Grandes manifestaciones convocadas por sindicatos de trabajadores y estudiantes, acompañados por chalecos amarillos, tuvieron lugar este sábado en París y en muchas ciudades francesas. Una nueva jornada de movilización que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y limitaciones impuestas por el Gobierno, en un contexto de tensión, tras los acontecimientos del sábado pasado y la prohibición de numerosas marchas en diversos puntos del país.

Los reclamos volvieron a centrarse en la defensa de los servicios públicos, la falta de recursos del sistema educativo, el poder adquisitivo y la justicia social. Cuestiones a las que se sumaron las críticas contra la respuesta policial de las autoridades desde que comenzaron en septiembre las primeras protestas de los estudiantes. Y también contra las limitaciones a la libertad de manifestarse decretadas esta semana por el Ejecutivo.

Pese a este contexto de tensión y al mal tiempo, en París marcharon unos 110.000 manifestantes, según datos gubernamentales (250.000 según los organizadores), la misma cifra que la semana pasada. A nivel nacional, el Ministerio del Interior señala una movilización de 410.000 personas, algo menor que las 550.000 del sábado pasado (la CGT habla de 800.000 manifestantes, al mismo nivel).

Los sindicatos denunciaron además que el viernes, a solo un día de la manifestación, la Prefectura de Policía de París impuso a último momento un recorrido alternativo por los límites exteriores de la ciudad, pese a que ya se había acordado un primer recorrido entre las plazas de la Bastilla y la Nación. Una situación que los organizadores apelaron ante la Justicia, pero su recurso fue rechazado el sábado por la mañana por el tribunal, por falta de tiempo para examinar los argumentos.

“La práctica habitual de la prefectura [equivalente a la representación del Gobierno nacional en una jurisdicción] consiste en prohibir las manifestaciones (muy) tarde, se trata de un problema recurrente”, denunció en X Nicolas Hervieu, especialista en derecho público y derecho de las libertades, en Sciences Po y en la Universidad de Évry. “Esto equivale a permitir que la autoridad pública organice su propia impunidad. Y va en contra de los principios establecidos por el Consejo de Estado”.

Finalmente, los sindicatos y los organizadores de la manifestación parisina aceptaron el recorrido impuesto para no “poner en peligro a los manifestantes”, ante el riesgo de enfrentamientos con la policía. Al mediodía, un secretario confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT), Thomas Vachern, denunciaba el “caos generalizado” que intentaba sembrar el Gobierno, al querer “crear distracciones, sembrar la discordia y dividir a la población”, así como poner a la Justicia en una situación en la que “no tiene tiempo para pronunciarse”.

En líneas generales, las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, aunque al final de las marchas se registraron intervenciones policiales y momentos de tensión en ciudades como París, Marsella y Rennes, entre otras. También en Lyon, donde toda manifestación estaba prohibida. En la capital, una vez finalizada la marcha, la policía recurrió a un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersar a grupos de personas que se negaban a abandonar el punto de llegada, alrededor de la Puerta de Vincennes. Los manifestantes lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con granadas lacrimógenas.

Congreso de Agrupación Nacional

Otro de los focos de atención de la jornada estuvo en la ciudad de Orleans, donde unas 11.000 personas, según la prefectura (26.000 según los organizadores), participaron en una manifestación diferente, esta vez en contra de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, que celebra un congreso allí este fin de semana. El sábado Jordan Bardella fue reelegido —sin oposición— presidente del partido; el domingo está previsto que Le Pen inaugure oficialmente su campaña presidencial con un discurso.

En Orleans, como en el resto del país, el operativo de seguridad desplegado fue “masivo”, según la expresión utilizada por el ministro del Interior francés, Laurent Núñez. Núñez, en el centro de las críticas por el operativo de seguridad insuficiente del sábado 17, indicó el viernes la “movilización en el espacio público de 70.000 policías y gendarmes, tanto efectivos locales (…), como compañías republicanas de seguridad y escuadrones de la gendarmería móvil”, es decir, 10.000 efectivos más que el 17 de octubre, incluyendo unidades de élite que se movilizarían en casos excepcionales, así como helicópteros y vehículos blindados.

Límites a la libertad de manifestación

Los reclamos de los estudiantes —ausencias de profesores no reemplazados, reparación de las instalaciones y reforma del sistema de acceso a la educación superior— y las tomas de establecimientos educativos que habían marcado la actualidad de las últimas semanas quedaron eclipsados por el impacto en la opinión pública francesa de los hechos de violencia ocurridos en los alrededores de varias manifestaciones, en París y en toda Francia.

Esta semana, ese debate se transformó en una discusión sobre los límites a la libertad de manifestarse impuestos por el Gobierno. El jueves, el presidente Emmanuel Macron afirmó ante las cámaras, al término de una reunión del consejo de seguridad, que “la recomendación general es que no hubiera manifestaciones en los próximos días” y que las solicitudes para manifestarse presentadas por “personas que carecen de legitimidad para ello” serían rechazadas. “Cuando no se trate de organizaciones sindicales, siempre que sea posible, las prohibiremos”, insistió el presidente.

A los toques de queda nocturnos y localizados decretados en varias ciudades francesas, incluida la capital, el Gobierno había añadido esta semana prohibiciones totales o parciales en varios puntos. En Marsella o en Limoges, el Gobierno ordenó la prohibición de cualquier manifestación para este sábado, una decisión suspendida por la Justicia. En otras localidades, como Burdeos, las autoridades habían prohibido las manifestaciones en el centro de la ciudad, debido a la preocupación de los comerciantes locales por los antecedentes del sábado pasado.

Un edificio del siglo XIX devorado por las llamas. La imagen del campanario del ayuntamiento de Limoges derrumbándose consumido por el fuego causó conmoción dentro y fuera de esta ciudad del centro de Francia después de que el sábado un grupo de individuos aprovechara la protesta que discurrió de forma pacífica en la pequeña localidad para atacar el edificio, provocando un incendio. En Lyon, otro edificio histórico, la oficina de Turismo, es ahora un cascarón humeante.

Los disturbios, los choques con la policía y los saqueos en varias ciudades francesas durante las protestas contra el encarecimiento del costo de la vida de este fin de semana, desarrolladas en un clima de fuerte tensión, acapararon los titulares. Pero antes, cientos de miles de personas, muchas de ellas escolares y padres de familia, se habían unido a marchas en todo el país que congregaron a numerosos grupos, incluidos sindicatos y simpatizantes del antiguo movimiento de los ‘chalecos amarillos’.

Algunos líderes políticos europeos aprovecharon las imágenes de los altercados para reconducir el debate sobre las políticas migratorias. Tras el fracaso político en el pasado Consejo Europeo de Dinamarca, Polonia e Italia, que intentaron que la UE censurase la regularización migratoria de España, los disturbios en las calles francesas llevaron a varios dirigentes europeos a colocar a la inmigración en el centro del origen de la violencia, aunque no hay ninguna prueba de que hayan sido protagonizados por inmigrantes. Los discursos siguen la estela que marcaron el presidente de EEUU, Donald Trump, al relacionar a la población inmigrante con los violentos disturbios: “Los migrantes tomaron Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!”, indicó en su red social Truth Social.

Los estudiantes franceses llevan un mes protestando contra el estado del sistema educativo y exigiendo la reparación de edificios deteriorados –especialmente en los barrios más desfavorecidos–, clases con menos alumnos y reformas en un sistema de admisión universitaria muy criticado. Desde entonces, las protestas y bloqueos estudiantiles se convirtieron en el centro de una constelación de cuestiones diversas, que van desde el costo de la vida hasta el precio del combustible y los recortes en los servicios públicos. Problemas que cobran vida en otros países, desde Italia a Portugal, donde los jóvenes también salieron a la calle en los últimos días en protestas que se multiplican por Europa. 

“Las derechas tratan de islamizar todo y en el caso francés presentan la violencia como un mero resultado de la inmigración musulmana. Uno de los elementos que unen a las extremas derechas –bastante diferentes entre sí– es la idea de la decadencia de Occidente, pensada en clave identitaria: una élite globalista le abre la puerta a los bárbaros para mantenerse en el poder”, explica a elDiario.es el historiador Pablo Stefanoni, autor de los libros ¿La rebeldía se volvió de derechas? y Un fantasma recorre el mundo.

De Bruselas a Milán, pasando por Lisboa

Los estudiantes franceses inspiraron protestas en la vecina Bélgica, donde los jóvenes están expresando su preocupación por los recortes en materia de educación, así como por las condiciones laborales, los servicios públicos y la desigualdad. Varios cientos de personas protestaron en Bruselas el sábado entre consignas antifascistas. También salieron a la calle en Lieja. Las manifestaciones se iniciaron pacíficamente, formadas por jóvenes, profesores y sindicalistas. Sin embargo, a mediodía se empezaron a producir enfrentamientos con la policía durante la marcha de los manifestantes. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los participantes en la capital, mientras que algunos de los asistentes destrozaron mobiliario público, vehículos y prendieron fuego a un contenedor.

En Milán, así como otras ciudades cercanas como Turín o Bolonia, se vivieron este fin de semana manifestaciones contra el encarecimiento de la vida. La marcha que tuvo lugar el sábado en el centro de la capital económica del norte italiano también comenzó pacíficamente y derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía, que respondió con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua. Un total de 271 personas fueron detenidas, el 80% de ellas menores de edad, según informa Ansa. 

La primera ministra Giorgia Meloni declaró que los “delincuentes” se “aprovechan” de las “manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos”. En las redes sociales nació un nuevo perfil, llamado ‘Movimiento 17 de octubre', que convocó a una concentración todos los sábados a las 15:00 “hasta la caída de este Gobierno”. “Somos los de las plazas. Los que solo vemos violencia en los bastones de los polis. Violentos son ustedes vosotros, que nos negaron el futuro: lo vamos a recuperar”, dice.

El descontento de los jóvenes llega hasta Albania, donde los manifestantes están exigiendo la renuncia del primer ministro del país, Edi Rama. Las movilizaciones comenzaron con marchas de estudiantes universitarios y alumnos de secundaria, que denuncian el elevado costo de los estudios, el deterioro de las instalaciones educativas, la falta de ayudas económicas y las escasas oportunidades laborales tras la graduación. Sin embargo, las reivindicaciones evolucionaron hasta convertirse en un movimiento más amplio contra la corrupción y el Gobierno. 

Las protestas abordan cuestiones diferentes (la educación en Francia, la vivienda en Portugal). Y, si bien es cierto que las demandas no son tan uniformes como lo fueron, por ejemplo, en la oleada de manifestaciones contra la austeridad, en el fondo comparten características similares: un descontento ante los elevados niveles de desigualdad y la imposibilidad de acceder a derechos que antes se consideraban pilares de la ciudadanía, como la educación o la vivienda

Vicente Valentim — Profesor adjunto de Ciencias Políticas en IE University

El sábado, los asistentes arrojaron adoquines, cócteles molotov y artefactos pirotécnicos a los agentes, e incendiaron coches y papeleras, utilizándolos como barricadas en llamas para impedir el avance policial. La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos. Los disturbios se producen tras meses de protestas antigubernamentales en la nación balcánica, la llamada Revolución de los Flamencos, desencadenada inicialmente por un controvertido proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Entretanto, en Lisboa, los manifestantes instalaron un campamento de tiendas de campaña siguiendo la estela de las acampadas en España por el derecho a la vivienda, así como en la ciudad de Oporto. Cientos de personas se congregaron por la noche en la plaza del Rossio para denunciar la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible y las políticas del Gobierno conservador de Luís Montenegro. Lo hicieron tras una marcha que había reunido a miles de asistentes en todo el país para reclamar mejoras salariales y medidas contra el aumento del costo de la vida. Los acampados, en su mayoría jóvenes, decidieron mantener la ocupación de la plaza mientras no obtengan respuestas concretas a sus reivindicaciones.

“Las protestas abordan cuestiones diferentes (la educación en Francia, la vivienda en Portugal). Y, si bien es cierto que las demandas no son tan uniformes como lo fueron, por ejemplo, en la oleada de manifestaciones contra la austeridad, en el fondo comparten características similares: un descontento ante los elevados niveles de desigualdad y la imposibilidad de acceder a derechos que antes se consideraban pilares de la ciudadanía, como la educación o la vivienda”, dice a elDiario.es Vicente Valentim, profesor adjunto de Ciencias Políticas en IE University

El experto recuerda que, históricamente, fue frecuente que las protestas se propaguen en diferentes países. “Sin embargo, esto solo ocurre cuando las causas estructurales que las originan son similares. En algunos casos, la reivindicación es exactamente la misma. En otros, aunque la demanda concreta difiera, existe una insatisfacción subyacente común respecto a la capacidad de respuesta de los sistemas políticos, la desigualdad y el acceso a derechos fundamentales; es precisamente este trasfondo compartido lo que permite que dichas protestas se extiendan”, añade.

Discurso antimigración

A juicio de Valentim, es la derecha la que tiene “mucho que perder”. “El clima político actual en Europa se inclina claramente hacia la derecha; no obstante, resulta sorprendente lo desconectados que estuvieron los partidos de derecha ante esta situación”. Según su análisis, estas protestas “tienen el potencial de seguir produciéndose y de dominar el debate político durante muchos meses”. “A menos que la derecha rectifique su rumbo, tiene mucho que perder en el plano electoral”, concluye.

Pero, durante las últimas horas, el rumbo de buena parte de la derecha europea fue aprovechar la expansión de las protestas para colar el discurso antimigración. El canciller austriaco, Christian Stocker, señaló en la red social X que “lo que comenzó en Francia e Italia como protesta fue apropiada por vándalos violentos. Las manifestaciones dieron paso a violencia cruda, saqueos y destrucción intencionada”, para posteriormente vincular estas actuaciones “con la migración de los últimos años”. “Se trajeron a Europa actitudes y conflictos que no son los nuestros. Defenderemos de manera consecuente nuestra forma de vida. Quien no comparta nuestros valores no tiene cabida en Austria”, añadió. Stocker fue uno de los dirigentes europeos que colocó las políticas más duras contra la inmigración como eje de su Gobierno.

En la misma línea, con las imágenes del ayuntamiento de Limoges en llamas, el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, apuntaba en X que “ante esta destrucción sin sentido y esta violencia injustificada, quizá ahora todo el mundo comprenda por qué Hungría defiende el enfoque más estricto posible en materia migratoria y por qué no cederemos a ninguna presión para relajar la protección de nuestras fronteras ni nuestra política de inmigración”. Pese a que en el Consejo Europeo pasado no se aprobaron medidas para endurecer aún más las políticas contra la inmigración, Magyar subrayó: “Me alegra que la actual cumbre de la UE haya dejado claro que la inmensa mayoría de los países europeos abrieron los ojos y quieren romper con las políticas permisivas del pasado. Esperamos que no sea demasiado tarde”.

También el primer ministro polaco, Donald Tusk, aunque sin mencionar a Francia, publicó en X que “Polonia no repetirá los errores de otros países europeos, ni pagará por ellos”. “Defendemos con firmeza la frontera contra la migración ilegal, tenemos nuestra propia política de asilo (no aceptamos solicitudes), deportamos a quienes violan la ley polaca. En materia de seguridad seremos implacables. Esto es lo que les dije a los líderes de Europa en Bruselas”. Polonia fue uno de los países, junto a Dinamarca e Italia, que plantearon sin éxito una declaración enérgica contra la regularización llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la cumbre europea.

En España, la formación de ultraderecha Vox fue la que recogió la estrategia de relacionar la inmigración con los actos vandálicos en Francia. Isabel Pérez Moriño, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, señalaba en X: “Lo de Francia es el preludio de lo que ocurrirá en España si no frenamos la invasión este 29N. ¡Es la hora de la remigración masiva!”.

Mientras que el eurodiputado de ultraderecha, Hermann Tertsch, acusaba a la Comisión Europea de intentar “ocultar las acciones criminales de la ultraizquierda y las hordas africanas en toda Europa es el ejemplo más sórdido y perverso de desinformación que se da en este continente”, a pesar de que en la mayoría de los medios de comunicación se pudieron ver las imágenes de los destrozos. Los dirigentes de Vox estuvieron especialmente activos recogiendo imágenes de los sucesos violentos en Francia. Tanto que el líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, lanzó en redes unas imágenes falsas como si fueran hechos ocurridos en Francia, cuando realmente estaban creadas con inteligencia artificial.

“La derecha suele intentar centrar el debate en la inmigración porque eso los beneficia. Cuanto más se centre el debate en ese tema, más posibilidades tienen de ganar las elecciones. Por eso, cuando no pueden evitar otros temas, a veces intentan que esos temas también giren en torno a la inmigración”, dice Valentim.

“El grado de enojo aumenta en Francia”

Mientras tanto, Aitana, vecina de París, lleva participando en las movilizaciones desde el 17 de septiembre, cuando se produjo la primera protesta en un instituto de las afueras de la capital por “solidaridad” con las demandas de los estudiantes, entre ellas un aumento del presupuesto para la educación. Pero a la joven de 27 años también le mueve este malestar más amplio en el que convergen varias luchas. “El sábado me manifesté contra los 10 años de neoliberalismo de Macron y contra todo lo que supuso en términos de destrucción de los servicios públicos”, dice a elDiario.es. “La vida está carísima. Es imposible encontrar pisos a precios normales, asequibles. Es imposible hacer una compra por menos de 35 euros. Es imposible desplazarse porque el costo del transporte público es elevadísimo”.

Asegura que no vio tal nivel de intensidad en las movilizaciones desde que llegó al país en 2017 –poco después, estalló el movimiento de los ‘chalecos amarillos’–. “Las protestas del sábado fueron completamente inéditas, por la intensidad y por la determinación de los jóvenes, me sorprendió muchísimo”, afirma la joven, de origen español, que vive cerca de la Plaza de la República, epicentro de las protestas. “Es cierto que hubo daños. Mi barrio está destrozado, pero la mayoría de los manifestantes no cometen actos de vandalismo. El 99% de las personas que se manifestaron lo hicieron de manera pacífica y legítima. Y pienso que la situación la creó en parte el propio ministro del Interior, porque prohibió el recorrido inicial de la manifestación y lo cambió varias veces en los días previos, lo que también generó mucha confusión entre los manifestantes e hizo que desde el principio fuese un caos”.

La represión policial, con varios casos de adolescentes gravemente heridos desde que comenzaron las protestas, también alimentó la ira de muchos manifestantes. Este sábado, otro joven que participaba en una manifestación en la ciudad de Saint Étienne perdió una mano al explotarle una granada que, según algunas informaciones, recogió después de haberla lanzado la policía. Una chica de 17 años perdió un ojo en el marco de las protestas en la localidad de Mulhouse, una lesión que la Fiscalía encargó investigar a la Inspección General de la Policía Nacional. El número de detenciones fue notablemente alto.

La vida está carísima. Es imposible encontrar pisos a precios normales, asequibles. Es imposible hacer una compra por menos de 35 euros. Es imposible desplazarse porque el coste del transporte público es elevadísimo

Aitana — Manifestante y vecina de París, 27 años

“El Gobierno no hace más que avivar el fuego respondiendo con una represión policial que no hemos visto en años, también contra menores de 13, 14 y 15 años. Antes dejaban que la gente se manifestara y luego reprimían. Ahora, incluso antes de llegar a la manifestación, tiran pancartas a la basura, inspeccionan las mochilas y prohíben entrar directamente en la manifestación. Desde el minuto uno hubo maniobras de intimidación. A mí me identificaron por primera vez en mi vida porque me puse a grabar cuando estaban zurrando a un chico”, cuenta Aitana. “Esto genera mucho enfado. Y la represión es cada vez más dura, es toda la respuesta que tienen”, opina.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, estuvo bajo presión por la actuación policial. Este lunes, admitió que las fuerzas de seguridad “perdieron el control” en algunas grandes ciudades durante los disturbios y dijo que los efectivos policiales desplegados fueron insuficientes ante la magnitud de los saqueos y otros actos violentos registrados al margen de las manifestaciones. El presidente Emmanuel Macron ha rechazó su dimisión y le pidió que introduzca “nuevos métodos de actuación”, según el Elíseo.

“El grado de enojo aumenta año tras año y este verano, según algunos indicadores, superó la ansiedad como sentimiento dominante. El conflicto social a menudo comienza donde no se espera. Este es el caso de los estudiantes de secundaria que, sin embargo, expresan una profunda incomodidad (disminución de la salud mental, condiciones de trabajo, perspectivas de vida, etc.)”, dice a este medio Olivier Rouquan, profesor asociado del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Administrativas y Políticas (Cersa) de París. “El Estado es ineficaz frente a la violencia y se volvió débil para responder rápidamente a las expectativas específicas de los estudiantes de secundaria”.

En un contexto preelectoral, con las presidenciales en seis meses, desde el Gobierno y la presidencia culparon a la “ultraizquierda”, mientras la extrema derecha de Marine Le Pen se frota las manos, asegurando que son ellos los que representan “la Francia del orden”. El primer ministro, Sébastien Lecornu, compareció este lunes ante los medios tras una reunión de crisis y anunció la puesta en marcha de toques de queda “parciales”.

Las imágenes de Bally Bagayoko interponiéndose entre los manifestantes y las fuerzas del orden durante una protesta en París el 6 de octubre dieron la vuelta al mundo. El alcalde de Saint-Denis, miembro del partido Francia Insumisa (LFI), es uno de los políticos que más decididamente mostró su apoyo a los jóvenes movilizados estas últimas semanas en Francia, una postura que le valió el agradecimiento de muchos jóvenes y las críticas de varios partidos políticos.

Desde los primeros días de una movilización que precisamente surgió en la banlieue parisina, Bagayoko acudió al instituto Paul-Éluard de su ciudad para apoyar las reivindicaciones. “Es el deber de un representante político estar presente acá, […] como, por cierto, ya estuve en otras grandes movilizaciones en defensa del servicio público”, explicó entonces.

Desde hace semanas, los alumnos de secundaria de todo el país protestan sobre las deficiencias del sistema educativo: el estado de los edificios, de las aulas, las ausencias de profesores que no se sustituyen, los horarios poco adaptados a sus necesidades y la plataforma de selección para el acceso a la educación superior (Parcoursup), que ven como multiplicador de desigualdades.

A estas reivindicaciones iniciales se sumó la indignación por la respuesta policial, que dejó a varios adolescentes con heridas de gravedad (causadas, según los primeros indicios, por un lanzador de balas de defensa, la explosión de una granada aturdidora y un lanzagranadas de gas lacrimógeno).

Tras los incidentes violentos en las primeras manifestaciones, padres y profesores, así como algunos políticos locales y diputados, incluido Bagayoko, se sumaron y animaron a otros a hacer lo mismo para interponerse entre los jóvenes y los agentes, evitar situaciones de tensión y proteger a los adolescentes.

Desde entonces, el alcalde de Saint-Denis es recibido con ovaciones por los jóvenes (y fue felicitado también por la estrella de la NBA Victor Wembanyama) en las manifestaciones o en los bloqueos, aunque los estudiantes subrayan que su movimiento no tiene nada que ver con ningún partido. Y el propio Bagayoko dejó claro en varias ocasiones su voluntad de no desviar el debate “de las reivindicaciones de nuestra juventud”.

Una visión que no comparte el Gobierno francés, que denuncia una manipulación de los jóvenes por parte de LFI y de “la ultraizquierda”, a los que acusa de promover la violencia. El Ejecutivo hizo hincapié, desde un principio, en los actos violentos que se produjeron al margen de ciertas movilizaciones, que el ministro del Interior calificó de “violencias urbanas”.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, denunció en la red social X una “escalada irresponsable” por parte de los miembros de LFI, al “pedir ampliar” el movimiento de bloqueo de los institutos. El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, respondió acusando al Ejecutivo de haber “ordenado la represión” contra los estudiantes.

Bally Bagayoko también forma parte de los líderes señalados por las autoridades nacionales como “instigadores”. El prefecto de policía de París, Patrice Faure (dependiente del ministerio del Interior), presentó una denuncia contra él por “presuntos hechos de incitación a cometer un delito”. La presidenta de la región parisina, la conservadora Valerie Pécresse, declaró que “le enviará la factura de la puerta de entrada” del instituto Paul-Éluard, dañada por los manifestantes.

Para Bagayoko las fuerzas del orden “son las que cometieron actos de violencia”, según defendió hace unos días en el canal de noticias público Franceinfo. “Yo mismo fui rociado con gas lacrimógeno”, señaló, haciendo un llamamiento a la calma y pidiendo a las autoridades nacionales que hagan lo mismo. “Calmar también significa (…) dar instrucciones precisas a la policía nacional”, añadió.

Objetivo de medios de extrema derecha

Pese a este mensaje de calma, las cadenas de noticias de derecha y extrema derecha emiten en bucle imágenes de las represiones, de actos de vandalismo contra establecimientos escolares y de violencia contra policías y funcionarios de la educación pública. Y no dudan en vincular al alcalde de Saint-Denis y otros miembros de LFI con los actos de violencia, aunque ocurran en ciudades en los que no están presentes.

Bagayoko se convirtió en uno de los objetivos habituales de los ataques de estos medios desde su irrupción en la política nacional la pasada primavera. En las últimas municipales fue elegido con una contundente victoria en la primera vuelta y se convirtió en el primer alcalde de LFI en conquistar un ayuntamiento de más de 100.000 habitantes.

Su victoria fue recibida con una oleada de racismo, en particular en el principal canal de noticias conservador francés, CNEWS, propiedad del millonario Vincent Bolloré. Uno de los tertulianos de la cadena, Jean Doridot, creyó conveniente explicar a los espectadores que los homo sapiens son “mamíferos sociales”. “Pertenecemos a la familia de los grandes simios. Y, por lo tanto, en toda comunidad, en toda tribu —nuestros antepasados cazadores-recolectores vivían en tribus—, hay un líder cuya misión es imponer su autoridad”.

En la misma línea el filósofo Michel Onfray también decidió entrar en el ámbito de la antropología y las ciencias naturales para valorar la victoria de Bagayoko. Le atribuyó una actitud de “macho dominante” por haber pedido a sus ciudadanos “lealtad” para ejercer su nueva función. “Eso es algo muy tribal”, apuntó Onfray. “No estamos en una tribu primitiva, como las describe Darwin, en las que hay un macho dominante que decide ‘vos tendrás comida, vos no tendrás comida; yo me quedaré con las hembras, vos no tendrás hembras’”.

Las secuencias fueron denunciadas públicamente por los partidos políticos de izquierda y de centro. Francia Insumisa pidió la retirada de la licencia de emisión a CNews. El Gobierno además remitió el caso a la Fiscalía, que abrió dos investigaciones: una por “injurias públicas” de carácter racista y una segunda relativa al ciberacoso del que fue víctima Bagayoko en la red social X.

No hubo condena pública ni por parte de Los Republicanos ni por parte de la extrema derecha. CNews negó cualquier tinte racista en las intervenciones y trató de presentarse como víctima de intentos de censura. La polémica no impidió que el periodista Vincent Hervouet afirmara unas semanas después en el mismo canal que “Francia perdió Mali, pero nosotros tenemos a Bally Bagayoko, un alcalde maliense en Francia”.

Contra el racismo

Ante los ataques racistas de los que fue objeto desde su elección, Bagayoko mostró su voluntad de utilizar la atención y la indignación para hacer avanzar “la madre de todas las luchas: la lucha contra el racismo”. Apoyado por su partido y por una buena parte del mundo asociativo, reunió una gran manifestación contra el racismo en su ciudad a principios de abril.

Ya entonces quiso poner en el centro de la escena a “la juventud” local, al dar la palabra a estudiantes de secundaria y a jóvenes activistas. De hecho, desde su llegada a la alcaldía, Bagayoko repitió su voluntad de “abordar los problemas [sociales] desde el origen”, “acompañando a los jóvenes” y “luchando contra la exclusión escolar”, al tiempo que denunciaba la falta de la implicación de las autoridades regionales y nacionales, de las que dependen los presupuestos en la materia.

A pesar de la notoriedad de la que goza en Francia desde este año (y, en estas últimas semanas, a nivel internacional) Bagayoko no es un recién llegado a la política. Nacido en Levallois-Perret, en las afueras de París, en 1973, cuenta con un título de estudios superiores en Geopolítica obtenido en la Universidad París-VIII, ya llevaba años moviéndose en el ámbito asociativo cuando el alcalde comunista de Saint-Denis Patrick Braouezec (1991-2004) le propuso incorporarse al Ayuntamiento, donde ocupó el cargo de teniente de alcalde entre 2001 y 2020.

Durante ese periodo, en paralelo, obtuvo un puesto remunerado en la Administración Autónoma de Transportes Parisinos, una acumulación de cargos cuya legalidad pusieron en entredicho informaciones aparecidas en el diario Le Canard Enchâiné, que dieron pie a una investigación judicial.

Hace más o menos una década, sus relaciones con el PCF se deterioraron y Bagayoko comenzó a acercarse a LFI, que por entonces había iniciado un trabajo de implantación electoral en las banlieues, reclutando militantes antirracistas y dando un mayor protagonismo a la lucha contra la islamofobia, las denuncias de las violencias policiales y la falta de servicios públicos.

No obstante, Bagayoko no forma parte de la plana mayor del partido que rodea a Jean-Luc Mélenchon y reivindica una cierta independencia ante la dirección. Consciente de la importancia simbólica de una alcaldía como Saint-Denis, desde el ayuntamiento de este municipio espera hacer oír su voz en la campaña presidencial de 2027.

Una ola de protestas y bloqueos estudiantiles recorre Francia desde hace semanas. La revuelta de los alumnos de secundaria empezó el 17 de septiembre en un instituto de las afueras de París y se extendió como la pólvora a todo el país para reclamar mayores recursos para la educación y denunciar el deterioro de los centros escolares y la falta de profesores, especialmente en los barrios más desfavorecidos. El movimiento estudiantil en los liceos se ha coordinado con los universitarios y esta semana consiguió, de la mano con los sindicatos, sacar a decenas de miles de personas a las calles del país. Todo ello, mientras el gobierno apuesta por un controvertido plan para los presupuestos de 2027.

La represión policial, con cargas y lanzamiento de gases lacrimógenos, ha causado conmoción en el país, sobre todo a raíz de casos de adolescentes gravemente heridos tras intervenciones policiales (uno perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula). El Gobierno ha rechazado las críticas y se ha referido a estos episodios como “accidentes”, pero se ha visto forzado a suspender el uso de granadas ensordecedoras. Casi 200 estudiantes han resultado heridos durante las barricadas y piquetes montados –también cientos de policías y gendarmes–. Casi 6.900 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas estudiantiles, el 86% de ellos menores, según el Ministerio de Justicia.

elDiario.es ha hablado con cuatro universitarios que están participando en los bloqueos y las movilizaciones. Los cuatro, que usan un nombre ficticio porque prefieren mantener el anonimato, son estudiantes de Ciencias Políticas –grado y máster– en Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, a pocos kilómetros de París. Cuentan qué los ha impulsado a participar, cómo se organizan y su visión de la actuación policial y el futuro de las protestas. Estos son sus testimonios:

Pierre, 21 años 

Me involucré en las protestas para apoyar el movimiento estudiantil que comenzó en Val-de-Marne debido a la falta de recursos y a las condiciones de trabajo catastróficas (falta de sillas, mesas, profesores, directores...). Pero, en realidad, era consciente del problema del estado de la educación –desde infantil a la universidad– desde hacía mucho más tiempo. Mis propias experiencias me lo han demostrado: durante mi último curso de bachillerato, se derrumbó el techo de uno de nuestros edificios –por suerte, ocurrió en un momento en el que no había alumnos en clase–. Lo mismo ocurrió el año pasado en la escuela infantil de mi madre, que es maestra. 

También he asistido a varios centros de distintos entornos sociales a lo largo de mi vida. El instituto era el más humilde, y allí pude darme cuenta de que nuestras condiciones eran más duras que en otros centros más acomodados a los que asistí posteriormente. Profesores desbordados con demasiada frecuencia en aulas demasiado pequeñas para el número de alumnos. Faltaba material básico y las clases de música de tercero (equivalente a tercero de ESO) se cancelaron sin más durante todo el curso porque no había profesora. 

Lucho para que los jóvenes desfavorecidos puedan tener las mismas oportunidades que los demás y disfruten de condiciones, si no mejores, al menos iguales a las de todos los demás

Pierre — Estudiante de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 21 años

Las protestas engloban un gran número de reivindicaciones sobre el lamentable estado en que se encuentra la educación nacional. Se trata casi de un malestar generalizado por las condiciones, lo que, por otra parte, ha permitido que el movimiento haya cobrado tanta magnitud, con una gran variedad de sectores sociales manifestándose codo con codo. Las condiciones económicas de los estudiantes también se están deteriorando y amenazan con empeorar aún más con la supresión de las escasas ayudas estatales de las que disponemos (por ejemplo, la amenaza de congelación de las ayudas al alquiler).  

Sé que la meritocracia escolar no existe. Lucho para que los jóvenes desfavorecidos puedan tener las mismas oportunidades que los demás y disfruten de condiciones, si no mejores, al menos iguales a las de todos los demás. También me mueve la denuncia de la represión policial que se ha producido desde el inicio del movimiento. Sé hasta qué punto la policía es racista de forma sistémica en Francia. Lo he visto con mis propios ojos en numerosas ocasiones y de nuevo ahora.

Yo ya me había movilizado antes, desde el instituto, sobre todo en manifestaciones. Pero nunca en un bloqueo a esta escala. En nuestro movimiento no hay ningún líder, ni a nivel nacional ni en Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, donde estudiamos. Creamos grupos (WhatsApp, Instagram, Telegram) con quienes querían movilizarse. Después enviamos encuestas para acordar las horas de llegada. Algunos, entre los que me incluyo, nos encargamos de la organización práctica del bloqueo, es decir, localizar los contenedores de basura, las vallas metálicas… Un día de esta semana, una quincena de personas nos levantamos temprano para bloquear el campus a partir de las 7:00, antes de que llegaran los alumnos y los profesores. 

Cada uno puede tomar la palabra por turnos para debatir sobre nuestra movilización y hemos podido ir a hablar con la dirección con delegaciones que elegimos. La represión ha sido mucho menos violenta en nuestro centro gracias a los acuerdos de nuestro director con la policía (no intervenir contra nosotros si no cometíamos delitos directos), pero también porque casi todos somos blancos y eso hace que la violencia policial sea mucho menor. El lunes, fui con unos 15 compañeros a ayudar a los alumnos de secundaria a bloquear sus institutos. Llevábamos máscaras y suero fisiológico para los gases y ayudábamos a los estudiantes a anticiparse a los movimientos de la policía, así como a grabar en caso de detención y prevenir la violencia. 

No me sorprende la violencia policial, pero sigue impactándome mucho y provocándome una ira inmensa

Pierre — Estudiante de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 21 años

Por desgracia, eso no impidió que nos lanzaran gases a más de 400 metros del instituto, tras repetidas cargas policiales por toda la ciudad, ni que fuéramos testigos de la violenta detención de un menor (de unos 15 o 16 años). Dos agentes de la Brigada Anticriminalidad (de paisano), uno de ellos enmascarado —a pesar de que es ilegal—, le inmovilizaron la cabeza contra el suelo. Pude oír el ruido a unos diez metros; grabamos el final de la escena, así como la carga y el lanzamiento de gases por parte de los demás policías para alejarnos de la detención. Por no hablar de los numerosos golpes de porra propinados injustamente a los estudiantes de instituto en calles llenas de gas.

No me sorprende la violencia policial, pero sigue impactándome mucho y provocándome una ira inmensa. Eso me da fuerzas para seguir luchando para que esta injusticia deje de existir. No se conforman con la violencia física, sino que no dejan de provocarnos verbalmente, esperando una respuesta por nuestra parte para pasar a la violencia física. Y cada mañana, al levantarme para ir a la barricada con comida y agua en la mochila, y el número de una abogada escrito con rotulador en el brazo, voy tenso, sabiendo que con ellos puede pasar cualquier cosa.

La movilización nacional de esta semana tuvo un carácter bastante festivo, con muchísima gente: jóvenes, pero también padres de alumnos, profesores y algunos auxiliares. Por la mañana participé en una marcha en París. Muchos coches y todos los autobuses nos tocaban el claxon para apoyarnos. Había música, cánticos y consignas todo el tiempo, y bastante gente asomada a las ventanas para aplaudir o dar botellas de agua a los manifestantes. La movilización fue un gran éxito. La presencia policial fue enorme: nunca había visto tantos agentes. Empezaron a lanzar gases lacrimógenos muy pronto y a cargar contra la gente. Algunos amigos describieron escenas casi de guerra civil en la plaza de la República, con policías agrediendo a gente sentada pacíficamente. Vi pasar al alcalde de Saint-Denis corriendo para llegar hasta allí e intentar interponerse entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Le lanzaron gas lacrimógeno y la imagen dio la vuelta al mundo.

Queremos continuar con la movilización hasta que nuestras reivindicaciones sean realmente escuchadas, pero sobre todo hasta el 17 de octubre, cuando otros colectivos profesionales podrían unirse a nosotros. Para ello, habrá que seguir bloqueando tanto físicamente como virtualmente (poniendo música a todo volumen en las clases por videoconferencia que contribuyen a romper la huelga), pero también ayudando a los alumnos de secundaria y manifestándonos.

Ninon, 22 años

Me he sumado a los alumnos de los institutos porque es la continuación de la indignación estudiantil y, en un sentido más amplio, de las clases populares. Que el Gobierno congele las ayudas para el alquiler y suprima puestos de trabajo mientras el Estado concede ventajas fiscales a los multimillonarios es una locura. Los vídeos de violencia policial, en particular, me han llevado a apoyar aún más los bloqueos.

Ya he participado en muchas movilizaciones, sobre todo por Palestina, el clima y las pensiones, pero este movimiento está alcanzando una magnitud sin precedentes desde los 'chalecos amarillos'

Ninon — Estudiante de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 22 años

Llevo varios años movilizándome, pero, en el fondo, fue mi madre quien me inició en esto. Ya he participado en muchas movilizaciones, sobre todo por Palestina, el clima y las pensiones, pero este movimiento está alcanzando una magnitud sin precedentes desde los 'chalecos amarillos'.

La represión también es extremadamente violenta. Durante una manifestación, en la plaza de la Nación, nos lanzaron gases lacrimógenos y una granada de dispersión; también vimos desde lejos golpes con porras claramente injustificados. La movilización había transcurrido muy bien hasta entonces. 

Louise, 21 años

Me he sumado a este movimiento porque estoy a favor de una revolución antisistema. Como anarquista, critico la base estatal y el poder en general en nuestras sociedades. La revuelta de los estudiantes de secundaria plantea reivindicaciones justas y necesarias; y la represión policial (que ya conocemos demasiado bien desde hace años en las diversas revueltas populares) es inaceptable. La brutalidad contra niños, la pérdida de un ojo, la amputación de una mano o incluso el estrangulamiento resultan indignantes en una sociedad que defiende los valores de los derechos humanos y la “libertad”. Fue, sobre todo, la violencia sistémica de la policía lo que me llevó a unirme al movimiento. Los vídeos que circulan me entristecen, pero, sobre todo, me llenan de una rabia que me parece legítima y necesaria.

Estamos hablando de niños que, a menudo por primera vez, se enfrentan a la policía en una manifestación y son rociados con gas lacrimógeno y golpeados con porras

Louise — Estudiante de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 21 años

Ya he participado en varias luchas, pero lo que diferencia a esta es la enorme e injustificada represión estatal. Estamos hablando de niños que, a menudo por primera vez, se enfrentan a la policía en una manifestación y son rociados con gas lacrimógeno y golpeados con porras. El retroceso de nuestra sociedad, que venimos observando desde hace unos diez años, ha alcanzado un nivel nunca antes visto.

En Sciences Po Saint-Germain-en-Laye intentamos organizarnos en grupos de debate antes de llevar a cabo nuestros bloqueos con barricadas y pancartas. Nuestra primera movilización comenzó con un primer intento de represión policial que nos obligó a retirar las barricadas. La segunda fue mucho más pacífica.

La manifestación nacional del 6 de octubre fue violenta en París. Me encontraba al principio de la marcha. Lo primero que me sobresaltó fueron los ruidos de las granadas. Además, como la mayoría de los manifestantes son alumnos de instituto, a menudo es su primera manifestación. Así que, cuando sonaban las granadas o la policía cargaba, su primera reacción era echar a correr, lo que provocaba movimientos de multitudes. Eso fue sobre todo lo que me asustó. Pero ahora que los estudiantes de secundaria empiezan a convertirse en revolucionarios curtidos que se informan sobre la lucha y los medios para luchar, empiezo a ser cada vez más optimista sobre el futuro de nuestras reivindicaciones.

Thomas, 20 años

Tengo razones ideológicas y materiales para solidarizarme con los jóvenes. Si todas las universidades e institutos del país, o su mayoría, se movilizan, la policía deberá dividirse y será menos capaz de reprimir. También creo en cada movimiento social de masas. Cada uno de ellos puede hacer surgir una politización y organización más grande dentro de la juventud, que ya no está tan organizada como antes. 

Estoy acostumbrado a organizar manifestaciones y bloqueos. Ya lo hice en la universidad hace tres años en respuesta al genocidio contra los palestinos. Este bloqueo fue un momento decisivo en mi militancia, pero también fue un fracaso. Se levantó cuando la administración de la universidad decidió llamar a la policía. Esta vez, la gente está más decidida y no tiene miedo a la policía, a pesar de las imágenes horribles de la represión de los más jóvenes, y también la administración está más dispuesta a negociar. Pero nosotros, al ser de una universidad considerada de “élite” en una ciudad burguesa y blanca, no hemos vivido la represión policial que hemos visto en los vídeos. 

Una alianza entre los trabajadores y los jóvenes en un movimiento de masas sería un buen instrumento de presión. Macron se debe ir

Thomas — Estudiante de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, 20 años

Mi reivindicación es simple: el régimen de Macron tiene que terminar. Él representa lo peor de la Quinta República y del neoliberalismo en Francia. Queremos que pare la represión, que haya dinero para los institutos de las zonas pobres, los servicios públicos, los sueldos, las pensiones y la sanidad. 

En cuanto a cómo funcionamos, tenemos un sindicato, que es un buen instrumento, pero quisimos crear una forma de organización ad hoc para no fagocitar el movimiento, sino ayudar y aprender de él. Nos hemos organizado en un grupo de WhatsApp y hemos hablado con nuestros amigos y compañeros. 

La manifestación del pasado martes me decepcionó: no se sentía la misma rabia que en otras, como las protestas contra la reforma de las pensiones, por ejemplo. No hubo contenedores incendiados, por ejemplo, fue más pacífica, y no tuvo el resultado esperado.

Por ahora, continuaremos bloqueando lo máximo que podamos. Esperamos que los sindicatos se unan. Tengo mucha fe en la manifestación del 17 de octubre, porque debería juntar a muchos sectores, incluyendo a una parte de los agricultores. Una alianza entre los trabajadores y los jóvenes en un movimiento de masas sería un buen instrumento de presión. Macron se debe ir.

Trabajadores del sector de ciencia y tecnología se movilizan este miércoles desde las 10 al Polo Científico, en rechazo a 379 despidos en el CONICET y 60 cesantías en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La protesta apunta a frenar la salida de becarios posdoctorales cuyos vínculos con el organismo terminan a fin de mes y a denunciar el deterioro de áreas estratégicas del sistema científico argentino.

El reclamo está dirigido al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al presidente del CONICET, Daniel Salamone; y al Directorio del organismo, que se reúne este miércoles. Los trabajadores piden que se habiliten prórrogas para las becas posdoctorales y advierten que, sin esa decisión administrativa y presupuestaria, cientos de investigadores quedarán fuera del sistema.

La movilización vuelve a poner en primer plano la crisis del empleo científico. No se trata sólo de contratos que vencen: detrás de cada beca hay años de formación, equipos de trabajo, proyectos en marcha y líneas de investigación que pueden quedar interrumpidas. En el caso de los becarios posdoctorales, se trata de trabajadores con una trayectoria extensa dentro del organismo, en muchos casos con alrededor de ocho años de antigüedad entre formación doctoral y posdoctoral.

Según los trabajadores, sostener las 379 líneas de investigación afectadas requeriría una partida presupuestaria adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. En términos del presupuesto nacional, plantean, es una suma menor frente al costo de perder investigadores formados durante años con recursos públicos.

La protesta coincide además con el conflicto abierto en la CNEA, donde se denuncian 60 despidos. El organismo atraviesa desde hace semanas reclamos sindicales, medidas de fuerza y cuestionamientos internos por cesantías en áreas sensibles. Para los gremios, el recorte en ciencia y tecnología no sólo afecta puestos de trabajo, sino capacidades estratégicas del Estado.

El caso del CONICET tiene una particularidad: los despidos no aparecen como una ola clásica de telegramas, sino como interrupción de carreras científicas por falta de prórroga. Esa forma vuelve menos visible el recorte, pero no reduce su impacto. Los investigadores pierden continuidad laboral y los equipos pierden personas ya formadas, con conocimiento específico y trabajo acumulado.

Puerto Madryn aparece como uno de los ejemplos más concretos. En el CONICET-CENPAT, tres investigadores en formación quedan sin trabajo este viernes 31 de julio. La ciudad tiene una fuerte presencia científica en relación con su población y concentra investigaciones vinculadas al territorio patagónico, el mar, la biodiversidad y el estudio de las ballenas en Península Valdés.

Ese ejemplo muestra que el ajuste no afecta sólo a laboratorios porteños o a estructuras administrativas. Cuando se corta una carrera científica en lugares como Puerto Madryn, también se debilita la capacidad de producir conocimiento sobre ecosistemas, recursos naturales y problemas locales que no pueden investigarse desde cualquier parte.

Los trabajadores denuncian que no reciben respuestas suficientes de las autoridades. “Prórrogas ya” es la consigna central de la movilización convocada por ATE CONICET Capital y colectivos de ingresantes autoconvocados. La demanda busca evitar que el Directorio deje caer los vínculos sin abrir una salida transitoria para quienes ya forman parte del sistema.

El conflicto se inscribe en una política más amplia de ajuste sobre el empleo público y los organismos científicos. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los trabajadores del sector denuncian caída presupuestaria, paralización de ingresos, pérdida salarial, despidos y desfinanciamiento de institutos, proyectos y áreas técnicas.

En ciencia, el ajuste tiene un efecto particular: no sólo reduce personal en el presente, sino que puede desarmar capacidades futuras. La formación de un investigador lleva años. Implica becas, dirección académica, equipamiento, publicaciones, trabajo de campo, laboratorios, redes de cooperación y especialización técnica. Cuando ese recorrido se interrumpe, el Estado pierde más que un puesto: pierde inversión acumulada.

La situación también golpea sobre una generación de jóvenes científicos que ya completó estudios de grado, doctorado y posdoctorado, pero encuentra cerrada la posibilidad de continuidad laboral. Para muchos de ellos, la alternativa puede ser abandonar la investigación, migrar al sector privado, cambiar de actividad o buscar oportunidades en el exterior.

Los gremios advierten que ese proceso implica una nueva fuga de capacidades. La ciencia argentina no se vacía sólo cuando se cierran institutos; también se vacía cuando investigadores formados durante años quedan sin lugar en el sistema que los formó.

La movilización al Polo Científico busca presionar antes de que se concrete el vencimiento de las becas. El pedido inmediato es administrativo y presupuestario: prorrogar los vínculos para evitar que 379 trabajadores queden afuera a fin de mes. Pero el reclamo de fondo es más amplio: sostener el empleo científico, garantizar continuidad de líneas de investigación y frenar el deterioro de organismos estratégicos como CONICET y CNEA.

JJD

Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario paran hoy durante las tres últimas horas de atención al público, en una protesta por el cierre de servicios, la reducción de puestos de trabajo y los despidos denunciados por La Bancaria. El conflicto pone en juego empleos bancarios, sucursales y funciones con impacto en distintas regiones del país.

La medida de fuerza alcanza al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario a nivel nacional. El sindicato que conduce Sergio Palazzo convocó el cese de actividades en rechazo a “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas por las autoridades de ambas entidades. El gremio ya había realizado una protesta el 27 de abril en los tesoros regionales del BCRA y llevó el reclamo a la Secretaría de Trabajo.

En el Banco Central, La Bancaria cuestiona la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que funcionan en el país. Según el comunicado del sindicato, esa decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. Para los bancarios afectados, el cierre de tesorerías regionales implica menos empleo, menos presencia operativa y más incertidumbre laboral en el interior del país.

Las tesorerías regionales cumplen funciones vinculadas con la circulación, distribución y control del dinero físico en distintas zonas del país. El sindicato afirma que su cierre representa un “vaciamiento de funciones esenciales” y advierte que la reducción afectará economías regionales con impacto social. La medida no queda limitada a la estructura interna del BCRA: alcanza a trabajadores, tareas especializadas y servicios que conectan al organismo monetario con distintas provincias.

“Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación”, dijo La Bancaria en el comunicado.

El sindicato también denunció un deterioro laboral en el Banco Hipotecario. Allí, el reclamo apunta al “cierre sistemático de sucursales” y a la “ejecución de despidos injustificados” en todo el país. La organización rechazó cualquier política de achicamiento que derive en pérdida de puestos de trabajo. En el Hipotecario, la protesta se concentra en la estabilidad de los empleados y en la continuidad de oficinas de atención territorial.

La Bancaria ratificó que mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país. También advirtió que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado no precisó qué servicios quedarán afectados más allá de la interrupción prevista durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades.

El conflicto bancario se suma a una agenda laboral marcada por reclamos contra despidos, cierres de áreas y reducción de presencia estatal. El sindicato busca impedir que el achicamiento en dependencias públicas y entidades financieras derive en pérdida de empleo y degradación de las condiciones de trabajo. La protesta de hoy apunta a frenar decisiones que, según el gremio, trasladan el costo del ajuste sobre trabajadores y trabajadoras.

JJD

El país atraviesa una escalada persistente de conflictos sociales y laborales como respuesta a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de quienes trabajan. En un contexto de ajuste, congelamiento salarial y desregulación, diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales comienzan hoy una nueva etapa de movilizaciones, con epicentro en el Congreso Nacional, donde se debate el proyecto oficial de reforma laboral.

La protesta arranca a las 17 horas con una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso y continuará con una radio abierta en la vía pública. Participan sindicatos de base, movimientos piqueteros, agrupaciones de jubilados y representantes de medios de comunicación que presentarán un petitorio para preservar el Estatuto del Periodista Profesional, amenazado por la reforma.

El plan de lucha fue votado durante el fin de semana en distintos plenarios obreros y piqueteros. La articulación incluye a trabajadores despedidos de Lustramax, la Mesa Coordinadora del Norte del Conurbano, la UTEP y sindicatos como UOM, Bancarios y ambas CTA. Las organizaciones impulsan un paro nacional activo el día que se trate la reforma en la Cámara alta.

Caída del salario y conflicto abierto

La protesta se da en paralelo a un deterioro salarial extendido. Entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados subieron 25,6%, frente a una inflación del 27,9%, según datos del Indec. La caída real supera los 2 puntos porcentuales en promedio y golpea con más fuerza al empleo público nacional, donde el alza fue apenas del 19%.

En sectores como el transporte, la pérdida es mucho mayor. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída real del 61,87% en dos años, con salarios congelados y sin reapertura paritaria. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está devaluado y no alcanza para lo básico”, denunció Esteban Simonetta, delegado gremial.

Frente a este panorama, cada vez más trabajadores abandonan actividades formales para buscar ingresos en la informalidad o en plataformas digitales, según advierten desde los sindicatos.

Una reforma en debate y resistencias

El Congreso sesiona en período extraordinario hasta el 27 de febrero, y la reforma laboral es uno de los proyectos centrales. El texto enviado por el Ejecutivo plantea cambios en la jornada de trabajo, la modalidad de contratación, las indemnizaciones y el régimen de sanciones.

Uno de los puntos más cuestionados es la figura del “banco de horas”, que permitiría a las empresas modificar unilateralmente los tiempos de trabajo sin pagar horas extra. “Ese esquema lo decide el patrón, no el trabajador. Es inconstitucional y elimina toda previsibilidad”, advirtió Jorge Sola, cosecretario de la CGT.

En la misma línea, el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra, sostuvo que se trata de una “modernización al servicio de los empresarios” y llamó a salir a la calle: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya demostraron que pueden votar en contra de los trabajadores”.

Golpe a provincias y estatuto del periodista

Otro eje de conflicto es la modificación del impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto. Los gobernadores peronistas y aliados se reúnen hoy en CABA para evaluar su impacto, ya que la rebaja implicaría una caída en la coparticipación nacional y, por ende, en los recursos provinciales.

En simultáneo, se presentará en el Congreso un petitorio firmado por periodistas de diversas orientaciones políticas que rechazan la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional. Denuncian que la iniciativa oficial implica una derogación encubierta del régimen laboral específico del sector.

Los plenarios preparatorios se realizaron en Lomas de Zamora, Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con participación de delegados, activistas y referentes políticos como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo. La exigencia común fue clara: parar el país el día que se trate la ley y rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

El conflicto de Lustramax, donde la empresa despidió sin telegrama a 24 trabajadores –incluidos dos delegados gremiales– y desconoció la conciliación obligatoria, se convirtió en caso testigo de la ofensiva antiobrera. “No vamos a esperar pasivamente. Este conflicto busca sentar un precedente contra la organización sindical”, advirtió Leandro Gómez, delegado de la planta de Tortuguitas.

JJD

Los iraníes muertos en las protestas que sacudieron el país en enero han sido despedidos en funerales multitudinarios y festivos, acompañados de música pop y bailes, en lo que parece ser un mensaje deliberado de desafío al régimen islámico que gobierna Irán.

En vez de las ceremonias fúnebres tradicionales y sombrías, oficiadas por un clérigo chií, los allegados están transformando los entierros en celebraciones exultantes de la vida de sus seres queridos, en lo que los analistas interpretan como un desaire deliberado a la cultura de la piedad que impone la teocracia iraní.

En muchos casos, los funerales solo pudieron celebrarse después de que las familias se vieran obligadas a pagar grandes sumas de dinero para recuperar los cuerpos de los depósitos oficiales.

Según distintas informaciones, las autoridades solo entregaban los cadáveres después de obligar a los allegados a firmar declaraciones en las que se afirmaba que los fallecidos pertenecían a la Basij, una milicia progubernamental. Esta práctica busca reforzar la narrativa oficial que presenta a los manifestantes como “terroristas” que atacaron a las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, inflar el número de víctimas en las filas del régimen.

Algunos cálculos estiman que 30.000 personas han muerto en las manifestaciones que estallaron a finales de diciembre y se extendieron por todo el país. Otras estimaciones son aún más elevadas.

“La alegría es un poderoso mensaje político”

Sociólogos iraníes afirman que el ambiente de los funerales de los fallecidos transmite un mensaje de rebelión frente a la represión letal.

“Muchos de quienes hoy despiden a sus seres queridos no quieren que su dolor conserve ningún rastro del luto religioso que es emblemático de la subcultura compartida por quienes los mataron”, explica Hosein Ghazian, analista iraní afincado en Estados Unidos. “En lugar de expresar el duelo de forma abierta, optan por mostrar alegría. Una alegría que transmite un poderoso mensaje político: la perseverancia en la lucha contra opresores sanguinarios”.

Las redes sociales han difundido imágenes de varios funerales. En lugar de un duelo manifiesto, los videos muestran escenas eufóricas, en las que se ve a mujeres sin el velo islámico tradicional gritando y bailando al son de canciones populares que suenan a todo volumen en equipos de música.

Las familias que perdieron a sus seres queridos señalan que decidieron organizar eventos vibrantes para capturar el espíritu con el que había vivido la persona fallecida.

Los familiares de Milad, de 17 años, bailaron al son de su canción favorita, Ghaf, una balada romántica de Alireza Talischi, después de que falleciera a causa de las heridas sufridas cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra una protesta en el barrio de Naziabad, en Teherán, el 8 de enero. Las autoridades exigieron inicialmente el equivalente a 5.700 euros para devolver su cuerpo, según denunciaron. No está claro cuánto pagó finalmente la familia.

“Hicieron lo que Milad habría querido”, contó su hermano mayor, Reza, que vive en Tallin, Estonia. “Bailaron entre lágrimas en el entierro. Incluso en el duelo celebraron la intensidad de su vida”.

Shaghayegh, de 21 años, describe circunstancias similares en torno al funeral de su primo de 19 años, que murió tiroteado en una protesta en Narmak, un barrio del norte de la capital.

“Ni siquiera puedo decirte cuánto dinero pagamos, pero solo queríamos recuperarlo”, explica. “Cuando su cuerpo finalmente llegó a casa, la familia se preparó como si fuera una boda. Se instalaron altavoces en la casa. Grandes carpas llenaron el garaje. Los miembros de la familia cocinaron juntos, como lo harían para una celebración. La única diferencia era que ninguno de nosotros reía. Celebrábamos su vida, lo que significaba para nosotros, lo que podría haber aportado al mundo”.

El baile es una parte importante de la cultura iraní, pero generalmente se limita a eventos cerrados, como fiestas privadas y bodas, debido a las restricciones religiosas impuestas por el régimen.

Por el contrario, muchos de los funerales eufóricos que se muestran en las redes sociales tienen lugar al aire libre, en un ambiente que parece desafiar abiertamente las costumbres conservadoras que el régimen insiste en mantener.

Las escenas de mujeres bailando y cantando en público también pueden interpretarse como un rechazo de los principios básicos de la República Islámica, que prohíben el baile y el canto femenino por considerarlos haram (prohibidos según las normas islámicas).

Música y danza frente a la cultura estatal

Saeed Paivandi, sociólogo de la Universidad de Lorena en Francia, señala que los funerales iraníes sin simbolismo islámico tradicional representan “la resistencia contra el Gobierno teocrático que quiere imponer normas religiosas a toda la sociedad iraní y en diversos ámbitos de la vida de las personas”.

También indica que, en los movimientos de protesta, las ceremonias de duelo por las víctimas de la represión gubernamental se han convertido en un espacio para desafiar las normas religiosas y estatales.

“Lo que parece muy significativo desde el punto de vista simbólico es el uso de la música y la danza, que se consideran antivalores en la cultura estatal. La sustitución del llanto y los lamentos, considerados un valor fundamental, por una especie de alegría amarga es otro elemento significativo de esta transformación cultural. Quieren decirle al Gobierno que no lloramos por los mártires de la libertad, sino que ellos eligieron el camino correcto y son un motivo de orgullo para nosotros”, señala.

Estos funerales podrían haberse inspirado en el testimonio de Majidreza Rahnavard, ejecutado en 2022 a los 23 años, tras ser acusado de apuñalar a dos miembros de la Basij durante las protestas conocidas como 'Mujer, Vida, Libertad'.

Tras su muerte, aparecieron imágenes de Rahnavard momentos antes de su ejecución, en las que decía: “No quiero que nadie llore sobre mi tumba. No quiero que lean el Corán ni recen. Solo celebren y pongan música festiva”.

Desde entonces, los opositores al régimen han ensalzado a Rahnavard como un héroe popular y han invocado sus palabras como un legado a imitar.

El día 23 se vivió una movilización histórica en Minneapolis. Una huelga y una gran manifestación exhibieron el rechazo en Minnesota a las políticas migratorias de Donald Trump. Aquel día miles de personas protestaron contra el terror del ICE y el asesinato de Renee Good, cometido por un agente federal el 7 de enero.

Pero al día siguiente, el 24 de enero, se produjo el asesinato de Alex Pretti, a manos de agentes federales de fronteras.

La reacción de la ciudadanía en Minneapolis y en otras muchas ciudades de EE.UU. ha ido conformando una convocatoria, la de este viernes, en la que miles de personas en diversas ciudades del país han salido a la calle contra los asesinatos cometidos por los agentes federales y contra la represión migratoria de la Administración Trump.

En Minneapolis miles de personas se han congregado en la Government Plaza, para luego discurrir por el centro de la ciudad y culminar con un concierto de Bruce Springsteen, junto a Tom Morello, en la sala First Avenue, donde ha estrenado su canción 'Streets of Minneapolis' en directo.

En Los Ángeles, ciudad donde primero desembarcó la represión de Trump y el despliegue hasta de marines, también han salido miles de personas a la calle en solidaridad con Minneapolis.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó este viernes un proyecto de ley que busca prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los policías del estado, informa EFE. Hochul propuso la iniciativa 'Policías Locales, Delitos Locales' para impedir que los agentes federales de inmigración utilicen a los efectivos estatales en la aplicación de la política migratoria del presidente, Donald Trump.

Esta norma, si se aprueba, vetará también al ICE el uso de centros de detención locales para llevar a cabo operaciones masivas contra la población del estado.

Según la gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en “mantener la seguridad de los neoyorquinos, en lugar de hacer el trabajo del ICE”.

Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros estados cancelaron las clases de forma preventiva ante la previsión de ausencias masivas. Se planificaron numerosas manifestaciones para que estudiantes y otras personas se reunieran en centros urbanos, capitolios estatales e iglesias de todo el país, informa AP.

En Michigan, decenas de estudiantes abandonaron las clases el viernes por la mañana en la escuela secundaria Groves High School en Birmingham, al norte de Detroit. Los estudiantes desafiaron las temperaturas bajo cero y caminaron aproximadamente un kilómetro y medio hasta el distrito comercial más cercano, donde varios conductores les mostraron su apoyo tocando la bocina.

En Maine, donde la senadora republicana Susan Collins anunció que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) pondría fin a su operativo, varias personas se congregaron frente a una iglesia en Portland el viernes por la mañana, portando pancartas con el lema “No ICE for ME”, un juego de palabras con el código postal del estado.

En Livingston (Montana), por otro lado, vecinos y estudiantes han organizado también protestas contra el ICE y el autoritarismo de la Administración Trump.

“¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, preguntaba uno de los carteles que levantaron este miércoles los reporteros gráficos frente al Ministerio de Seguridad, mientras adentro la ministra Patricia Bullrich se preparaba para recibir a su par chileno para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Afuera, en silencio, con fotografías en alto y consignas escritas en blanco y negro, una multitud de trabajadores y trabajadoras de prensa marchó para denunciar el hostigamiento, las agresiones físicas y las detenciones arbitrarias que se repiten cada semana en el marco de las manifestaciones callejeras. “No hay democracia sin libertad de expresión”, dice el comunicado conjunto de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

Desde que el gobierno de Javier Milei asumió el poder, la violencia contra la prensa en el espacio público se intensificó. El protocolo antipiquetes reimplementado por Bullrich, declarado inconstitucional por diversos organismos, sentó las bases para una represión sistemática que se extiende incluso a quienes solo registran los hechos.

Las agresiones se multiplican: los fotógrafos son gaseados, golpeados, apuntados con armas no letales mal utilizadas —que se vuelven letales— y, en algunos casos, arrestados sin justificación. En especial, los miércoles, día habitual de movilización de agrupaciones de jubilados, los operativos de seguridad desembocan en episodios de violencia descontrolada.

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de Gendarmería Nacional. El cartucho lo alcanzó en la cabeza. Desde entonces, Grillo transita una lenta y dolorosa recuperación tras múltiples intervenciones quirúrgicas. Ese mismo día, Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, perdió la visión de un ojo luego de que un agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martínez, le disparara a solo tres metros con un rifle Byrna, apuntando directamente a su cara.

Estos casos se suman al de Matías Aufieri, abogado en causas por derechos humanos y asesor del Frente de Izquierda, quien en junio de 2024 perdió un ojo en una protesta frente al Congreso. En aquella jornada, efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad ingresaron en moto a la Plaza del Congreso y dispararon contra manifestantes y trabajadores de prensa. Luego, las detenciones arbitrarias completaron el operativo.

Lejos de ser hechos aislados, los ataques parecen obedecer a un patrón sostenido en el tiempo. El Mapa de la Policía, una herramienta de monitoreo ciudadano, fue clave para identificar a los agresores en los casos de Grillo y Navarro, lo que muestra la importancia de los registros audiovisuales que justamente los reporteros gráficos buscan garantizar.

“Expresión sin represión”, “Y a vos, ¿por qué te reprimen?”, “No hay democracia sin libertad de expresión”: las consignas de la protesta no apelaron al grito sino a la imagen. Fue la fotografía, la misma que incomoda al poder, la herramienta elegida para visibilizar la violencia de Estado. Porque no se trata solo de fotógrafos heridos: se trata del derecho a informar, del derecho de la ciudadanía a estar informada, y de un Gobierno que ve en ese derecho una amenaza.

El comunicado de Argra y Sipreba: “No hay democracia sin libertad de expresión”

Esta tarde, trabajadores y trabajadoras de prensa, reporteros graficos de aRGra, SiPreBA e independientes marcharon en silencio frente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para reclamar por las sucesivas y violentas represiones en las que son sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados al cuerpo con armas que se vuelven letales, y hasta arrestados sin motivo alguno más que el de querer realizar su trabajo, que es, básicamente, el derecho a informar.

Las y los trabajadores de prensa se movilizaron con fotografías que aluden a la represión y consignas como “Expresión sin Represión”, “Y a vos, ¿porqué te reprimen?” “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, que levantaron a su paso por la cartera de Seguridad.

En el momento de la protesta se estaba por desarrollar una conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich, quien recibió al Ministro del Interior de la República de Chile, para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Ante el desconcierto de la protesta por parte de la ministra, la misma fue demorada.

La violencia estatal comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, con el protocolo antipiquetes, que es anticonstitucional, nuevamente implementado por la Ministra de Seguridad. Desde los debates por la Ley Ómnibus, a los miércoles en los que concentran las agrupaciones de jubilados - quienes también son reprimidos brutalmente cada semana-, las agresiones de las fuerzas de seguridad son sistemáticas.

El punto más álgido de la represión se dio el 12 de marzo pasado, con el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de la Gendarmería Nacional, durante una multitudinaria marcha de jubilados que contó con el apoyo de las hinchadas de clubes de fútbol. El agente utilizó su arma de manera irregular, apuntando a la multitud, y el cartucho impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, quien luego de varias operaciones sigue en un lento proceso de recuperación. Pero Grillo no fue el único herido durante aquella jornada. También perdió la visión el hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien recibió un disparo antirreglamentario. El martes pasado, gracias al trabajo del Mapa de la Policía – que también aportó a la identificación del autor del disparo a Grillo- se identificó al agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martinez, quien disparó su rifle Byrna a tan solo tres metros de Navarro, apuntado a la cara del manifestante.

Ya un año atrás, el 12 de junio de 2024, Matías Aufieri había sido el primer herido de gravedad. Aufieri, asesor del bloque del Frente de Izquierda y abogado en causas por DD.HH, participaba de las protestas en el Congreso en rechazo a la Ley Ómnibus y, así como Navarro, recibió un disparo en su rostro que le ocasionó la pérdida de un ojo. En esta ocasión, el modus operandi fue orquestado por las divisiones motorizadas de la Policía Federal y de la Ciudad, quienes subieron con sus motocicletas a la Plaza del Congreso, disparando a mansalva a manifestantes y trabajadores de prensa. Luego procedieron a detenciones arbitrarias. Una cacería que se repite con asiduidad en las diversas manifestaciones, sobre todo durante los miércoles, cuando marchan los jubilados.

A pesar de los sucesivos actos de violencia y represión estatal, por parte de las Fuerzas de Seguridad al mando de Bullrich como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de la Ciudad, la represión, la violencia y el ataque sistemático y constante a fotoperiodistas, camarógrafos y prensa en general son parte de una decisión política de un Gobierno que ve en la libertad de prensa una amenaza. Un ataque que no cesa.

JJD

Los enfrentamientos contra las redadas masivas de los agentes antimigración se recrudecen en el condado Los Ángeles mientras Donald Trump decide enviar a la Guardia Nacional y amenaza con intervenir en la ciudad y el estado de California. “Si el gobernador de California, Gavin Newscum [juego de palabras peyorativo que mezcla el apellido real ‘Newsom’ con scum (escoria)], y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo —y todo el mundo sabe que no pueden—, el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y los saqueadores como debe resolverse”, dijo Trump en sus redes sociales.

“En los últimos días, turbas violentas atacaron a agentes de ICE y a funcionarios federales encargados de llevar a cabo operaciones de deportación en Los Ángeles, California”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado: “Ante esta violencia, los ineficaces líderes demócratas de California han abdicado por completo de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Por eso el presidente Trump firmó un memorando presidencial para desplegar a 2.000 miembros de la Guardia Nacional con el fin de hacer frente a la ilegalidad que se ha permitido que prospere. La Administración Trump mantiene una política de tolerancia cero frente al comportamiento delictivo y la violencia, especialmente cuando esta se dirige contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Estos criminales serán arrestados y llevados rápidamente ante la justicia. El comandante en jefe se asegurará de que las leyes de EE.UU. se apliquen de forma plena y completa”.

En las fotografías y en las imágenes de televisión y redes sociales se ven gases lacrimógenos y humo por las calles del sur de Los Ángeles en el segundo día consecutivo de enfrentamientos con los agentes de migración (ICE), que están desplegando redadas masivas con equipo antidisturbios y máscaras de gas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a los “agitadores de Los Ángeles” advirtiendo que no tolerará ninguna interferencia con la labor de las autoridades migratorias: “No nos detendrán ni nos retrasarán. ICE hará cumplir la ley. Y si tocan a un agente serán procesados con todo el peso de la ley”.

La misma Noem, en 2024 como gobernadora de Dakota del Sur, protestaba contra los despliegues en fronteras de la Guardia Nacional en tiempos de Joe Biden.

Más represión

Según organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, citadas por Associated Press, se produjeron detenciones en tiendas como Home Depot y en una cafetería de las afueras de la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en un comunicado que las recientes operaciones de ICE en Los Ángeles dejaron 118 personas detenidas.

Entre los detenidos en las protestas figura David Huerta, presidente regional del sindicato Service Employees International Union (SEIU). Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó a AP que Huerta permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Los Ángeles a la espera de una vista judicial el lunes.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió su liberación inmediata y denunció “un patrón alarmante de arrestos de ciudadanos estadounidenses por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

Estas redadas se producen mientras el Gobierno de Trump intensifica su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las operaciones como un intento de “sembrar el terror” en la segunda ciudad más grande de EE.UU.

Según ICE, sus operaciones esta semana en Los Ángeles dejaron 118 personas arrestadas, entre ellas cinco presuntos miembros de bandas criminales. A escala nacional, ICE afirma haber detenido esta semana a unas 2.000 personas al día.

Cuando la mayoría de los observadores de la realidad argentina destacaban la impotencia o la falta de respuestas de “la política” al avance del plan de ajuste salvaje que lleva adelante Javier Milei, la verdadera respuesta comenzó a crecer desde la sociedad. Más específicamente, desde las trabajadoras y los trabajadores organizados que responden a las consecuencias de la motosierra en el ajuste estatal, al intento de pisar los salarios (no sólo en el Estado, sino también en el sector privado) y a los despidos que provoca la crisis económica. 

El Gobierno cerró una semana marcada por una conflictividad social creciente. Al cada vez más extendido reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, se sumó el paro de prestadores de servicios de discapacidad y la impactante movilización de científicos del CONICET que rechazan el ajuste en el sector. El miércoles —como cada semana— tuvo lugar la 15° marcha de jubilados y jubiladas en lo que va de este 2025. El CELS registró que desde principios de año hubo un total de 129 detenidos y 406 heridos.

En los días y semanas previas se produjeron paros y manifestaciones de docentes de la provincia de Buenos Aires y Catamarca, una huelga histórica en la UOM Tierra del Fuego, movilizaciones de empleados de Vialidad Nacional o trabajadores marítimos. También hubo protestas de trabajadores ceramistas de Neuquén; una manifestación en Bahía Blanca, frente al puerto de Ingeniero White a dos meses de la inundación y hasta los puesteros de La Salada marcharon al Puente La Noria en Buenos Aires.

También los choferes de la UTA (con eje en la combativa Línea 60) coparon las calles del centro porteño en rechazo al acuerdo firmado por la dirección sindical (luego del paro de hace algunas semanas) y trabajadores de la alimentación se movilizaron contra el tope salarial que quieren imponer multinacionales como Arcor y Mondelez, en sintonía con el techo a las paritarias que viene fijando el Gobierno.

No es una muestra exhaustiva, aunque sí ilustrativa de una resistencia social a esta fase del ajuste. Milei se juega en esta pulseada tanto o más de lo que se disputa en las elecciones porque uno de los interrogantes centrales que se plantean los “grandes inversores”, el grueso del empresariado y el Fondo Monetario Internacional no es si es capaz de ganar elecciones (aprovechando el clima de una coyuntura, como fue en 2023), sino si tendrá la capacidad de domar a la Argentina contenciosa para asentar su proyecto sobre una nueva relación de fuerzas. 

Algunos de los conflictos muestran el campo minado de un país que se resiste a sucumbir ante el reseteo general que propone el proyecto libertariano y —como fue la universidad en su momento— son cables sensibles en los que el Gobierno está metiendo los dedos de manera tosca. 

Es el caso del emblemático Hospital Garrahan con el conflicto que iniciaron los residentes y que impactó sobre el resto de los profesionales y trabajadores del hospital.  Sus salarios rondan los $797.000 por más de 70 horas de trabajo semanales, o sea unos $2800 o $3000 la hora. Esto empuja a la necesidad de realizar muchas horas extras y al multiempleo, perjudicando la calidad de atención a los pacientes que, en este caso, son las niñeces. Cualquier persona de cualquier lugar del país conoce la calidad y el prestigio (no solo nacional, sino internacional) del hospital, ya sea de primera mano o por conocidos. También es sentible el caso de las personas con discapacidad y los profesionales que le brindan atención. Exigen que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, algo que podría suceder el próximo 4 de junio. 

Si al patético espectáculo de los miércoles en el que son gaseados y golpeados los adultos mayores, se suma el vaciamiento del principal hospital que atiende a las niñeces y el ajuste sobre las personas con discapacidad, queda demasiado en evidencia el rostro brutal de un gobierno que había venido a ajustar a “la casta”.

La rebelión en Catamarca y la apatía electoral

Aunque alejada del país centralista, vale la pena destacar la rebelión educativa en Catamarca porque fue realmente significativa. El 16 de mayo, el gobernador Raúl Jalil (un peronista muy en sintonía con Milei) firmó el decreto 884 de “Régimen de Cobertura de Cargos de los Niveles de Educación Inicial, Primaria, Especial, Adultos y Secundaria”. La medida, sintéticamente, pretendía dar un paso más en el desguace educativo. Era un ataque a la fuente laboral, a la estabilidad y al estatuto, y también podía implicar cierres de cursos. 

El decreto provocó una reacción que se fue gestando desde abajo con el impulso de docentes autoconvocados. El sábado pasado más de 20 mil personas colmaron la plaza principal de la capital provincial. Fue tal la magnitud de la manifestación que, en el mismo momento en que se estaba desarrollando, el gobierno local anunció que daría marcha atrás con el decreto y conformaría una mesa con los gremios para redactar una nueva disposición. Fue una derrota con todas las letras de un peronista con peluca –Raúl Jalil– y un triunfo de la docencia que desmiente la tesis de que a Milei no hay quien lo frene.

Hasta ayer nomás, frente a los resultados de las seis elecciones adelantadas que tuvieron lugar en las provincias, los interrogantes que circulaban en la conversación pública eran en torno a qué expresaba el fuerte ausentismo y los magros resultados tanto del Gobierno nacional como de las oposiciones tradicionales. Desafección, desmoralización y desánimo, afirmaron algunos apresurados.

Seguramente, en una parte de la sociedad estos sean los sentimientos que dominan el estado de ánimo. Sin embargo, en otra franja social (no menos importante) como la que vemos protagonizando estos conflictos, la disposición es a luchar con métodos que no pueden reducirse al voto. Para entender esa complejidad de una sociedad como la argentina, con analizar la secuencia estrictamente política o parlamentaria no alcanza. Sin la dinámica del conflicto social, no se puede.

MC

“La historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo en que tarda en prepararse un arroz”, así se presenta “Tintorero”, la obra teatral que protagoniza el actor César Arakaki.

Esa intimidad biográfica en nada parece vincularse con el trasfondo de la obra. “César fue uno de los miles de trabajadores que el 14 y el 18 de diciembre del 2017 salieron a manifestarse contra la reforma previsional, votada luego por el Congreso. Siendo militante, hoy está condenado aunque está probado que se lo condena para criminalizar la protesta social. En todo el país y en el extranjero se está llevando adelante el reclamo por su absolución. César es actor, Tintorero es el unipersonal escrito y dirigido por Iván Moschner, a partir de charlas entre los dos. Tintorero cuenta la historia de César y transforma la escena en ficción”.

El actor y director Iván Moschner dialogó con elDiarioAR y se refirió a esta dualidad entre lo personal y lo político: “El público espera un panfleto, porque conoce el tema. Eso ya está informado, entonces lo primero que se produce en el público es que está viendo una obra de teatro. Entra a una ficción que si bien es el tema explícito, está escondido detrás de una forma teatral”.

“Sabíamos que la primera población que la iba a ver ya conocía el tema de la obra, que es la persecución judicial hacia César. Había que mostrar otra cara, otro espacio del mismo tema. Y ese tema ligarlo al origen de los problemas generales que vivimos los humanos. En este caso el actor y protagonista de la obra es descendiente de japoneses, por eso había que llevar la historia a un mundo ficcional que trascienda el tema. Esto trabajado desde muchos factores, primero el texto, de las palabras elegidas, cómo el actor las dice, y sus movimientos y acciones, ahí se arma lo ficción, un mundo. El público acompaña, hasta que en un momento entra a la obra, a lo que está viviendo esa mezcla de personaje y actor”, dice Moschner, ganador del Premio ACE en el año 2016 como mejor actor en Teatro Alternativo por la obra Todas las cosas del mundo.

“La idea de la obra cuando la estrenamos era que sirva para la visualización de mi caso, para que la gente conozca. Ir haciéndola en diferentes provincias. Por eso la obra se montó con una estructura sencilla para poder girar, para poder ir a lugares donde había luchas en curso y poder apoyarlas, poder montarla en la calle, en un escenario, con luces, sin luces. La repercusión que tuvo fue buenísima, viajamos a muchos lados. Estuvimos en Bahía Blanca, a Mar del Plata, Neuquén, Salta, Jujuy”, dice César Arakaki a elDiarioAR. 

“Ya vamos por la tercer temporada, y para mí es muy emocionante porque también está la historia de mis viejos que son inmigrantes que vinieron a la Argentina desde Japón. En la obra esto lo reivindico. Cada vez que termina la obra la gente termina emocionada y me emociono yo”. agrega el protagonista.

Sobre el montaje “nómade” de la obra también habla Iván Moschner: “La obra fue concebida desde el vamos para poder armar un equipo muy pequeño y que pueda ser itinerante. Es un concepto que va más allá de esta obra especialmente, está ligado a la posibilidad de andar con una obra y además porque hay una suerte de exigencia de tener poca parafernalia. Hacer una obra simple, simple en el sentido de su montaje”.

Una obra más actual que cuando se estrenó

En “Tintorero” se fusionan una historia personal y la lucha de un militante político. César es Tintonero pero a la vez es otro. La dialéctica entre realidad y ficción se despliega en el escenario con ritmo, complejidad sensorial, múltiples voces, destreza corporal y muchas palabras en japonés. En este punto la reivindicación de la inmigración, es decir del inmigrante como tal, funciona como un audaz elemento a contrapelo, en tiempos de alza xenófoba en todo el mundo.

La obra, estrenada en noviembre del año 2022, cobra renovada actualidad bajo el gobierno de Javier Milei, tras las reiteradas movilizaciones de jubilados al Congreso Nacional, que siguen reclamando por jubilaciones de miseria (la jubilación mínima en Argentina hoy alcanza los $366,481.75, con un bono de $70 mil incluído), y que son brutalmente reprimidas miércoles tras miércoles durante los operativos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. De hecho, Arakaki dedicó las últimas funciones al fotoperiodista Pablo Grillo, que si bien presenta mejorías, sigue en estado grave tras la represión del día 12 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los jubilados marcharon con el apoyo de hinchas de clubes del fútbol argentino.

Uno de los jueces de la causa que terminó con la condena tanto a César Arakaki como de Daniel Ruiz, es Diego G. Barroetaveña. En la fundamentación del fallo que se conoció en diciembre de 2024, dicho magistrado sostiene que con su accionar los condenados generaron “un punto de quiebre, impactando de manera nociva en la regular marcha del gobierno de ese entonces”. Prácticamente serían responsables del “comienzo del fin” del gobierno de Mauricio Macri, lo cual revela el carácter eminentemente político y disciplinador de la resolución judicial. Cabe recordar que se trata de la causa que se desprende de la jornada de protestas masivas que dieron lugar al siempre invocado lugar de común de las “14 toneladas de piedras” y “El Gordo Mortero” (Sebastián Romero).

En su fundamentación el juez Barroetaveña también elogia las “virtudes” de una condena a prisión efectiva, señalando que la misma tendría “una repercusión positiva en César Javier Arakaki (...) le permitirá incorporar las herramientas necesarias para desenvolverse de manera adecuada con sus conciudadanos, de modo de lograr un apropiado respeto por la ley que rige la vida en comunidad”.

Por otro lado, desde la defensa legal de Arakaki sostienen que la persecusión judicial, que ya lleva siete años, se sostuvo durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y que se trata de “una condena sin pruebas, arbitraria y que representa un enorme retroceso para las libertades democráticas en el país. Se lo condena por intimidación pública, un cargo que tiene hasta 6 años de prisión y que de quedar firme resultaría un gravísimo precedente para el movimiento popular”.

Próximas funciones

Con entrada a la gorra, “Tintorero” se presentará los domingos a las 14hs en Paraje Artesón durante varios meses: 22 junio, 20 de julio, 24 de agosto, 21 de septiembre, 19 de octubre y 23 de noviembre.

Tintorero es una muestra de cómo, una vez más, la potencia verdaderamente libertaria del teatro y del arte, dan testimonio e interpelan el presente.

MU

Dos meses y quince días pasaron desde que Donald Trump tomó posesión. También es la medida de tiempo en que Olivia pasó de sentir que había un frente común para resistir un segundo mandato del presidente a sentirse más “aislada”. “Creo que en aquel momento había mucha más esperanza. Sentíamos que, aunque estábamos en una mala situación, existía como una especie de comunidad, en el sentido de 'estamos juntos en esto'. Y ahora, en cambio, esta época se siente mucho más solitaria. Como si estuviéramos más aislados”, relata la joven manifestante de 25 años a los pies del monumento a Washington, el imponente obelisco que se alza en medio del National Mall.

En este punto entre el Capitolio y la Casa Blanca es donde se concentraron este sábado miles de personas para protestar contra Donald Trump y Elon Musk. Las fotos de Musk haciendo el saludo nazi, o los carteles advirtiendo de la llegada del fascismo al gobierno estadounidense, eran la tónica. Las palabras “preocupación” y “miedo” eran mucho más frecuentes en la boca de los manifestantes que las referencias a la rabia y al enfado, a pesar de que se trata de la primera gran movilización desde que Trump asumió el cargo.

En Washington se esperaban unas 20.000 personas, según la organización, que había convocado movilizaciones en todos los 50 estados del país y, en total, estimaba que unas 500.000 personas asistieron para protestar contra los recortes masivos en la administración y las políticas del miedo contra las personas migrantes y LGTBIQ+. “Estoy muy asustada y preocupada. Yo soy una persona queer y también tengo muchos amigos LGTBIQ+ por los que estoy preocupada”, apunta Olivia, que no quiso dar su apellido para mantener un cierto anonimato.

Hace tan solo dos meses, cuando también participó en la Peoples’ March, la manifestación que se organizó contra Trump justo antes de que fuera investido, no se habría imaginado para nada lo que está pasando. “Sabíamos que sería duro, pero no me imaginaba que sería esta pesadilla. Están secuestrando gente con estatus legal, ya sea por su ideología o por su apariencia. Incluso yo que soy ciudadana, a veces tengo miedo porque mi tono de piel es moreno y no me veo cómo ellos creen que debe verse un americano”, expone Olivia.

Tanto ella como su amiga, Sasha, son ciudadanas estadounidenses. “Si no tuviera la ciudadanía, no me habría atrevido a venir aquí, aunque tuviera estatus legal como la greencard”, expone la joven de 24 años. En la mente de los manifestantes están las detenciones del activista palestino Mahmoud Khalil, que tenía la greencard, o  Rumeysa Öztürk, que tenía una visa de estudiante, así como otros casos que han ido conociéndose.

Esta semana, el periódico estatal Azcentral, publicaba que el gobierno estadounidense había revocado la visa a seis estudiantes internacionales de la Universidad de Arizona. En este caso, según explicaba al medio un portavoz de la universidad, dudaban que la revocación de los visados tuviera que ver con las manifestaciones propalestinas. En marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que su agencia había revocado más de 300 visados de estudiante a personas que, según él, actuaban contra los intereses nacionales o habían estado involucradas en algún delito.

“Tengo miedo por los miembros de mi familia. Soy hija de inmigrantes. Y, bueno, tengo miedo de que vayan a revocarles los papeles. Mi padre tiene la ciudadanía. Todos tenemos ciudadanía. Pero aun así, me preocupa que personas como yo, o personas que están tratando de escapar de ciertos lugares, sean deportadas cuando lo único que necesitan es seguridad y libertad”, expone Sasha. Sus padres huyeron del régimen de Vladímir Putin y vinieron a Estados Unidos en búsqueda de libertad. 

A Sasha le preocupa el acercamiento de Trump a Putin. “Yo soy queer, algo que Putin persigue. Mi familia huyo porque el régimen el trato mal. Somos pro-Ucrania y no queremos ver cómo Rusia extiende su influencia por otras zonas de Europa o incluso aquí. Me preocupa mucho la fascinación que siente Trump por Putin”, dice la joven, que ve ciertos paralelismos en lo que está haciendo ahora mismo el presidente estadounidense con lo que hizo el ruso en sus inicios.

El acercamiento a Rusia de Trump también ha supuesto la ruptura de la alianza con viejos socios y vecinos. La agresividad con la que se ha dirigido el presidente a Canadá, amenazando con convertirlo en el estado 51, ha hecho que Leslie le recomiende a sus familiares a que se queden en casa y no la visiten. La joven de 30 años tiene la doble nacionalidad (estadounidense y canadiense).

“Es un poco raro al tener la doble nacionalidad, pero de momento me siento segura, pero ya les he dicho a mis amigos y familiares en Canadá que no vengan. De momento estoy muy preocupada por otros amigos que están aquí con visas de trabajo. Tengo una amiga mexicana que tiene visa de trabajo y constantemente está cruzando la frontera y sufro por ella”, expone Leslie. A mediados de marzo, The Guardian publicaba la historia de una canadiense que fue detenida por inmigración durante dos semanas pesar de estar en Estados Unidos con visa de trabajo.

“Dejé de dormir. Ni siquiera... es cada minuto que estoy despierta. Lo comparo con tener una enfermedad crónica, en la que se supone que debes seguir con tu vida, pero esto siempre está ahí. Siempre en segundo plano. Siempre en tu mente. Y no es algo que desaparezca nunca. Simplemente, está ahí, siempre, siempre”, expone Leslie, que se le hace difícil señalar cuál de todos los aspectos del nuevo mandato Trump es el que más le preocupa: “Los secuestros de gente es algo que me aterroriza. Se me hacía impensable hace dos meses”.

Recientemente, el gobierno Trump reconoció que uno de los salvadoreños deportados a las prisiones de El Salvador realmente no parte de ninguna banda criminal. La administración ha confirmado que se equivocó al deportar a Kilmar Abrego García, quien pidió asilo al huir de las maras salvadoreñas y aunque no se le concedió, un juez de migración en 2019 dictaminó que no se le podía deportar.

En tan solo dos meses de gobierno, Trump fue capaz de desplegar una campaña del miedo que va desde las personas migrantes y el colectivo LGTBIQ+ hasta los trabajadores federales, víctimas de los recortes de Musk. “Musk directamente es un nazi. El día que hizo el saludo nazi cuando invistieron a Trump fue como: bueno ahí está”, expone Leslie. El pronóstico de la mujer para los siguientes meses no es bueno: “Prefiero no pensar porque me dan ganas de llorar”.

Christine, una profesora jubilada de 70 años que vino desde California y que estuvo en las protestas de los 80 contra Ronald Reagan apunta que ahora incluso el panorama es peor. “A mí me detuvieron y sí que era duro, pero lo que está pasando ahora es otro nivel. Siento que Trump está empujando el país al abismo dictatorial”. Otra cosa que preocupa a Christine es la falta de energía que está notando: “Como persona mayor que ya ha visto muchas cosas entiendo que los jóvenes estén sintiendo miedo porque realmente da miedo, pero hay que salir y luchar. Si nos quedamos en casa callados sin hacer nada va a ser peor. Y creo que ahora la gente empezará a despertar”.

“Así como liberamos la calle vamos a liberar los aeropuertos”. Con esa frase, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro hasta donde llegó el conflicto con los gremios aeronáuticos y adelantó que en breve el Gobierno nacional anunciará medidas para frenar las protestas.

“Ayer se habló informalmente en el Gabinete y las palabras del presidente Milei fueron: 'Esta es la última'. Se van a tomar medidas mucho más drásticas en cuanto a la compañía y a Intercargo”, dijo la ministra.

Bullrich cuestionó la medida gremial de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que ayer afectó el trabajo de la empresa Intercargo –que depende de la secretaría de Trabajo– en el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza y afectó a miles de pasajeros con demoras y cancelaciones de vuelos. La respuesta del Gobierno llegó por la noche, cuando se anunció que se convocará a un Plan Preventivo de Crisis “como ultimátum al cierre de la compañía”.

“Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que 18 personas debieron ir a la unidad médica. Personas con temblores, con sofocamiento, convulsiones, una persona con hipertensión”, dijo hoy Bullrich quien definió la medida gremial de ayer como “un piquete aereo”

En diálogo con La Nación + aseguró: “Nos pusimos al frente, logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, que vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en aeropuertos, haciendo asambleas repentinas, arruinándoles la vida a miles de personas con distintos destinos”.

Sobre la empresa estatal Intercargo, dijo que “es una problema enorme desde hace años”. “Hay que tomar medidas rápidas que tienen que ver con Aerolíneas, con los pilotos y con Intercargo que los hemos denunciado ante la justicia federal por abandono de persona y privación ilegítima de la libertad”, agregó.

“Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Nosotros defendemos a los 46 millones de argentinos y sus impuestos que les pagan a estos señores los sueldos para torturarlos”, concluyó la ministra. 

El Ministerio de Seguridad acusa a los gremialistas por privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. Ayer,  la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tuvo que ayudar a bajar a los pasajeros que habían quedado varados dentro de los aviones en Ezeiza y Aeroparque ya que el servicio de rampa y manejo de equipaje es controlado por Intercargo.

El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, defendió la medida de fueraza: “Los pasajeros nunca estuvieron de rehenes como dicen algunos funcionarios. Eso no pasa nunca, ni siquiera cuando hay un paro general de actividades. Nos están comparando prácticamente con Hamas los funcionarios del Gobierno, es una mentira burda terrible”, dijo al hablar en en Futurock.

Aplausos adentro, repudio y reclamos afuera. Javier Milei consiguió en Mar del Plata el abrazo empresario que vino a buscar al 60° Coloquio de IDEA, y que había despreciado un año atrás en plena campaña presidencial. Pero en paralelo, la comunidad universitaria local aprovechó su presencia en la ciudad para recordarle desde las calles que no en todos los frentes era considerado un visitante ilustre: estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) marcharon junto a investigadores y personal del Conicet hacia el hotel donde se desarrollaba el encuentro corporativo más importante del año, para exigirle que garantice el financiamiento universitario.

La movilización se dio en el marco de las medidas y acciones que se llevan adelante en distintos puntos del país contra el ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema universitario. 

“Con la universidad pública no se jode”. Con esa frase en la bandera de arrastre, la marcha partió cerca de las 10 desde la sede de la Facultad de Ingeniería de la Unmdp y avanzó unas 30 cuadras hacia la zona de Playa Grande. Las columnas confluyeron al mediodía en las inmediaciones de la sede del coloquio. Minutos más tarde, Milei inició su intervención de cierre ante cientos de referentes del empresariado nacional. El Presidente decidió aceptar la invitación como orador principal del evento corporativo en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo el año pasado, cuando consideró que era territorio hostil por exceso de macrismo en plena campaña y optó por organizar una suerte de contracumbre en un restaurante cercano. 

En la edición 2024, el vallado de seguridad que blinda cada año el hotel ubicado frente al Mar del Plata Golf Club durante los días del encuentro reforzó su dotación de efectivos policiales este viernes, desde las 7, para mantener lo más alejados posibles a los manifestantes que querían llevar el mensaje contra el ajuste al mandatario. Los acreditados para el coloquio debían ingresar temprano al hotel, ya que luego se restringió el acceso en una zona perimetral de doce manzanas. 

El operativo de seguridad fue diseñado por Policía Federal junto a personal de Casa Militar que desembarcó en la ciudad 48 horas antes que el presidente. Milei llegó a media mañana en avión al Aeropuerto Astor Piazzolla y se trasladó en helicóptero hasta la Base Naval, en el puerto marplatense. Completó el trayecto hasta el hotel del coloquio por tierra. Los controles y vallados en las inmediaciones del lugar impidieron que las columnas universitarias se acercaran a menos de 200 metros del lugar.

En la movilización en reclamo por el financiamiento universitario participaron profesores nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) —quienes llevan adelante un paro por 48 horas desde el jueves—, trabajadores no docentes –que dispusieron un cese de tareas para el próximo lunes y martes— y estudiantes de las diez facultades de la Unmdp. También se movilizaron investigadores y trabajadores del Conicet, y alumnos y docentes del Colegio Nacional Arturo Illia, que depende de la universidad.

“Le decimos no al ajuste en las universidades, defendemos la educación superior pública y gratuita, y rechazamos los vetos del Presidente”, dijo en diálogo con elDiarioAr el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti. “Queremos que mientras habla cómodo en un cinco estrellas escuche el reclamo universitario y de la ciudadanía que nos acompaña”, agregó.

Antonia Muñoz, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Conicet, expresó: “Hoy marchamos junto a toda la comunidad universitaria en defensa de derechos fundamentales que están siendo gravemente amenazados”.

“Exigimos educación pública, gratuita y de calidad para todos. Reclamamos el cese de la paralización impuesta a las instituciones de ciencia y tecnología, y rechazamos el ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables, como jubilados y jubiladas, mientras se favorece a sectores ya poderosas con exenciones impositivas”, aseguró.

Catalina D'Aquino, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, dijo a elDiarioAR: “Como estudiantes rechazamos el veto al financiamiento del sistema universitario, porque creemos que nuestras universidades son un motor de movilidad social ascendente y permite que los hijos de trabajadores ingresen, estudien y aspiren a un puesto trabajo decente”.

“No creemos en quedarnos en nuestras casas –agregó—, por eso salimos, como lo venimos haciendo estas semanas, con acciones y tomas en las facultades, durmiendo en el suelo, con frío, con la convicción de que la universidad se defiende”. Expresó además que “estas movilizaciones masivas no solo le hablando al Gobierno”, sino además “a toda la sociedad”. “Les decimos a todos que si el presidente o sus intermediarios no nos escuchan, tenemos que seguir plantándonos en las calles”.

Mientras la movilización avanzó por la avenida Juan José Pasó hasta llegar a la zona del coloquio, automovilistas, vecinos y trabajadores de obras en construcción del barrio San Carlos, uno de los más caros de la ciudad, sumaban bocinazos y aplausos en apoyo en el mediodía soleado y caluroso. 

Aunque el foco principal fue el rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario y la embestida del Gobierno nacional contra las universidades, a la convocatoria en las inmediaciones del encuentro empresario se sumaron además agrupaciones de jubilados y pensionados de la ciudad, movimientos sociales y las regionales marplatenses de las tres centrales sindicales –CGT, CTA y CTA Autónoma—. El secretario general de la CGT a nivel local, José Luis Rocha, dijo que la marcha fue “contra el ajuste en todos los frentes”.

Desde temprano, el boulevard ubicado frente al hotel del coloquio fue decorado con cruces con críticas a las políticas de ajuste, por parte de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados marplantese. “Milei, repudiamos la destrucción del Estado”, “Basta de jubilaciones y pensiones de hambre” y “Con el hambre de los jubilados no se negocia”, eran algunas de los mensajes.

Frente al vallado se manifestaron además estudiantes de la Escuela Nacional de Pesca que funciona en la ciudad, para expresar su rechazo al posible cierre de la institución, dependiente de la Armada Argentina, encargada de la formación de trabajadores de la industria pesquera.

Mientras esto ocurría afuera, adentro el presidente Milei insistía en quitarles importancia a las protestas de la comunidad universitaria en todo el país: “Utilizan la campaña negativa para que no les auditen”, señaló, pese a que las universidades públicas sí son controladas: lo hacía la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y ahora, por decisión de un funcionario nacional, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, lo hará la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo.

“¿Ustedes están a favor de los chorros para afanar con la política?”, le preguntó el mandatario a la audiencia. “Las universidades van a seguir siendo públicas solo que van a ser auditadas y tengo que seguir respondiendo por esto”, recalcó Milei, como si se tratara de un anuncio, y despertó aplausos de los empresarios.

AVL/JJD

Centros de estudiantes y organizaciones gremiales docentes culminaron un miércoles marcado por diversas acciones de protesta con marchas de velas y antorchas en distintos puntos del país.

En la ciudad de Buenos Aires, la manifestación fue convocada en Plaza Houssay, desde donde la “marcha de las velas” se dirigió hasta el Palacio Pizzurno, sede de la actual Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).

El Frente Sindical de docentes universitarios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) dedicieron la convocatoria de estas manifestaciones, como antesala del paro nacional que se realizará mañana y se repetirá el lunes y martes de la semana que viene.

Como se está volviendo habitual en las protestas universitarias, hubo momentos de tensión entre manifestantes y un influencer libertario que concurrió a Plaza Houssay. Se trata del conocido youtuber mileísta Mariano Pérez, que fue escoltado por la policía mientras escuchada gritos de “fuera facho, fuera”, sin que se reportaran agresiones de otro tipo.

Fuera de CABA, se destacó la masividad de la Marcha de Antorchas que está teniendo lugar en la ciudad de La Plata, que se convocó frente al Rectorado de la UNLP.

Noticia en desarrollo...

El llanto desmedido de un bebé. Yuliana Figueredo, de 37 años, lo escuchó ni bien llegó a la humilde casa de su vecino. Las calles angostas y de tierra del barrio San Jorge, en la localidad bonaerense de Campana, donde ella vive, impiden el ingreso de las ambulancias. Por eso, esa mañana del año 2022, la llamaron urgente. Yuliana había hecho un curso de primeros auxilios en el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), una ONG humanitaria y sin fines de lucro creada en 2002 y dedicada a la asistencia médica en contextos de emergencia. El bebé respira con dificultad esa mañana, algo impide la llegada de aire. Yuliana le aplica un procedimiento básico. Los padres no se animan a mirar. Escuchan el llanto y las inhalaciones agitadas de su hijo, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Yuliana insiste. El aire en los pulmones prematuros se compacta, pero fluye de nuevo. Limpio y constante. La pareja la abraza. Yuliana no lo sabe aún, pero no será la última vez que un padre o una madre le agradezca. Dos años después, una tarde de septiembre del 2024, en medio de la represión de la policía a los jubilados en el Congreso, asistirá a Fabrizia, una menor de 10 años gaseada intencionalmente por un efectivo. Tampoco sabe que el Gobierno, tras esa manifestación, le echara la culpa del incidente a ella y sus compañeros del CEPA.

José Parizzia, de 50 años, está a seis meses de retirarse como miembro del Ejército argentino, tras 34 de servicio. Se especializa en reparar tanques de guerra. La soledad de un taller con esas moles de acero lo llevó a pensar en qué hacer luego del retiro. La vocación de servicio por el otro. Ayudar en medio de la tempestad, aunque no haya una guerra. Eso le genera adrenalina a José. Por eso, desde hace dos años, integra el CEPA como rescatista voluntario. En la última marcha del miércoles en el Congreso, contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas que finalmente fue convalidado por la Cámara de Diputados, y luego de que un policía infiltrado arrojara un chorro de gas a los ojos contra un grupo de manifestantes, José mantendrá una sonrisa calma. Al menos siete heridos se retorcerán de dolor en el piso alrededor suyo, mientras prepara pausadamente una botella con leche que servirá de alivio para ese ardor terrible. Adrenalina.

Miguel Irrutegui, técnico en emergencias médicas, forma parte del CEPA como rescatista desde hace más de 20 años. Participó en las grandes tragedias de los últimos años en la ciudad. La voladura de la AMIA. El incendio de Cromagnon. El choque del ferrocarril de la línea Sarmiento en la Estación de Once. Su experiencia lo llevó a dirigir al grupo de rescatistas durante los operativos. El último miércoles, tras asistir a un jubilado que se había descompuesto en la marcha en el Congreso, se emocionará por su equipo. “Es muy gratificante ver cómo trabajan”, dijo Miguel. “Uno está hace mucho en esto y ver que se suman cada vez más jóvenes, nos llena de orgullo”, apuntó el rescatista. Esa tarde, luego de ordenar que lleven a los heridos por los gases al Instituto Patria en la calle Rodríguez Peña, lugar que el CEPA suele utilizar como apoyo para resguardar a las víctimas, Miguel le explicará a Oscar Parrili, senador nacional y vicepresidente del organismo, el efecto nocivo de estos gases en los ojos.

Luisina Troncoso, de 43 años, también es técnica en emergencia médicas, pero se sumó al CEPA cuando vio por la televisión las imágenes de los jubilados reprimidos, luego de que “87 héroes” en el Congreso vetaran un pequeño aumento en su sueldo. El miércoles fue su tercer operativo. “Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé”, cuenta Luisina, quien también es escritora. Cecilia Chirico, empleada en una empresa privada de provincia, llegó por lo mismo. “Poder dar una mano en este contexto es importante”, señala Cecilia, en su primer operativo como rescatista. La historia de Miguel Palacios, 26 años y arbitro de fútbol, es similar. La posibilidad de ayudar al otro en un contexto represivo lo motivó a sumarse. Vive en Ciudadela y el miércoles fue su segundo operativo en el Congreso. “Esto es una vocación”, dice Miguel. “Pero hay que estar atento y manejar bien la situación porque todo puede desmadrarse”, se sincera.

Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé

Un ardor terrible

Son las tres de la tarde del último miércoles y Miguel Irrutegui reúne al equipo del CEPA en avenida Callao y Bartolomé Mitre. Son 10 rescatistas, vestidos de naranja y con cascos blancos. Cada uno lleva un cinturón con elementos básicos de asistencia médica. Fueron convocados por la marcha de los jubilados, una protesta habitual desde que el gobierno vetó un aumento en sus haberes. El Congreso está rodeado de vallas que empujan a los manifestantes hasta las inmediaciones de la plaza. El CEPA empieza su recorrido. Los jubilados se mezclan con los universitarios, en medio de la discusión en la Cámara de Diputados por el veto al financiamiento de estos últimos. No hay cordones policiales a la vista, apenas un puñado de efectivos del otro lado de las vallas. Miguel y el resto de los rescatistas deambulan entre la gente sin complicaciones. Hasta que Carlos Tabulosky, un jubilado de 74 años vestido con una remera del club Chacarita, se desvanece en la calle. El CEPA lo rodea. Dos de un lado. Dos del otro. Le miden la presión. Las pulsaciones. Es la cuarta marcha a la que asiste Carlos. Siempre con la remera de Chacarita. “Vengo por todos los jubilados que la están pasando como el orto”, dice Carlos desde el suelo. “Hoy veo a muchos jóvenes universitarios y ellos van a ganar esta lucha”, repite Carlos, ahora acostado desde una camilla que los rescatistas plegaron.

Lo apartan del tumulto y deciden llamar al SAME. Mientras esperan en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman se acerca. “El compañero viene a todas las marchas siempre con su camiseta de Chacarita”, indica la diputada, reconociendo la persistencia en su lucha contra las injusticias. “La labor que hace el CEPA, junto a todas las postas de salud de las marchas, es crucial con este gobierno represor”, apunta Bregman. Carlos se recupera y prefiere irse a la casa por su cuenta. “Les agradezco de corazón todo lo que hacen por nosotros”, se despida el jubilado, que asegura que el próximo miércoles está de vuelta. Los rescatistas lo saludan. Los manifestantes empiezan desconcentrar. El CEPA descansa en fila desde la esquina. Las calles lucen tranquilas. La paz que antecede al desastre.

Una turba de manifestantes empieza a perseguir al influencer libertario, Fran Fijap, que se esconde dentro de un local de empanadas. Todo sucederá rápido. Los empleados del local aún no lo saben, pero el presidente Javier Milei las visitará al otro día. Ahora mismo, un grupo intenta sacar al militante libertario a los golpes. Las persianas del local se bajan. El CEPA se mantiene inmóvil, justo en frente. “Somos neutrales, no podemos intervenir ahí”, explica Miguel. Hasta que alguien alerta sobre un herido de gas. No hay presencia policial, pero llegan personas frotándose los ojos.

Matías Baglietto, fotógrafo que debía retratar a los rescatistas en acción para esta nota, se tira al suelo y pide ayuda. Son, al menos, seis gaseados. Un policía de civil que hacía trabajo de inteligencia en la marcha ─se sabrá después─, arrojó gas desde el local de empanadas. Los rescatistas se dividen la atención de los heridos. José, el mecánico de tanques, prepara una botella con leche. Miguel, el árbitro de fútbol, asiste a una manifestante que acaba de convulsionar. Yuliana, quien asistió a la nena de diez años reprimida, colabora con los botiquines de emergencia. La escena continuará en el Instituto Patria. 

“Nuestra misión siempre va a ser cuidar a los heridos y establecer lugares fuera de peligro”, explica Esteban Chalá, asistente humanitario y uno de los fundadores del CEPA. Ese día, al salir del Instituto y volver a la calle, algunos rescatistas serán filmados por la propia policía. “Alguna vez hubo un seguimiento específico contra nosotros, pero no le damos importancia. Nunca descuidamos nuestra tarea humanitaria con las personas que lo necesitan”, señala Esteban.  

La jornada del miércoles finalizó con 16 heridos, seis detenidos y una denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos por tres policías infiltrados. “Una jornada tranquila para nosotros”, bromea Miguel, un día después.

Al caer la tarde, los rescatistas del CEPA se retiran en silencio, dejando atrás la batalla de ese miércoles, otra más. Las heridas sanarán pero las cicatrices de la injusticia quedarán marcadas en cada uno de los manifestantes que lucharon por su dignidad. Aún así, en cada mirada agradecida, en cada abrazo desesperado, los rescatistas encuentran la fuerza para seguir.

No llevan armas ni escudos, pero en cada vendaje, en cada inhalación recuperada, desafían al poder con su humanidad. Porque en medio del gas y el miedo, son ellos quienes recuerdan a todos que la verdadera lucha no es por las calles, sino por el derecho a vivir en un país justo.

FLD/JJD

Al menos siete persosonas fueron detenidas y 16 resultaron lastimadas con gas pimienta –entre ellas el fotógrafo Matías Baglietto quien cubría una nota para elDiarioAR–, durante incidentes frente al Congreso luego de la votación en la que Diputados ratificó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Los convocantes a la manifestación afirmaron que estas situaciones se dieron luego de que, una vez finalizada la votación en la Cámara de Diputados, youtubers libertarios ingresaron a la concentración a provocar a los manifestantes. Policías que estaban de civil, haciendo tareas de inteligencia ilegal, entre a las y los manifestantes, intervinieron para resguardar a en un local y luego arrojaron gas pimienta.

Con el correr de la tarde-noche, uno de los detenidos fue identificado como Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 detenidos por protestar en junio contra la ley Bases que fue liberado el pasado 5 de septiembre, tras permancecer casi tres meses en una celda.

44 años, empleado en una panadería, Roberto había recuperado su libertad hace poco más de un mes, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar.

Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, sostuvo Roberto en una entrevista con elDiarioAR, realizada tras su liberación.

Soportó la detención con buen ánimo hasta que quedó como el único detenido por la protesta contra la Ley Bases, luego de que fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales. 

Tras aquel oscuro periplo, Roberto volvió ayer a participar de una protesta contra las medidas de Javier Mieli. Y hoy está detenido nuevamente.

DM/MC

Un libro con historias sobre las Abuelas de Plaza de Mayo ayudó a Roberto de la Cruz Gómez a soportar parte de los 84 días que estuvo encarcelado en el penal de Ezeiza por protestar. “A partir de esas historias valoré cómo estaba yo mismo, dentro de todo con salud y con mucho cariño y apoyo de todas las organizaciones sociales que me acompañaron”. Del otro lado del teléfono con elDiarioAR, Roberto habla rápido, con un ánimo que sorprende apenas un día después de ser el último de los detenidos durante la feroz represión del 12 de junio pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado votaba la ley Bases.

44 años, empleado en una panadería, Roberto recuperó su libertad el jueves a la tarde, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar a viva voz. 

“Yo sabía que era inocente y muchos me decían que era excarcelable. Yo fui a la marcha, nunca lo negué a eso, y sabía que podían detenerme y largarme al otro día, porque en este país siempre creen que los malos son los que van a marchar. La Argentina siempre va a vivir así, al límite”, dice Roberto. Simpatizante del kirchnerismo, pero sin estar organizado, fue a la marcha aquel 12 de junio por su cuenta, con una bandera hecha por él mismo que decía “Patria sí, colonia no. No a la ley Bases”. Lo motivaba reclamar la mala situación económica, que afecta incluso el negocio donde trabaja: “El dueño me dijo que si la crisis sigue así va a tener que cerrar”.

Como el 12 era miércoles y tenía franco en su trabajo, aprovechó ya la noche del martes para ir a la vigilia frente al Congreso. Al día siguiente regresó al mediodía y se sorprendió del fuerte operativo de seguridad por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: “Estaba lleno de policías y motos”. Al poco tiempo pudo ver cómo reprimieron a un grupo de jubilados y trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sobre Callao y Rivadavia. Volvió a su casa para almorzar y cuando más tarde fue de nuevo a la plaza notó que el clima ya era mucho más espeso. “Veo una humareda gigantesca. La plaza era una batalla campal, con mucho humo y permanente ruido de tiros”, recuerda. 

Una de las gaseadas de la policía lo encegueció y tuvo que sentarse. Hubo quienes lo ayudaron a limpiarse la cara. Observó a familias corriendo, a personas mayores tapándose la boca con pañuelos para no ahogarse. “La Policía nunca nos avisó que nos iba a despejar. El aviso fue a balazos y a gas lacrimógeno. Tiraron a mansalva. En cada marcha se ve la violencia y el odio que el Poder Ejecutivo le transmite a la Policía”, denuncia.

Cuando ya anochecía y la manifestación descomprimió hacia la 9 de Julio corrida por la policía, en avenida de Mayo y Sáez Peña lo detuvieron. Los efectivos lo inmovilizaron poniéndole una rodilla en la cabeza: “Todo fue en plena oscuridad”. Lo habían señalado de quemar un tacho de basura y tener palos, aunque nunca hubo pruebas en su contra de haber participado en los graves incidentes que sí se registraron en aquella jornada, como el móvil de la radio Cadena 3 que fue dado vuelta y prendido fuego.

Comenzó entonces para Roberto un periplo que duró varias horas por una comisaría de la Ciudad hasta que a las 4 de la mañana fue al penal de Ezeiza, donde efectivos del Servicio Penitenciario Federal lo recibieron con pasamontañas y a los gritos. Estuvo una hora parado, esposado, mientras le tiraron gas pimienta y lo increparon acusándolo de “kirchnerista”. “Los primeros días fueron horribles. En el primer pabellón que me ingresan había asesinos con condenas desde seis años para arriba, hasta que logré que me cambien. Pero el SPF es totalmente negligente. Te hacen levantarte a las 3 o 4 de la mañana. Hay una persecución todo el tiempo con requisas, te obligan a desnudarte y todo el tiempo me preguntaban si pertenecía a un partido político o a una agrupación”, narra Roberto. 

Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, denuncia Roberto, que tuvo acompañamiento permanente de diversas organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, familiares de detenidos y familiares de desaparecidos. 

Soportó la detención con buen ánimo hasta que la semana pasada quedó como el único detenido por protestar, luego de que el miércoles 28 de agosto fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales. 

Roberto fue el último liberado en una cacería policial que alcanzó a 33 personas, de las cuales a la gran mayoría se le dictó falta de mérito apenas los primeros días. Su causa y la de Daniela –que estuvo 75 días presa porque llevaba una pechera del MTR y el pañuelo verde dela lucha por la legalización del aborto– siguen abiertas, aunque nunca les encontraron una prueba de ser “terroristas” o cometer un golpe de Estado. Hoy todos los presos por protestar contra Javier Milei están libres.

MC/MG