Opinión

Los ciento y un días de Pedro Castillo en Lima, donde gobernar cuesta un Perú

Ex gremialista docente, provinciano en Lima, el presidente peruano anunció un aumento del salario mínimo y que venderá el avión presidencial.

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Después de un agónico recuento de votos en la segunda vuelta electoral del 6 de junio, el candidato izquierdista Pedro Castillo logró imponerse ante la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por un escaso margen de menos de 45.000 votos. Después de semanas de impugnaciones y batallas legales, fue proclamado como Presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora cumplió 110 días en el poder, una permanencia de la que muchas voces dudaban y contra la cual muchas fuerzas unieron fuerzas. Su candidatura presidencial representaba a Perú Libre, no como militante sino como invitado de este partido de izquierda. El líder partidario, Vladimir Cerróncondenado a tres años y nueve meses de prisión en suspenso por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014) quedó inhabilitado para competir en elecciones. En la primera vuelta de las presidenciales, con 18 candidatos rivales en contienda, la gran sorpresa fue la victoria de Castillo: su nombre, que sólo al final apareció en los sondeos de intención de voto, era antes prácticamente desconocido en Lima. 

Acaso su cualidad de outsider lo posicionó como un candidato posible de concitar la atención ante la fragmentación partidaria y la crisis de representatividad que sufre Perú hace ya varios años. Castillo ganó en todos los departamentos sureños y en la región andina, conocidos por votar históricamente a candidatos anti sistema, contrarios a la elite limeña. En ese momento, el país asolado por la pandemia de Covid-19, llegó a registrar el número más alto per cápita del mundo en el mes de este año. La brutal letalidad se sumó la crisis económica de una caída de 11 puntos del PBI – después de 20 años de crecimiento sostenido- con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. "Yo no he vivido una situación como esta nunca; es la caída más grande de los últimos cien años, realmente dramático", dijo ya en junio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) desde 2006, considerado uno de los artífices del sostenido crecimiento del país en las últimas décadas.

Las elecciones se desarrollaron en medio de un pico de descontento popular producto de la crisis institucional originada a partir del proceso de vacancia contra el ex presidente Vizcarra. Su sucesor, el ex presidente Merino quien gobernó solo una semana luego de las masivas protestas en las calles de Lima y de otras ciudades, que terminaron con la muerte de dos jóvenes, fue reemplazado por Francisco Sagasti. Los períodos quinquenales resultaron gravemente trastornados: Pedro Castillo es el quinto presidente en sólo cuatro años. La causa mediata se remonta al principio del mandato de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien en marzo de 2018 renunció para no ser destituido acusado de corrupción, en un proceso que antes les costó las cabezas a otros ex presidentes salpicados por el escándalo de Odebrecht: Alan García, (1985 a 1990 y 2006 a 2011), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) como también a la opositora Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, la crisis también evidenció la puesta a prueba de la representatividad de los partidos políticos, la Constitución, la pugna por el poder entre el Ejecutivo y el Congreso y los sucesivos escándalos de corrupción. Que no es nueva, Manuel González Prada en Páginas Libres (1894), sintetizó “Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta pus”.

En noviembre no hay milagros

Desde el mismo momento que le impusieron la banda presidencial a Castillo, los fantasmas de los ex presientes Kuczynski y Viscarra, que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno la Casa de Pizarro, desde ahí profetizaron que al nuevo presidente, quien desistió habitarlo, sin mayorías el Congreso no le dará tregua. Oráculo cumplido. El gobierno que cuenta con 110 días de mandato es el que más cambió ministros no sólo en el país sino en toda la región.  El 6 de octubre, renunció Guido Bellido, apologista de Sendero Luminoso, nombrado primer ministro por Castillo como forma de darle poder a Cerrón en el Ejecutivo. Los continuos choques de Bellido con la oposición y la élite económica provocaron subida del tipo cambio del dólar que alcanzó un máximo histórico la primera semana de octubre, con la devaluación del sol peruano. En consecuencia, el alza de los precios de algunos insumos importados de la canasta familiar, como el gas licuado de petróleo y el pollo. La inflación se volvió otro flanco de ataque a la nueva administración. En respuesta, el Ejecutivo aprobó a fines de agosto un subsidio indirecto para que los distribuidores de gas en bombonas lo vendieran a un precio menor, y dispuso un subsidio directo de U$S 85 a 13 millones de personas en pobreza. Castillo y el ministro de Economía, Pedro Francke, en viaje a EEUU se reunieron con altas autoridades del Banco Mundial y el BID para reiterar el respeto a la propiedad y la necesidad del Perú de inversión extranjera. Horas más tarde, Bellido amenazó vía Twitter al consorcio privado Camisea, el mayor yacimiento de gas: anunció que si no aceptaba renegociar el porcentaje de regalías que paga al Estado expropiarían el gas. Castillo exigió la renuncia de Bellido e hizo otros cambios. Retiró a los ministros de Interior, Juan Carrasco, y de Educación, Juan Cadillo; y también al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien causó una controversia al modificar a última hora la lista de la delegación oficial de Perú en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En estos 110 días, hubo otros cuatro ministros cuyas declaraciones o antecedentes daban pie a la oposición para atacar al Ejecutivo. Castillo también pidió la dimisión al canciller Héctor Béjar; al ministro de Trabajo, Iber Maraví; al ministro de Interior, Luis Barranzuela, ex abogado de Cerrón y Bellido; y al ministro de Defensa, Walter Ayala. Si bien en su primer Gabinete —de 19 miembros— solo nombró a dos mujeres, Castillo hizo un mea culpa semanas después. La enmienda ocurrió al nombrar como reemplazo de Bellido a la abogada de izquierda moderada Mirtha Vásquez, defensora de derechos humanos, y expresidenta del Congreso. Además, integró a dos mujeres como ministras de Cultura, Gisela Ortiz  y de Trabajo,  Betsy Chávez, Los cambios fueron objetados por el sector cerronista de Perú Libre que arguyó  una supuesta ‘derechización’ de Castillo. Si bien el sector radical de su partido no le ofreció garantías para un gobierno mínimamente viable, sí cuenta con  bases populares en el centro y sur del país. Y estos dramáticos vaivenes no aumentaron la popularidad del presidente entre sus paisanos. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de finales de octubre, un 48% de ciudadanos desaprueba el desempeño de Castillo (frente a un 35% a favor) y un 75% hace lo propio con el Congreso. El diario El Comercio publicó, sobre las manifestaciones en el marco de los cien días, que integrantes de diferentes colectivos realizaron una marcha contra el Presidente al grito de “vacancia ya”. 

En Ayacucho, la región donde Castillo tuvo un encuentro masivo con sus electores al día siguiente de prestar juramento al cargo en julio, pronunció un discurso en el que ofreció una prospectiva y perspectiva de su gestión durante los primeros cien días. Si cuando asumió solo un 15% estaba vacunado, “En cien días hemos logrado vacunar a casi el 60% de la población objetivo, habiendo cuadruplicado el porcentaje”. La previsión es llegar al 80% a fin de año. “Sin ello, no será posible reencauzar la economía”, agregó. El presidente señaló que -según el Banco Central de Reserva- la economía crecerá 11.9%, este año —en 2020 pasado cayó 11 puntos porcentuales—, y que entre julio y septiembre se ocuparon 300.000 nuevos puestos de trabajo. E insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. No mencionó un tema candente que refiere a la despenalización del aborto, que en comparación con el resto de la región Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre este tema que integra la agenda de quienes promueven los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTB+.

Toda moderación de poco servirá para ganar la simpatía de la derecha conservadora —casi la tercera parte del Congreso— que lo ven como fruto de una elección que les robaron. La aprobación de sus iniciativas en el Parlamento y su propia sobrevivencia tendrá que recaer en las bancadas de centro, las cuales carecen de liderazgos definidos o de objetivos concretos. A la vez, el presidente generalmente elige mantenerse en silencio, lo que aumenta la incertidumbre sobre su gestión. Al ofrecer su propio balance de los primeros cien días de su gobierno, insistió en la propuesta que enarbola el sector más radical: la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución que sustituya a la fujimorista hoy vigente. Un terreno muy inestable e improbable para una Tempestad en los Andes como la que en 1927 anunció Luis E. Valcárcel, en su clásico libro prologado por José Carlos Mariátegui, quien profetizó un levantamiento del Perú andino profundo que cubriera todo el país. 

SS

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