El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, sentenciado este jueves a 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra el orden democrático, se suma a la larga lista de exgobernantes latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

Bolsonaro y otros siete procesados fueron condenados por delitos contra la democracia, entre ellos intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado. En el caso del exmandatario, el juez relator aplicó el agravante de liderazgo, al señalar que la Fiscalía lo identificó como “jefe” de la organización criminal que conspiró para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.

A continuación una relación de los principales exmandatarios latinoamericanos condenados o con causas penales:

BRASIL

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EFE.

Remeras amarillas y negras, banderas con el logo de un león y cientos de volantes con el rostro de Javier Milei cubren el local. Parecieran los vestigios de algún bunker electoral del presidente argentino, pero la descripción responde a un domicilio limeño donde todos los días decenas de militantes se reúnen para darle vida al Partido Libertario Peruano (PLP).

Un inmueble de dos pisos en Lince –distrito mesocrático de Lima– se ha convertido en los últimos meses en el centro de operaciones de un grupo de simpatizantes que aspiran a replicar en Perú el éxito electoral de quien consideran su principal referencia. 

Pero la génesis no fue capitalina. En 2017, 1.000 km hacia el sur de Lima, un grupo de estudiantes arequipeños se convocaron para leer autores liberales. El centro de estudios tomó el nombre de un famoso paisano: el Nobel Mario Vargas Llosa, quien en las elecciones presidenciales de 1990 postuló con el Movimiento Libertad. 

 Llegada la pandemia, varios de ellos empezaron a tener un activismo por fuera de los libros. Salieron a las calles de Arequipa para protestar por la extensión de la cuarentena, y cuando Pedro Castillo se impuso en las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori (en julio de 2021) decidieron dar el salto a la política partidaria. En esos momentos, en Argentina, el melenudo economista encaraba la recta final de su primera campaña electoral que le daría una plaza de diputado. 

En ese grupo fundacional del PLP estuvo el comunicador Giancarlo Calla, quien cuando era estudiante fue procesado por difamación. En su blog tildó a un profesor de “patriarojil” y lo acusó de contrataciones irregulares. Actualmente, Calla es el motor del partido, ya que es uno de los pocos que está abocado a tiempo completo.

Dentro del partido es uno de los primeros que escuchó a Milei. “Pude disfrutarlo desde sus inicios”, refiere con cierta jactancia. “Cuando estaba en la universidad y decía que era liberal nadie me entendía”, recuerda. 

Cita al chileno Axel Kaiser, a la guatemalteca Gloria Álvarez, al español Juan Ramón Rallo, y al argentino Agustín Laje, como las voces que empezaron a esparcir la noción libertaria en las redes una década atrás. Refiere que Milei capitalizó ese fervor que empezaba a sentirse entre algunos jóvenes de la región. 

“Hemos hallado en Milei a un líder”, acota sonriente la nutricionista Jessi Vila, vocera y uno de los rostros más visibles de la agrupación. Es evangélica y se opone a la despenalización del aborto. 

Hemos hallado en Milei a un líder”, acota sonriente la nutricionista Jessi Vila, vocera y uno de los rostros más visibles de la agrupación. Es evangélica y se opone a la despenalización del aborto

Confiesa haber estado distante de la política buena parte de su vida, ya que lo veía como “algo que resta”. El cimbronazo llegó con la proclamación de Castillo, a quien describe como “un neomarxista”. Participó en varias movilizaciones exigiendo su destitución. En esas marchas conoció a los primeros miembros del partido libertario. 

Leyó autores y pasó varias horas escuchando a Milei en redes como parte de su autoadoctrinamiento. Considera que, si bien hoy circulan varios influencers libertarios en redes, es el economista argentino quien ha hecho que todos volteen a mirar esta línea de pensamiento. “Por eso tomamos algunos elementos gráficos que lo representan. El león también es para nosotros la fuerza, el liderazgo”, precisa. 

El felino no fue el primer logo que usó el PLP en sus apariciones públicas. Arrancaron enarbolando la bandera de Gadsden, el estandarte internacional de los libertarios. Sin embargo, la imagen de una serpiente con el mensaje “Don't tread on me” (No me pisotees), resultó muy agresiva para la población y no tuvo la acogida esperada. Fue así que en 2022 deciden incorporar el león en su propaganda. 

No han podido aún establecer contacto directo con el dirigente argentino, pero destacan formar parte de la Alianza Libertaria de Iberoamérica, red integrada por más de diez agrupaciones entre las que se encuentra el partido de Javier Milei. “Somos el primer partido libertario del Perú”, sostiene Calla, como zanjando diferencias con otras iniciativas ideológicamente similares, tal es el caso del movimiento Tu Independencia liderado por Jorge Ugarte. 

¿Perú, un país de libertarios?

Desde el año pasado, el 19 noviembre también es una fecha célebre para los libertarios peruanos. Aquel día festejaron, casi como suyo, el triunfo de Milei en la segunda vuelta. Fue un desahogo. En las semanas previas, la definición electoral argentina había generado una expectativa regional. Pese a la confianza en el proyecto, existía mucha intriga dentro del satélite peruano. 

“Estaba muy preocupado por Milei, ya que Massa había lanzado una campaña millonaria para la elección”, dice Edward Cárdenas, ingeniero electrónico y actual presidente del partido. 

Estaba muy preocupado por Milei, ya que Massa había lanzado una campaña millonaria para la elección

Edward Cárdenas — Presidente del Partido Liberal

Considera que el ascenso a la Casa Rosada significa un envión importante para los libertarios de la región. Como viene ocurriendo en los últimos años, donde la exposición mediática de Milei, había repercutido también en el PLP. Conforme la imagen del candidato argentino crecía, había más medios locales interesados en escucharlos.

Ahora, esperanzados en desperdigar por el Perú la mecha encendida, trabajan en la inscripción electoral del partido. Convocan a simpatizantes para afiliarse y crear comités de apoyo en distintas partes del país. Incluso se ofrecen a ir en auto hacia los domicilios de los interesados en firmar su afiliación. La meta: cumplir con estos requisitos que le pide el jurado electoral peruano para participar en los comicios presidenciales de 2026. 

Otra de las razones que alimenta sus esperanzas es la atención que ha generado Milei entre los ciudadanos de a pie. En septiembre pasado, Iñaki Gutiérrez, el community manager del entonces candidato, reveló en una entrevista que el Perú es el país con más seguidores de Milei fuera de Argentina. “El 10% de nuestros seguidores totales es de Lima”, contó. 

Ese dato les da un soporte empírico a las altas aspiraciones del PLP. Asocian este interés con “la naturaleza emprendedora” del peruano. “Y esa naturaleza se tiene que vivir en libertad, no quiere un Estado que le quite lo que gana por su trabajo diario”, expresa Jessi Vila. “El peruano es libertario sin saberlo”, agrega Calla.

El peruano es libertario sin saberlo

Giancarlo Calla — Partido Libertario Peruano

El contexto económico peruano actual dista del argentino. Bajo una economía abierta al mercado –instalada hace más de 30 años– las cifras macroeconómicas arrojan una inflación anual de apenas 3,41% en 2023. También muestra una estabilidad cambiaria como sello del modelo. Pero, no todas son buenas. En la contracara, se detecta que el último año el PBI cayó 0,5%, marcando un registro negativo por primera vez en dos décadas. Asimismo, un tercio de la población se ubicó por debajo de la línea de pobreza. 

Para los libertarios peruanos, estos últimos datos se deben a las malas políticas públicas, que en los años más recientes “se encargaron de entorpecer la inversión privada”. “El sistema actual se ha burocratizado tanto que ha frenado las expectativas de muchas personas”, refiere el presidente del partido Edward Cárdenas. Afirman que esta burocracia favorece aprovechamientos, y por eso, el popular discurso argentino “anticasta” funcionaría mejor en el Perú como una posición “anticorrupción”. 

Intentan despegarse del fujimorismo, la línea de derecha más influyente en las últimas décadas, diciendo que son un partido nuevo, pero destacan las medidas económicas de shock tomadas por el patriarca Alberto a inicios de los 90. Disposiciones que han sido emparentadas por diversos analistas con las tomadas por Milei en sus primeros meses de gestión. 

Pese al enrarecido clima social en Argentina debido a estas medidas, los miembros del PLP respaldan el accionar presidencial. “Está siendo fiel a lo que dijo en campaña. No tiene un doble discurso”, refiere Vila. 

Citan partes de su presentación en el foro de Davos; cuestionan la resistencia de un sector de los gobernadores para frenar la ley Bases, opinan sobre el DNU. Es evidente que siguen a detalle la coyuntura argentina. En paralelo, no descuidan el trabajo de hormiga para inscribir al partido.

A diferencia del caso argentino, el PLP no asoma personalista. No se distingue aún una figura con perfil electoral. Aunque dicen que la idea no sería encontrar un émulo local del provocador economista. “Los argentinos y peruanos tenemos idiosincrasias distintas. Quizás busquemos más una imagen”, cuenta Vila.

 La frase queda abierta. Como esperando una revisión más adelante. Por cómo viene cocinándose el proyecto, pareciera difícil pensar en un candidato del libertarismo peruano sin el sello Milei. 

OBO/MG

En diciembre de 2022, ocurrió el episodio que los medios calificaron “autogolpe de Estado” del izquierdista Pedro Castillo. El presidente había anunciado por radio que renunciaba y disolvía el Congreso para convocar nuevas elecciones. Fue detenido por la fiscal Patricia Benavides y después destituido por un voto de vacancia del Congreso unicameral peruano, donde un conjunto de fuerzas fragmentadas de derecha gozan de la mayoría. La vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta, e inició un gobierno aliada con la ex oposición, la mayoría derechista del Congreso. El gobierno está fundado en el pacto de que ella no renunciará, porque en ese caso el Congreso debería disolverse. Como el cargo de congresista no es reelegible en el Perú, significaría el fin de la carrera política legislativa de quienes actualmete ocupan el centenar y tres decenas de escaños. Las manifestaciones reclamaron la renuncia de la mandataria, en un contexto de profunda crisis social, económica y política. Fueron reprimidas con sangre. En Lima hay apoyo a esta situación. Que podría quebrarse tras el arresto e incriminación de la máxima autoridad del Ministerio Público, la fiscal Patricia Benevides que arrestó a Castillo, la antes incorruptible Sergio Moro de todos los Lava Jatos peruanos, por integrar una banda criminal con vínculos con el narco que extorsionaba al Congreso con datos obtenidos en investigaciones para ganar votos en el Legislativo.

Diecisiete intentos frustrados de gobernar sobre el Perú

El 7 de diciembre de 2022, el presidente izquierdista Pedro Castillo anunció la disolución del Parlamento. La medida frustraba  el propósito del  Congreso unicameral de Perú preparado  para votar una tercera moción de destitución al primer mandatario.  Sin pausa alguna,  el Legislativo destituyó a Castillo por “incapacidad moral” al considerar que el gobernante “violó la Constitución”, decisión que el Ejército respaldó. Finalmente,  la  vicepresidenta Dina Boluarte  asumió el más alto cargo del país andino.

Los 17 meses de gestión de gobierno  del ex presidente Castillo estuvieron marcados por constantes acusaciones en su contra e intentos de destitución de su mandato. La llegada al poder de un  docente rural y sindicalista de izquierda sorprendió y provocó una reacción negativa en los sectores más conservadores del país que de inmediato pusieron en tela de juicio hasta su propia elección democrática. Agrupaciones empresariales y civiles le declararon la guerra desde el segundo cero y lo señalaron de presunta corrupción en repetidas ocasiones. 

Después de su vacilante y aun contradictoria gestión de gobierno, el 7 de diciembre de 2022, se interrumpió la programación habitual en la televisión nacional y Castillo leyó un discurso que, sin saberlo en el momento, firmaba el acta de defunción de su mandato. El castillo de Pedro empezó a derrumbarse ante la inminencia de una tercera moción de destitución y comunicó al público de la nación el cierre del Legislativo y la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto. 

La prensa nacional e internacional, calificó el suceso como un “autogolpe de Estado” que no tuvo respaldo de ningún sector, ni siquiera de los militares. Castillo fue destituido por el Congreso, detenido por su escolta y recluido en prisión por delitos de rebelión y conspiración sin el debido proceso. 

Más de 20 días después, Castillo publicó en su cuenta X ( Twitter) una extensa respuesta a los señalamientos en su contra:

“Yo no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia presidencial y otras artimañas. Si mi familia ha tenido que salir del país y refugiarse es porque en Perú corría peligro, no solo su libertad, sino también su integridad y sus propias vidas,

Sin embargo, yo me quedaré aquí para afrontar cualquier proceso porque tengo la verdad de mi lado. Deben tener conocimiento, señores jueces supremos, que, hasta la fecha, estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia“.

Un período de transición sin viabilidad

La destitución de Castillo lleva como necesario correlato  la asunción de Dina Boluarte: la entonces vicepresidenta del país juró como la nueva mandataria con la esperanza de comenzar un nuevo periodo de transición que nunca hasta el día de hoy lo ha logrado. Las  peruanas y peruanos, algunos en apoyo del destituido presidente y otros desanimados por la constante inestabilidad política, salieron a las calles reclamando el adelanto de las elecciones generales. 

El pedido se gritaba en las calles pero se silenció puertas adentro del Congreso. Las masivas protestas marcaron la temperatura in crescendo de la  crisis social que involucró  la mayor parte de la región urbana del país andino, con más de medio centenar de muertes directas y otra veintena adicional por sucesos aledaños a las protestas. 

Los poderes desacreditados del Estado

En los meses posteriores,  el Legislativo se engrandeció y el Ejecutivo se achicó considerablemente. El Congreso, a pesar de tener más del 90% de desaprobación en las encuestas oficiales, ha tomado un peso político que puede ayudarlo a permanecer por varios años más. “El Ejecutivo es débil, es una presidenta que ya se ha dicho reiteradamente que carece de partido, de bancada, carece de apoyo ciudadano, carece de referencias sociales fuertes, regionales y locales”, sostiene Fernando Tuesta,  analista político.  

El Parlamento comenzó a desarrollar su propia agenda, “a través del poder que ejerce y la coalición amplia que ha establecido” entre las más diversas bancadas, detalla Tuesta. Las medidas aprobadas por el Legislativo favorecen no sólo a entidades políticas, como los partidos o alianzas políticas de izquierda o derecha, sino también a intereses privados, mercantilistas e incluso mafiosos. No en vano un grueso número de congresistas, que puede llegar a un tercio de los 130 legisladores, afrontan investigaciones por presunta corrupción y otros delitos, algunas de las cuales fueron archivadas convenientemente por el pleno.

Los debe sin haber de la presidenta Boluarte

Boluarte debe enfrentar una agenda prioritaria que no gestionarla con éxito acrecentará la ira de la población. La inseguridad ha dejado los casos de extorsión quintuplicados, la tasa de  homicidio ha aumentado casi en un 90% y el  incremento del delito llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en varias zonas de la capital peruana. 

 La situación económica es la peor del país en tres décadas, sin contar la recesión de la pandemia, por la caída de inversiones y del golpe por las protestas antigubernamentales. Al contexto económico se suma la falta de confianza en las instituciones como el Congreso, tradicionalmente desprestigiado. Esta semana la crisis en el Ministerio Público se agudizó con la suspensión de la fiscal general, Patricia Benavidez  por una investigación criminal.

En el primer aniversario de gobierno de la mandataria, miles de peruanos se manifestaron en las calles y la plaza San Martín de Lima y reclamaron: “Que se vayan todos”. Con banderas, pasacalles, y danzas  típica en un marco de protesta, pidieron por el cierre del Congreso y elecciones anticipadas, reiterando los reclamos de principios de 2023 que quedaron marcados por fuerte represión policial. Luego de aquellas manifestaciones, que dejaron más de 50 muertos en el país, la Fiscalía presentó a fines de noviembre ante el Congreso una acusación constitucional contra Boluarte, por presunto delito de “homicidio calificado”. La misma Fiscalía que antes garantizaba impunidad o le evitaba la apertura de procesos por la gestión de los fondos de la campaña de Castillo ahora puede ser su delatora.

Acorralada, la ex fiscal suprema Benavídes podría buscar traficar información incriminatoria de modo de intentar apurar un voto de vacancia contra Boluarte promovido por congresistas a quienes preocupe más su futuro judicial que el fin de su futuro legislativo. Investigada, la ex Fiscal no contaría con tesis ni de licenciatura ni de doctorado en Derecho, aunque sí certificados con calificaciones máximas por esos logros, que contribuyeron a jusificar la nota de 100 puntos otorgada en el Concurso para el cargo supremo en el Ministerio Público hoy perdido. Un jurado que exaltó la mirada ética de la entonces concursante vio a su esposa promovida como bibliotecaria en sede fiscal (como la ausencia de cualificaciones fue advertida demasiado rápido, duró un día en esa posición): La busca por ejemplares o rastros físicos o digitales de las tesis de Benavides prosigue.

El Gobierno entretatanto elevó elevó las penas contra las personas que provoquen violencia en las protestas, destruyan propiedad pública o privada o cierren vías clave. “Congreso, fiscalía, ¡basta ya de corrupción! Queremos vivir en paz”, vociferaba  una mujer sentada en suelo como tantas otras en las calles de la capitalina Lima, la otrora Ciudad de los Reyes.

AGB

De 85 años de edad, Alberto Fujimori salió en libertad del penal de Barbadillo gracias al restablecimiento del indulto que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció como válido. Otorgado en 2017, había sido promulgado seis años bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la ilegalidad de este indulto. Su hija Keiko fue derrotada tres veces como candidata presidencial y ahora se ve haciendo campaña triunfante de la mano de su padre libre y octogenario. En el último balotaje presidencial, Keiko fue vencida por su rival de Izquierda Pedro Castillo. El vencedor fue destituido por el Congreso peruano y la liberación coincide con el primer aniversario de la destitución.

Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los DDHH durante su gobierno que se extendió entre 1990 y 2000. Armó “escuadrones de la muerte” con bandas parapoliciales, secuestró, asesinó y desapareció a trabajadores, referentes campesinos, periodistas y opositores políticos. Además de su condena, tiene todavía abierta otras causas de lesa humanidad por las que todavía no fue condenado.

Entusiasmada por el desenlace del largo proceso que liberó a su padre de sufrir penas por su condena como genocida, Keiko ya se ve en campaña asegurando que sólo un y una Fujimori darán estabilidad al Perú, país de 6 presidentes en 6 años.

En 2017 , Fujimori estuvo cuatro meses en libertad, hasta que la CIDH declaró el indulto ilegal, instrucción que fue acatada por el entonces presidente izquierdista opositor al fujimorismo  Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un año también en Barbadillo.  En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla que provee oxígeno y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), y a su hijo Kenji.

Desafío a la Corte Interamericana de DDHH

El mismo día 7 de diciembre, la CIDH publicó una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH. Con antelación,  la institución había instado en 2018 al país andino a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente,  por las que Fujimori fue condenado por 25 años de cárcel  como autor mediato ( con dominio de hecho), así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

El estado de derecho en crisis

Toda argumentación que busque validar el indulto aduciendo razones humanitarias por  la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud quedan inválidas debido a la profunda crisis institucional que ensombrece desde hace tiempo el horizonte político del país. “La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia”,  sostiene Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Sus afirmaciones remiten a la reciente suspensión de la fiscal general  Patricia Benavidez debido a una investigación de tráfico de influencias.

El diagnóstico de Alfredo Serrano Mansilla,  director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no deja lugar a dudas ni engaño. “Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral”, dice, y explica: “Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial”. En directa consecuencia,  el indulto que se ha llevado a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional, resalta Serrano Mancilla “es el resultado de un acuerdo político que en gran en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas”

Perú se encuentra comprometido al sistema interamericano de DDHH desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la OEA. El otorgamiento del indulto a Fujimori  significa que el TC, o varios de sus  miembros han desconocido  el valor jurídico de los compromisos internacionales. Al respecto, Salmón subraya  que “la Corte Interamericana ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares”. Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas. Muy por el contrario, Fujimori no se ha arrepentido por los asesinatos por los que fue condenado. En octubre, le dijo a un juez: “yo me considero totalmente inocente”. Y añadió que su gobierno practicó una “estrategia de total respeto a los derechos humanos” .

La posición del Perú respecto al incumplimiento de lo dispuesto por la CIDH no es nueva. “Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana” estima Salmón. Lo ocurrido funciona como un pretexto más para tratar de renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad.

El contexto latinoamericano

A nivel regional también se observan corrientes de este tipo, que anteponen, por ejemplo, el tema de la seguridad al de los DDHH. “Hay varios países que no ven con buenos ojos el sistema interamericano, porque indica los límites que tienen que respetar en la implementación de políticas jurídicas, de políticas públicas”, opina Salmón. “Yo creo que la Corte va a tener que saber estar a la altura de las circunstancias, y también dar una visibilidad muy importante al discurso de los derechos humanos, de la democracia”, afirma la académica.

El impacto político de hechos como la liberación de Fujimori es bien perceptible.  Otra vez en la televisión peruana se les otorga espacio a políticos de la época de Fujimori que  bien ufanos  vuelven a proclamar  que el ex dictador y autogolpista  fue quien salvó al Perú del terrorismo, el que arregló la situación económica.  Narrativas que suponen el fortalecimiento de movimientos como el fujimorista, que en su afán de regresar al poder plantean  posiciones muy alejadas de los DDHH y, además, practican el negacionismo con relación a los crímenes de lesa humanidad cuyo responsable ha quedado en libertad. .

Respecto a  las repercusiones de la decisión del TC peruano, Serrano Mansilla llama también la atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional. En este sentido, sentencia: “Hoy en día, deberíamos conocer los nombres y apellidos de los fiscales, porque, aunque no se presentaran a elecciones, tienen a veces mayor poder de decisión que un presidente electo democráticamente. Y esto es para repensar las democracias en la región latinoamericana”, con un claro llamado de atención sobre el rol determinante que tienen los poderes judiciales a nivel regional.

AGB

Vicente Romero, ministro del Interior de Perú, afirmó que el operativo policial que ingresó el sábado por la fuerza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima estaba justificado, a pesar de que hay acusaciones que afirman que no cumplió con los procedimientos legales.

“He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a ley”, indicó ayer domingo en una entrevista donde matizó que, de haber algún incumplimiento, se establecerán los responsables, según informó la agencia Europa Press.

Romero explicó que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención: “Había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía”.

El sábado pasado, cerca de 400 policías ingresaron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales en la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir con los requisitos legales para esa intervención, según denunciaron los manifestantes.

Para entrar, las fuerzas de seguridad rompieron la enorme reja con un vehículo antimotines y detuvieron a decenas de manifestantes y estudiantes que dormían desde hace varios días en el lugar. El fiscal superior peruano Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que hubo 205 detenidos, según recogió RPP.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso” y recalcó que llevar a los detenidos “ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas”.

Mediante un comunicado institucional, la UNMSM indicó que solicitaron la intervención policial por una denuncia de agresión contra la seguridad privada. “El sábado 21 de enero, la Policía Nacional de Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos”, se lee en la misiva.

Abogados de la región de Puno que llegaron al lugar denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores. El ministro, quien señaló que la intervención fue motivada para “dar seguridad”, destacó que durante la operación “no hubo ni un solo herido” por parte de los agentes de seguridad.

Según la universidad, la Policía actuó “de oficio” porque los manifestantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves. Durante la intervención, la Policía detuvo a 193 personas, de las cuales 192 fueron liberadas ayer domingo, informó la Fiscalía de la Nación en un comunicado. Una persona quedó detenida debido a que tenía una requisitoria previa.

Recuento de la “Toma de Lima”

Miles de personas llegadas del interior marcharon en Lima el jueves y el viernes, en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

Para Romero, el trabajo de la Policía durante estos días de manifestaciones antigubernamentales en Perú ha sido “excepcional”, al tiempo que opinó que la marcha multitudinaria de la semana pasada -conocida como “Toma de Lima”- fue un fracaso.

La represión policial dejó hasta el momento 46 muertos -45 manifestantes y un policía- desde que las protestas estallaron en diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Dina Boluarte en su condición de vicepresidenta. Además, otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.

Desde entonces y hasta el pasado viernes, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un total de 378 personas acusadas de causar disturbios, informó el ministro del Interior. A última hora del viernes, se estimó que habían al menos 3.700 manifestantes distribuidos en distintos puntos de la capital, participando en la “Toma de Lima”.

Luego de la masiva manifestación del jueves en Lima, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país. En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los congresistas.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte tendrá una dura prueba mañana, cuando miles de personas tienen previsto movilizarse en todo el país, sobre todo Lima, para exigir la renuncia de una mandataria en cuya gestión de cinco semanas ya hay medio centenar de muertos.

Policías y militares se desplegaban hoy para evitar en lo posible la llegada de manifestantes a la capital, que podría convertirse en epicentro de protestas que hasta ahora se desarrollan en el interior y, sobre todo, en el históricamente relegado sur del país.

“Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes. Y los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma. Los espero en casa de Gobierno para dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, afirmó Boluarte, una abogada quechuahablante nacida en el sur andino, pero que ha tenido problemas de conexión con las bases.

Analistas coinciden en que la de este jueves, independientemente de sus resultados, no será una jornada definitiva contra Boluarte, pero sí podría ser el inicio de una movilización de corto o mediano plazo contra una mandataria cuya renuncia se ha convertido en clamor de buena parte del país.

“Tengo la impresión de que la lógica de movilización va a seguir. No es que vamos a estar, como temen algunos, frente a un asalto al poder, pero es evidente que va a ser un nuevo momento que se va a sentir en Lima y el interior del país y allí las distancias entre Lima y el interior del país se van a acortar”, afirmó el sociólogo Eduardo Ballón.

Hasta ahora hay marcadas diferencias entre las provincias -primero las del sur y después con distinta intensidad las de centro, norte y este-, que se suman a la lucha contra Boluarte, frente a una metrópoli que permanece en su rutina habitual y parecería aceptar el plan de la mandataria, que apunta a elecciones anticipadas en abril de 2024.

Esa situación cambió ligeramente en la última semana, cuando la capital también fue escenario de dos movilizaciones masivas, protagonizadas sobre todo por estudiantes y habitantes de los conos norte y este, los más deprimidos, a lo que ahora se sumarán la llegada de personas de las provincias, que podrían ser miles.

Para el sociólogo Omar Coronel, incluso la reacción de esos sectores limeños podría resultar más determinante que la de los visitantes, con sus obstáculos para llegar a la capital. Lima ha sido determinante en luchas como la que se dio en 2000 contra el gobierno de Alberto Fujimori o en 2020 contra el fugaz mandato de cinco días de Manuel Merino.

La salida de Boluarte, a quien la gente parece responsabilizar de las 50 muertes que van hasta ahora, según la Defensoría del Pueblo -41 civiles caídos en choques con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a bala; un policía calcinado vivo dentro de su patrulla y ocho víctimas de los bloqueos- se ha convertido en punto central de la agenda.

Pero la mandataria de 60 años, que llegó al poder el 7 de diciembre al ser la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo, se niega a dimitir, porque dice que continuar es su deber constitucional y que lo que hay es una ofensiva de “azuzadores extremistas que quieren caos y anarquía”.

Las exigencias incluyen el cierre del impopular Congreso, controlado por la derecha y ahora aliado del Ejecutivo, la celebración de elecciones generales este año, la convocatoria de una Asamblea que cambie la Constitución de 1993 y libertad para Castillo, en detención provisional desde que fuera destituido al intentar dar su propio golpe.

Algunas exigencias, a la luz de expertos, pueden sonar incoherentes: por ejemplo, si renuncia Boluarte y se cierra el Congreso, ¿quién hará las elecciones? ¿Acaso los cuestionados militares? Porque un retorno del expresidente destituido no tiene viabilidad. Para los analistas, eso es explicable en medio de la dispersión de los líderes de las protestas.

“La característica principal de las movilizaciones es que no tienen una jerarquía organizacional”, afirmó el politólogo Fernando Tincopa, quien considera que por ello se ha pasado de principios “populistas” a un escenario de “caos social”.

Portavoces del Gobierno y de las Fuerzas Armadas se han dedicado a difundir que los líderes son miembros de las desarticuladas guerrillas, del terrorismo, de representantes de economías subterráneas como el narcotráfico o la minería ilegal o incluso agentes del expresidente boliviano Evo Morales, a quien ya se le prohibió el ingreso al país y se le pretende procesar por “traición a la patria”.

Analistas independientes no descartan que entre los agitadores haya extremistas, representantes de intereses oscuros y luchadores étnicos quechuas y aimaras contra el criollismo limeño, pero ello no alcanza a explicar un malestar que tiene que ver más con la histórica exclusión social, económica, cultural y política en un país fuertemente centralizado.

Según una encuesta de esta semana del Instituto de Estudios Peruanos, Boluarte es rechazada por 71% de los ciudadanos, lo que sube a 80% en el sur y a 87% en el centro. Al Congreso lo rechaza un 88%.

Para los analistas, la gran causa del divorcio es que Boluarte, al asumir, dijo que gobernaría hasta 2026, el fin original del mandato, lo que implicaba no solo darle tres años y medio más de vigencia al repudiado Congreso, sino desatender el clamor popular que, en un 83%, exigía elecciones generales inmediatas.

La presidenta, formada ideológicamente en la izquierda, retrocedió y anunció elecciones para diciembre de 2023 -en el Congreso no quisieron antes de abril de 2024-, pero ya para entonces había varios muertos, con denuncias de excesos de fuerza en la represión y el ambiente estaba incendiado.

En departamentos como Puno, Ayacucho o Apurímac -el natal de Boluarte-, los muertos se cuentan por decenas. También los hubo en Cusco, Arequipa y La Libertad. Hay centenares de heridos y gran cantidad de detenidos, de los cuales solo a una, Rocío Leandro, se le documentó un supuesto pasado conocido en Sendero Luminoso.

Las dos marchas realizadas hasta ahora en Lima fueron totalmente pacíficas y los observadores estiman que lo mismo pasará mañana, aunque el escenario se proyecta más riesgoso.

En algunos sectores comenzó a moverse una propuesta de salida: que renuncien Boluarte y el presidente del Congreso, José Williams -que tendría que sucederla, pero también es muy resistido- y que asuma en el Parlamento una figura de consenso que como jefe de Estado interino conduzca los comicios.

Pero el Congreso piensa distinto: parlamentarios de partidos de derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País piden no ceder y aumentar en cambio la fuerza de la represión, mientras que gran parte de lo que fueron las bancadas castillistas extreman posturas.

Por Gonzalo Ruiz Tovar para agencia Télam, enviado especial desde Lima

LC

El único motivo por el cual Dina Boluarte es presidenta y no presidiaria deriva del hecho de que el Congreso repentinamente la sobreseyó en una investigación por estafa, así podía suceder a Pedro Castillo. En vez de ir a la cárcel por estafadora, la vice peruana quedó como rehén de la mayoría congresista de derecha. Destituyeron al Presidente a medio día, y a media tarde Boluarte ya tenía ceñida la faja presidencial.

El primer discurso de la primera mujer que preside Perú fue la primera cuota del rescate mafioso que dedicará su vida a pagar. La pagó. Le dio a la derecha lo que la derecha le pedía: anunció que iba a gobernar hasta 2026. En Perú, los períodos presidenciales duran 5 años. Dina tiene prohibido renunciar, porque habría elecciones. Si se disuelve la Legislatura, como en el Congreso no hay reelección, cada congresista perdería su bancas años antes de lo habían calculado. Para siempre. Y también las oportunidades que vienen con las bancas. El más citado de los aforismos de Alan García, el ex presidente aprista suicidado en 2019, dice así: “Yo nunca fui a buscar el dinero; el dinero siempre venía a buscarme”.

Aun si hubiera reelección, nadie recuperaría su banca legislativa. Esa mayoría de congresistas derechistas que desde 2018 es el verdadero gobierno del Perú y sacó y puso 6 presidentes en cuatro años, pertenecen a partidos pequeños, efímeros, divididos, y poco representativos. Sólo sumando las bancas hay mayoría. Los números de desaprobación del Congreso son de un 80 por ciento. Aun detrás de las bayonetas más afiladas, le decía Talleyrand a Napoleón, para ganar hace falta un plan político. Disipado el palabrerío de ‘la unión de todos los peruanos y las peruanas’, ‘gobernaré para la costa, la sierra y la selva’, el único plan que le oyó el país fue 2026. Los movimientos sociales salieron a marchar. Sin bayonetas, con un reclamo: elección de nuevas autoridades en 2023, elección de convencionales después.

El margen de maniobra de Boluarte era estrecho, pero con su torpeza, lo hizo más estrecho. Consintió la represión con armas de fuego de la protesta social. Las masacres sumaron en 40 días casi 50 muertes. Se alió con las FFAA en un concubinato de dictadura cívico-militar. Todavía más odio despertó con su racismo. La peripecia racista más saliente fue declarar al ‘indio (de mierda) socialista’ Evo Morales persona non grata en el Perú, y al ex presidente boliviano se le prohibió la entrada en el país.

El oro del vecino narcoestado, y otros boomerangs

El primer ministro Alberto Otárola caracterizó a las 9 mil personas -cifra oficial- que se manifestaron en Juliaca como “hordas de delincuentes” que estarían siendo financiadas por “dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico”. La mención a los “dineros extranjeros” sin esfuerzo encuentra su conexión con la campaña oficial contra el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, a quien el gobierno ha acusado de “actividades de índole política proselitista” que han afectado la “seguridad nacional” de Perú.

La campaña comenzó días atrás vía congresistas de derecha, medios conservadores como El Comercio y el mismo Ejecutivo.

En consecuencia, el Gobierno anunció el 6 de enero  la prohibición de ingreso a Perú del dirigente boliviano junto a otros ocho ciudadanos del país vecino. Morales fue acusado de “amenazar el orden interno” y de haber sido “muy activo propiciando una situación de crisis”. No es la primera vez que la derecha peruana acusa a Morales: ya en 2021 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso lo había declarado “persona non grata” por su “negativo” activismo en la agenda de gobierno del entonces presidente Castillo. 

El ex gobernante del Estado Plurinacional de Bolivia ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución. Durante su mandato, su presencia en el sur del país peruano fue habitual con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, nombre surgido del término quechua Runa (persona o pueblo) y las siglas correspondientes al organismo de integración latinoamericana Unión de Naciones Suramericana (Unasur), que busca consolidarse como un bloque para “enfrentar el intervencionismo y el armamentismo”. El foro, que se reunió en Buenos Aires el 5 y 6 de noviembre, cuenta con representantes y organizaciones de 14 países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Chile, México, Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panamá, Colombia, Perú y Estado Plurinacional de Bolivia, Morales sostuvo en Twitter que “damos la otra mejilla” ante los “ataques políticos de la derecha peruana” y pidió que “paren las masacres” en ese país. Respecto a su proyecto Runasur  aseguró que “el único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo”.

Las masacres no cesaron. Para el lunes, cuando los pueblos aimaras en marcha se encuentren en Lima con los hermanos quechuas que llegaron antes, el cogobierno entre la sirvienta prisionera del Congreso y el Otálora de las FFFA tienen listas más bala, más racismo. Todavía un esfuerzo, compañeros. Que la acusación de genocidio de la Fiscalía General peruana puede empezar a parecer menos técnicamente impresentable.

AGB

“¡Devuélveme a mi hijo, asesina! ¡Me lo traes de vuelta, Dina!”. Después de tres días de agonía en un hospital, el viernes 13 había muerto su hijo de 15 años por la herida de una bala que le perforó el cráneo. No, no era mala suerte. Era buena puntería. Las dos decenas restantes de víctimas de la represión en la ciudad de Juliaca del martes 10, en el departamento peruano de Puno, sobre el Lago Titicaca, en el límite con Bolivia, también habían muerto desangradas por heridas fatales en la cabeza. Con balas de armas de guerra. Algunas, balas explosivas, según dijeron peritos oficiosos periodistas locales con los que habló elDiarioAR.

El miércoles 7 de diciembre, cuando el Congreso le traspasó el mando presidencial como sucesora de Pedro Castillo, destituido por “incapacidad moral permanente”, la abogada sexagenaria Dina Boluarte era una figura mal conocida. El periodismo destacó su vestido color 'pollo a las brasas'; se la empezó a llamar la 'presidenta accidental', la 'presidenta por azar'. Tardó poco en ganar perfil, en ganar la atención de la derecha, que descubrió en ella, que llegó al poder sin el voto, las cualidades que Keiko Fujimori, que había sido derrotada en tres elecciones presidenciales seguidas, nunca había tenido oportunidad de demostrar.

Desde el 7 de diciembre, Perú vivió dividido entre la voluntad popular de nuevas elecciones para elegir nuevas autoridades nacionales, y la voluntad del Congreso, representado por la Presidenta, que llamó en su defensa a las FFAA, de retener el poder cuanto más tiempo posible. La oposición popular, que se advirtió encerrada entre estos muros donde la destitución de Castillo la había conducido, calificó al régimen de 'dictadura cívico-militar'.

El estallido social en Perú  no parece encontrar retorno, acrecentado por la suma macabra de muertes y heridos debido a  la intervención militar con armas de fuego en un contexto de estado de emergencia nacional declarado  desde el 14 de diciembre. Siete días después de la destitución del presidente izquierdista, campesino y docente Pedro Castillo.

Intervención y represión  

En el departamento de Ayacucho, la defensora del pueblo Eliana Revollar denunció la presencia de helicópteros que lanzan bombas lacrimógenas sobre Huamanga, zona que se encuentra  bajo el toque de queda decretado por el gobierno nacional. Mar Pérez, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), una coalición que agrupa a 78 organizaciones, el uso de armamentos de guerra prohibidos. 

En Juliaca, en el departamento de Puno, frontera con Bolivia, donde se sostiene  el paro indefinido desde el 4 de enero con epicentro en el sur del país de mayoría aymara, fuertemente movilizada, enfermeras del Centro de Salud Mariano Melgar, denunciaron que las Fuerzas de Seguridad estaban disparando “perdigones y balas sobre el establecimiento de salud” mientras atendían a los heridos tras la actuación de la Policía y el Ejército. “¿Qué más quieren? Ya han matado tanta gente. ¿Qué más quiere la presidenta?”, se preguntaba una de ellas ante una de las pocas cámaras que llegó hasta el lugar. Cuando se confirmó  la matanza de 17 civiles en Juliaca,  el primer ministro Alberto Otárola, justificó el comportamiento de las fuerzas del orden argumentando que hubo “violentistas” que los atacaron e intentaron tomar el aeropuerto de esa ciudad

Los episodios de Juliaca replicaron en otras localidades. En Cuzco o Lima, en los últimos días de diciembre se practicaron numerosas detenciones. “Detenciones masivas y arbitrarias buscan infundir temor y desalentar el ejercicio del derecho a la protesta”, afirmó Pérez, Coordinadora Nacional de DDHH, una coalición que agrupa a 78 organizaciones.

La presidenta Boluarte, quien ha sostenido ser parte de una venganza política machista por ser la primera  mujer presidenta de su país, destituyó a los diez días de su nombramiento al Primer Ministro Pedro Angulo, el 19 de diciembre cuando la Defensoría del Pueblo informaba la cifra de 25 muertos y más de 560 heridos. 

Boluarte, quien gusta autodefinirse como “presidenta en cumplimiento de la Constitución”, el 21 de diciembre nombró  al  ministro de Defensa, Alberto Otárola,  en esa cartera también con muy poco prestigio durante el gobierno de Ollanta Humala, como nuevo Premier. Quien tampoco colaboró para pacificar. Por el contrario, Otárola en rueda de prensa culpó al expresidente Castillo y a sus aliados de la violencia desatada: “Ellos son los responsables”, dijo, “y no nuestros policías”; y,  caracterizó a las 9 mil personas -cifra oficial- que se manifestaron en Juliaca como “hordas de delincuentes” que estarían siendo financiadas por “dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico”. La mención a los “dineros extranjeros” sin esfuerzo encuentra su conexión con la campaña oficial contra el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, a quien el gobierno ha acusado de “actividades de índole política proselitista” que han afectado la “seguridad nacional” de Perú. 

La acusación sin pruebas resulta en sus efectos equivalente  a la ausencia de respuesta de las autoridades que no sólo persisten en una misma línea de intervención sino que también  justifican incriminando a los manifestantes de ‘terroristas’ o ‘vándalos’  u ‘hordas de delincuentes’  liderados por el ex presidente en prisión preventiva en Barbadillo por 18 meses

Miguel Levano, coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam Perú, expresó alarma: veían incumplidas “las limitaciones para el uso de armas letales que establecen las normas nacionales e internacionales”. 

Investigación por genocidio: ¿cortina de humo?

 La Fiscalía de la Nación de Perú ha tomado medidas y ha abierto este martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros, por distintos delitos, entre ellos, el genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo,  sí se puede hablar de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derecho, la acusación de genocidio no se sostiene técnicamente, porque el genocidio implica una serie de ataques contra la población que buscan eliminar a un determinado grupo. Si la Fiscalía ha presentado esa acusación que carece según amerita toda mirada informada de rigor técnico, puede también tratarse de una “cortina de humo”. La construcción intencional de la grave acusación sin fundamento no es nada difícil que sea rechazada en el Congreso.  

El respaldo del Congreso al gobierno a 33 días de gestión y de muerte

El lunes 9 de enero, la presidenta Boluarte confesó no comprender por qué el país llevaba un mes de protestas en su contra, y escondió la cabeza durante las horas más amargas de su aún breve gestión, sin expresar ninguna “mea culpa” por la política adoptada ante el estallido social. Y el martes 10 de enero, el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por el Primer Ministro Otárola,  con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones. La totalidad de los bloques de derecha encabezados por la fujimorista Fuerza Popular votaron a favor a diferencia de la izquierda que mantuvo su rechazo al gobierno de la presidenta designada Boluarte.

La cuestión de la confianza ha sido uno de los focos centrales de la crisis crónica que atraviesa Perú, ya que ha supuesto un poder de veto del Congreso sobre los diferentes Ejecutivos. Sucedió en con el expresidente Martín Vizcarra, destituido en noviembre del 2020; y también durante el año y cinco de meses de gobierno de Castillo, quien debió sortear la aprobación de cada uno de sus cinco gabinetes en el Congreso. Ese poder del Congreso, dominado por los fujimoristas y la extrema derecha, tenía hasta el 2021 el contrapeso del Ejecutivo, que podía disolverlo en caso de rechazo de dos gabinetes, pero el Legislativo avanzó en limitarle ese poder al jefe del Estado como parte de la ampliación de sus poderes.

 La coincidencia entre la mayoría congresal y Boluarte permite presuponer la expresiòn de una alianza política nacida desde la hora cero: la presidenta es producto de la vacancia de Castillo -lograda en el tercer intento- y no es improbable que haya sido parte del plan llevado a cabo para destituir al ex presidente Castillo luego que éste anunciara su intención de disolver el Congreso.

 Una crisis del Ejecutivo, con una hipotética caída, significaría un adelanto de los tiempos electorales. Las preguntas, a un mes de iniciada la crisis, se detienen en quiénes son los que toman las decisiones y dónde reside el poder en un gobierno con una presencia militar cada vez mayor.

 El viernes 13 de enero, el general Óscar Arriola, jefe hasta poco de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) y ahora director de investigación criminal,  se refirió a las detenciones en Ayacucho bajo la afirmación de que existe allí un “comité regional de la organización terrorista Sendero Luminoso”, en justificación de haber sido detenidos siete integrantes del Frente de Defensa que fueron trasladados al cuartel Los Cabitos, un centro de detención y tortura durante la guerra interna. Sin ninguna prueba, afirmó la existencia de una conspiración armada dentro del país, que “busca muertos” y se prepara para realizar la “toma de Lima”. 

Boluarte pide perdón y no renuncia 

La izquierda peruana sostiene los pedidos de renuncia de Boluarte, como lo manifestaron desde la ex congresista y activista de DDHH, Rocío Silva Santisteban hasta otras referentes progresistas como Verónika Mendoza o Mirtha Vásquez.  “Incapaz de liderar una salida política y de controlar a las llamadas 'fuerzas del orden', permitiendo que maten a más peruanos, la señora Dina Boluarte no puede seguir frente al gobierno #DinaRenunciaYa”, afirmó  ásquez, quien se desempeñó como presidenta del Consejo de Ministros durante el mandato de Castillo.

El pedido de renuncia  de Boluarte se repite en cada protesta dentro del pliego de demandas de los manifestantes, que incluye el cierre del Congreso, elecciones generales en 2023, una Asamblea Constituyente y, en muchos casos, también la liberación de Castillo. Perú que cuenta y llora sus muertos se prepara para nuevas jornadas de paro y movilizaciones.  Ya está anunciada para el 18 de enero en el marco de la  ‘Marcha de los 4 Suyos’, los pueblos que forman parte de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por Minería e Hidrocarburos (CONACAMI) la llegada a la ciudad capital de Lima para exigir el cumplimiento de esas demandas. A las que suman la modificación de las reglas de juego del Jurado Nacional de Elecciones para convocar las elecciones generales en el 2023; el cese de la persecución judicial a líderes sociales, libertad de los detenidos e indemnización para los heridos y familiares de los fallecidos, como detalló Salas Charca,  presidente de CONACAMI.

El viernes 13, la presidenta Boluarte  apeló al Congreso para que acelere los trámites necesarios de elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió “perdón” y “así como pido perdón, pido que rechacemos la violencia”. El poder persuasivo de las palabras de la Presidenta –quien  sostuvo su permanencia del cargo, a pesar del fuerte reclamo para que renuncie- no ha hecho mella en  las crecientes manifestaciones que luego de la pausa de fin de año se reactivaron.  Nunca antes de la actual crisis, hubo en Perú tantos bloqueos -como otra manera efectiva de protesta- principalmente en las regiones de los Andes y la Amazonia, cercanas a las fronteras con Bolivia y Chile.

AGB

Al menos 83 bloqueos “con tránsito interrumpido” tenían lugar este viernes en ocho regiones de Perú, en el décimo día consecutivo de las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, y por las que 329 personas resultaron detenidas, acusadas de “alterar la tranquilidad pública”.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que son 83 puntos bloqueados en ocho regiones del país y que hay 15 autopistas nacionales afectadas, según el reporte del organismo subido a sus redes sociales.

Las protestas se sienten con mayor fuerza en el sur del país, históricamente marginado y donde el mandatario destituido Pedro Castillo tenía gran parte de su apoyo político. Ayer jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron incidentes con la policía.

Según RPP, la ciudad de Arequipa se encuentra prácticamente aislada por vía terrestre, ya que los manifestantes volvieron a bloquear algunos de los accesos que habían sido despejados temporalmente por policías y militares, sin haberse registrado enfrentamientos directos.

También hay nuevas marchas en Tacna, ciudad fronteriza con Chile a 1.224 kilómetros al sureste de la capital. El país vecino que tuvo que cerrar temporalmente su paso ayer “debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa”, de acuerdo con las autoridades chilenas que ya normalizaron el tránsito.

En la región de Cusco, donde el turismo es el motor de la economía, las autoridades tuvieron que cerrar ayer el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde principios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción de interés internacional.

Entre las zonas afectadas en Puno, donde se llevan a cabo las protestas más fuertes, figura la autopista que une la localidad de Chucuito con Desaguadero, uno de los principales puntos de tránsito hacia Bolivia.

Las protestas comenzaron el 7 de diciembre pasado, tras la destitución de Castillo y dejaron hasta el momento 42 muertos: 41 civiles y un policía. Fallecieron también siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo al último balance de la Defensoría del Pueblo.

El Ministerio Público Fiscal indicó que en total abrió ocho investigaciones por las muertes vinculadas a las manifestaciones para determinar las responsabilidades. Precisó que hay 17 causas relacionadas con heridos, 80 para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos; así como tres por los ataques a las sedes del Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que, “de acuerdo a las primeras indagaciones”, de las protestas resultaron 531 heridos, de los cuales 355 son civiles y 176 policías, mientras que “se registró la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad”.

Los edificios públicos y aeropuertos en las regiones donde se anunciaron protestas están resguardados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre, consignó la agencia de noticias AFP.

Perú vive una ola de protestas desde que Boluarte sucedió a Pedro Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

En un intento por aplacar las demandas, el mes pasado el Parlamento peruano adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024. Pero los manifestantes exigen la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Parlamento a través de un adelanto de elecciones generales y, en algunos casos, la libertad de Castillo. El exmandatario se encuentra detenido en una prisión preventiva acusado de rebelión, entre otros delitos.

LC con información de agencia Télam

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan en el sur del Perú dejaron como saldo la muerte este lunes de 17 personas en la ciudad de Juliaca, varios de ellos por heridas de bala, con lo cual los fallecidos en las movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte se elevaron a 46.

Según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los 17 manifestantes fallecieron en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones en este año y una asamblea constituyente.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo a Canal N que entre las víctimas hay una menor de 17 años y lamentó que la movilización de este lunes en Juliaca “se haya tornado muy violenta”.

En este sentido, mencionó que los manifestantes usan “armamento casero” y los exhortó a actuar de forma pacífica sin “estos niveles de violencia”.

“La solución a este problema es política. Por eso nuestro llamado al Congreso y al Gobierno para que encuentren una salida real”, concluyó.

Por su parte, el director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Puno, Ismael Cornejo, explicó al mismo medio que el primer fallecido de este lunes murió por una herida de bala en la cabeza y el segundo por una herida de bala en el pulmón, que le destrozó ese órgano.

Agregó que la población denunció el sobrevuelo de helicópteros, a baja altura, para lanzar bombas lacrimógenas y disparos a los manifestantes.

Además de las personas muertas en los choques directos con las fuerzas del orden, la Defensoría reportó un deceso por “hechos vinculados al bloqueo de vías” en el distrito de Chucuito, también en Puno.

Se trata de un bebé de 35 semanas que falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital regional, donde había sido derivado a un especialista al presentar insuficiencia respiratoria y sepsis.

Hasta el momento, la presidenta Boluarte no se ha pronunciado sobre las 17 muertes de este lunes, con las que ya suman 46 las personas que perdieron la vida en un mes con ella en el cargo.

De este total, 36 de murieron en enfrentamientos y otras 7 “por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de vías, según la Defensoría.

BOLUARTE SEÑALA A LA “IZQUIERDA RADICAL”

Horas antes de que se confirmaran los fallecidos, la mandataria declaró que los sectores de extrema izquierda que apoyaron al destituido expresidente Pedro Castillo en el fallido golpe de Estado están ahora pidiendo una serie de demandas que solo son “pretexto para seguir generando el caos en las ciudades”.

La jefa de Estado afirmó que la “izquierda radical ya cambió de mensaje”, después de reclamar inicialmente la liberación de Castillo en las manifestaciones de protesta, y que “ahora están diciendo” que ella se quiere “quedar hasta 2026”.

Sin embargo, Boluarte recordó que ya pidió al Congreso el “adelanto de elecciones” para 2024 y el Parlamento lo aprobó en su primera votación requerida, por lo que debe ser ratificado en una segunda ronda.

Además, señaló que estos líderes de “izquierda radical” están pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, el cierre del Parlamento y la libertad de Castillo, temas que no están en sus manos, pues “el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso”.

“Les están engañando, les están mintiendo, no está en mis manos. (...) Si quieren ganar las próximas elecciones, no mientan, no engañen, tengan la valentía de decir la verdad”, expresó Boluarte durante la instalación de una sesión del acuerdo nacional, que agrupa a los representantes de los poderes del Estado, fuerzas políticas y gobernadores regionales en el Palacio de Gobierno.

Después de una tregua por Navidad, las protestas en el sur del país, donde están Cuzco, Puno y Apurímac, se han reanudado desde el miércoles pasado y algunas regiones anuncian paros indefinidos y movilizaciones, lo que ha generado cierre de terminales y transporte dado que los mayores enfrentamientos con la Policía se han registrado en las inmediaciones de estos lugares.

GOBIERNO DENUNCIA ATAQUE AL ESTADO DE DERECHO

Poco después, el primer ministro, Alberto Otárola, denunció que hay en marcha un “ataque organizado hacia el estado de derecho y a las instituciones” y un “golpe de Estado”, del que responsabilizó a los manifestantes.

En una declaración sin preguntas, Otárola afirmó que los enfrentamientos ocurridos en Juliaca fueron “un ataque organizado, sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el estado de derecho y las instituciones” de la sureña región de Puno.

“Como si estuvieran en un escenario de guerra, han tratado de tomar el aeropuerto”, manifestó tras aseverar que la responsabilidad es de “quienes quieren dar un golpe de Estado”.

Agregó que esta acción movilizó a alrededor de 9.000 personas en Juliaca y que unas 2.000 “iniciaron un ataque sin cuartel contra la Policía (...) generando una situación extrema”.

Otárola anunció que en las próximas horas el Gobierno de Dina Boluarte anunciará “medidas importantes sobre la seguridad pública” y exhortó a la Fiscalía de la Nación (general) a investigar los enfrentamientos, que también dejaron 75 policías heridos, “muchos de ellos en estado de gravedad”. 

EFE.

IG

El Gobierno de Perú no le permitirá el ingreso al país del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien acusa de injerencia en asuntos internos, según informaron este lunes las autoridades en un comunicado del Ministerio del Interior a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El comunicado informa que la medida restrictiva contra el exmandatario boliviano es extensiva a otros ocho ciudadanos de la misma nacionalidad “por efectuar actividades proselitistas en nuestro país”, de acuerdo con el portal peruano de noticias RPP.

“En los últimos meses, se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”, señala el documento publicado también en Twitter.

Asimismo, recalca que Perú es un país soberano y democrático, cuyo ordenamiento migratorio establece que todo ciudadano extranjero en su territorio nacional debe conducirse en cumplimiento del ordenamiento jurídico, especialmente en lo referido a la seguridad nacional y el orden interno.

Desde que Pedro Castillo dejó la Presidencia del Perú por su intento de suprimir el Congreso y gobernar por decreto, Morales utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la convulsión social que atravesó el país con esa crisis política, acusando a la “derecha fujimorista” y “medios derechistas” de haber conspirado para destituir al mandatario.

“La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo 'delito imperdonable' fue representar a los más pobres”, había apuntado el expresidente boliviano.

Además de Morales, al menos otros diez operadores políticos del Movimiento al Socialismo (MAS) ingresaron al país andino entre 2021 y 2022, según el periódico peruano El Comercio. Desde la destitución de Castillo, la relación bilateral se tensó.

El pasado viernes, el Gobierno peruano cesó en sus funciones a su embajadora en Bolivia, Carina Ruth Palacios Quincho, designada en el cargo por Castillo. Fue a través un decreto que lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

Boluarte ya había declarado la semana pasada que su Gobierno evaluaba qué acciones iba a adoptar sobre Evo Morales por sus actividades en Perú y sus declaraciones sobre la crisis sociopolítica que atraviesa su país.

LC con información de agencia Télam

La Secesión del Sur peruano no es una idea nueva. Es antigua, pero no vieja: nunca envejeció. En los inicios de la República peruana ya independiente del dominio colonial de la Corona española en Indias, existió la Confederación Perú Boliviana (1836-1839), un esquema que unió las nacientes repúblicas de Perú y Bolivia, por un breve tiempo. Las razones que la justificaron fueron geográficas, históricas, económicas y antropológicas que se remontaban cientos de años en el tiempo, sostiene el eminente historiador peruano Jorge Basadre, en su Historia de la República del Perú, 1822-1933.  De los tres estados confederados: el Perú dividido en dos países (norperuano y surperuano) y Bolivia, “Era una confederación muy fuerte, los chilenos reconocen que mucho más importante que ganar la guerra del Pacífico fue haber derrotado en la década del 30 del siglo XIX a la confederación, porque geopolíticamente era más preocupante para ellos”, detalla el sociólogo puneño Eland Vera.

Gran levantamiento de los Andes

A principios del siglo XX, la rebelión del militar y metodista Teodomiro Gutiérrez Cuevas, conocido como Rumi Maqui, en quechua “Mano de Piedra”, nacido en Junín, cuya condición de serrano, mestizo y casi indígena destacó su coetáneo, el conocido intelectual peruano, el primero en introducir el marxismo en Perú y América Latina, José Carlos Mariátegui interesado grandemente por la rebelión bajo la lógica de la rebelión de clases y castas, entre el gamonal y el campesino, entre el descendiente del español y el serrano.

Rumi Maqui a partir de diciembre de 1915 organizó a más de diez mil campesinos en las provincias de Azángaro y Huancané, en Puno bajo la consigna de “Restaurar el Tahuantisuyo” (las cuatro regiones en que se dividía en Imperio Incaico antes de ser subyugado por los conquistadores españoles) exigiendo la devolución de las tierras a los indios de los Andes. Se llevaría a cabo el domingo de carnavales de 1916. Debido a la delación de  campesinos fieles al gamonalismo, Rumi Maqui adelantó fechas con un saldo trágico: 300 campesinos muertos y muchos detenidos los cuales fueron salvajemente torturados. Los que lograron huir fueron alcanzados y víctimas de una matanza cruenta y salvaje..

Perú, modelo para armar

En 2005, el referéndum propuesto por el gobierno de Alejandro Toledo para integrar 16 departamentos en 5 regiones, una macro región sur, obtuvo una abrumadora respuesta negativa de la ciudadanía, tan solo Arequipa votó a favor. Este proceso de descentralización preveía que la creación de macrorregiones potentes equilibraría el centralismo limeño.

El fracaso de la consulta popular es muy probable que se haya debido a la premura y menguada planificación de la propuesta. Sin embargo, no invalidó la necesidad de la descentralización y rediseño de la organización política territorial peruana asentada sobre bases asimétricas que fortalecen la desigualdad.

Un mapa abigarrado y complejo

La idea de la República Peruana del Sur no se asienta en un “pueblo” sino en “pueblos” con grupos de poder local y clases sociales enfrentadas. Elites andinas y de la selva amazónica, empresarios y jornaleros, pueblos quechuas, matchiguengas, shipibos y tantos otros.

 Las proclamas de estos días, que tienen raíces identitarias quechuas y aymaras y también regionalistas, se alimentan de la justa indignación por el ninguneo del sur desde las tesis “fraudistas”. Se han acrecentado con la destitución del ex presidente izquierdista maestro rural y campesino Pedro Castillo, el 7 de diciembre 2022  y la represión que siguió a las protestas con el saldo letal de al menos 28 vidas. El trasfondo del sentimiento de agravio es la experiencia cotidiana de exclusión social y de discriminación dentro de un orden político capturado por élites limeñas y regionales y un Estado muy desprestigiados.

El factor que motoriza la secesión no es compartido por todos. Los pueblos amazónicos en Madre de Dios, Cusco y  Junín sostienen conflictos permanentes con colonos andinos. Resienten de una apropiación étnica del poder de los centros de poder andino; entre ellos Cusco vs. Camisea, Huancayo vs. Satipo. Sin embargo, la Asociación de los Pueblos Originarios de la Selva ( AIDESEP) también  ha reclamado  el retorno del ex presidente Castillo.

Los conflictos por el control de los recursos, entre ellos de manera destacada los de las cuencas de agua, todavía dividen a pobladores de regiones vecinas. Pero también irrumpen poderes que operan de facto.

Una de las figuras que promueve en Arequipa la idea de secesión es Felipe Domínguez de antigua filiación fujimorista después partidario de Castillo, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa, ex candidato sin éxito al Congreso y a la alcaldía del distrito de Cerro Colorado.  “Los limeños nos quitan el derecho a consulta popular, a nuestro presidente que hemos elegido mayoritariamente (Pedro Castillo) lo tienen secuestrado; están asesinando y los muertos son del sur, no del centro ni del norte”, afirmó en televisión el pasado 23 de diciembre. “¿Para qué pertenecemos al Perú entonces si tenemos todo, Machupicchu, gas, mineras, mar hermoso, agricultura? ¿Para qué estaríamos dando a zánganos de la ciudad de Lima?”, cuestionó Domínguez, a quien la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió diligencias preliminares en su contra por promover la creación de una ‘República del Sur’. Se lo acusa del delito de atentado contra la soberanía.

Una nueva nación

El proyecto secesionista, que tiene en marcha la formación de un “comité independentista”, sostiene una “nueva república” integrada por los departamentos andinos y/o amazónicos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. Estos nueve departamentos del Sur Grande del  Perú (de los 24 que junto a la provincia constitucional Amazonas conforman el espacio geográfico del Perú), cuentan con puertos sobre el Pacífico, recursos importantes derivados de la minería y del turismo, con fuerte presencia quechua y aymara. En el territorio del Sur Grande, zona de gran importancia geopolítica por su vecindad con Brasil, Bolivia y Chile, históricamente ha determinado la identidad del país, tanto su matriz minera como también intelectual, viven entre seis y siete de los 33 millones de habitantes del Perú.

La propuesta de esta “nueva nación” -que alcanzaría parte de Bolivia y norte de Chile- surgida en Puno, se expuso en el Primer Encuentro Macroregional del Sur  del 28 de diciembre de 2022, en Arequipa. La idea es socializarla y propiciar una suerte de referéndum donde la ciudadanía decida.

Félix Suasaca Suasaca, un líder que defiende la cuenca del río Coata, afluente del lago Titicaca,  declaró que hace tres meses se llevó a cabo una reunión donde se expuso cuántas mineras operaban en el sur del Perú y el monto que generaban de renta al Estado. Un aporte que es mayor del que se recibe. “Se entregan muchos recursos a Lima y no se ve el progreso. Planteamos que mejor nos separamos y este recurso se quede en la macrosur”, manifestó Suasaca.

Una nación en construcción, decía Martiátegui

La contradicción entre Lima “la horrible”, inventada por el poeta César Moro y revisitada en el afamado ensayo de Sebastián Salazar Bondy, versus  las provincias, especialmente las del Sur Grande queda a prueba si se tiene en cuenta que 80 % de habitantes de Lima son migrantes provincianos, habitantes de las barriadas en condiciones de pobreza.

Por el contrario, la contradicción principal es entre el modelo capitalista neoliberal, centralista, discriminador y corrupto del statu quo y las fuerzas democráticas que aún con sus contradicciones apelan al cambio. Las tendencias centrífugas y secesionistas atentan contra la integración del país tanto como las políticas de gobierno que hasta el momento rigen en Perú.

El momento de una constituyente

 La derecha rechaza cualquier cambio como si la Constitución de 1993 promulgada por el régimen pinochetista fuera la Santa Biblia. El discurso de una nueva Constitución hace ya algunos años que no es marginal, y como todo discurso tiene su momento. Formó parte de las promesas de campaña del ex presidente Castillo, quien había anunciado su propósito de convocarla en el justo momento de su caída política. Si el Sur entiende que Lima no tiene o al menos no muestra intención de desarrollar un marco de entendimiento con nuevas reglas de juego más justas para las necesidades más urgentes; si no se ofrece esa solución política, el otro camino es el de una Secesión: salirse del Perú. Desde  una perspectiva dialéctica, pasarían de unos dominantes a otros dominantes sin una real emancipación. A esta situación se inclina el Sur Grande.

Una Constituyente es la única salida antes de que sea demasiado tarde; y el gobierno podría impulsar un referéndum de entrada para que los peruanos decidan si quieren o no una nueva Constitución para el Perú presidencialista cuyo Ejecutivo y el Congreso han perdido el respeto de la gente del común, del pueblo. 

AGB

La Fiscalía de Perú allanó este lunes las viviendas del exministro de Defensa Walter Ayala, quien ejerció el cargo durante el Gobierno de Pedro Castillo entre el 2021 y el 2022, y de un grupo de generales de la Policía Nacional investigados por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas de seguridad en 2021.

El Ministerio Público informó a través de Twitter que el equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales “allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021”.

Además, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un “megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo”.

“A través de estas intervenciones, fueron detenidos 6 de los investigados. Las diligencias, que incluyen 26 allanamientos a nivel nacional, están a cargo del fiscal Luis Martínez, con apoyo del equipo especial de la Policía Nacional del Perú”, se detalló.

Medios locales informaron que los operativos comenzaron en la mañana de este lunes tras una autorización del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

La emisora RPP detalló que el operativo comprendió en total la intervención de 27 inmuebles en Lima y en las regiones de Cuzco, Tacna y Tumbes, y llevaron a la detención preliminar de tres generales de la PNP, un mayor retirado, un suboficial y un civil.

Se agregó que también se ha comprendido a 8 coroneles, quienes son investigados por presuntamente haber pagado entre 20.000 y 30.000 dólares para obtener sus ascensos a generales.

Un exministro exige un proceso legal

Después del allanamiento, Ayala declaró a periodistas que está “presto a que se investigue” el caso, pero consideró que la intervención fiscal ha sido un “show”: “Esto ha sido innecesario, no han encontrado nada”. También cuestionó que se ordenen detenciones preliminares, ya que consideró que se debió citar a los implicados para que declaren.

“Lo que yo dejo constancia es que en el Perú no hay un debido proceso, porque las resoluciones que dictan los jueces no tienen la debida motivación”, agregó antes de decir que, en todo caso, se debió incluir al ministro del Interior de entonces, del que depende la Policía Nacional, y no a él, que fue ministro de Defensa.

Ayala también enfatizó que fue parte del gobierno de Castillo “hasta la quincena de noviembre del año 2021” y aseguró que tras dejar esa función “nunca más” volvió a tener vínculos con el Poder Ejecutivo peruano.

El caso de los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se conoció en agosto de 2021, cuando los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro denunciaron que fueron pasados al retiro por no haber accedido a presiones, las cuales fueron presuntamente ejercidas por el entonces secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, por disposición de Castillo y del ministro Ayala.

En octubre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó Ayala para que se deje sin efecto la decisión de la Fiscalía de investigarlo por la presunta comisión del delito de organización criminal.

LC

Sí, la hay, aunque ahora mismo buena parte de la comunidad internacional, incluyendo a España, no lo reconozca. La flamante dictadura del siglo XXI en el Perú llega con su mujer presidenta (“ser mujer no garantiza derechos humanos”), su estado de emergencia y toque de queda, sus tanques en la calle, sus heridos y sus muertos. No hay más democracia. Los medios de comunicación son voceros del régimen, así que las violaciones de derechos humanos de los últimos días ni siquiera se denuncian en la prensa nacional. Hace poco la policía mantuvo retenidos a integrantes de diversas organizaciones populares y partidos de izquierda porque querían acusarlos de terroristas.

En mi país hay poderes nominales y poderes fácticos. Dina Boluarte (poder nominal) es una presidenta funcional a los poderes fácticos. El “supuesto” golpe de Estado de Pedro Castillo duró menos que la independencia de Catalunya. Fue una intentona condenable y frustrada porque un golpe solo lo perpetras si tienes poder. Y Castillo no lo tenía. En cambio, hay otro golpe que se viene gestando desde las elecciones, cuando se inventó un fraude para no aceptar la victoria del profe rural y mucho antes de que hubieran acusaciones contra él. Ya lo llamaban dictador y terrorista desde entonces. En este año y medio, el Congreso, derechista, fujimorista y racista, no ha cejado en su empeño hasta lograrlo. Esa elite que despacha desde Lima es la que siempre ha tenido el poder y por eso gobierna hoy y lo hace duramente. Castillo está en la cárcel. Y ya hay 25 muertos, entre ellos jóvenes y niños. 

Las comunidades fuera de Lima, que nunca fueron gobierno, sienten que les han robado su voto (Vargas Llosa dijo que en el Perú la gente no votaba bien), a su presidente, a lo único que tenían, que no cumplió con sus compromisos pero al menos les representaba en el poder.

Lo más tremendo es que esas muertes, todas cometidas por policías y militares con armas de fuego disparadas contra los manifestantes, reviven los peores años del horror en los Andes, cuando a las fuerzas armadas no les importaba ejecutar a 50 campesinos si entre ellos mataban a un miembro de Sendero Luminoso. Las imágenes de personas cayendo muertas por los disparos en las calles de Ayacucho (tierra de los muertos), uno de los departamentos que más sufrieron la violencia entre dos fuegos, han conmocionado a la población andina del sur que aún ni terminaba de cerrar sus heridas y está ahora mismo defendiendo su derecho a la elección y a la protesta. Por luchar y hacerse oír son llamados vándalos y terroristas. Sus muertes no significan nada para el régimen porque son muertes de cholos e indígenas. Y para una parte de este país, todos los que son así son terrucos. El abuso de poder en el Perú crea monstruos.

No sé qué hace el Estado español que no se une al grito masivo del cese de la represión en el Perú. Dina Boluarte ha perdido toda legitimidad desde que decidió cogobernar con los militares y matar gente. Quienes han salido a las calles demandan convocatoria de elecciones inmediata, congresales y presidenciales y, muchos, piden también un referéndum para votar una asamblea constituyente de inmediato. Lo que hay desde muy atrás es una crisis política sistémica y en este momento un estallido social en ciernes que podría alargarse indefinidamente si Boluarte no renuncia y asume sus responsabilidades. “Hubo un conflicto armado interno, luego una dictadura, un proceso de antipolítica, una pandemia que destrozó lo poco que quedaba del tejido social y que ha llevado a un colapso social”, ha dicho el escritor y analista José Carlos Aguero.

Este golpe en cámara lenta de la derecha gestado a través de su órgano ejecutor que es el Congreso de la República (con 80 por ciento de desaprobación) es la causa de la ingobernabilidad del Perú, que ya lleva seis presidentes en cinco años. Las calles no callarán hasta que haya un cambio de sistema. Y no habrá ninguna posibilidad de negociación mientras el acercamiento sea con balas. Mientras se esté operando una masacre.

La tarde del miércoles 7 de diciembre, el Congreso peruano se disponía a someter a votación la vacancia del presidente por “incapacidad moral permanente”. Pero Pedro Castillo se se adelantó. Esa mañana el presidente se había dirigido al país y anunciado la disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones en menos de 9 meses, y el gobierno por decreto hasta entonces. Había leído por una vía de comunicación estatal un texto de redacción 'torpe' y 'desesperada'. Al incumplir pasos y procedimientos requeridos, quedaba viciada la potestad presidencial de disolver el Congreso, contemplada por la Constitución fujimorista de 1993, después de que el Ejecutivo sufriera dos mociones de censura legislativas contra el gobieno que aspiraba formar. Las FFAA no respondieron. Tampoco los congresistas, ni su vicepresidenta primera, ni gran parte de sus ministros. En solo unas horas, el legislativo reaccionó con una nueva moción, en este caso por “rebelión”, que terminó con su mandato. Esa misma tarde, Castillo quedó detenido.

“La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo cometer un acto de esta naturaleza”, dice Roberto Pereira, abogado por la Pontificia Universidad Católica (PUC) del Perú, especializado en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona.

Pereira tiene experiencia en el tema. Hace dos años, defendió al expresidente Martín Vizcarra en el primer proceso de vacancia instruido en su contra. Un mes después, en octubre de 2020, fue admitida una segunda moción de vacancia en el Congreso unicameral. Sometida a votación, la destitución de Vizcarra fue decidida por 105 votos.

La Justicia dictó prisión preventiva de 18 meses para Pedro Castillo. ¿Por qué cree que la Corte Suprema avaló esa decisión?

En primer lugar, la Justicia peruana confirmó que existen elementos suficientes que podrían acreditar el delito de rebelión. En segundo lugar, la decisión significa que para la Justicia peruana existe un alto riesgo de que Castillo se fugue. Por esa razón, dictó una prisión preventiva de 18 meses, está considerando la etapa de investigación e incluso de juzgamiento. De todos modos, la decisión de la Corte Suprema está pendiente de ser revisada en una segunda instancia. Pero todo indica que será confirmada.

¿El delito de rebelión responde a una violación del Código Penal o de la Constitución?

El delito de rebelión está contenido en el Código Penal basado en los principios de la Constitución. El presidente, que es a su vez el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si dice 'disuelvo el Congreso, cierro el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial', genera una pretensión de ejecución de esa orden, porque es alguien que tiene a su disposición todo el poder de fuego del Estado. Por lo tanto, esa conducta como tal ya configura el delito de rebelión. No es una simple declaración la de Castillo, como lo ha pretendido plantear su defensa, sino que es un claro acto de alejamiento y rompimiento del orden constitucional.

¿Fue un intento fallido de “autogolpe de Estado” porque las Fuerzas Armadas y la Policía no respondieron al llamado del presidente?

Así es. Si bien el tema está en una etapa de investigación preliminar, todo indica que Castillo tuvo información de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas podían acompañar en esta intentona. Lo cual no ocurrió. También en este momento están investigando si después del discurso el presidente llamó a algunos algunos mandos policiales y castrenses para ejecutar esas instrucciones. El tema está todavía siendo investigado.

¿Fue inmediato el rechazo de los distintos poderes del Estado al discurso del presidente?

Sí, luego del discurso hubo un rechazo unánime de todas las instituciones del Estado, con pronunciamientos públicos. La presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, rechazaron el golpe de Estado y, a los pocos minutos, también lo hizo lo propio el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces es claro que cualquier promesa de que el Ejército iba a acompañar, al final no se cumplió y quedó desactivada.

¿Fue un error de cálculo del expresidente?

En primer lugar, creo que es un acto de desesperación, de impotencia ante las abrumadoras evidencias de vinculación del presidente y su entorno familiar con actos de corrupción. En segundo lugar, ha sido un acto de torpeza, que lo ha evidenciado desde el primer día que entró al poder. Todas las declaraciones públicas que ha hecho Castillo son conocidas a nivel mundial por un desatino tremendo. La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo a cometer un acto de esta naturaleza.

¿Es comparable la decisión de disolver el Congreso de Castillo con la de Alberto Fujimori de 1992?

La única similitud que encuentro es en el contenido del discurso. En el caso de Fujimori, cuando leyó un 5 de abril un discurso similar al de Castillo, ya tenía los tanques en las calles, habían tomado los medios de comunicación. Entonces es evidente que este señor no ha tenido ni la más mínima diligencia de un buen golpista, porque Castillo es una persona bastante limitada en su comprensión y en su valoración de la realidad.

¿En qué se diferencian?

En primer lugar, en el contexto. En el caso de Fujimori el país estaba pasando en una crisis tremenda, con el terrorismo en las puertas de Lima. La crisis económica era espantosa. Entonces, la demanda por un gobernante fuerte, de un gobernante autoritario, era bien recibida en los sectores populares. Por otro lado, la popularidad que tenía Fujimori era altísima. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado la población lo apoyó, mucha gente salió a apoyarlo. Y en tercer lugar, Fujimori planificó el golpe. Utilizó a las Fuerzas Armadas, contó con la Policía Nacional, si bien después tuvo que retroceder por la presión internacional. Lo que hizo Castillo no tiene nada que ver con el golpe de Fujimori. Por eso es que el 99% de personas estamos absolutamente sorprendidas por lo que ocurrió. Nos parece una decisión absurda, un salto al vacío, lo que hizo Castillo.

El expresidente recibió el respaldo de algunos gobiernos de izquierda de América Latina. ¿Tiene que ver con el desconocimiento sobre lo que pasa en Perú?

Ha habido izquierdas que han marcado distancia, como la chilena, por ejemplo. Pero creo que hay peligrosa simpatía de estos gobiernos con regímenes de izquierda anti-democráticos. Me da la impresión que no conocen la profundidad, los detalles, de lo que está detrás de de Castillo.

Usted ha tenido la oportunidad de defender a Martín Vizcarra ante la primera petición de vacancia del expresidente. ¿Qué representa esta figura legal para la política peruana?

Esa es una figura legal que está presente en la Constitución, en una Constitución con instituciones del siglo XIX, como la vacancia, que han quedado obsoleta. Es una cláusula que se había usado una sola vez, en el caso de Fujimori en 2000, sin mucha discusión. Lo que ha ocurrido en el Perú es que desde el 2016 el sistema político ha entrado a una crisis generalizada, que desencadenó fenómenos políticos muy profundos. En un contexto así, la política recurre a figuras que están pensadas para escenarios más concretos, más predecibles. Por ejemplo, en el caso de Castillo, ni bien dio el discurso, el Congreso tramitó una moción de vacancia por incapacidad moral de manera justificada. En ese caso, lo que estás haciendo es defender al sistema democrático. Pero creo que la herramienta de la vacancia está herida de muerte, porque ha demostrado que puede ser utilizada para el abuso, como en el caso de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, y puede ser utilizada para situaciones realmente justificadas, como en el caso de Pedro Castillo.

¿Piensa que es un riesgo?

En un riesgo que traté de advertir en ese momento. En primer lugar, el de no tener una primera una interpretación jurídica adecuada a esta figura. Pero sobre todo por no requerir de responsabilidad política, porque finalmente estos son procesos políticos, no tienen un componente solamente jurídico. La decisión que prima es una decisión política, si el político no tiene la responsabilidad de tomar decisiones que no vayan luego a generar costos mayores, creo que es igual de igual de peligroso.

¿Es posible gobernar en Perú?

Es una gran pregunta. Es muy difícil la gobernabilidad en el Perú porque los actores políticos se han empobrecido. Es decir, los partidos políticos y las organizaciones políticas se han debilitado, no tienen cuadros. Entonces se han convertido en cascarones que comercializan la candidaturas. Eso ha paralizado demasiado la política en el Perú. Si le sumamos que además las reglas que ordenan la política no están diseñadas para esta época, porque quedan antiguas, porque son obsoletas y no responden a esta realidad, tienes un cóctel peligroso.

¿Cuál cree que va a ser la estrategia de la defensa de Pedro Castillo?

Pienso que ellos van a van a tener dos líneas argumentativas. La primera, van a tratar de decir que el procedimiento es nulo porque se destituyó a Castillo a través de un procedimiento que no está previsto. Y la segunda línea dirá que fue solo un discurso, que no hubo ninguna voluntad de quebrar el orden democrático, que esto ha sido simplemente un error del presidente, que ha habido ningún tanque. Pero esa tesis está destinada a fracaso, porque la Corte Suprema ha delimitado cuál es el ámbito relevante del delito de rebelión y por lo tanto, el simple discurso del presidente, en esas condiciones y con ese contenido, ya califica como delito.

Usted ha dicho que el 2016 es donde empieza la crisis. ¿Fue en el momento en que Keiko Fujimori no reconoce la victoria de Pedro Pablo Kuczynski?

Sí, en 2016 empieza la crisis política que tenemos ahora. Cuando Keiko no reconoce el resultado, asume una posición muy agresiva hacia el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde el Congreso, que finalmente desembocó en el primero intento de vacancia fallido y luego en una renuncia con una amenaza de vacancia de por medio. Eso hace muy difícil que pueda sostenerse un gobierno en el tiempo. En el Perú no hemos logrado un sistema político responsable, serio, maduro. Las reglas que tenemos no ayudan porque son reglas demasiado rígidas, para una realidad donde la política está marcada por la corrupción. Entonces, ahí se produce el cortocircuito. Esto desencadena lo que ya conocemos, una ingobernabilidad que nos viene afectando desde hace años.

¿Puede este contexto favorecer a Keiko Fujimori como una figura fuerte en medio del caos?

No, no creo. Ella no representa una figura fuerte. De hecho, si ella pretendiese hacer eso, tiene dos problemas. El primero, es que la gente recuerda que esta crisis comienza con ella, con su actitud frente al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvo 72 parlamentarios que prácticamente apalearon a ese Gobierno. Y en segundo lugar, Keiko tiene un proceso judicial por lavado de activos y perdió tres veces las elecciones a presidenta, hasta con Pedro Castillo. Pienso que no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en el corto plazo.

AGB

Las masivas movilizaciones en las calles de Lima y de ciudades del interior de Perú continúan. Ni las balas ni los tanques, ni el estado de emergencia decretado por la presidenta Dina Boluarte han conseguido doblegarlas hasta ahora. Reclaman la libertad del destituido Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte y el llamado inmediato de las elecciones presidenciales y del Congreso unicameral de 30 congresistas antes del programado 2026. Han cortado las rutas principales del país y quedaron varados cientos de turistas extranjeros por el bloqueo a los aeropuertos.  

El 7 de diciembre en el país andino de Perú una serie vertiginosa de hechos concretó el fin anticipado del mandato presidencial del izquierdista Pedro Castillo. Poco antes, el Congreso de la República, con mayoría de la oposición de derecha, debatiría por tercera vez su destitución. En las dos anteriores, apoyado en una serie de denuncias de actos de corrupción y “traición a la patria”, no había alcanzado los 87 votos necesarios. 

Castillo, quien había denunciado un “ataque sin cuartel” por parte del Parlamento, invocó el “reclamo ciudadano a lo largo y a lo ancho del país” para disolver temporalmente el Congreso. Convocó a elecciones en el menor tiempo posible para elaborar una nueva Constitución en un plazo no superior a los nueve meses, en tanto anunció que gobernaría por decreto. Esta, su última decisión, fue interpretada como un intento de golpe de estado por parte de los políticos, incluso los de su partido. Una “decisión política fallida” o al menos precipitada, amerita Alfredo Serrani, director Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Castillo, destituido por “incapacidad moral”, fue arrestado mientras se dirigía a la embajada mexicana en busca de asilo. En un giro irónico no exento de crueldad, Castillo está detenido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales en la capital limeña donde encuentra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), factótum del golpe del 5 de abril de 1992 que disolvió el Congreso Nacional, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura.

La Corte Suprema ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, por temor de una fuga. Desde la cárcel, el dirigente provinciano y serrano, ex docente y gremialista del magisterio por redes sociales, ha declarado que está “injusta y arbitrariamente detenido”. Y definió a Dina Boluarte, sin nombrarla, de “usurpadora” y aclaró que él no renunció al cargo de presidente.

En el espejo de la historia reciente de Perú, Castillo durante su primer año de gestión, con una marcada fragmentación partidaria en el Congreso, con 13 fuerzas parlamentarias sin ninguna hegemonía y además con una Constitución que otorga al Congreso un poder de decisión de injerencia en el Ejecutivo muy particular, en comparación con los seis presidentes anteriores (Pedro Pablo Kuczynski, Martín  Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García), “ganó por goleada” en este país  donde el neoliberalismo penetró más fuertemente que en resto de la región tanto en la cotidianidad de la gente como en la clase política.

La primera presidenta del Perú

Dina Boluarte es la primera mujer designada para ejercer el más alto cargo del país. Abogada de 60 años, de nombre desconocido fuera de las fronteras nacionales, defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Boluarte oriunda de Apurísmac había acompañado como candidata a vicepresidenta a Pedro Castillo en la fórmula presidencial del partido de izquierda Perú Libre, que venció en el ballotage de 2021 a la candidata de la derecha y la ultraderecha, Keiko Fujimori.

 En su discurso de toma de posesión, Boluarte formuló un pedido que los hechos han mostrado que no hay margen para su cumplimiento: “Pido tiempo, un tiempo valioso para rescatar al país de la corrupción y el mal manejo”, a la vez de “tregua política”. Boluarte enfrentaba una acusación constitucional en la Legislatura por presuntas irregularidades como funcionaria pública cuando asumió la vicepresidencia. Los procedimientos en su contra fueron retirados, aparentemente solo porque los legisladores habían previsto que reemplazara a Castillo después de la premeditada y anunciada destitución.

 Levantamiento popular

Si la destitución de Castillo era anunciada y esperada, no lo fue la espontánea reacción popular que comenzó al día siguiente de la salida del ex presidente, de manera progresiva pero sin desmayos con actos de protesta contra el Parlamento y contra la nueva presidenta. Las consignas más voceadas de “que se vayan todos” y de “nuevas elecciones generales” -sobre todo en las regiones más pobres del interior del país- protagonizaron marchas de protesta. Sin mucha tardanza, siguieron en 20 de las 24 regiones del Perú bloqueos de carreteras importantes como la Panamericana sur a la altura de la región Ica y en Chala, Arequipa. En Panamericana norte y en regiones de la sierra centro, como Apurímac. Las acciones avanzaron en la toma de cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho). Más de medio millar de turistas han quedado varados en la joya arquitectónica de la ciudadela inca Machu Picchu  y los grupos manifestantes han quemado importantes instituciones públicas en Arequipa.

La respuesta gubernamental fue la represión y, en reacción  el eufórico “amargón” de los manifestantes aumentó de manera enardecida cuando se produjeron las primeras muertes.  Boluarte decretó el estado de emergencia por 60 días y ordenó la intervención de las FFAA. Las cifras de muertos y heridos han dado un salto cuantitativo y pasaron de 7 fallecidos a 24 a la fecha de esta nota, además de cientos de heridos, muchos de ellos en estado de coma como consecuencia de las heridas de bala.

En conferencia de prensa y flanqueada por sus ministros, la presidenta Boluarte declaró en quechua; “¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (...) Exijo que se reconsidere la votación”, refiriéndose a la votación en contra del Parlamento el viernes 16 de adelantar los comicios generales de 2026 a 2023. Y apeló a la simpatía de los manifestantes “ ¿No me viste caminando por todo el país, llenando plazas y buscando votos entre hermanos y hermanas? Entonces, ¿por qué esta violencia en las calles?”. A diferencia de Castillo, que llevaba ponchos, un sombrero tradicional y sandalias de caucho características del campesino peruano, Boluarte ha vivido durante años en Lima, símbolo de políticos ricos y conservadores a los ojos de las comunidades rurales. La consideran una oportunista que entró fácilmente en el Palacio de Pizarro.

Gran parte del Perú está militarizado y las tanquetas, junto a grupos de militares y policías de asalto, patrullan a diario por las calles para silenciar a parte de la ciudadanía que copó las calles con sus protestas. Han empezado a calificarlas de terroristas. La presidenta Boluarte ha dicho: “Eso ya no es protesta, eso es terrorismo”. Sin embargo, las manifestaciones no se han detenido. En tanto, los ministros de Cultura y de Educación, Jair Pérez y Patricia Correa renunciaron, en rechazo a la represión de las protestas sociales.

La situación también ha causado problemas diplomáticos a Perú. Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia y México expresaron su apoyo a Castillo.

30 años de neoliberalismo: las raíces estructurales de la crisis peruana

El Perú país capitalista dependiente ofrece marcados desarrollos desiguales. Una parte, o un Perú representado por Lima, donde se concentran las principales actividades políticas, administrativas, comerciales, financieras y productivas; y donde a pesar de las contradicciones y desigualdades propias del sistema, existe una mayor percepción de progreso y bienestar. Otra, otro Perú, llamado por el notable historiador Jorge Basadre el “Perú profundo” en su ensayo La multitud la ciudad y el campo (1947), compuesto por la mayoría de regiones del interior del país, donde se concentran con mayor crudeza los grandes problemas sociales de la pobreza, informalidad, desempleo, precariedad de servicios sociales y discriminación racial. Precisamente, este “Perú profundo” es el principal epicentro de esta insurgencia social que evidencia la crisis del estado y la sociedad peruana.

La crisis ha sido potenciada significativamente por la implementación de 30 años de neoliberalismo, modelo económico impuesto por el régimen de Fujimori con la promulgación de la actual Constitución de 1993.  El denominado “milagro peruano” contrasta con las condiciones de vida de la gran parte de la población. La mayoría de las regiones del interior presentan las más altas tasas de informalidad laboral y de pobreza. Las labores de los campesinos -solo de subsistencia- han sido fuertemente afectadas por la importación de bienes agrarios y por el encarecimiento de los insumos como los fertilizantes. La gran inversión privada minera, promocionada como la palanca del desarrollo social, ha profundizado considerablemente la crisis debido a la contaminación ambiental y de apropiación de recursos hídricos, como ocurre en la zona alto andina de Moquegua con la minera Souther o en el corredor Minero de Apurímac y Cusco con la minera Las Bambas. Son en estas regiones donde hoy se están protagonizando manifestaciones opositoras contra el gobierno de Boluarte y contra las demás instituciones del Estado.

“Que se vayan todos”

El Congreso de la República y la mayoría parlamentaria están devaluados por la percepción y convencimiento de que son recinto de intereses particulares que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo. Un descrédito que se inició en 2016, cuando se hicieron públicos los vínculos entre los empresarios de la constructora Odebrecht y los políticos de turno, que condujo a la renuncia del entonces presidente Kuczynski e incluso el suicidio del aprista dos veces presidente Alan García.

El Parlamento ha estado acaudillado por el fujimorismo y otros  partidos políticos, llamados “partidos empresa” como los de derecha conservadora Alianza para el Progreso del millonario Cesar Acuña, Podemos Perú de José Luna Gálvez, Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Otros partidos  con más historia, manchados de corrupción y entreguismo pro empresarial, Acción Popular del expresidente Manuel Merino que gobernó solo una semana debido a las masivas protestas d elas calles de Lima y otras ciudades, así como el de extrema derecha Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

Nos habíamos choleado tanto

El racismo contra la población generalmente de origen provinciano de bajos recursos de las instituciones que destilan los partidos políticos y sus dirigentes más reconocidos gravita en su propio descrédito. En su ensayo Una república sin ciudadanos (1997) el historiador Alberto Flores Galindo definió: “el racismo existe en el Perú no obstante que los términos raciales, suprimidos en los procedimientos de la identificación pública, no tienen circulación oficial. Pero un fenómeno por encubierto y hasta negado, no deja de ser menos real”. En este racismo de raíces coloniales y de perdurable vigencia en la sociedad peruana, naturalizado y hasta institucionalizado, se encuentra otra de las razones de las protestas de las provincias del “Perú profundo”.

El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, con poderes omnímodos capaces de intervenir en casos políticos se han convertido en pieza dirimente y la política se ha judicializado. Así, la intervención política de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavidez quien, a pesar de tener serios cuestionamientos por su cercanía a personas vinculadas a delitos de narcotráfico (su hermana), se convirtió en la figura determinante quien, a través de sus denuncias y presión jurídica, dio “fundamento jurídico” al golpe parlamentario que terminó por destituir a Castillo, tomando como base de sus denuncias solamente las declaraciones de los llamados “colaboradores eficaces”.

Pedro Castillo y el fracaso de una estrategia reformista

Muchos de los que votaron por Castillo en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, lo hicieron esperanzados en que el gremialista cajamarquino de origen rural y que venía de liderar una importante huelga de maestros en 2017, y llegaba al poder el mismo año del Bicentenario de la Independencia del Perú, tendría la fortaleza y convicción para materializar sus promesas de campaña, donde destacaban el cambio de la Constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente y reformas al modelo neoliberal.

Castillo mantuvo la continuidad económica, le otorgó la dirección del Banco Central de Reserva al fondo monetarista y neoliberal Julio Velarde. El ex mandatario viajó a EEUU y allí se pronunció a favor de atraer a la inversión extranjera, garantizando el respeto a las condiciones jurídicas de la Carta Magna que favorece la expoliación de los recursos nacionales. El socorrido argumento de los seguidores de Castillo y de los partidos de la izquierda que lo apoyaban desde el ejecutivo, era que no había “correlación de fuerzas” y no hubo reacción cuando la derecha parlamentaria y los medios de comunicación arremetían contra su gobierno e iban construyendo día a día la viabilidad del golpismo parlamentario que terminó por concretarse el 7 de diciembre. Que no pudo ser detenido cuando se convocó a la OEA que venía de promover el golpe de estado en 2019 contra Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia y que reconocía el gobierno golpista de Juan Guaidó en República Bolivariana de Venezuela.

Ciertamente, Castillo no se caracterizó por su pericia de estadista, ni por sus dotes de orador. Sin embargo, no parecen ser estos factores los que promovieron la pérdida de su poder político ni tampoco que haya demorado la propuesta al Congreso para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que de haber prosperado en el Parlamento ofrecería una vía para el cambio de la institucionalidad vigente desde el 93 rémora del fujimorismo. Por el contrario, la destitución de Castillo ha expuesto de manera nítida que la crisis peruana es política (como la boliviana de 2019), no social (como la chilena del estallido del mismo año y el mismo bimestre octubre-noviembre), ni mucho menos económica (como la argentina de 2001). La erosión del poder Ejecutivo, más allá de la ya establecida en la Ley Suprema de 1993, ha sido operada por el Legislativo y tolerada o admitida por el Judicial. La folklórica apelación a los 'ronderos' en la última comunicación de Castillo puso de trágica evidencia hasta a qué punto carece hoy un presidente peruano de esas dos bases de apoyo indispensables para el populismo más banalmente estereotípico: los sindicatos de trabajadores con empleo (bastión del peronismo clásico en la Argentina) y los movimientos sociales de trabajadores sin empleo (el electorado planero atendido por el kirchnerismo).

¿Un socialismo cobrizo?

En los últimos años, las FFAA se han abstenido de intervenir directamente en la esfera política. Sin embargo, esto puede cambiar si figuras como Antauro Humala ganan una mayor tracción. El hermano del ex presidente Ollanta, lidera el movimiento nacionalista “etnocacerismo” que plantea subordinar los intereses clasistas a los intereses étnicos: un gobierno “cobrizo ” para los “verdaderos peruanos” con un elemento paramilitar altamente visible. Hasta ahora, cuenta con el apoyo de algunas comunidades rurales y soldados retirados que puede ser el punto de apoyo para su campaña presidencial de 2026. Una alternativa nueva ante Fujimorismo y Anti-Fujimorismo. El adelanto de elecciones juega a favor de Antauro, en la medida que la única candidata de la derecha sería Keiko Fujimri, lo que terminaría favoreciendo a Antauro Humala.

AGB

Ágora es un podcast de elDiarioAR en el que dialogan los politólogos María Esperanza Casullo, desde Neuquén, y Andrés Malamud, desde Lisboa.

MEC/AM

La compleja situación socio-política de Perú, con una veintena de muertos en protestas desde la semana pasada, amenaza con agravarse por el rechazo del Congreso al proyecto para adelantar elecciones a diciembre de 2023 y acortar a abril de 2024 los mandatos de presidente y legisladores.

Mientras tanto, persisten las masivas protestas cuya represión generó dos renuncias en el gabinete de la flamante presidenta Dina Boluarte. Aunque parecía que existía consenso al respecto, el Congreso no logró la mayoría calificada que exigía el adelanto de las elecciones porque implica una reforma constitucional.

Antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titular del cuerpo, José Williams. En medio de cruces y gritos afloraron las diferencias en torno a si se debía impulsar, en simultáneo al voto de presidente y nueva composición para el Congreso, una Asamblea Constituyente.

Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que es preciso modificar la carta magna para que un futuro Poder Ejecutivo no le ocurra lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor.

Los bloques de Perú Libre, Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático sostenían esa postura reformista. Sin embargo, la cuestión generó tanta polémica que únicamente el fujimorista bloque de Fuerza Popular votó unido, y las demás bancadas, en cambio, sufragaron divididas.

Una reforma constitucional como la que implica adelantar comicios exige una mayoría de 87 votos en dos periodos legislativos consecutivos o 66 votos y un referendo de ratificación. Para llevar a cabo la primera opción, Williams había extendido ayer jueves el periodo ordinario hasta el 31 de enero, para abrir uno nuevo en febrero y encarar la segunda votación de la iniciativa ahora frustrada.

El Congreso había escuchado ayer a José Tello, el ministro de Justicia; y a los responsables de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que aportaran a la viabilidad del adelanto desde un punto de vista técnico.

El reclamo de elecciones cuanto antes es central en las protestas que dejaron ya casi una veintena de muertos y que no bajan ni el número de ciudadanos ni el grado de violencia. Actualmente, el país tiene cinco aeropuertos cerrados, decenas de rutas bloqueadas y clases suspendidas en varios departamento. Además, rige un estado de emergencia que habilita el accionar de Fuerzas Militares en casos internos y anoche el Gobierno central decretó el toque de queda en 16 provincias.

Al mismo tiempo que se realizaba la sesión parlamentaria, hicieron públicas las renuncias de dos integrantes del gabinete de Boluarte por la represión a las protestas: la ministra de Educación, Patricia Correa y el ministro de Cultura, Jair Pérez.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, señaló la titular de Educación en una carta.

Por su parte, el ministro de Cultura indicó: “Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo. Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”.

Ambos funcionarios se referían al accionar de militares y policías, a quienes se los acusa de la mayoría de las muertes que se registran desde el miércoles de la semana pasada y que hoy alcanzaron las 18, aunque medios y algunas instituciones aumentan esas cifras a 20 o 22.

En la jornada del jueves en Ayacucho, grupos locales intentaron tomar el aeropuerto con un saldo de ocho muertos, marcando un momento bisagra en el accionar de las fuerzas militares y en el estado de emergencia dictado hace apenas días, el cual restringe derechos.

A los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y una denuncia del Ministerio Público para que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad, se sumaron denuncias constitucionales del congresista Alex Flores Ramírez contra los ministros de Interior, César Cervantes; y de Defensa, Luis Alberto Otárola, por homicidio calificado y lesiones graves.

Al no existir un registro centralizado de víctimas, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.

En otro intento de llamar a la calma, la presidenta Boluarte anunció un viaje al interior del país andino para atender los reclamos de las protestas y conformar mesas de diálogo con líderes de iglesias y gobernadores regionales. “Quiero informar que he convocado a los líderes de las iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado con el apoyo de los gobernadores, a quienes ya hemos convocado”, aseguró la mandataria en la ciudad de Chorrillos.

Asimismo, explicó que pretende abrir espacios para “llamar a los líderes que encabezan las marchas” y escuchar sus demandas. “Todos estos esfuerzos con un claro objetivo: la paz social del país”, destacó.

Mientras tanto, el expresidente Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde también se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori. El recientemente destituido mandatario estará cumpliendo allí la prisión preventiva por 18 meses que ayer la justicia dispuso en su contra.

Desde su destitución, el 7 de diciembre, Castillo estaba detenido de manera preliminar en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). El penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, es conocido como “la cárcel presidencial” por la condena a 25 años de prisión que cumple ahí es donde Fujimori.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.

“Se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas”, dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola en una declaración a la prensa.

El Gobierno decretó esta medida tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que, por ahora, se han confirmado siete víctimas mortales de protestantes y más de un centenar de policías heridos.

“Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno”, dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.

Explicó que en unas horas se oficializará en una edición especial del diario oficial El Peruano la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, lo que significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión”, indicó Otárola.

Señaló que esta medida ha sido motivada “para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos”, dijo al añadir que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.

Dijo que existe la posibilidad de también decretar toque de queda pero que tienen que definir el marco legal de la norma.

Las protestas producidas en los últimos días sobre todo en el sur del país piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras el autogolpe de estado fallido.

Este lunes, manifestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad del país, Arequipa, y una central láctea. Este martes, protestantes tomaron una planta de gas en el departamento de Cuzco y se han sucedido numerosos cortes de carreteras, saqueos de comercios o incendios a instituciones públicas en diversos puntos del país.

EFE

El expresidente peruano Pedro Castillo afirmó que está “injusta y arbitrariamente detenido” y responsabilizó a la nueva jefa de Estado, Dina Boluarte, “del feroz ataque a sus compatriotas”, en las protestas de los últimos días, en las que han muerto 7 manifestantes y 130 policías han resultado heridos.

“Quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón”, remarcó el mandatario al presentar sus argumentos en una audiencia en la que un tribunal supremo revisa la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra.

Tras escuchar los alegatos de la defensa del exmandatario, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado, el juez supremo César San Martín le pidió a Castillo si tenía “algo que agregar”.

El exgobernante, que estaba conectado de manera virtual desde la prisión a la que fue enviado el pasado miércoles, afirmó que se dirigía a su país para decirle que está “totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, su lucha y su implicación”.

“Jamás renunciaré, ni abandonaré, esta causa popular que me ha traído acá”, sostuvo.

Castillo también exhortó “a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, en referencia a las manifestaciones y enfrentamientos, con gran cantidad de actos vandálicos, que se presentan en el país desde el pasado fin de semana.

RESPONSABILIZA A BOLUARTE

Al salir de la audiencia, dos de sus abogados leyeron una breve carta en la que el mandatario repitió su exhortación a las fuerzas de seguridad a deponer las armas “a fin de parar el levantamiento del orden democrático y la masacre” del pueblo.

Responsabilizó, en ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte, y a su círculo más cercano, de las consecuencias que está teniendo la crisis social y política que afronta el país.

“Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su circulo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas, hago un llamado al pueblo organizado a seguir alerta y optimista”, señaló la misiva leída por el abogado Ronald Atencio.

Durante su intervención en la audiencia, el gobernante también pidió a sus seguidores que lo acompañen este miércoles, aunque en ese momento fue interrumpido por San Martín, que le dijo que la audiencia no era “el espacio para este tipo de proclamas” y le pidió que solo ofrezca un alegato “desde la perspectiva jurídica sobre su defensa”.

“No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión”, concluyó Castillo.

Tras eso, San Martín dijo que, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, la resolución sobre el pedido de apelación “se debe leer inmediatamente”, por lo que convocó a las partes a conocer su decisión a partir de las 15.30 hora local de hoy (20.30 GMT).

Castillo ya publicó este lunes en Twitter una carta desde su centro de arresto, en la que escribió que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a Boluarte.

Horas antes, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.

El exgobernante fue destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.

EFE.

IG