La detención de al menos 33 manifestantes, vendedores ambulantes y transeúntes en la tarde en que el Senado trató la ley Bases encuentra en un documento oficial una prueba primaria y reveladora del peligro que representan el Gobierno de Javier Milei y el fuero penal federal de Comodoro Py para la democracia.

Cuando los detenidos llevaban una noche privados de la libertad y muchos de sus familiares desconocían su paradero, el Ministerio de Seguridad difundió la imputación efectuada por el fiscal federal Carlos Stornelli. La historia de contubernios entre ese emblema de Comodoro Py y Patricia Bullrich aporta nuevos capítulos.

En el texto del jueves, Stornelli escribió que el objeto procesal de su denuncia radicaba en “el conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza…, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática”.

Esas hipótesis, que suponen penas de varios años de cárcel, fueron esbozadas por el fiscal que compartió con Bullrich la intermediación con el falso abogado y espía ilegal condenado por extorsión Marcelo D’Alessio. Este panelista del programa Animales Sueltos —hoy condenado y detenido— se valía de sus probados intercambios con Bullrich y Stornelli para amedrentar a sus víctimas.

La ilustración de Stornelli

El fiscal reconoció en su presentación ante la jueza María Romilda Servini de Cubría que debía construir las pruebas y delimitar responsabilidades, pero, “a título ilustrativo”, aportó indicios. “Evocaré distintos fragmentos de reportes periodísticos y publicaciones oficiales, de los cuales se desprenden circunstancias relacionadas con los eventos y que entiendo pertinente tener en cuenta”.

Los fragmentos fueron tres: un mensaje en X de la Oficina del Presidente y sendas notas de los portales de Clarín y La Nación.

El posteo en X fue un típico texto desorbitado y provocador en los que incurre a diario el Presidente ultra y sus cuentas oficiales. “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado…”.

Las notas citadas de los dos principales multimedios del país reproducían partes del ministerio de Bullrich y del Gobierno de la Ciudad, sin la menor distancia de la versión oficial. Nada nuevo.

Un fiscal federal no es un empleado del Gobierno ni le debe obediencia. Si Milei o el estratega Santiago Caputo alegan un “golpe de Estado” y actos de “terrorismo”, sin ningún indicio al respecto, no tiene por qué acudir presuroso a solicitar detenciones

Ese material le valió a Stornelli la petición de prisión preventiva e indagatoria a los 33 detenidos y la imputación, “prima facie”, de lesiones, daño, incendio, intimidación pública, resistencia a la autoridad, incitación a la violencia colectiva, atentado al orden constitucional y contra la autoridad, con el probable agravante introducido en la ley antiterrorista.

La sordidez de la mano estatal plagó la jornada en que los bloques oficialistas y un puñado de senadores seducidos con prebendas aprobaron la ley Bases, pero el texto de Stornelli, por sí sólo, demuestra que el derecho a la protesta, constitutivo de la vida democrática, está amenazado en la Argentina de Milei.

Un fiscal federal no es un empleado del Gobierno ni le debe obediencia. Si Milei, el vocero Manuel Adorni o el estratega Santiago Caputo deciden alegar un “golpe de Estado” y actos de “terrorismo”, sin ofrecer ningún indicio al respecto y ni siquiera formular una denuncia formal en esos términos, un representante del Ministerio Público Fiscal no tiene por qué acudir presuroso a solicitar detenciones bajo esas figuras.

Antes, su tarea podría ser investigar si el Presidente y sus adláteres incurrieron en denuncias falsas contra sus adversarios políticos, al alegar actos de “terrorismo” sin certezas. Y más aun, le corresponde indagar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, cuya venalidad quedó filmada al arremeter contra manifestantes pacíficos y dejar hacer a encapuchados que aparecieron de la nada, se tomaron varios minutos para volcar e incendiar un auto y se marcharon sin que nadie los perturbara.

En segundo orden, multimedios que desbordan oficialismo en espacios centrales y en notas editoriales tienen derecho a informar del modo que les parezca, pero su versión no es prueba ni indicio de nada. Su abordaje de hechos públicos, difundidos durante el día a través de múltiples pantallas de televisión y redes sociales, es tan válido como el de otros medios que informaron de modo muy distinto, como elDiarioAR.

La secuencia involucra al Gobierno de Milei, los medios oficialistas y el fuero federal:

La cocina de Comodoro Py

Con el amparo del macrismo, Stornelli maniobró para que las causas por presunta extorsión que lo involucraban junto al falso abogado D’Alessio fueran tramitadas en Comodoro Py, su casa.

Semanas atrás, la Corte Suprema confirmó la absolución del fiscal porque en una apelación faltaba una fotocopia. Los jueces federales no encontraron pruebas que confirmaran que la dupla Stornelli-D’Alessio se proponía plantarle droga a la expareja de la mujer del fiscal, ni que pretendían orquestar una cámara oculta contra Juan Manuel Ubeira, abogado defensor de una de las presuntas víctimas de la extorsión. Todo ello surgió de los peritajes del celular de D’Alessio, pero las pruebas no conmovieron a los colegas de Stornelli.

En Comodoro Py, voces que se mantienen a salvo del rumbo tóxico que tomó el fuero coinciden en definir a Stornelli como un fiscal sólido en sus argumentos jurídicos, que en el pasado se sometió a los vaivenes de la política sin ser del todo previsible para las distintas camadas que pasaron por la Secretaría de Inteligencia.

Desde la causa Cuadernos, —otro capítulo de la relación tóxica entre espionaje, medios, política y los tribunales, cuando quedó expuesta su relación con D’Alessio y el periodista de Clarín Daniel Santoro—, “Stornelli se pintó la cara”, describe un juez de los que reconocen solvencia técnica en el fiscal. Stornelli pasó a ser totalmente previsible, “porque su prioridad fue sellar las alianzas que necesitaba para defenderse”, explica la voz.

Los caminos de Servini

El caso de Servini de Cubría es distinto. La jueza, de 87 años, una de las más antiguas de Comodoro Py, “es apta para todo servicio”, indica un abogado que lleva causas en el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 1.

En esta ocasión, la magistrada decidió aceptar el precario criterio expuesto por Stornelli. El viernes por la noche ordenó liberar a 17 de los 33 detenidos, sin desvincular a ninguno de la causa ni desescalar los presuntos delitos de los que se los acusa.

La mayoría de quienes quedaron detenidos en cárceles federales fueron inculpados prima facie por tirar piedras, prender fuego a un tacho de basura o pegar una patada a un policía. Esta última acción fue adosada a la contadora y funcionaria del Ministerio de Economía María de la Paz Cerruti, quien cruzó una calle cartera en mano y fue sometida por media docena de policías. ¿Terrorismo?

La jueza que adopta este criterio es la misma que el 20 de diciembre de 2001 se plantó en Plaza de Mayo para frenar la cacería policial disparada por el Gobierno de Fernando de la Rúa en su despedida. “Vine porque me enteré de que había represión policial y no sé quién dio la orden”, encaró la magistrada a los policías. Se trata de la misma Servini de Cubría que abrió la única vía que encontraron víctimas del franquismo para conseguir una reparación ante la impunidad reinante en España, también la “Burú burú budía” del menemismo que intentó censurar a Tato Bores y la que designó a Luis Barrionuevo como interventor del Partido Justicialista cuando le vino bien al Gobierno de Mauricio Macri.

“No es cautiva de nadie, pero debe favores a medio mundo. Segunda y tercera generación de su familia transitan varios pasillos de tribunales”, narran en el edificio de Retiro.

Comodoro Py puro: los 16 detenidos (a uno de ellos le asignan la portación de una granada de gas lacrimógeno) y los 17 liberados ahora quedan sometidos a un tortuoso camino de peritajes y recursos procesales, llevados a cabo por los mismos jueces, fiscales y camaristas que mecen parsimoniosamente otros expedientes por años, a conveniencia de alguna causa innombrable.

“Tanto la represión y las detenciones arbitrarias posteriores a la marcha, como el uso de figuras relacionadas con la tipificación de 'terorismo' y 'golpe de Estado', sumadas a la judicialización posterior, aplicando desproporcionadamente varias de esas figuras, buscan tener un chilling effect sobre la sociedad para que no salga a la calle a reclamar por sus derechos”, sintetiza Gastón Chillier, miembro de la red internacional de derechos humanos INCLO.

El rastro de Bullrich

La secuencia de represión indiscriminada y acusaciones por delitos graves en fuero federal remite inexorablemente a las protestas del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que llevó a cabo Macri. También entonces, en dos jornadas, hubo instancias de zona liberada, desmanes de grupúsculos de izquierda y alborotadores de Inteligencia, decenas de manifestantes heridos (varios perdieron un ojo por balas de goma) y detenidos. El macrismo agrupó esas protestas bajo el título “14 toneladas de piedras”. Los arrestados el 18 de diciembre fueron liberados de inmediato por el juez Sergio Torres, pero los del 14 quedaron a merced del hoy fallecido Claudio Bonadio.

El juez llegó a argumentar que quienes portaban bicarbonato o limones para contrarrestar el efecto de los gases eran sospechosos de delitos similares a los que ahora agitan Stornelli y Servini de Cubría. Entre aquellos hechos de siete años atrás y los de esta semana, hay un factor común: la ministra de Seguridad, Bullrich.

Bonadio procesó a 33 personas y mantuvo en prisión durante varias semanas a seis. Entre ellas, a Esteban Rossano, un chico de 19 años que iba a jugar al fútbol la tarde de su arresto. Que llevara una remera en la mochila fue un indicio que llevó al juez a sospechar y dejarlo en prisión durante 42 días. Está escrito. Su padre, Pablo Rossano, vendedor ambulante en un puesto cercano a la estación de trenes de Morón, llevó adelante la lucha hasta que logró la liberación. Pablo murió a los pocos meses a raíz de una crisis diabética.

Escarmiento

Los agitadores de Milei afirman que los tiempos cambiaron. Que su líder no es Macri y no retrocederá. Los llamados a la represión son enarbolados a toda hora por el Gobierno y sus terminales mediáticas.

El mandatario ultraderechista lleva contadas media docena de manifestaciones masivas en su contra, motivadas en causas sindicales, feministas, de derechos humanos y universitarias. La aguerrida Bullrich elige cuándo y con qué intensidad actuar. Frente a la comunidad universitaria y el movimiento de derechos humanos que salió a las calles el 24 de marzo, mínima presencia policial y protocolos laxos. Las protestas de desocupados, asambleas populares y organizaciones sociales —es decir, los trabajadores y los más humildes— aparecen como las más vulnerables al rigor de un Gobierno destinado a “destruir al Estado desde adentro”.

Funcionarios que obedecen a Caputo difunden que podría ocupar un lugar en la AFI el citado Parisini, el “Gordo Dan” de redes que pregona muertes, venganzas y fuego

Llevar a cabo una redistribución regresiva del ingreso de la magnitud que se propone Milei sin protestas es un objetivo osado. El propósito pone en riesgo la vida democrática.

Otras armas

No es el único trazo en ese sentido. Los relatos sobre el creciente dominio de diversas áreas del Ejecutivo por parte del asesor Santiago Caputo se multiplican. Reemplazos intempestivos, hackeos de celulares, seguimientos, mensajes anónimos y denuncias de cajas negras conforman una narrativa subterránea, que cuando asoma a la superficie, encuentra eco en altercados dentro de la prensa oficialista. El falso intento de intrusión en un domicilio de Sandra Pettovello, que encontró a unos denunciando y a otros desmintiendo, fue un ejemplo.

La reorganización de la Agencia Federal de Inteligencia tras la salida del defenestrado Nicolás Posse habilita un juego de nombres. Funcionarios de la línea de Caputo difunden que el citado Parisini, el “Gordo Dan” de redes que pregona muerte, venganza y fuego, podría ocupar un puesto clave. Ello es recibido como una hipótesis probable y/o un alarde propio del goce cruel que varios le atribuyen al temible asesor de Milei.

Fernando Seresevsky dejó de ser jefe de Gabinete de Pettovello porque, –según dijo– tenía planeado acompañar la gira de los Ratones Paranoicos, grupo del que es manager. Para la ministra de Capital Humano, significó la pérdida de su mano derecha y uno de los pocos funcionarios de confianza.

En reemplazo de Seresevsky fue designado Lucas Fernández Aparicio, hombre cercano a Guillermo Dietrich y Jorge Triaca. No hay mayores exponentes de “la casta” y de los verdaderos intereses de Mauricio Macri que esos dos exministros de Cambiemos. El expresidente da un paso adelante para intervenir en áreas por las que puja desde que Milei ganó las primarias presidenciales.

En despachos oficiales circula una versión, hasta ahora no probada, sobre el motivo real de la salida de Seresevsky, que daría cuenta de métodos delictivos para dirimir internas.

El tándem Santiago Caputo-Karina Milei tiene en Guillermo Francos a un ejecutor y en Pettovello a un blanco de primer orden.

Si la mejor amiga de Milei deja intervenir su megaministerio por hombres de Macri, podría leerse como una táctica defensiva: juntar fuerzas ante un enemigo en común. 

SL/DTC

La jueza federal María Servini de Cubría será quien defina la suerte de todos los detenidos en las últimas horas por los destrozos ocasionados en inmediaciones del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la ley bases. Según informó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, hasta el momento hay 33 personas detenidas pero se estima que “habrá más en la medida en que sean identificadas”.

El fiscal Carlos Stornelli, a cuyo cargo están los detenidos, les imputó delitos graves, entre los que se cuentan atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos. Stornelli pidió que se dicte la prisión preventiva por la “gravedad de los hechos” en un escrito en el que refiere a un “posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática” con el propósito de perturbar el trabajo del Congreso. 

Uno de los episodios más destacados de la jornada violenta, que de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR el fiscal repone mediante las versiones periodísticas de Clarín y La Nación, fue cuando los manifestantes prendieron fuego al móvil de Cadena 3. Ese hecho, sin embargo, no tiene detenidos ni tampoco otro episodio en el que los manifestantes hicieron pintadas a los móviles de la prefectura naval, una de las fuerzas de seguridad que intervino en el operativo por el tratamiento de la ley Bases. 

El Ministerio de Seguridad, en tanto, anunció que denunciará los desmanes y demandará los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación ya que incluirán no sólo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado.

Según un comunicado emitido hoy, “ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños: un automóvil incendiado intencionalmente, del mismo modo que la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas”.

El ministerio encabezado por Bullrich denunciará los daños sufridos en su equipamiento, sin perjuicio de las lesiones a los efectivos de las fuerzas, que ya son motivo de investigación por el fiscal Stornelli.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que los destrozos en la Ciudad producto de la protesta de manifestantes por el debate de la Ley Bases en el Congreso cuestan $278 millones, “entre reparaciones y limpieza”.

“Veredas rotas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas, bancos de plazas rotos, grafitis. No me vengan a decir que lo de ayer fue una manifestación pacífica, lo único que hicieron fue romper y violentar lo que nos pertenece a todos. ¿Por qué los porteños tendríamos que pagar el costo de esto? En nuestra gestión, el que rompe, también paga”, expresó Jorge Macri.

Familiares y amigos de los detenidos denunciaron que varios, “entre los que se encuentra el músico Santiago Adano (ex Julio y Agosto), serán trasladados al Centro de Detención Federal N° 28 (Lavalle 1337), donde pasarán una segunda noche privados de su libertad sin pruebas vinculantes” y señalaron que “quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso Nacional”.

Según ellos, las causas por las que se acusa a los detenidos son “instar la violencia colectiva en contra de las instituciones infundiendo temor público; alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y/o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la cámara alta del congreso; daños, incendios y estragos dolosos; en algunos casos, la tenencia de material explosivo y/o incendiario y alteración del orden público”.

Este viernes habrá una conferencia de prensa por los detenidos. Será a las 15 en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en Piedras 730 y participarán abogados, diputados y referentes de organismos de DDHH.

CRM/DTC

Asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo volvieron estos días a Buenos Aires para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría e insistir en un objetivo: el procesamiento e interrogatorio del exministro Rodolfo Martín Villa. Después de que los tribunales argentinos revocaran el procesamiento al antiguo alto funcionario franquista, las víctimas vuelven a testificar ante la magistrada que lo imputó en 2014 para solicitar la reapertura del caso: “Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, dijo Rosa García Alcón, una de las portavoces de Ceaqua y La Comuna.

La conocida como 'querella argentina' consiguió en Buenos Aires lo que ninguna iniciativa judicial había estado cerca de lograr en España: la imputación de una veintena de exministros franquistas, militares, policías y jueces del régimen para responder por los crímenes y la represión de la dictadura.

Fue en octubre de 2014, hace casi una década, y la investigación de la jueza argentina María Servini apuntó a “hechos atroces de lesa humanidad”, término usado para referirse, entre otros episodios de asesinatos, torturas y represión, a la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970 o los sucesos de Vitoria en marzo de 1976.

Las órdenes de extradición nunca tuvieron éxito. En marzo de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy denegó las peticiones que hacía la magistrada porteña. Previamente, la Audiencia Nacional había rechazado, entre otras, la extradición de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. Nadie fue extraditado y Rodolfo Martín Villa declaró, finalmente, desde el consulado argentino en Madrid en septiembre de 2020 para negar que la Transición española fuera asimilable a un genocidio.

Fue en 2022 cuando los tribunales argentinos dieron la razón al exministro del Interior y anularon su procesamiento. En la actualidad solo una causa judicial abierta en Madrid investiga posibles torturas policiales durante la dictadura a un represaliado.

Las asociaciones y víctimas españolas, coordinadas por Ceaqua, viajaron de nuevo a Buenos Aires para volver a comparecer ante la jueza Servini e intentar que vuelva a poner en marcha el procesamiento de Martín Villa y otras 12 personas más, cuyas identidades no especificaron. Presentaron, además de las testificales, un informe para reforzar su acusación de delito de lesa humanidad contra los antiguos altos mandos del franquismo querellados.

Rosa García Alcón, de las asociación La Comuna, explicó el objetivo de este nuevo impulso a la acción judicial: “Que se procese de nuevo a Martín Villa. Exigimos que se nos dé justicia. Ya. Ahora. No se puede estar mareando más la perdiz. Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, ha dicho.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”

Eduardo Fachal, abogado del equipo jurídico que impulsa la querella, entiende que todos los hechos denunciados están “debidamente probados” y recordó que, en su declaración desde Madrid en 2020, Martín Villa usó “las mismas palabras que usó Videla acá” para referirse a los abusos policiales de la transición. “Errores o excesos de la Policía, no delitos de lesa humanidad. Lo mismo que decían los militares en los juicios que se celebraron en Argentina”, explicó.

Los testigos y las periciales que presentan estos días ante la jueza Servini, considera este abogado, “refuerzan ese dictamen que hemos presentado”. Considera que, a día de hoy, la jueza “tiene una mayor cantidad de elementos de prueba para volver a procesar a Martín Villa. Ese es uno de nuestros objetivos, como también la citación, captura y extradición de otros imputados”.

“Ha quedado claro que son delitos de lesa humanidad”, dijo el abogado Fachal. Preguntado sobre si considera que la situación política de Argentina, con Javier Milei al frente, puede afectar negativamente al desarrollo de la causa, afirmó que después de 35 años en ejercicio “he llegado a la conclusión de que no es independiente”. Citando a las Madres de Plaza de Mayo, zanjó: “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir luchando”.

Preguntas al Gobierno español

Asociaciones y víctimas acudieron a Buenos Aires acompañadas de dos eurodiputados: Ana Miranda (BNG) y Miguel Urbán (Anticapitalistas). Miranda, la primera en intervenir, prometió su “apoyo” para que la causa “siga viva y tengamos incidencia política a nivel internacional”. Tanto Miranda como Urbán criticaron que las víctimas tengan que acudir a Argentina para buscar justicia: “El Estado español no ha sido capaz de dar una respuesta a la memoria de las víctimas”, dijo la eurodiputada del BNG. “Esta causa es de conjunto de la sociedad española por tener una democracia que no siga tutelada bajo la impunidad de los crímenes del franquismo”, dijo Urbán.

Urbán explicó que su padre, torturado por el policía conocido como 'Billy el Niño', forma parte de la querella, pero no pudo volar a Buenos Aires por problemas de salud. El político apuntó al Gobierno español de coalición: “Queremos que Servini vuelva a hacer esta petición y saber si el Gobierno de PSOE y Sumar se van a sumar a Rajoy negando estas extradiciones o si van a apostar por la Justicia y van a permitir que vengan a Argentina a ser juzgadas”, dijo.

AP/CRM

El 30 de diciembre último, alrededor de las 7.30 de la mañana, el profesor de tenis de mesa llegó a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el Aeropuerto Jorge Newbery. Pasó por Migraciones cerca de las 7.50 y salió del aeropuerto unos 15 minutos más tarde. 

Había dejado Bogotá, la ciudad donde vive, la noche anterior. Llevaba consigo su pasaporte colombiano, donde consta que nació en Damasco, Siria, en la década de 1950, y que es ciudadano colombiano. Mientras caminaba por la vereda, con su bolso de mano y una valija pequeña, fue interceptado por un grupo de la Policía Federal Argentina. 

Parsimonioso y perplejo, el hombre no se resistió y permitió que abrieran su equipaje en la entrada externa de Aeroparque, delante de los transeúntes. Le secuestraron un teléfono celular Motorola G20, sin contraseña ni mecanismo de bloqueo; documentos personales y una tarjeta SUBE; US$2.500, 1.200 euros y 407 pesos colombianos. Quedó incomunicado y detenido por orden de la jueza María Servini. Lo acusaban de integrar una supuesta “célula terrorista” internacional que buscaba atentar contra edificios de colectividad judía en Buenos Aires.

La detención no fue espontánea. Lo estaban investigando y esperando desde hacía unas 48 horas, cuando un gendarme lo denunció ante la embajada de Israel en Buenos Aires, acusándolo de dedicarse a actividades de terrorismo en Colombia. La denuncia señalaba que el hombre llegaría junto a otros dos pasajeros, otro sirio y un libanés. Pero el profesor de tenis de mesa viajó solo. La información aportada tenía inconsistencias y contradicciones, pero la causa judicial siguió adelante, como informó elDiarioAR el 10 de enero último.

Tercera y vencida

Esta era su tercera visita a la Argentina. El entrenador de tenis de mesa practica este deporte desde los 12 años, cuando aún vivía en Siria. Dejó su país a los 23 años y se instaló en Venezuela, donde vivía un hermano. Vive en Bogotá, Colombia, desde hace años. Es soltero y propietario de un local de perfumes en Colombia. No tenía antecedentes, hasta que pisó la Argentina. Cumplió 68 años mientras estaba detenido en una dependencia de la Policía Federal Argentina.

Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero estuvo incomunicado. Ni siquiera pudo avisar que estaba detenido a sus amigos en Buenos Aires. Cuando le informaron por qué estaba detenido, le dijeron que estaba imputado por supuestamente “integrar una asociación criminal trasnacional de existencia ininterrumpida en el tiempo que se dedica a la organización y perpetración de atentados terroristas” y que “registraría actividades en distintos países de la región, en particular Colombia, desde donde se habría organizado la perpetración de un ataque –presumiblemente, con explosivos– a un inmueble localizado en el ámbito de esta ciudad vinculado a la colectividad judía”.

“Niego completamente” la acusación, dijo durante su declaración indagatoria el 2 de enero último. “No tiene nada que ver con la realidad”. “Por mi madre, no puedo creer estar involucrado en esto”, agregó.

El profesor de tenis de mesa no sabe manejarse con facilidad en internet, al punto que debió pedirle a un amigo que le haga la reserva en el hotel de Buenos Aires. Eligió el Gran Hotel España —ubicado sobre Tacuarí 80, a 200 metros de la embajada de Israel— porque lo conoció de casualidad durante su última visita a la Argentina, cuando estuvo en un local de venta de sandwiches y alguien le dio una tarjeta de establecimiento y la guardó para su próxima visita. Fue la primera decisión que transformaría su próximo viaje en una pesadilla porteña. En dicho hotel lo denunciarían por el simple hecho de tener nacionalidad siria y pasaporte colombiano.

Viajes e inversión

Su primera visita al país fue en 2013 para un campeonato sudamericano, explicó ante el juzgado. El segundo viaje a la Argentina fue a mediados de 2023 y llegó por un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Entonces, se hospedó durante 15 días en el modesto hotel Gran Oriental, sobre Bartolomé Mitre al 1.800, en el barrio porteño de Congreso. 

Su objetivo era abrir un club de tenis de mesa en Buenos Aires, aseguró. Buscaba un gimnasio que lo pudiera albergar al menos seis meses. Había decidido tramitar la residencia en Argentina y en Colombia visitó en dos oportunidades la embajada argentina para asesorarse sobre el trámite.

Por eso, en este tercer viaje traía consigo los documentos correspondientes. “Vine para eso, para radicarme con la finalidad de abrir un club de tenis de mesa”, afirmó ante la Justicia. 

Su vuelo de regreso a Bogotá era para el 2 de marzo. Pensaba hospedarse unos días en el Gran Hotel España y buscar luego un departamento amueblado donde quedarse el resto del tiempo.

Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia.

Patricia Bullrich — Ministra de Seguridad de la Nación.

El instructor de tenis de mesa pasó dos semanas detenido en un calabozo de una dependencia de la Federal, esperando el peritaje de su teléfono y otras medidas de prueba. Finalmente, este lunes, la jueza Capuchetti dictó su falta de mérito y la de los otros dos detenidos ante la falta de pruebas.

La falta de mérito implica que el profesor de tenis de mesa no puede dejar la Argentina, tiene retenido su pasaporte y secuestrados casi todos los bienes y dinero hasta que se dé por finalizada la investigación. El fiscal Ramiro González solicitó a la jueza Capuchetti que libere al menos una parte de los fondos que le secuestraron para garantizar su subsistencia en el mientras tanto y un amigo en Buenos Aires se presentó ante la Justicia y salió como garante para darle un lugar donde vivir hasta que el expediente se cierre, informó una fuente judicial con conocimiento del caso.

La falta de mérito implica que el profesor de tenis de mesa no puede dejar la Argentina, tiene retenido su pasaporte y secuestrados casi todos los bienes y dinero hasta que se dé por finalizada la investigación

La denuncia

El 3 de enero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el gobierno de Javier Milei había “neutralizado” una supuesta “célula terrorista”, que aparentemente iba a recibir un paquete sospechoso desde Medio Oriente y buscaba atentar contra la colectividad judía.

“Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”, dijo la ministra Bullrich el 3 de enero último, tras las detenciones e indagatorias al instructor de tenis de mesa y otras dos personas. Pero la información obtenida distaba mucho de las aseveraciones de la funcionaria.

A mediados de diciembre último, El Rubio, un hombre que dice ser periodista, agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos y muchas otras cosas más, recibió un llamado de un amigo, uno de los encargados del Gran Hotel España, quien le comentó que estaba por llegar al país un ciudadano de Siria con pasaporte colombiano y que eso “le parecía raro”, como reveló elDiarioAR el domingo. 

El encargado del Gran Hotel España ratificó esta versión y dijo al diario La Nación que fue efectivamente él quien alertó a su amigo El Rubio sobre la llegada de un huésped que le pareció “sospechoso” porque tenía pasaporte colombiano y nacionalidad siria. El hombre había hecho llegar sus datos para reservar una habitación vía Whatsapp para el 30 de diciembre. 

El profesor de tenis de mesa había informado al hotel los datos de su vuelo y había enviado copia de su pasaporte para la reserva. El encargado del hotel le pasó los datos y foto del documento a El Rubio y este contactó a un cabo de la Policía Federal, a quien dijo haber conocido meses atrás en la calle mientras realizaba una “investigación” como periodista en la city porteña. Le pasó la información entregada por el encargado del hotel sobre el sirio-colombiano para acceder a información de Migraciones, según declaró El Rubio ante la Justicia. 

En la información de Migraciones un dato llamó la atención de El Rubio: que el ciudadano colombiano de nacionalidad siria había estado en Argentina en 2013 con pasaporte venezolano y que supuestamente había salido del país en un “vuelo privado” hacia Colombia. Eso alimentó sus sospechas, dijo ante el juzgado.

Ante la Justicia, el profesor sostuvo que tiene dos pasaportes porque vivió años en Venezuela hasta que se trasladó a Colombia y negó haber viajado alguna vez en un avión privado. El juzgado de María Eugenia Capuchetti, actual jueza de la causa, ya corroboró que el pasaporte colombiano es un documento real y oficial e intenta corroborar por qué en la “tira” de Migraciones, el profesor figura en un vuelo privado. El hombre declaró que en dicha oportunidad había viajado posiblemente por Avianca. 

Armé mentalmente la cuestión.

El Rubio — Denunciante y posteriormente imputado.

El Rubio convenció al cabo de la Federal para realizar una denuncia y el policía contactó a un amigo gendarme -el que supuestamente está entrenado en antiterrorismo, según Bullrich- y fueron a varios lugares a realizar la denuncia: la sede de la AMIA, los jefes del cabo y el edificio central de la Gendarmería. Nadie les prestó atención.

Hasta el 28 de diciembre último. Días antes de Navidad, El Rubio se fue a cortar a la peluquería de la calle Rivadavia al 900, donde suele atenderse. Le preguntó a la peluquera por quien había sido su peluquero en el local y a quien hacía mucho que no veía. La peluquera le contestó que su colega la había “metido en un problema” porque le había pedido permiso para recibir en el local una encomienda, un paquete que le enviaría un sobrino desde Estados Unidos.

La mujer le mostró un mensaje de Whatsapp con un recibo o comprobante de la encomienda que supuestamente iba a llegar y nunca llegó. El Rubio lo amplió y leyó que provenía de Yemen y que el peso era de 35 kilos. Así, cayó el peluquero en esta historia porque al catamarqueño le resultó curioso que llegara un paquete de Yemen, dijo El Rubio durante su declaración indagatoria.

“Armé mentalmente la cuestión”, admitió El Rubio ante la Justicia: viene un sirio, cuyo país de origen vive tensiones permanente con Israel y un paquete de Yemen. Entonces, en diciembre, los hutíes en Yemen, aliados de Irán, habían atacado embarcaciones de Estados Unidos y otros países aliados de Israel.

Sin embargo, para entonces el peluquero ya había realizado una denuncia en la Justicia de la provincia de Buenos Aires por una supuesta estafa virtual. 

El paquete

El peluquero había conocido a una mujer por redes sociales, presuntamente oriunda de Las Vegas y actualmente residente en Yemen. Tras entablar una amistad, la mujer le dijo que le enviaría un regalo y él le dio la dirección de la peluquería para recibir la encomienda. 

A finales de octubre y de madrugada, recibió mensajes y llamados de la mujer y de un hombre que le exigió 900 dólares para entregarle el paquete en cuestión, el cual estaría en la Aduana de Ezeiza. Como todo le pareció raro, bloqueó al hombre que intentaba sacarle dinero y a la mujer. Le dijo a su jefa en la peluquería que no recibiera nada a su nombre y realizó la denuncia. Aportó los chats que prueban su historia y un documento: el ticket de remisión de la supuesta encomienda que le habían enviado. El ticket habla de un paquete de 35 kilos.

El ticket sería apócrifo, presenta inconsistencias y además no se encuentra registrado en la empresa que iba a realizar el envío internacional, según estableció la Justicia en los últimos días. El paquete “sospechoso” al que se refirió Bullrich y sobre el que se basaron las detenciones nunca existió. Todo indica que se trató de un intento de estafa al peluquero.

A través de la peluquera, El Rubio se hizo del ticket de la falsa encomienda, le pasó los datos al gendarme con el que había intentado hacer la denuncia contra el profesor de tenis de mesa y ató cabos que nunca debieron ser atados: el 28 de diciembre, la embajada de Israel en Buenos Aires recibió una llamada del gendarme denunciando al profesor de tenis y más tarde una segunda llamada, esta vez anónima, en la que hablaban de la supuesta conexión entre el ciudadano colombiano y nacionalidad siria y un supuesto “paquete” de 15 kilos -no 35 kilos- presuntamente enviado al Gran Hotel España, y que, al no ser recibido, regresó a Aduana.

Dos días más tarde, el peluquero, el profesor de tenis de mesa y El Rubio quedaron detenidos, acusados de integrar una “célula terrorista”. Recuperaron la libertad dos semanas más tarde, cuando se les dictó una falta de mérito ante la falta de pruebas. Todo fue producto de la elucubración de El Rubio y el gendarme.

ED/JJD

El 3 de enero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el gobierno de Javier Milei había “neutralizado” una supuesta “célula terrorista” internacional que se hospedaba a metros de la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires. Para entonces, desde el día anterior, “El Rubio” ya estaba detenido y había declarado ante la jueza María Servini. De los dichos de este hombre surge que el caso se habría basado en sus elucubraciones, según pudo establecer elDiarioAR con base en fuentes con acceso a la causa.

El catamarqueño, de unos 50 años, asegura ser muchas personas en una. Durante su primera aparición oficial en el caso, “El Rubio” dijo ante personal policial el 29 de diciembre último que era “agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos” y que contaba con “un legajo reservado en Washington”. Terminó detenido por orden de la jueza María Servini al día siguiente porque tenía información sobre la investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) y su historia no cerraba. 

De su segunda declaración, esta vez ya como imputado, el 2 de enero último, surge por qué tenía dicha información sobre el caso: él era quien la había generado, en gran parte. Ante el juzgado, “El Rubio” negó ser agente de Estados Unidos –para entonces ese país ya lo había negado– y dijo ser periodista freelance, contratista independiente de fuerzas de seguridad e inteligencia, ex marino, ex policía bonaerense, integrante de la Legión Extranjera Francesa y rescatador de personas secuestradas o abandonadas en zonas de riesgo en el mundo. 

Ante la gravedad de la imputación por presunto terrorismo y los antecedentes de los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, la jueza actual de la causa, María Eugenia Capuchetti, se encuentra analizando el contenido de los teléfonos de los detenidos y otras medidas de prueba antes de decidir sobre la situación procesal de los tres imputados. Además de “El Rubio”, hay otras dos personas denunciadas por él que también permanecen detenidas: un peluquero del Gran Buenos Aires y un profesor de tenis de mesa de nacionalidad siria con pasaporte colombiano que llegó al país el 30 de diciembre último presuntamente a un torneo en la Asociación Yabrudense en el barrio porteño de San Cristóbal.

El peluquero y el profesor de tenis de mesa están acusados de recibir un supuesto paquete proveniente de Yemen, pero el paquete nunca fue hallado y las autoridades creen que nunca existió. Todo conduce a elucubraciones de “El Rubio”.

Argentino for export

“El Rubio” dijo a la jueza Servini que es catamarqueño y que se fue del país en la década de 1990 pero regresó durante la pandemia del Covid-19. Ante el juzgado dijo ser “periodista freelance”, es decir, independiente, y ganar entre US$3.000 y US$5.000 al mes. También aseguró que desde 2013 “rescata” personas atrapadas en conflictos bélicos o secuestradas por terroristas. “Los servicios me controlan”, afirmó. “Tengo los servicios encima las 24 horas”, sostuvo.

“No soy agente inorgánico de ningún cuerpo o fuerza de servicios de inteligencia o seguridad”, se desdijo con respecto a sus primeros dichos. “Sí les presto mis servicios”, aclaró. También dijo ante la Justicia que fue integrante de la Marina argentina (sic), de la Policía Bonaerense y de la Legión Francesa Extranjera.

“El Rubio” también declaró que en 2014 se encontraba trabajando para una empresa española en Camerún, cuando participó de un enfrentamiento en el que terminó rescatando a 55 niñas secuestradas por terroristas yihadistas de Boko Haram. Dijo que la prueba que tiene de ello es una nota en el medio El Español en el que la fuente es él mismo.

“A partir de ahí, comenzaron a llamarme diferentes servicios de inteligencia y seguridad”, dijo El Rubio, y citó a la CNI (Centro Nacional de Inteligencia de España), a la Guardia Civil española, a la Policía Nacional (España), al Gobierno de Estados Unidos y de diferentes países. “Les brindo servicios, por ejemplo, si hay que rescatar a alguien. Lo hice en Sudán el año pasado, en abril”. Aseguró que rescató a 23 personas que habían quedado abandonadas en dicho país en pleno conflicto y las llevó a la frontera con Egipto. 

Había un dato que nos preocupaba: que el hotel estaba cerca de la embajada de Israel.

Patricia Bullrich — Ministra de Seguridad de la Nación.

Cuando lo interrogaron sobre el contenido de unas libretas que secuestraron en su casa durante el allanamiento del 30 de diciembre último, El Rubio respondió: “Ladjin Traore (sic) es un contacto mío, un ex presidente de Mali derrocado por un golpe de Estado”, dijo sobre un contacto anotado. Dicho nombre no pudo ser hallado en ningún sitio web.

Luego respondió sobre otras anotaciones sobre supuestos sicarios de cárteles colombianos en Nordelta, orgías y fiestas para poderosos, valijas, contactos de supuestos asesores de senadores de Estados Unidos y tiradores profesionales.

Neutralizando

El 3 de enero último, la ministra Bullrich dijo a los medios: “Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”. Luego afirmó: “Las tres personas están vinculadas -por los tres detenidos- y sabíamos que llegaban en distintos vuelos y que estaban a la espera de un paquete de Yemen”. Sólo uno llegó en un vuelo: el profesor de tenis de mesa. 

En cuanto al paquete, sigue sin aparecer y el número de envío que tienen las autoridades no es válido, según el expediente. Creen que nunca existió.

Bullrich agregó: “Estuvimos trabajando y mandamos todo el equipo porque teníamos la entrada de tres personas por distintos aeropuertos”, agregó Bullrich y dijo que la Dirección de Inteligencia Criminal (Dinincri) del ministerio de Seguridad estuvo trabajando sobre los perfiles de los denunciados. “Había un dato que nos preocupaba: que el hotel estaba cerca de la embajada de Israel”.

No soy agente inorgánico de ningún cuerpo o fuerza de servicios de inteligencia o seguridad. Sí les presto mis servicios

El Rubio.

¿Qué tiene que ver “El Rubio” con la “célula terrorista” supuestamente neutralizada por el equipo de Patricia Bullrich? Esta es la versión del catamarqueño: a mediados de diciembre, recibió un llamado de uno de los encargados del (Gran) Hotel España, ubicado en Tacuarí 80 –a metros de la sede de la embajada de Israel–, comentándole que estaba por llegar al país un ciudadano de Siria con pasaporte colombiano y que eso “le parecía raro”.

El encargado del Gran Hotel España ratificó esta versión y dijo este jueves al diario La Nación que fue efectivamente él quien alertó a su amigo “El Rubio” sobre la llegada de un huésped que le pareció “sospechoso” porque tenía pasaporte colombiano y nacionalidad siria. El hombre había hecho llegar sus datos para reservar una habitación vía Whatsapp y luego cambió la fecha de la reserva para el 30 de diciembre.

“El Rubio” dijo ante el juzgado que cuando regresó al país durante la pandemia, se alojó en un principio en aquel hotel del barrio porteño de Monserrat durante los primeros dos meses y luego los encargados del hotel le presentaron a la inmobiliaria donde alquila y vive actualmente.  

Apeló entonces a su identidad de periodista. Dijo que el encargado del hotel lo llamó porque sabe que le gustan “este tipo de cosas para investigarlas” y realizar “lindos artículos periodísticos”, dijo ante el juzgado. Lo cierto es que de la búsqueda en internet no surge ningún artículo periodístico en ningún medio de comunicación publicado con el nombre real de “El Rubio”. La Justicia cree que es un “traficante de información”, un “lleva y trae”.

Explicó que muchas personas de Medio Oriente y el norte de África llegarían a Colombia para “comprar los pasaportes”, que saldrían entre US$14.000 y US$20.000 y son buscados porque tienen convenio con Estados Unidos por la VISA, afirmó en su declaración indagatoria.

“El Rubio” insistió con que quería investigar “la curiosidad” de un sirio con pasaporte colombiano y luego dijo que la información se la pasó a un integrante de la Policía Federal para “validarla”. 

“El Rubio” contactó para ello a un cabo de la fuerza, a quien dijo haber conocido meses atrás en la calle mientras realizaba una “investigación”. Le pasó la información obtenida del encargado del hotel sobre el sirio-colombiano para acceder a información de Migraciones, según dijo. Fue así que vio un dato que le llamó la atención: que el ciudadano colombiano de nacionalidad siria había estado en Argentina en 2013 con pasaporte venezolano y que supuestamente había salido del país en un “vuelo privado” hacia Colombia. Eso alimentó sus sospechas. 

El ciudadano colombiano de nacionalidad siria es un instructor de tenis de mesa que niega las acusaciones y los vínculos con el terrorismo. Sostuvo que tiene dos pasaportes porque vivió años en Venezuela hasta que se trasladó a Colombia, donde vive actualmente y negó haber viajado alguna vez en un avión privado. 

Forma de denuncia

Esta causa nació porque el 28 de diciembre último, la embajada de Israel comenzó a recibir denuncias sobre la supuesta llegada de un ciudadano colombiano de origen sirio desde Bogotá que venía al país para “mandarse una cagada” (sic). La embajada realizó la denuncia ante la DUIA. El primer llamado que recibió la sede diplomática fue de parte de un gendarme identificado con un nombre falso y quien dijo que el extranjero sospechoso estaría presumiblemente involucrado en actividades terroristas en Colombia.

Tras la denuncia de la embajada, se abrió una investigación en la unidad antiterroristas de la Policía Federal y se dio intervención al juzgado de turno, el de Servini. Entonces, se estaban celebrando los Juegos Macabeos Panamericanos y eso encendió las alarmas, sumado al contexto bélico en la Franja de Gaza. 

Armé mentalmente la cuestión.

"El Rubio".

¿Cómo llegó el gendarme a esta historia? Junto con el cabo de la Policía Federal, “El Rubio” intentó ser recibido por autoridades de la Policía Federal, la Gendarmería y la AMIA, sin suerte. Nadie hizo caso ni dio importancia a la información. En medio de las tratativas para “brindar la información” sobre este ciudadano “sospechoso” que iba a llegar al país el 30 de diciembre, el cabo contactó a un gendarme y éste llamó a la embajada de Israel, donde sí recibieron su denuncia. Así nació el expediente judicial, como publicó elDiarioAR el miércoles último.

El mismo 28 de diciembre por la noche, el gendarme declaró ante la DUIA, que dio con su verdadera identidad a través del número aportado por la embajada. Dijo que es agente de inteligencia de la Gendarmería –entrenado en antiterrorismo, según Bullrich–, pero su nivel de contactos en la fuerza que integra son escasos: cuando acompañó al cabo y a “El Rubio” a la sede de Gendarmería, lo atendieron en la puerta y desestimaron su denuncia, según declaró el catamarqueño.

El agente de inteligencia de Gendarmería declaró hasta el momento como testigo y dijo a la Justicia que recibió la información sobre una supuesta “célula terrorista” integrada por el profesor de tenis de mesa de parte de un policía de Colombia, quien le advirtió que tres personas de origen sirio y libanés se encontraban supuestamente investigados en el marco de una causa de presunto terrorismo iniciada en Colombia y que ingresarían al país. Se negó a identificar al supuesto policía colombiano, pero de la declaración de “El Rubio” surge que dicho policía no existiría. La fuente era él. 

Así fue como un profesor de tenis de mesa de origen sirio y nacionalidad colombiana quedó involucrado en el expediente judicial. De los datos de la reserva del hotel tenían su nombre, fecha de nacimiento y hasta copia del pasaporte, datos que aportaron a la embajada de Israel y la embajada a la policía y ala Justicia. El hombre está detenido desde que pisó el país, la mañana del 30 de diciembre último acusado de integrar una supuesta organización terrorista internacional con intención de atentar contra edificios de la colectividad judía. La historia no termina allí. Faltan el peluquero y el paquete. 

El paquete

El mismo 28 de diciembre, la embajada de Israel en Buenos Aires recibió una llamada anónima. En dicha llamada por primera vez hablan de la supuesta conexión del ciudadano colombiano y nacionalidad siria con un supuesto “paquete” de 15 kilos presuntamente enviado al Gran Hotel España de Monserrat, y que, al no ser recibido, regresó a Aduana. No dice de dónde provendría el paquete ni su supuesto contenido.

El 29 de diciembre, el gendarme ya había hecho su parte y la denuncia anónima a la embajada había introducido el dato del paquete. Entonces, “el Rubio” se presentó ante personal policial y repitió la versión del paquete con algunos datos cambiados. Dijo entonces 35 kilos y no 15.

¿Cómo surge la conexión con un paquete de Yemen? Días antes de Navidad, El Rubio se fue a cortar a la peluquería de la calle Rivadavia al 900, donde suele atenderse. Le preguntó a la peluquera por quien había sido su peluquero en el local y a quien hacía mucho que no veía. La peluquera le contestó que su colega la había “metido en un problema” porque le había pedido permiso para recibir en el local una encomienda, un paquete que le enviaría un sobrino desde Estados Unidos.

La mujer le mostró un mensaje de Whatsapp con un recibo o comprobante de la encomienda que supuestamente iba a llegar y nunca llegó. “El Rubio” lo amplió y leyó que provenía de Yemen y que el peso era de 35 kilos. Así, cayó el peluquero en esta historia porque al catamarqueño le resultó curioso que llegara un paquete de Yemen, dijo “El Rubio” durante su declaración indagatoria.

“Armé mentalmente la cuestión”, admitió ante la Justicia: viene un sirio, cuyo país de origen, vive tensiones permanente con Israel y un paquete de Yemen. Entonces, en diciembre, los hutíes de Yemen, aliados de Irán, habían atacado embarcaciones de Estados Unidos y otros países aliados de Israel.

También despertó su interés que en el intercambio de mensajes entre los peluqueros, el hombre le pidiera a la mujer que se olvidará de la encomienda y que si alguien llegaba preguntando por él que se hiciera la desentendida y que no recibiera nada. 

El peluquero le dijo a su colega que le explicaría más adelante. Para entonces, el hombre estaba al tanto de que el paquete era parte de una estafa virtual y que querían estafarlo para sacarle dinero. Esta es la versión del peluquero, de acuerdo a su declaración ante la jueza Servini, que reveló elDiarioAR el miércoles último: el 1° de noviembre de 2023 –casi dos meses antes de quedar envuelto en este caso–, el peluquero realizó una denuncia ante el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que había conocido a una mujer por redes sociales, oriunda de Las Vegas y actualmente residente en Yemen. 

Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia.

Patricia Bullrich. — Ministra de Seguridad de la Nación.

Tras entablar una amistad, la mujer le dijo que le enviaría un regalo y él le dio la dirección de la peluquería para recibir la encomienda. Le ocultó que se trataba de una mujer a la peluquera y le dijo que el paquete era de parte de un sobrino. A finales de octubre y de madrugada, recibió mensajes y llamados de la mujer y de un hombre que le exigió 900 dólares para entregarle el paquete en cuestión, el cual estaría en la Aduana de Ezeiza. Como todo le pareció raro, bloqueó al hombre que intentaba sacarle dinero y a la mujer. Le dijo a su jefa en la peluquería que no recibiera nada a su nombre y realizó la denuncia. Aportó los chats que prueban su historia y un documento: el ticket de remisión de la supuesta encomienda que le habían enviado. El ticket habla de un paquete de 35 kilos.

El ticket sería apócrifo, presenta inconsistencias y además no se encuentra registrado en la empresa que iba a realizar el envío internacional, según estableció la Justicia en los últimos días. Todo indica que se trató de un intento de estafa al peluquero desde el principio, cuando comenzó a hablar con la supuesta mujer de Las Vegas residente en el lejano Yemen.

Pero la peluquera supuestamente se asustó, según le dijo a la policía, y le pidió a su colega que no regresara. En los mensajes, a los que accedió elDiarioAR, le dijo al peluquero que no volviera a la peluquería porque había tenido inspecciones y no quería tener problemas legales por tener un empleado no registrado. 

Luego de que la peluquera le contara la historia del fallido paquete a “El Rubio”, este envió “un mail al Mossad”, le dijo a Servini durante la indagatoria. Se hizo además del recibo de la encomienda falsa y lo entregó al cabo, quien a su vez, lo entregó a las autoridades.

En total, tres personas permanecen detenidas por orden de la jueza Servini en una dependencia de la Policía Federal desde hace unas dos semanas: el peluquero, el profesor de tenis de mesa y “El Rubio”, acusados de “integrar una asociación criminal trasnacional de existencia ininterrumpida en el tiempo que se dedica a la organización y perpetración de atentados terroristas” y que “registraría actividades en distintos países de la región, en particular Colombia, desde donde se habría organizado la perpetración de un ataque –presumiblemente, con explosivos– a un inmueble localizado en el ámbito de esta ciudad vinculado a la colectividad judía”.

ED/MG

Un peluquero argentino y un profesor de tenis de mesa de nacionalidad siria permanecen detenidos desde finales de diciembre, acusados de formar parte de una supuesta “célula terrorista”, como la definió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque aparentemente iban a recibir un paquete sospechoso desde Medio Oriente. El presunto paquete nunca fue hallado por las autoridades, que creen que, de hecho, nunca existió. El caso incluye contradicciones y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados. Así surge del expediente y de las fuentes del caso consultadas por elDiarioAR durante la última semana. 

En total, tres personas permanecen detenidas por orden de la jueza María Servini en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) desde hace unos diez días. El tercer detenido es un hombre que se presentó como “agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos” para denunciar a los otros dos. 

El caso está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti desde el viernes último, cuando la primera magistrada se desprendió de la investigación preliminar. Capuchetti ordenó nuevas medidas de prueba en los últimos días y espera los resultados de las pericias de los teléfonos de los tres detenidos que debe realizar la Policía Aeroportuaria Argentina (PSA). El contenido de los dispositivos será clave para decidir sobre la situación procesal de los tres imputados por el supuesto delito de terrorismo.

El plazo de la jueza para decidir si procesa, sobresee o continúa investigando (falta de mérito) a los imputados vence a principios de la semana próxima, informó una fuente judicial con conocimiento directo del expediente. Los tres son representados por un defensor oficial.

Página/12 adelantó las contradicciones del caso y publicó el sábado último que las detenciones y acusaciones de Bullrich serían un bluff y que no habría pruebas suficientes para haber detenido a los acusados.

El fiscal Franco Picardi dictaminó a favor de la libertad del peluquero, argumentando que no tiene antecedentes y ante la falta de pruebas en su contra. La jueza Servini le denegó el pedido y la defensa apeló. Esta semana, la Cámara Federal porteña recibirá un planteo de la defensa del peluquero para pedir nuevamente su excarcelación.

“Las tres personas están vinculadas y sabíamos que llegaban en distintos vuelos y que estaban a la espera de un paquete de Yemen”, dijo Bullrich a los medios. Sólo uno de los detenidos llegó desde el extranjero. Los otros dos viven en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El paquete sigue sin aparecer y el número de envío que tienen las autoridades no es válido, según el expediente. Además, desde el 29 de diciembre, cuando la policía se presentó en la Aduana para registrar dicho envío, los resultados vienen siendo negativos. 

“Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”, dijo Bullrich a los medios.

El inicio

La causa comenzó caratulada como “averiguación de delito” y los detenidos terminaron acusados de “integrar una asociación criminal trasnacional de existencia ininterrumpida en el tiempo que se dedica a la organización y perpetración de atentados terroristas” y que “registraría actividades en distintos países de la región, en particular Colombia, desde donde se habría organizado la perpetración de un ataque –presumiblemente, con explosivos– a un inmueble localizado en el ámbito de esta ciudad vinculado a la colectividad judía”.

El expediente se inició por una denuncia telefónica el 28 de diciembre por la tarde cuando un funcionario del área de Seguridad de la Embajada de Israel en Buenos Aires se comunicó con el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, indicando que debía informar acerca de un posible delito. 

El funcionario de la embajada sostuvo que un gendarme argentino había llamado a la sede diplomática para afirmar que un ciudadano de origen sirio y pasaporte colombiano estaba por ingresar al país, al cual identificó con nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, y remitió incluso copia de su pasaporte.

La denuncia llegó durante la celebración de los Juegos Macabeos Panamericanos que se realizaban en Buenos Aires y a cuya inauguración acudió el presidente Javier Milei. También, en medio de una escalada de violencia en la Franja de Gaza. El escenario encendió las alertas en la sede diplomática, blanco de un ataque terrorista en 1992, dos años antes del coche bomba que derribó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El gendarme, de apellido Romero, según explicó el funcionario de la embajada de Israel, dijo que este ciudadano ingresaría a la Argentina para “hacer una cagada”. El denunciante no hizo mención a ningún paquete ni encomienda. La embajada aportó el número de celular desde el cual había recibido la información. elDiarioAR se comunicó con el área de prensa de la embajada, desde donde respondieron: “La embajada de Israel comprende que las autoridades argentinas están abordando el caso. No tenemos mayores precisiones al respecto”.

La Federal dio intervención al juzgado de turno, a cargo de Servini, y por orden de la jueza ubicó al gendarme, pero su apellido no era Romero. Su identidad se reserva en esta nota. 

Mientras tanto chequearon la identidad del denunciado de nacionalidad siria: efectivamente existe y tenía nacionalidad siria, pasaporte venezolano y también colombiano, ya que vivió en ambos países. El hombre iba a llegar a la Argentina el 30 de diciembre por la mañana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y es instructor de tenis de mesa. 

El gendarme

El mismo 28 de diciembre por la noche, el gendarme declaró ante la DUIA, que dio con su verdadera identidad a través del número aportado por la embajada. Resultó ser agente de inteligencia de la Gendarmería, según declaró.

Aquí vino la primera contradicción: el gendarme asegura que la embajada lo llamó a él y no viceversa. El agente de inteligencia de Gendarmería declaró también que durante dicha llamada informó al personal de seguridad de la sede diplomática sobre información que tendría en su poder desde hacía dos semanas. 

Agregó que recibió dicha información de un policía de Colombia a quien se negó a identificar y que lo alertó sobre la supuesta llegada de tres personas desde Bogotá el 15 de diciembre último, pero que tras una investigación propia comprobó un cambio en la reserva del hotel y corroboró que llegarían el 30 de diciembre por la mañana. El gendarme tenía información sobre las reservas en el Gran Hotel España, donde se hospedarían, ubicado en Tacuarí 80, barrio de Monserrat, a pocos metros de la sede de la embajada de Israel.  

El gendarme aportó la identidad de dos de ellos y mencionó al ciudadano colombiano de nacionalidad siria. Misma identidad que la aportada por la embajada. Además, identificó a un segundo hombre de nombre árabe y dijo no recordar el nombre del tercero pero que su origen era libanés. Afirmó que los tres se encontraban supuestamente investigados en el marco de una causa iniciada en Colombia, de acuerdo con aquella fuente de una fuerza de seguridad de ese país que se negó a identificar. No aportó número de causa ni ningún dato sobre dicho expediente colombiano, al menos en su primera declaración. Es clave para la jueza Capuchetti determinar la existencia de esta supuesta causa en Colombia.

Desde Colombia le aseguraron, agregó el gendarme, que los tres sospechosos se dedicarían a “organizar actividades terroristas” desde el municipio de Popayán. Interpol informó a la Policía Federal que no hay información sobre antecedentes delictivos a nivel internacional de los supuestos sirios que ingresarían a Argentina. La Justicia solicitó que se reciba también información de Interpol Venezuela e Interpol Colombia. 

Entonces, el gendarme no mencionó ningún paquete sospechoso vinculado a los denunciados. Hasta ese momento, el mencionado paquete aún no existía en el expediente.

Primera llamada anónima

Aquel 28 de diciembre, tras la declaración del gendarme, otro alto funcionario de la embajada de Israel se presentó ante la DUIA y declaró ante la policía que además de la llamada del gendarme, la embajada recibió una llamada anónima. En dicha llamada por primera vez hablan de la supuesta conexión del ciudadano colombiano y nacionalidad siria con un supuesto “paquete” de 15 kilos presuntamente enviado por dicha persona al Gran Hotel España de Monserrat, y que, al no ser recibido, regresó a Aduana. No dice de dónde provendría el paquete ni su supuesto contenido.

El Rubio

El 29 de diciembre, después de la llamada anónima a la embajada, un argentino que dijo ser “agente encubierto de la embajada de los Estados Unidos” se presentó ante personal de la Policía Federal y se identificó como “El Rubio”. Su identidad, luego corroborada por la policía, se reserva. Dijo tener conocimiento sobre datos que podían ayudar en la investigación y volvió a señalar al mismo ciudadano colombiano de nacionalidad siria. Repitió los datos que ya había aportado el gendarme: que el hombre ingresaría el 30 al país con pasaporte colombiano.

El Rubio agregó otra información: que hay una “encomienda” de 35 kilos proveniente de Yemen por medio de una empresa privada de courier (da un nombre específico que se reserva). Dijo 35 en lugar de 15, como había sostenido el denunciante anónimo ante la embajada de Israel.

El supuesto agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos también introdujo por primera vez en esta historia al peluquero: dijo que este hombre argentino es el destinatario del paquete proveniente de Yemen que llegaría a una peluquería de la calle Rivadavia, muy cercana al Gran Hotel España.

Luego, El Rubio se negó a declarar ante la Justicia a pedido de la policía y se retiró. Por la noche, una nueva llamada anónima, esta vez al 911, reiteró los mismos datos que aportó más temprano El Rubio. La Justicia ya determinó que no es agente de la embajada de Estados Unidos, de acuerdo al expediente.

Al día siguiente, El Rubio, el ciudadano colombiano de nacionalidad siria -el instructor de tenis de mesa- y el peluquero quedaron detenidos.

El profesor de tenis de mesa

El 30 de diciembre último, alrededor de las 7.30 de la mañana, el profesor de tenis de mesa llegó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Aeropuerto Jorge Newbery. Pasó por Migraciones cerca de las 7.50. Al salir del aeropuerto, 15 minutos más tarde, fue interceptado por un grupo de la DUIA y quedó detenido por orden de la jueza Servini. 

El hombre se mostró perplejo. No se resistió y permitió que abrieran su pequeña valija y su bolso de mano, delante de los transeúntes. Le secuestraron un teléfono celular Motorola G20, sin contraseña ni mecanismo de bloqueo; documentos personales y una tarjeta SUBE; US$2.500, 1.200 euros y 407 pesos colombianos. Quedó incomunicado.

Dos días más tarde, cumplió años, 68, en una dependencia de la PFA, según la fecha de nacimiento que consta en su pasaporte colombiano. 

El 30 de diciembre se realizó el 25° Torneo de tenis de mesa de la Asociación Yabrudense, en Alberti 1541. La policía informó que la asociación se ubica contigua a la Mezquita Al Ahmad. Ambas entidades son gestionadas por el Centro Islámico de la República Argentina. Se trata de la entidad musulmana más representativa del país. Su presidente, Fabián Amín Ankah, entre otros representantes, fue recibido por la canciller Diana Mondino a principios de enero.

El visitante encarcelado nació en Damasco, en la década de 1950. De acuerdo con fuentes de la causa, declaró que llegó a los 23 años desde Siria a Venezuela y que luego se mudó a Colombia, donde vive actualmente.

El peluquero

El peluquero es ex empleado municipal en una localidad de la provincia de Buenos Aires y empleado público de una dependencia de la gobernación al menos hasta diciembre. No posee antecedentes penales y efectivamente trabajó hasta diciembre en una peluquería de la calle Rivadavía, en el barrio de Monserrat.

Esta es su versión, de acuerdo a su declaración ante la jueza Servini: el 1° de noviembre de 2023 -casi dos meses antes de quedar envuelto en este caso-, el peluquero realizó una denuncia ante el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que había conocido a una mujer por redes sociales, oriunda de Las Vegas y actualmente residente en Yemen. 

Tras entablar una amistad, la mujer le dijo que le enviaría un regalo y él le dio la dirección de la peluquería para recibir la encomienda. A finales de octubre y de madrugada, recibió mensajes y llamados de un hombre que le exigió 900 dólares para entregarle el paquete en cuestión, el cual estaría en la Aduana de Ezeiza. Como todo le pareció raro, bloqueó al hombre que intentaba sacarle dinero y a la mujer. Le dijo a su jefa en la peluquería que no recibiera nada a su nombre y realizó la denuncia. Aportó los chats que prueban su historia y un documento: el ticket de remisión de la supuesta encomienda que le habían enviado.

El ticket sería apócrifo, presenta inconsistencias y además no se encuentra registrado en la empresa que iba a realizar el envío internacional, según estableció la Justicia en los últimos días. Todo indica que se trató de un intento de estafa al peluquero desde el principio, cuando comenzó a hablar con la supuesta mujer de Las Vegas residente en el lejano Yemen. Una estafa virtual.

¿Cómo terminó conectado el peluquero con el profesor de tenis de mesa? Por un cliente de la peluquería que se enteró de que iba a recibir un paquete de Yemen: El Rubio. Así lo declaró este último ante la jueza Servini. Dijo que la situación le llamó la atención y que la relacionó con datos que habría obtenido, por otro lado, con respecto a la llegada del profesor de tenis de mesa, de nacionalidad siria.

Comunicado

El 2 de enero último, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó en un comunicado: “Neutralizamos la llegada de una posible célula terrorista al país”. “Los detenidos son sospechosos de planificar una acción terrorista en territorio argentino”, sostenía el comunicado. 

“La pesquisa se intensificó -dice el parte oficial- tras detectarse indicios del posible ingreso al país de tres ciudadanos de origen sirio y libanés que se habrían reunido en la ciudad de Buenos Aires con tal propósito”. Además, “se realizó un seguimiento de un envío internacional de una encomienda de 35 kilos originada en la República de Yemen”, agregó el Ministerio. La versión de El Rubio.

“Es importante destacar la detención de otros dos individuos vinculados al envío de la mencionada encomienda”, dice el comunicado.

“Estuvimos trabajando y mandamos todo el equipo porque teníamos la entrada de tres personas por distintos aeropuertos”, agregó Bullrich y dijo que la Dirección de Inteligencia Criminal (Dinincri) del ministerio de Seguridad estuvo trabajando sobre los perfiles de los denunciados. “Había un dato que nos preocupaba: que el hotel estaba cerca de la embajada de Israel”.

Nota: este artículo se actualizó el 10 de enero a las 10:04 para agregar la respuesta de la embajada de Israel a la consulta de elDiarioAR y corregir “pericias” por “peritaje”. Se corrigió el 11 de enero a las 17:31 un dato sobre el peluquero: donde decía “ex empleado de la gobernación de Buenos Aires” debía decir “empleado de la gobernación de Buenos Aires, al menos hasta diciembre”. El profesor de tenis de mesa tenía 67 años cuando llegó a la Argentina y cumplió 68 detenido; y tenía 23 años cuando dejó Siria para instalarse en Venezuela.

ED/MG

La Libertad Avanza envió ayer, miércoles, un escrito a la jueza María Servini de Cubría en el que detallan un “paso a paso” en el que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales, y a cambio de dinero. Ahora, el fiscal con competencia electoral Ramiro González, citó a la jefa de campaña de Milei, su hermana Karina, y a Santiago Viola, apoderado del partido, para que expliquen a fondo las irregularidades y aporten documentación.

Es la segunda vez que Viola entra en la fiscalía de González, el fiscal que investiga de oficio la presunta venta de candidaturas en LLA y las denuncias mediáticas que realizó el candidato libertario unos días antes de las Generales. El 20 de octubre, la primera vez que declaró, Viola se comprometió a añadir a la causa por supuesto fraude electoral distintos “materiales” para que la fiscalía pudiera avanzar en la investigación. elDiarioAR pudo saber que LLA aportó documentación pero, a criterio del fiscal, se trata de “papeles sin mucha relevancia”.

“En las PASO circularon varios videos y fotos en redes sociales que me comprometo a hacer llegar a la fiscalía en los cuales se ven boletas rotas, tiradas. Más allá de eso tomamos conocimiento de distintas denuncias en las cuales se manifestaba que no había boletas de la alianza La Libertad Avanza y que ante el reclamo de los votantes se les indicaba que no había o que debían votar a otra fuerza”, dijo Viola en su declaración testimonial a la que elDiarioAR accedió.

LLA no puso en duda el resultado obtenido en las Generales, que catapultaron al partido al balotaje, pero sí plantó dudas sobre la eficiencia del sistema electoral, tanto en el recuento de votos como en el traslado de las urnas. De acuerdo al documento LLA asegura que una vez cerradas las mesas de votación, a las 18, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”. Afirman que actuarían en complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas. En el documento hablan de “una contraprestación de parte de los instigadores a quienes realicen esas prácticas”.

Es preciso aclarar que las actas no van dentro de la urna sino en un bolsín que el Correo Argentino sella delante del presidente de mesa. En ese bolsín va el padrón, el acta de escrutinio, los votos recurridos e impugnados y las actas complementarias. El precinto es inviolable. Por otro lado, en la urna va un certificado del escrutinio que lleva la firma de las autoridades de mesa, además de los sobres y boletas con votos válidos. Esa urna se cierra con una faja que cubre la ranura. La Gendarmería solo custodia, pero no toca los bolsines ni la urna. Además, el suplente asignado a la mesa tiene una copia del acta original, con lo cual el acta tiene con qué chequearse.

Según LLA, estas irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la Provincia de Buenos Aires, en Chaco, Tucumán (“las provincias más beneficiadas por el planes sociales”, consignan, de paso, en el documento), Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”. El partido liderado por Javier Milei pide a la Justicia Electoral que refuerce los controles y que autoricen la presencia de sus fiscales durante el proceso.

VDM/MG

El presidente Alberto Fernández denunció penalmente al candidato a sucederlo por La Libertad Avanza, Javier Milei, y al postulante a jefe de Gobierno porteño por la misma fuerza, Ramiro Marra, por las declaraciones que realizaron y provocaron una corrida cambiaria.

Según informaron fuentes judiciales, la denuncia es por la presunta comisión del delito de “intimidación pública”. La presentación fue realizada en los Tribunales Federales de Retiro y quedó a cargo de la jueza María Romilda Servini.

El diputado nacional había calificado de “excremento” a los pesos y había aconsejado no renovar los plazos fijos.

Después de esas polémicas declaraciones, la escalada del dólar blue se profundizó llegando a alcanzar los 1050 pesos el pasado martes.

La presentación judicial del jefe de Estado se dio casi a la par de otra denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió que “se investigue si los dichos de Milei constituyen la figura prevista en el Código Penal como incitación a la violencia (en este caso económica) o un delito financiero”.

Para Marra, los que tienen plazos fijos en pesos “son boludos”

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, desligó en las últimas horas al espacio libertario de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, consideró que es “responsabilidad” del Gobierno nacional e insistió en que “el que invierte en un plazo fijo es un boludo”.

“La función que tengo es hablar con el sentido común. Hace muchísimos años vengo diciendo el tema de los pesos y Javier (Milei) también. No es algo nuevo. ¿Crees que el dólar subió porque yo puse un tuit? Es un tuit, el problema es otro”, afirmó Marra en declaraciones a radio La Red.

Este martes, en una jornada marcada por el pulso del dólar paralelo, Marra publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

De esta manera, siguió en la línea de las declaraciones realizadas por Milei en los últimos días, en las que se refirió al peso argentino como “excremento” y, ante una pregunta sobre si era conveniente renovar los plazos fijos bancarios respondió: “Jamás”.

En sus declaraciones de esta mañana, Marra indicó que no hay “intencionalidad” detrás de sus declaraciones y añadió: “No cometimos algún delito. Que hagan la denuncia que quieran, claramente va a ser una persecución política como hace semanas vengo sufriendo por parte del kirchnerismo”.

Este miércoles, el juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de la primera denuncia contra Milei, por sus dichos contra el peso y los plazos fijos en esa moneda, “que no hacen otra cosa que agitar el delicado momento económico”, según surge de la presentación de la abogada Valeria Carreras.

Para Marra, es “una locura y una hipocresía” que vinculen a LLA con lo ocurrido con el dólar. “No puedo hablar porque si te digo que sube el dólar, me vas a decir que genero una corrida”, respondió al ser cuestionado por una posible intencionalidad detrás de las recomendaciones en contra de la moneda local.

“En mi canal de finanzas que es el más importante de la Argentina donde me siguen 400.000 personas siempre digo que el que invierte en plazo fijo es un boludo”, añadió.

Otra denuncia

Milei también fue denunciado penalmente por la abogada Valeria Carreras y pide que “se investigue si los dichos de Milei constituyen la figura prevista en el Código Penal como incitación a la violencia (en este caso económica) o un delito financiero”.

“No es una simple sensación o temor el que me mueve a denunciar la conducta descripta por el candidato sino el inusitado aumento del dólar a menos de 24 horas de sus dichos”, sostiene la presentación.

La causa quedó registrada con el número 3958/2023 y recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

La denuncia apunta a la violación del artículo 309 del Código Penal, que establece penas de uno a cuatro años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco años para quien “realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie”.

Ello, “con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio”.

“Milei y La Libertad Avanza vienen anunciando la destrucción de todo aquello que los argentinos tenemos garantizado en la Constitución Nacional, desde derogar derechos de los trabajadores hasta dar por tierra con la educación pública y gratuita, incluso insinuando revisión de juicios de lesa con sentencias firme”, advierte la presentación. “Se suma también la destrucción de la moneda, un símbolo soberano”, añade.

Para Larroque, Milei y sus dirigentes son “cipayos y vendepatrias”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, calificó este miércoles a los dirigentes de La Libertad Avanza de “cipayos y vendepatrias” por intentar “pulverizar la moneda nacional” con sus declaraciones en contra del peso.

“Si hay un excremento acá son los cipayos y vendepatrias que, por el interés electoral y en la lógica de pulverizar la moneda nacional para dejar al país con menos capacidad soberana, se brindan a este espectáculo espantoso”, dijo Larroque en declaraciones a radio El Destape.

En ese marco, planteó: “Evidentemente están muy preocupados por la recuperación de la iniciativa por parte del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa y todo lo que se vino generando en las últimas semanas los puso en una situación de desesperación”.

Esta semana, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, pidió a la ciudadanía “no invertir en plazos fijos” y calificó a la moneda nacional “como excremento” por lo que recomendó ir al dólar y, horas más tarde, se registró una fuerte subida de esa divisa extranjera.

Para Larroque, el expresidente Mauricio Macri “sin dudas está jugando con Milei”, consideró que ambos dirigentes “le temen a un ballotage con Massa” y advirtió sobre “este movimiento totalmente irresponsable, que atenta contra el pueblo argentino”.

“Este un conjunto de irresponsables quiere rifar el país. Están haciendo el esfuerzo final para comprometer una elección que arrancó complicada para nosotros en las PASO, pero que después empezó a tomar otro color”, evaluó el funcionario bonaerense.

“Como siempre, vamos a poner el pecho, enfrentar a los especuladores porque el peronismo es la única garantía que tienen los argentinos de que no pulvericen su salario y sus ahorros”, analizó y completó: “hay un grado de identificación mucho más fuerte con Sergio Massa de parte de la militancia y de la ciudadanía en general”.

“Llegamos a las PASO con un Sergio abocado a resolver el tema con el FMI. Ahora estamos trabajando para consolidar el resultado, entrar en la segunda vuelta y ganar las elecciones”, prosiguió el dirigente político y cerró: “Somos prudentes pero tenemos una expectativa muy positiva”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno porteño firmó hoy un decreto para modificar el sistema de votación que se utilizará en los comicios generales de octubre en la Ciudad: ahora tanto para cargos nacionales como locales se usará la boleta de papel, luego de que la boleta única electrónica (BUE) presentara inconvenientes durante las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Dada la experiencia obtenida en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se considera oportuno, en las próximas elecciones generales a celebrarse este año o en una eventual segunda vuelta electoral, utilizar el sistema de emisión de sufragio previsto en el Código Nacional Electoral”, establece el escrito publicado en el Boletín Oficial.

El documento también especifica que “no obstante el carácter simultáneo de las elecciones, resulta conveniente establecer, a fin de reafirmar la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las boletas de sufragio de las autoridades locales estén separadas de aquellas de las autoridades nacionales”. De esta manera, se utilizaría un sistema de lista corta, aunque desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no brindaron detalles respecto a la posibilidad de que nuevamente haya dos urnas distintas en la mesa de votación.

En tanto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ratificó también hoy la decisión de dejar sin efecto la aplicación de la BUE en las elecciones a jefe de gobierno, legisladores porteños y comuneros. “Ténganse presentes las circunstancias puestas en conocimiento por la señora jueza electoral María Servini sobre las consecuencias derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación con boleta única electrónica”, indicó un proveído firmado hoy por el presidente de la CNE, Alberto Dalla Vía.

La letrada había emitido una dura advertencia el pasado jueves según la cual volver a someter a los votantes a las mismas demoras y conflictos del domingo 13 de agosto constituía una “burla a la ciudadanía”. “Las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatirán reconsiderar su ingeniería electoral, dejando de lado las cuestiones políticas y diseñando un sistema pensando en facilitar a las personas el ejercicio del derecho al sufragio y así conseguirán, seguramente, una opción que funcione”, sostuvo Servini.

Estas declaraciones de la jueza ─sumadas a su decisión de dejar sin efecto el Acta Acuerdo firmada el 24 de junio por su juzgado, el Tribunal Electoral de la Ciudad y el Instituto de Gestión Electoral de CABA─ motivaron el decreto del ex precandidato presidencial de las “palomas” de Juntos por el Cambio.

Con información de agencias.

La jueza federal electoral de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), María Servini formalizó, este jueves, el pedido para que el próximo 22 de octubre no se celebren las elecciones porteñas con boleta única electrónica (BUE) y se desdoblen los comicios. Según la letrada, repetir el sistema de elecciones concurrentes que se utilizó el pasado 13 de agosto sería “una burla a la ciudadanía” dado que las PASO fueron “los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años” en el distrito.

“Las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán reconsiderar su ingeniería electoral, dejando de lado las cuestiones políticas, y diseñando un sistema pensando en facilitar a las personas el ejercicio del derecho al sufragio y así conseguirán, seguramente, una opción que funciones”, sostuvo Servini en un documento dirigido al juez electoral porteño Roberto Carlos Requejo; el director el Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño, Federico Fahey Duarte; y el presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Via.

Las críticas de la jueza al sistema utilizado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo pasado para elegir cargos locales despertó una fuerte controversia entre los partidos políticos porteños que competirán en las elecciones generales. En este marco, algunos han reclamado mejoras en la organización mientras que otros exigieron que se usen exclusivamente boletas de papel.

La posibilidad de cambiar el esquema de doble urna que ocasionó demoras se encuentra está siendo debatida por las autoridades del IGE, organismo a cargo de la implementación de la BUE. “En los próximos días se tomará una decisión al respecto”, informaron.

“De más está decir que el maltrato al que se vieron sometidos tanto los electores como las autoridades de mesa desalienta la participación electoral y el ejercicio de un derecho fundamental que hace a las instituciones republicanas”, señaló Servini en relación a las demoras generadas por el mal funcionamiento de las máquinas para emitir el sufragio.

“Estos inconvenientes ─repetidos en numerosas mesas y locales de votación y durante toda la jornada─ transformaron esta elección, en los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad, afectando el derecho a sufragar de muchos ciudadanos que no pudieron votar a nivel local, o debieron hacerlo en condiciones deficientes. Todo ello innecesariamente y en virtud de situaciones que las autoridades locales de la Ciudad de Buenos Aires ‼6sobre todo el Instituto de Gestión Electoral y su empresa contratada─ no previeron, planificaron mal y ejecutaron peor”, agregó.

El 24 de junio de 2023, el director del IGE y el Tribunal Electoral de CABA firmaron ante el Juzgado Federal Electoral una “Acta Acuerdo” en la que se comprometían a “garantizar el buen funcionamiento de las máquinas, la conectividad en los locales de comicio y el cableado necesario, al igual que la disposición de personal técnico idóneo”. Dado el incumplimiento de esta cláusula ─ya que hubo 15 denuncias por mal funcionamientos de los aparatos─, la letrada argumenta que debe modificarse la fecha de las elecciones locales, de modo tal de celebrar comicios desdoblados.

“De no dejar sin efecto dicho acuerdo, no es posible garantizar la normalidad y seguridad del acto electoral que habrá de desarrollarse en octubre próximo, siendo el bien jurídico principal a tutelar en la especie, el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente en las urnas, de manera digna, facilitándose el ejercicio del derecho constitucional de votar”, explicó.

Con información de agencias.

La fiscalía electoral de la ciudad de Buenos Aires recibió 22 denuncias vinculadas con el mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica en el distrito, mientras que la jueza María Servini hizo dos presentaciones por “averiguación de delito”, que tramitarán en el fuero federal porteño.

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes detallaron que en la fiscalía federal con competencia electoral, a cargo del fiscal Ramiro González, fueron recibidos 22 mensajes vinculados al sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) utilizado el domingo último en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del distrito.

De ese total, precisaron las fuentes, 15 reportaron “problemas por mal funcionamiento de las máquinas”, cinco “impedimento para el voto por parte de autoridades de mesa” y dos por “cuestionamiento al anonimato”.

En este último caso se trata de una posible violación al artículo 141 del Código Nacional Electoral, en relación a que el voto electrónico no garantizaría el secreto necesario para emitir el sufragio.

Por su parte, la jueza federal con competencia electoral en el distrito, María Servini, radicó a través de la secretaría electoral de su juzgado, dos denuncias por “averiguación de delito”, ante distintas irregularidades que detectó en la jornada de votación del domingo último en relación al uso del voto electrónico.

Una de ellas quedó a cargo por sorteo del juez federal Julián Ercolini y la otra del juzgado federal 9, que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti.

El domingo último, durante la jornada electoral en CABA, la magistrada había advertido por el mal funcionamiento de las máquinas en un oficio enviado la Cámara Nacional Electoral.

“El gran problema fue la empresa y los técnicos de las máquinas”, dijo por la noche ese día en diálogo con Télam en una transmisión especial por las elecciones.

A estas denuncias se sumó la presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que recayó en el juzgado federal 6, contra la firma “Magic Software Argentina”, y el Instituto de Gestión Electoral de CABA y sus responsables.

“Magic Software Argentina y los funcionarios tendrían que haber previsto que estas graves circunstancias, su negligencia, dejó a ciento de miles de ciudadanos con imposibilidad cierta de emitir su voto, y posibilitó el fraude electoral”, sostuvo la denuncia que aludió a un posible “fraude electoral por negligencia”.

NB con información de agencia Télam.

La jueza María Servini se declaró incompetente en la investigación que intenta determinar en qué circunstancias se borraron los datos del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y le envió el expediente a la magistrada que ya tiene la causa por el intento de magnicidio, María Eugenia Capuchetti.

Servini coincidió con un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien avanzó en dicha investigación hasta que llegó a un punto en el que para continuar, debía peritarse el aparato, actualmente secuestrado en el juzgado de Capuchetti.

En la causa de Servini y Delgado se determinó, sobre una línea de tiempo configurada por la Gendarmería Nacional, que el atentado fue cometido a las 20:50 del primero de setiembre de 2022, pero el teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado el 2 de setiembre a las 00:23, casi tres horas y media después, lapso en el cual permaneció en poder del atacante.

Un testigo declaró que policías de la Policía Federal intentaron abrir el teléfono en el lugar de los hechos, pero no lo consiguieron y el aparato quedó “con la pantalla de color azul. Posteriormente, en el despacho de Capuchetti, hubo nuevos intentos de extraer información del aparato, pero tras ”varias horas“, un experto en Ciberdelito de la Federal desistió.

Según las actas, el teléfono celular estaba apagado cuando fue guardado en la caja fuerte del juzgado, pero horas más tarde, al ser extraído de allí para enviarlo a los laboratorios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estaba encendido. De esa manera llegó a sus laboratorios de Ezeiza, donde los nuevos y fallidos intentos para extraer la información causaron el estado de “reseteo de fábrica”.

La jueza Servini detectó que el aparato fue encendido en dos oportunidades al día siguiente, hecho que no fue consignado por los peritos de la PSA. Ahora, la jueza Capuchetti deberá determinar si acepta investigar qué ocurrió con el teléfono o si insiste en que lo haga Servini. En este último caso, será la Cámara Federal la encargada de resolver el conflicto de competencia.

LC con información de agencia NA

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Los movimientos y el posterior archivo de la denuncia contra el vocero y principal asesor del presidente de la Corte Suprema evidenciaron cómo la interna dentro del máximo tribunal impacta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que terminaron despertando sospechas en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, de acuerdo a fuentes judiciales y parlamentarias consultadas en los últimos días por elDiarioAR. 

Tanto el juez Horacio Rosatti como el asesor Silvio Robles retomaron la rutina de trabajo en el Palacio de Justicia, con el principal frente judicial controlado: el juez federal Sebastián Ramos archivó una de las denuncias por el contenido de los supuestos chats que se filtraron en un sitio de internet luego del hackeo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña, una decisión de la Corte que despertó la ira del Gobierno y un grupo de gobernadores oficialistas en diciembre último.

En la comisión parlamentaria que inició el proceso para investigar a los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño, el oficialismo comenzó a indagar cómo fue que esa denuncia terminó en el juzgado de Ramos y en su posterior archivo, cuando, en principio, la denuncia había caído por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, quien, según pudo reconstruir este medio de fuentes directas de su juzgado, tenía una postura muy distinta a la de Ramos y el fiscal que intervino en la causa, Carlos Stornelli. Lijo no iba a archivar la denuncia sino a activar medidas de prueba.

Sin embargo, como el juez Lijo se encontraba de vacaciones, la denuncia contra Robles ingresó en un periplo tribunalicio y pasó por cuatro jueces y dos fiscales hasta llegar a su destino final, por ahora, en el juzgado de Ramos y su posterior archivo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir está atravesada desde 2016 por una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques irreconciliables: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Juan Carlos Maqueda; y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Ricardo Lorenzetti, quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018). 

Comodoro Py también está atravesado por la interna de la Corte. Los alineamientos con los jueces de la mayoría no se construyeron sobre bases inamovibles, pero los alineados con Lorenzetti tienen nexos mucho más fuertes, aunque son menos. 

El trío que conforma la mayoría en el máximo tribunal sabe que la mayoría de los jueces y fiscales federales de Py no quiere avanzar con la denuncia contra Robles o hacerle lugar a eventuales pedidos del oficialismo en la comisión de Juicio Político para, por ejemplo, llevar a Robles a declarar por la fuerza pública al Congreso. El fiscal Carlos Stornelli es uno de ellos, confió un testigo directo de sus conversaciones con voceros de la Corte. 

De hecho, otro expediente vinculado a la Corte ya les dejó en claro a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz ese quiebre entre dos sectores de Py: la investigación penal por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social de los judiciales, que administra la Corte y que también será uno de los puntos que el oficialismo busca investigar en la comisión de Juicio Político. 

La mayoría suprema sospecha que la denuncia fue impulsada por Lorenzetti (la presentó un dirigente sindical de los judiciales). Recayó por sorteo en el juzgado de Lijo, de muy buena relación con el ex presidente de la Corte, luego de que el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz le recortaran su poder en el máximo tribunal y lo desplazaran, no sólo de la presidencia, sino del manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación. 

El expediente está a cargo del juez Lijo y del fiscal Stornelli, quienes mantienen una disputa por el futuro de la causa. Stornelli pidió su cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación. 

Este mismo escenario iba a repetirse con la denuncia contra Robles. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado de Lijo. El fiscal de turno era Carlos Rívolo, quien se inhibió de intervenir en el caso porque su nombre figura entre los supuestos contactos estrechos de D’Alessandro, según la filtración tras el hackeo.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, José Agüero Iturbe, designó entonces a Stornelli para ocupar el lugar de Rívolo. Mientras tanto, Lijo estaba de vacaciones por la feria de enero y la jueza María Servini firmaba por su juzgado. Servini se excusó de intervenir en la denuncia contra Robles porque involucraba a D’Alessandro, con quien la jueza explicó en un escrito que había tenido una relación de amistad cercana pero estaban enemistados. 

Servini no sólo se excusó, sino que envió la denuncia nuevamente a sorteo, extrayendo el expediente del juzgado de Lijo. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente envió el caso a la Cámara Federal porteña, planteando que debía volver al juzgado de Lijo.

El presidente de la Cámara de Apelaciones ordenó que la causa siguiera en el juzgado de Capuchetti y que al regresar Lijo de sus vacaciones, los jueces se pusieran de acuerdo entre ellos. Capuchetti entró de vacaciones al lunes siguiente. Debía firmar por su juzgado Julián Ercolini, quien no podía intervenir por estar denunciado por la filtración de otro conjunto de chats hackeados a D’Alessandro en el caso Lago Escondido. Así, la denuncia terminó en el juez Ramos.

El archivo

Hace dos semanas, el juez Ramos tomó la decisión de archivar la denuncia y no avanzar en la apertura de una causa contra Robles siguiendo la línea planteada por el fiscal Stornelli en un dictamen. Stornelli consideró que no se podía avanzar en la investigación penal porque la principal prueba, los chats, provienen de una intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y por lo tanto, el punto de partida de la denuncia es un ilícito que inhabilita la utilización de esos chats en un proceso judicial, según informó la agencia estatal Télam. 

Robles había sido denunciado por el abogado Gastón Marano, ex asesor de la oposición en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basaba en las publicaciones de los chats en diversos medios de comunicación.

La presentación de Marano se suma a otras tres denuncias contra Robles por el caso de los supuestos chats y al menos una orden judicial a la Policía Federal Argentina (PFA) que no se ejecutó: la intimación al asesor para que entregue su teléfono celular para “peritar si los chats son reales”, como solicitó el juez Guillermo Molinari, de Santiago del Estero. 

Hay otras tres causas aún abiertas: las iniciadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), que ya llegaron a los tribunales porteños, donde seguramente se acumularán con la denuncia de Marano y podrían ser también archivadas.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició un cuarto expediente en los tribunales federales de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla solicitó la primera medida de rigor antes de dar traslado a la fiscalía, que decidirá si debe o no abrirse un nuevo expediente.

“La denuncia se archivó pero ni el juez ni el fiscal plantearon el sobreseimiento de Robles. Eso significa que la causa no está cerrada, sino archivada y, por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente desarchivada y reabierta”, afirmó a elDiarioAR el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de todos), integrante de la comisión de Juicio Político.

Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había “ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente” que no fueron los chats obtenidos ilegalmente que le permitan avanzar con la investigación, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”. Esta es una de las líneas que mantiene la jurisprudencia, pero no es la única y no es la que el juez Lijo hubiese aplicado, confirmó elDiarioAR de fuentes judiciales.

La prueba ilegal

En una tesis presentada ante la Universidad Torcuato Di Tella en 2014, Federico Morgenstern, principal asesor penal del juez Rosenkrantz y secretario letrado en la Corte, escribió a favor de repensar si ciertas pruebas obtenidas de manera ilegal deben rechazarse en todos los casos. “¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado?”, se preguntó el letrado, como publicó el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino el domingo último. 

Los chats obtenidos tras el hackeo ilegal al teléfono del ministro D’Alessandro -que el funcionario porteño, actualmente de licencia por este caso, sostiene que son falsos y fueron adulterados- entrarían en la categoría de pruebas ilegales. “La exclusión probatoria indiscriminada y automática (de una prueba sólo por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal) es una solución equivocada” y “no hay una previsión legal expresa que prohíba usar la prueba ilícita”, tampoco constitucional, afirmó Morgenstern.

“El sistema vigente debe ser reconfigurado”, a excepción de “los casos de tortura, coacción física y/o psicológica y engaño” por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades, que sí deben excluirse como pruebas de manera automática, aclaró.

No es lo que plantean los antecedentes mayoritarios. “Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación”, explicó Morgenstern, también autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”.

Pero Morgenstern se basó en antecedentes de otras jurisdicciones como Alemania, los países del common law, Noruega y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué hace primar la necesidad de utilizar este tipo de pruebas? “El descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público”, escribió el secretario letrado de la Corte.

ED

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, principal objetivo del pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los jueces del máximo tribunal, retomará funciones el próximo lunes 16, cuando regrese de sus vacaciones y quede a cargo de las actividades cortesanas durante enero, de acuerdo con la agenda que dejaron los supremos para la feria de verano. 

Ese mismo lunes se espera que también regrese su vocero y mano derecha, Silvio Robles, explicó una fuente allegada la funcionario de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro. 

En los tribunales de Comodoro Py, un expediente contra Robles acumula al menos dos denuncias que circulan desde el martes 3 de enero entre distintos jueces y fiscales. Lo inició el abogado Gustavo Marano, defensor de uno de los tres procesados por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso.

La denuncia presentada por Marano contra Robles el martes 3 de enero por “averiguación de delito” entró en un laberinto de excusaciones que la tienen viajando entre despachos de distintos jueces. Aún no cuenta con un requerimiento fiscal que dé apertura formal a una causa debido a que el primer fiscal de turno, Carlos Rívolo, debió excusarse al tomar conocimiento de que según los chat filtrados el magistrado figuraría como “contacto frecuente” del funcionario D’Alessandro, aunque Rívolo negó en un escrito haber tenido más de dos comunicaciones telefónicas con el ministro por cuestiones oficiales.

El segundo fiscal sorteado, Ramiro González, aún no intervino porque los juzgados han trabado un conflicto de competencia, como adelantó el viernes este medio.

La semana última, las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti se inhibieron de intervenir en el caso. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Leopoldo Bruglia, ordenó este lunes que el expediente quedará momentáneamente a cargo del juzgado federal número 5 (Capuchetti), de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

En realidad, las denuncias contra Robles por supuestamente haber intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero como el juez está de vacaciones, la jueza que lo subroga, Servini, se inhibió de intervenir y envió la causa a sorteo. 

Después de Servini, la jueza Capuchetti quedó a cargo del expediente, el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, la criticó por dar clases a la policía porteña. La magistrada también rechazó intervenir. Por eso, el presidente de la Cámara Federal debió decidir quién continuaba a cargo, como sucede en este tipo de conflictos. Bruglia determinó que en febrero, Lijo y Capuchetti deberán volver a discutir quién será el juez de la causa contra el principal colaborador del presidente de la Corte.

Tras las idas y vueltas en el fuero de Retiro, el expediente debía regresar este martes al juzgado de Capuchetti, pero la jueza había comenzado este lunes sus vacaciones de verano y ya había acordado semanas antes que el juez Julián Ercolini la subrogará durante su ausencia, explicó una fuente judicial con conocimiento directo de los hechos. 

Todo indica que Ercolini también deberá inhibirse y sería el tercer magistrado en rechazar el expediente, ya que el juez es eje de otra denuncia del Gobierno, también relacionada con otros chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro D’Alessandro. El caso tramita en la Justicia federal de Bariloche y se conoce como “Lago Escondido”.

Por lo tanto, y hasta febrero, el juez Sebastián Ramos, tal vez el magistrado de más bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, quedaría esta semana a cargo del caso momentáneamente, hasta que Lijo y Capuchetti retomen sus actividades.

El teléfono y el caso 

No se trata de un expediente político más. El caso contra Robles nació en Santiago del Estero el lunes 2 de enero, luego de que el gobernador Zamora, aliado del kirchnerismo, solicitara al juez federal Molinari, con jurisdicción en su provincia, que ordene a Robles entregar sus teléfonos oficiales para que sean peritados.

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para probar si esos chats son veraces o adulterados. El ministro D’Alessandro sostiene que las conversaciones filtradas que lo comprometen a él y a sus interlocutores son falsas. Pero, como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez Molinari ordenó la medida pero Robles, de vacaciones, no se encuentra en los domicilios donde fue a notificarlo la Policía Federal, por lo que sus teléfonos siguen en su poder.

El magistrado santiagueño luego se declaró incompetente -no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados, que habrían ocurrido en Buenos Aires- y envió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, pero aún no llegó al edificio del barrio porteño de Retiro, confirmó una fuente judicial que interviene en el trámite.

ED

Cuando las causas calientes llegan a los tribunales de Comodoro Py 2002, pueden suceder dos situaciones: que algunos jueces se disputen los expedientes o que nadie quiera quedarse a cargo. Cada caso tiene sus particularidades y cada juez tiene sus razones. La causa contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tiene las suyas. 

Quien asuma como juez o jueza para investigar las denuncias contra la mano derecha de Rosatti tendrá que decidir sobre el punto más sensible de este caso: el juez federal Guillermo Molinari, de Santiago del Estero, ordenó a la Policía Federal Argentina (PFA) que ubique a Robles y la exija la entrega de sus teléfonos celulares, algo que el vocero del juez supremo no ha concretado. La Federal tampoco pudo notificar a Robles en dos domicilios.

El juez Molinari actuó tras el pedido del gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, quien se reunió al día siguiente con el presidente Alberto Fernández para acordar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres ministros de la Corte Suprema por el fallo que le ordenó al Gobierno Nacional aumentar la cantidad de fondos públicos que debe enviar a la Ciudad para financiar la policía porteña. 

La pelea judicial por al menos $40.000 millones vino de la mano de la filtración de chats o supuestos chats (D’Alessandro afirma que son falsos) tras el hackeo (D’Alessandro denunció que fue hackeado) del teléfono del funcionario porteño que está a cargo de la Policía de la Ciudad. Una de las conversaciones filtradas es entre D’Alessandro y Robles sobre el fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno que integra D’Alessandro, y en la que, según denunció Zamora, hablan del resultado que tendría la demanda en el máximo tribunal y la presunta influencia de Robles para que ese resultado ocurra. 

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para peritar su contenido y probar si esos chats son veraces o adulterados, como sostiene el ministro porteño. Como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez de Santiago del Estero cumplió con la medida solicitada por el gobernador de su provincia y luego se declaró incompetente (ni los hechos ni las personas están en su jurisdicción). Envió el expediente a Comodoro Py, donde ya había dos denuncias contra Robles en el juzgado de Lijo. 

D’Alessandro asumió en 2016 como Secretario de Seguridad de la Ciudad y se le encomendó la gestión de la flamante policía porteña. Supo construir una relación de amistad con una de las jueces más poderosas del fuero federal: María Servini. Pero con los años, algo quebró la confianza entre ambos.

Servini está a cargo del juzgado de Lijo porque el juez se tomó vacaciones de verano. Cuando le llegaron las denuncias contra Robles y como los hechos denunciados involucran al ministro D’Alessandro, la magistrada explicó en un escrito firmado el miércoles último que decidió inhibirse y envió el expediente completo a sorteo, de acuerdo con el escrito que consta en la causa. En los tribunales de Retiro, varios especularon con que el paso al costado de Servini había tenido que ver con un presunto robo en la casa de la magistrada mientras era custodiada por la policía porteña, pero tres fuentes allegadas a la jueza y una cuarta del gobierno porteño lo desmintieron.

Sin juezas

Tras la decisión de Servini, la causa contra Robles volvió a sortearse y este viernes fue asignada a la jueza María Eugenia Capuchetti. Durante la tarde, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó a la magistrada por dar clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forman policías de la Ciudad. Dijo que estaba “contratada por el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta desde 2019”. Según un comunicado del instituto, Capuchetti da clases y es investigadora desde 2014, cuando pertenecía a la Policía Federal. De hecho, es habitual que jueces y fiscales den clases a los policías. 

¿Qué sucedió con la causa contra Robles de la que depende el contenido de sus teléfonos? Ahora está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, que este lunes deberá decidir quién queda a cargo del expediente.

 Sobre D´Alessandro, Servini afirmó en su escrito que “en tiempos anteriores supe tener un vínculo amistoso con el mencionado y familiares del ahora Ministro”, pero que “con el transcurso de los años desavenencias funcionales desde el lugar que cada uno ocupa, sumado al grave hecho sobrevenido durante el 2022, que motivó la solicitud de sustitución de custodia en mi domicilio particular, en virtud de los hechos acaecidos con el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Ministro D´Alessandro”, dijo la jueza en el escrito.

Ese “grave hecho” ocurrido en 2022 generó la formación de un sumario en la Comisaría Vecinal 2B, en Barrio Norte.

Los hechos

La custodia de los jueces federales siempre estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) pero luego del traspaso de gran parte de la fuerza a la Policía de la Ciudad, varios magistrados solicitaron que se mantenga al personal habitual hasta entonces en sus domicilios, explicó a elDiarioAR una fuente del gobierno porteño. Fue el caso de Servini.

Sin embargo, al menos tres episodios generaron malestar e incubó sospechas en la magistrada, según explicaron tres fuentes cercanas a Servini.

El primero, ocurrió en 2017. A la magistrada le abrieron el auto en las inmediaciones de su domicilio y la custodia no se encontraba en el lugar. El segundo fue un robo a uno de sus nietos, a quien le sustrajeron de su auto una mochila con las llaves del departamento de Servini. 

El tercer episodio fue en octubre último. La jueza había recibido en el correo electrónico del juzgado una amenaza de muerte de parte de una mujer que desconoce y por la que realizó la denuncia (investiga Lijo). En esos días, Servini salió de su departamento y bajó a la calle. Vio que la custodia habitual del domicilio no estaba y que en su lugar había una joven oficial. Las decisiones sobre la custodia al domicilio son tomadas por la comisaría del barrio. 

“¿Vos sabés quién soy?”, le preguntó la jueza a la agente, quien no se había percatado de que su custodiada estaba en el lugar. “No, señora”, le respondió. Fue la gota que rebalsó el vaso entre Servini y D’Alessandro, ya que la jueza entendió que su custodia ni siquiera sabía a quién debía custodiar, explicaron dos fuentes del entorno de la magistrada. El episodio fue confirmado por una fuente del gobierno porteño ante la consulta de este medio.

Luego se sucedieron reclamos de la jueza a la comisaría y D’Alessandro que no terminaron en buen puerto, según contó la magistrada a sus allegados.

Servini ya se había excusado de intervenir como jueza en la causa iniciada por el funcionario porteño y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y antecesor de D'Alessandro en el ministerio de Seguridad porteño), quienes denunciaron que sus teléfonos celulares -en realidad sus líneas- fueron hackeados con dos días de diferencia en octubre último. La denuncia quedó a cargo de la jueza Servini, quien se excusó el 7 de diciembre último y envió el caso a sorteo. Quedó finalmente radicado en el juzgado de Lijo.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña, que revisa las excusaciones de los jueces de primera instancia, confirmó el 16 de diciembre la decisión de Servini.

ED

El oficialismo logró asegurarse que un juez federal ordenara a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la entrega a las autoridades de sus teléfonos celulares, pero el expediente y la eventual incautación de los dispositivos y el análisis de sus contenidos quedará en manos de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, segundo foco de conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial. El caso vuelve a exponer los cruces entre los hackeos a funcionarios, denuncias por espionaje ilegal y sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

La medida contra Robles no se había concretado al cierre de esta nota, dado que la Policía Federal Argentina (PFA) no había ubicado al funcionario de la Corte en los domicilios donde fue a buscarlo para solicitarle la entrega de los dispositivos. Sin embargo, por el momento, sigue vigente y debe ejecutarse, informó a elDiarioAR una fuente judicial con conocimiento directo del expediente.

En diez días, el juez Rosatti deberá regresar de sus vacaciones para reincorporarse a la Corte. Se estima que Robles tenía planeado retomar sus actividades en la misma fecha. Si lo hace, la Policía Federal deberá presentarse en la sede del máximo tribunal para exigirle que entregue los teléfonos. Robles podría pedir la nulidad de la medida dictada por el juez de Santiago del Estero, aclaró la fuente consultada. Este medio intentó durante los últimos cuatro días comunicarse con el funcionario de la Corte y su defensa pero no obtuvo respuestas sobre su situación judicial.

¿Puede un juez de Capital Federal dejar sin efecto la orden ya librada por su colega santiagueño? “Sí, puede, pero sería muy extraño que eso sucediera”, respondió la misma fuente ante la consulta. Otra fuente judicial afirmó que la Justicia no podría obligar a Robles a entregar una prueba que podría eventualmente incriminarlo en la comisión de un delito.

La orden judicial había sido emitida este lunes por el juez federal número 1 de Santiago del, Guillermo Molinari, tras una denuncia y pedido del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, para supuestamente determinar si son veraces los chats filtrados que Robles habría mantenido con Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el fallo que el máximo tribunal dictaría a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. D'Alessandro sostiene que los chats filtrados fueron supuestamente adulterados y, tras ser denunciado penalmente, se pidió licencia del cargo.

El juez Molinari hizo lugar la pedido del gobernador Zamora y este miércoles se declaró incompetente -ni los hechos ni las personas denunciadas están relacionados con Santiago del Estero-, tras lo cual envió el expediente a los tribunales de Retiro. 

Allí, se acumulan al menos dos denuncias presentadas durante este semana contra Robles por los mismos hechos y que cayeron por sorteo en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo. Uno de los denunciantes es Gustavo Marano, abogado de Nicolás Carrizo, uno de los “copitos” procesados y detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según consta en los registros de sorteos y confirmó el letrado a este medio.

El juez Lijo se encuentra de licencia hasta febrero. El fiscal de turno, Carlos Rívolo, se excusó de intervenir debido a que figura en los supuestos “contactos frecuentes” de D’Alessandro que filtraron quienes hackearon u obtuvieron el contenido de la línea hackeada. Rívolo sostuvo en un escrito que sólo habló por teléfono con el funcionario porteño dos veces por cuestiones oficiales.

Lijo no sólo acumula las denuncias contra Robles. Desde diciembre también quedó a cargo de las denuncias realizadas por D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y ex ministro de Seguridad y Justicia porteño) por los hackeos de sus líneas de teléfono; y la denuncia realizada por otro de los jueces involucrados en los chats filtrados por presunto espionaje ilegal.

El vocero

Silvio Robles es formalmente el vocero de Rosatti pero es mucho más que eso. El funcionario es la mano derecha del presidente de la Corte, en quien derivó la gestión y filtro de reuniones, diálogos, mensajes y conflictos con la política, el Poder Judicial y el periodismo, entre otros sectores. 

Robles es también es encargado de representar a Rosatti en los encuentros y conversaciones en las que el juez prefiere no estar en cuerpo y mente. Quiénes han dialogado con ambos sobre las mismas temáticas han percibido que sus discursos y premisas son casi idénticos, aunque sus estilos son diferentes, a excepción del gusto por la ironía.  

Un golpe a Robles es un golpe directo al presidente de la Corte, quien también preside el disputado Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección y sanción de los jueces nacionales y federales. Las acusaciones contra Robles podrían incluso ser utilizadas por el oficialismo en el pedido de juicio político a Rosatti.

El expediente que definirá el futuro de los teléfonos de Robles está en una etapa inicial e incierta. Como Lijo está de licencia por vacaciones, la jueza María Servini está a cargo de su juzgado, pero este miércoles la magistrada se excusó de intervenir al asegurar que había mantenido un vínculo personal y familiar con uno de los involucrados: el ministro D’Alessandro. También, dijo la jueza, porque denunció a la Policía de la Ciudad, que en 2022 estuvo a cargo de su custodia cuando Servini fue víctima de un robo en su domicilio. 

Tras la excusación de Servini y Rívolo, el caso debe cambiar de juez hasta el regreso de Lijo dentro de más de tres semanas y de fiscal de manera permanente.

Antecedentes

Los hechos que motivaron la denuncia del gobernador Zamora, aliado de Alberto Fernández, se enmarcan en la presunta participación de Robles en una serie de chats supuestamente extraídos del teléfono celular del ministro D’Alessandro, filtrados en un sitio web luego de que el funcionario porteño denunciara el hackeo ilegal de su línea.

El lunes último, el gobernador de Santiago del Estero denunció penalmente a Robles ante la fiscalía federal de su turno en su provincia por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó una medida cautelar para que el juez federal número 1 de Santiago del Estero exigiera a Robles la entrega de sus teléfonos con el objetivo de peritarlos y supuestamente determinar si los chats son veraces. 

“El juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento, y remitir con premura la causa al juez que resulte competente”, escribió el juez Molinari en su fallo.

“En dichos diálogos habrían hecho referencia al fallo que con posterioridad emitiría la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en contra del Estado Nacional, con motivo de la coparticipación” , sostiene el fallo del juez Molinari, quien resaltó que Zamora considera esos chats una “infidelidad” que, “de ser cierta, por parte de un funcionario de la Corte Suprema, atenta contra la administración de justicia en beneficio de una las partes del proceso”.

El gobernador de Santiago del Estero también solicitó que se indague “sobre las consecuencias o influencia que pudiera tener (Robles) en la decisión” de su jefe, Rosatti, debido a que, según Zamora, “se encuentra comprometida la imparcialidad de la decisión”.

La denuncia de Zamora fue presentada el mismo día en que el Presidente reunió a un grupo de gobernadores para impulsar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres jueces de la Corte, una medida que no prosperará más allá de la primera etapa del proceso parlamentario (la investigación y publicidad de la acusación) que el oficialismo podrá promover desde la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, ya que es el único espacio del Congreso en el que el Frente de todos (FdT) cuenta con los números necesarios para avanzar con el jury. 

ED

Los chats supuestamente obtenidos mediante el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, incluyen una conversación con el empresario del juego Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors y ex vice de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y una conversación con otro contacto sobre un ofrecimiento de dinero. Así consta en las publicaciones realizadas en un foro que puso a la venta el contenido del teléfono de D’Alessandro por 600 dólares y que está bajo investigación judicial. 

El ministro porteño denunció que su línea de teléfono fue hackeada el 19 de octubre último. Casi un mes y medio después, el o los hackers anunciaron la venta del contenido de los chats de Telegram del funcionario porteño por un valor de 600 dólares, de acuerdo con la publicación en un foro en internet en el que suelen realizar este tipo de publicaciones, como informó elDiarioAR este jueves. 

Un usuario creó la publicación para vender el contenido el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota de la redacción: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en idioma inglés, con una captura de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Ante el pedido de distintos usuarios que solicitaban “pruebas de vida” del contenido hackeado, el usuario en poder del material publicó capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido, que involucra a jueces federales, ejecutivos de Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; una comunicación entre D’Alessandro y Angelici; y un supuesto tercer chat entre el funcionario porteño y un contacto agendado como “Fede”. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a elDiarioAR el miércoles por la noche.

Allegados al ministro de Seguridad porteño aseguraron que los chats publicados por el usuario el 2 de diciembre último estarían editados y no coinciden con conversaciones que D’Alessandro haya mantenido con sus contactos. Además, afirmaron que el funcionario utiliza la aplicación Whatsapp para comunicarse y que las supuestas conversaciones filtradas como “pruebas de vida” son un “montaje” y una “operación de inteligencia”.

Sin embargo, Angelici admitió haber mantenido esa conversación por chat con D’Alessandro, según pudo corroborar elDiarioAR. Desde Qatar, el ex presidente de Boca y ex vice de la AFA respondió la consulta de este medio este jueves por la mañana, hora local, a través de una fuente allegada que actuó como intermediario. 

Angelici ratificó que le solicitó al ministro de Seguridad “un favor” para que D’Alessandro permitiera a un custodio del ex dirigente xeneize ascender en el escalafón de la Policía de la Ciudad a pesar de que estaba fuera de término. 

El empresario del juego tenía custodia de la policía porteña debido a amenazas en su contra, de acuerdo con una fuente del ministerio de Seguridad porteño.

En las capturas publicadas por el hacker no figura la fecha del intercambio entre D’Alessando y Angelici. La fotografía del chat de Telegram sólo permite ver que se llaman mutuamente entre las 11:36 y el mediodía, sin poder establecer la comunicación, hasta que lo logran a las 12:01. Luego intercambian mensajes por escrito entre las 15:32 y las 16:38 pero tampoco figura la fecha del chat.

Esta es la transcripción textual de la conversación publicada por los hackers, sin correcciones de puntuación ni de tipeo.

MD: Lo mandé recién así que sale en la orden del día de la semana.

DA: Ok.

MD: Lo de Zarate (sic) es muy muy fundamental para vos??? Por q tengo (sic) que reabrir el sistema de ascensos y forzar mucho.

DA: Es mi custodia y se le murió la madre justo cuando tenía que rendir

MD: No me psicopatees q (sic) soy tano yo también

DA: Pero es la verdad con esta Pandemia de mierda el tipo ni la pudo despedir y justo les tocaba examen para ascender

MD: Por q (sic) no hablan antes estos bolas tristes??? Ahora veo y lo hago. Nos va a tener que hacer un monumento. El mío es más chiquito. Me adelanté a tu chiste malo…

DA: Dale jefecito jajaja

MD: Decile, (sic) porfa que lo mande mañana a las 11 a ISSP para reevaluación. Que pregunte por la licenciada Lucía Signori. Le avisas, no?

DA: Si ya le avisé

Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal.

Marcelo D'Alessandro — Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El custodio -que ya no prestaría servicio para Angelici- “había cumplido con todos los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender”, dijo la fuente cercana a Angelici. Descartó la comisión de cualquier ilícito o intento de torcer las reglas del ministerio de Seguridad, y dijo que le habían hecho llegar la captura del chat filtrado, aunque no precisó quién.

“Fede”

En otro supuesto chat extraído del teléfono de D’Alessandro, se registra una conversación entre el ministro y un contacto agendado como “Fede”, entre las 20:39 y 20:43 horas, sin fecha. A su vez, el contacto Fede tiene agendado al funcionario como “Marcelo” o “M”. En el entorno del ministro porteño negaron tajantemente que el chat sea real y afirmaron que D'Alessandro no tiene a ningún contacto agendado como “Fede”. elDiarioAR pudo saber que las capturas de este chat publicadas por el hacker o los hackers el viernes último están en poder y fueron analizadas por personal especializado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para intentar determinar el origen de la publicación en línea e identificar a su publicador.

En la captura, “Marcelo” le escribe a “Fede” para contarle de un presunto arreglo de dinero. “Fede” le replica: “50% guille, 50% gata”, pero “Marcelo” le dice que sea “10 para no joder”.

El hackeo

La vulneración de la línea telefónica de D’Alessandro es investigada en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia, que también fue presentada de manera individual por el ex ministro de Seguridad Diego Santilli, quedó a cargo de la jueza María Servini, pero recientemente la magistrada se excusó de intervenir por su relación de amistad o conocimiento con ambos denunciantes.  

Tanto en los entornos de D’Alessandro como de Santilli, quien fue ministro de Seguridad justo antes de que asumiera el actual titular de la cartera, sostienen que el hackeo se realizó en el marco de una operación de inteligencia ilegal. Se utilizó la misma técnica y fue con dos días de diferencia. 

También lo atribuyen al momento político y destacan que por las mismas fechas, uno de los jueces que se encontraba juzgando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral y público por el caso Vialidad denunció el hackeo de su teléfono celular con el mismo método. En el oficialismo nadie se hace eco de esas sospechas de la oposición.

Una modalidad utilizada por los hackers consiste en el secuestro de información personal o relevante y la extorsión al usuario hackeado para “devolverle” los datos vulnerados y apropiados a cambio de dinero. Sin embargo, ni Santilli ni D’Alessandro fueron extorsionados por los hackers, de acuerdo a sus denuncias y a las consultas de elDiarioAR a sus entornos. 

El custodio de Angelici había cumplido con todo los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender.

Fuente allegada a Daniel Angelici.

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se hizo el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió este medio. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. 

Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados. Por eso, en Comodoro Py arriesgan la hipótesis del fuego amigo, en el marco de la interna política y pre-electoral dentro de Juntos por el Cambio.

Canal de venta

La puesta en venta del material de Telegram extraído del teléfono de D’Alessandro es la única publicación del usuario en poder del material en un foro, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

El foro incluye una sección denominada “Transparency Reports”, donde publica una revisión de los pedidos cursados por fuerzas estatales o privados, aunque según un experto consultado no suele acceder a esas solicitudes. Por ejemplo, entre junio y septiembre de este año, el foro recibió requerimientos del gobierno de la India, Argentina y Pakistán para que entregue información sobre determinados casos (que no se identifican); y el gobierno de Corea le solicitó la remoción de contenido.

Tras una denuncia del juez federal Pablo Yadarola, uno de los jueces que figuran en el chat del caso Lago Escondido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consultó a expertos locales de la policía porteña para que le informen cuáles son las vías para bloquear o dar de baja la publicación de los chats filtrados, ya que se trata de material obtenido de manera ilegal.

Denuncias

Yadarola realizó la denuncia el fin de semana último, tras la filtración y publicación de los chats en los que D’Alessandro figura intercambiando mensajes y audios con el propio Yadarola y con otros tres jueces federales, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; dos ejecutivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto, CEO del multimedio); el jefe de los fiscales porteño, Juan Bautista Mahiques; un exdirector de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. 

La publicación de las conversaciones les valió una denuncia penal del Gobierno y una cadena de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Están sospechados de haber viajado a Bariloche para hospedarse en la exclusiva propiedad del empresario británico Joe Lewis en un vuelo privado supuestamente costeado por ejecutivos de Clarín, que se filtró hace unas semanas cuando Página/12 accedió a la planilla de pasajeros del avión contratado para el viaje.

Luego, se filtraron los chats del teléfono de D’Alessandro en los que los protagonistas del viaje planifican cómo enmascarar la presunta dádiva con facturas falsas y testimonios falsos y presionar a la fiscal y la jueza federales de Bariloche -que investigaban el viaje en cuestión- para que cierren la causa. 

Por instrucción del presidente Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y solicitó a la justicia de Bariloche que obtenga “los aparatos de telefonía celular de todos los implicados”. Fue al día siguiente de la condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que había instruido Ercolini, uno de los jueces denunciados.

ED/MG

La Cámara Federal porteña declaró este jueves la nulidad del rechazo a reabrir la investigación por el atentado de la organización Montoneros al comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido en los primeros meses de la última dictadura cívico militar, cuando la detonación de un explosivo causó la muerte de 24 personas y dejó heridas a más de 60.

La decisión fue tomada por la sala I del Tribunal de Apelaciones con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes ordenaron a la jueza del caso, María Servini, dictar una nueva resolución contemplando aspectos que dejó de lado al rechazar un planteo para reabrir la pesquisa el año pasado, según el fallo.

El 2 de julio de 1976 a las 13.20 un “poderoso artefacto explosivo” detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (también conocida como Coordinación Federal), ubicada en la calle Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires, donde -en algunos de los pisos del edificio- funcionó uno de los centros clandestinos de detención montados en el marco del ejercicio del terrorismo de Estado.

Servini rechazó “in limine” un planteo de reapertura de la investigación del atentado, al darlo por prescripto en virtud de que el delito no se consideró de lesa humanidad.

Por estos mismos hechos, el 10 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por “inadmisible” un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados.

Ese fallo que ratificó una decisión previa de Servini fue firmado por los camaristas que integraban la sala en ese entonces, Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah. Su decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación y luego la Corte la dejó firme al rechazar el recurso extraordinario por “inadmisible”

El año pasado, los denunciantes concretaron un pedido de reapertura que fue rechazado por Servini y ahora la Cámara declaró la “nulidad” de su decisión porque según se argumentó hubo “omisión de valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso, que podrían vincularse estrechamente con lo que ha sido materia de decisión”

Por eso, el tribunal consideró que se trató de una decisión tomada con “arbitrariedad” en base a doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La magistrada instructora no ha ponderado todas las aristas que se desprenden de la impugnación formulada y que pueden estar relacionadas con la pesquisa”, agregaron los jueces en la resolución.

En ese sentido, se agregó que “fundamentalmente, no se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”, se advirtió en este fallo.

“Tampoco (la magistrada) pudo evaluar lo requerido por la parte conforme las aristas que el caso proyecta. Esto, en cuanto a la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con los nuevos elementos propuestos; o un posible caso de grave violación a los derechos humanos”, analizaron además los camaristas.

“En conclusión, la resolución (de Servini) es inválida porque prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente”, se concluyó

Ante ello, y “ a efectos de que se agoten todas las hipótesis posibles que permitan afrontar un hecho como el contenido en esta causa, corresponde declarar la nulidad del decisorio y devolver las actuaciones a la anterior instancia para que se proceda conforme lo indicado”.

Servini declaró prescripto el caso y esa decisión fue apelada por los pretensos querellantes, ante el rechazo “in limine” de un planteo de reapertura de la investigación y juzgamiento de los hechos denunciados.

Los denunciantes en esta causa son la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, Eduardo Emilio Kalinec (un ex comisario de la PFA condenado por delitos de lesa humanidad) y Alicia de León, quienes pidieron además ser considerados como querellantes en su condición de “víctimas directas”.

En tanto, Bertuzzi y Bruglia son los magistrados que, en 2016, fueron traslados desde el Tribunal Oral 4 a la Sala I de la Cámara Federal a través de un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, una decisión tomada sin que se hiciera un concurso ni tampoco requerir el acuerdo del Senado, como marca la Constitución.

Esa medida derivó en una causa judicial en la que la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Consejo de la Magistratura convocar a un concurso para cubrir de manera definitiva ambos cargos, un trámite que actualmente se encuentra en curso en ese cuerpo, a la espera de la aprobación de las ternas conformadas para los dos lugares.

El comunicado del CELS

“La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió mantener abierta la causa que investiga un atentado cometido por la organización Montoneros en julio de 1976. La excusa es la falta de fundamento de la decisión de la jueza de primera instancia María Servini; aunque su decisión en verdad había sido fundada con precisión: los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme.

En tanto los jueces ignoran este argumento, lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad. Aunque jurídicamente esta discusión esté saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuestión y producen lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo.

La acción de Montoneros podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal. Eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos.

Los jueces recogen argumentos relacionados con el derecho a la verdad, derecho que efectivamente es una obligación internacional del Estado asociada a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad cuando hay un obstáculo para la imposición de una sanción. En este caso, no hubo inconvenientes de ese tipo: la causa penal está prescrita y los peticionantes pueden pedir información al Estado sobre los hechos. Probablemente, enfrentarán numerosos obstáculos porque la dictadura se encargó de ocultar y destruir mucha información“.

Con información de agencias.

IG

La tragedia de Once, ocurrida hace una década, tiene 22 condenados durante dos juicios orales y públicos por dos delitos que gestaron el choque del tren Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento, el 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana. Sin embargo, de acuerdo con los documentos, fallos y testimonios consultados por elDiarioAR, un capítulo judicial, en el que ya intervinieron al menos ocho jueces federales, sigue sin cerrarse.

Durante los últimos diez años, tres de los jefes de los bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) que rescataron aquel día a más de 700 de heridos y recuperaron los cuerpos atrapados de 52 víctimas fatales cargan con una acusación por supuesto incumplimiento de los deberes por el retraso en el hallazgo del cuerpo de la víctima 52: Lucas Menghini Rey, de 20 años. 

Al momento del accidente de Once, Menghini Rey viajaba en una cabina auxiliar del conductor, en el cuarto vagón del tren, un espacio en el que estaba prohibido viajar pero en el que los pasajeros del Sarmiento encontraban refugio de los vagones abarrotados de personas en hora pico. Solían ingresar a estas cabinas vacías porque la empresa TBA no las había clausurado, según surgió en el juicio. 

Menghini Rey murió tras el impacto, cuando el tren chocó contra la cabecera del andén, según estableció la autopsia, por lo que el hallazgo del joven antes de tiempo no le hubiese salvado la vida, aseguró Paolo Menghini, su padre, en diálogo con elDiarioAR. 

El resto de los pasajeros del cuarto vagón se salvaron, incluso pudieron autoevacuarse, según consta en la sentencia del juicio a los bomberos, pero la cabina quedó aplastada por el tercer vagón, producto del acaballamiento entre vagones que generó la maniobra de freno, la falta de mantenimiento del ferrocarril y su refacción con elementos más baratos y de materiales que no correspondían, de acuerdo con la sentencia del juicio oral y público por la Tragedia de Once.

Menghini Rey fue hallado el 24 de febrero a las 18.20 horas (aproximadamente cincuenta y ocho horas después del impacto) ¿Por qué no fue hallado el día del siniestro? ¿Por qué no fue hallado al día siguiente, el 23 de febrero, cuando los bomberos continuaron con la búsqueda del joven desaparecido? ¿Qué sucedió realmente durante esos tres días, hasta que el bombero Raúl Abuin dio con sus restos?

Paolo Menghini y María Luján Rey son querellantes en el caso contra los bomberos y sostienen desde hace diez años que los rescatistas incumplieron con su deber y que no quisieron buscar a su hijo, cuyo cuerpo sin vida se encontraba en un sitio de fácil acceso, según sostuvieron en el juicio. Los bomberos sostienen que hicieron todo lo posible por dar con el joven fallecido. 

El fiscal federal Federico Delgado estableció en 2018 que fue el juez Claudio Bonadio quien había dado la orden de detener la búsqueda el 23 de febrero por temor a que la utilización de una sonda para determinar la ubicación de restos cadavéricos alterara el estado de los vagones antes de las pericias oficiales que debían determinar la causa del siniestro, según las actas policiales analizadas en la causa. Delgado solicitó que se cite a declarar a Bonadio como testigo pero eso nunca sucedió. El fiscal luego pidió las absoluciones de los bomberos.

En abril de 2018, la jueza federal María Servini decidió absolverlos, según consta en los documentos consultados. Sin embargo, el juez Juan Carlos Gemignani, de la Cámara Federal de Casación, anuló el fallo de Servini y le ordenó revisar la sentencia absolutoria. Eso sucedió en noviembre de 2018. Se espera una pronta definición de Servini, para quien no existen pruebas de que los bomberos no hayan tenido la intención de buscar y encontrar el cuerpo de Menghini Rey, afirmó a elDiarioAR una fuente judicial del caso.

El caso

Durante 2012, el primer juez del caso, Claudio Bonadio, quien investigaba las causas de la tragedia de Once, formó un nuevo expediente sobre la búsqueda de Menghini Rey y avanzó contra siete bomberos. Perfil publicó ese año un acta policial fechada el 23 de febrero, a las 13 horas, en la que el comisario Sergio Gustavo Aguilar, jefe de la División Sarmiento, dejó asentado que los policías y bomberos dejaron de buscar a Lucas por “orden de Su Señoría”.

Según el acta, que forma parte del expediente de la tragedia de Once, los bomberos le ofrecieron a Bonadio instalar una sonda para “encontrar restos cadavéricos” pero el juez lo rechazó y pidió que “no se modifique la escena hasta que no se hicieran las pericias de rigor”, según consta en el documento policial que constaba en el expediente madre de la tragedia.

El 23 de febrero, el superintendente de la División de Bomberos ordenó a su tropa que fuera a revisar nuevamente los vagones, pero cuando llegaron al andén número 2, una guardia de la Policía Metropolitana impidió las tareas. Quedó registrado en otra acta, a las 10.31, que también constaba en el expediente que llevaba adelante Bonadio. El juez había ordenado que nadie tocara los vagones. Los bomberos aguardaron la llegada del juez para supuestamente convencerlo de continuar con la búsqueda de Menghini Rey y el encuentro quedó registrado en las cámaras de seguridad del andén, aunque sin sonido.  

El 5 de octubre de 2012, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio del caso de los bomberos. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Eduardo Cattani sostuvieron que resultaba “prudente” apartar del conocimiento de dicha investigación al juez “a fin de aventar toda duda sobre el lugar desde el cual desarrolla la encuesta” y remitió la causa para que se sortee un nuevo juez “que habrá de continuar interviniendo con la celeridad que el caso exige”.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo del expediente y procesó a los siete jefes y superiores que habían participado en el operativo de rescate de heridos y víctimas fatales. El 5 de febrero de 2014, uno de los bomberos procesados, Leonardo Day, murió mientras intentaba apagar el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio de Barracas. Una pared se desmoronó sobre él y otros nueve bomberos que integraban el operativo. 

Day había sido el primer jefe de bomberos en llegar a Once la mañana de la tragedia y quien organizó el operativo de rescate, según relató uno de sus compañeros a este medio. Era comisario y jefe de cuartel. “La familia bomberil de todos los cuarteles, todos decíamos lo mismo, que era una injusticia total” para los jefes enjuiciados, dijo a elDiarioAR Luis Díaz Gauna, amigo y colega de Day, y bombero sobreviviente del incendio de Iron Mountain. “Leo se deprimió mucho. Estaba muy dolido, estaba muy triste. Estaba desahuciado” por la causa en su contra, dijo Díaz Gauna. 

Luego de su muerte, la Justicia federal sobreseyó a tres de los bomberos del caso Menghini Rey y envió a juicio a los tres superiores que integraban el grupo de procesados: Carlos Alberto Medina, Omar Alberto Vacca y a Raúl Héctor Abuín por el supuesto delito de violación de los deberes de funcionarios públicos. En noviembre de 2015, el juez Lijo envió el caso a juicio. 

Casi dos años más tarde, la jueza federal María Servini debió llevar adelante el juicio oral, que se extendió en cinco audiencias. En el fuero federal penal, determinados casos continúan siendo juzgados con el código viejo, cuando los jueces y fiscales de primera instancia se turnaban para realizar los juicios.

La querella 

La querella, integrada por los padres de Menghini Rey, sostuvo que los acusados no habrían revisado la totalidad del tren, como se los exigía el “Plan de Acción Coordinada Argentina” y que “por protocolo” exigía “que ordenasen a sus dependientes el ingreso a la cabina. ”No hubo torpeza por no saber buscar sino que, en realidad, no hubo búsqueda cuando el achatamiento de la cabina era visible desde el terraplén de la vía 1, desde su andén, y desde el interior del tren“, aseguraron. 

Paolo Menghini dijo a elDiarioAR que cree que el expediente debería remitirse a un nuevo juez y un nuevo fiscal. Sostiene que los bomberos son “los responsables de haber dejado abandonado el cuerpo de mi hijo 60 horas arriba de un tren”. Sobre las actas que demostrarían que cumplieron orden de Bonadio, Menghini sostuvo: “Lo que queda claro en todo el desarrollo de la investigación es que los bomberos son auxiliares de la Justicia. Cuando el juez detiene la búsqueda es a instancias de lo que los propios jefes del operativo le dicen”. 

“El lugar donde estaba Lucas -sostuvo Menghini- era absolutamente accesible desde el exterior. Lucas entra por un lugar que tendría que haber estado cerrado y que estaba abierto. Y como no podía entrar al tren por la cantidad de gente que había, se mete ahí adentro. Primera responsabilidad de la empresa. Segundo, cuando ocurre lo que ocurre, la chapa (del tren) retrocede setenta centímetros aprisionando a Lucas. En el exterior hay una escalerilla de tres escalones para que los motorman se subieran en Castelar o en cualquier lugar donde hiciese trasbordo los Motorland. De hecho, cuando lo encuentran, lo hacen desde esa escalera. O sea, claramente ellos no revisaron”. 

De la totalidad de las probanzas colectadas a lo largo del legajo, no logro encontrar certeza en la postura acusadora sino más bien, por el contrario.

María Servini — Jueza federal.

“Es más, los vagones tres y cuatro fueron utilizados como morgue circunstancial el día de la tragedia y se iban depositando allí los cuerpos, con lo cual ellos pasaron por ese lugar una enorme cantidad de veces. Se veía desde el exterior y se podía acceder desde el exterior, con lo cual ellos no necesitaban ninguna sonda, ni ningún sistema extraño ni ultramoderno. Era subir tres escalones y mirar para adentro. Y no lo hicieron”, afirmó el padre de Menghini Rey. “Fue impericia”, agregó.

La absolución

La defensa, encabezada por Julián Orlando, letrado de la Federal, afirmó que los bomberos y el resto de los actores en ningún momento tuvieron la intención de no buscar a la víctima 52, como alega la querella. La fiscalía también apoyó esa postura, en base a las pruebas recolectadas.

En el juicio, Servini sostuvo que “no ha quedado acreditada” la responsabilidad de los acusados y las pruebas del expediente sólo le dejaron dudas “la existencia de culpabilidad” y “si omitieron la búsqueda adrede, con conocimiento de la ilegalidad de su conducta”. “De la totalidad de las probanzas colectadas a lo largo del legajo, no logro encontrar certeza en la postura acusadora sino más bien, por el contrario, una serie de indicios que, dada su falta de univocidad, resultan indicadores de una posible negligencia, si se quiere torpeza o inexperiencia en las tareas de salvamento que se desarrollaran el día del accidente, pero en modo alguno advierto la configuración del dolo específico reclamado”, escribió la jueza. 

De haberse llevado a cabo una atenta y fina búsqueda, la inspección hubiera arrojado resultado positivo.

Juan Carlos Gemignani — Juez de la Cámara Federal de Casación.

Casación

A finales de 2018, el juez Juan Carlos Gemignani revisó la sentencia absolutoria a pedido de la querella. En su fallo, el magistrado sostuvo que las absoluciones debían ser anuladas y que la causa debía regresar al juzgado de Servini, debido a la supuesta “valoración fragmentada de la plataforma fáctica” y por entender que el fallo “peca de fundamentación aparente”. 

Gemignani citó el relato de uno de los testigos del juicio. El oficial de la Policía Federal, Nicolás Pablo Vega, quien participó de la búsqueda de Menghini Rey el 24 de febrero de 2012, había declarado: “Cuando hago la inspección exterior del cuarto vagón del tren, específicamente de la cabina del motorman, lo que observo es que el interior estaba aplastado, había algunos fierros retorcidos, instrumental volcado y llego a ver algo que podrían llegar a ser restos humanos. Recuerdo que vi una mochila, y detrás un objeto oscuro que podrían ser restos de un cuerpo en descomposición”. 

El juez resaltó que si bien el testigo no respaldó la posición de la querella sobre que el cuerpo de Menghini Rey era fácilmente visible desde el exterior del tren, pero afirmó que sus dichos “dejan al desnudo que de haberse llevado a cabo una atenta y fina búsqueda, la inspección hubiera arrojado resultado positivo”, “más allá del innegable caos y confusión que en los albores del siniestro reinaba en el lugar del hecho debido a su magnitud y a las personas que resultaron heridas y fallecidas”, dijo Gemignani.

Desde entonces, la jueza Servini debe volver a analizar la prueba que en su momento la llevó a determinar que no había existido dolo por parte de los bomberos. A diez años de la tragedia, una fuente judicial del caso estimó que la magistrada volverá a emitir un fallo pronto.

ED