Un informe de la autoridad tributaria de Guatemala termina por desbaratar la estrategia judicial de José Luis Espert para explicar su vínculo económico con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino que en mayo atrás se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en un tribunal de Texas, Estados Unidos.

En su presentación escrita ante un juzgado federal de San Isidro del martes pasado, cuando fue citado a indagatoria, Espert se aferró a la explicación de que fue contratado en 2019 por la firma guatemalteca Minas del Pueblo, de Machado, para una asesoría de reestructuración de su deuda, a cambio de un compromiso de pago de US$1 millón, de los cuales se efectivizaron al menos US$200.000 en enero de 2020.

La acusación del fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que ese contrato fue una mera pantalla para vehiculizar el lavado de activos. La sospecha parte de múltiples indicios: el exdiputado de La Libertad Avanza no realizó ninguna tarea relacionada al supuesto fin de la reestructuración de la deuda de la minera, ni tenía experiencia en ese tipo de auditorías, ni tampoco hubo ningún esbozo de Machado para recuperar el dinero transferido a cambio de nada. Los registros de mensajes entre Espert y su contador con la evasión como propósito, viajes, cuentas y fideicomisos que permanecían ocultos y una serie de transferencias sospechosas a lo largo del tiempo cierran el cuadro del presunto lavado.

A pedido de Domínguez, la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala envió en junio un informe sobre el estado patrimonial de Minas del Pueblo en los años previos al pago de Machado a Espert. Allí se detalla que, en 2018, la empresa declaró un capital de US$10 millones y una deuda de US$300.000. El año siguiente, en el que el economista ultraderechista y el empresario argentino establecieron el vínculo por un supuesto interés del segundo en apoyar la campaña electoral del Frente Despertar, Minas del Pueblo contabilizó un capital de US$30 millones y una deuda de US$5 millones.

Los números hablan por sí solos. “¿Qué empresa aceptaría pagar US$1 millón a una consultora para reestructurar una deuda de US$5 millones, que a su vez que representa un sexto del patrimonio declarado? ¿Cuál era el apremio por pagar 20% del monto adeudado a un asesor sin ningún tipo de experiencia en la materia?”, se preguntó una fuente con acceso al expediente.

El informe del par del ARCA en Guatemala llegó a Argentina después del dictamen de Domínguez en el que solicitó la indagatoria de Espert ante el juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal 2 de San Isidro. En el texto del fiscal, se detallaron los pasos para dar apariencia de legalidad al trasiego de fondos a Espert desde el fideicomiso Wright Brothers Aircraft, utilizado por Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, para cometer un fraude a gran escala.

En la secuencia aparece el contrato por US$1 millón firmado en 2019, la compra de la casa en Beccar en noviembre de ese año, la transferencia de US$200.000 el 22 de enero de 2020 y la adquisición inmediata de un automóvil BMW de alta gama. Esos movimientos son apenas posteriores a los aportes de campaña de Machado por un monto que, según fuentes vinculadas a la candidatura de Espert, alcanzó un rango de entre unos pocos cientos de miles de dólares a US$2,5 millones, además de la provisión de un avión privado y una camioneta blindada.

También entran en juego la creación de la firma Varianza SA a nombre de Espert y su pareja, Mercedes González, que sería otra pantalla de consultoría para ingresar dinero, según el fiscal. Con el tiempo, la pareja participó de fideicomisos para la adquisición de propiedades y sumó más automóviles de lujo.

En el marco de una estrategia judicial errática de Espert, otro dato anecdótico llamó la atención en la acusación. El 9 de octubre de 2025, agentes judiciales y de la Policía Federal allanaron el domicilio en Beccar, dirigidos por Domínguez. El entonces diputado acababa de bajarse de la cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas que se realizarían ese mes. En un archivo muy a mano en la computadora, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permitió dilucidar que esos informes no eran más que copias textuales de contenido fácilmente hallable en internet, por lo que se sospecha que fue un intento burdo de plantar una prueba que permitiera argumentar que el economista contaba con experiencia en el rubro minero.

Una pista en paralelo surge de transferencias a Espert de personas en situación económica muy precaria en los años posteriores, ya cuando el economista se había asociado, primero, a Juntos por el Cambio, y luego a La Libertad Avanza, en bruscos movimientos políticos, difíciles de explicar. En 2024 y 2025, cuando “el Profe” se había reconciliado con Javier Milei y pasó a ser la espada más aguerrida del gobierno en la Cámara de Diputados, se produjeron depósitos hormiga que servirían para cubrir gastos con tarjeta de crédito de la pareja Espert-González por varias decenas de miles de dólares.

En un archivo, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permitió dilucidar que esos informes no eran más que copias textuales de contenido fácilmente hallable en internet

Los intercambios de whatsapp entre Espert, su contador en Buenos Aires, Mariano Cosentino, y el estudio contable de Fernando Escobar en Pergamino reflejan la preocupación por dar legalidad a ingresos irregulares y, en particular, a aquel contrato con Machado de 2019.

La tensión de los contadores creció cuando Machado fue detenido en Bariloche en abril de 2021, acusado de narcotráfico, fraude y lavado a gran escala por un tribunal en Texas.

A partir de entonces, el empresario argentino permaneció en prisión domiciliaria en Viedma hasta noviembre pasado, cuando, al cabo de un dilatado trámite de extradición, fue enviado a Estados Unidos. Con el correr de los meses, Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal de Texas, mediante el cual se dejaría caer la acusación por narcotráfico y recibiría una pena pactada por los otros dos delitos. El acuerdo debe todavía ser homologado por el juzgado texano. La socia de Machado, Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Desde que este diario comenzó a publicar una serie de notas sobre el vínculo entre Espert y Machado hace un año, el exdiputado mostró cartas cambiantes. Primero, optó por ignorar el tema en público y minimizarlo en privado. Luego, ante la información sobre la transferencia de US$200.000, se declaró víctima de una operación y logró un enfático respaldo de los hermanos Milei, pero a los días debió admitir que, en efecto, había tenido una relación económica con Machado.

Una vez abierta la investigación judicial en San Isidro, los vaivenes de la defensa se multiplicaron. Primero, Espert adujo que los fondos que le permitieron comprar la casa en Beccar y el BMW eran producto de una herencia y de trabajos de consultoría en países tan distantes como Australia. En el camino, se vio forzado a admitir la existencia de cuentas bancarias en el exterior que había omitido en declaraciones juradas.

En la última movida, la presentación de un escrito en ocasión de la indagatoria, Espert circunscribió el incremento en sus ingresos al contrato de asesoría con Minas del Pueblo.

El cambio de penalistas, en abril pasado, desde Santiago Kent y Alejandro Freeland a Claudio Lamela estuvo vinculado al fallido intento de mudar la causa a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires (Comodoro Py), un territorio en el que Mauricio Macri y Javier Milei manejan terminales. La ratificación de la sede en San Isidro significó una mala noticia para Espert.

Ahora, el exdiputado pidió que el fiscal Domínguez sea desplazado de la instrucción de la causa, para que quede a cargo el juez Mirabelli. “Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”, posteó Espert en X.

Son movimientos previos a lo que parece altamente probable: el procesamiento por lavado de activos.

El Gobierno resiste esa hipótesis. En mayo, cuando Machado se declaró culpable de fraude y lavado en Texas, Milei intentó hacer creer que, en realidad, el empresario era inocente, por la caída de la acusación de narcotráfico. El Presidente y los activistas digitales del oficialismo se precipitaron a exigir que se le pidieran disculpas a Espert. “Hicieron MIERDA a un tipo inocente”, denunció el Presidente en una intervención soez.

El intento de reivindicación de Espert fue archivado de inmediato, cuando quedó claro que los delitos por los que su financista, Machado, asumió culpabilidad —fraude y lavado— son suficientemente graves como para no hacer ruido.

SL

slacunza@eldiarioar.com

José Luis Espert declarará este martes 7 de julio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su vínculo con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos que admitió ese mismo delito pero recibió un perdón en la acusación por narcotráfico. Fuentes de la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez confirmaron a elDiarioAR que la indagatoria se realizará este martes, tal como había quedado pautada después de que hace siete días la defensa del exdiputado libertario consiguiera correrla una semana, cuando originalmente debía presentarse.

El caso investiga una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, no declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., a través de una cuenta del Bank of America, y el registro de esa transacción —incorporado como prueba en el juicio que en Estados Unidos condenó a la exsocia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, a 16 años de prisión— identifica al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.

Según el dictamen fiscal, Wright Brothers formaba parte de una organización criminal transnacional liderada por el empresario aeronáutico Fred Machado, extraditado a Estados Unidos y procesado por posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Fue precisamente la revelación de esa transferencia, publicada por Sebastián Lacunza en elDiarioAR, la que eyectó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Para justificar el origen del dinero, Espert había presentado un contrato firmado en junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado, por el que se comprometía a asesorar a la firma a cambio de un millón de dólares en cuotas. El dictamen fiscal desarma ese argumento: Espert nunca viajó a Guatemala, las minas no estaban operativas y no registraba antecedentes en el sector minero.

La fiscalía también reconstruyó qué hizo Espert con esos fondos: transferencias parciales a una cuenta del BBVA en Argentina que sirvieron para comprar un auto BMW en 2020, y retiros en efectivo. El contador Mariano Cosentino —también citado a indagatoria— llevaba un registro paralelo de esos movimientos en un archivo hallado en su computadora, y participó según la fiscalía de reuniones en las que se evaluó “mostrar todo” el ingreso ante la AFIP o directamente “no mostrar nada”. Se optó por la segunda vía: las declaraciones juradas de 2021 omitieron tanto la cuenta en Estados Unidos como su saldo.

El fiscal Domínguez encuadró la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal, que prevén penas de entre tres y diez años de prisión por lavado de activos. La indagatoria de mañana será la primera oportunidad en que Espert deberá responder directamente ante el juez por una acusación que ya le costó su lugar en la boleta libertaria y que ahora avanza a paso firme sobre su situación judicial.

MC

José Luis Espert tenía que enfrentar este martes por primera vez la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su relación con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos y que ya confesó haber cometido ese delito para recibir una pena menor. Pero el exdiputado libertario logró patear una semana la indagatoria luego de que su abogada le pidiera más tiempo al juez federal Lino Mirabelli, en San Isidro. La indagatoria ahora será el 7 de julio próximo.

El fiscal Fernando Domínguez reconstruyó con detalle una operatoria que, según la acusación, siguió el esquema clásico del blanqueo de capitales en tres etapas: colocación, estratificación e integración. Por eso también citó a indagatoria al contador Mariano Alejandro Cosentino de la empresa Varianza SA, de la que Espert aparece como presidente.

El punto de partida, según la fiscalía, es una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley radicada en Estados Unidos que no estaba declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., a través de una cuenta del Bank of America. El registro de la transacción, incorporado como prueba en el juicio seguido en Estados Unidos contra la coimputada Debra Lynn Mercer-Erwin —condenada a 16 años de prisión—, identifica al destinatario como “JOSE LUIS ESPERT N28FM”.

Esa fue la revelación de Sebastián Lacunza en elDiarioAR que eyectó a Espert como candidato a primer diputado de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Wright Brothers no era una empresa común. Según el dictamen fiscal, formaba parte de una organización criminal transnacional (OCT) liderada por el empresario aeronáutico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y procesado por la justicia federal del Distrito Este de Texas por cinco cargos: posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. La OCT operaba adquiriendo aeronaves de manera ilegal para facilitar el contrabando de drogas y canalizaba las ganancias a través de entidades comerciales y cuentas financieras en distintos países.

Para intentar justificar el origen del dinero, Espert presentó un contrato firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado. Según ese documento —secuestrado en el domicilio donde Machado cumplía su detención preventiva y también en los archivos digitales incautados al contador Cosentino—, Espert se obligaba a realizar un análisis de mercado, asesorar en la refinanciación de deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento de la empresa a tres años, a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas. El dictamen destruye ese argumento punto por punto: Espert nunca viajó a Guatemala, ni al momento de la firma ni en ningún momento posterior; las minas no estaban operativas; y Espert no registraba antecedente alguno en el sector minero más allá de algunas menciones macroeconómicas generales en sus libros y conferencias.

La secuencia financiera reconstruida por la fiscalía es precisa. Los US$200.000 ingresaron a la cuenta del Morgan Stanley el 22 de enero de 2020. Cuarenta días después, el 4 de marzo, Espert ordenó una transferencia de US$50.000 desde esa cuenta a su cuenta en pesos del BBVA en Argentina. Con ese dinero compró un auto BMW M240i por US$47.800. El 5 de junio de 2020 repitió la operación: otros US$50.000 del Morgan Stanley al BBVA, que luego retiró en efectivo en dos tramos —US$20.000 y US$30.200—.

Ambas operaciones quedaron documentadas en extractos bancarios del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador Cosentino, quien los había registrado en una planilla de cálculo denominada “JLE-Revisión impositiva.xlsx” que contenía el estado patrimonial real de Espert, incluyendo la cuenta del exterior y la transferencia de Wright Brothers. Ese archivo fue creado el 1° de mayo de 2021, dos días antes de una reunión entre Cosentino y Espert para decidir qué hacer con el dinero que seguía en la cuenta norteamericana —US$118.271,40 según el extracto del Morgan Stanley a diciembre de 2020—.

La detención de Machado el 16 de abril de 2021 precipitó una serie de reuniones de emergencia entre Espert y su equipo de contadores y abogados. Los chats de WhatsApp secuestrados al contador Fernando Escobar —otro asesor de Espert— revelan el tenor de esas conversaciones. “Uf, que cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Lei todo y esta todo re vinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo”, escribió Cosentino el 26 de abril de 2021, horas después de comunicarse con Escobar. En audios del mismo período, el propio Espert le explicaba a Escobar: “Acá sigue siendo el problema es... el ingreso de esos 200 del 2020, no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor [Machado].”

De los documentos incautados al contador Cosentino surge que en esas reuniones se analizaron cuatro alternativas para tratar los US$200.000 ante el organismo recaudador: “Mostrar todo”, “Prestación de servicio incumplida”, “Liberalidad” y “No mostrar nada”. Las tres primeras fueron descartadas por sus riesgos impositivos y penales. La cuarta —no declarar— fue la elegida, tal como refleja el archivo “Lluvia de ideas.vsd” creado el 7 de mayo de 2021 y el posterior “Resumen situación JLE.ppt”. La decisión se materializó en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales presentadas el 29 de julio de 2021, que omitieron tanto la cuenta del Morgan Stanley como el saldo de US$118.271,40 que existía en ella.

La maniobra no terminó allí. Según el dictamen, el dinero siguió circulando en los años siguientes. En noviembre de 2024, Espert adquirió un Lexus RX 350 por US$129.999,88. El 18 de febrero de 2025, su esposa adhirió al fideicomiso inmobiliario Costa Dunas por US$55.501 más siete cuotas mensuales. Y el 27 de octubre de 2025, a escasos días de iniciada la presente denuncia, Espert retiró US$80.000 en efectivo de sus cuentas. Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por el contador Cosentino, quien —según la fiscalía— incurrió así en participación necesaria del delito de lavado.

La empresa Varianza SA, integrada por Espert y su esposa y constituida el 13 de diciembre de 2019 —semanas antes del depósito de Machado—, aparece en el dictamen como otro instrumento de la maniobra: fue usada para generar asientos contables que ampliasen ficticiamente la base de ingresos de Espert y así justificar el uso de fondos de origen ilícito. Según la contadora Armendrares, en un audio de junio de 2021, Varianza “solo dos meses facturó” en toda su existencia.

El fiscal Domínguez encuadra la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal —lavado de activos—, que prevé penas de tres a diez años de prisión. Espert no era funcionario público al momento de recibir el depósito, pero el tipo penal se aplica igualmente. La causa tramita bajo el número FSM44311/2025 ante el Juzgado Federal de San Isidro.

Un juez federal de Texas aceptó este lunes la declaración de culpabilidad de Federico “Fred” Machado, el financista del excandidato libertario José Luis Espert, por los delitos de lavado de activos y fraude electrónico. Por el acuerdo, el empresario argentino recibió el beneficio de que no se lo acuse de narcotráfico, cargo por el que sí esta presa una de sus socias norteamericanas.

La audiencia duró apenas 16 minutos: entre las 11.05 y las 11.21 de la mañana, Machado compareció ante el juez de instrucción Don D. Bush junto a su abogada Jamie Solano y reconoció su participación en una sofisticada estafa montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. A cambio, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, dejó caer el cargo de narcotráfico, que arrastraba mínimos obligatorios de hasta diez años de prisión. La sentencia quedó ahora en manos del juez de distrito Amos L. Mazzant III.

Machado es el empresario que financió la campaña presidencial “Avanza Libertad” de Espert en 2019 y que fue extraditado desde la Argentina a Estados Unidos en noviembre pasado. La revelación de elDiarioAR de que Espert cobró US$200.000 de Machado obligó al economista a dar de baja su candidatura el año pasado como primer candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Ayer este mismo medio informó que Espert sigue bajo la lupa de la Justicia federal argentina porque sería partícipe de la operatoria de lavado de dinero que admitió Machado.

La situación de Machado y Espert

El acuerdo que logró Machado en la justicia de EE.UU. representa un giro respecto de se estrategia inicial, porque después de su extradición se había declarado “no culpable” y apostaba a un juicio oral por jurados. Tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, cambió de táctica.

Según los documentos que él mismo firmó y que fueron presentados ante los tribunales texanos la semana pasada, Machado admitió haber captado millonarios depósitos de inversores por aviones que pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways y una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta, según detalló el diario La Nación. La trama funcionaba a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —controladas por el argentino desde Florida— en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con la empresa de Mercer-Erwin. En uno de los casos documentados, se firmó un contrato por un depósito de cinco millones de dólares sobre un avión de Air India, de los cuales 550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado.

Los cargos que asumió implican penas máximas de hasta veinte años de prisión por cada uno, más multas y decomiso de bienes. La defensa apuesta a que el tribunal compute los seis meses ya cumplidos en el penal de Cimarrón y los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado purgó en las afueras de Viedma tras su detención en Bariloche en 2021, aunque este último punto queda a discreción del juez. Su entorno especula con una salida en meses o pocos años y un eventual regreso a la Argentina.

Lo que el acuerdo no despeja es la sombra política local. La Fiscalía Federal de Texas mantiene incorporada como evidencia la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America como “further credit to” —una instrucción que fragmenta el recorrido del dinero a través de cuentas intermedias— y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM. Esa operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que Machado usó en sus delitos. Espert sostiene que se trató del pago parcial por una consultoría relacionada con una mina en Guatemala, por un contrato de un millón de dólares que no se completó a causa de la pandemia.

La investigación del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, no encontró pruebas concretas de que esa consultoría se haya realizado. La causa local sigue abierta. “Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa. 

La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.

MC

El Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain, pidió tiempo atrás por nota formal a Unidad de Información Financiera (UIF) que en su página web dejen de publicarse las sanciones contra el lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, aquellas que el organismo ya no puede utilizar como antecedente para agravar nuevas multas por incumplimientos a las normas de prevención de este delito. Que figuraran los textos completos de esas resoluciones sancionatorias en Internet, susceptibles de ser halladas en cualquier búsqueda online, podría suponer un daño reputacional si alguien se interesaba por esa información. Por ejemplo, un inversor del extranjero, donde este tipo de cuestiones pesan más que en la Argentina.

La UIF accedió al pedido del Hipotecario y a partir del pasado lunes en su buscador en línea de sanciones ya no aparecen las de más de cinco años de antigüedad. Y, por tanto, tampoco figura más la multa firme que se le aplicó en 2019, hace siete años, en el gobierno de Mauricio Macri. Sólo están los castigos desde abril de 2021 en adelante y se puede clickear cada uno para leer la resolución respectiva. Hace una semana se podía consultar el detalle de todas las sanciones, sin importar su antigüedad. Ahora hay que scrollear hasta abajo de todos los castigos de los últimos cinco años para llegar hasta la leyenda que dice “Acceso al registro histórico de sanciones” y pinchar el enlace. Entonces se abre ese listado de multas antiguas, pero sin la posibilidad de abrir el enlace para leer la resolución de cada una. Para conseguirla, hay que hacer el burocrático trámite de pedido de acceso a la información.

“Para evitar planteos de derecho al olvido, se decidió ajustar la información publicada”, justificaron en el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques y que controla la UIF. En el Hipotecario no contestaron la consulta de elDiarioAR. “Se adaptó el plazo de libre acceso a cinco años, seguimos mostrando la existencia con un listado, y ahora damos la posibilidad de solicitar más detalles de cada caso individual a través del portal acceso a la información pública para así evitar planteos futuros vinculados a daños y perjuicios”, agregaron en la cartera de Mahiques, que llegó al cargo por impulso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en pleno avance de las causas de presunta corrupción de todo el gobierno y como parte de la disputa de poder contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de las internas, el presidente Javier Milei ha sabido cultivar una estrecha relación con Elsztain. Se alojó en su hotel Libertador durante la campaña presidencial de 2023. Aquel año visitaron juntos en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Durante el gobierno libertario no se han conocido negocios que Elsztain y sus empresas, como la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings IRSA y la agrícola Cresud, hayan conquistado en el entorno estatal. Ha invertido en una mina de oro en San Juan y en otra de plata en Salta, en un sector beneficiado en general por la reforma de la Ley de Glaciares, aunque no está claro el impacto particular en cada yacimiento.

Al Hipotecario le interesaba ese derecho al olvido para evitar googleos incómodos del mundo financiero internacional que dañen su imagen. Que no aparezca en la web la resolución no le cambia nada en lo jurídico porque antes y después de este cambio en la web de la UIF las multas de más de cinco años de antigüedad seguían operando como antecedentes para eventuales inspecciones del organismo, pero no servían como agravante de nuevas sanciones. En cambio, los castigos recientes sí se utilizan para reforzar las multas futuras.

Sin embargo, que apareciera el detalle de las sanciones pasadas servía como castigo reputacional, que es un aspecto importante en el combate del lavado según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que controla 139 países. Sobre todo pesa la imagen en naciones como la Argentina donde las multas son bajas y las condenas penales por este delito brillan por su ausencia. Al GAFI, que evalúa periódicamente a sus miembros, le preocupan esta cuestiones, como también la elevada rotación de jefes de la UIF -cuatro en la era Milei, de los cuales uno ni siquiera llegó a asumir y el nuevo candidato de Mahiques, Matías Álvarez, aún debe pasar primero por audiencia pública- o el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal -que relajó el control antievasión tributaria pero no el antilavado-.

O sea que quien adoptó la medida para borrar el detalle de las sanciones pasadas no fue Álvarez sino el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, que responde a la línea de Caputo, en retirada del organismo, como de otros entes de todo el Estado. Tampoco Mahiques ni Karina Milei se opusieron.

Es más, la medida no sólo eliminó las resoluciones antiguas sino también las que están apeladas ante la Justicia. En esa lista aparecía la mayor multa de la historia de la UIF, la de $13.000 millones contra el banco norteamericano Merrill Lynch por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas de lavado. Fue una sanción aplicada por este gobierno, en la gestión de Paul Starc al frente de la UIF.

La sanción de la unidad antilavado contra el Hipotecario ocurrió en febrero de 2019, cuando Mariano Federici presidía la UIF. El organismo lo penalizó por limitaciones en el monitoreo sólo a clientes de alto riesgo, con deficiencias graves detectadas en 2010 y 2013, deficiencias en la matriz de riesgo y el uso acotado y la subvaloración de variables relevantes, la implementación de sistemas de identificación y perfiles de clientes insuficiente o desactualizada e incumplimientos en reportes de operaciones sospechosas (ROS). La investigación inicial de la UIF data de 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el organismo era dirigido por José Sbatella.

La multa en sí fue de bajo monto para un banco: $100.000, que eran US$2.500 de entonces. Otros $100.000 debían pagar en conjunto las autoridades de la entidad, incluido Elsztain, el miembro del órgano de administración Ernesto Viñes, los directores por IRSA -que controla el 44% del Hipotecario- Mario Blejer -expresidente del Banco Central-, Jacobo Dreizzen, Carlos Pisula, Gabriel Resnik, Mauricio Wior y Saúl Zang y los entonces integrantes del directorio en representación del Estado en tiempos del kirchnerismo Edgardo Fornero, Diego Bossio, Ada Maza y Mariana González. Para más detalle de la sanción aquí abajo se puede consultar:

No es tan habitual que un banco grande sea sancionado por la UIF, pero algunas aparecen. Por ejemplo, figuran en las de los últimos cinco años las aplicadas contra el Galicia (es de 2010, pero está publicada), BBVA (2023) y Macro (aunque es de 2020). En el archivo histórico, sin detalle de resoluciones, están las multas al Patagonia (2018), Supervielle (2014) y Comafi (2018).

AR/CRM

La Dirección General Impositiva (DGI), organismo que integra la estructura de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), remitió nueva información a la Justicia Federal en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada al entorno de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El reporte fue incorporado al expediente que tramita en el Juzgado Federal de Campana bajo la carátula “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se analizan movimientos financieros sospechosos. En ese contexto, el organismo fiscal puso el foco en la firma Malte SRL, a la que considera una posible “usina” sin capacidad económica ni operativa suficiente para justificar el volumen de operaciones que declara.

Según la presentación, la empresa estaría vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En paralelo, la causa también analiza el rol de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de una propiedad ubicada en Pilar que la investigación relaciona con el círculo cercano del presidente de la entidad, Claudio Tapia.

Los informes elaborados por la Dirección Regional Centro de la DGI describen múltiples inconsistencias en el funcionamiento de Malte SRL. Entre ellas, se mencionan reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para verificar la existencia física de la compañía en las direcciones declaradas y la inscripción simultánea en diversas actividades económicas que no guardan relación entre sí.

Otro de los puntos observados es que la sociedad habría exteriorizado bienes por aproximadamente 1,4 millones de dólares durante el régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.

La firma también aparece en la documentación como contratista de la AFA en 2022 para implementar el sistema de videoarbitraje (VAR), por un monto cercano a los 550 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo con los registros analizados, la empresa contaba con un solo trabajador declarado en los períodos revisados. Ese empleado tenía domicilio en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijaba sus sedes fiscales en la provincia de Santiago del Estero.

El organismo recaudador también advirtió sobre presuntas maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla radicadas en el exterior y sociedades constituidas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, que formarían parte de una estructura financiera vinculada al fútbol argentino.

En paralelo a estas actuaciones, la causa judicial avanzó con medidas contra la conducción de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a prestar declaración indagatoria a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva de la entidad, además de ordenar la prohibición de salida del país para los involucrados.

La investigación busca determinar si la asociación se apropió de manera indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. La denuncia sostiene que esos fondos habrían sido retenidos sin ser depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Mientras tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó la designación de veedores para examinar la situación contable y financiera de la AFA. El objetivo de esa medida es relevar la información sobre el manejo de recursos de la institución en medio de las investigaciones en curso.

Con información de medios

JIB

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa por presunto lavado de activos vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011. La decisión, adoptada por mayoría, dejó sin efecto el cierre del expediente -que había sido confirmado en tres instancias- y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo fallo atendiendo los planteos de la fiscalía.

La causa se originó a partir de la adquisición de un inmueble en el edificio Icon, en Brickell Avenue, por US$402.963,62, a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la operación. Según consta en el expediente, los fondos utilizados para la compra provinieron de dos préstamos: uno otorgado por el BAC Florida Bank por US$219.000 y otro por US$184.000 de la sociedad uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, sobreseyó a Macri al considerar acreditada la existencia y documentación de los préstamos y descartar relevancia penal en los hechos. Esa decisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que entendió que los agravios del Ministerio Público Fiscal eran meras discrepancias sin sustento suficiente para reabrir la investigación.

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que el caso no había sido investigado en profundidad y que existían elementos que ameritaban continuar con las medidas de prueba. En particular, cuestionó la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al señalar que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se habría acreditado adecuadamente su cancelación. También mencionó la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría de la Corte -integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez- consideró que el fallo de Casación no dio respuesta suficiente a los argumentos del fiscal y que algunos planteos habían sido “dogmáticamente soslayados”. En ese marco, resolvió descalificar la sentencia apelada y reenviar el caso para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En su voto, el tribunal sostuvo que si bien no corresponde en principio a la Corte revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, sí puede intervenir cuando se verifica arbitrariedad o afectación de garantías constitucionales, como la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.

El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma suficiente y que las instancias previas habían analizado de manera razonada la prueba documental y pericial. Recordó que tres tribunales coincidieron en descartar la hipótesis delictiva y que se acreditó la procedencia regular de los fondos, así como su declaración ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con la decisión del máximo tribunal, el sobreseimiento pierde por ahora efecto y la Cámara de Casación deberá dictar un nuevo fallo, esta vez abordando específicamente los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño señalaron que respetan la resolución de la Corte y reiteraron que las pruebas ya incorporadas acreditan la inexistencia de delito. También indicaron que, aun si se profundiza la investigación, el resultado será el mismo.

La causa, iniciada hace más de una década a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), vuelve así a escena y reabre el debate judicial sobre el alcance de la investigación y la suficiencia de la prueba en casos de presunto lavado que involucran a funcionarios públicos.

CRM/MC

La Corte Suprema de Justicia podría definir este año si el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, debe o no ser investigado por el presunto delito de lavado de dinero, según publicó La Nación y ratificaron fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR.

Macri ya pasó por tres instancias judiciales que ratificaron su sobreseimiento en la acusación, pero el Ministerio Público Fiscal insistió en cada uno de los tribunales sosteniendo que el caso no se había investigado lo suficiente como para dictar un sobreseimiento al funcionario.

La causa tiene casi 15 años en los tribunales federales. El jefe de Gobierno porteño fue denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando era intendente de Vicente López.

La denuncia sostenía la “hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del inmueble en el edificio Icon de Brickell Avenue, en Miami, por US$402.963,62 en abril de 2011”.

Según la Procelac, la adquisición se habría realizado a través de una sociedad denominada IconUnit 1704, constituida un mes antes de la compra en el estado de Florida. La compañía fue creada por Macri y su exesposa, Florencia De Nardi. Los fondos para adquirir el departamento provenían de dos préstamos: uno, de la sociedad uruguaya Fawsley SA, de la hermana de Macri, por US$184.000; y el segundo, del banco Bac Florida Bank por US$219.000, de acuerdo con la denuncia.

La hipótesis de la Procelac era que el departamento de Miami se había comprado con “autopréstamos” y que se había buscado dar carácter de legalidad a los fondos. La investigación detectó la cesión parcial de uno de esos créditos a la empresa Cometas Company Inc., supuestamente relacionada con la hermana de Macri. 

Sin embargo, en un fallo de primera instancia, el juzgado federal número 1 de San Isidro sobreseyó en mayo de 2019 al entonces intendente de Vicente López, al descartar la hipótesis delictiva y dar por probada la existencia real y documentada de esos préstamos.

Consultado por elDiarioAR, en el entorno del equipo legal de Macri, encabezado por Ignacio Irurzun, sostuvieron que la jueza Sandra Arroyo Salgado “sostuvo que las pericias contables y la prueba reunida descartaron la hipótesis delictiva, los hechos no revestían relevancia penal y la investigación estaba agotada, sin diligencias útiles pendientes”. Macri nunca fue citado a declarar como imputado en la causa. La fiscalía apeló el fallo de la magistrada. 

Luego, en diciembre de 2019, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el sobreseimiento apelado por la fiscalía. El tribunal de apelaciones “dejó constancia de la capacidad económica exteriorizada de Macri mediante AFIP y el Sinceramiento Fiscal (Ley 27.260)”, respondieron en el entorno del equipo jurídico de Macri. “La Cámara sostuvo que no correspondía profundizar la investigación y que no existía motivo para revertir el sobreseimiento”, dijeron cerca de los abogados defensores.

Para los jueces, los fondos que se utilizaron para comprar la propiedad inmueble eran de procedencia legal. Pero la fiscalía insistió ante otra instancia, reclamando que se profundizara la investigación.

Dos años más tarde, en diciembre de 2021, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, volvió a confirmar la decisión de sobreseer a Macri y su exesposa. Declaró inadmisible el recurso de casación de los fiscales y dejó firme el sobreseimiento.

“Los jueces afirmaron que la sentencia estaba razonablemente fundada, no existía arbitrariedad, y que la Fiscalía solo expresó juicios discrepantes, sin nuevos elementos”, dijeron cerca de los abogados de Macri.

El fiscal Mario Villar recurrió ante la Corte Suprema para evitar el cierre definitivo de la causa. Ahora, la decisión está en manos de los jueces del máximo tribunal.

La defensa de José Luis Espert denunció ante la Justicia federal que la inhibición de sus cuentas bancarias en el marco de la causa que investiga su vínculo económico con el empresario Federico “Fred” Machado lo deja sin acceso a sus fondos y sin posibilidad de subsistir, una situación que calificó de extrema. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre”, advirtió su abogado en un escrito presentado ante el juzgado.

El planteo se produjo luego de que el Banco Central inmovilizara las cuentas del economista por orden judicial, impidiéndole depositar, transferir o extraer dinero, según sostiene la defensa. En la presentación, los abogados reclamaron que no figura en el sistema ninguna medida cautelar visible que justifique el bloqueo y exigieron al juez que informe quién ordenó la restricción, con qué fundamentos y bajo qué alcance, para poder ejercer una defensa efectiva.

La causa y el bloqueo patrimonial

La inhibición de las cuentas de Espert se da en el marco de la investigación que analiza el origen de los fondos con los que compró una casa en Beccar y un auto de alta gama, operaciones que quedaron bajo sospecha a partir de una denuncia penal y del seguimiento de transferencias vinculadas a Machado. En ese contexto, elDiarioAR reveló que Espert modificó en distintas oportunidades su versión sobre el origen del dinero, pasando de atribuirlo a una herencia familiar a justificarlo luego con ventas de bienes, renta financiera y facturación a empresas.

Esas inconsistencias patrimoniales, sumadas a omisiones en declaraciones juradas, llevaron a la Justicia a avanzar con medidas para preservar el patrimonio mientras se desarrolla la investigación, entre ellas la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas.

El avance de la causa generó alarma en el entorno de Espert, con intercambios internos y maniobras de contadores orientadas a justificar pagos y movimientos vinculados a Machado, algunos de los cuales quedaron bajo análisis judicial. La investigación también puso el foco en mensajes y comunicaciones que habrían sido borrados o “limpiados” en medio del escándalo, un dato que encendió alertas en el expediente.

“Morir de hambre”, el eje del reclamo

Más allá del fondo de la causa, el escrito presentado por el abogado Alejandro Freeland pone el acento en el impacto inmediato de la inhibición. Según sostiene, la imposibilidad de disponer de dinero no solo afecta su actividad económica sino que lo deja en una situación personal crítica. Para Espert, el bloqueo de sus cuentas no es una medida administrativa más, sino una pena anticipada que —afirma— lo priva de medios básicos antes de que exista una definición judicial sobre su responsabilidad.

“El Sr. Espert ha intentado hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BVVA y no le fue posible. Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S. No se puede depositar, transferir, extraer ni nada”, dice en un párrafo el escrito. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos, es condenarlo a morir de hambre”, concluye el escrito.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

MC

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky solicitó este martes una serie de medidas de prueba sobre la finca de Pilar que se la atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y ladero del presidente de esa asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

El magistrado formuló pedidos a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y de telepase por los autos que estaban en la finca, además de haber formulado la misma solicitud a compañías de internet, cable y celulares por la vivienda.

En el hallanamiento realizado la semana pasada, la Justicia confiscó un total de 57 vehículos, entre los que sobresale una flota de alta gama integrada por dos Porsche 911 —en versiones S y GTS, ambos patentados en 2025—, una Ferrari F430 modelo 2005, un Porsche Panamera 2024, una Porsche Macan S 2021 y un Porsche 718 Cayman S 2019. El listado se completa con un Audi R8 V10 Quattro 2018, un Chevrolet Camaro Convertible 2018 y un Ford Mustang Mach 1 2023. Junto a estos autos de lujo, también fueron encontrados modelos de perfil más austero y menor valor, como un Fiat Spazio 1992, una Coupé Fuego y una Chevrolet Tracker 2022.

La Cámara Criminal y Correccional Federal había resuelto la semana pasada que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte -acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.

El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.

La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este martes distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Se trató de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encontraban Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Sedes y clubes allanados

La denuncia del Gobierno

En medio de las tensiones con la AFA y los vínculos entre el fútbol y el mundo financiero, el Gobierno de Javier Milei presentó a fines de noviembre una denuncia penal contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto lavado de activos y evasión impositiva.

La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.

La causa comenzó en abril de 2024, cuando la Dirección Regional Sur de la DGI detectó movimientos altamente sospechosos en la billetera virtual de la empresa. Según el informe oficial, Sur Finanzas habría recibido transferencias millonarias desde usuarios sin capacidad económica real para justificar esos montos, lo que indica un posible origen ilícito de los fondos. En total, los investigadores identificaron operaciones por $818.000 millones.

Además, el organismo tributario acusa a Ariel Vallejo de haber evadido más de $3.327 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, mediante un esquema que utilizaba estructuras financieras propias y de terceros para eludir la carga fiscal.

El rápido crecimiento de Sur Finanzas en los últimos años también llamó la atención del Ejecutivo. La firma nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en un departamento de Adrogué, y en 2024 adoptó su actual denominación, Sur Finanzas PSP SA, con Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo —hijo del empresario— como vicepresidente.

En este período, Maximiliano Ariel Vallejo consolidó una influencia creciente en el fútbol argentino: Sur Finanzas se convirtió en sponsor de Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón, otorgó préstamos a San Lorenzo y logró que la Liga Profesional llevara el nombre “Copa Sur Finanzas” durante 2023, 2024 y 2025.

A esta investigación se suma otra causa federal, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que apunta a Sur Finanzas como posible canal para blanquear fondos provenientes de una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Sur Finanzas, la financiera que empezó como sponsor de Banfield y fue acusada por lavado de dinero

La empresa financiera Sur Finanzas, fundada en Adrogué en 2022, fue denunciada en las últimas horas por lavado de un total de $72.342 millones.

Desde 2022, fue patrocinadora principal de Banfield, con el presidente Eduardo Spinosa al mando del club, y continúa en el pecho de la camiseta de la institución en la actualidad.

Además, a principios de año se renovó el sponsoreo, reformulando los términos de la deuda que mantiene el “Taladro” con la empresa mencionada.

En pleno escándalo por haber sido acusados de lavar más de 70 mil millones de pesos, utilizando 74 empresas falsas, Sur Finanzas se encuentra en una situación muy complicada, a la que arrastra a clubes como Banfield y San Lorenzo, a los cuales ha realizado préstamos, así como también a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El 2022 fue un año complicado para Banfield en cuanto a los patrocinios. El club arrancaría la temporada con una sola propaganda en su camiseta, el logo del Municipio de Lomas de Zamora en las mangas, hasta que el 11 de febrero, día en el que el club disputaría la primera fecha, se anunció la llegada de Sur Finanzas como sponsor.

La empresa estaba ligada al expresidente del club, Eduardo Spinosa, y había sido fundada recientemente. Comenzó siendo ubicada en el dorso, debajo del número, aunque un mes después se la confirmó como sponsor principal. Así, paso a ubicarse en el pecho, lugar de privilegio que mantiene hasta la actualidad, incluso con el cambio presidencial (en octubre de 2024 asumió el opositor Matías Mariotto).

En cuanto al “Taladro”, Ariel Vallejo, uno de los dueños de la financiera y muy activo en la red social X (anteriormente llamada Twitter), ha afirmado estar “ayudando a Banfield” y ha promocionado el armado de paquetes gratis para ver al club en la Copa Argentina, con micro y entrada incluidos.

Además, a pesar de haber llegado al club con Spinosa, el empresario fue muy crítico con el expresidente luego de la asunción de Mariotto, catalogando aquel momento del club como “pésimo” y mostrándose a favor de una auditoría, una de las mayores promesas de campaña del actual mandatario del club albiverde, que no cumplió.

Después de Banfield, Sur Finanzas comenzó a expandirse en el terreno del fútbol nacional, llegando a Platense, Barracas Central e incluso a Racing, hasta que fue confirmada como patrocinadora de la Selección argentina y del torneo de Primera División, dándole nombre además al torneo de reserva de la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia podría estar vinculado en la investigación.

Otro club vinculado a la financiera es San Lorenzo, que empezó a tomar préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales y ya recibió más de $1900 millones de parte de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas en la causa CBI Cordubensis S.A., una de las investigaciones más relevantes de los últimos años por intermediación financiera ilegal y lavado de dinero en Córdoba, y ratificó que los principales responsables integraron una asociación ilícita. El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y validó la actuación del Banco Central como querellante, al considerar que la firma afectó el sistema financiero formal y la hacienda pública.

La resolución fue firmada por los jueces Alejandro W. Slokar, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, quienes confirmaron la condena de Eduardo Daniel Rodrigo como jefe de la organización y de Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano como miembros. El fallo ordena comunicar la decisión al tribunal de origen para recalcular las penas e impone costas a las defensas.

CBI Cordubensis operó entre 2011 y 2014 como una financiera paralela que captaba fondos del público sin autorización del Banco Central, bajo la fachada de servicios de consultoría, préstamos y descuentos de cheques. Según determinó la justicia, la firma utilizó sociedades fantasma, maniobras cambiarias y evasión tributaria para ocultar operaciones millonarias. La causa se destapó tras el suicidio en 2014 de Jorge Suau, uno de los socios fundadores, y derivó en una investigación por delitos económicos complejos.

Las defensas argumentaron que la empresa tenía origen lícito y que algunos socios se habían desvinculado antes de los hechos principales. Sin embargo, Casación consideró probado que la finalidad delictiva se consolidó en el tiempo y que los acusados mantuvieron vínculos económicos y participación activa en la estructura. También rechazó los planteos de prescripción y errores probatorios.

El tribunal subrayó que el delito de asociación ilícita es autónomo y no requiere comprobar cada delito individual cometido bajo su amparo. Destacó además que el pago de tributos no extingue la punibilidad de maniobras como el lavado de activos o la captación ilegal de ahorros.

Con esta decisión, Casación cerró uno de los capítulos centrales de un caso que puso en evidencia la fragilidad de los controles financieros y el impacto social de las estructuras empresariales utilizadas para eludir la regulación estatal.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó el decomiso y transferencia al Estado argentino de tres millones de euros y un millón de dólares que Lázaro Báez tenía en cuentas en Bahamas y Suiza, en el marco de la condena por lavado de dinero en la causa que investiga corrupción en la obra pública.

Además, dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y su hijo Martín —también condenado—, incluyendo 10 estancias, quintas y chacras ubicadas en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. El objetivo es recuperar parte de los 55 millones de dólares que Báez debe pagar, más una multa equivalente a tres veces ese monto.

La decisión se tomó antes de que venza, este miércoles 13 de agosto, el plazo para que los condenados en la causa Vialidad —entre ellos Cristina Fernández de Kirchner— depositen 350 millones de dólares (equivalentes a 684.990 millones de pesos). Si no pagan, la Justicia avanzará con el remate de los bienes embargados.

Entre los bienes decomisados figuran:

En paralelo, la quiebra de Austral Construcciones, empresa insignia de Báez, avanza desde 2017. El gobierno de Santa Cruz ofertó U$S 2 millones para comprar el obrador central de la firma y transformarlo en un polo productivo.

Si los acusados no cumplen con el pago, la ejecución de bienes será un proceso largo y complejo, que podría incluir remates masivos de propiedades, vehículos, sociedades y dinero en efectivo. En total, la Justicia tiene bajo la lupa 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades, además de cuentas y activos de otros condenados como José López.

JJD

“Posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”, dice la denuncia de la agencia ARCA que se presentó ante la Justicia Federal y a la cual accedió el portal Infobae.

La denuncia fue firmada por Felicitas Achábal, Jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, allí detalla que la empresa de Pablo Otero “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.

Y agrega: “Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”.

A su vez, la agencia ARCA identificó irregularidades en la facturación electrónica, en la emisión de comprobantes, en la ausencia de pagos tributarios y en el uso exclusivo de efectivo, todos elementos que dificultan la trazabilidad de los fondos. La denuncia tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.

“Usinas” de facturas truchas

En un segundo cuadro de la denuncia, aparecen facturas emitidas por distribuidoras falsas que buscan “facilitar o encubrir maniobras orientadas a disminuir el saldo de impuesto a ingresar y/o transferir fondos del circuito formal a uno informal, como respaldo de operaciones inexistentes, con el fin de sustentar erogaciones que constituyen una simple transferencia de fondos hacia un circuito marginal de difícil trazabilidad”.

“Se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.

Para ARCA hay evidencia de una transferencia de dinero desde el circuito informal hacia uno formal, el paso final de una maniobra de lavado de dinero.

El descargo de la empresa

La Tabacalera Sarandí emitió un comunicado en el que denuncia persecución política en defensa de intereses extranjeros. “Desde Tabacalera Sarandí rechazamos de manera categórica las falsas acusaciones vertidas en las últimas horas contra nuestra empresa y su Director, Pablo Otero. Se trata de una denuncia sin ningún sustento jurídico ni fáctico, que responde a una clara maniobra de persecución política y económica.”

La tabacalera argumenta que la agencia de recaudación estatal está interviniendo en una disputa entre privados para beneficiar a una multinacional: “Esta operación tiene como único objetivo perjudicar a una empresa nacional que ha crecido en base al esfuerzo, el cumplimiento de las leyes y la competencia leal. Pretenden desplazarnos del mercado argentino para beneficiar a una multinacional extranjera: Masalin Particulares, perteneciente al grupo Philip Morris, que utiliza al ARCA para presionar en una disputa de mercado entre privados.”

Y afirma que no se quedará callada y defenderá la porción del mercado que quieren arrebatarle. “La denuncia impulsada por el ARCA responde y es funcional al histórico lobby ejercido por estos grupos concentrados que no toleran la existencia de una empresa nacional competitiva en el sector del tabaco. No es la primera vez que enfrentamos ataques sistemáticos destinados a quebrarnos o forzarnos a entregar nuestra participación en el mercado.”

Según la vesión de Sarandí S.A, “la denuncia de ARCA publicada en los medios de comunicación, motorizada por la señora Natalia Pérez Aguín gerenta de Comunicaciones de Massalin particulares, sostiene que algunos distribuidores habrían cometido irregularidades al vender cigarrillos a comercios o consumidores; y por eso también acusan a Tabacalera Sarandí de participar en una maniobra para ”blanquear“ dinero de origen ilegal”.

Entre los varios argumentos que usó la empresa para defenderse uno sostiene que “la acusación es absurda desde lo económico” porque “más del 85% del precio de un paquete de cigarrillos son impuestos”. “Si alguien quisiera lavar dinero, no lo haría usando una actividad con tanta carga impositiva. Sería ridículo perder el 85% del dinero solo para ingresarlo al sistema legal a través de la venta de cigarrillos”, remarcan.

La agencia ARCA (ex-AFIP) está dirigida actualmente por Juan Pazo, un funcionario que responde políticamente a Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía.

MU/MP

La Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se encuentra en una encrucijada peligrosa. La reciente remoción de su titular ha puesto en evidencia un debilitamiento progresivo de esta institución clave para garantizar la transparencia financiera y controlar el flujo ilícito de capitales que contaminan la economía legal.

En un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado, el deterioro del organismo compromete su independencia y capacidad para llevar a cabo investigaciones profundas y eficaces. Este debilitamiento no solo refleja una falta de voluntad del gobierno en fortalecer las instituciones, sino que también pone de manifiesto la falta de un plan robusto para perseguir los delitos económicos y reducir los niveles de impunidad asociados a la corrupción.

La ley argentina faculta a la UIF a actuar como querellante en casos de lavado de dinero, un rol diseñado cuando los jueces aún dirigían las investigaciones. Con la reforma procesal penal, que asigna esta tarea a los fiscales, su relevancia ha disminuido. Sin embargo, preocupa que, pese a su base legal, los titulares del organismo no puedan litigar en casos complejos. Incluso bajo el nuevo código procesal, podrían integrarse a los equipos de fiscales para llevar estos casos a juicio. Si la remoción del titular está vinculada a este aspecto, estaríamos ante un grave acto de avasallamiento de su autonomía.

A raíz de la gestión deficiente y la falta de liderazgo mostrada en los últimos años, el sistema antilavado nacional se encuentra al borde del colapso. Si bien hemos evitado ser sancionados con la inclusión en la denominada lista gris del GAFI, ha sido gracias al rol persuasivo de la diplomacia que representa al país ante dicho organismo. La inclusión en esta lista habría deteriorado aún más la confianza internacional, afectando gravemente las inversiones extranjeras y las relaciones financieras con otros países.

Cabe señalar que las deficiencias y problemas identificados en la última evaluación mutua no solo no han sido resueltos, sino que, por el contrario, continúan agravándose. Un claro ejemplo de ello es el cierre de importantes causas de narcotráfico a raíz de la aplicación del principio de ley penal más benigna, favorecido por la última modificación legal al sistema antilavado.

Desde su creación a través de la sanción de la Ley 25.246, la UIF está llamada a desempeñar un papel fundamental en la investigación, prevención y sanción de conductas financieras ilícitas. Como organismo rector en materia de inteligencia financiera, coordina la red de sujetos obligados a informar, recibe información y produce análisis de manera constante. Debe colaborar estrechamente con los fiscales, a fin de analizar operaciones complejas y reunir información sensible sobre operaciones sospechosas, en investigaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, nada de esto ocurre en el país. La UIF debe actuar como un puente entre el sistema financiero y las autoridades judiciales, garantizando que las actividades financieras ilícitas sean detectadas y perseguidas a tiempo. También juega un rol crucial en el cumplimiento de las normativas internacionales, especialmente en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, las injerencias políticas han socavado su capacidad de acción y liderazgo, lo que ha afectado gravemente a todo el sistema antilavado. Un claro síntoma de este proceso es la migración masiva de funcionarios e investigadores hacia el sector privado, fenómeno que se viene produciendo de manera simultánea al desarrollo del sector Fintech en el país.

La independencia de la UIF es esencial para garantizar la eficacia de todo el sistema antilavado. Debe operar sin presiones políticas ni intromisiones externas que puedan poner en riesgo su misión institucional en materia de prevención y mitigación de riesgos, especialmente frente a un entorno cada vez más amenazante. Sin esta autonomía, el sistema pierde su capacidad de detectar y desarticular estructuras criminales que contaminan la economía.

Este deterioro del organismo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja un proceso de reconfiguración del poder que podría comprometer la lucha contra la corrupción. La remoción del titular de la UIF parece alinearse con decisiones similares, como la designación del nuevo titular de la Agencia de Recaudación de Impuestos ARCA, quien está seriamente cuestionado por ocultar activos en el exterior mediante sociedades vehículo y por mantener relaciones sospechosas con agentes de inteligencia. También es preocupante la nominación del juez Lijo como candidato para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia, una situación que se agrava si esta designación se realiza a través de un decreto presidencial.

Es imperativo que se realice un verdadero ejercicio de rendición de cuentas sobre el desempeño de las gestiones de la UIF, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia en sus procesos. Es fundamental que los informes de gestión no se limiten a cifras vagas o generales, sino que incluyan estadísticas detalladas y accesibles sobre los resultados concretos de las investigaciones, desglosadas por tipo de amenaza, incidencia delictiva y cursos de acción adoptados. Además, debe llevarse a cabo una evaluación periódica de la eficacia de sus investigaciones y una revisión exhaustiva de su capacidad operativa y sancionatoria.

La ciudadanía y las instituciones deben exigir una UIF que, además de estar blindada de presiones políticas, sea capaz de demostrar con hechos concretos su eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. Solo así se podrá recuperar la confianza y fortalecer el sistema de justicia, asegurando un futuro de integridad y estabilidad para el país.

*Director del CIPCE.

ED

Nélida Caballero, la excocinera del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, fue condenada hoy a tres años de prisión en suspenso como autora de “lavado de activos” y se ordenó el decomiso de una propiedad en Formosa y vehículos de alta gama de su propiedad, aunque no irá a prisión.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal 7, que leyó el veredicto pasadas las 13.30, al término de un juicio oral, y que dispuso además que pague el doble del monto que se considera que no puede justificar, casi 400 millones de pesos, en concepto de multa.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli leyeron la resolución en una audiencia a la que todas las partes se conectaron de manera remota, vía la plataforma Zoom.

Al final del juicio resultaron absueltos la pareja de Caballero, Omar Lavergne, y la hija de la cocinera, Camila ante la falta de acusación fiscal. La mujer no irá a prisión porque la condena fue a tres años de ejecución condicional.

La fiscal de juicio Fabiana León había pedido en su alegato final una pena de tres años y tres meses de cárcel. En la acusación, la fiscal comparó la estrategia de defensa de Caballero con la que lleva adelante la modelo Sofía Clerici en otra causa penal que la investiga junto al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por delitos similares.

La modelo sostiene que todo su dinero lo obtuvo por sus servicios de acompañante, que fue “la defensa Clerici”, según citó León, que también esbozó Caballero al argumentar que ese dinero provino del ejercicio de la prostitución, comparó.

Según Caballero, el dinero que para la Justicia no pudo justificar provino de esa actividad que realizaba de manera paralela a su trabajo como empleada en la casa de los De Vido.

MM con información de la agencia NA.

Las autoridades francesas detuvieron en la noche del sábado a Pável Dúrov, cofundador de Telegram, la plataforma de mensajería instantánea encriptada de origen ruso, cuando descendía de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, proveniente de Azerbaiyán, según reportes de medios locales.

El multimillonario franco-ruso, de 39 años, que fue detenido por la Gendarmería de Transportes Aéreos, tenía una orden de arresto francesa emitida por la oficina de menores (OFMIN) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal sobre la base de una investigación preliminar. La Justicia francesa sostiene que la falta de moderación en Telegram y la falta de cooperación de Pável Dúrov con las autoridades, junto con las herramientas que la plataforma ofrece, como números desechables y criptografía, lo convierten en cómplice de delitos como el tráfico de drogas, la pedofilia y el fraude.

Se espera que el cofundador de Telegram comparezca ante un juez de instrucción en las próximas horas cuando podría enfrentar acusaciones que incluyen terrorismo, tráfico de drogas, complicidad, fraude, lavado de dinero, y distribución de contenido pedófilo, entre otros cargos, según reportes de medios franceses.

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea para dispositivos electrónicos lanzada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái como una alternativa a la aplicación WhatsApp. Con sede en Dubai y traducida a más de 20 idiomas, si algo caracteriza a Telegram es la sincronización a la nube de forma permanente, algo que WhatsApp no tiene, de manera que sus usuarios pueden acceder a los mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y ordenadores, y compartir un número ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 GB cada uno. Pero la plataforma ofrece también la creación de bots (mensajes automáticos), la implementación de chats secretos que protegen la privacidad de los usuarios con un cifrado exclusivo entre el emisor y el receptor y la limitación de hasta 200.000 personas por grupo.

Por todo ello —su cifrado, el gran tamaño de los grupos y la posibilidad de compartir archivos de cualquier tipo o tamaño— no es de extrañar que la plataforma se haya convertido en algo único pero a la vez en un instrumento atractivo para delincuentes y extremistas. De hecho, Telegram ha sido retirada de las tiendas de apps o bloqueada judicialmente en varias ocasiones por permitir el intercambio de contenidos ilegales, y en el caso de los regímenes autoritarios, por alentar protestas de opositores.

DM con información de agencia EFE

Mariano Federici fue titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri y ha sido una de las espadas del macrismo en las denuncias y presentación de pruebas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante su gestión, también fue blanco de una denuncia por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público al ordenar el archivo de un sumario contra el banco HSBC Argentina SA, que estaba siendo investigado por el organismo por no reportar operaciones sospechosas del narco-lavado.  

En diciembre de 2022, cuatro años después de su decisión de archivar el sumario contra el HSBC, Federici y otras autoridades de la UIF fueron sobreseídos. El juez federal Luis Rodríguez estableció que Federici “no tuvo vínculos previos con dicho banco ni incompatibilidades contemporáneas y/o posteriores a sus funciones” y que el trámite del sumario se realizó “acorde a los lineamientos procedimentales determinados por el organismo”, publicó entonces Clarín.

Federici dejó la función pública en diciembre de 2019 y terminó yéndose del país. Vive y trabaja actualmente en los Estados Unidos. Se fue con un patrimonio declarado de poco más de $45,6 millones (unos US$760.000), nueve veces más alto del patrimonio con el que había ingresado en diciembre de 2015, con una inflación del 157,3% en cuatro años. Así consta en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En septiembre de 2021, casi dos años después de dejar la función pública, estando reinsertado en el ámbito privado, Federici adquirió junto a su esposa un departamento por US$2.050.000 en un exclusivo condominio de Miami: Two Tower Club Condo, ubicado en Key Biscayne, una de las zonas más pudientes de la ciudad estadounidense.

Los registros de esta adquisición son públicos, abiertos y la propiedad está a nombre del matrimonio, sin sociedades intermediarias. También es público el documento que permite acreditar que el departamento fue adquirido con un préstamo hipotecario del HSBC Bank USA. El crédito fue de US$1.435.000 más intereses.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade volvió a denunciar a Federici, esta vez públicamente en un video de su canal de YouTube, por el hallazgo de su propiedad y el crédito del banco. Los documentos respaldatorios fueron verificados por elDiarioAR con la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación. Fueron obtenidos del registro público de propiedades de Miami.

“Los documentos sobre el departamento en Miami son públicos y Federici no tiene nada que ocultar”, respondieron a este medio desde el entorno de Federici. “Vendió su casa en Argentina para comprarlo”. Dicha propiedad estaba valuada en casi $1,3 millón a finales de 2019, según su declaración jurada. Se estima que los funcionarios declaran sólo el valor fiscal de las propiedades y no el valor de mercado. La propiedad en Buenos Aires tenía 289 metros cuadrados. Cuando Federici adquirió la propiedad en Miami, el dólar oficial cotizaba en Argentina alrededor de $124. La casa en Miami equivaldría entonces a $213,2 millones.

“El banco HSBC de EEUU (una entidad completamente diferente de la argentina y regulada por el regulador financiero más respetable del mundo) financió parte de la compra a través de un crédito hipotecario. Se trata de una entidad en otra jurisdicción, por lo que no hay ninguna incompatibilidad posterior a su función pública en la UIF”, explicaron en el entorno de Federici. 

“Federici vivió muchos años en Estados Unidos y tiene 20 años de historia crediticia en ese país, con trabajos importantes y bien pagos que le permitieron vivir bien, pero siempre haciendo lo correcto y en el marco de la ley”, respondieron cerca del exfuncionario.

“Son especulaciones falsas e infundadas de Tailhade. Federici no tuvo relación con ese banco distinta a la que pudo haber tenido con otros. Hubo un expediente en el que la UIF de su gestión sancionó al HSBC pero no fue en este expediente en particular porque en este caso no correspondía”, sostuvieron cerca del exfuncionario.

“Federici es un experto internacional en prevención de lavado de dinero, conoce los riesgos de haber investigado a la asociación ilícita que lideró Fernández de Kirchner y no va a ser tan imprudente como para comprar una propiedad a su nombre y el de su esposa en Estados Unidos, donde los registros son públicos y abiertos, sin haberse cerciorado legalmente de estar haciendo lo correcto, en el marco de la ley”, respondieron ante la consulta de elDiarioAR.

El caso HSBC

Los bancos están obligados por ley a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes para evitar el lavado de dinero del narcotráfico, el terrorismo y otras actividades del crimen organizado. 

En diciembre de 2018, las autoridades de la UIF ordenaron que se archive de un sumario contra HSBC Argentina SA y sus directivos, que había sido abierto ante la posible violación por parte de la entidad bancaria de su deber de informar operaciones sospechosas de lavado. Tras la publicación del caso por parte del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) denunció a Federici y su segunda al mando del organismo, María Eugenia Talerico. Ambos quedaron imputados por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. El banco ha negado la comisión de ilícitos.

Los seis integrantes del consejo asesor de la UIF incluso confirmaron ante la Justicia que votaron que el banco HSBC fuera sancionado por no reportar operaciones de narco-lavado, pero que la cúpula del organismo decidió exonerar al banco de su responsabilidad. Se trataba de una decisión inédita en la UIF, informó entonces La Nación.

El banco no había reportado múltiples operaciones financieras (como la compra de dólares sin poseer antecedente alguno ante la AFIP) llevadas adelante por el ciudadano argentino Marcelo Oscar Chirizola, que habría actuado en nombre propio con fondos pertenecientes al ciudadano colombiano Henry de Jesús López Londoño, conocido como Mi Sangre, y acusado de narcotráfico en Colombia y Estados Unidos. Mi Sangre fue luego condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico.

Son especulaciones falsas e infundadas de Tailhade. Federici no tuvo relación con ese banco distinta a la que pudo haber tenido con otros. Hubo un expediente en el que la UIF de su gestión sancionó al HSBC pero no fue en este expediente en particular porque en este caso no correspondía.

Entorno de Federici.

La causa fue iniciada por Tailhade y de acuerdo al entorno de Federici fue presentada a pedido de Fernández de Kirchner el mismo día que la UIF entregó su informe final de gestión. “Fue una represalia” ante las denuncias del organismo contra la entonces expresidenta, dijeron en el entorno de Federici ante la consulta de este medio. Las denuncias de la UIF terminaron, en parte, con una condena por administración fraudulenta a seis años de prisión por el caso Vialidad. 

La UIF fue querellante en la causa y el juicio oral y público hasta la asunción de Alberto Fernández en el gobierno. También presentó sendos informes en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública y los casos Hotesur-Los Sauces, que también llevarán a Fernández de Kirchner a juicio.

“La denuncia contra Federici no debería haber sido ni siquiera investigada porque se cuestionaba una decisión fundada, que adoptó desde la presidencia de la UIF con el respaldo de todas las áreas técnicas del organismo y en un expediente administrativo, abierto incorrectamente por el kirchnerista Jose Sbatella”, explicaron en el entorno de Federici a elDiarioAR. “Quedó plenamente demostrado en la causa que el obrar de Federici fue absolutamente acorde a derecho y en el marco de las competencias que la ley le asignaba”, agregaron.

En su cuenta de X, entonces Twitter, Federici sostuvo que el HSBC “no merecía en este caso una sanción, porque logró demostrar en el sumario un obrar acorde a derecho; decisión fundada y reafirmada en la opinión experta de toda nuestra línea técnica”. “El Consejo Asesor de la UIF sostuvo una visión distinta, con argumentos que no compartimos”, afirmó el exfuncionario. “Pero como sus opiniones no resultan vinculantes conforme a la ley para quienes resuelven, optamos por seguir los dictámenes técnicos de nuestra línea en favor de no aplicar ahí la sanción”, aclaró.

Sin embargo, los consejeros del organismo que declararon ante el entonces juez Luis Rodríguez coincidieron en que la actuación de la línea técnica fue inusual o se excedió en su competencia. A la misma conclusión habían llegado los expertos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes señalaron presuntas irregularidades en el proceder de la UIF, publicó La Nación en 2021.

Hay un dato más en la denuncia de Tailhade ante la Justicia. El diputado citó la declaración indagatoria de la entonces ejecutiva responsables de área de Compliance del HSBC en Argentina, cuyo nombre mantuvo en reserva, y que consta en otro expediente judicial contra  el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, que derivó en una denuncia contra el banco por parte del juez federal de Morón Néstor Barral. 

De acuerdo al testimonio de la ejecutiva del HSBC, autoridades del banco tomaron “conocimiento por canales ilegales de la investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico” que tramitaba en la UIF. “Es decir, una alta fuente gubernamental le filtró una información confidencial a la que sólo la UIF tenía posibilidades de acceso”, dijo Tailhade en su denuncia. 

“Esta comunicación ilegal favoreció al HSBC y sus directivos en la medida en que el aviso clandestino les permitió organizar los legajos de las personas que integraban el grupo vinculado al narcotráfico y empezar reportar sus operaciones como sospechosas a la UIF, pese a que estos informes debieron comenzar a fluir en el año 2008, año en que aparecieron los primeros fondos sospechados de provenir del narcotráfico”, escribió entonces el diputado. Esto último, le permitió a las autoridades de la UIF exonerar al banco y sus ejecutivos en el sumario que el organismo había abierto contra la entidad, agregó Tailhade.

ED/DTC

Cuando el abogado Mateo Corvo Dolcet quedó detenido el 29 de septiembre de 2017, acusado de participar en una presunta maniobra de lavado de dinero del narcotráfico colombiano, recurrió a su amigo y colega, Mariano Cúneo Libarona, quien se hizo cargo de su defensa inmediatamente.

El caso terminaría conectando al actual ministro de Justicia con la viuda del capo narco más emblemático de la historia de Latinoamérica, Pablo Escobar Gaviria, de acuerdo a los documentos y testimonios obtenidos por elDiarioAR. Este medio se comunicó con voceros del funcionario para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Tampoco en su estudio jurídico, ahora a cargo de sus hermanos. 

Corvo Dolcet y Cúneo Libarona se conocieron trabajando en los tribunales de Talcahuano al 500. Ambos son hijos de reconocidos juristas. Corvo trabajaba en una de las dos secretarías del juzgado de Instrucción 18, a cargo del juez Remigio González Moreno. Cúneo era el secretario del juzgado de Instrucción 11, publicó Clarín.

Cúneo Libarona quedó señalado la semana última por la participación de su estudio jurídico en la defensa de acusados de narcotráfico, luego de que el periodista Carlos Pagni resaltara la conexión con el acusado de narcotráfico local Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. El funcionario dijo a la periodista Paz Rodríguez Niell (en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos) que en realidad su estudio jurídico defendió al hijo del capo narco, también acusado de tráfico ilegal de estupefacientes. 

La investigación que une a Corvo Dolcet con los deudos de Pablo Escobar nació en septiembre de 2016, a partir de una comunicación cursada por el representante legal de la oficina local de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos. Entonces, el ministerio de Seguridad estaba a cargo de Patricia Bullrich, actual titular de la misma cartera.

La DEA alertó entonces sobre supuestas maniobras de lavado de activos provenientes de actividades de narcotráfico en Colombia. Se señalaba que el dinero ilegal provenía de carteles con influencias territoriales en las ciudades de Medellín, Cali y Sinaloa, de acuerdo al expediente judicial.

El dueño del dinero lavado supuestamente por Corvo Dolcet es un viejo acusado de narcotráfico en su país y Estados Unidos: el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos.

La información aportada por la DEA a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) originó una investigación preliminar y una causa judicial en los tribunales federales de Morón. El caso fue conocido como “la banda del Café de los Angelitos”. 

La defensa actual de Corvo Dolcet, encabezada por el penalista José Manuel Ubeira, no sólo rechaza los cargos en su contra. Presentó además una denuncia contra las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri por espionaje ilegal. Sostiene que, bajo el mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el organismo espió sin autorización judicial al psiquiatra del abogado para obtener información sobre el acusado. 

La viuda y el hijo

El vínculo con la familia de Pablo Escobar nació años antes. En el domicilio de Corvo Dolcet, las autoridades hallaron un documento fechado en 2011 en el que el acusado dejó asentado que María Isabel Santos y Sebastián Marroquín (esposa e hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria) eran quienes le habían presentado en 2008 a Piedrahita, servicio por el cual el imputado les abonó una suma de dinero: el 4,5% de la operación que el abogado realizaría con el colombiano. “A partir de esa presentación personal, Mateo Corvo Dolcet pasó a ser el representante de Piedrahita dentro del territorio argentino”, señalaron los fiscales en el expediente. En su primer procesamiento, la Justicia entendió que Corvo Dolcet era uno de los “testaferros” de Piedrahita.

El colombiano invirtió en importantes emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar: Country Urbano, Pilar Bicentenario (para el que obtuvo un préstamo de más de 60.000.000 del Banco Ciudad) e Ínsula Urbana, que involucraron unos US$15.000.000. El último consistía en 200.000 metros cuadrados de tierra en Pilar, frente a Panamericana, en los que Corvo Dolcet quería construir 357.000 metros cuadrados de usos mixtos (departamentos, comercios, universidades, etc.). 

Los fondos del colombiano también se canalizaron a través de sociedades de servicios de bar/confitería y producción de espectáculos, que incluía la explotación del espacio gastronómico cultural “El Café de los Angelitos”, sobre avenida Rivadavia, en el barrio de Congreso, y el Hotel Faena, en Puerto Madero, donde montaban shows de tango. De ahí, el nombre otorgado por las autoridades a la supuesta banda integrada por los acusados.

Otro mecanismo, de acuerdo a la investigación de los fiscales, fue “lavar” el dinero de Piedrahita ingresando los fondos al país a través de plazos fijos, adquisición de moneda extranjera, compra de acciones de sociedades ya constituidas (y su posterior venta simulada), la estructuración de depósitos en efectivo y transferencias locales e internacionales.

Ganaderos colombianos

Cuando declaró en indagatoria, Corvo Dolcet dio otra versión. Dijo que conoció a Piedrahita en 2008, pero no mencionó a la viuda y el hijo de Escobar. El abogado declaró que lo conoció a principios de ese año en el Hotel Madero, cuando el colombiano vino con una delegación de ganaderos de su país a una exposición de inseminación artificial de ganado.  Dijo que cuando consiguió el dato de que se encontraban en dicho hotel fue a buscarlos para lograr inversiones para su proyecto inmobiliario en Pilar. 

Piedrahita le comentó que era dueño del principal frigorífico de Caucasia, en Colombia, y de campos ganaderos que proveían animales para la faena. También le dijo, según el abogado, que quería venir a vivir a la Argentina con su familia “por cuestiones de seguridad”, lo que hizo a mediados de 2008. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.

El principal emprendimiento de Corvo Delcet en Pilar tuvo ayuda del gobierno kirchnerista: en octubre de 2011 el abogado tomó una opción de compra y le propuso al Gobierno Nacional construir y donar la estación de tren Panamericana para así poder quedarse con el negocio inmobiliario que se generaría alrededor de la futura estación. En diciembre de 2012, obtuvo el sí del Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Corvo Dolcet ejerció la opción de compra del predio, por un valor de US$8.600.000 dólares a pagar. Pagó poco más de la mitad.

La viuda y el hijo de Escobar sí reconocieron haber presentado a Corvo Dolcet con Piedrahita pero sostuvieron que nunca fueron parte de una red de lavado del narco y que pensaron que Piedrahita era “un empresario ganadero, con buena reputación”, publicó Revista Gente.

Un acusado con suerte

En octubre de 2017, Corvo Dolcet quedó procesado junto a algunos de sus supuestos socios por lavado de activos del narcotráfico. En 2018, Cúneo Libarona logró que el acusado obtuviera la excarcelación con el pago de una fianza de apenas $10 millones, el uso de una tobillera electrónica y la entrega de su pasaporte.

El caso llegó al Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 de San Martín, pero en diciembre de 2021 una de las defensas planteó que el juicio debía ser llevado adelante en Capital Federal, tratando de conducir el caso hacia los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

La Sala II de la Cámara de Casación Federal le dio la razón a la defensa y envió el expediente a los tribunales de Retiro. Allí cayó por sorteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2. 

Un año más tarde, en diciembre de 2022, el TOF 2 porteño declaró la nulidad en el traslado de ciertas pruebas a las partes e interpretó que las defensas habían sido privadas de acceder a una declaración de Piedrahita Ceballos.

El caso volvió a foja cero. Quedó a cargo de la jueza María Servini, en Comodoro Py. El derrotero continuó. Actualmente, el expediente está en una nebulosa. El que sí avanzó es otro, iniciado por Corvo Dolcet contra las autoridades de la AFI de Macri.

Réplica

Corvo Dolcet decidió cambiar de defensa. En los tribunales sostienen que su abogado, Cúneo Libarona, estaba en una situación políticamente incómoda: buscaba mantener su buena relación con el macrismo, que tomó el caso como un expediente emblemático en la supuesta “lucha contra el narcotráfico” de la ministra Bullrich.

El abogado sostiene que es inocente y que el caso se habría “armado” porque su proyecto inmobiliario en Pilar “ponía en riesgo” el negocio de los peajes de la empresa Autopistas del Sol, todavía propiedad de la familia Macri en 2016.

Su proyecto incluía una estación ferroviaria en el kilómetro 46 de la Panamericana y un centro de transferencia para pasajeros con un edificio de 920 cocheras, explicó José Manuel Ubeira, su actual abogado, a elDiarioAR. Esto hubiese permitido que quienes viajan diariamente desde el norte del Gran Buenos Aires hacia la ciudad pudieran trasladarse en sus vehículos hasta el complejo, estacionarlos, tomar el tren rápido y ahorrarse la congestión de tránsito de las horas pico. Eso implica también, contó Ubeira, afectar el negocio de los peajes de la Panamericana, concesionados a Autopistas del Sol.

En abril de 2017 los Macri vendieron sus acciones en la concesionaria (el 17%). El septiembre, Corvo Dolcet quedó detenido. El proyecto quedó trunco.

El acusado, devenido acusador, también denunció a las autoridades de la AFI de Macri por supuestamente haber espiado ilegalmente a su terapeuta. En el expediente, además, la intervención de la AFI de 2020 informó a la Justicia que no había antecedentes ni informes sobre el origen de la causa en el organismo de inteligencia, publicó Tiempo Argentino.

Los fiscales del caso, sin embargo, sostienen que el expediente acumula “un vasto plexo probatorio que se nutre de múltiples evidencias informativas, documentales, testimoniales y materiales”. Intervinieron en la investigación o aportaron evidencias materiales o documentación la AFI, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), registros de la Dirección Nacional de Migraciones, informes de Unidad de Información Financiera (UIF), informes y registros de compañías prestatarias de servicios de telefonía, informes del Registro de la Propiedad Inmueble, de diversas entidades bancarias (como el HSBC y el Banco Itaú Argentina), comunicaciones de cooperación jurídica internacional provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, de una Corte del Estado de Florida, del mismo país (“United States District of Florida”) y de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Se realizaron peritajes producidos por la Gendarmería y la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación (DATIP).

En septiembre de 2019, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a 27 meses de cárcel a Piedrahita, acusado de sobornar a un funcionario federal de ese país para desestimar una causa de narcotráfico en su contra. El colombiano había admitido el delito, publicó Todo Noticias (TN).

Nota: este artículo se modificó el 24 de marzo de 2024 a las 11:12 para corregir la dirección del Café de los Angelitos.

ED/DTC

La Cámara de Casación Federal confirmó hoy que la expresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en el marco de la causa por la “Ruta del dinero K”. La decisión llega luego de que los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, de la Sala IV de Casación, rechazaran un planteo de la defensa contra el fallo de la Cámara Federal por considerarlo “improcedente”.

Así, el juez de primera instancia Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan continuarán con la causa por lavado de dinero por la que el empresario Lázaro Báez ya fue condenado a doce años de prisión.

Casanello ya había dictado en dos oportunidades la falta de mérito para la exvicepresidenta de Alberto Fernández por considerar que no había pruebas suficientes para avanzar. En la misma línea, Marijuan ─quien en reiteradas oportunidades impulsó denuncias en contra de Cristina Kirchner─, en año pasado, reconoció que no hubo pruebas de lavado de dinero.

En su dictamen, el fiscal citó los negocios entre el empresario y la expresidenta, además de 300 comunicaciones con sus respectivos secretarios. Sin embargo, consideró que, pese al vínculo, no había delito algunos para investigar.

Por ello, la exmandataria nunca fue procesada en en el caso. Lázaro Báez, sin embargo, recibió su condena al igual que su hijo Martín cuya sentencia es de 9 años de prisión. El arrepentido Fariña, entre otros empresarios, fue condenado a 5 años de cárcel.

ACM con información de agencias.