Tras semanas de negociaciones y un clima de creciente tensión en el sistema universitario, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y fue respaldado por los gremios del sector, aunque no implica el cierre definitivo del conflicto entre las universidades y la Casa Rosada.

De acuerdo con lo acordado, los trabajadores universitarios recibirán un aumento del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. La mejora salarial incluye siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta mayo de este año.

Además de la cuestión salarial, las conversaciones permitieron avanzar sobre otros reclamos planteados por las universidades. Entre ellos, un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios, un pedido impulsado especialmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el oficialismo interpretaron el acuerdo como una señal de éxito de su estrategia negociadora. Cerca del Gobierno sostienen que lograron mantener la disciplina fiscal sin modificar sustancialmente la oferta que habían llevado a la mesa de diálogo y destacan que los rectores terminaron aceptando una propuesta que semanas atrás consideraban insuficiente.

Sin embargo, el acuerdo no desactiva todos los frentes de conflicto. Las autoridades universitarias confirmaron que continuarán con las acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el presidente Javier Milei y cuya validez se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el sector sindical también valoraron el resultado de la negociación, aunque remarcaron que el proceso de recuperación salarial está lejos de concluir.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) destacó que el entendimiento llegó luego de “dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales” y consideró que representa un avance en el reclamo que mantienen desde el inicio de la gestión libertaria.

“Logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”, señaló la organización en un comunicado.

No obstante, la federación advirtió que el objetivo sigue siendo recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en los últimos años y sostuvo que las medidas de reclamo continuarán mientras persista esa brecha.

De este modo, aunque el acuerdo descomprime la situación financiera de las universidades y evita nuevas medidas de fuerza en lo inmediato, la discusión de fondo sobre el financiamiento del sistema universitario público permanece abierta y tendrá uno de sus capítulos decisivos en la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA

El Gobierno busca apurar un acuerdo con el sector universitario para cerrar un conflicto salarial y por fondos que arrastra desde hace más de un año y que tuvo su última expresión en la cuarta marcha federal masiva el pasado 12 de mayo. En los últimos días hubo un fuerte acercamiento entre la Casa Rosada y los rectores con un borrador que todavía es resistido por el frente gremial. Según supo elDiarioAR de al menos dos fuentes universitarias, la intención oficial es que se firme en las próximas horas.

La propuesta oficial es de un aumento del 21,3% salarial a partir de junio y un 3% desde octubre para los trabajadores docentes y no-docentes, así como 20% de suba en las partidas de funcionamiento, 50% para los hospitales universitarios y la misma cifra para las becas Belgrano, aunque no así para las becas Progresar. Entre los puntos también se plantea la creación de una comisión de seguimiento de la Ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso y que el Ejecutivo llevó a la Justicia. Actualmente hay un amparo ante la Corte Suprema, que espera que haya una resolución política antes de fallar al respecto.

El acuerdo avanzó en conversaciones que ocurrieron entre el viernes y el sábado pasado. Del lado oficial el encargado es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras las universidades están representadas por el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la universidad de Rosario. Este lunes están en agenda reuniones de las federaciones sindicales. El Gobierno quiere que se cierre entre este martes y el miércoles, pero no contempla que algunos gremios tiene sus propias deliberaciones internas –por ejemplo, Conadu Histórico tiene un congreso nacional el jueves–.

“La novedad es que el Gobierno propone que no sean acuerdos paritarios por sectores, sino que haya un acta única y general donde se incluya la parte salarial, las partidas para el funcionamiento y las subas en las becas”, planteó un dirigente gremial que consideró la propuesta oficial como “extorsiva”, porque el Ejecutivo asegura que tiene que firmarse por unanimidad entre la subsecretaría, el CIN, la FUA (federación de estudiantes) y los frentes sindicales docentes y no docentes.

La tensión sigue porque ya la Conadu formalizó un plan de lucha que incluirá un paro total de actividades desde el 16 al 20 de junio. El Gobierno, a su vez, había planteado que se retirara la demanda judicial a cambio abrir la billetera, pero esa exigencia no fue aceptada por las universidades. El viernes pasado la Corte Suprema rechazó un pedido libertario de recusación contra los jueces porque son docentes universitarios. “No tiene banca social correrse del camino judicial”, planteó un vocero de los rectores.

“Lo que proponen se aleja muchísimo de lo que establece la ley, pero entiendo que el acuerdo está encaminado porque tanto los funcionarios como los rectores quieren firmar ya”, comentó una de las fuentes consultadas. “Aunque está lejos de lo exigido, esto es un golpe al Gobierno”, consideró un dirigente estudiantil que sigue de cerca la pelea. “No es una negociación paritaria, sino que es política”, completó el gremialista consultado.

Uno de los puntos en desacuerdo es que la oferta del Gobierno del 21,3% es un punto intermedio a lo que establece la ley, una recuperación salarial de 45,6% en términos reales, por la inflación desde diciembre del 2023. Además no hay definición sobre la deuda atrasada por el salto devaluatorio de Milei apenas asumió, cuando los trabajadores perdieron 16 puntos. 

Tampoco hay precisiones sobre las becas Progresar que actualmente alcanza a un millón de estudiantes con $35.000 mensuales. Distinto es el caso de las becas estratégicas Belgrano, de unos $81.000 pero con el cupo de 36 mil beneficiarios que cursan carreras de grado y pregrado en áreas consideradas críticas para el desarrollo del país.

Con la propuesta de aumento salarial del Gobierno los sueldos quedarían igualmente lejos del reclamo gremial: un ayudante de primera con dedicación simple llegaría a tener un aumento de poco más de $40.000 de bolsillo (pasaría de $250 mil a menos de $300 mil), mientras que un profesor adjunto con posgrado, 15 años de antigüedad y dedicación exclusiva pasaría de cobrar $1,5 millón a $1,8 millón.

MC

Javier Milei apareció esta mañana en un aula de la Universidad San Andrés para dar una “clase” a un grupo de estudiantes de la casa de altos estudios privada. La exposición del mandatario ocurre una semana después de la multitudinaria cuarta marcha federal para exigirle que cumpla con la Ley de Financimiento para las universidades públicas.

La disertación de Milei no se transmitió públicamente, sino que fue una clase cerrada. El cineasta Santiago Oría, que filma todos los movimientos del libertario, subió una foto a sus redes mostrando al mandatario dentro de una de las aulas de la San Andrés. La universidad amaneció esta mañana de lunes con una fuerte custodia de seguridad.

En la previa el Gobierno había dicho que Milei buscaba “sorprender a los estudiantes” con una charla de economía. Milei disertó ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Univ de San Andrés Estuvo junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman.

En tanto, este martes 19 a las 11.30 el mandatario participará de otro coloquio en el Malba. Allí disertará, según trascendió, sobre “la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país”.

Milei se niega a cumplir la ley que fue votada e insistida en el Congreso el año pasado. El argumento libertario es que que la aplicación de la norma implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”.

La situación está judicializada y ahora tiene que definir la Corte Suprema.  Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

“Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, rechazó esta semana el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el reclamo multitudinario de que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. Pero no es tan así. La manta corta del presupuesto después de dos años y medio de motosierra más y más profunda ante una recaudación tributaria que cumple nueve meses en caída también es fruto de las políticas adoptadas por el experimento libertario de Javier Milei que vinieron a ver de cerca por unos meses, desde su mansión en Barrio Parque, el dueño de la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies, Peter Thiel, y su esposo, Matt Danzeisen.

Es que no todos los gastos se rebanaron, pero sí todos los ingresos, entre bajas de impuestos para ricos y sectores privilegiados y el impacto de una política que desalientan el consumo, la industria y la construcción con tal del noble objetivo de volver a bajar la inflación.

La sierra motorizada podó ya el 32% del gasto en términos reales (ajustados por el índice de precios al consumidor, IPC), si se compara el primer cuatrimestre de 2026 con el mismo periodo de 2023, cuando gobernaban Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Año tras año el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, como se definió Milei, viene achicándolo más y más. Pero algunos rubros zafan del recorte, según comprueba un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en los datos oficiales de ejecución presupuestaria. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó 33% más que hace tres años.

Además, el 10% de las privatizaciones de empresas públicas y de las concesiones al sector privado irá a reequipamiento militar. El resto, a cubrir los pagos de deuda pública y a evitar con ingresos extraordinarios que se pierda el déficit fiscal por la merma recaudatoria. También ahora le devolvieron a las Fuerzas Armadas las tareas de contrainteligencia que les había quitado el kirchnerismo.

La Procuración del Tesoro de la Nación elevó 1,5% sus erogaciones. Es el área que logró el fallo de segunda instancia de EE.UU. a favor de la nacionalización de YPF. Habrá que ver si el Estado logra revertir ahora la sentencia local a favor de Tecpetrol, la petrolera de Techint, por un reclamo de subsidios al gas. Esta semana, la abogada del Estado Karina De Matteo apeló el fallo en un texto tan escueto que no ofreció ningún argumento en defensa del erario público. Sorprende que pese a las diatribas de Milei contra el dueño de Techint, Paolo Rocca, su gobierno no argumente en este juicio con el mismo ímpetu que sostuvieron las dos administraciones antecesoras, la de Mauricio Macri y la peronista. Y eso que Rocca y el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, suman cada vez más empresarios al colectivo de los que buscan un candidato “normal”, alternativo a Milei y a Axel Kicillof.

Mucho mejor le va a la Secretaría de Inteligencia (SIDE): incrementó sus egresos un 25%. Queda por dilucidar si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios reciben sobresueldos de la SIDE, como ocurría en el gobierno de Carlos Menem, o si se reparten coimas de cajas como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como es la hipótesis de uno de sus denunciantes, el diputado socialista Esteban Paulón. Como gobiernos anteriores, el de Milei también mimó a los gobernadores aliados y castigó a los opositores. Así como secó por completo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, elevó 77% las transferencias del programa de relaciones con las provincias.

Sorprende que se más que duplique (+118%) el gasto del Instituto de Ablación e Implante (Incucai). Milei, que en la campaña presidencial había abogado por la compraventa de órganos, finalmente excluyó los trasplantes de la motosierra, a diferencia de otros gastos de salud. Mientras, las asignaciones familiares crecieron 12%, sobre todo por la universal por hijo (AUH), a la que apostó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para compensar la eliminación de las otras ayudas sociales que se canalizaban por las desarticuladas organizaciones sociales. Cada vez más se oyen dirigentes peronistas que se preguntan por qué les dieron tanto poder a los piqueteros.

Los ingresos tributarios, mientras tanto, cayeron 11% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2023, según otro reporte del CEPA. No es casualidad sino consecuencia de la receta económica, que incluye hundimiento de ciertos sectores, privilegios para otros y elogios presidenciales de la evasión de impuestos tachados como robo. El IVA, el impuesto que más recauda y el más regresivo porque castiga por igual a todas las clases sociales, recaudó 17% menos. Y no es que el presidente libertario lo rebajó ni un ápice sino que es fruto del descenso del consumo de un subsuelo a otro más profundo.

El impuesto a las Ganancias recolectó 38% menos. Es lógico en un contexto de desaparición de 22.608 empresas, en el balance entre nuevas y cerradas. Entre las nacidas encabezan la lista las de servicios personales, actividades administrativas, minería e hidrocarburos. Entre las muertas, las de transporte, comercio, inmobiliarias, industrias, servicios profesionales y científicos y construcción. En este último sector se presentaron en concurso preventivo GCDI, el grupo de Marcelo Figoli que había comprado años atrás la constructora de Nicolás Caputo, y Esuco, la de Carlos Wagner, que presidió la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo.

Pero Ganancias seguirá recaudando menos en la medida en que los sectores más pujantes gocen de la rebaja de alícuota del 35% al 25% por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno ya aprobó 16 proyectos dentro de este esquema: en transporte de hidrocarburos (tres) -este año decretó que también se incluyera la extracción de petróleo y gas, pese a que cuando se aprobó la ley consideraba que no necesitaba de apoyo adicional y por tanto implicaría un costo fiscal innecesario-, en minería (nueve) -este jueves se sumó el de cobre Proyecto San Jorge, de la suiza Zonda Metals y del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini-, energías renovables (dos), un puerto y una industria siderúrgica.

El Gobierno que se jacta de carecer de una política industrial sí tiene una política energética y otra minera. Es decir, elige ganadores, pese a que en teoría debería dejar que el mercado los escoja. Lo que no hace es transparentar el costo fiscal del RIGI. Así como en el presupuesto 2026 se calcula que el régimen de electrónica de Tierra del Fuego (Newsan, Mirgor y BGH, entre sus mayores protagonistas) aún cuesta el 0,17% del PBI; el de minería (que ampara a Barrick, Rio Tinto, Ganfeng, José Luis Manzano, Posco, Zijin, AngloGold Ashanti, Newmont y Pan American Silver, entre otras), el 0,06% y el de economía del conocimiento (el que beneficia a Mercado Libre, Globant, Despegar y Accenture, entre otras firmas), el 0,05%, no se prevé nada del RIGI.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una serie de pedidos de acceso a la información pública reclamando datos sobre cuántos impuestos se resignarán para fomentar ciertas actividades con el RIGI, pero no hubo respuesta. “No sólo no tienen las estimaciones sobre el gasto tributario que genera el RIGI sino que lo que evidencian estos pedidos de acceso a la información pública es que se diseñan las medidas de política económica sin adecuados análisis previos del impacto fiscal y menos aún del impacto socioambiental”, advierte el coordinador del área de investigación de FARN, Ariel Slipak. Entre los beneficiarios están YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, Golar, Rio Tinto, Sidersa, Galan Lithium, Acindar, PCR, McEwen Copper, Minas Argentinas -del español Juan José Retamero-, Barrick, Ganfeng y America Lithium, entre otros.

El Gobierno que dice que no hará política industrial pretende volver a elegir ganadores con el Súper RIGI, que rebajará Ganancias al 15% para determinados sectores: la cadena de valor del litio y del uranio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL (gas natural licuado) onshore (es decir, el que se comprime en plantas y no en barcos, como está proyectándose hasta ahora); los reactores nucleares pequeños y medianos; la producción de paneles solares y turbinas eólicas; los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos y los de la industria aeroespacial; los bienes industriales a partir de la pesca; los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros. También se menciona a la industria tecnomilitar de Palantir, Anthropic o Boeing.

Una pregunta es cómo se proveerá de energía a estas ideas del Súper RIGI si incluso hay dificultad para abastecer los proyectos del RIGI. Dos iniciativas aprobadas de minería en San Juan, Vicuña y Los Azules se enfrentarán el próximo 3 de junio en audiencia pública para definir cómo se reparte el escaso suministro eléctrico que pretenden ambos. La primera es de la canadiense Lundin y la australiana BHP y su rival, McEwen, también de Canadá. Después deberá resolver el ente regulador. “La oferta de energía va a tener que crecer junto con los proyectos. Hay varias compañías que quieren construir esa infraestructura. Nadia se va a quedar sin energía sino que compiten por mejores términos”, se ilusionan altas fuentes del Ministerio de Economía.

Otra duda radica en si se privilegiará a sectores inexistentes en Argentina, mientras otros que vienen de antaño se desmoronan pero pagan 35% de Ganancias y sostienen al Estado. Es lo que reclamó Rappallini en un artículo publicado por Infobae: un RIGI industrial. Los que en la UIA critican su anterior condescendencia con el Gobierno explican que este giro más duro responde a la presión de las bases ante derrumbes de la actividad. De todos modos, tampoco pierde las formas porque aspira a negociar la semana próxima cara a cara con el ministro de Economía, Luis Caputo. Claro que si a todos los sectores económicos les rebajas tributos, ¿quién pagará los impuestos que sostienen servicios básicos? ¿Las clases media y baja?

Porque además de Ganancias, el Estado mínimo de Milei resignó la recaudación de otros impuestos. La de bienes personales se derrumbó 81% por la baja de alícuotas y la elevación del nivel de patrimonio a partir del cual se tributa. Los ricos, felices de pagar menos impuestos, total ellos tienen seguridad propia, salud prepaga o educación privada -aunque claro que se sirven de la mano de obra formada en la pública-. No son de los que duermen en la calle ni de los que son mendigados por estos. Circulan por otras vidas. La recolección de impuestos internos también bajó 32%, en parte por las rebajas de los gravámenes a los consumos de lujo. Otra manito a los que más tienen.

La recaudación del gravamen de débitos y créditos cayó 8%, en otra señal de la fría actividad. Los aranceles a la importación, apertura mediante y ante el consumo retraído, recabaron 24% menos. Sólo mejoró lo recogido por las retenciones a la exportación, un 31%: pese a que el Gobierno benefició al campo con un recorte parcial de este impuesto -la Mesa de Enlace pide eliminarlas-, la comparación con 2023 resulta muy positiva porque aquel año la cosecha se derrumbó por una sequía histórica.

Ahora la seca pega a otros. A la salud, la ciencia, las jubilaciones, el desarrollo social, la educación, incluso las fuerzas armadas y de seguridad en su conjunto, la obra pública, las provincias y los municipios. Todos rubros recortados por la motosierra.

AR/MC

La cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei buscará este martes colmar plazas en todo el país bajo un fuerte reclamo contra el Gobierno por no cumplir con la ley de financiamiento, votada en dos oportunidades en el Congreso en 2025 y actualmente judicializada. La concentración principal será esta tarde a las 18 en la Plaza de Mayo, donde se leerá un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes.

En ese texto, al que accedió elDiarioAR, la comunidad universitaria acusa al Gobierno de incumplir “la regla democrática y constitucional básica” y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que no permita que el Ejecutivo siga ignorando una ley que el propio Congreso ratificó con mayoría agravada.

La convocatoria está organizada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y reúne a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el territorio nacional. En Buenos Aires, la concentración arranca desde las 14 en las inmediaciones del Congreso (así como en otros puntos del centro porteño) y las columnas confluirán en Plaza de Mayo a partir de las 17.

203 días sin aplicar la ley

El título del comunicado lo dice todo: “203 días sin aplicar la Ley”. Ese es el tiempo transcurrido desde que la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) fue ratificada por el Parlamento con mayoría de dos tercios en ambas cámaras —incluso después del veto presidencial— sin que el Ejecutivo la haya cumplido.

El choque institucional escaló además al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.

El comunicado es explícito: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.” Por eso el documento le pide directamente al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y que no permita que el Poder Ejecutivo continúe en esa senda.

Las universidades: el presupuesto que no llega

El deterioro financiero que describe el comunicado es estructural. Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.

El comunicado también describe el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.

El diagnóstico político que ofrece la universidad pública es tajante: el Poder Ejecutivo “en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.”

Los docentes y trabajadores: salarios en el piso histórico

El capítulo más duro del comunicado es el dedicado a los trabajadores universitarios. La declaración describe con precisión la brecha entre inflación y salarios: “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.”

Para dimensionar ese número en términos concretos, el documento lo traduce así: “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado.” Y ubica el resultado en perspectiva histórica: los salarios universitarios están “en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina.”

Las consecuencias son drásticas: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.” El 95% del presupuesto universitario se destina a salarios.

Los estudiantes: becas congeladas y expulsión silenciosa

El tercer frente que describe el documento es el de los estudiantes, donde el deterioro opera de manera más silenciosa pero igualmente profunda. El comunicado denuncia que “el sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro”.

Las Becas Progresar —la principal herramienta de apoyo económico para estudiantes de sectores populares— “permanecen congeladas frente a una inflación creciente”. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento.” Y las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC) están directamente “suspendidas”, siendo “el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.”

La de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, para impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión parlamentaria que ratificó la norma. En ninguno de los tres casos el Gobierno modificó su postura.

MC

El Gobierno salió públicamente a intenta dar su batalla dialéctica en la previa a la cuarta marcha universitaria de este martes, que se prevé masiva en el Congreso y la Casa Rosada, en CABA, y en otros puntos del país. El encargado fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que justificó el flamante ajuste monumental que se conoció este lunes por un decreto firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recorte alcanzó los $5.303 millones para obras de infraestructura universitaria y el funcionario aseguró que no se afectaron partidas educativas, sino que se trató de un ajuste que el Ministerio de Economía había acordado con el banco de desarrollo CAF. “Son fondos de Economía, comprometidos de la gestión anterior para obras que figuraban de un presupuesto de la CAF. Muchas obras son cuestionables, como por ejemplo auditorio. cuando nosotros priorizamos aulas. No son recortes universitarios, no son fondos de educación”, planteó Álvarez en una entrevista en radio Rivadavia.

En la Decisión Administrativa 20/2026 de ayer, las casas de altos estudios más golpeadas fueron la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Se conoció además que en la Secretaría de Educación el recorte asciende a $78.768 millones, siendo la mayor contradicción el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones; se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, y se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

En un intento de atacar la convocaria de la marcha, el funcionario insistió luego que “el presupuesto universitario es arbitrario, se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. “Queremos que el presupuesto sea asignado por indicadores claros, como la cantidad de alumnos. No hay recorte presupuestario de ningún tipo, lo que no hay es actualización salarial en la medida que quieren los gremios” admitió Álvarez, que ayer estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ofreció una rueda de prensa a algunos medios preseleccionados donde dijo que “la marcha es política”.

La marcha de este martes reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida por el Congreso el año pasado, con la actualización de las partidas que contempla la norma. Según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Por ahora la norma está suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema.

Los rectores habían reclamado para este año $7,3 billones para el funcionamiento integral de las universidades (salarios, materiales, obras), pero Milei le designó $4,8 billones en el Presupuesto 2026. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.

“Las universidades son para el radicalismo el equivalente a lo que es el sindicalismo para el peronismo. Están muy metidos”, se quejó Álvarez.

El conflicto por el presupuesto universitario se acrecentó en las últimas semanas porque los hospitales que dependen de la UBA denunciaron que podrían dejar de funcionar en junio si no reciben los fondos nacionales necesarios. El Gobierno transfirió a las universidades un monto presupuestado para las carreras asociadas a Medicina (unos $34 mil millones), pero la UBA reclama fondos por $80.000 millones que estarían destinados directamente a los hospitales y que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. “Se transfirió todo mes a mes. La UBA reclama un fondo que es común para todas las universidades”, se quejó Álvarez.

MC

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC

Este martes se llevará a cabo la cuarta Marcha Universitaria, y en la antesala de la movilización, la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una serie de clases públicas que se brindarán el lunes 11, en varias de sus facultades.

Esta iniciativa tiene como objetivo “visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario”, que el Gobierno Nacional debería aplicar de manera inmediata y que, según las declaraciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, no lo hacen porque en el proyecto sancionado “no se determinó de dónde sacarán los fondos” para otorgar dicho financiamiento.

Esta jornada previa a la Marcha Universitaria, comenzará a las 9 de la mañana, finalizará a las 19 y se realizará en las sedes de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria, con temas pertenecientes a los programas de cada una de las facultades.

En Económicas (Av. Córdoba 2122, CABA) habrá clases de Sistemas Contables y Matemática Aplicada 1 de 9.00 a 11.00hs., mientras que por la tarde, se dictará Actuarial 1 y Gestión y Costos para Contadores, de 17.00 a 19hs.

En Derecho (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, CABA), a partir de las 10.00hs., el decano Leandro Vergara dará una clase pública en las escalinatas, mientras que en Medicina (Paraguay 2155, CABA), desde 11:30hs., hará lo propio su par Luis Ignacio Brusco, junto al decano de Odontología, Pablo Rodríguez y de Farmacia y Bioquímica, Pablo Evelson.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Veterinarias (Av. Chorroarín 280, CABA) brindará una clase presentada por su decano Alejo Pérez Carrera, a partir de las 13.00hs. sobre Topografia de la región del antebrazo, dictada por el profesor y veterinario, Carlos Blanco.

La semana pasada, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y estudiantes convocaron a marchar en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, este martes 12, y denunciar que “han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%” y que esa situación “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas. 

Con información de agencias.

De Argentina a Indonesia, pasando por Francia, Estados Unidos, España y básicamente cualquier país, las malas praxis están por todas partes en la academia. Y, con ellas, la impunidad que las alimenta. “Son prácticas muy similares en todos sitios: extractivismo de ideas de gente a tu cargo, abusos de todo tipo...”, cuenta Ana Bravo-Moreno, coordinadora, junto a Francisco Ogáyar-Marín, del libro Los males de la academia. Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias (Peter Lang).

El texto, de título autoexplicativo, va más allá de la tradicional denuncia en clave de país y muestra que las prácticas cuestionables que se ven en los campus no son propias ni exclusivas de un solo país. Este hecho se refuerza con las diferentes nacionalidades y afiliaciones de sus autores, algunos de los cuales han escrito sus capítulos bajo pseudónimo para evitar, justamente, algunos de estos males de la academia en forma de represalias.

El libro aterriza en ejemplos concretos todo lo que explica de una manera teórica. Cuenta una investigación en Reino Unido que acusó a 300 académicos, incluido profesorado de alto nivel y directores de laboratorio, de intimidar a estudiantes y colegas. Habla de Indonesia y su problema con las fábricas de artículos y los papers falsos o copiados. En Portugal, dos figuras de prestigio como Boaventura de Sousa Santos y Bruno Sena Martins fueron acusados de acoso sexual. EE.UU. acumula episodios de acoso en las visitas de campo y la universidad sueca se tambaleó con un estudio sobre el amaño de puestos académicos, la endogamia y la cultura de la “corrupción de la amistad” en los campus.

Los diferentes autores van componiendo un relato en el que la discriminación por género, las microagresiones, el clientelismo, la intimidación, la producción fraudulenta de artículos o las malas prácticas alrededor de este submundo, la misoginia, los sesgos patriarcales, la intolerancia, la coacción y el hostigamiento psicológico aparecen con regularidad, casi como un escalón más de la carrera, en instituciones de todo el planeta.

En España, son conocidos los casos del rector de Salamanca, acusado de haber creado todo un sistema de autocitas para aumentar su prestigio, los de varios profesores y catedráticos de universidades catalanas apartados por diversos casos de acoso sexual y laboral o la frecuente práctica, que todo el que trabaja en una universidad conoce, de sacar plazas de funcionario que vienen con nombres y apellidos adjudicados. La lista, da igual si es nacional o foránea, sigue y sigue.

“El modelo se presta absolutamente a esto”, sostiene Bravo-Moreno a partir de 30 años de experiencia propia. “Las 12 universidades en las que estudié, enseñé e investigué durante más de 30 años, independientemente de su ubicación geográfica –cinco en el Reino Unido, tres en España y cuatro en EE.UU.— y del prestigio que estas universidades detentaban (...) me demostraron que el abuso de poder era endémico en la mayoría de ellas”, escribe en el capítulo 1.

La universidad y los centros de investigación tienen en general una estructura vertical muy definida, en la que el futuro de los que empiezan suele estar en la mano de sus superiores. “Si dependes de tu director de tesis y este tiene acceso a financiación de becas de investigación [de donde saldría el dinero para un eventual contrato], si no cuidas esa relación puedes malograr tu futuro académico en esa institución. Esto alimenta la relación clientelar en la que la parte débil favorecerá a ese director”, elabora.

Denunciar... aunque sea para nada

Esta profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explica que el mayor aprendizaje que ha realizado en sus tres décadas de carrera es la importancia de denunciar y exponer las situaciones. “Es necesario que se visibilice la dinámica de poder que existe en la academia, la universidad y los centros de investigación. Es necesario porque lo que no se nombra no existe. Luego no podrán decir que no lo sabían. Otra cosa es que se tomen cartas en el asunto”, explica.

Porque, admite pese a todo, es habitual que estas denuncias caigan en saco roto. “Cuando decidimos denunciar un caso de acoso, abuso de poder, endogamia o desequilibrio, vas al defensor universitario y te dice que es un mediador, que no puede pedir cuentas a la dirección de departamento o el decanato. Y los casos de acoso son sutiles a veces. ¿Cómo demuestras que no has sido incluida en decisiones del departamento si no hay nada por escrito, pero tú lo sabes? ¿O que has sido descartada por un tribunal que favorece unos perfiles y no otros y, casualidad, estos perfiles pueden tener una relación endogámica o clientelar con gente de ese tribunal?”, pregunta retóricamente.

En los últimos años, se han creado algunas figuras, admite Bravo-Moreno, pero son profesionales atrapados en su propia naturaleza. “Hay parches. Inspector de servicios, defensor universitario o defensores ante el acoso... Pero no son políticas o instrumentos de facto que ayuden a las personas. Porque quien está en ese puesto ha sido designado por la gobernanza o el equipo de rectorado de esa universidad. ¿Esas personas van a ir en contra del posible prestigio de esa institución o van a remar a favor de la institución y de quienes les han puesto ahí?”, reflexiona.

¿Y después?

Con todas las dificultades que conlleva, la denuncia en sí misma solo es el primer paso. ¿Qué hacer después? La profesora cree que en esas situaciones la persona denunciada debe ser apartada del puesto de manera temporal mientras se resuelve, aun con el riesgo de que se esté cometiendo una injusticia.

“En el libro contamos casos de catedráticos y otros profesores a los que, al cabo de los años, se les han dado cursos de formación como personas acosadoras, pero que seguían en su puesto. Imagínate que es una denuncia por violencia sexual. Se hace una investigación interna, que puede llevar meses, y la denunciante es una doctoranda. Tiene que seguir con esa relación. ¿Qué hacemos, cómo se protege a la parte vulnerable? ¿Y si la denuncia es cierta? ¿La mantenemos cinco años, como ha pasado veces?”, reflexiona.

Bravo-Moreno cree que buena parte del problema tiene su explicación en el nepotismo que atraviesa las instituciones. “La academia necesita ser móvil, universal, embeberse de otras prácticas en otros países. Si alimentas el nepotismo, el favoritismo desde que terminas la licenciatura, solo conoces lo tuyo. Eso es pernicioso, es un modelo sesgado que alimenta estas prácticas en detrimento de la universidad, que debería abrirse al mundo”, cuenta.

Algo que ya sucede en otros países, como EE.UU. “En las universidades de prestigio no se te permite seguir después de los estudios de posgrado”, ilustra. “Tienes que salir cinco años, acreditar otros contratos, méritos como investigadora, y solo entonces tu universidad te contratará. Esto es inexistente en España, pero es absolutamente necesario”, cierra.

La resolución judicial que reavivó el conflicto por el financiamiento universitario impacta directamente en quienes sostienen el sistema público: los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales. A partir de un reclamo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización automática de los salarios y becas según la inflación. La decisión, tomada por el juez Martín Cormick, representa el primer revés legal para el Gobierno en una pulseada presupuestaria que ya acumula meses de tensión.

La cautelar exige al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 795/2025, que había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, y convalida el reclamo del CIN sobre la necesidad urgente de recomponer ingresos para el personal universitario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

“La suspensión del decreto es provisoria, pero vuelve a poner en marcha el esquema de actualización que había sido congelado de forma unilateral por el Gobierno”, explicó una fuente universitaria a trabajAR.

El reclamo judicial se inició en octubre pasado, cuando el CIN promovió una acción de amparo colectivo. Alegó que el freno al financiamiento comprometía no solo el poder adquisitivo de los salarios y el acceso a becas, sino también derechos constitucionales como la educación y la autonomía universitaria.

La respuesta del magistrado fue contundente: el decreto presidencial incurre en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, y su aplicación implica un perjuicio inmediato que no requiere un análisis profundo de los hechos para ser comprobado. En términos prácticos, la Justicia avaló que el Poder Ejecutivo no puede omitir la ejecución de una ley ya vigente por razones presupuestarias, sin antes definir junto al Congreso las fuentes de financiamiento correspondientes.

Para los trabajadores del sector, la medida llega en un contexto de deterioro sostenido. Los docentes universitarios sufrieron una pérdida salarial estimada del 40% en lo que va del año, y las becas mantuvieron sus montos nominales a pesar de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había advertido en noviembre que “el congelamiento presupuestario está vaciando de contenido la educación pública”.

Por el lado estudiantil, organizaciones como la FUBA y centros de estudiantes del conurbano también celebraron la decisión judicial. “Sin becas no hay igualdad de oportunidades. Y sin salario no hay universidad”, expresaron en un comunicado conjunto. La bandera que encabezó las marchas de octubre y noviembre —“Sin presupuesto no hay educación”— ahora parece encontrar eco en los tribunales.

El conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno sostiene que la ley sancionada en septiembre “no previó las partidas necesarias” y por eso no está obligado a ejecutarla hasta que el Congreso disponga cómo financiarla. Sin embargo, el Congreso ya había ratificado la norma al rechazar el veto presidencial, lo que convierte al fallo judicial en un gesto de validación institucional clave.

JJD

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

JJD

Las universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará este miércoles con el objetivo de visibilizar el reclamo que llevan adelante, desde hace semanas, para que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso.

Varios gremios docentes aseguraron que la gestión del presidente Javier Milei debe llevar a cabo el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) aseguró que, hasta el momento, los salarios “no fueron recompuestos” y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el Presidente “quiera cumplir con la ley”.

“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, indicó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto también dialogó con Noticias Argentinas y sostuvo que esta medida, además de exigir la aplicación de una ley que establece un aumento salarial, pretende “frenar el vaciamiento” de la educación pública

“La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció.

Asimismo, Celoto detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario y que “no pueden sostener más” las tareas que deben llevar adelante con los sueldos que perciben: “En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, añadió.

Además, explicó que esta situación se traduce en “pedidos de cambio de dedicación”, es decir, de reducción de horas en las tareas, y alertó sobre las consecuencias a largo plazo de esta problemática porque “se están vaciando” los equipos de trabajo.

“Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados,” indicó.

Por último, la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT /IS) y docente de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, enfatizó en la crítica situación económica de los trabajadores universitarios y calificó a las remuneraciones que perciben como “salarios de miseria”.

“Un docente que ingresa y que está siendo ayudante de primera, trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y que no cobran salarios”, declaró a Noticias Argentinas.

Para cerrar, sostuvo que la universidad argentina se mantiene gracias al “esfuerzo tremendo de los docentes, no docentes y de los estudiantes”, quienes resisten a un “ajuste histórico” que persigue la privatización indirecta del sistema.

Finalmente, acusó a la gestión de Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de “incumplir de manera completamente ilegal una ley que fue votada por ambas Cámaras” y que “se conquistó con la movilización de la comunidad educativa”.

“Llamamos a toda la sociedad a que nos apoye. Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y sus cómplices que no quieren aplicar una ley conquistada y necesaria para el desarrollo del país”, sentenció la diputada.

Con información de Noticias Argentinas.

IG

“Hace más de 30 años fui bienvenido en la Argentina, donde fui a estudiar medicina. Me formé y me recibí de médico neurocirujano...”. Con ese recuerdo el presidente del Congreso de Paraguay buscó congraciarse con Javier Milei durante su visita al vecino país, pero el ejemplo no cayó en la mejor ocasión para el libertario: la Casa Rosada enfrenta este miércoles una fuerte marcha contra el veto presidencial al financiamiento universitario y una posible derrota ante la oposición en la Cámara de Diputados.

El anfitrión de Milei en el Congreso paraguayo fue Basilio “Bachi” Núñez, quien habló antes del mandatario en su última exposición de su gira de dos días en Paraguay. Núñez estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, situada en la provincia de Chaco, hacia fines de los 80 y principios de los 90.

El pergamino de Núñez generó un escándalo en Paraguay años atrás porque se puso en duda la veracidad de sus estudios. Según la Dirección de Registros y Control de Profesionales del Ministerio de Salud y Bienestar Social paraguayo, el parlamentario se encuentra registrado con el título de médico cirujano, con registro profesional número 5.566 otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste e inscripto el 2 de diciembre de 1996, según publicó el diario ABC.

El año pasado, Núñez tuvo que volver a defenderse de las críticas y ante medios locales buscó aclarar: “No soy un chamán. Soy médico neurocirujano. Estudié 7 años en la universidad y después en Argentina. Hice 5 años neurocirugía. Fui jefe de residentes, de sala. Operé en Emergencias Médicas, en Itauguá, en Clínicas, en IPS y conozco la vida médica”.

Milei cierra su gira paraguaya

En su disertación en una sesión especial organizada por el Congreso, Milei destacó la posibilidad de dar lugar a la “apertura comercial” en un mensaje al Mercosur.

“No tengo dudas de que será de provecho para ambos pueblos y será de inspiración a todos los países de la región que encuentren en la apertura comercial y la cooperación voluntaria el camino hacia un futuro mejor para todo el continente”, expresó desde el Palacio Legislativo en un mensaje al bloque regional que se muestra reacio a los acuerdos comerciales por fuera de la estructura de la región, aunque en el último tiempo ha aplicado flexibilizaciones.

Ante los diputados y senadores y los miembros de la Corte Suprema paraguaya, el mandatario elogió las políticas económicas y sociales del vecino país al sostener que la Argentina tiene mucho que “aprender”.

La participación de la sesión en el Congreso completó la visita de dos días: ayer Milei participó de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y se reunió con Santiago Peña

MC

“El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”. La frase no proviene de un opositor partidario, sino de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), y resume el espíritu con el que miles de trabajadores y trabajadoras marcharán este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. En la antesala de una jornada clave en la Cámara de Diputados, que tratará los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, los salarios son uno de los ejes de un conflicto que crece.

Según los recibos de sueldo correspondientes a agosto, un enfermero del Garrahan con 35 horas semanales de tareas cobró entre $849.678 y $1.243.283, dependiendo de su categoría y antigüedad. Un técnico del hospital especializado en hemodiálisis, con 42 horas semanales, recibió $1.039.101 de salario neto. Un auxiliar administrativo cobró $958.372, mientras que un auxiliar de jardín obtuvo $849.678. El caso de Gerardo Oroz, delegado de ATE y auxiliar de farmacia, es ilustrativo: “Mi salario es de $960.000 y el inicial en mi categoría es de $800.000. La diferencia, incluso con años de antigüedad, es muy baja”, dijo a elDiarioAR.

No se trata de trabajadores precarizados o contratos temporarios, es personal altamente calificado, profesionales con mucho más de diez años de servicio en un hospital pediátrico de referencia internacional. ¿Cómo llegó a este punto un emblema de la salud pública como el Garrahan?

La respuesta está en el ajuste. Como denunció la APyT, el Gobierno mantiene congelado desde hace un año el ítem de recursos genuinos, que debería actualizarse con la recaudación de prepagas y obras sociales. Actualmente representa $200.000 por trabajador, pero según los gremios debería rondar los $540.000 para equipararse con la inflación del último año. Se trata de un componente clave del salario en el hospital, financiado por el propio sistema y no por el Tesoro Nacional, que el Ejecutivo decidió no actualizar.

La situación de los docentes universitarios no es distinta. De acuerdo con las escalas salariales de febrero de 2025, un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad cobra $1.034.507 brutos. Tras los descuentos, el salario neto queda en aproximadamente $837.950. Para alcanzar los $2 millones, un titular debe contar con más de 20 años de antigüedad, un posgrado de doctorado y dedicación exclusiva. En la mayoría de los casos, los docentes con máxima jerarquía y formación apenas rozan los $1.500.000 de bolsillo.

Un profesor adjunto, con más de diez años en el cargo, percibe entre $1.200.000 y $1.400.000 brutos. Los cargos más bajos, como los auxiliares de primera, apenas superan los $579.000 netos al iniciar su carrera. Además, el Gobierno eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba una ayuda complementaria de $16.450 por cargo. Esta decisión redujo aún más el poder adquisitivo de miles de docentes preuniversitarios.

Los datos muestran que la diferencia entre el salario inicial y el alcanzado con años de antigüedad no supera, en promedio, el 20 o 30%. Esto implica una carrera congelada en términos reales. En palabras de Oroz: “La diferencia entre un ingreso inicial y uno con 10 años en el hospital es mínima. El reconocimiento a la trayectoria desapareció”.

Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei defiende su decisión de vetar las leyes votadas en el Congreso con el argumento de que implicarían un aumento insostenible del gasto. En el texto oficial, se afirma que “una expansión del gasto sin respaldo real derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. Sin embargo, los salarios actuales ya se encuentran erosionados, sin necesidad de emisión alguna.

Se trata de dos sectores clave para el funcionamiento del Estado. La salud pediátrica de alta complejidad y la educación superior gratuita son pilares de la democracia argentina. Ningún gobierno anterior, desde 1983, se había atrevido a desfinanciarlos de manera tan brutal. La gestión Milei achica el Estado cada día, pero sigue cobrando a los ciudadanos los mismos impuestos que prometió bajar.

Los trabajadores que hoy marchan no reclaman privilegios, sino salarios acordes a su formación, experiencia y responsabilidad. Mientras atienden a niños con enfermedades críticas o forman a las futuras generaciones, cobran sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Qué puede esperarse de un país que desoye las demandas de quienes lo sostienen desde sus hospitales y sus aulas?

JJD

El presidente Javier Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”. Sin embargo, las autoridades de la UBA manifestaron en las últimas horas, mediante un comunicado en su página oficial, un enérgico rechazo a la propuesta del mandatario, al tiempo que mantienen su plan de lucha, con la marcha federal este miércoles mientras sesiona el Congreso, y con un apagón para este martes desde las 20 contra los vetos presidenciales a las Leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan.

“Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”, explicaron en el comunicado.

Y detallaron:

“La partida prevista para 2026 no contempla:

Asimismo, desde la UBA advirtieron que, medida en relación al PBI, “la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI”.

Y cerraron el comunicados con un pedido a diputados y senadores: “Más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.

Medidas de emergencia

La UBA anunció una serie de disposiciones destinadas a reducir su gasto operativo, en línea con el anuncio realizado la semana pasada por el rector Ricardo Gelpi durante la conferencia de prensa en la que advirtió que la Universidad funcionará en “estado crítico”. En este marco, se dispusieron las siguientes medidas:

Las medidas previamente mencionadas resultan complementarias de otras que la Universidad viene realizando en algunos casos hace años: plan de reducción de alquiler de edificios; inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía eléctrica, gas y agua; readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos.

Marcha al Congreso

Mientras la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario quedó confirmada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para el miércoles a las 13, estudiantes y docentes comenzaron este lunes con clases abiertas una semana con foco puesto en la marcha del 17 en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no acatar las normas sancionadas por el Congreso.

Las actividades comenzaron este lunes a las 9 con una clase pública en las escalinatas de la facultad, encabezada por el decano Leandro Vergara. “El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo”, advirtió en rueda de prensa.

Para Vergara, “no es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, detalló, al tiempo que remarcó que la única expectativa que tienen autoridades, docentes y estudiantes para la sesión del miércoles en el Congreso es “el rechazo del veto presidencial”.

“Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley”, sostuvo el decano de Derecho.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, será en conjunto con los trabajadores del Hospital Garrahan y se replicará también en varios puntos del país. En tanto, las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.

“Estado crítico”

La Universidad de Buenos Aires pasará a funcionar “en estado crítico para terminar el año”, así lo anunció días atrás el rector, Ricardo Gelpi, luego de conocerse el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo.

De acuerdo a Gelpi, “la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina” y “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, advirtió.

Tras la confirmación vía Boletín Oficial del veto a la Ley de Financiamiento Educativo –que sancionó el Senado el 22 de agosto pasado con 58 votos afirmativos y 10 negativos–, las autoridades de las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), brindaron el pasado jueves una conferencia de prensa para reclamar por el futuro de la educación, la salud y la ciencia y pedirle al Congreso “que sostenga esta ley”.

Para el rector de la UBA, “sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible, no hay futuro para el país”. “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”, detalló el catedrático.

En su discurso frente a los medios, el rrector de la UBA apeló a “la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.

Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, dijo que los miembros de las comunidades educativas estaban “muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que se pudiera recapacitar en un contexto tan delicado del país”, reflexionó.

Según la autoridad de la universidad rosarina, “el Presidente de la Nación tenía la oportunidad de corregir errores, de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y sin comprometer al Estado garantizaba condiciones mínimas para llegar a fin de año funcionando con normalidad. Necesitamos que el Congreso sostenga esta ley”, pidió.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Consejo Superior del Rectorado de la UBA y estuvo encabezada por su máxima autoridad, Ricardo Gelpi; el presidente del CIN, Oscar Alpa; y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.

El reclamo de las universidades nacionales

A fines de agosto, en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestaron, ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795 (que se confirmó en la madrugada de este jueves), “aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma”.

Los fundamentos del rechazo al veto presidencial

En una serie de movimientos institucionales combinados con la acción en las calles, la oposición ha tomado posiciones firmes ante los vetos presidenciales que afectaron leyes sensibles como la Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan, el Financiamiento Universitario y la modificación de la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El jueves pasado el Ejecutivo rechazó formalmente las leyes de Garrahan y universidades. En respuesta, varios bloques opositores —Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal— pidieron convocar una sesión especial para el miércoles 17 de septiembre a las 13 hs en Diputados. El jueves 18, el Senado buscará replicar la maniobra al rechazar el veto a la regulación los ATN, un cable de alta tensión que podrá marcar de aquí en adelante el vínculo entre el gobierno nacional y los gobernadores. El jefe de la bancada peronista, José Mayans, aventura que los gobernadores se posicionarán en defensa de una ley que ellos mismos han impulsado.

En el caso de la Ley de Emergencia en Pediatría, que pone en el epicentro la situación del Hospital Garrahan, los dos tercios estarían casi asegurados. La ley ha logrado construir una mayoría en agosto. 

La ley de financiamiento universitario aparece como un desafío mayor, aunque la oposición confía en que, con el respaldo del flamante bloque opositor a Martín Menem que encabezan Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, podrá revertir el veto presidencial. En paralelo, los rectores ya comenzaron a moverse y ejercen presión sobre legisladoras del PRO y la UCR que dictan clases en universidades nacionales.

Particularmente en el peronismo, se siguen de cerca los movimientos de los gobernadores nucleados en “Provincias Unidas”, un espacio que busca proyectarse como opción frente a Milei en 2027. La expectativa es que Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes) acompañen la propuesta.

Diferentes estrategias

Según informó Parlamentario.com, la demora en el pedido de sesión respondía a la falta de acuerdo sobre las fechas. El bloque Democracia para Siempre (DpS), que reúne a los radicales disidentes bajo la conducción de Pablo Juliano, evaluó desde un principio convocar el miércoles 17 de septiembre para insistir con los dos vetos: tanto el que afecta al Hospital Garrahan como el de universidades.

En cambio, Unión por la Patria había analizado una estrategia diferente. Plantearon dividir los debates en dos jornadas: el 17 de septiembre tratar el veto a la Emergencia Pediátrica y el 24 discutir el financiamiento universitario. Según el mismo medio, en esa bancada aún debaten cuál es la mejor táctica y mantienen conversaciones constantes con DpS.

Sobre el final de la cumbre de la oposición para definir la estrategia, también según parlamentario.com, Miguel Pichetto, presidente de la bancada Encuentro Federal, se opuso a la incorporación del emplazamiento a la reforma de la Ley N° 26.122 (es decir, el marco regulatorio de los DNU). El tema está en el temario, pero el titular de bloque no firmó el pedido de sesión.

Temas adicionales: la oposición a la ofensiva

La sesión tendrá un temario amplio que incluye pedidos de informes verbales contra Karina Milei y Guillermo Francos, vinculados al escándalo en la ANDIS y a presuntas irregularidades en contrataciones de medicamentos. También se discutirá el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con la modificación de la Ley 26.122 sobre decretos de necesidad y urgencia, ya con media sanción del Senado. La oposición buscará además impulsar la comisión investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado y emplazar proyectos pendientes en Presupuesto y Hacienda, entre ellos la emergencia en ciencia y técnica, la ley de Alzheimer y los planes de prevención del embarazo adolescente. A esto se suma el debate sobre la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el escándalo que derivó en la salida de Diego Spagnuolo. Finalmente, se intentará rechazar cuatro decretos: dos de facultades delegadas —el que transforma el INA (Instituto Nacional del Agua de Argentina) y otro que fusiona el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) con el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) y el que reestructura la Agencia de Materiales Controlados— y dos DNU, uno que modifica terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género y otro que aprueba el nuevo estatuto de la Policía Federal.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca de Unión por la Patria; de Pablo Juliano, Facundo Manes y Carla Carrizo de Democracia para Siempre; de Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño y Mónica Fein de Encuentro Federal; y de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, entre otros.

Sesión caliente adentro y afuera

Si se logra el quórum este miércoles, la sesión especial se llevará adelante en el marco de movilizaciones en las afueras del Congreso Nacional que pueden ser masivas. Como ya ha sucedido, nuevos sectores pueden convocar también a las calles, además de la comunidad universitaria, los residentes del Garrahan y las organizaciones de jubilados de cada miércoles estarán presentes.

MU

Javier Milei decidió acelerar en la curva, y ahora es el turno del Congreso. Envalentonados tras la derrota de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, la oposición sesionará el próximo miércoles para voltear el veto a la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y al Financiamiento Educativo. Se esperan marchas federales, paros nacionales y gente en las calles, y la Cámara de Diputados buscará hacer lo propio y pavimentar el inicio de la campaña nacional del Gobierno con dos nuevas derrotas legislativas.

Fue motivo de discusión interna si unir todo en una mega sesión o si ir por partes. Los rectores pidieron tiempo para organizar la marcha federal, la tercera en tiempos de Milei, pero la oposición terminó resolviendo que la mejor estrategia era resolver los dos vetos el mismo día. Las universidades tienen planeado, además, un plan de lucha que comenzará este viernes con un paro general: el objetivo es generar un clima de presión social que permita, de acá al miércoles, torcer las voluntades de los aliados incómodos del oficialismo. 

En el Congreso no hubo sorpresa. La multipartidaria opositora de la Cámara de Diputados estaba preparada cuando llegó la comunicación oficial de los vetos a la Ley de Financiamiento Educativo y a la declaración de la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. En menos de 12 horas, los secretarios parlamentarios del peronismo, el pichettismo, el radicalismo díscolo, la izquierda y la Coalición Cívica pactaron una reunión virtual para definir un plan de acción y definieron convocar una sesión. 

Había que actuar rápido y aprovechar el clima social que había posibilitado, la semana pasada, voltear el veto a la emergencia en Discapacidad. Pero primero había que asegurar el número.

La ley de emergencia pediátrica es el punto débil del Gobierno. Sancionada al calor de las protestas y medidas de fuerza de los trabajadores y familias del Hospital Garrahan, que reclamaban recursos y una recomposición salarial, la iniciativa se aprobó en Diputados con dos tercios. La ley tuvo solo 67 votos en contra, provenientes de las espadas más leales del PRO y LLA. 

Solo los radicales “con peluca” Luis Picat y Francisco Monti votaron en contra: el resto de la UCR optó por ausentarse o votar a favor. Lo mismo sucedió con los gobernadores más fieles. Ninguno quería exponerse a votar en contra de una ley que buscaba garantizar el funcionamiento del hospital pediátrico más importante de América Latina. 

En la oposición se muestran confiados en que podrán repetir el número e, incluso, sumar algunos votos más entre los gobernadores. La cercanía con las elecciones de octubre juega a su favor, así como la cantidad de heridos que dejó el armado de las listas. El Gobierno se granjeó enemigos en Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, que solían jugar con Milei -algunos siempre, algunos a veces- y hoy no encuentran “negocio” en alinearse con LLA. 

El baile de los gobernadores

“Los tipos no quieren subirse al Titanic”, desliza un armador opositor, que dialoga con varios de los gobernadores a los que el Gobierno les creó un Ministerio del Interior para retomar el diálogo. Los tres que fueron el jueves a la Rosada -Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- representan el núcleo duro de los “afines”. No son ellos los que la oposición buscará convencer: el ojo está puesto en los que no fueron. 

Algunos, como Gustavo Sáenz (Salta), ya le declararon la guerra al Gobierno. Fiel aliado de Milei durante dos años, el gobernador salteño ahora lo llama “paloma de iglesia” y lo acusa de haberlo “cagado en las obras y en lo electoral”. Una de sus diputadas, Yolanda Vega, ya definió sumarse a varios de los embates opositores: la comisión $LIBRA, la citación a Karina Milei, los dictámenes de la comisión de Discapacidad. El Gobierno no solo pierde aliados solo para una ley, sino que los pierde para todas.

Los gobernadores aglutinados bajo el sello de “Provincias Unidas”, la nueva invención electoral de “centro” del consultor Guillermo Seita, también tienen pretensiones de convertirse en un factor de poder. Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Gustavo Valdés, Ignacio Torres, Carlos Sadir y Claudio Vidal fantasean con convertirse en una alternativa a Milei en 2027 con el aval del círculo rojo y parte del establishment económico, por lo que juegan a diferenciarse del presidente mientras esperan una llamada de Lisandro Catalán.

En el radicalismo y el pichettismo esperan que, cuando llegue el momento, este sector cumplirá con su palabra y jugará a favor de las leyes. Pero no todos confían. El peronismo sospecha que el ex “Grito Federal” volverá a especular hasta último momento. “Si Nacho Torres te dice que está soleado vos llevá paraguas”, masculla un referente de la bancada peronista. 

Financiamiento Universitario, la revancha

El verdadero desafío de la oposición será lograr lo que no consiguió hace un año, cuando Milei vetó la primera ley de Financiamiento Universitario, causó la primera Marcha Federal universitaria y, pese a todo, logró blindar el veto. La iniciativa contará con el respaldo de los rectores, docentes y estudiantes de todo el país, que marcharán y levantarán el teléfono para presionar a los diputados indecisos. 

“Nosotros necesitamos votos. La marcha está bien, pero necesitamos votos”, sostiene, nerviosa, una diputada del peronismo. La iniciativa, que actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y que recompone el salario de docentes y no docentes, fue aprobada en agosto con 158 votos a favor y 75 en contra en agosto. Estuvo a solo un voto de conseguir los dos tercios, casi nada, pero en la oposición están intranquilos.

Tienen cinco días para torcer las voluntades de quienes se abstuvieron o votaron en contra, muchos de los cuales son docentes en universidades nacionales. Ese es el caso de diputadas del PRO, como Ana Clara Romero, Germana Figueroa Casas y Sabrina Ajmechet, o de diputados del radicalismo violeta, como Martín Arjol. “Estamos muy cerca, pero necesitamos compromisos más férreos y que no se caiga ninguno. Empezamos ahora”, anticipa, más esperanzada, una diputada del radicalismo.

La cuenta regresiva comenzó. La oposición está empoderada, observa que el Gobierno no reacciona y aspira a asestarle una nueva derrota legislativa. Milei movió, ahora es turno del Congreso.

MC/MG

Javier Milei empezó a cumplir este miércoles con su amenaza de vetar las leyes que la oposición logró sancionar en el Congreso. Primero, sobre el filo del plazo constitucional, envió en la tarde de este miércoles al Parlamento la comunicación formal del rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba aumentos para gastos de funcionamiento, becas y salarios docentes. Más tarde, se publicó el rechazo del Ejecutivo a la Ley de Emergencia Pediátrica, con el argumento de la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.

La decisión no sorprende: el propio Milei había ratificado en su búnker electoral que el rumbo económico no se negocia, incluso tras la derrota frente al peronismo. Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el veto será total también para la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En los fundamentos del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo sostiene que la ley aprobada por el Congreso carece de una fuente de financiamiento concreta y suficiente. Señala que el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera exige que toda norma que disponga gastos especifique los recursos para solventarlos, algo que –según el decreto– no se cumple en este caso. Para la Casa Rosada, la norma aprobada por el Parlamento se limita a ordenar readecuaciones de partidas y a mencionar ingresos por encima de lo presupuestado, pero sin identificar qué rubros se verían afectados ni cómo se cubriría el déficit si esos recursos no alcanzan.

El Ejecutivo detalla además que la implementación de la ley implicaría un costo adicional de más de un billón de pesos en 2025, producto de la actualización de partidas, aumentos salariales para docentes y no docentes, y recomposición de becas estudiantiles. Advierte que semejante erogación generaría un “desequilibrio fiscal” que presionaría sobre la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.

En esa línea, el decreto argumenta que promulgar la ley pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica, forzando emisión monetaria para cubrir gastos sin respaldo. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, afirma el texto. El Gobierno insiste en que el debate sobre mayores recursos para las universidades debe darse en el marco de la discusión integral del Presupuesto 2026, que se enviará al Congreso el 15 de septiembre.

Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:

“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.

Tensión con gobernadores y estrategia política

Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política:

Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos “en serio” y “negociación”, se sienten “fuertes” con su alianza de Provincias Unidas. La posibilidad de que Milei vete también la ley de ATN genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. El Presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera “ruidos internos” en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, reafirmó Milei en X.

Congreso en alerta

En Diputados, la oposición ya impulsa una sesión especial para el miércoles 17, donde se planifica insistir con la ley universitaria y la del Garrahan. En paralelo, el Senado acordó sesionar el jueves 18 con una agenda amplia, que podría incluir también la insistencia sobre los ATN, una vez que se confirme el veto presidencial.

El procedimiento requiere dos tercios de los votos en ambas cámaras. La semana pasada, el Congreso ya había volteado el primer veto de Milei, el de la emergencia en discapacidad, lo que envalentonó a la oposición. “No vamos a esperar, vamos a avanzar”, adelantó un diputado opositor clave.

Gobernadores enfrentados

El proyecto de coparticipación de los ATN, que hoy la Nación reparte discrecionalmente, también se encuentra en la mira. Para la Casa Rosada, la medida representaría un golpe político, aunque equivalga apenas al 0,03% del PBI. Gobernadores de Provincias Unidas ya preparan una cumbre en Córdoba para responder con una foto de unidad. “Es insólito que el primer contacto con el flamante ministro del Interior sea para comunicarnos un veto”, se quejó un dirigente provincial.

La pulseada sigue

Mientras el oficialismo promete “propuestas superadoras” y la oposición afila la estrategia para insistir, la pulseada recién comienza. Lo que está en juego no es sólo el financiamiento de universidades, la salud pediátrica y los fondos provinciales: también se mide la capacidad de Milei de sostener su programa de ajuste frente a un Congreso que ya demostró que puede desafiarlo.

JJD

El sector universitario prepara una nueva marcha federal contra la decisión de Javier Milei de vetar la nueva ley de financiamiento que sancionó el Congreso la semana pasada. La protesta se definió este jueves en un encuentro de rectores, gremios de docentes y no-docentes, y estudiantes, en el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que se desarrolla en Rosario.

La fecha prevista para la movilización oscila entre el 17 y 24 de septiembre próximos, dos miércoles en los que se espera que se reúna la Cámara de Diputados para debatir el nuevo veto presidencial, según pudo saber elDiarioAR de participantes de la reunión.

La sesión que busca la oposición aún no está confirmada y está a la espera del momento en que Milei haga efectiva su voluntad de vetar la norma ya sancionada.

La semana pasada el Senado aprobó la ley que aumenta el presupuesto universitario con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones; es decir que logró ya el aval de los dos tercios del pleno de la Cámara alta. Ahora la insistencia iniciará su recorrido en Diputados, donde la ley se aprobó con 158 votos, quedando muy cerca del piso de los dos tercios que se necesitan para quedar blindada post veto mileísta.

El proyecto impone actualizaciones presupuestarias para el funcionamiento de las universidades teniendo en cuenta lo perdido en 2024 y hasta ahora este años, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias y subas en las becas estudiantiles.

La tercera marcha federal coronaría el proceso que se abrió el año pasado con la multitudinaria protesta del 23 de abril. Luego hubo una segunda marcha el 2 de octubre, que si bien fue importante fue menos imponente en su convocatoria, ya que pasó de la Plaza de Mayo al Congreso.

Esas marchas no impidieron que la oposición ratificara la ley aprobada, ya que el oficialismo consiguió blindar el primer veto de Milei gracias a los “85 héroes”, entre ellos los flamantes “radicales con peluca” que acompañaron al oficialismo.

La expectativa de los universitarios es que esta vez la oposición pueda insistir favorablemente con la nueva ley, sobre todo en medio de la seguidilla de golpes parlamentarios y políticos que recibió en las últimas semanas el Gobierno.

MC

La oposición en la Cámara de Diputados busca este miércoles darle un revés al Gobierno al intentar votar una serie de proyectos con fuerte impacto social, pero que según Javier Milei atentan contra el déficit cero y el ajuste permanente. El temario es tan extenso que se espera una sesión de unas 13 horas, según los cálculos parlamentarios preliminares. Los ítems más importantes que se van a votar serán el aumento de recursos para las universidades y la emergencia en pediatría, a partir de la crisis del Hospital Garrahan. Los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria y declaración de emergencia en discapacidad se tratarían recién en dos semanas.

Hoy sí se buscaría rechazar el veto a la ley de creación de un fondo para la reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación (insistencia que ya tiene el visto bueno del Senado). Los gobernadores impulsan la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación del impuesto a los combustibles líquidos, proyectos que serán emplazados por el cuerpo para obligar a la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, que los discuta. Aquí, un resumen de los principales proyectos y su situación parlamentaria: