El país atraviesa una escalada persistente de conflictos sociales y laborales como respuesta a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de quienes trabajan. En un contexto de ajuste, congelamiento salarial y desregulación, diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales comienzan hoy una nueva etapa de movilizaciones, con epicentro en el Congreso Nacional, donde se debate el proyecto oficial de reforma laboral.

La protesta arranca a las 17 horas con una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso y continuará con una radio abierta en la vía pública. Participan sindicatos de base, movimientos piqueteros, agrupaciones de jubilados y representantes de medios de comunicación que presentarán un petitorio para preservar el Estatuto del Periodista Profesional, amenazado por la reforma.

El plan de lucha fue votado durante el fin de semana en distintos plenarios obreros y piqueteros. La articulación incluye a trabajadores despedidos de Lustramax, la Mesa Coordinadora del Norte del Conurbano, la UTEP y sindicatos como UOM, Bancarios y ambas CTA. Las organizaciones impulsan un paro nacional activo el día que se trate la reforma en la Cámara alta.

Caída del salario y conflicto abierto

La protesta se da en paralelo a un deterioro salarial extendido. Entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados subieron 25,6%, frente a una inflación del 27,9%, según datos del Indec. La caída real supera los 2 puntos porcentuales en promedio y golpea con más fuerza al empleo público nacional, donde el alza fue apenas del 19%.

En sectores como el transporte, la pérdida es mucho mayor. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída real del 61,87% en dos años, con salarios congelados y sin reapertura paritaria. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está devaluado y no alcanza para lo básico”, denunció Esteban Simonetta, delegado gremial.

Frente a este panorama, cada vez más trabajadores abandonan actividades formales para buscar ingresos en la informalidad o en plataformas digitales, según advierten desde los sindicatos.

Una reforma en debate y resistencias

El Congreso sesiona en período extraordinario hasta el 27 de febrero, y la reforma laboral es uno de los proyectos centrales. El texto enviado por el Ejecutivo plantea cambios en la jornada de trabajo, la modalidad de contratación, las indemnizaciones y el régimen de sanciones.

Uno de los puntos más cuestionados es la figura del “banco de horas”, que permitiría a las empresas modificar unilateralmente los tiempos de trabajo sin pagar horas extra. “Ese esquema lo decide el patrón, no el trabajador. Es inconstitucional y elimina toda previsibilidad”, advirtió Jorge Sola, cosecretario de la CGT.

En la misma línea, el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra, sostuvo que se trata de una “modernización al servicio de los empresarios” y llamó a salir a la calle: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya demostraron que pueden votar en contra de los trabajadores”.

Golpe a provincias y estatuto del periodista

Otro eje de conflicto es la modificación del impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto. Los gobernadores peronistas y aliados se reúnen hoy en CABA para evaluar su impacto, ya que la rebaja implicaría una caída en la coparticipación nacional y, por ende, en los recursos provinciales.

En simultáneo, se presentará en el Congreso un petitorio firmado por periodistas de diversas orientaciones políticas que rechazan la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional. Denuncian que la iniciativa oficial implica una derogación encubierta del régimen laboral específico del sector.

Los plenarios preparatorios se realizaron en Lomas de Zamora, Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con participación de delegados, activistas y referentes políticos como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo. La exigencia común fue clara: parar el país el día que se trate la ley y rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

El conflicto de Lustramax, donde la empresa despidió sin telegrama a 24 trabajadores –incluidos dos delegados gremiales– y desconoció la conciliación obligatoria, se convirtió en caso testigo de la ofensiva antiobrera. “No vamos a esperar pasivamente. Este conflicto busca sentar un precedente contra la organización sindical”, advirtió Leandro Gómez, delegado de la planta de Tortuguitas.

JJD

Los iraníes muertos en las protestas que sacudieron el país en enero han sido despedidos en funerales multitudinarios y festivos, acompañados de música pop y bailes, en lo que parece ser un mensaje deliberado de desafío al régimen islámico que gobierna Irán.

En vez de las ceremonias fúnebres tradicionales y sombrías, oficiadas por un clérigo chií, los allegados están transformando los entierros en celebraciones exultantes de la vida de sus seres queridos, en lo que los analistas interpretan como un desaire deliberado a la cultura de la piedad que impone la teocracia iraní.

En muchos casos, los funerales solo pudieron celebrarse después de que las familias se vieran obligadas a pagar grandes sumas de dinero para recuperar los cuerpos de los depósitos oficiales.

Según distintas informaciones, las autoridades solo entregaban los cadáveres después de obligar a los allegados a firmar declaraciones en las que se afirmaba que los fallecidos pertenecían a la Basij, una milicia progubernamental. Esta práctica busca reforzar la narrativa oficial que presenta a los manifestantes como “terroristas” que atacaron a las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, inflar el número de víctimas en las filas del régimen.

Algunos cálculos estiman que 30.000 personas han muerto en las manifestaciones que estallaron a finales de diciembre y se extendieron por todo el país. Otras estimaciones son aún más elevadas.

“La alegría es un poderoso mensaje político”

Sociólogos iraníes afirman que el ambiente de los funerales de los fallecidos transmite un mensaje de rebelión frente a la represión letal.

“Muchos de quienes hoy despiden a sus seres queridos no quieren que su dolor conserve ningún rastro del luto religioso que es emblemático de la subcultura compartida por quienes los mataron”, explica Hosein Ghazian, analista iraní afincado en Estados Unidos. “En lugar de expresar el duelo de forma abierta, optan por mostrar alegría. Una alegría que transmite un poderoso mensaje político: la perseverancia en la lucha contra opresores sanguinarios”.

Las redes sociales han difundido imágenes de varios funerales. En lugar de un duelo manifiesto, los videos muestran escenas eufóricas, en las que se ve a mujeres sin el velo islámico tradicional gritando y bailando al son de canciones populares que suenan a todo volumen en equipos de música.

Las familias que perdieron a sus seres queridos señalan que decidieron organizar eventos vibrantes para capturar el espíritu con el que había vivido la persona fallecida.

Los familiares de Milad, de 17 años, bailaron al son de su canción favorita, Ghaf, una balada romántica de Alireza Talischi, después de que falleciera a causa de las heridas sufridas cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra una protesta en el barrio de Naziabad, en Teherán, el 8 de enero. Las autoridades exigieron inicialmente el equivalente a 5.700 euros para devolver su cuerpo, según denunciaron. No está claro cuánto pagó finalmente la familia.

“Hicieron lo que Milad habría querido”, contó su hermano mayor, Reza, que vive en Tallin, Estonia. “Bailaron entre lágrimas en el entierro. Incluso en el duelo celebraron la intensidad de su vida”.

Shaghayegh, de 21 años, describe circunstancias similares en torno al funeral de su primo de 19 años, que murió tiroteado en una protesta en Narmak, un barrio del norte de la capital.

“Ni siquiera puedo decirte cuánto dinero pagamos, pero solo queríamos recuperarlo”, explica. “Cuando su cuerpo finalmente llegó a casa, la familia se preparó como si fuera una boda. Se instalaron altavoces en la casa. Grandes carpas llenaron el garaje. Los miembros de la familia cocinaron juntos, como lo harían para una celebración. La única diferencia era que ninguno de nosotros reía. Celebrábamos su vida, lo que significaba para nosotros, lo que podría haber aportado al mundo”.

El baile es una parte importante de la cultura iraní, pero generalmente se limita a eventos cerrados, como fiestas privadas y bodas, debido a las restricciones religiosas impuestas por el régimen.

Por el contrario, muchos de los funerales eufóricos que se muestran en las redes sociales tienen lugar al aire libre, en un ambiente que parece desafiar abiertamente las costumbres conservadoras que el régimen insiste en mantener.

Las escenas de mujeres bailando y cantando en público también pueden interpretarse como un rechazo de los principios básicos de la República Islámica, que prohíben el baile y el canto femenino por considerarlos haram (prohibidos según las normas islámicas).

Música y danza frente a la cultura estatal

Saeed Paivandi, sociólogo de la Universidad de Lorena en Francia, señala que los funerales iraníes sin simbolismo islámico tradicional representan “la resistencia contra el Gobierno teocrático que quiere imponer normas religiosas a toda la sociedad iraní y en diversos ámbitos de la vida de las personas”.

También indica que, en los movimientos de protesta, las ceremonias de duelo por las víctimas de la represión gubernamental se han convertido en un espacio para desafiar las normas religiosas y estatales.

“Lo que parece muy significativo desde el punto de vista simbólico es el uso de la música y la danza, que se consideran antivalores en la cultura estatal. La sustitución del llanto y los lamentos, considerados un valor fundamental, por una especie de alegría amarga es otro elemento significativo de esta transformación cultural. Quieren decirle al Gobierno que no lloramos por los mártires de la libertad, sino que ellos eligieron el camino correcto y son un motivo de orgullo para nosotros”, señala.

Estos funerales podrían haberse inspirado en el testimonio de Majidreza Rahnavard, ejecutado en 2022 a los 23 años, tras ser acusado de apuñalar a dos miembros de la Basij durante las protestas conocidas como 'Mujer, Vida, Libertad'.

Tras su muerte, aparecieron imágenes de Rahnavard momentos antes de su ejecución, en las que decía: “No quiero que nadie llore sobre mi tumba. No quiero que lean el Corán ni recen. Solo celebren y pongan música festiva”.

Desde entonces, los opositores al régimen han ensalzado a Rahnavard como un héroe popular y han invocado sus palabras como un legado a imitar.

El día 23 se vivió una movilización histórica en Minneapolis. Una huelga y una gran manifestación exhibieron el rechazo en Minnesota a las políticas migratorias de Donald Trump. Aquel día miles de personas protestaron contra el terror del ICE y el asesinato de Renee Good, cometido por un agente federal el 7 de enero.

Pero al día siguiente, el 24 de enero, se produjo el asesinato de Alex Pretti, a manos de agentes federales de fronteras.

La reacción de la ciudadanía en Minneapolis y en otras muchas ciudades de EE.UU. ha ido conformando una convocatoria, la de este viernes, en la que miles de personas en diversas ciudades del país han salido a la calle contra los asesinatos cometidos por los agentes federales y contra la represión migratoria de la Administración Trump.

En Minneapolis miles de personas se han congregado en la Government Plaza, para luego discurrir por el centro de la ciudad y culminar con un concierto de Bruce Springsteen, junto a Tom Morello, en la sala First Avenue, donde ha estrenado su canción 'Streets of Minneapolis' en directo.

En Los Ángeles, ciudad donde primero desembarcó la represión de Trump y el despliegue hasta de marines, también han salido miles de personas a la calle en solidaridad con Minneapolis.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó este viernes un proyecto de ley que busca prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los policías del estado, informa EFE. Hochul propuso la iniciativa 'Policías Locales, Delitos Locales' para impedir que los agentes federales de inmigración utilicen a los efectivos estatales en la aplicación de la política migratoria del presidente, Donald Trump.

Esta norma, si se aprueba, vetará también al ICE el uso de centros de detención locales para llevar a cabo operaciones masivas contra la población del estado.

Según la gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en “mantener la seguridad de los neoyorquinos, en lugar de hacer el trabajo del ICE”.

Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros estados cancelaron las clases de forma preventiva ante la previsión de ausencias masivas. Se planificaron numerosas manifestaciones para que estudiantes y otras personas se reunieran en centros urbanos, capitolios estatales e iglesias de todo el país, informa AP.

En Michigan, decenas de estudiantes abandonaron las clases el viernes por la mañana en la escuela secundaria Groves High School en Birmingham, al norte de Detroit. Los estudiantes desafiaron las temperaturas bajo cero y caminaron aproximadamente un kilómetro y medio hasta el distrito comercial más cercano, donde varios conductores les mostraron su apoyo tocando la bocina.

En Maine, donde la senadora republicana Susan Collins anunció que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) pondría fin a su operativo, varias personas se congregaron frente a una iglesia en Portland el viernes por la mañana, portando pancartas con el lema “No ICE for ME”, un juego de palabras con el código postal del estado.

En Livingston (Montana), por otro lado, vecinos y estudiantes han organizado también protestas contra el ICE y el autoritarismo de la Administración Trump.

“¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, preguntaba uno de los carteles que levantaron este miércoles los reporteros gráficos frente al Ministerio de Seguridad, mientras adentro la ministra Patricia Bullrich se preparaba para recibir a su par chileno para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Afuera, en silencio, con fotografías en alto y consignas escritas en blanco y negro, una multitud de trabajadores y trabajadoras de prensa marchó para denunciar el hostigamiento, las agresiones físicas y las detenciones arbitrarias que se repiten cada semana en el marco de las manifestaciones callejeras. “No hay democracia sin libertad de expresión”, dice el comunicado conjunto de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

Desde que el gobierno de Javier Milei asumió el poder, la violencia contra la prensa en el espacio público se intensificó. El protocolo antipiquetes reimplementado por Bullrich, declarado inconstitucional por diversos organismos, sentó las bases para una represión sistemática que se extiende incluso a quienes solo registran los hechos.

Las agresiones se multiplican: los fotógrafos son gaseados, golpeados, apuntados con armas no letales mal utilizadas —que se vuelven letales— y, en algunos casos, arrestados sin justificación. En especial, los miércoles, día habitual de movilización de agrupaciones de jubilados, los operativos de seguridad desembocan en episodios de violencia descontrolada.

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de Gendarmería Nacional. El cartucho lo alcanzó en la cabeza. Desde entonces, Grillo transita una lenta y dolorosa recuperación tras múltiples intervenciones quirúrgicas. Ese mismo día, Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, perdió la visión de un ojo luego de que un agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martínez, le disparara a solo tres metros con un rifle Byrna, apuntando directamente a su cara.

Estos casos se suman al de Matías Aufieri, abogado en causas por derechos humanos y asesor del Frente de Izquierda, quien en junio de 2024 perdió un ojo en una protesta frente al Congreso. En aquella jornada, efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad ingresaron en moto a la Plaza del Congreso y dispararon contra manifestantes y trabajadores de prensa. Luego, las detenciones arbitrarias completaron el operativo.

Lejos de ser hechos aislados, los ataques parecen obedecer a un patrón sostenido en el tiempo. El Mapa de la Policía, una herramienta de monitoreo ciudadano, fue clave para identificar a los agresores en los casos de Grillo y Navarro, lo que muestra la importancia de los registros audiovisuales que justamente los reporteros gráficos buscan garantizar.

“Expresión sin represión”, “Y a vos, ¿por qué te reprimen?”, “No hay democracia sin libertad de expresión”: las consignas de la protesta no apelaron al grito sino a la imagen. Fue la fotografía, la misma que incomoda al poder, la herramienta elegida para visibilizar la violencia de Estado. Porque no se trata solo de fotógrafos heridos: se trata del derecho a informar, del derecho de la ciudadanía a estar informada, y de un Gobierno que ve en ese derecho una amenaza.

El comunicado de Argra y Sipreba: “No hay democracia sin libertad de expresión”

Esta tarde, trabajadores y trabajadoras de prensa, reporteros graficos de aRGra, SiPreBA e independientes marcharon en silencio frente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para reclamar por las sucesivas y violentas represiones en las que son sistemáticamente gaseados, apaleados, apuntados al cuerpo con armas que se vuelven letales, y hasta arrestados sin motivo alguno más que el de querer realizar su trabajo, que es, básicamente, el derecho a informar.

Las y los trabajadores de prensa se movilizaron con fotografías que aluden a la represión y consignas como “Expresión sin Represión”, “Y a vos, ¿porqué te reprimen?” “¿Cuánta más violencia vamos a naturalizar?”, que levantaron a su paso por la cartera de Seguridad.

En el momento de la protesta se estaba por desarrollar una conferencia de prensa de la ministra Patricia Bullrich, quien recibió al Ministro del Interior de la República de Chile, para analizar los ocurrido ayer durante el partido Independiente Universidad de Chile. Ante el desconcierto de la protesta por parte de la ministra, la misma fue demorada.

La violencia estatal comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, con el protocolo antipiquetes, que es anticonstitucional, nuevamente implementado por la Ministra de Seguridad. Desde los debates por la Ley Ómnibus, a los miércoles en los que concentran las agrupaciones de jubilados - quienes también son reprimidos brutalmente cada semana-, las agresiones de las fuerzas de seguridad son sistemáticas.

El punto más álgido de la represión se dio el 12 de marzo pasado, con el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado por el sargento Héctor Jesús Guerrero, de la Gendarmería Nacional, durante una multitudinaria marcha de jubilados que contó con el apoyo de las hinchadas de clubes de fútbol. El agente utilizó su arma de manera irregular, apuntando a la multitud, y el cartucho impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, quien luego de varias operaciones sigue en un lento proceso de recuperación. Pero Grillo no fue el único herido durante aquella jornada. También perdió la visión el hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien recibió un disparo antirreglamentario. El martes pasado, gracias al trabajo del Mapa de la Policía – que también aportó a la identificación del autor del disparo a Grillo- se identificó al agente de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Emanuel Martinez, quien disparó su rifle Byrna a tan solo tres metros de Navarro, apuntado a la cara del manifestante.

Ya un año atrás, el 12 de junio de 2024, Matías Aufieri había sido el primer herido de gravedad. Aufieri, asesor del bloque del Frente de Izquierda y abogado en causas por DD.HH, participaba de las protestas en el Congreso en rechazo a la Ley Ómnibus y, así como Navarro, recibió un disparo en su rostro que le ocasionó la pérdida de un ojo. En esta ocasión, el modus operandi fue orquestado por las divisiones motorizadas de la Policía Federal y de la Ciudad, quienes subieron con sus motocicletas a la Plaza del Congreso, disparando a mansalva a manifestantes y trabajadores de prensa. Luego procedieron a detenciones arbitrarias. Una cacería que se repite con asiduidad en las diversas manifestaciones, sobre todo durante los miércoles, cuando marchan los jubilados.

A pesar de los sucesivos actos de violencia y represión estatal, por parte de las Fuerzas de Seguridad al mando de Bullrich como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de la Ciudad, la represión, la violencia y el ataque sistemático y constante a fotoperiodistas, camarógrafos y prensa en general son parte de una decisión política de un Gobierno que ve en la libertad de prensa una amenaza. Un ataque que no cesa.

JJD

Los enfrentamientos contra las redadas masivas de los agentes antimigración se recrudecen en el condado Los Ángeles mientras Donald Trump decide enviar a la Guardia Nacional y amenaza con intervenir en la ciudad y el estado de California. “Si el gobernador de California, Gavin Newscum [juego de palabras peyorativo que mezcla el apellido real ‘Newsom’ con scum (escoria)], y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo —y todo el mundo sabe que no pueden—, el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y los saqueadores como debe resolverse”, dijo Trump en sus redes sociales.

“En los últimos días, turbas violentas atacaron a agentes de ICE y a funcionarios federales encargados de llevar a cabo operaciones de deportación en Los Ángeles, California”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado: “Ante esta violencia, los ineficaces líderes demócratas de California han abdicado por completo de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Por eso el presidente Trump firmó un memorando presidencial para desplegar a 2.000 miembros de la Guardia Nacional con el fin de hacer frente a la ilegalidad que se ha permitido que prospere. La Administración Trump mantiene una política de tolerancia cero frente al comportamiento delictivo y la violencia, especialmente cuando esta se dirige contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Estos criminales serán arrestados y llevados rápidamente ante la justicia. El comandante en jefe se asegurará de que las leyes de EE.UU. se apliquen de forma plena y completa”.

En las fotografías y en las imágenes de televisión y redes sociales se ven gases lacrimógenos y humo por las calles del sur de Los Ángeles en el segundo día consecutivo de enfrentamientos con los agentes de migración (ICE), que están desplegando redadas masivas con equipo antidisturbios y máscaras de gas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a los “agitadores de Los Ángeles” advirtiendo que no tolerará ninguna interferencia con la labor de las autoridades migratorias: “No nos detendrán ni nos retrasarán. ICE hará cumplir la ley. Y si tocan a un agente serán procesados con todo el peso de la ley”.

La misma Noem, en 2024 como gobernadora de Dakota del Sur, protestaba contra los despliegues en fronteras de la Guardia Nacional en tiempos de Joe Biden.

Más represión

Según organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, citadas por Associated Press, se produjeron detenciones en tiendas como Home Depot y en una cafetería de las afueras de la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en un comunicado que las recientes operaciones de ICE en Los Ángeles dejaron 118 personas detenidas.

Entre los detenidos en las protestas figura David Huerta, presidente regional del sindicato Service Employees International Union (SEIU). Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó a AP que Huerta permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Los Ángeles a la espera de una vista judicial el lunes.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió su liberación inmediata y denunció “un patrón alarmante de arrestos de ciudadanos estadounidenses por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

Estas redadas se producen mientras el Gobierno de Trump intensifica su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las operaciones como un intento de “sembrar el terror” en la segunda ciudad más grande de EE.UU.

Según ICE, sus operaciones esta semana en Los Ángeles dejaron 118 personas arrestadas, entre ellas cinco presuntos miembros de bandas criminales. A escala nacional, ICE afirma haber detenido esta semana a unas 2.000 personas al día.

Cuando la mayoría de los observadores de la realidad argentina destacaban la impotencia o la falta de respuestas de “la política” al avance del plan de ajuste salvaje que lleva adelante Javier Milei, la verdadera respuesta comenzó a crecer desde la sociedad. Más específicamente, desde las trabajadoras y los trabajadores organizados que responden a las consecuencias de la motosierra en el ajuste estatal, al intento de pisar los salarios (no sólo en el Estado, sino también en el sector privado) y a los despidos que provoca la crisis económica. 

El Gobierno cerró una semana marcada por una conflictividad social creciente. Al cada vez más extendido reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, se sumó el paro de prestadores de servicios de discapacidad y la impactante movilización de científicos del CONICET que rechazan el ajuste en el sector. El miércoles —como cada semana— tuvo lugar la 15° marcha de jubilados y jubiladas en lo que va de este 2025. El CELS registró que desde principios de año hubo un total de 129 detenidos y 406 heridos.

En los días y semanas previas se produjeron paros y manifestaciones de docentes de la provincia de Buenos Aires y Catamarca, una huelga histórica en la UOM Tierra del Fuego, movilizaciones de empleados de Vialidad Nacional o trabajadores marítimos. También hubo protestas de trabajadores ceramistas de Neuquén; una manifestación en Bahía Blanca, frente al puerto de Ingeniero White a dos meses de la inundación y hasta los puesteros de La Salada marcharon al Puente La Noria en Buenos Aires.

También los choferes de la UTA (con eje en la combativa Línea 60) coparon las calles del centro porteño en rechazo al acuerdo firmado por la dirección sindical (luego del paro de hace algunas semanas) y trabajadores de la alimentación se movilizaron contra el tope salarial que quieren imponer multinacionales como Arcor y Mondelez, en sintonía con el techo a las paritarias que viene fijando el Gobierno.

No es una muestra exhaustiva, aunque sí ilustrativa de una resistencia social a esta fase del ajuste. Milei se juega en esta pulseada tanto o más de lo que se disputa en las elecciones porque uno de los interrogantes centrales que se plantean los “grandes inversores”, el grueso del empresariado y el Fondo Monetario Internacional no es si es capaz de ganar elecciones (aprovechando el clima de una coyuntura, como fue en 2023), sino si tendrá la capacidad de domar a la Argentina contenciosa para asentar su proyecto sobre una nueva relación de fuerzas. 

Algunos de los conflictos muestran el campo minado de un país que se resiste a sucumbir ante el reseteo general que propone el proyecto libertariano y —como fue la universidad en su momento— son cables sensibles en los que el Gobierno está metiendo los dedos de manera tosca. 

Es el caso del emblemático Hospital Garrahan con el conflicto que iniciaron los residentes y que impactó sobre el resto de los profesionales y trabajadores del hospital.  Sus salarios rondan los $797.000 por más de 70 horas de trabajo semanales, o sea unos $2800 o $3000 la hora. Esto empuja a la necesidad de realizar muchas horas extras y al multiempleo, perjudicando la calidad de atención a los pacientes que, en este caso, son las niñeces. Cualquier persona de cualquier lugar del país conoce la calidad y el prestigio (no solo nacional, sino internacional) del hospital, ya sea de primera mano o por conocidos. También es sentible el caso de las personas con discapacidad y los profesionales que le brindan atención. Exigen que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, algo que podría suceder el próximo 4 de junio. 

Si al patético espectáculo de los miércoles en el que son gaseados y golpeados los adultos mayores, se suma el vaciamiento del principal hospital que atiende a las niñeces y el ajuste sobre las personas con discapacidad, queda demasiado en evidencia el rostro brutal de un gobierno que había venido a ajustar a “la casta”.

La rebelión en Catamarca y la apatía electoral

Aunque alejada del país centralista, vale la pena destacar la rebelión educativa en Catamarca porque fue realmente significativa. El 16 de mayo, el gobernador Raúl Jalil (un peronista muy en sintonía con Milei) firmó el decreto 884 de “Régimen de Cobertura de Cargos de los Niveles de Educación Inicial, Primaria, Especial, Adultos y Secundaria”. La medida, sintéticamente, pretendía dar un paso más en el desguace educativo. Era un ataque a la fuente laboral, a la estabilidad y al estatuto, y también podía implicar cierres de cursos. 

El decreto provocó una reacción que se fue gestando desde abajo con el impulso de docentes autoconvocados. El sábado pasado más de 20 mil personas colmaron la plaza principal de la capital provincial. Fue tal la magnitud de la manifestación que, en el mismo momento en que se estaba desarrollando, el gobierno local anunció que daría marcha atrás con el decreto y conformaría una mesa con los gremios para redactar una nueva disposición. Fue una derrota con todas las letras de un peronista con peluca –Raúl Jalil– y un triunfo de la docencia que desmiente la tesis de que a Milei no hay quien lo frene.

Hasta ayer nomás, frente a los resultados de las seis elecciones adelantadas que tuvieron lugar en las provincias, los interrogantes que circulaban en la conversación pública eran en torno a qué expresaba el fuerte ausentismo y los magros resultados tanto del Gobierno nacional como de las oposiciones tradicionales. Desafección, desmoralización y desánimo, afirmaron algunos apresurados.

Seguramente, en una parte de la sociedad estos sean los sentimientos que dominan el estado de ánimo. Sin embargo, en otra franja social (no menos importante) como la que vemos protagonizando estos conflictos, la disposición es a luchar con métodos que no pueden reducirse al voto. Para entender esa complejidad de una sociedad como la argentina, con analizar la secuencia estrictamente política o parlamentaria no alcanza. Sin la dinámica del conflicto social, no se puede.

MC

“La historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo en que tarda en prepararse un arroz”, así se presenta “Tintorero”, la obra teatral que protagoniza el actor César Arakaki.

Esa intimidad biográfica en nada parece vincularse con el trasfondo de la obra. “César fue uno de los miles de trabajadores que el 14 y el 18 de diciembre del 2017 salieron a manifestarse contra la reforma previsional, votada luego por el Congreso. Siendo militante, hoy está condenado aunque está probado que se lo condena para criminalizar la protesta social. En todo el país y en el extranjero se está llevando adelante el reclamo por su absolución. César es actor, Tintorero es el unipersonal escrito y dirigido por Iván Moschner, a partir de charlas entre los dos. Tintorero cuenta la historia de César y transforma la escena en ficción”.

El actor y director Iván Moschner dialogó con elDiarioAR y se refirió a esta dualidad entre lo personal y lo político: “El público espera un panfleto, porque conoce el tema. Eso ya está informado, entonces lo primero que se produce en el público es que está viendo una obra de teatro. Entra a una ficción que si bien es el tema explícito, está escondido detrás de una forma teatral”.

“Sabíamos que la primera población que la iba a ver ya conocía el tema de la obra, que es la persecución judicial hacia César. Había que mostrar otra cara, otro espacio del mismo tema. Y ese tema ligarlo al origen de los problemas generales que vivimos los humanos. En este caso el actor y protagonista de la obra es descendiente de japoneses, por eso había que llevar la historia a un mundo ficcional que trascienda el tema. Esto trabajado desde muchos factores, primero el texto, de las palabras elegidas, cómo el actor las dice, y sus movimientos y acciones, ahí se arma lo ficción, un mundo. El público acompaña, hasta que en un momento entra a la obra, a lo que está viviendo esa mezcla de personaje y actor”, dice Moschner, ganador del Premio ACE en el año 2016 como mejor actor en Teatro Alternativo por la obra Todas las cosas del mundo.

“La idea de la obra cuando la estrenamos era que sirva para la visualización de mi caso, para que la gente conozca. Ir haciéndola en diferentes provincias. Por eso la obra se montó con una estructura sencilla para poder girar, para poder ir a lugares donde había luchas en curso y poder apoyarlas, poder montarla en la calle, en un escenario, con luces, sin luces. La repercusión que tuvo fue buenísima, viajamos a muchos lados. Estuvimos en Bahía Blanca, a Mar del Plata, Neuquén, Salta, Jujuy”, dice César Arakaki a elDiarioAR. 

“Ya vamos por la tercer temporada, y para mí es muy emocionante porque también está la historia de mis viejos que son inmigrantes que vinieron a la Argentina desde Japón. En la obra esto lo reivindico. Cada vez que termina la obra la gente termina emocionada y me emociono yo”. agrega el protagonista.

Sobre el montaje “nómade” de la obra también habla Iván Moschner: “La obra fue concebida desde el vamos para poder armar un equipo muy pequeño y que pueda ser itinerante. Es un concepto que va más allá de esta obra especialmente, está ligado a la posibilidad de andar con una obra y además porque hay una suerte de exigencia de tener poca parafernalia. Hacer una obra simple, simple en el sentido de su montaje”.

Una obra más actual que cuando se estrenó

En “Tintorero” se fusionan una historia personal y la lucha de un militante político. César es Tintonero pero a la vez es otro. La dialéctica entre realidad y ficción se despliega en el escenario con ritmo, complejidad sensorial, múltiples voces, destreza corporal y muchas palabras en japonés. En este punto la reivindicación de la inmigración, es decir del inmigrante como tal, funciona como un audaz elemento a contrapelo, en tiempos de alza xenófoba en todo el mundo.

La obra, estrenada en noviembre del año 2022, cobra renovada actualidad bajo el gobierno de Javier Milei, tras las reiteradas movilizaciones de jubilados al Congreso Nacional, que siguen reclamando por jubilaciones de miseria (la jubilación mínima en Argentina hoy alcanza los $366,481.75, con un bono de $70 mil incluído), y que son brutalmente reprimidas miércoles tras miércoles durante los operativos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. De hecho, Arakaki dedicó las últimas funciones al fotoperiodista Pablo Grillo, que si bien presenta mejorías, sigue en estado grave tras la represión del día 12 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los jubilados marcharon con el apoyo de hinchas de clubes del fútbol argentino.

Uno de los jueces de la causa que terminó con la condena tanto a César Arakaki como de Daniel Ruiz, es Diego G. Barroetaveña. En la fundamentación del fallo que se conoció en diciembre de 2024, dicho magistrado sostiene que con su accionar los condenados generaron “un punto de quiebre, impactando de manera nociva en la regular marcha del gobierno de ese entonces”. Prácticamente serían responsables del “comienzo del fin” del gobierno de Mauricio Macri, lo cual revela el carácter eminentemente político y disciplinador de la resolución judicial. Cabe recordar que se trata de la causa que se desprende de la jornada de protestas masivas que dieron lugar al siempre invocado lugar de común de las “14 toneladas de piedras” y “El Gordo Mortero” (Sebastián Romero).

En su fundamentación el juez Barroetaveña también elogia las “virtudes” de una condena a prisión efectiva, señalando que la misma tendría “una repercusión positiva en César Javier Arakaki (...) le permitirá incorporar las herramientas necesarias para desenvolverse de manera adecuada con sus conciudadanos, de modo de lograr un apropiado respeto por la ley que rige la vida en comunidad”.

Por otro lado, desde la defensa legal de Arakaki sostienen que la persecusión judicial, que ya lleva siete años, se sostuvo durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y que se trata de “una condena sin pruebas, arbitraria y que representa un enorme retroceso para las libertades democráticas en el país. Se lo condena por intimidación pública, un cargo que tiene hasta 6 años de prisión y que de quedar firme resultaría un gravísimo precedente para el movimiento popular”.

Próximas funciones

Con entrada a la gorra, “Tintorero” se presentará los domingos a las 14hs en Paraje Artesón durante varios meses: 22 junio, 20 de julio, 24 de agosto, 21 de septiembre, 19 de octubre y 23 de noviembre.

Tintorero es una muestra de cómo, una vez más, la potencia verdaderamente libertaria del teatro y del arte, dan testimonio e interpelan el presente.

MU

Dos meses y quince días pasaron desde que Donald Trump tomó posesión. También es la medida de tiempo en que Olivia pasó de sentir que había un frente común para resistir un segundo mandato del presidente a sentirse más “aislada”. “Creo que en aquel momento había mucha más esperanza. Sentíamos que, aunque estábamos en una mala situación, existía como una especie de comunidad, en el sentido de 'estamos juntos en esto'. Y ahora, en cambio, esta época se siente mucho más solitaria. Como si estuviéramos más aislados”, relata la joven manifestante de 25 años a los pies del monumento a Washington, el imponente obelisco que se alza en medio del National Mall.

En este punto entre el Capitolio y la Casa Blanca es donde se concentraron este sábado miles de personas para protestar contra Donald Trump y Elon Musk. Las fotos de Musk haciendo el saludo nazi, o los carteles advirtiendo de la llegada del fascismo al gobierno estadounidense, eran la tónica. Las palabras “preocupación” y “miedo” eran mucho más frecuentes en la boca de los manifestantes que las referencias a la rabia y al enfado, a pesar de que se trata de la primera gran movilización desde que Trump asumió el cargo.

En Washington se esperaban unas 20.000 personas, según la organización, que había convocado movilizaciones en todos los 50 estados del país y, en total, estimaba que unas 500.000 personas asistieron para protestar contra los recortes masivos en la administración y las políticas del miedo contra las personas migrantes y LGTBIQ+. “Estoy muy asustada y preocupada. Yo soy una persona queer y también tengo muchos amigos LGTBIQ+ por los que estoy preocupada”, apunta Olivia, que no quiso dar su apellido para mantener un cierto anonimato.

Hace tan solo dos meses, cuando también participó en la Peoples’ March, la manifestación que se organizó contra Trump justo antes de que fuera investido, no se habría imaginado para nada lo que está pasando. “Sabíamos que sería duro, pero no me imaginaba que sería esta pesadilla. Están secuestrando gente con estatus legal, ya sea por su ideología o por su apariencia. Incluso yo que soy ciudadana, a veces tengo miedo porque mi tono de piel es moreno y no me veo cómo ellos creen que debe verse un americano”, expone Olivia.

Tanto ella como su amiga, Sasha, son ciudadanas estadounidenses. “Si no tuviera la ciudadanía, no me habría atrevido a venir aquí, aunque tuviera estatus legal como la greencard”, expone la joven de 24 años. En la mente de los manifestantes están las detenciones del activista palestino Mahmoud Khalil, que tenía la greencard, o  Rumeysa Öztürk, que tenía una visa de estudiante, así como otros casos que han ido conociéndose.

Esta semana, el periódico estatal Azcentral, publicaba que el gobierno estadounidense había revocado la visa a seis estudiantes internacionales de la Universidad de Arizona. En este caso, según explicaba al medio un portavoz de la universidad, dudaban que la revocación de los visados tuviera que ver con las manifestaciones propalestinas. En marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que su agencia había revocado más de 300 visados de estudiante a personas que, según él, actuaban contra los intereses nacionales o habían estado involucradas en algún delito.

“Tengo miedo por los miembros de mi familia. Soy hija de inmigrantes. Y, bueno, tengo miedo de que vayan a revocarles los papeles. Mi padre tiene la ciudadanía. Todos tenemos ciudadanía. Pero aun así, me preocupa que personas como yo, o personas que están tratando de escapar de ciertos lugares, sean deportadas cuando lo único que necesitan es seguridad y libertad”, expone Sasha. Sus padres huyeron del régimen de Vladímir Putin y vinieron a Estados Unidos en búsqueda de libertad. 

A Sasha le preocupa el acercamiento de Trump a Putin. “Yo soy queer, algo que Putin persigue. Mi familia huyo porque el régimen el trato mal. Somos pro-Ucrania y no queremos ver cómo Rusia extiende su influencia por otras zonas de Europa o incluso aquí. Me preocupa mucho la fascinación que siente Trump por Putin”, dice la joven, que ve ciertos paralelismos en lo que está haciendo ahora mismo el presidente estadounidense con lo que hizo el ruso en sus inicios.

El acercamiento a Rusia de Trump también ha supuesto la ruptura de la alianza con viejos socios y vecinos. La agresividad con la que se ha dirigido el presidente a Canadá, amenazando con convertirlo en el estado 51, ha hecho que Leslie le recomiende a sus familiares a que se queden en casa y no la visiten. La joven de 30 años tiene la doble nacionalidad (estadounidense y canadiense).

“Es un poco raro al tener la doble nacionalidad, pero de momento me siento segura, pero ya les he dicho a mis amigos y familiares en Canadá que no vengan. De momento estoy muy preocupada por otros amigos que están aquí con visas de trabajo. Tengo una amiga mexicana que tiene visa de trabajo y constantemente está cruzando la frontera y sufro por ella”, expone Leslie. A mediados de marzo, The Guardian publicaba la historia de una canadiense que fue detenida por inmigración durante dos semanas pesar de estar en Estados Unidos con visa de trabajo.

“Dejé de dormir. Ni siquiera... es cada minuto que estoy despierta. Lo comparo con tener una enfermedad crónica, en la que se supone que debes seguir con tu vida, pero esto siempre está ahí. Siempre en segundo plano. Siempre en tu mente. Y no es algo que desaparezca nunca. Simplemente, está ahí, siempre, siempre”, expone Leslie, que se le hace difícil señalar cuál de todos los aspectos del nuevo mandato Trump es el que más le preocupa: “Los secuestros de gente es algo que me aterroriza. Se me hacía impensable hace dos meses”.

Recientemente, el gobierno Trump reconoció que uno de los salvadoreños deportados a las prisiones de El Salvador realmente no parte de ninguna banda criminal. La administración ha confirmado que se equivocó al deportar a Kilmar Abrego García, quien pidió asilo al huir de las maras salvadoreñas y aunque no se le concedió, un juez de migración en 2019 dictaminó que no se le podía deportar.

En tan solo dos meses de gobierno, Trump fue capaz de desplegar una campaña del miedo que va desde las personas migrantes y el colectivo LGTBIQ+ hasta los trabajadores federales, víctimas de los recortes de Musk. “Musk directamente es un nazi. El día que hizo el saludo nazi cuando invistieron a Trump fue como: bueno ahí está”, expone Leslie. El pronóstico de la mujer para los siguientes meses no es bueno: “Prefiero no pensar porque me dan ganas de llorar”.

Christine, una profesora jubilada de 70 años que vino desde California y que estuvo en las protestas de los 80 contra Ronald Reagan apunta que ahora incluso el panorama es peor. “A mí me detuvieron y sí que era duro, pero lo que está pasando ahora es otro nivel. Siento que Trump está empujando el país al abismo dictatorial”. Otra cosa que preocupa a Christine es la falta de energía que está notando: “Como persona mayor que ya ha visto muchas cosas entiendo que los jóvenes estén sintiendo miedo porque realmente da miedo, pero hay que salir y luchar. Si nos quedamos en casa callados sin hacer nada va a ser peor. Y creo que ahora la gente empezará a despertar”.

“Así como liberamos la calle vamos a liberar los aeropuertos”. Con esa frase, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro hasta donde llegó el conflicto con los gremios aeronáuticos y adelantó que en breve el Gobierno nacional anunciará medidas para frenar las protestas.

“Ayer se habló informalmente en el Gabinete y las palabras del presidente Milei fueron: 'Esta es la última'. Se van a tomar medidas mucho más drásticas en cuanto a la compañía y a Intercargo”, dijo la ministra.

Bullrich cuestionó la medida gremial de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que ayer afectó el trabajo de la empresa Intercargo –que depende de la secretaría de Trabajo– en el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza y afectó a miles de pasajeros con demoras y cancelaciones de vuelos. La respuesta del Gobierno llegó por la noche, cuando se anunció que se convocará a un Plan Preventivo de Crisis “como ultimátum al cierre de la compañía”.

“Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que 18 personas debieron ir a la unidad médica. Personas con temblores, con sofocamiento, convulsiones, una persona con hipertensión”, dijo hoy Bullrich quien definió la medida gremial de ayer como “un piquete aereo”

En diálogo con La Nación + aseguró: “Nos pusimos al frente, logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, que vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en aeropuertos, haciendo asambleas repentinas, arruinándoles la vida a miles de personas con distintos destinos”.

Sobre la empresa estatal Intercargo, dijo que “es una problema enorme desde hace años”. “Hay que tomar medidas rápidas que tienen que ver con Aerolíneas, con los pilotos y con Intercargo que los hemos denunciado ante la justicia federal por abandono de persona y privación ilegítima de la libertad”, agregó.

“Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Nosotros defendemos a los 46 millones de argentinos y sus impuestos que les pagan a estos señores los sueldos para torturarlos”, concluyó la ministra. 

El Ministerio de Seguridad acusa a los gremialistas por privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. Ayer,  la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tuvo que ayudar a bajar a los pasajeros que habían quedado varados dentro de los aviones en Ezeiza y Aeroparque ya que el servicio de rampa y manejo de equipaje es controlado por Intercargo.

El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, defendió la medida de fueraza: “Los pasajeros nunca estuvieron de rehenes como dicen algunos funcionarios. Eso no pasa nunca, ni siquiera cuando hay un paro general de actividades. Nos están comparando prácticamente con Hamas los funcionarios del Gobierno, es una mentira burda terrible”, dijo al hablar en en Futurock.

Aplausos adentro, repudio y reclamos afuera. Javier Milei consiguió en Mar del Plata el abrazo empresario que vino a buscar al 60° Coloquio de IDEA, y que había despreciado un año atrás en plena campaña presidencial. Pero en paralelo, la comunidad universitaria local aprovechó su presencia en la ciudad para recordarle desde las calles que no en todos los frentes era considerado un visitante ilustre: estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) marcharon junto a investigadores y personal del Conicet hacia el hotel donde se desarrollaba el encuentro corporativo más importante del año, para exigirle que garantice el financiamiento universitario.

La movilización se dio en el marco de las medidas y acciones que se llevan adelante en distintos puntos del país contra el ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema universitario. 

“Con la universidad pública no se jode”. Con esa frase en la bandera de arrastre, la marcha partió cerca de las 10 desde la sede de la Facultad de Ingeniería de la Unmdp y avanzó unas 30 cuadras hacia la zona de Playa Grande. Las columnas confluyeron al mediodía en las inmediaciones de la sede del coloquio. Minutos más tarde, Milei inició su intervención de cierre ante cientos de referentes del empresariado nacional. El Presidente decidió aceptar la invitación como orador principal del evento corporativo en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo el año pasado, cuando consideró que era territorio hostil por exceso de macrismo en plena campaña y optó por organizar una suerte de contracumbre en un restaurante cercano. 

En la edición 2024, el vallado de seguridad que blinda cada año el hotel ubicado frente al Mar del Plata Golf Club durante los días del encuentro reforzó su dotación de efectivos policiales este viernes, desde las 7, para mantener lo más alejados posibles a los manifestantes que querían llevar el mensaje contra el ajuste al mandatario. Los acreditados para el coloquio debían ingresar temprano al hotel, ya que luego se restringió el acceso en una zona perimetral de doce manzanas. 

El operativo de seguridad fue diseñado por Policía Federal junto a personal de Casa Militar que desembarcó en la ciudad 48 horas antes que el presidente. Milei llegó a media mañana en avión al Aeropuerto Astor Piazzolla y se trasladó en helicóptero hasta la Base Naval, en el puerto marplatense. Completó el trayecto hasta el hotel del coloquio por tierra. Los controles y vallados en las inmediaciones del lugar impidieron que las columnas universitarias se acercaran a menos de 200 metros del lugar.

En la movilización en reclamo por el financiamiento universitario participaron profesores nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) —quienes llevan adelante un paro por 48 horas desde el jueves—, trabajadores no docentes –que dispusieron un cese de tareas para el próximo lunes y martes— y estudiantes de las diez facultades de la Unmdp. También se movilizaron investigadores y trabajadores del Conicet, y alumnos y docentes del Colegio Nacional Arturo Illia, que depende de la universidad.

“Le decimos no al ajuste en las universidades, defendemos la educación superior pública y gratuita, y rechazamos los vetos del Presidente”, dijo en diálogo con elDiarioAr el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti. “Queremos que mientras habla cómodo en un cinco estrellas escuche el reclamo universitario y de la ciudadanía que nos acompaña”, agregó.

Antonia Muñoz, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Conicet, expresó: “Hoy marchamos junto a toda la comunidad universitaria en defensa de derechos fundamentales que están siendo gravemente amenazados”.

“Exigimos educación pública, gratuita y de calidad para todos. Reclamamos el cese de la paralización impuesta a las instituciones de ciencia y tecnología, y rechazamos el ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables, como jubilados y jubiladas, mientras se favorece a sectores ya poderosas con exenciones impositivas”, aseguró.

Catalina D'Aquino, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, dijo a elDiarioAR: “Como estudiantes rechazamos el veto al financiamiento del sistema universitario, porque creemos que nuestras universidades son un motor de movilidad social ascendente y permite que los hijos de trabajadores ingresen, estudien y aspiren a un puesto trabajo decente”.

“No creemos en quedarnos en nuestras casas –agregó—, por eso salimos, como lo venimos haciendo estas semanas, con acciones y tomas en las facultades, durmiendo en el suelo, con frío, con la convicción de que la universidad se defiende”. Expresó además que “estas movilizaciones masivas no solo le hablando al Gobierno”, sino además “a toda la sociedad”. “Les decimos a todos que si el presidente o sus intermediarios no nos escuchan, tenemos que seguir plantándonos en las calles”.

Mientras la movilización avanzó por la avenida Juan José Pasó hasta llegar a la zona del coloquio, automovilistas, vecinos y trabajadores de obras en construcción del barrio San Carlos, uno de los más caros de la ciudad, sumaban bocinazos y aplausos en apoyo en el mediodía soleado y caluroso. 

Aunque el foco principal fue el rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario y la embestida del Gobierno nacional contra las universidades, a la convocatoria en las inmediaciones del encuentro empresario se sumaron además agrupaciones de jubilados y pensionados de la ciudad, movimientos sociales y las regionales marplatenses de las tres centrales sindicales –CGT, CTA y CTA Autónoma—. El secretario general de la CGT a nivel local, José Luis Rocha, dijo que la marcha fue “contra el ajuste en todos los frentes”.

Desde temprano, el boulevard ubicado frente al hotel del coloquio fue decorado con cruces con críticas a las políticas de ajuste, por parte de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados marplantese. “Milei, repudiamos la destrucción del Estado”, “Basta de jubilaciones y pensiones de hambre” y “Con el hambre de los jubilados no se negocia”, eran algunas de los mensajes.

Frente al vallado se manifestaron además estudiantes de la Escuela Nacional de Pesca que funciona en la ciudad, para expresar su rechazo al posible cierre de la institución, dependiente de la Armada Argentina, encargada de la formación de trabajadores de la industria pesquera.

Mientras esto ocurría afuera, adentro el presidente Milei insistía en quitarles importancia a las protestas de la comunidad universitaria en todo el país: “Utilizan la campaña negativa para que no les auditen”, señaló, pese a que las universidades públicas sí son controladas: lo hacía la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y ahora, por decisión de un funcionario nacional, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, lo hará la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo.

“¿Ustedes están a favor de los chorros para afanar con la política?”, le preguntó el mandatario a la audiencia. “Las universidades van a seguir siendo públicas solo que van a ser auditadas y tengo que seguir respondiendo por esto”, recalcó Milei, como si se tratara de un anuncio, y despertó aplausos de los empresarios.

AVL/JJD

Centros de estudiantes y organizaciones gremiales docentes culminaron un miércoles marcado por diversas acciones de protesta con marchas de velas y antorchas en distintos puntos del país.

En la ciudad de Buenos Aires, la manifestación fue convocada en Plaza Houssay, desde donde la “marcha de las velas” se dirigió hasta el Palacio Pizzurno, sede de la actual Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación).

El Frente Sindical de docentes universitarios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) dedicieron la convocatoria de estas manifestaciones, como antesala del paro nacional que se realizará mañana y se repetirá el lunes y martes de la semana que viene.

Como se está volviendo habitual en las protestas universitarias, hubo momentos de tensión entre manifestantes y un influencer libertario que concurrió a Plaza Houssay. Se trata del conocido youtuber mileísta Mariano Pérez, que fue escoltado por la policía mientras escuchada gritos de “fuera facho, fuera”, sin que se reportaran agresiones de otro tipo.

Fuera de CABA, se destacó la masividad de la Marcha de Antorchas que está teniendo lugar en la ciudad de La Plata, que se convocó frente al Rectorado de la UNLP.

Noticia en desarrollo...

El llanto desmedido de un bebé. Yuliana Figueredo, de 37 años, lo escuchó ni bien llegó a la humilde casa de su vecino. Las calles angostas y de tierra del barrio San Jorge, en la localidad bonaerense de Campana, donde ella vive, impiden el ingreso de las ambulancias. Por eso, esa mañana del año 2022, la llamaron urgente. Yuliana había hecho un curso de primeros auxilios en el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), una ONG humanitaria y sin fines de lucro creada en 2002 y dedicada a la asistencia médica en contextos de emergencia. El bebé respira con dificultad esa mañana, algo impide la llegada de aire. Yuliana le aplica un procedimiento básico. Los padres no se animan a mirar. Escuchan el llanto y las inhalaciones agitadas de su hijo, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Yuliana insiste. El aire en los pulmones prematuros se compacta, pero fluye de nuevo. Limpio y constante. La pareja la abraza. Yuliana no lo sabe aún, pero no será la última vez que un padre o una madre le agradezca. Dos años después, una tarde de septiembre del 2024, en medio de la represión de la policía a los jubilados en el Congreso, asistirá a Fabrizia, una menor de 10 años gaseada intencionalmente por un efectivo. Tampoco sabe que el Gobierno, tras esa manifestación, le echara la culpa del incidente a ella y sus compañeros del CEPA.

José Parizzia, de 50 años, está a seis meses de retirarse como miembro del Ejército argentino, tras 34 de servicio. Se especializa en reparar tanques de guerra. La soledad de un taller con esas moles de acero lo llevó a pensar en qué hacer luego del retiro. La vocación de servicio por el otro. Ayudar en medio de la tempestad, aunque no haya una guerra. Eso le genera adrenalina a José. Por eso, desde hace dos años, integra el CEPA como rescatista voluntario. En la última marcha del miércoles en el Congreso, contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas que finalmente fue convalidado por la Cámara de Diputados, y luego de que un policía infiltrado arrojara un chorro de gas a los ojos contra un grupo de manifestantes, José mantendrá una sonrisa calma. Al menos siete heridos se retorcerán de dolor en el piso alrededor suyo, mientras prepara pausadamente una botella con leche que servirá de alivio para ese ardor terrible. Adrenalina.

Miguel Irrutegui, técnico en emergencias médicas, forma parte del CEPA como rescatista desde hace más de 20 años. Participó en las grandes tragedias de los últimos años en la ciudad. La voladura de la AMIA. El incendio de Cromagnon. El choque del ferrocarril de la línea Sarmiento en la Estación de Once. Su experiencia lo llevó a dirigir al grupo de rescatistas durante los operativos. El último miércoles, tras asistir a un jubilado que se había descompuesto en la marcha en el Congreso, se emocionará por su equipo. “Es muy gratificante ver cómo trabajan”, dijo Miguel. “Uno está hace mucho en esto y ver que se suman cada vez más jóvenes, nos llena de orgullo”, apuntó el rescatista. Esa tarde, luego de ordenar que lleven a los heridos por los gases al Instituto Patria en la calle Rodríguez Peña, lugar que el CEPA suele utilizar como apoyo para resguardar a las víctimas, Miguel le explicará a Oscar Parrili, senador nacional y vicepresidente del organismo, el efecto nocivo de estos gases en los ojos.

Luisina Troncoso, de 43 años, también es técnica en emergencia médicas, pero se sumó al CEPA cuando vio por la televisión las imágenes de los jubilados reprimidos, luego de que “87 héroes” en el Congreso vetaran un pequeño aumento en su sueldo. El miércoles fue su tercer operativo. “Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé”, cuenta Luisina, quien también es escritora. Cecilia Chirico, empleada en una empresa privada de provincia, llegó por lo mismo. “Poder dar una mano en este contexto es importante”, señala Cecilia, en su primer operativo como rescatista. La historia de Miguel Palacios, 26 años y arbitro de fútbol, es similar. La posibilidad de ayudar al otro en un contexto represivo lo motivó a sumarse. Vive en Ciudadela y el miércoles fue su segundo operativo en el Congreso. “Esto es una vocación”, dice Miguel. “Pero hay que estar atento y manejar bien la situación porque todo puede desmadrarse”, se sincera.

Me genera mucha impotencia todo lo que pasa. Tengo a mis papás jubilados y sé por lo que pasan. Por eso me sumé

Un ardor terrible

Son las tres de la tarde del último miércoles y Miguel Irrutegui reúne al equipo del CEPA en avenida Callao y Bartolomé Mitre. Son 10 rescatistas, vestidos de naranja y con cascos blancos. Cada uno lleva un cinturón con elementos básicos de asistencia médica. Fueron convocados por la marcha de los jubilados, una protesta habitual desde que el gobierno vetó un aumento en sus haberes. El Congreso está rodeado de vallas que empujan a los manifestantes hasta las inmediaciones de la plaza. El CEPA empieza su recorrido. Los jubilados se mezclan con los universitarios, en medio de la discusión en la Cámara de Diputados por el veto al financiamiento de estos últimos. No hay cordones policiales a la vista, apenas un puñado de efectivos del otro lado de las vallas. Miguel y el resto de los rescatistas deambulan entre la gente sin complicaciones. Hasta que Carlos Tabulosky, un jubilado de 74 años vestido con una remera del club Chacarita, se desvanece en la calle. El CEPA lo rodea. Dos de un lado. Dos del otro. Le miden la presión. Las pulsaciones. Es la cuarta marcha a la que asiste Carlos. Siempre con la remera de Chacarita. “Vengo por todos los jubilados que la están pasando como el orto”, dice Carlos desde el suelo. “Hoy veo a muchos jóvenes universitarios y ellos van a ganar esta lucha”, repite Carlos, ahora acostado desde una camilla que los rescatistas plegaron.

Lo apartan del tumulto y deciden llamar al SAME. Mientras esperan en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman se acerca. “El compañero viene a todas las marchas siempre con su camiseta de Chacarita”, indica la diputada, reconociendo la persistencia en su lucha contra las injusticias. “La labor que hace el CEPA, junto a todas las postas de salud de las marchas, es crucial con este gobierno represor”, apunta Bregman. Carlos se recupera y prefiere irse a la casa por su cuenta. “Les agradezco de corazón todo lo que hacen por nosotros”, se despida el jubilado, que asegura que el próximo miércoles está de vuelta. Los rescatistas lo saludan. Los manifestantes empiezan desconcentrar. El CEPA descansa en fila desde la esquina. Las calles lucen tranquilas. La paz que antecede al desastre.

Una turba de manifestantes empieza a perseguir al influencer libertario, Fran Fijap, que se esconde dentro de un local de empanadas. Todo sucederá rápido. Los empleados del local aún no lo saben, pero el presidente Javier Milei las visitará al otro día. Ahora mismo, un grupo intenta sacar al militante libertario a los golpes. Las persianas del local se bajan. El CEPA se mantiene inmóvil, justo en frente. “Somos neutrales, no podemos intervenir ahí”, explica Miguel. Hasta que alguien alerta sobre un herido de gas. No hay presencia policial, pero llegan personas frotándose los ojos.

Matías Baglietto, fotógrafo que debía retratar a los rescatistas en acción para esta nota, se tira al suelo y pide ayuda. Son, al menos, seis gaseados. Un policía de civil que hacía trabajo de inteligencia en la marcha ─se sabrá después─, arrojó gas desde el local de empanadas. Los rescatistas se dividen la atención de los heridos. José, el mecánico de tanques, prepara una botella con leche. Miguel, el árbitro de fútbol, asiste a una manifestante que acaba de convulsionar. Yuliana, quien asistió a la nena de diez años reprimida, colabora con los botiquines de emergencia. La escena continuará en el Instituto Patria. 

“Nuestra misión siempre va a ser cuidar a los heridos y establecer lugares fuera de peligro”, explica Esteban Chalá, asistente humanitario y uno de los fundadores del CEPA. Ese día, al salir del Instituto y volver a la calle, algunos rescatistas serán filmados por la propia policía. “Alguna vez hubo un seguimiento específico contra nosotros, pero no le damos importancia. Nunca descuidamos nuestra tarea humanitaria con las personas que lo necesitan”, señala Esteban.  

La jornada del miércoles finalizó con 16 heridos, seis detenidos y una denuncia por parte de organizaciones de derechos humanos por tres policías infiltrados. “Una jornada tranquila para nosotros”, bromea Miguel, un día después.

Al caer la tarde, los rescatistas del CEPA se retiran en silencio, dejando atrás la batalla de ese miércoles, otra más. Las heridas sanarán pero las cicatrices de la injusticia quedarán marcadas en cada uno de los manifestantes que lucharon por su dignidad. Aún así, en cada mirada agradecida, en cada abrazo desesperado, los rescatistas encuentran la fuerza para seguir.

No llevan armas ni escudos, pero en cada vendaje, en cada inhalación recuperada, desafían al poder con su humanidad. Porque en medio del gas y el miedo, son ellos quienes recuerdan a todos que la verdadera lucha no es por las calles, sino por el derecho a vivir en un país justo.

FLD/JJD

Al menos siete persosonas fueron detenidas y 16 resultaron lastimadas con gas pimienta –entre ellas el fotógrafo Matías Baglietto quien cubría una nota para elDiarioAR–, durante incidentes frente al Congreso luego de la votación en la que Diputados ratificó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Los convocantes a la manifestación afirmaron que estas situaciones se dieron luego de que, una vez finalizada la votación en la Cámara de Diputados, youtubers libertarios ingresaron a la concentración a provocar a los manifestantes. Policías que estaban de civil, haciendo tareas de inteligencia ilegal, entre a las y los manifestantes, intervinieron para resguardar a en un local y luego arrojaron gas pimienta.

Con el correr de la tarde-noche, uno de los detenidos fue identificado como Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 detenidos por protestar en junio contra la ley Bases que fue liberado el pasado 5 de septiembre, tras permancecer casi tres meses en una celda.

44 años, empleado en una panadería, Roberto había recuperado su libertad hace poco más de un mes, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar.

Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, sostuvo Roberto en una entrevista con elDiarioAR, realizada tras su liberación.

Soportó la detención con buen ánimo hasta que quedó como el único detenido por la protesta contra la Ley Bases, luego de que fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales. 

Tras aquel oscuro periplo, Roberto volvió ayer a participar de una protesta contra las medidas de Javier Mieli. Y hoy está detenido nuevamente.

DM/MC

Un libro con historias sobre las Abuelas de Plaza de Mayo ayudó a Roberto de la Cruz Gómez a soportar parte de los 84 días que estuvo encarcelado en el penal de Ezeiza por protestar. “A partir de esas historias valoré cómo estaba yo mismo, dentro de todo con salud y con mucho cariño y apoyo de todas las organizaciones sociales que me acompañaron”. Del otro lado del teléfono con elDiarioAR, Roberto habla rápido, con un ánimo que sorprende apenas un día después de ser el último de los detenidos durante la feroz represión del 12 de junio pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado votaba la ley Bases.

44 años, empleado en una panadería, Roberto recuperó su libertad el jueves a la tarde, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar a viva voz. 

“Yo sabía que era inocente y muchos me decían que era excarcelable. Yo fui a la marcha, nunca lo negué a eso, y sabía que podían detenerme y largarme al otro día, porque en este país siempre creen que los malos son los que van a marchar. La Argentina siempre va a vivir así, al límite”, dice Roberto. Simpatizante del kirchnerismo, pero sin estar organizado, fue a la marcha aquel 12 de junio por su cuenta, con una bandera hecha por él mismo que decía “Patria sí, colonia no. No a la ley Bases”. Lo motivaba reclamar la mala situación económica, que afecta incluso el negocio donde trabaja: “El dueño me dijo que si la crisis sigue así va a tener que cerrar”.

Como el 12 era miércoles y tenía franco en su trabajo, aprovechó ya la noche del martes para ir a la vigilia frente al Congreso. Al día siguiente regresó al mediodía y se sorprendió del fuerte operativo de seguridad por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: “Estaba lleno de policías y motos”. Al poco tiempo pudo ver cómo reprimieron a un grupo de jubilados y trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sobre Callao y Rivadavia. Volvió a su casa para almorzar y cuando más tarde fue de nuevo a la plaza notó que el clima ya era mucho más espeso. “Veo una humareda gigantesca. La plaza era una batalla campal, con mucho humo y permanente ruido de tiros”, recuerda. 

Una de las gaseadas de la policía lo encegueció y tuvo que sentarse. Hubo quienes lo ayudaron a limpiarse la cara. Observó a familias corriendo, a personas mayores tapándose la boca con pañuelos para no ahogarse. “La Policía nunca nos avisó que nos iba a despejar. El aviso fue a balazos y a gas lacrimógeno. Tiraron a mansalva. En cada marcha se ve la violencia y el odio que el Poder Ejecutivo le transmite a la Policía”, denuncia.

Cuando ya anochecía y la manifestación descomprimió hacia la 9 de Julio corrida por la policía, en avenida de Mayo y Sáez Peña lo detuvieron. Los efectivos lo inmovilizaron poniéndole una rodilla en la cabeza: “Todo fue en plena oscuridad”. Lo habían señalado de quemar un tacho de basura y tener palos, aunque nunca hubo pruebas en su contra de haber participado en los graves incidentes que sí se registraron en aquella jornada, como el móvil de la radio Cadena 3 que fue dado vuelta y prendido fuego.

Comenzó entonces para Roberto un periplo que duró varias horas por una comisaría de la Ciudad hasta que a las 4 de la mañana fue al penal de Ezeiza, donde efectivos del Servicio Penitenciario Federal lo recibieron con pasamontañas y a los gritos. Estuvo una hora parado, esposado, mientras le tiraron gas pimienta y lo increparon acusándolo de “kirchnerista”. “Los primeros días fueron horribles. En el primer pabellón que me ingresan había asesinos con condenas desde seis años para arriba, hasta que logré que me cambien. Pero el SPF es totalmente negligente. Te hacen levantarte a las 3 o 4 de la mañana. Hay una persecución todo el tiempo con requisas, te obligan a desnudarte y todo el tiempo me preguntaban si pertenecía a un partido político o a una agrupación”, narra Roberto. 

Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, denuncia Roberto, que tuvo acompañamiento permanente de diversas organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, familiares de detenidos y familiares de desaparecidos. 

Soportó la detención con buen ánimo hasta que la semana pasada quedó como el único detenido por protestar, luego de que el miércoles 28 de agosto fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales. 

Roberto fue el último liberado en una cacería policial que alcanzó a 33 personas, de las cuales a la gran mayoría se le dictó falta de mérito apenas los primeros días. Su causa y la de Daniela –que estuvo 75 días presa porque llevaba una pechera del MTR y el pañuelo verde dela lucha por la legalización del aborto– siguen abiertas, aunque nunca les encontraron una prueba de ser “terroristas” o cometer un golpe de Estado. Hoy todos los presos por protestar contra Javier Milei están libres.

MC/MG

Las protestas antiinmigración y contrarias al Islam organizadas en múltiples pueblos y ciudades del Reino Unido, apoyadas por grupos de ultraderecha como la Liga de Defensa Inglesa, acabaron en disturbios cuando muchos de los asistentes agredieron a los agentes con todo tipo de objetos mientras que algunas tiendas fueron saqueadas, se incendiaron cubos de basura y una biblioteca.

Aunque estas agrupaciones llevan semanas organizando protestas, la tensión aumentó a raíz del ataque con arma blanca del 29 de julio en un centro recreativo en Southport (noroeste inglés), en el que tres niñas murieron y ocho menores y dos adultos resultaron heridos.

El autor del ataque, Axel Rudakubana, de 17 años, nacido en Gales de padres ruandeses, ha sido acusado del asesinato de las pequeñas e intento de asesinato de las otras diez personas, pero el malestar de la ultraderecha aumentó al divulgarse por las redes sociales información falsa de que el agresor era solicitante de asilo que había cruzado en bote el Canal de la Mancha -entre Inglaterra y Francia- en 2023.

Los disturbios se extendieron también a ciudades inglesas como Stoke-on-Trent, Nottingham, Belfast y Blackpool, si bien otras organizadas en otros centros urbanos transcurrieron sin incidentes.

Las fuerzas del orden de los distintos condados a los que pertenecen esas ciudades desplegaron agentes con uniformes antidisturbios y otros pertenecientes a las unidades de caballería.

En Bristol, oeste inglés, un grupo gritaba “Inglaterra hasta que muera” y “queremos que nos devuelvan a nuestro país” y otros portaron afiches contrarios a los inmigración.

En Leeds, en el norte de Inglaterra, unas 200 personas caminaron por el centro de la ciudad y gritaban “detened los barcos”, en referencia a os botes precarios de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha.

Muchos de los participantes estaban envueltos con la bandera inglesa y corearon el apoyo de Tommy Robinson, fundador de la Liga de Defensa Inglesa, que, según los medios británicos, está de vacaciones, fuera del Reino Unido, pero fomenta los incidentes a distancia.

En Belfast, un café y un supermercado fueron incendiados, así como varios vehículos, a pesar de que la Policía mantuvo separados a dos grupos enfrentados, uno denunciando la inmigración y otro que protestaba contra las acciones racistas de la extrema derecha.

Las dos partes intercambiaron insultos y se lanzaron algunos objetos en una situación tensa ante el ayuntamiento de la ciudad.

Cuatro agentes resultaron heridos en Sunderland, tres en Hull y varios en Liverpool, los lugares donde los disturbios fueron más intensos.

4.000 agentes antidisturbios preparados para responder

El Consejo Nacional de Comisarios de Policía informó hoy de que hay 4.000 agentes antidisturbios preparados para salir a la calle si la violencia continúa en los próximos días, y por el momento las autoridades descartan el despliegue de militares.

El primer ministro británico, Keir Starmer, según indicó un portavoz, prometió total apoyo a las fuerzas del orden contra los “extremistas” que intentan “sembrar el odio” y que la libertad de expresión y los disturbios violentos son cosas distintas.

La viceministra principal de Irlanda del Norte, Emma Little-Pengelly, dijo que “la violencia no es aceptable”.

“Irlanda del Norte siempre debe ser un lugar que proteja el derecho a protestar, el derecho a tener una opinión y expresarla. Seamos MUY claros: la violencia no es aceptable. Nunca lo fue y no lo es ahora. Nadie, NADIE, tiene derecho a expresar odio y violencia. Deténganlo ahora”, escribió en X.

Las cortes pueden abrir las 24 horas para atender acusados

La ministra de Justicia, Shabana Mahmood, ha adelantado a los medios que el “sistema judicial está preparado para imponer condenas lo antes posible”, lo que implicará que las cortes pueden permanecer abiertas las 24 horas del día para presentar formalmente cargos a los implicados en los disturbios.

El alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, dijo en un comunicado que se trata de “violencia insensata por parte de personas que buscan una excusa para difundir odio y llevar a cabo actos de violencia.”

“Familias y turistas perseguidos por las calles. Niños traumatizados. Y la misma policía que corrió hacia el lugar de los hechos en Southport ahora es objeto de agresiones y abusos. Estas escenas avergüenzan a nuestra ciudad y los responsables merecen sentir todo el peso de la ley”, agregó.

DM con información de agencia EFE

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado encabeza una nueva marcha contra el régimen de Nicolás Maduro en Caracas, donde se concentraron miles de ciudadanos para exigir las actas de las últimas elecciones.

 “Después de una brutal represión creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final. Nunca hemos estado tan fuertes como hoy. Nunca el régimen ha estado tan débil como hoy. Han perdido toda la legitimidad”, afirmó la dirigente.

Con normalidad y sin incidentes reseñables hasta ahora, comenzaron hace algunas horas las protestas, convocadas por la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Las manifestaciones también se están replicando en distintos puntos del país y del exterior.

Es la segunda manifestación de gran magnitud que se lleva a cabo a instancias de la oposición mayoritaria, que reclama que su abanderado en las presidenciales, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen, apoyando su afirmación en el 80 % de las actas de votación que asegura tener en su poder y que ha subido a una página web.

Sin embargo, el chavismo insiste en que la documentación puesta a disposición de los ciudadanos por parte de la oposición no es real, mientras el CNE no ha hecho públicas las actas que, asegura, entregará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), si así lo requiere.

La actuación del TSJ comenzó después de que Maduro interpusiera un recurso de amparo, tras tres días de reclamos, para que el alto tribunal realice un peritaje a los resultados de las elecciones, cuya transparencia ha sido puesta en duda por parte de la oposición, diversas organizaciones y una buena parte de la comunidad internacional. 

DM con información de agencia NA

Tras dos jornadas de manifestaciones, la ciudadanía venezolana volvió a protestar contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que este domingo proclamó a Nicolás Maduro como presidente con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia. El fiscal general, Trek William Saab, informó este miércoles en rueda de prensa de la detención de 1.062 personas.

Saab volvió a recordar este miércoles las penas de prisión y los delitos a los que podrían enfrentarse quienes no reconozcan los resultados. Aseguró que los manifestantes arrestados están siendo acusados de delitos como instigación pública, obstrucción de las vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, “en los casos más graves, terrorismo”. También ha señalado que al menos 77 policías y militares han resultado heridos, 29 más que el martes, y que uno ha fallecido en la región de Aragua.

Entre los detenidos también parece haber algunos políticos opositores. Un vídeo ha circulado en redes sociales este martes en el que se observaba a unas personas encapuchadas introduciendo a la fuerza en un coche a tres hombres. El partido Vente Venezuela confirmó que se trataba de Freddy Superlano, el exdiputado opositor de Voluntad Popular, y de dos de sus trabajadores.

Centenares de personas respondieron a la convocatoria que María Corina Machado, líder de la oposición, hizo el lunes por la tarde después de asegurar que contaban con el 73% de las actas electorales y de insistir en que los resultados daban la victoria a González Urrutia.

Machado hizo un llamamiento a celebrar asambleas populares en varios puntos del país: “Nos encontramos, en familia, organizados, demostrando la determinación que tenemos de hacer valer cada voto y de defender la verdad”.

Aunque Machado dijo que serían asambleas breves, de 11 a 12 de la mañana, la caravana en la que viajaban ella y González Urrutia, con destino a la sede de Naciones Unidas, circulaba pasadas las dos y media de la tarde por las calles de Caracas.

Antes de terminar el acto, y subido al vehículo de la caravana, Edmundo González reiteró que “los resultados ya los sabemos. Los conocemos y los tenemos en todas las actas que tenemos en nuestro poder, así que no se preocupen”. Y añadió: “Señores de la fuerza armada: no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela”.

Según informaron medios venezolanos, el Gobierno desplegó operativos policiales y militares en vista de estas protestas.

En una transmisión del medio El Pitazo, un hombre que se encontraba en el municipio de Baruta afirmaba: “Aquí tenemos la presencia de unos compatriotas vestidos de negro y con armas largas (...). Si se acercan, los vamos a recibir con cariño y con amor para decirles que aquí no nos vamos a mover”.

En paralelo, ciudadanos afines al chavismo también fueron convocados por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, para defender los resultados oficiales. Rodríguez había cárcel para González Urrutia y para Machado, a quienes acusó de ser los responsables de una “conspiración fascista” contra las presidenciales.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, pidió “respetar la decisión del pueblo venezolano”. “El golpe de Estado fascista dirigido desde las redes sociales está siendo derrotado en las calles”. Maduro, desde el palacio de Gobierno, les pidió movilizarse “todos los días” para “restituir la paz, la tranquilidad y la normalidad” y culpó a los líderes de la violencia en las protestas, así como de las muertes de manifestantes.

Machado dijo que el bloque opositor mayoritario no acepta “el chantaje” del Gobierno ni del oficialismo “de que defender la verdad es violencia”.

Seis personas fallecidas y decenas de detenciones

Las protestas de los opositores contra el recuento oficial comenzaron el lunes por la mañana, inicialmente de manera pacífica, aunque por la tarde escalaron y la tensión fue en aumento.

Varios vídeos publicados en redes sociales muestran a personas arrancando carteles de la campaña electoral oficialista, con el rostro de Maduro, que motociclistas arrastraron después por el asfalto.

Durante la jornada se derribaron también varias estatuas de Hugo Chávez, expresidente venezolano fallecido en 2013 y antecesor de Nicolás Maduro. También se quemó un cuadro con el rostro del político.

Poco después de finalizar la concentración de la oposición mayoritaria en Caracas, continuaron las detenciones, durante enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de seguridad.

Foro Penal, una organización de derechos humanos venezolana que siguió las protestas, informaba en la mañana del martes de la muerte de seis personas. Según publicó en sus redes sociales, estas personas tenían entre 15 y 40 años y se encontraban en los estados de Aragua, Táchira, Yaracuy y Zulia. Por su parte, la Encuesta Nacional de Hospitales, una red de profesionales de la salud que monitorea el estado de los hospitales, contabilizaba 11 fallecidos a las 11 de la mañana.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó en su cuenta de X que el país está muy preocupado “por el acoso y la detención de miembros de la oposición democrática”. “Llamamos a la liberación inmediata de estas personas. Cualquier acción para detener o arrestar a miembros de la oposición democrática es una escalada injustificada”. Por su parte, el canciller peruano, Javier González-Olaechea, condenó “el reciente secuestro del coordinador general de Voluntad Popular (agrupación que postuló a la presidencia a Edmundo González)”.

Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha mostrado “extremadamente preocupado por las crecientes tensiones, con informes preocupantes de violencia desde las elecciones del domingo pasado”. “Las autoridades deben respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y expresar sus opiniones libremente y sin miedo”. El alto comisionado de la ONU ha denunciado el “uso desproporcionado de la fuerza” y ha confirmado la muerte de una persona.

Las actas no aparecen

El CNE confirmó a Maduro como presidente sin haber hecho públicas las actas electorales, como había prometido. El domingo en la medianoche de Venezuela, Elvis Amoroso, presidente de la autoridad electoral, aseguró que “en unas horas” publicarían las actas, mesa por mesa. Pero esto no sucedió. El CNE no volvió a dar datos y desde el lunes, la página de la institución dejó de estar operativa.

Por su parte, la oposición continuó afirmando que ha ganado los comicios y publicando documentos al sitio web ganovzla.com, un nuevo enlace que crearon después de reportar problemas en la página original. “Señores del CNE, no se preocupen por buscar las actas, aquí están las actas”, dijo Edmundo González mientras señalaba a la ciudadanía que se concentró el lunes.

La misión de observación electoral del Centro Carter, una organización estadounidense invitada por Venezuela, ha declarado este miércoles que la elección presidencial “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. La organización explica que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” presentados por el CNE en la medianoche del domingo 28 de julio, en la que la autoridad electoral declaró a Maduro ganador de la contienda con el 51,2% de los votos, sin presentar los resultados desglosados mesa por mesa y asegurando que habían revisado el 80% de las actas.

Los miembros de la delegación abandonaron Venezuela en las siguientes horas. Según pudo conocer este medio, su salida del país no fue a petición del gobierno venezolano, sino que se debió a un tema logístico. Todavía no hay certeza de si publicarán la declaración provisional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también se ha pronunciado este martes en un extenso informe en el que señala una serie de irregularidades antes, durante y después de las elecciones y concluye que “los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático”. Sin embargo, a diferencia de los observadores del Centro Carter, la OEA no ha estado presente en Venezuela.

“La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones”, dijo la organización en un comunicado que compartió Luis Almagro, secretario general de la OEA, acusado de parcialidad por su polémica intervención en otros procesos electorales como el de Bolivia en 2019.

Josep Borrell, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha dicho que sigue con preocupación la situación en Venezuela: “En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”.

“En estos momentos difíciles, es importante apelar a que las manifestaciones y protestas sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión”, ha añadido Borrell.

Reacciones a la expulsión de diplomáticos

Este lunes, el Gobierno venezolano exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”.

Maduro tomó esta decisión en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las elecciones. Los países han emitido comunicados conjuntos desde el domingo en los que cuestionan los resultados y exigen al Gobierno la publicación de actas.

El lunes por la noche, el presidente chileno Gabriel Boric aseguró que esta expulsión demuestra “una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”. Este martes, el mandatario aclaró que Chile no rompería relaciones con Venezuela pero reiteró que “la decisión unilateral que ha tomado Venezuela (...) es injustificable”.

El presidente dominicano, Luis Abinader, ha asegurado que acatará la decisión del Gobierno de Venezuela, aunque ha señalado que su país únicamente ha hablado “de que esos resultados puedan ser transparentados a través de las actas y que haya una presencia internacional”.

La cancillería de Perú informó que había comunicado a sus diplomáticos acreditados en Venezuela que abandonen el país en menos de 72 horas.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció hoy el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los organismos de seguridad de Venezuela y de individuos que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro, tras su nueva reelección en comicios que están siendo contestados dentro y fuera del país.

La oficina de Türk ha recibido reportes sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y de que en estos hechos han participado los llamados “colectivos”, en referencia a grupos civiles armados próximos al aparato estatal.

“Varios manifestantes han sido heridos con armas de fuego, con varias muertes confirmadas, aunque hay más denuncias que están pendientes de verificación”, indicó en un comunicado circulado en Ginebra.

Tras pedir que se sancione a los autores de tales hechos, el alto comisionado urgió a las autoridades venezolanas a respetar el derechos de los venezolanos a reunirse, a protestar de forma pacífica y a expresar sus puntos de vista libremente y sin miedo.

En ese sentido, pidió que la disputa electoral se resuelva de forma pacífica, con transparencia y que se publiquen oportunamente los resultados de cada colegio electoral, para lo cual “las autoridades electorales deben realizar su trabajo de forma independiente y sin interferencias”.

Según la organización no gubernamental Foro Penal, once personas murieron el lunes en los enfrentamientos entre partidarios de Maduro y opositores.

Por parte del gobierno, el fiscal general Tarek William Saab ha informado de 749 personas detenidas en las numerosas protestas registradas en 17 de los 24 estados del país.

La oposición ha llamado a protestar contra un posible fraude, ya que afirma tener más del 40% de las actas del proceso, en las que el ganador habría sido el candidato Edmundo González Urrutia.

Varios gobiernos han reclamado un recuento de los votos en condiciones de transparencia y algunos de ellos se niegan a reconocer la reelección de Maduro.

DM con información de agencia EFE

Al menos cuatro estatuas del fallecido mandatario de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013) fueron derribadas este lunes por manifestantes durante las protestas desatadas en varias regiones del país en rechazo a los resultados de las elecciones del domingo emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ratificó a Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, como presidente.

A través de las redes sociales circularon videos, algunos compartidos por partidos y políticos opositores, que muestran a manifestantes tirando estas estatuas en los estados La Guaira (cercano a Caracas), Falcón (noroeste), Carabobo (norte) y Guárico (centro).

Según se observa en las imágenes, los manifestantes destrozaron estos símbolos del chavismo al grito de “y va a caer”, en alusión al Gobierno de este signo político instaurado en el país desde 1999.

En una alocución televisada, Maduro se refirió a estos hechos y aseguró que se trata de “grupos delincuenciales” que “atacaron” al “mejor presidente que ha tenido Venezuela en 150 años”.

Dijo que las autoridades están haciendo “seguimiento de los hechos de violencia promovidos por la violencia extremista”, responsabilizando por ello a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura haber ganado las elecciones, con más de seis millones de votos -no reconocidos por el CNE- para su candidato, Edmundo González Urrutia.

Por su parte, la líder antichavista María Corina Machado indicó que la oposición mayoritaria cuenta con el 73 % de las actas emitidas en las presidenciales de este domingo, que dan -aseguró- la victoria a González Urrutia con una diferencia “apabullante”.

Si embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó, de manera oficial, presidente a Maduro, tras lo cual se intensificaron las protestas en Caracas y en varias regiones del país. 

DM

Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD