán utilizarse para obras públicas e infraestructura social, ambiental y productiva. Del monto provincial, un 15% se asignará a un Fondo de Desarrollo Socioambiental.

Finalmente, el proyecto para crear el Fondo de Compensación Ambiental establece su financiamiento a través de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a las DIA, créditos, donaciones y recuperos legales.

MC

La Asamblea por el Agua de Uspallata inició la “Gesta Libertadora por el Agua”, una caravana a pie que se dirige hacia la capital provincial, donde mañana la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.

El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes fue acompañado por el presidente Javier Milei.

La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Un recorrido de más de cien kilómetros

La caravana realiza un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial:

A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo. 

La convocatoria fue abierta y contó con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizaron caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.

El debate sobre San Jorge

Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.

Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722.

Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca este martes a la mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.

El respaldo de Milei

El presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.

Mediante sus redes, el mandatario enfatizó su apoyo ante el Proyecto PSJ Cobre Mendocino, el cual se tratará mañana en la Legislatura mendocina para darle o no la sanción definitiva.

El proyecto trae una inversión de US$600 millones para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre, según detalló Milei.

En la misma línea, y “para sorpresa de nadie”, el Jefe de Estado cargó contra el kirchnerismo por no acmompañar el proyecto.

“Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.

Sin embargo, expresó su confianza en que la propuesta sea convertida en ley ya que es “lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”.

En paralelo, mostró su apoyo hacia la provincia y la calificó como “altamente competitiva”.

“Mendoza ha posicionado sus emblematicos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera”.

También señaló que la “nueva” Argentina crecerá de la mano de “los tres principales vectores de la economía: el campo, la energía y la minería”.

“Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo.

Sobre el final, cerró con su característico mensaje: “¡Viva la libertad carajo!”