De Argentina a Indonesia, pasando por Francia, Estados Unidos, España y básicamente cualquier país, las malas praxis están por todas partes en la academia. Y, con ellas, la impunidad que las alimenta. “Son prácticas muy similares en todos sitios: extractivismo de ideas de gente a tu cargo, abusos de todo tipo...”, cuenta Ana Bravo-Moreno, coordinadora, junto a Francisco Ogáyar-Marín, del libro Los males de la academia. Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias (Peter Lang).

El texto, de título autoexplicativo, va más allá de la tradicional denuncia en clave de país y muestra que las prácticas cuestionables que se ven en los campus no son propias ni exclusivas de un solo país. Este hecho se refuerza con las diferentes nacionalidades y afiliaciones de sus autores, algunos de los cuales han escrito sus capítulos bajo pseudónimo para evitar, justamente, algunos de estos males de la academia en forma de represalias.

El libro aterriza en ejemplos concretos todo lo que explica de una manera teórica. Cuenta una investigación en Reino Unido que acusó a 300 académicos, incluido profesorado de alto nivel y directores de laboratorio, de intimidar a estudiantes y colegas. Habla de Indonesia y su problema con las fábricas de artículos y los papers falsos o copiados. En Portugal, dos figuras de prestigio como Boaventura de Sousa Santos y Bruno Sena Martins fueron acusados de acoso sexual. EE.UU. acumula episodios de acoso en las visitas de campo y la universidad sueca se tambaleó con un estudio sobre el amaño de puestos académicos, la endogamia y la cultura de la “corrupción de la amistad” en los campus.

Los diferentes autores van componiendo un relato en el que la discriminación por género, las microagresiones, el clientelismo, la intimidación, la producción fraudulenta de artículos o las malas prácticas alrededor de este submundo, la misoginia, los sesgos patriarcales, la intolerancia, la coacción y el hostigamiento psicológico aparecen con regularidad, casi como un escalón más de la carrera, en instituciones de todo el planeta.

En España, son conocidos los casos del rector de Salamanca, acusado de haber creado todo un sistema de autocitas para aumentar su prestigio, los de varios profesores y catedráticos de universidades catalanas apartados por diversos casos de acoso sexual y laboral o la frecuente práctica, que todo el que trabaja en una universidad conoce, de sacar plazas de funcionario que vienen con nombres y apellidos adjudicados. La lista, da igual si es nacional o foránea, sigue y sigue.

“El modelo se presta absolutamente a esto”, sostiene Bravo-Moreno a partir de 30 años de experiencia propia. “Las 12 universidades en las que estudié, enseñé e investigué durante más de 30 años, independientemente de su ubicación geográfica –cinco en el Reino Unido, tres en España y cuatro en EE.UU.— y del prestigio que estas universidades detentaban (...) me demostraron que el abuso de poder era endémico en la mayoría de ellas”, escribe en el capítulo 1.

La universidad y los centros de investigación tienen en general una estructura vertical muy definida, en la que el futuro de los que empiezan suele estar en la mano de sus superiores. “Si dependes de tu director de tesis y este tiene acceso a financiación de becas de investigación [de donde saldría el dinero para un eventual contrato], si no cuidas esa relación puedes malograr tu futuro académico en esa institución. Esto alimenta la relación clientelar en la que la parte débil favorecerá a ese director”, elabora.

Denunciar... aunque sea para nada

Esta profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explica que el mayor aprendizaje que ha realizado en sus tres décadas de carrera es la importancia de denunciar y exponer las situaciones. “Es necesario que se visibilice la dinámica de poder que existe en la academia, la universidad y los centros de investigación. Es necesario porque lo que no se nombra no existe. Luego no podrán decir que no lo sabían. Otra cosa es que se tomen cartas en el asunto”, explica.

Porque, admite pese a todo, es habitual que estas denuncias caigan en saco roto. “Cuando decidimos denunciar un caso de acoso, abuso de poder, endogamia o desequilibrio, vas al defensor universitario y te dice que es un mediador, que no puede pedir cuentas a la dirección de departamento o el decanato. Y los casos de acoso son sutiles a veces. ¿Cómo demuestras que no has sido incluida en decisiones del departamento si no hay nada por escrito, pero tú lo sabes? ¿O que has sido descartada por un tribunal que favorece unos perfiles y no otros y, casualidad, estos perfiles pueden tener una relación endogámica o clientelar con gente de ese tribunal?”, pregunta retóricamente.

En los últimos años, se han creado algunas figuras, admite Bravo-Moreno, pero son profesionales atrapados en su propia naturaleza. “Hay parches. Inspector de servicios, defensor universitario o defensores ante el acoso... Pero no son políticas o instrumentos de facto que ayuden a las personas. Porque quien está en ese puesto ha sido designado por la gobernanza o el equipo de rectorado de esa universidad. ¿Esas personas van a ir en contra del posible prestigio de esa institución o van a remar a favor de la institución y de quienes les han puesto ahí?”, reflexiona.

¿Y después?

Con todas las dificultades que conlleva, la denuncia en sí misma solo es el primer paso. ¿Qué hacer después? La profesora cree que en esas situaciones la persona denunciada debe ser apartada del puesto de manera temporal mientras se resuelve, aun con el riesgo de que se esté cometiendo una injusticia.

“En el libro contamos casos de catedráticos y otros profesores a los que, al cabo de los años, se les han dado cursos de formación como personas acosadoras, pero que seguían en su puesto. Imagínate que es una denuncia por violencia sexual. Se hace una investigación interna, que puede llevar meses, y la denunciante es una doctoranda. Tiene que seguir con esa relación. ¿Qué hacemos, cómo se protege a la parte vulnerable? ¿Y si la denuncia es cierta? ¿La mantenemos cinco años, como ha pasado veces?”, reflexiona.

Bravo-Moreno cree que buena parte del problema tiene su explicación en el nepotismo que atraviesa las instituciones. “La academia necesita ser móvil, universal, embeberse de otras prácticas en otros países. Si alimentas el nepotismo, el favoritismo desde que terminas la licenciatura, solo conoces lo tuyo. Eso es pernicioso, es un modelo sesgado que alimenta estas prácticas en detrimento de la universidad, que debería abrirse al mundo”, cuenta.

Algo que ya sucede en otros países, como EE.UU. “En las universidades de prestigio no se te permite seguir después de los estudios de posgrado”, ilustra. “Tienes que salir cinco años, acreditar otros contratos, méritos como investigadora, y solo entonces tu universidad te contratará. Esto es inexistente en España, pero es absolutamente necesario”, cierra.

La resolución judicial que reavivó el conflicto por el financiamiento universitario impacta directamente en quienes sostienen el sistema público: los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales. A partir de un reclamo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización automática de los salarios y becas según la inflación. La decisión, tomada por el juez Martín Cormick, representa el primer revés legal para el Gobierno en una pulseada presupuestaria que ya acumula meses de tensión.

La cautelar exige al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 795/2025, que había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, y convalida el reclamo del CIN sobre la necesidad urgente de recomponer ingresos para el personal universitario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

“La suspensión del decreto es provisoria, pero vuelve a poner en marcha el esquema de actualización que había sido congelado de forma unilateral por el Gobierno”, explicó una fuente universitaria a trabajAR.

El reclamo judicial se inició en octubre pasado, cuando el CIN promovió una acción de amparo colectivo. Alegó que el freno al financiamiento comprometía no solo el poder adquisitivo de los salarios y el acceso a becas, sino también derechos constitucionales como la educación y la autonomía universitaria.

La respuesta del magistrado fue contundente: el decreto presidencial incurre en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, y su aplicación implica un perjuicio inmediato que no requiere un análisis profundo de los hechos para ser comprobado. En términos prácticos, la Justicia avaló que el Poder Ejecutivo no puede omitir la ejecución de una ley ya vigente por razones presupuestarias, sin antes definir junto al Congreso las fuentes de financiamiento correspondientes.

Para los trabajadores del sector, la medida llega en un contexto de deterioro sostenido. Los docentes universitarios sufrieron una pérdida salarial estimada del 40% en lo que va del año, y las becas mantuvieron sus montos nominales a pesar de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había advertido en noviembre que “el congelamiento presupuestario está vaciando de contenido la educación pública”.

Por el lado estudiantil, organizaciones como la FUBA y centros de estudiantes del conurbano también celebraron la decisión judicial. “Sin becas no hay igualdad de oportunidades. Y sin salario no hay universidad”, expresaron en un comunicado conjunto. La bandera que encabezó las marchas de octubre y noviembre —“Sin presupuesto no hay educación”— ahora parece encontrar eco en los tribunales.

El conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno sostiene que la ley sancionada en septiembre “no previó las partidas necesarias” y por eso no está obligado a ejecutarla hasta que el Congreso disponga cómo financiarla. Sin embargo, el Congreso ya había ratificado la norma al rechazar el veto presidencial, lo que convierte al fallo judicial en un gesto de validación institucional clave.

JJD

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

JJD

Las universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará este miércoles con el objetivo de visibilizar el reclamo que llevan adelante, desde hace semanas, para que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso.

Varios gremios docentes aseguraron que la gestión del presidente Javier Milei debe llevar a cabo el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) aseguró que, hasta el momento, los salarios “no fueron recompuestos” y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el Presidente “quiera cumplir con la ley”.

“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, indicó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celoto también dialogó con Noticias Argentinas y sostuvo que esta medida, además de exigir la aplicación de una ley que establece un aumento salarial, pretende “frenar el vaciamiento” de la educación pública

“La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció.

Asimismo, Celoto detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario y que “no pueden sostener más” las tareas que deben llevar adelante con los sueldos que perciben: “En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, añadió.

Además, explicó que esta situación se traduce en “pedidos de cambio de dedicación”, es decir, de reducción de horas en las tareas, y alertó sobre las consecuencias a largo plazo de esta problemática porque “se están vaciando” los equipos de trabajo.

“Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados,” indicó.

Por último, la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT /IS) y docente de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, enfatizó en la crítica situación económica de los trabajadores universitarios y calificó a las remuneraciones que perciben como “salarios de miseria”.

“Un docente que ingresa y que está siendo ayudante de primera, trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y que no cobran salarios”, declaró a Noticias Argentinas.

Para cerrar, sostuvo que la universidad argentina se mantiene gracias al “esfuerzo tremendo de los docentes, no docentes y de los estudiantes”, quienes resisten a un “ajuste histórico” que persigue la privatización indirecta del sistema.

Finalmente, acusó a la gestión de Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de “incumplir de manera completamente ilegal una ley que fue votada por ambas Cámaras” y que “se conquistó con la movilización de la comunidad educativa”.

“Llamamos a toda la sociedad a que nos apoye. Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y sus cómplices que no quieren aplicar una ley conquistada y necesaria para el desarrollo del país”, sentenció la diputada.

Con información de Noticias Argentinas.

IG

“Hace más de 30 años fui bienvenido en la Argentina, donde fui a estudiar medicina. Me formé y me recibí de médico neurocirujano...”. Con ese recuerdo el presidente del Congreso de Paraguay buscó congraciarse con Javier Milei durante su visita al vecino país, pero el ejemplo no cayó en la mejor ocasión para el libertario: la Casa Rosada enfrenta este miércoles una fuerte marcha contra el veto presidencial al financiamiento universitario y una posible derrota ante la oposición en la Cámara de Diputados.

El anfitrión de Milei en el Congreso paraguayo fue Basilio “Bachi” Núñez, quien habló antes del mandatario en su última exposición de su gira de dos días en Paraguay. Núñez estudió en la Universidad Nacional del Nordeste, situada en la provincia de Chaco, hacia fines de los 80 y principios de los 90.

El pergamino de Núñez generó un escándalo en Paraguay años atrás porque se puso en duda la veracidad de sus estudios. Según la Dirección de Registros y Control de Profesionales del Ministerio de Salud y Bienestar Social paraguayo, el parlamentario se encuentra registrado con el título de médico cirujano, con registro profesional número 5.566 otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste e inscripto el 2 de diciembre de 1996, según publicó el diario ABC.

El año pasado, Núñez tuvo que volver a defenderse de las críticas y ante medios locales buscó aclarar: “No soy un chamán. Soy médico neurocirujano. Estudié 7 años en la universidad y después en Argentina. Hice 5 años neurocirugía. Fui jefe de residentes, de sala. Operé en Emergencias Médicas, en Itauguá, en Clínicas, en IPS y conozco la vida médica”.

Milei cierra su gira paraguaya

En su disertación en una sesión especial organizada por el Congreso, Milei destacó la posibilidad de dar lugar a la “apertura comercial” en un mensaje al Mercosur.

“No tengo dudas de que será de provecho para ambos pueblos y será de inspiración a todos los países de la región que encuentren en la apertura comercial y la cooperación voluntaria el camino hacia un futuro mejor para todo el continente”, expresó desde el Palacio Legislativo en un mensaje al bloque regional que se muestra reacio a los acuerdos comerciales por fuera de la estructura de la región, aunque en el último tiempo ha aplicado flexibilizaciones.

Ante los diputados y senadores y los miembros de la Corte Suprema paraguaya, el mandatario elogió las políticas económicas y sociales del vecino país al sostener que la Argentina tiene mucho que “aprender”.

La participación de la sesión en el Congreso completó la visita de dos días: ayer Milei participó de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y se reunió con Santiago Peña

MC

“El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”. La frase no proviene de un opositor partidario, sino de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), y resume el espíritu con el que miles de trabajadores y trabajadoras marcharán este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. En la antesala de una jornada clave en la Cámara de Diputados, que tratará los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, los salarios son uno de los ejes de un conflicto que crece.

Según los recibos de sueldo correspondientes a agosto, un enfermero del Garrahan con 35 horas semanales de tareas cobró entre $849.678 y $1.243.283, dependiendo de su categoría y antigüedad. Un técnico del hospital especializado en hemodiálisis, con 42 horas semanales, recibió $1.039.101 de salario neto. Un auxiliar administrativo cobró $958.372, mientras que un auxiliar de jardín obtuvo $849.678. El caso de Gerardo Oroz, delegado de ATE y auxiliar de farmacia, es ilustrativo: “Mi salario es de $960.000 y el inicial en mi categoría es de $800.000. La diferencia, incluso con años de antigüedad, es muy baja”, dijo a elDiarioAR.

No se trata de trabajadores precarizados o contratos temporarios, es personal altamente calificado, profesionales con mucho más de diez años de servicio en un hospital pediátrico de referencia internacional. ¿Cómo llegó a este punto un emblema de la salud pública como el Garrahan?

La respuesta está en el ajuste. Como denunció la APyT, el Gobierno mantiene congelado desde hace un año el ítem de recursos genuinos, que debería actualizarse con la recaudación de prepagas y obras sociales. Actualmente representa $200.000 por trabajador, pero según los gremios debería rondar los $540.000 para equipararse con la inflación del último año. Se trata de un componente clave del salario en el hospital, financiado por el propio sistema y no por el Tesoro Nacional, que el Ejecutivo decidió no actualizar.

La situación de los docentes universitarios no es distinta. De acuerdo con las escalas salariales de febrero de 2025, un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad cobra $1.034.507 brutos. Tras los descuentos, el salario neto queda en aproximadamente $837.950. Para alcanzar los $2 millones, un titular debe contar con más de 20 años de antigüedad, un posgrado de doctorado y dedicación exclusiva. En la mayoría de los casos, los docentes con máxima jerarquía y formación apenas rozan los $1.500.000 de bolsillo.

Un profesor adjunto, con más de diez años en el cargo, percibe entre $1.200.000 y $1.400.000 brutos. Los cargos más bajos, como los auxiliares de primera, apenas superan los $579.000 netos al iniciar su carrera. Además, el Gobierno eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba una ayuda complementaria de $16.450 por cargo. Esta decisión redujo aún más el poder adquisitivo de miles de docentes preuniversitarios.

Los datos muestran que la diferencia entre el salario inicial y el alcanzado con años de antigüedad no supera, en promedio, el 20 o 30%. Esto implica una carrera congelada en términos reales. En palabras de Oroz: “La diferencia entre un ingreso inicial y uno con 10 años en el hospital es mínima. El reconocimiento a la trayectoria desapareció”.

Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei defiende su decisión de vetar las leyes votadas en el Congreso con el argumento de que implicarían un aumento insostenible del gasto. En el texto oficial, se afirma que “una expansión del gasto sin respaldo real derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. Sin embargo, los salarios actuales ya se encuentran erosionados, sin necesidad de emisión alguna.

Se trata de dos sectores clave para el funcionamiento del Estado. La salud pediátrica de alta complejidad y la educación superior gratuita son pilares de la democracia argentina. Ningún gobierno anterior, desde 1983, se había atrevido a desfinanciarlos de manera tan brutal. La gestión Milei achica el Estado cada día, pero sigue cobrando a los ciudadanos los mismos impuestos que prometió bajar.

Los trabajadores que hoy marchan no reclaman privilegios, sino salarios acordes a su formación, experiencia y responsabilidad. Mientras atienden a niños con enfermedades críticas o forman a las futuras generaciones, cobran sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes. ¿Qué puede esperarse de un país que desoye las demandas de quienes lo sostienen desde sus hospitales y sus aulas?

JJD

El presidente Javier Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”. Sin embargo, las autoridades de la UBA manifestaron en las últimas horas, mediante un comunicado en su página oficial, un enérgico rechazo a la propuesta del mandatario, al tiempo que mantienen su plan de lucha, con la marcha federal este miércoles mientras sesiona el Congreso, y con un apagón para este martes desde las 20 contra los vetos presidenciales a las Leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan.

“Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”, explicaron en el comunicado.

Y detallaron:

“La partida prevista para 2026 no contempla:

Asimismo, desde la UBA advirtieron que, medida en relación al PBI, “la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI”.

Y cerraron el comunicados con un pedido a diputados y senadores: “Más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.

Medidas de emergencia

La UBA anunció una serie de disposiciones destinadas a reducir su gasto operativo, en línea con el anuncio realizado la semana pasada por el rector Ricardo Gelpi durante la conferencia de prensa en la que advirtió que la Universidad funcionará en “estado crítico”. En este marco, se dispusieron las siguientes medidas:

Las medidas previamente mencionadas resultan complementarias de otras que la Universidad viene realizando en algunos casos hace años: plan de reducción de alquiler de edificios; inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía eléctrica, gas y agua; readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos.

Marcha al Congreso

Mientras la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario quedó confirmada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para el miércoles a las 13, estudiantes y docentes comenzaron este lunes con clases abiertas una semana con foco puesto en la marcha del 17 en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no acatar las normas sancionadas por el Congreso.

Las actividades comenzaron este lunes a las 9 con una clase pública en las escalinatas de la facultad, encabezada por el decano Leandro Vergara. “El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo”, advirtió en rueda de prensa.

Para Vergara, “no es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, detalló, al tiempo que remarcó que la única expectativa que tienen autoridades, docentes y estudiantes para la sesión del miércoles en el Congreso es “el rechazo del veto presidencial”.

“Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley”, sostuvo el decano de Derecho.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, será en conjunto con los trabajadores del Hospital Garrahan y se replicará también en varios puntos del país. En tanto, las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.

“Estado crítico”

La Universidad de Buenos Aires pasará a funcionar “en estado crítico para terminar el año”, así lo anunció días atrás el rector, Ricardo Gelpi, luego de conocerse el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo.

De acuerdo a Gelpi, “la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina” y “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, advirtió.

Tras la confirmación vía Boletín Oficial del veto a la Ley de Financiamiento Educativo –que sancionó el Senado el 22 de agosto pasado con 58 votos afirmativos y 10 negativos–, las autoridades de las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), brindaron el pasado jueves una conferencia de prensa para reclamar por el futuro de la educación, la salud y la ciencia y pedirle al Congreso “que sostenga esta ley”.

Para el rector de la UBA, “sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible, no hay futuro para el país”. “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”, detalló el catedrático.

En su discurso frente a los medios, el rrector de la UBA apeló a “la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.

Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, dijo que los miembros de las comunidades educativas estaban “muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que se pudiera recapacitar en un contexto tan delicado del país”, reflexionó.

Según la autoridad de la universidad rosarina, “el Presidente de la Nación tenía la oportunidad de corregir errores, de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y sin comprometer al Estado garantizaba condiciones mínimas para llegar a fin de año funcionando con normalidad. Necesitamos que el Congreso sostenga esta ley”, pidió.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Consejo Superior del Rectorado de la UBA y estuvo encabezada por su máxima autoridad, Ricardo Gelpi; el presidente del CIN, Oscar Alpa; y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.

El reclamo de las universidades nacionales

A fines de agosto, en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestaron, ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795 (que se confirmó en la madrugada de este jueves), “aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma”.

Los fundamentos del rechazo al veto presidencial

En una serie de movimientos institucionales combinados con la acción en las calles, la oposición ha tomado posiciones firmes ante los vetos presidenciales que afectaron leyes sensibles como la Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan, el Financiamiento Universitario y la modificación de la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El jueves pasado el Ejecutivo rechazó formalmente las leyes de Garrahan y universidades. En respuesta, varios bloques opositores —Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal— pidieron convocar una sesión especial para el miércoles 17 de septiembre a las 13 hs en Diputados. El jueves 18, el Senado buscará replicar la maniobra al rechazar el veto a la regulación los ATN, un cable de alta tensión que podrá marcar de aquí en adelante el vínculo entre el gobierno nacional y los gobernadores. El jefe de la bancada peronista, José Mayans, aventura que los gobernadores se posicionarán en defensa de una ley que ellos mismos han impulsado.

En el caso de la Ley de Emergencia en Pediatría, que pone en el epicentro la situación del Hospital Garrahan, los dos tercios estarían casi asegurados. La ley ha logrado construir una mayoría en agosto. 

La ley de financiamiento universitario aparece como un desafío mayor, aunque la oposición confía en que, con el respaldo del flamante bloque opositor a Martín Menem que encabezan Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, podrá revertir el veto presidencial. En paralelo, los rectores ya comenzaron a moverse y ejercen presión sobre legisladoras del PRO y la UCR que dictan clases en universidades nacionales.

Particularmente en el peronismo, se siguen de cerca los movimientos de los gobernadores nucleados en “Provincias Unidas”, un espacio que busca proyectarse como opción frente a Milei en 2027. La expectativa es que Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes) acompañen la propuesta.

Diferentes estrategias

Según informó Parlamentario.com, la demora en el pedido de sesión respondía a la falta de acuerdo sobre las fechas. El bloque Democracia para Siempre (DpS), que reúne a los radicales disidentes bajo la conducción de Pablo Juliano, evaluó desde un principio convocar el miércoles 17 de septiembre para insistir con los dos vetos: tanto el que afecta al Hospital Garrahan como el de universidades.

En cambio, Unión por la Patria había analizado una estrategia diferente. Plantearon dividir los debates en dos jornadas: el 17 de septiembre tratar el veto a la Emergencia Pediátrica y el 24 discutir el financiamiento universitario. Según el mismo medio, en esa bancada aún debaten cuál es la mejor táctica y mantienen conversaciones constantes con DpS.

Sobre el final de la cumbre de la oposición para definir la estrategia, también según parlamentario.com, Miguel Pichetto, presidente de la bancada Encuentro Federal, se opuso a la incorporación del emplazamiento a la reforma de la Ley N° 26.122 (es decir, el marco regulatorio de los DNU). El tema está en el temario, pero el titular de bloque no firmó el pedido de sesión.

Temas adicionales: la oposición a la ofensiva

La sesión tendrá un temario amplio que incluye pedidos de informes verbales contra Karina Milei y Guillermo Francos, vinculados al escándalo en la ANDIS y a presuntas irregularidades en contrataciones de medicamentos. También se discutirá el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con la modificación de la Ley 26.122 sobre decretos de necesidad y urgencia, ya con media sanción del Senado. La oposición buscará además impulsar la comisión investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado y emplazar proyectos pendientes en Presupuesto y Hacienda, entre ellos la emergencia en ciencia y técnica, la ley de Alzheimer y los planes de prevención del embarazo adolescente. A esto se suma el debate sobre la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el escándalo que derivó en la salida de Diego Spagnuolo. Finalmente, se intentará rechazar cuatro decretos: dos de facultades delegadas —el que transforma el INA (Instituto Nacional del Agua de Argentina) y otro que fusiona el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) con el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) y el que reestructura la Agencia de Materiales Controlados— y dos DNU, uno que modifica terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género y otro que aprueba el nuevo estatuto de la Policía Federal.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca de Unión por la Patria; de Pablo Juliano, Facundo Manes y Carla Carrizo de Democracia para Siempre; de Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño y Mónica Fein de Encuentro Federal; y de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, entre otros.

Sesión caliente adentro y afuera

Si se logra el quórum este miércoles, la sesión especial se llevará adelante en el marco de movilizaciones en las afueras del Congreso Nacional que pueden ser masivas. Como ya ha sucedido, nuevos sectores pueden convocar también a las calles, además de la comunidad universitaria, los residentes del Garrahan y las organizaciones de jubilados de cada miércoles estarán presentes.

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Javier Milei decidió acelerar en la curva, y ahora es el turno del Congreso. Envalentonados tras la derrota de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, la oposición sesionará el próximo miércoles para voltear el veto a la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y al Financiamiento Educativo. Se esperan marchas federales, paros nacionales y gente en las calles, y la Cámara de Diputados buscará hacer lo propio y pavimentar el inicio de la campaña nacional del Gobierno con dos nuevas derrotas legislativas.

Fue motivo de discusión interna si unir todo en una mega sesión o si ir por partes. Los rectores pidieron tiempo para organizar la marcha federal, la tercera en tiempos de Milei, pero la oposición terminó resolviendo que la mejor estrategia era resolver los dos vetos el mismo día. Las universidades tienen planeado, además, un plan de lucha que comenzará este viernes con un paro general: el objetivo es generar un clima de presión social que permita, de acá al miércoles, torcer las voluntades de los aliados incómodos del oficialismo. 

En el Congreso no hubo sorpresa. La multipartidaria opositora de la Cámara de Diputados estaba preparada cuando llegó la comunicación oficial de los vetos a la Ley de Financiamiento Educativo y a la declaración de la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. En menos de 12 horas, los secretarios parlamentarios del peronismo, el pichettismo, el radicalismo díscolo, la izquierda y la Coalición Cívica pactaron una reunión virtual para definir un plan de acción y definieron convocar una sesión. 

Había que actuar rápido y aprovechar el clima social que había posibilitado, la semana pasada, voltear el veto a la emergencia en Discapacidad. Pero primero había que asegurar el número.

La ley de emergencia pediátrica es el punto débil del Gobierno. Sancionada al calor de las protestas y medidas de fuerza de los trabajadores y familias del Hospital Garrahan, que reclamaban recursos y una recomposición salarial, la iniciativa se aprobó en Diputados con dos tercios. La ley tuvo solo 67 votos en contra, provenientes de las espadas más leales del PRO y LLA. 

Solo los radicales “con peluca” Luis Picat y Francisco Monti votaron en contra: el resto de la UCR optó por ausentarse o votar a favor. Lo mismo sucedió con los gobernadores más fieles. Ninguno quería exponerse a votar en contra de una ley que buscaba garantizar el funcionamiento del hospital pediátrico más importante de América Latina. 

En la oposición se muestran confiados en que podrán repetir el número e, incluso, sumar algunos votos más entre los gobernadores. La cercanía con las elecciones de octubre juega a su favor, así como la cantidad de heridos que dejó el armado de las listas. El Gobierno se granjeó enemigos en Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, que solían jugar con Milei -algunos siempre, algunos a veces- y hoy no encuentran “negocio” en alinearse con LLA. 

El baile de los gobernadores

“Los tipos no quieren subirse al Titanic”, desliza un armador opositor, que dialoga con varios de los gobernadores a los que el Gobierno les creó un Ministerio del Interior para retomar el diálogo. Los tres que fueron el jueves a la Rosada -Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- representan el núcleo duro de los “afines”. No son ellos los que la oposición buscará convencer: el ojo está puesto en los que no fueron. 

Algunos, como Gustavo Sáenz (Salta), ya le declararon la guerra al Gobierno. Fiel aliado de Milei durante dos años, el gobernador salteño ahora lo llama “paloma de iglesia” y lo acusa de haberlo “cagado en las obras y en lo electoral”. Una de sus diputadas, Yolanda Vega, ya definió sumarse a varios de los embates opositores: la comisión $LIBRA, la citación a Karina Milei, los dictámenes de la comisión de Discapacidad. El Gobierno no solo pierde aliados solo para una ley, sino que los pierde para todas.

Los gobernadores aglutinados bajo el sello de “Provincias Unidas”, la nueva invención electoral de “centro” del consultor Guillermo Seita, también tienen pretensiones de convertirse en un factor de poder. Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Gustavo Valdés, Ignacio Torres, Carlos Sadir y Claudio Vidal fantasean con convertirse en una alternativa a Milei en 2027 con el aval del círculo rojo y parte del establishment económico, por lo que juegan a diferenciarse del presidente mientras esperan una llamada de Lisandro Catalán.

En el radicalismo y el pichettismo esperan que, cuando llegue el momento, este sector cumplirá con su palabra y jugará a favor de las leyes. Pero no todos confían. El peronismo sospecha que el ex “Grito Federal” volverá a especular hasta último momento. “Si Nacho Torres te dice que está soleado vos llevá paraguas”, masculla un referente de la bancada peronista. 

Financiamiento Universitario, la revancha

El verdadero desafío de la oposición será lograr lo que no consiguió hace un año, cuando Milei vetó la primera ley de Financiamiento Universitario, causó la primera Marcha Federal universitaria y, pese a todo, logró blindar el veto. La iniciativa contará con el respaldo de los rectores, docentes y estudiantes de todo el país, que marcharán y levantarán el teléfono para presionar a los diputados indecisos. 

“Nosotros necesitamos votos. La marcha está bien, pero necesitamos votos”, sostiene, nerviosa, una diputada del peronismo. La iniciativa, que actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y que recompone el salario de docentes y no docentes, fue aprobada en agosto con 158 votos a favor y 75 en contra en agosto. Estuvo a solo un voto de conseguir los dos tercios, casi nada, pero en la oposición están intranquilos.

Tienen cinco días para torcer las voluntades de quienes se abstuvieron o votaron en contra, muchos de los cuales son docentes en universidades nacionales. Ese es el caso de diputadas del PRO, como Ana Clara Romero, Germana Figueroa Casas y Sabrina Ajmechet, o de diputados del radicalismo violeta, como Martín Arjol. “Estamos muy cerca, pero necesitamos compromisos más férreos y que no se caiga ninguno. Empezamos ahora”, anticipa, más esperanzada, una diputada del radicalismo.

La cuenta regresiva comenzó. La oposición está empoderada, observa que el Gobierno no reacciona y aspira a asestarle una nueva derrota legislativa. Milei movió, ahora es turno del Congreso.

MC/MG

Javier Milei empezó a cumplir este miércoles con su amenaza de vetar las leyes que la oposición logró sancionar en el Congreso. Primero, sobre el filo del plazo constitucional, envió en la tarde de este miércoles al Parlamento la comunicación formal del rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplaba aumentos para gastos de funcionamiento, becas y salarios docentes. Más tarde, se publicó el rechazo del Ejecutivo a la Ley de Emergencia Pediátrica, con el argumento de la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.

La decisión no sorprende: el propio Milei había ratificado en su búnker electoral que el rumbo económico no se negocia, incluso tras la derrota frente al peronismo. Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el veto será total también para la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En los fundamentos del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo sostiene que la ley aprobada por el Congreso carece de una fuente de financiamiento concreta y suficiente. Señala que el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera exige que toda norma que disponga gastos especifique los recursos para solventarlos, algo que –según el decreto– no se cumple en este caso. Para la Casa Rosada, la norma aprobada por el Parlamento se limita a ordenar readecuaciones de partidas y a mencionar ingresos por encima de lo presupuestado, pero sin identificar qué rubros se verían afectados ni cómo se cubriría el déficit si esos recursos no alcanzan.

El Ejecutivo detalla además que la implementación de la ley implicaría un costo adicional de más de un billón de pesos en 2025, producto de la actualización de partidas, aumentos salariales para docentes y no docentes, y recomposición de becas estudiantiles. Advierte que semejante erogación generaría un “desequilibrio fiscal” que presionaría sobre la inflación y afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.

En esa línea, el decreto argumenta que promulgar la ley pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica, forzando emisión monetaria para cubrir gastos sin respaldo. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, afirma el texto. El Gobierno insiste en que el debate sobre mayores recursos para las universidades debe darse en el marco de la discusión integral del Presupuesto 2026, que se enviará al Congreso el 15 de septiembre.

Los argumentos del veto a la Emergencia en el Garrahan

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son contundentes:

“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluyen los fundamentos.

Tensión con gobernadores y estrategia política

Los vetos a la Ley Universitaria y la Ley del Garrahan se producen en un momento delicado para el Gobierno. Tras los 13 puntos de diferencia que le sacó Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada busca reorganizar su estrategia política:

Sin embargo, los gobernadores, que esperan gestos “en serio” y “negociación”, se sienten “fuertes” con su alianza de Provincias Unidas. La posibilidad de que Milei vete también la ley de ATN genera incertidumbre y dificulta un encuentro fructífero. El Presidente busca evitar nuevos fracasos en el Congreso, pero mantiene su intransigencia frente a iniciativas con costo fiscal, una postura que genera “ruidos internos” en la gestión sobre la necesidad de mostrar mayor flexibilidad. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, reafirmó Milei en X.

Congreso en alerta

En Diputados, la oposición ya impulsa una sesión especial para el miércoles 17, donde se planifica insistir con la ley universitaria y la del Garrahan. En paralelo, el Senado acordó sesionar el jueves 18 con una agenda amplia, que podría incluir también la insistencia sobre los ATN, una vez que se confirme el veto presidencial.

El procedimiento requiere dos tercios de los votos en ambas cámaras. La semana pasada, el Congreso ya había volteado el primer veto de Milei, el de la emergencia en discapacidad, lo que envalentonó a la oposición. “No vamos a esperar, vamos a avanzar”, adelantó un diputado opositor clave.

Gobernadores enfrentados

El proyecto de coparticipación de los ATN, que hoy la Nación reparte discrecionalmente, también se encuentra en la mira. Para la Casa Rosada, la medida representaría un golpe político, aunque equivalga apenas al 0,03% del PBI. Gobernadores de Provincias Unidas ya preparan una cumbre en Córdoba para responder con una foto de unidad. “Es insólito que el primer contacto con el flamante ministro del Interior sea para comunicarnos un veto”, se quejó un dirigente provincial.

La pulseada sigue

Mientras el oficialismo promete “propuestas superadoras” y la oposición afila la estrategia para insistir, la pulseada recién comienza. Lo que está en juego no es sólo el financiamiento de universidades, la salud pediátrica y los fondos provinciales: también se mide la capacidad de Milei de sostener su programa de ajuste frente a un Congreso que ya demostró que puede desafiarlo.

JJD

El sector universitario prepara una nueva marcha federal contra la decisión de Javier Milei de vetar la nueva ley de financiamiento que sancionó el Congreso la semana pasada. La protesta se definió este jueves en un encuentro de rectores, gremios de docentes y no-docentes, y estudiantes, en el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que se desarrolla en Rosario.

La fecha prevista para la movilización oscila entre el 17 y 24 de septiembre próximos, dos miércoles en los que se espera que se reúna la Cámara de Diputados para debatir el nuevo veto presidencial, según pudo saber elDiarioAR de participantes de la reunión.

La sesión que busca la oposición aún no está confirmada y está a la espera del momento en que Milei haga efectiva su voluntad de vetar la norma ya sancionada.

La semana pasada el Senado aprobó la ley que aumenta el presupuesto universitario con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones; es decir que logró ya el aval de los dos tercios del pleno de la Cámara alta. Ahora la insistencia iniciará su recorrido en Diputados, donde la ley se aprobó con 158 votos, quedando muy cerca del piso de los dos tercios que se necesitan para quedar blindada post veto mileísta.

El proyecto impone actualizaciones presupuestarias para el funcionamiento de las universidades teniendo en cuenta lo perdido en 2024 y hasta ahora este años, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias y subas en las becas estudiantiles.

La tercera marcha federal coronaría el proceso que se abrió el año pasado con la multitudinaria protesta del 23 de abril. Luego hubo una segunda marcha el 2 de octubre, que si bien fue importante fue menos imponente en su convocatoria, ya que pasó de la Plaza de Mayo al Congreso.

Esas marchas no impidieron que la oposición ratificara la ley aprobada, ya que el oficialismo consiguió blindar el primer veto de Milei gracias a los “85 héroes”, entre ellos los flamantes “radicales con peluca” que acompañaron al oficialismo.

La expectativa de los universitarios es que esta vez la oposición pueda insistir favorablemente con la nueva ley, sobre todo en medio de la seguidilla de golpes parlamentarios y políticos que recibió en las últimas semanas el Gobierno.

MC

La oposición en la Cámara de Diputados busca este miércoles darle un revés al Gobierno al intentar votar una serie de proyectos con fuerte impacto social, pero que según Javier Milei atentan contra el déficit cero y el ajuste permanente. El temario es tan extenso que se espera una sesión de unas 13 horas, según los cálculos parlamentarios preliminares. Los ítems más importantes que se van a votar serán el aumento de recursos para las universidades y la emergencia en pediatría, a partir de la crisis del Hospital Garrahan. Los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria y declaración de emergencia en discapacidad se tratarían recién en dos semanas.

Hoy sí se buscaría rechazar el veto a la ley de creación de un fondo para la reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación (insistencia que ya tiene el visto bueno del Senado). Los gobernadores impulsan la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación del impuesto a los combustibles líquidos, proyectos que serán emplazados por el cuerpo para obligar a la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, que los discuta. Aquí, un resumen de los principales proyectos y su situación parlamentaria:

El Congreso vuelve a ser este miércoles el epicentro del malestar social frente a la motosierra libertaria. Puertas adentro, en el Palacio, la oposición busca asestarle una nueva derrota legislativa a Javier Milei y sesiona para aprobar la emergencia en el Hospital Garrahan y una actualización presupuestaria para las universidades nacionales. No son los únicos temas: el peronismo y sus aliados prepararon un temario que incluye casi todo el arsenal opositor con el objetivo de preparar el terreno para buscar, en dos semanas, los votos para revertir los vetos del Presidente a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

Mientras tanto, afuera, en las calles, los jubilados vuelven a movilizarse como todos los miércoles. Pero no lo hacen solos. Se le suman los médicos del Garrahan y los trabajadores estatales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Vialidad —dos organismos que fueron reestructurados por decreto por Mieli—, así como docentes de universidades nacionales. La sesión comenzó al mediodía con un quórum opositor de 135 diputados.

La lucha por el control del Congreso

Dos días después de que Milei firmase el veto al aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad, la oposición busca dar una demostración de fuerza en la Cámara de Diputados. Con el ariete social de los proyectos de emergencia pediátrica —que establece una recomposición de los salarios de los residentes y trabajadores del Garrahan— y de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, los bloques de la oposición retoman la ofensiva y pretenden marcarle la cancha al Gobierno en el Congreso: una arena hostil que, cada vez que abre sus puertas, pone en entredicho la fuerza política del Presidente.

La oposición juega con los tiempos electorales. La sesión fue convocada 24 horas antes de que venza el plazo para presentar las alianzas nacionales con un solo objetivo: aprovechar políticamente el tendal de heridos que, saben, dejarán los cierres electorales de Karina Milei. A los bloques opositores no les queda mucho tiempo hasta diciembre, cuando el oficialismo logre engrosar sus filas en el Congreso, y están decididos a aprovechar la campaña para avanzar con su agenda legislativa.

Este martes a la noche los pasillos del Congreso eran un polvorín. Germán Martinez, de Unión por la Patria, Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, entraban y salían de reuniones con los números del poroteo en la cabeza. Junto a los socios de la Coalición Cívica y la izquierda, los diputados de la oposición contabilizaban que tendrían el número para el quórum —como finalmente sucedió con 135 presencias—, pero ninguno se terminaba de relajar: del otro lado, el Gobierno había empezado a llamar a gobernadores y radicales para intentar boicotear la sesión.

Era la danza previa de todas las sesiones: la oposición buscaba sumar porotos sueltos en los bloques aliados del Gobierno —como Julio Cobos o Natalia Sarapura en la UCR deloredista o Álvaro González en el PRO— mientras vigilaba los movimientos de los gobernadores más proclives a hacer desaparecer a sus diputados a último momento.

El cordobés Martín Llaryora había comprometido la presencia de los suyos, pero era el único: el resto de los gobernadores del “Grito federal”, que vienen de lanzar un espacio electoral de centro, preferían mantener, esta vez, un silencio elocuente. La santafesina Melina Giorgi, que responde a Maximiliano Pullaro, anticipó a sus compañeros de DPS que daría quórum, pero en las bancadas opositoras predominaba la desconfianza: el líder del espacio, el chubutense Ignacio Torres, había anticipado, en una reunión del PRO días antes, que ayudaría a blindar los vetos de Milei.

Lo mismo sucedía con el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz. Muchos gobernadores habían recibido el llamado de Casa Rosada en las últimas horas con el objetivo de convencerlos de boicotear la sesión. La oposición había incluido en el temario el emplazamiento de la comisión de Presupuesto para tratar los proyectos de los gobernadores como una zanahoria para atraer su presencia y lograr, así, aprobar los proyectos sociales.

Los gobernadores, sin embargo, aprovechaban, por esas horas, el apuro del Gobierno para negociar lo que le habían negado hasta entonces: fondos para sus provincias.

Temario XXL

Hay una segunda preocupación, sin embargo, en la oposición: el desafío de ordenar una sesión que tenía más de 10 iniciativas en el temario. Entre ellos un proyecto para reactivar la comisión investigadora por el caso $LIBRA: una iniciativa que, la última vez que intentó tratarse, se encontró con la resistencia de Martín Menem y, finalmente, una batalla campal entre el kirchnerismo y José Luis Espert que derivó en que la sesión se cayera por falta de quórum.

La estrategia de Menem ahora será apostar a que la sesión vuelva a desmadrarse. El riojano no quiere que la oposición logre avanzar con los proyectos sociales, pero, fundamentalmente, quiere evitar que se le de empuje a las iniciativas de los gobernadores y otro tema: la emergencia en Bahía Blanca, declarada por el Congreso luego del temporal que arrasó con la ciudad. La ley fue vetada por Milei pero el Senado, hace un mes, consiguió los dos tercios para insistir en su sanción. Si la Cámara de Diputados consigue también los dos tercios será la primera vez que el Congreso le voltee un veto a Milei: todo un mensaje político a dos días del veto a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

En el temario, además, se incluye la derogación de varios decretos delegados de Milei que reestructuraron y disolvieron diferentes áreas del Estado. Entre ellos: el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Teatro, el INTA y la Dirección Nacional de Vialidad. Con presencia de los trabajadores en las calles, el peronismo buscará conseguir una mayoría simple para rechazar los decretos.

MC/JJD

La Universidad Complutense de Madrid presenta un déficit de 142,3 millones de euros entre 2023 y 2024. El agujero que esta situación ha dejado en la caja de la universidad más grande de España, que maneja un presupuesto superior a los 700 millones de euros anuales, ha llevado al Rectorado a pedirle al Gobierno de la Comunidad de Madrid que le permita pedir un crédito de 35 millones para sobrevivir, tal y como adelantó El País.

El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso no ha respondido a la pregunta de este periódico acerca de si va a aceptar la petición. Fuentes universitarias explican que para hacerlo sin incumplir el artículo 57.8 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) la Comunidad de Madrid debe asegurarse de que la UCM reduzca el gasto estructural, medida que no figura en la memoria económica que el rectorado ha enviado al Gobierno regional justificando la necesidad del crédito. Sin un ajuste en las cuentas, reflexionan estas fuentes, la universidad está abocada a pedir otro crédito el próximo año.

Pero la UCM habla mayoritariamente de (la falta de) ingresos. “La Universidad Complutense de Madrid soporta un déficit estructural de financiación desde hace años, que se ha visto agravado con el tiempo”, empieza el documento, al que ha tenido acceso este periódico. Según las cuentas que refleja el texto, la universidad tuvo un déficit de 64,5 millones de euros en 2023, que se fue hasta 77,8 millones de euros el año siguiente. 140 millones de déficit en solo dos ejercicios.

La memoria económica culpa de la situación de la universidad a la infrafinanciación que recibe de la Comunidad de Madrid. “El déficit estructural refleja la insuficiencia de ingresos ordinarios para atender las necesidades de gasto de funcionamiento de la Universidad, a fin de que esta pueda sostenerse, y tiene su origen en una insuficiente financiación crónica, fundamentalmente pública”, se lee.

Específicamente, continúa el texto, la transferencia corriente de la comunidad (la conocida como “nominativa”) no da siquiera para cubrir las nóminas, y además su ritmo de crecimiento (un 2,77% el pasado ejercicio) es inferior a la velocidad a la que crece el gasto en salarios por el aumento de trienios, quinquenios y sexenios, lo que genera un mayor agujero cada año.

“La nominativa no cubre la totalidad del gasto del personal de plantilla. Los incrementos de nominativa anuales están muy lejos de cubrir las subidas salariales (incremento 2,50%), los trienios (incremento del 3,56%), quinquenios (incremento 5,28%), sexenios (incremento 17,96%), Seguridad Social (incremento 5,65%), las ofertas de Empleo Público o los Planes de Actuaciones del Profesorado, entre otros conceptos”, argumenta la universidad.

No es solo una cuestión de ingresos

La Comunidad de Madrid es la región que peor financia a su universidad, pero en este caso concreto la Complutense, explican fuentes conocedoras de las cuentas del centro, no tiene solo un problema de financiación pública. También, y quizá más severo, de gasto. La universidad, elaboran las fuentes, mantiene la estructura de los años de la abundancia de estudiantes, pero ya no es el caso. Estaría, según ese análisis, sobredimensionada.

Los datos dicen que la universidad está exactamente en la media estatal en cuanto a ingresos ordinarios por alumno de grado y máster. Pero si se atiende solo a la financiación autonómica y no se cuentan los precios públicos (la otra gran fuente de ingresos de las universidades) su situación empeora: la media del sistema universitario nacional son 7.980 euros por alumno para todas las públicas presenciales, mientras la UCM estaba en el 2023 en 7.412 estudiantes, 568 euros menos por persona. Si se multiplica esa cifra por los 54.626 alumnos que tiene el centro salen 31 millones menos, una cifra muy cercana a la que pretende solicitar el centro.

En cuanto a los gastos, la universidad destinó 464 millones de euros al capítulo 1 del presupuesto de ese año 2023. Eso quiere decir que el esfuerzo de personal por alumno son 8.511 euros. La media del sistema público español está en 7.465 y del madrileño 6.757 (un 90%). Dicho de otra manera, la UCM está 14 puntos porcentuales por encima de la media nacional y 24 puntos por encima de la madrileña. Gasta más que los otros centros.

En general, explican las fuentes, todas las universidades españolas lo hacen, o al menos tienen una estructura de gasto diferente a las europeas: mientras el reparto de estas últimas se mueve entre un 80%-82% en personal y el restante 20%-18% en el capítulo 2 (gasto corriente), la media europea se sitúa en un 70%-75% y un 30%-35%. “Tenemos mucho gasto en personal y no es porque los sueldos sean muy altos”, explican las fuentes.

Un parche

Aunque la universidad reciba el préstamo, si no cambia su estructura de ingresos y gastos esos 35 millones de euros apenas servirán para salvar el año, explican las fuentes. Pero el problema se repetirá el siguiente.

El artículo 57.8 de la LOSU establece que “en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido”. Y continúa: “Las transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma a favor, directa o indirectamente, de las universidades requerirán la aprobación y puesta en marcha de la reducción de gastos”.

Pero al menos la memoria presentada para solicitar la aprobación del crédito no recoge medidas concretas para ajustar las cuentas. Sí arroja la cifra, tras una serie de cuentas, de 68,3 millones de euros “como créditos presupuestarios ”libres“ para poder actuar sobre ellos, en caso de aplicar reducciones presupuestarias (...). Cualquier medida de ajuste de gasto que se valore, ha de dimensionarse sobre estos 68,3 millones de euros, teniendo en cuenta que los centros de la Universidad no pueden dejar de funcionar en ningún caso. Estos datos intentan poner de manifiesto el escaso margen de maniobra que tiene la Universidad en escenarios presupuestarios restrictivos y ante posibles Planes Económicos Financieros de no existir un incremento de financiación”, sostiene la memoria.

“Queda el interrogante de cómo plantear la devolución de ese préstamo y si ese préstamo se tendrá que volver a plantear en el año próximo”, apunta un experto en financiación universitaria. La situación ha llevado a la universidad a tener -31 millones de euros en la caja, agujero que solo amenaza con hacerse más grande.

De momento, la solicitud del crédito contempla la devolución a cinco años (vencería en 2030) con una carencia de tres. Esto es, más allá de los intereses no se empezará a abonar hasta 2029. El actual rector, Joaquín Goyache, concluye su segundo y último mandato a mediados de ese mismo año. Otra persona tendrá que lidiar con ese problema.

Y la nueva ley universitaria que planea el Gobierno regional no va a mejorar la financiación ordinaria de la Complutense. Según una proyección realizada por los profesores Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, si la ley se aprueba en los términos que contempla el borrador supondrá una merma en los ingresos ordinarios del centro del 5,7%.

Una afinidad ideológica que en la Argentina también se refleja en el ajuste a las universidades públicas

La situación financiera crítica de la Universidad Complutense de Madrid guarda resonancias con la que atraviesan las universidades públicas en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, especialmente tras el fuerte recorte presupuestario aplicado en 2024. En ambos casos, los gobiernos promueven una visión que minimiza el rol del Estado en la financiación de la educación superior, trasladando el peso del sostenimiento institucional a una lógica de ajuste permanente.

En la Argentina, el conflicto por la subejecución presupuestaria llevó a una masiva movilización en defensa de la universidad pública, que incluyó marchas federales con amplio respaldo social. La afinidad política entre Milei y Díaz Ayuso, expresada en premios y gestos de apoyo mutuo, se traduce también en una estrategia compartida: avanzar en la desarticulación progresiva de los sistemas públicos de educación superior bajo el argumento de su “ineficiencia” o “sobredimensionamiento”.

En junio de 2024, durante una visita a España, Milei fue condecorado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por Díaz Ayuso, presidenta del gobierno regional. Esta distinción tiene su origen en la Ley 3/1985, de 22 de marzo, que instituyó este galardón, y adquirió su forma actual mediante el Decreto 145/2017, que creó la categoría específica de Medalla Internacional para distinguir a personalidades extranjeras con vínculos significativos con la región.

La entrega del premio, más que un gesto protocolar, tuvo un fuerte contenido político. Ayuso, una de las figuras más influyentes del Partido Popular, defendió la condecoración como una expresión de afinidad ideológica con el presidente argentino, con quien comparte una visión política ultraconservadora centrada en la reducción del Estado, la desregulación económica y un discurso confrontativo hacia el progresismo.

El gobierno central de Pedro Sánchez cuestionó la legalidad del acto, al considerar que Milei no realizaba una visita oficial, condición necesaria según la normativa vigente. El PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para impugnar la entrega, y el caso permanece abierto.

La oposición buscará dar este martes otro golpe en la Cámara de Diputados para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia de la salud pediátrica y de financiamiento universitario con lo que le queda de impulso tras el miércoles último, cuando pudo someter al oficialismo en una sesión caliente.

En cumplimiento de los emplazamientos votados el miércoles, este martes primero se reúne desde las 12 un plenario de las comisiones de Salud, Familias y Presupuesto para tratar la situación del Hospital Garrahan. En segundo término, desde las 16, se abre el plenario de Educación y Presupuesto para avanzar en una normativa que descomprima el ahogo presupuestario de las universidades públicas.

El común denominador de ambos plenarios es la comisión de Presupuesto y Hacienda, que por disposición de su presidente, el libertario José Luis Espert, actuó como tapón para obturar los debates, a punto tal que la oposición debió emplazarle en el recinto.

La bronca acumulada contra el economista fue el detonante del kirchnerismo para romper la sesión del miércoles, una vez que ya se había asegurado los emplazamientos para que se trataran los temas del Garrahan y universidades.

El resto del temario había sido dispuesto de manera unilateral por Democracia para Siempre, que incluso le cedió a los diputados cordobeses de Encuentro Federal la inclusión de la rebaja de retenciones al agro.

Esa discriminación mal predispuso a Unión por la Patria (UxP) que, después de fracasar en el recinto en su intento por emplazar a las comisiones que deben tratar un nuevo proyecto de resolución sobre la comisión investigadora $LIBRA, hizo levantar a un grupo de diputadas mujeres para ir a buscar a Espert e increparlo por sus repetidas provocaciones.

El tumulto que el kirchnerismo armó alrededor del “linchamiento” a Espert hizo caer el quórum de la sesión, algo que tranquilizó a La Libertad Avanza (LLA), por lo que desde la oposición del “medio” mascullaron teorías sobre un pacto inexistente entre los dos polos de la política vernácula.

Al margen de esa escena que sentenció el final de la sesión, el marco general de la política encuentra a un Gobierno debilitado, que enfrenta el Congreso más hostil desde que llegó a la Casa Rosada: ni siquiera el momento inmediatamente posterior al estallido del escándalo cripto le fue tan adverso.

Se deshilachó su anillo de aliados, que quedó reducido a una parte del PRO y un sector minoritario de la UCR y, de esta manera, se ahuecó el escudo protector “anti-veto” que le había permitido resistir las embestidas opositoras el año pasado con las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario.

En aquel momento, el Gobierno pudo parar una línea defensiva, una barrera de “héroes” superior al tercio para defender los vetos, pero en la última sesión los gobernadores le soltaron la mano en medio de los tironeos por los recursos coparticipables y ese cordón sanitario de contención ya no está garantizado.

Hoy abundan las críticas al Poder Ejecutivo por “mal pagador”, ya sea de recursos materiales o de lugares en las listas para los aliados. La Casa Rosada no les garantiza a los aliados provinciales ni una cosa ni la otra, por lo que es entendible el malestar y el espíritu de rebelión: el poder de fuego que tengan las provincias podrá ser utilizado de acá a diciembre a más tardar.

Es un rango de oportunidad corto porque en diciembre LLA crecerá en representación y podría ya no necesitar a los aliados en la misma medida que en la actualidad.

El quórum en la última sesión fue una fuerte señal de que los gobernadores se habían replanteado sus lealtades y ya no tenían un alineamiento automático; solamente Chubut, Corrientes y Tucumán mantuvieron la lealtad.

El resto, lo que incluye a Córdoba, Catamarca, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, Misiones y Santa Fe le soltaron la mano y dieron quórum.

La votación de los emplazamientos fue todavía más nítida a esta tendencia y además se sumaron otros actores al quórum como el grueso de la UCR; el MID; Marcela Pagano; Lourdes Arrieta; tres diputados del PRO y tres radicales con “peluca” (Martín Arjol, Mariano Campero y Francisco Monti); las dos diputadas del gobernador de San Juan, Claudio Poggi, que votaron junto a la oposición por primera vez.

Lo mismo ocurrió con los santacruceños: por primera vez, el diputado José Luis Garrido votó con la oposición, ya que, siempre se dividían las posturas con Sergio Acevedo.

Este nuevo escenario marca un punto de inflexión en la relación entre los gobernadores Claudio Vidal y Claudio Poggi con el Poder Ejecutivo.

Con información de agencia NA

MC

Después de una intensa jornada en Diputados en la que, con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, la oposición aprobara un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones y un aumento del bono para los jubilados que cobran la mínima, que pasará a ser de $110 mil y se actualizará por inflación, de la mano del peronismo, el pichettismo, la Coalición Cívica, la izquierda y Democracia Para Siempre; el visto bueno a una moratoria previsional por dos años (111 votos a favor y 100 en contra); y con el avance de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026 (con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones), ya entrada la madrugada de este jueves, el optimismo fue disminuyendo en los que se paran en la vereda de enfrente del presidente Javier Milei y el debate terminó de manera abrupta, con sabor agridulce.

Si bien se consiguió el voto favorable para declarar la emergencia en Bahía Blanca, para la reconstrucción de la ciudad bonaerense afectada por el temporal y las inundaciones de comienzos de marzo, proyecto que los libertarios y sus más firmes aliados (32 diputados en total) votaron en contra, la sesión se dio por finalizada cuando La Libertad Avanza, el PRO y los “radicales con peluca” se levantaron quitando el quórum cuando debían decidirse los emplazamientos a las comisiones de Salud, de Familia y de Presupuesto y Hacienda para el martes 10 de junio a las 12, para tratar los expedientes correspondientes a la situación en el Garrahan, y a las comisiones de Educación y de Presupuesto para avanzar en la ley de financiamiento universitario.

Indignado, en sus redes sociales, el diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, mostró una foto y escribió: “Así se levantaban La Libertad Avanza, el PRO y la UCR en Diputados para no permitir que se traten durante la semana que viene los proyectos de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediatrica por el Garrahan. Que la Patria se los demande”, apuntó.

En el mismo sentido, la radical Danya Tavela, del bloque Democracia para Siempre, lamentó que “a las 2.45 am se cayó el quorum de la sesión y no se pudo emplazar a las comisiones para discutir el financiamiento de las Universidades ni el de Garraham”.

Al igual que Facundo Manes, que posteó un video en el que muestra el recinto vacío y dice: “El Garrahan no se merece esto. Una vergüenza enorme”.

Final abrupto

Luego de que se votara en favor de la emergencia sobre Bahía Blanca, el diputado tucumano Pablo Yedlin, en nombre del artículo 106 del reglamento pidió emplazar a las comisiones de Salud, de Familia y de Presupuesto y Hacienda para el próximo martes 10 de junio a las 12, para tratar los expedientes correspondientes a la situación en el Garrahan. Sin embargo, se encontró con que los oficialistas y aliados ya había levantado sus cosas y abandonaban el recinto a las 2.45. Entonces, conforme con la situación, el titular de la Cámara, Martín Menem , tomó la palabra: “No habiendo quórum para votar, queda levantada la sesión”.

El emplazamiento para tratar la ley de financiamiento para las universidades, vetada en octubre del año pasado mediante el Decreto 879/2024 por el presidente Milei, ni llegó a plantearse. El proyecto lleva la firma de referentes de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), la izquierda, los radicales de Democracia, y hasta dirigentes de la UCR como Julio Cobos.

Ambos proyectos deberán esperar una nueva chance.

Tampoco se pudo avanzar en la comisión de $LIBRA

En la extensa jornada que arrancó este miércoles al mediodía y terminó en la madrugada del jueves (a las 2.45), si bien la oposición consiguió el quórum que después le permitió aprobar las reformas en materia previsional y discapacidad, al inicio, se quedó sin la comisión $LIBRA.

Tras un eterno debate reglamentario, Martín Menem logró bloquear un nuevo intento de la multi partidaria opositora para reactivar la comisión encargada de investigar a los hermanos Milei por el criptoescándalo. No había número, Menem se negaba a tratar la moción propuesta por el pichettista Oscar Agost Carreño, por lo que el peronismo tuvo que resignarse a dejar la discusión en stand by hasta la semana que viene.

Fue un debate formal y legalista que se extendió durante tres horas. Opositores y oficialistas se revoleaban las interpretaciones del reglamento de la Cámara de Diputados: que si el artículo 228 habilitaba que el cuerpo interpretara el reglamento, que si el artículo 106 fijaba que eran las comisiones las que tenían que designar sus autoridades por mayoría simple, que si el llamado Grupo A del 2009 –creado para hacer frente al kirchnerismo– había conformado entonces las comisiones en el recinto.

Una discusión larga, caótica e infructuosa que se resumió, políticamente, en dos posturas. El peronismo, el pichettismo, el radicalismo díscolo, la izquierda y la Coalición Cívica buscaron forzar una interpretación del reglamento que les permita designar, en el recinto, al presidente de la comisión, que se encuentra paralizada por un empate entre sus integrantes. En el recinto, sin embargo, tenían una mayoría y pretendían utilizarla para imponer al candidato propio.Menem, que se encontraba en debilidad numérica, se negó. “Es una situación política que tiene que resolver la comisión. El pleno es soberano, pero tiene que respetar el reglamento que creamos. Si hay necesidad de modificar el reglamento, tiene que haber un proyecto, dictaminar, aprobarlo y modificarlo”, respondió Menem, desde el estrado, a los cuestionamientos del peronismo y el pichettismo. “Hay mala praxis política”, agregó.

La oposición, que sabía que no tenía los dos tercios que reclamaba Menem para tratar el tema, se enfureció. “Esta es la tercera irregularidad que usted habilita. La semana pasada se arrogó la facultad de definir qué entra en el temario y qué no. Si usted o Javier Milei no tienen nada que ocultar, habiliten la discusión para que la investigación funcione”, lo cruzó la camporista Paula Penacca, secretaria parlamentaria de UxP.

Cecilia Moreau fue más allá, y le recordó a Menem que si podía ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados era solo porque el peronismo así lo había concedido. Y de la misma manera que le había dado su apoyo, podía quitárselo el próximo año. “Usted está incumpliendo los deberes de funcionario público. Tiene mandato hasta fin de año. Tiene que correrse a un lado si la estafa de $LIBRA lo involucra y dejar que esta Cámara lo investigue. No está facultado a tomar decisiones por encima de este cuerpo”, arremetió.

Los libertarios, esta vez, sí salieron en defensa del riojano. En línea con la directiva que Menem había hecho en marzo, cuando se debatía el DNU para el nuevo acuerdo con el FMI, los diputados oficialistas salieron con los tapones de punta. Insultando, gritando y tomando la palabra.

“No hay duda sobre la interpretación del reglamento, no tienen los votos. Usted no tiene problema de interpretación porque es bastante inteligente, pero es bastante pillo”, le recriminó Nadia Márquez a Oscar Agost Carreño, quien había hecho la moción de la oposición. Menos sutil fue el correntino Lisandro Almirón, que durante todo su discurso se dirigió al cordobés pichettista como “Agos Carroña”.

“Son partícipes de un golpe institucional”, masculló, furioso, Almirón contra la oposición por querer destrabar una comisión empantanada por Menem para evitar que se investigara a Javier Milei y Karina Milei por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA.

“Lo que se busca es un montaje y una apropiación política de un escándalo que está siendo investigado”, denunció, solícita, la espada bullrichista, Silvana Giudici, que se encargó de armar al oficialismo con la mayoría de los argumentos reglamentaristas.

En un momento, el peronismo amagó con intentar reactivar la comisión de Juicio Político. “Acá lo que pasó es que muchos no se animaron a ponerle el cascabel al gato. No porque queramos destituir a Milei, sino porque es la comisión encargada de investigar”, deslizó Carolina Gaillard (UxP), quien sugirió que había que designar a la presidenta de la comisión de Juicio Político: un cargo que iba a ser para la libertaria Marcela Pagano, pero que quedó vacante hace más de un año porque Karina Milei no confia en ella. Pagano, que está enemistada con el resto de su bloque, le agradeció a Gaillard haciéndole un gesto de un corazón con las manos.

Después de tres horas de debate, sin embargo, no se llegaba a un acuerdo. Menem, en ese momento, propuso convocar un cuarto intermedio con los jefes de bloque para resolver la discusión. Cuando salieron, Menem estaba triunfante: hubo un acuerdo para convocar a la comisión la semana próxima para intentar destrabar el empate. Es decir, nada cambió. Una vez más, la comisión $LIBRA quedaba en stand by.

IG

Lo que está pasando en Estados Unidos es bastante inédito y anticipa lo que podremos esperar por todas partes. Trump avanza contra la autonomía de las universidades. Pretende decidir él qué se puede enseñar y qué no. Lo mismo en los museos: quiere controlar la narrativa de la historia, que no se hable de racismo ni del avance en los derechos de las mujeres. Los profesores tienen miedo de lo que dicen en las aulas. Todo este escenario totalitario, propio de dictaduras, a cuento de una supuesta lucha contra lo “woke”. El mismo discurso idiota que Milei ya puso en juego en Argentina.

En noviembre de 2021, apenas lanzado a la carrera política meteórica que lo acaba de colocar como vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance lo dijo con todas las letras. “Las universidades son el enemigo”. Así como lo leen. Para que no queden dudas, puntualizó: “Los profesores son el enemigo”. Vance es el típico liberal-fascista que prolifera en estos días: tiene vínculos aceitados con la élite de los megamillonarios, está en contra del aborto, odia a los gays, demoniza a los inmigrantes, quiere que cualquiera pueda portar armas y cree que el cambio climático es un invento. También piensa algo que a Milei no le gustaría: que las personas sin hijos son psicológicamente inestables y propensas a tener problemas mentales. ¿Por qué detesta a los profesores? En su discurso lo dijo con toda claridad: son un obstáculo para las políticas que la extrema derecha quiere llevar adelante. No los profesores de tal o cual idea o los de ciencias sociales: los profesores y las universidades. Todos ellos.

A esta altura del partido no está claro que los cambios que viene atravesando la humanidad en los últimos 300 años puedan seguir considerándose un “progreso”. Pasaron demasiadas cosas, en muchos aspectos hay mejoras, en otros retrocesos. Solía imaginarse al capitalismo como una fuerza progresista, que alentaba una mayor libertad, más bienestar y más derechos para las personas. Hoy hay dudas cada vez más acuciantes. La crisis ambiental amenaza el futuro de la especie, derechos personales que creíamos solidos se deterioran, la desigualdad corroe la democracia, el fascismo avanza. 

El progreso científico y tecnológico es sin embargo indudable. Se suele agradecer al capitalismo por ese avance, pero lo que más contribuyó no fueron incentivos económicos ni mucho menos iniciativas empresariales, sino un cambio en el plano de las ideas: la aparición del método científico. Fueron filósofos como David Hume, René Descartes o Isaac Newton quienes lo desarrollaron a partir del siglo XVII. Hoy parece una obviedad, pero fue una revolución. Para conocer la realidad, propusieron, no alcanzaba con interpretar la Biblia, repetir las nociones de los antiguos, o dibujar teorías especulativas: había que recoger evidencia, observar, medir, formular hipótesis, contrastarlas mediante experimentos. Fue ese método lo que permitió esa notable aceleración de la comprensión humana sobre el mundo que colocó a la Europa moderna por encima de todas las demás regiones. La medicina, la química, la física, el conocimiento astronómico, trajeron innumerables oportunidades nuevas para la especie. Científicos y académicos posteriores fueron refinando el método, generando metodologías cada vez más confiables, acumulando datos y observaciones, creando procedimientos para que el saber se produzca bajo controles de calidad estrictos. La tarea nunca termina. Siempre se va mejorando. Los empresarios supieron poner todo ese potencial a su servicio, pero no lo crearon.

El método científico implica un compromiso ético que todo investigador acepta: uno no dice cualquier cosa que se le ocurra. Hay que someterse a los datos, dudar de todo, permanecer abierto a las impugnaciones que puedan presentar los colegas, tener la capacidad de reconocer prejuicios propios que pueden distorsionar la práctica. La evidencia debe imponer su ley. La verdad surge de esa empresa colectiva y del apego al método. 

El atractivo del método científico fue tal, que muy pronto buscó aplicárselo a la política. Entre los primeros liberales se destacaron los fisiócratas franceses, como Lemercier de la Rivière, que sostenía que “el despotismo de la evidencia” era el único remedio contra el “despotismo de la opinión”. La política debía regirse por las mismas leyes que regían el mundo natural y los soberanos tenían que someterse a la evidencia. También en los asuntos de gobierno penetraría el espíritu de la ciencia y el caos se transformaría en orden.

Si bien ese futuro luminoso claramente no llegó, no caben dudas de que los Estados refinaron e hicieron más eficaz su labor gracias al conocimiento científico. Desde la construcción de puentes hasta las políticas sanitarias, desde el manejo de la economía hasta la carrera espacial, todo se potenció recabando datos, levantando censos y encuestas, aplicando estadística, contrastando experiencias. Ejércitos de sanitaristas, sociólogos, demógrafos, economistas, trabajadores sociales, psicólogos, politólogos y muchas otras disciplinas colaboraron en la tarea. Los políticos no siempre se someten a la evidencia, pero los científicos y académicos se ocupan de que tengan conocimiento controlado, de calidad, para poder tomar sus decisiones. 

El conocimiento científico colaboró con el poder tanto como fue su enemigo. Porque el apego a la evidencia no siempre conviene a los poderosos. Los investigadores con frecuencia debieron enfrentar el sentido común de la sociedad y a quienes se enojan porque exponen sus privilegios o sus falsas creencias. La prolongada querella entre la Iglesia y los científicos en la Europa moderna es bien conocida: los conocimientos sobre astronomía, geología o la evolución de las especies ponían en entredicho la narrativa de la Biblia y eso socavaba el poder de la religión.

Algo análogo sucede hoy con las extremas derechas y con los magnates que las apoyan en todo el mundo: no necesitan ni desean someterse a una evidencia que cada vez con mayor claridad indica que sus actividades dañan la sociedad. Detestan que haya voces autorizadas que desmientan sus visiones. No quieren oír hablar del cambio climático, ni que Thomas Piketty demuestre con estadísticas monumentales que el mercado librado a sus propios impulsos solo crea rentistas y herederos, ni que haya antropólogas como Rita Segato que les recuerden que hay relación entre el capitalismo y la opresión de género y entre ambos y el racismo. Detestan que haya un campo académico con prestigio como para ser, todavía, escuchado. Por eso atacan con tanta furia a los universitarios “woke” en Estados Unidos o a las Universidades y el Conicet aquí. 

La extrema derecha es, entre otras cosas, una rebelión contra la evidencia. Sus partidarios reclaman el derecho a liberarse de los datos, el derecho a que cada individuo se cree una realidad a medida. No hay equívoco en el entusiasmo con el que difunden toda clase de informaciones falsas y disparatadas: no se trata tanto de imponer un dato falso, como de destruir el compromiso ético con la evidencia que funda las sociedades modernas. Todos esos cuadritos y gráficos mal construidos y pseudo-estadísticas que inundan las redes buscan hacer imposible que las personas encuentren referentes autorizados que aporten conocimiento bien generado. Tampoco hay equívoco en la manera en que desnaturalizan nuestro vocabulario cuando llaman “socialista” a Hitler o a “comunista” a Kamala Harris: no les importa tanto que alguien lo crea, como destruir toda capacidad de comunicación reglada entre las personas. Que el ruido impida toda inteligibilidad política. Que es otro modo de destruir cualquier lazo colectivo, salvo el que organiza el mercado. El valor de cambio como única verdad.

EA/DTC

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a los principales gremios de la educación superior, comienza hoy un paro nacional universitario que se extenderá también al martes. Además, informaron que el miércoles acompañarán la marcha semanal de jubilados, luego de que el miércoles pasado fuera escenario de un fuerte despliegue represivo por parte de las fuerzas de seguridad.

Según informó esa agrupación, el Gobierno Nacional ofreció aumentos por decreto de 1,5% en enero y 1,2% en febrero, por debajo de la suba de precios en esos meses, que fue de 2,2% y 2,4% según el Indec. Los salarios que no llegan a empatarle a la inflación revitalizan la tensión que los universitarios ya manifestaron el año pasado, con marchas masivas y paros en todo el país.

Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales argentinas, afirmó que “los recursos que se destinan al funcionamiento” de las casas de altos estudios “apenas alcanzan a un 50% para el 2025”.

“Todos los sindicatos que componen la representación gremial de las universidades públicas estamos en esta conferencia que acontece en un contexto signado por la violencia institucional. Por eso, no podemos dejar de manifestar nuestra solidaridad con aquellos que fueron víctimas de la represión”, destacó Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU, en una conferencia de prensa del Frente Sindical el pasado jueves, en relación a lo acontencido en la marcha de jubilados e hinchas del fútbol el día anterior.

Montero agregó que las universidades no cuentan con presupuesto “por una decisión política del Gobierno Nacional de no debatirlo en el Congreso”. Según afirmó el dirigente sindical, las casas de estudio se “manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior”, lo que “implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial” y “la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos”.

En la misma conferencia, Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica, afirmó que el plan de lucha que incluye el paro es por los salarios, el presupuesto universitario, las condiciones laborales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno nacional asegura está pronto a firmar. “Un acuerdo con el Fondo que va a traer mayor pérdida salarial, mayor precariedad, mayor pérdida de puestos de trabajo, reforma laboral y una profundización todavía más grande de la reforma jubilatoria”, agregó Staiti.

Norberto Heyaca, de Fagdut, afirmó que durante la administración de Javier Milei, los docentes perdieron “cuatro sueldos frente a la inflación”. “Y esos cuatro sueldos también los perdieron nuestras obras sociales. Por eso tenemos serios problemas en las universidades para sostener la salud de los docentes y no docentes. Nuestras obras sociales han tenido que cortar convenios, que restringir prestaciones. No solo nos están haciendo pasar hambre, además nos están afectando la salud”, afirmó.

El CIN expresó en un comunicado su “profunda preocupación por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales por la falta de actualización de los gastos para su funcionamiento” y reclamó una recomposición salarial para docentes y no docentes además de la “reconstrucción del sistema de investigación, ciencia y tecnología, la reinversión en infraestructura universitaria y la actualización del sistema de becas” estudiantiles.

Según el texto, las universidades no cuentan con presupuesto para el ejercicio del 2025 “por manifiesta voluntad del Gobierno”.

FATUN reivindica la medida

El secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), Jorge Anró, expresó la adhesión al paro de 48 horas que se realiza hoy y mañana en reclamo de mayor presupuesto y mejora salarial para docentes y no docentes.

“Estamos haciendo un paro con 48 horas en reclamo del presupuesto universitario, que a pesar de la lucha que hemos hecho todo el año pasado, con dos marchas históricas y todo tipo de actividades, no ha tenido respuestas por parte del Gobierno”, dijo Anró, en declaraciones a Radio Splendid.

Afirmó que “esta lucha tiene que ver con el salario docente y no docente, pero también tiene que ver con las becas estudiantiles, con la plata para ciencia, tecnología, investigación”.

“También con el deterioro que tiene la parte de funcionamiento que necesitan las universidades para seguir siendo la institución más prestigiosa de nuestro país”, afirmó.

La decisión de realizar el paro de 48 horas fue tomada en la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales.

Entre ellas estuvieron Fatun, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

FI/MT

El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas para el 17 y 18 de marzo, en reclamo de mejoras salariales y como repudio al desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei hacia las casas de altos estudios.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Frente Sindical sostuvo que se trata de una medida de fuerza que es “respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han generado un impacto devastador en las universidades nacionales”.

“El incremento salarial del 1,5% para enero y del 1,2% para el mes de febrero, impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU), continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante el año 2024”, añadió el sector gremial.

El texto agrega que “el Gobierno no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo”

Además, la medida de fuerza, que coincide con el inicio del ciclo lectivo en ese segmento educativo superior, apunta a que el “desfinanciamiento de las universidades nacionales se constituye en un grave problema que la comunidad universitaria y la sociedad en general enfrenta”.

“Sin ley de presupuesto para el 2025, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, se pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades”.

El Frente Sindical adhiere también al Paro Internacional Feminista en el día de la Mujer Trabajadora del próximo 8 de marzo y “convoca a las compañeras trabajadoras docentes y no docentes a participar activamente de las movilizaciones en todo el país contra el hambre, el saqueo y la crueldad”.

El anuncio del Gobierno de querer arancelar la universidad para los extranjeros se desarma apenas se pone la lupa sobre cómo funciona el sistema público en la actualidad. Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que la Casa Rosada tiene la intención de que se comience a cobrar a estudiantes no residentes, la realidad es que actualmente quienes ingresan a las casas de altos estudios ya cuentan con un DNI –otorgado por Migraciones de manera muy rápida– y no pagan porque la gratuidad educativa está avalada por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521).

En su conferencia de este martes Adorni no aclaró si la reforma migratoria que impulsa Javier Milei correrá a partir de un decreto presidencial o vía cambios legislativos, pese a que el Congreso ya está virtualmente de vacaciones hasta marzo y no hay certezas aún de que vaya a haber sesiones extraordinarias.

“Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino”, fue tajante en la aclaración sobre la situación de los estudiantes extranjeros el titular del Consejo Universitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, ante la consulta de elDiarioAR. Por lo tanto cae en un saco roto la idea de cobrarle a los “no residentes”, porque básicamente con ese estatus ninguna persona extranjera está habilitada para estudiar. Además, la intención libertaria es contraria a su supuesta idea de eliminar el rol del Estado de la vida cotidiana, ya que va contra la autonomía de las universidades.

Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino

Víctor Moriñigo — presidente del Consejo Universitario Nacional (CIN)

La única excepción a esa regla, supo este medio de otras fuentes especializadas, son los casos de estudiantes extranjeros que llegan al país para hacer un intercambio temporal, “que generalmente son de un semestre”.

“El anuncio me parece una bomba de humo, un absurdo total. La gratuidad de la educación superior está fijada por la ley de reforma de educación superior de 2015”, sostuvo a su vez Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. “Plantear estudiantes extranjeros no residentes no existe. No tiene sentido a no ser que modifiquen la ley”, agregó el académico en la pantalla del canal LN+.

Sin detalles oficiales, en la Cámara de Diputados buscaron entender el anuncio y especularon sobre los caminos legales. Aclararon que si el oficialismo avanza efectivamente en la reforma que anunció Adorni, podría cambiar la Ley de Migración (25.871), además de prohibir que se otorgue la residencia a quienes vinieran a estudiar. Pero hay un choque inevitable con la gratuidad que establece la Ley de Educación Superior. Esta modificación ya se quiso hacer en la primera versión de la Ley de Bases del verano pasado y fracasó por la oposición de las fuerzas aliadas.

Una fuente legislativa aclaró que además el Gobierno podría adoptar el sistema de Estados Unidos, en el que hay distintos tipos de visa, para luego presentar un trámite específico de ciudadanía o residencia. “Hecho esto, entonces serían extranjeros y eventualmente plausibles de cobrárseles un arancel”, apuntó la voz consultada, que criticó el anuncio de Adorni por ser “un jueguito para la tribuna”.

Desde el CIN, Morigiño también dijo que no hay conocimiento de cuál será el método que adopte el Gobierno para avanzar en ese objetivo, pero apuntó contra el preconcepto de que las universidades se ahorrarían partidas cobrándoles a los extranjeros. “No sabemos cómo van a hacer. Pero si hay que discutir esta situación, habría que fijarse cuando se egresa que no se vayan rápido, porque ahí el Estado argentino sí invirtió en un profesional que sería importante que se quede”, subrayó.

“Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, detalló a modo de ejemplo Adorni para sostener la tesis libertaria de que arancelar va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio, justo cuando está en disputa el presupuesto 2025, que el Gobierno no quiere sancionar y en donde la partida específica para universidades está a la mitad de los reclamado por el CIN: $3,8 billones frente a $7,2 billones. “Para las universidades el costo marginal no es importante, porque en promedio el 5% de los estudiantes son extranjeros. Ya sean 5 o 50 en un aula, igualmente tengo que poner un profesor”, dijo Morigiño. 

De acuerdo con el último dato estadístico oficial, recolectado por el Ministerio de Capital Humano libertario, el 4,3% de la matrícula de las universidades estatales corresponde a estudiantes extranjeros. En todo el sistema estatal, al 2022, se registraron 91.984 estudiantes extranjeros. Justamente a contramano del anuncio oficial, el informe no desglosa entre “residentes” y “no residentes” porque solo los extranjeros con DNI o en documento en trámite están habilitados a cursar carreras de grado y posgrado. 

MC/JJD