Después del fracaso de las intentonas golpistas de la élite de derecha de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo pudo jurar el 15 de enero en Ciudad de Guatemala como el primer presidente de izquierda del país centroamericano en los tres últimos cuartos de siglo. Analistas políticos y líderes empresariales e indígenas destacan que su gobierno es, por lo menos, “decente”. Algo no menor en Guatemala que ocupa el puesto 154 entre 180 países en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. Y la aprobación del presidente se mantiene en un 78 por ciento

En el Parque Concordia de la Ciudad de Guatemala, el mismo lugar donde  un año atrás pronunció su compromiso con el pueblo guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo, líder del movimiento progresista Semilla, transcurrido los primeros 100 días de su asunción al poder, el 15 de enero luego de triunfar por 20 puntos de superioridad en la segunda vuelta electoral ante la empresaria derechista Sandra Torres,  ex esposa y viuda del ex presidente Álvaro Colom, por Unión por la Esperanza (UNE), pronunció  la primera prospectiva política y social de su gestión.

El país más indígena y la economía más grande de Centroamérica

El triunfo electoral del  académico y ex diplomático Arévalo, el primer presidente de izquierda elegido después de 75 años, hijo del afamado presidente Juan José Arévalo (1944-1951),  significó la derrota de una alianza consolidada en la gestión anterior presidida por Alejandro Giammattei, empresario derechista más repudiado como ningún otro. El apoyo que le otorgó la ciudadanía fue la expresión de  un decidido rechazo a la política tradicional que ha llevado a las profundas desigualdades que padece el país centroamericano para las cuales la migración a EEUU ha sido una válvula de escape crítica.

Con 17 millones de habitantes, Guatemala cuenta con la economía más grande de América Central y registra algunos de los peores indicadores de pobreza. El sistema de Justicia e instituciones estatales ejercen violencia sobre los liderazgos indígenas y de mujeres y criminalizan a militantes de DDHH y medioambientalistas.

Con una población de 17 millones de habitantes, Guatemala cuenta con la economía más grande de América Central y registra algunos de los peores indicadores de pobreza. El sistema de Justicia e instituciones estatales ejercen violencia sobre liderazgos indígenas y de mujeres y criminalizan a los defensores de los DDHH y del medio ambiente. Los partidos políticos respaldados por las élites ricas y el crimen organizado cooptaron las instituciones estatales y debilitaron el sistema de justicia a medida que los grupos de extrema derecha se volvieron más poderosos en un sistema de alianzas que se reconoce como el “Pacto de Corruptos”. 

En su discurso de apertura del año legislativo, Arévalo reconoció que “llegamos al Gobierno sabiendo que los retos eran muchos. Y uno de ellos, tal vez el más importante, el combate a la corrupción”,  afirmó que “con la cautela necesaria y con la certeza de que vamos en dirección a tierra firme, lejos del pantano de la corrupción en donde nos habían mantenido sumidos. Esa minoría perversa engordó sus bolsillos. Ya no lo podrán hacer más”.

En este sentido destacó  una reducción del 13% de la criminalidad. “Hemos iniciado con la construcción de un país que avanza con los pueblos, con seguridad y sin miedo” enfatizó el primer mandatario. Enumeró como logros el fin de 39 estructuras del crimen organizado de las cuales 22 dedicadas a extorsiones, y 34 denuncias por corrupción por millones de dólares en la administración pública que incluyem las irregularidades en la compra de vacunas contra el covid-19 a una empresa rusa. Anunció la reducción de su salario en un 25 por ciento, marcando una diferencia con anteriores mandatarios. En Guatemala el salario presidencial era uno de los mayores del continente. Positivamente, destacó los avances en Salud y Educación como así también la revisión de los planes sociales.

Si su mensaje de campaña se había centrado en la urgencia de combatir la corrupción endémica de Guatemala, con la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, un fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el control de las cárceles y, también, la generación de empleo mediante la inversión de obra pública, en el tiempo transcurrido de su mandato ha enfrentado una resistencia feroz a sus esfuerzos. “Hay instituciones que todavía están cooptadas por estas élites políticas criminales que intentaron anular las elecciones, y definitivamente estamos en un esfuerzo por recuperar el control”, dijo Arévalo en una entrevista televisada que le realizó Pedro Pablo Marroquín, director del diario La Hora, ,el 15 de abril.

¿Canción de otoño en primavera?

 Muchos de sus más convencidos partidarios miran con recelo la gestión oficial en tanto consideran la morosidad en la toma de medidas y se preocupan de que la oportunidad  para un cambio significativo deje trunca una esperada “primavera guatemalteca”.  Si bien es cierto que los primeros 100 días de gobierno son el 6% de un mandato de cuatro años y que en tan corto plazo, no es mucho lo que puede lograrse en términos de concretar objetivos estratégicos de política ni lo que puede decirse sobre el futuro desempeño del gobierno; sin embargo, esos primeros días tienen un significado simbólico y son interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un presidente entrante.

El presidente de los 48 cantones de Totonicapán, un departamento en las tierras altas del noroeste donde se encuentra la confederación indígena integrada por comunidades Ki’che’,  la más influyente de Guatemala, Luis Haroldo Pacheco transmite su desengaño: “Es triste ver cómo parte de la nueva administración está codificando a aquellos que intentaron anular las elecciones” y recuerda “Nuestra demanda... fue que renunciaran o sean  expulsados”. Una expectativa fundamentada al menos -y no es poca cosa- en las palabras del entonces candidato electo  “una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”.

Resulta significativo que  la principal figura antagonista de Arévalo, la Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por EEUU por participar en hechos significativos de corrupción, continúa en el cargo. Mientras tanto, Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y otros miembros de Semilla permanecen bajo investigación y están amenazados con la posibilidad de enjuiciamiento, junto con los jueces de los tribunales electorales que se negaron a descertificar la victoria del actual presidente.

Pacheco participó en el liderazgo de  la protesta de 105 días, la más larga en la historia reciente de Guatemala. Los manifestantes bloquearon el tráfico en 142 puntos en todo el país para garantizar el juramento presidencial de Arévalo nuevamente amenazado por el cuarto allanamiento de los  agentes de la Fiscalía a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el decomiso de  los documentos originales con los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio. Numerosas expresiones de rechazo, incluidas las de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), EEUU y otras organizaciones internacionales,  señalaron que la acción violaba la ley electoral de Guatemala, que establece que toda la documentación de los comicios solo puede ser resguardada por el TSE.

El enfrentamiento entre la Fiscalía y el TSE no era novedoso, por el contrario su punto de partida data del 12 de julio pasado  cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, Rafael Curruchiche trató de cancelar la personalidad jurídica de Semilla, ante el triunfo de Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana. La decisión del magistrado puso en jaque el balotaje; provocó una presentación legal de Arévalo y una ola de indignación en el país,  donde se sintió la gravitación de repudio  de las comunidades indígenas,  y en el extranjero. La Corte Superior dejó sin efecto el fallo.

“Tenía demasiadas esperanzas”, dijo Erwin Rivera, líder comunitario en El Incienso, uno de los vecindarios más difíciles de la ciudad de Guatemala, donde las casas estrechas con techos de hojalata están acurrucadas en un barranco profundo, quien  desempeñó un papel principal en las protestas de 2023. “No tienen el coraje de imponerse o no saben cómo hacerlo”, concluye Rivera.

Los viejos dueños del poder continúan en sus poltronas derechistas

Toda sensación de mayor libertad se socava periódicamente. La fiscal Miriam Reguerero, conocida por sus fuertes investigaciones sobre delitos a la propiedad, fue arrestada el 11 de abril, por presunto abuso de autoridad aparentemente el más reciente funcionarie en ser perseguido por asumir las investigaciones contra la corrupción. Su arresto se produjo solo dos semanas después de ser atacada en un intento de asesinato en el que su madre y su guardaespaldas fueron asesinados.

En la medida que Porras continúa en su cargo, la Corte de Constitucional (CC) y los miembros obstruccionistas del Congreso han obstruido las medidas de Arévalo y han fallado que los diputados del oficialista Semilla deberán continuar como independientes en el Congreso y no podrán establecerse como bancada. Y el 14 de abril, el juez de la CC Néster Vásquez, sancionado por los EEUU por presuntos vínculos con la corrupción y con la entrada prohibida a la UE por “socavar” la democracia guatemalteca, se convirtió en el presidente de la CC. Vásquez estuvo a punto de ser detenido en junio de 2021, cuando ya había concluido su mandato como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público lo acusaba de varios delitos relacionados con una trama ilegal de influencias para nombrar magistrados de las altas cortes del país, incluido él. Si zafó de la captura fue porque una aliada poderosa, la fiscal general  Porras, lo protegió y le dio tiempo para que el Congreso del país lo juramentara como miembro del otro alto tribunal del país, la CC y, obtuviera así de nuevo el blindaje que le da la inmunidad del cargo.

La situación preocupa a los observadores alertados de que las redes de corrupción superarán a Arévalo durante la próxima prueba importante del sistema de justicia: nuevas nominaciones a la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Altos Apelaciones en octubre.

La administración ha tratado de detener  a esta rancia  oposición a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, ahora encabezada Santiago Palomo. Designado por Arévalo, Palomo es un funcionario de carrera en la Corte y graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard con sólidos antecedentes. Palomo ha prometido “fortalecer la integridad y la transparencia” en los contratos gubernamentales, abordar los desafíos planteados por el lavado de dinero e identificar a los mayores beneficiarios de las redes organizadas de crimen y corrupción. Estas medidas de llevarse a cabo podrían mejorar drásticamente la eficiencia del gasto público y las perspectivas para la inversión extranjera directa. Pero sin los activos del Ministerio Público a su disposición, no queda claro cuánto progreso puede haber.

Guatemala sale del aislamiento internacional

Los viajes de Arévalo que quebraron el aislamiento internacional del país, principalmente durante el gobierno de Giammattei, ha representado el principal logro de Arévalo. En febrero, visitó Alemania, Francia, Bélgica, Suiza y España, en un esfuerzo por reabrir la colaboración en nuevas inversiones, mientras que un mes después, realizó su primera visita oficial a EEUU, revisando temas como la migración y la transparencia. A su regreso, destacó los logros de esa primera gira: nuevas promesas de inversión y ayuda extranjera, y nuevas propuestas sobre migración y seguridad. Aun así, queda por ver si estas promesas y propuestas tienen algún fruto tangible. Hay señales que apuntan en la dirección correcta, que incluyen visitas alentadoras de inversores potenciales, que van desde empresarios españoles hasta representantes del conglomerado mexicano Grupo Salinas. Sin embargo, el resultado arroja luces y sombras. En las segundas, se explican por el hecho de que se tuvo que alinear por completo la política internacional con los intereses occidentales, lo que descarta por completo cualquier acercamiento con países como China.

Logros menores, objetivos mucho mayores

Los logros obtenidos en los primeros 100 días de Arévalo parecen a primera vista de poca gravitación para las expectativas de un electorado que puso sus esperanzas en un político y diplomático quen sin figurar como candidato favorito en las encuestas alcanzó un inesperado triunfo. Con todo, el analista y profesor Marielos Chang observa que “es crucial recordar que su elección frenó una regresión autoritaria rápida que parecía imparable antes de las elecciones del año pasado; pero Arévalo no ha demostrado que entienda la urgencia del momento” y vaticina que “si Semilla no hace un buen trabajo, después de cuatro años [Arévalo] no entregará el poder a solo otro candidato, lo entregará a las mafias”.

El líder de Totonicapán, Pacheco no ha perdido la esperanza. “Estoy seguro de que pueden volver a la pista escuchando a las autoridades indígenas, valorando nuevas voces y purgando a aquellos que deben ser purgados” asegura. Y Rivera desde El Incienso sostiene que  los problemas que afectan a los vecindarios urbanos los de las regiones rurales empobrecidas del país son políticos en la raíz.

Hasta ahora, Arévalo sigue siendo abrumadoramente popular. La última encuesta de CID Gallup muestra un índice de aprobación del 78%, el tercero más alto de América Latina. El Banco Mundial espera que la economía de Guatemala continúe superando el promedio regional, y su crecimiento sea 3% este año. La atmósfera de la Ciudad de Guatemala, capital del país, ha mejorado a medida que ha disminuido una ola de enjuiciamientos de periodistas anticorrupción, jueces y fiscales.

AGB

La incertidumbre y la tensión se apoderaron de las horas previas a la investidura del nuevo presidente electo de Guatemala. Con más de ocho horas de retraso, Bernardo Arévalo de León, ganador de los comicios celebrados en agosto de la mano del partido socialdemócrata Movimiento Semilla, tomó posesión como presidente.

“Nunca más el autoritarismo”, dijo nada más ser investido jefe del Estado del país centroamericano, tras un tormentoso proceso de transición en el que el Ministerio Público, y algunos jueces y parlamentarios de la Legislatura que acaba de terminar, trataron de impedir que asumiera el cargo. “El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría, e instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia”, dijo en su primer discurso el presidente.

Arévalo de Léon recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Samuel Pérez Álvarez, debido a que el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, se ausentó de la ceremonia. Ingresó al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, donde se celebró la investidura, al son del concierto para violín y orquesta La Primavera, del compositor italiano Antonio Vivaldi.

Los intentos del gobierno saliente por impedir la investidura del nuevo Ejecutivo prevalecieron hasta el último momento, tras varios meses en los que el Ministerio Público (Fiscalía) trató de inhabilitar por la vía judicial al partido socialdemócrata. La última de estas maniobras se produjo en la sesión previa del Congreso en la que debían jurar el cargo los nuevos diputados. En medio de tensiones, la Junta Calificadora se negaba a aceptar las credenciales de diversos representantes electos, en lo que los diputados de Semilla calificaban como un nuevo intento de impedir la transición del gobierno. “Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder”, declaraba Arévalo en la red social X.

Ante la incertidumbre generada por estos últimos acontecimientos, los jefes de Estado, cancilleres y funcionarios de alto nivel que viajaron a Guatemala al traspaso de mando presidencial emitieron una declaración conjunta en apoyo al presidente y exigiendo que se llevara a cabo el traspaso de poderes.

Finalmente, el Movimiento Semilla, que cuenta con una minoría de diputados en el Congreso –23 de 160– consiguió los apoyos necesarios para revertir la decisión judicial y el diputado semillista Samule Pérez, de 31 años, fue elegido presidente del Parlamento guatemalteco.

Por su parte, el presidente saliente –Alejandro Giammattei– aseguraba a través de la red social X que “ante el riesgo de llegar a media noche sin iniciar los actos protocolarios, en este momento hice entrega de los símbolos de la Presidencia para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución de la República”.

Un traspaso de poderes lleno de obstáculos judiciales

Con un discurso anticorrupción y muchas expectativas de cambio, Arévalo asume la presidencia reemplazando a Giammattei, quien cuenta con uno de los niveles de aprobación más bajos del continente, según diversas encuestas. “Dejamos un mejor país del que encontramos” y nos vamos “con la frente en alto”, aseguró Giammattei el viernes al entregar el balance de su mandato. Atrás deja una legislatura marcada por acusaciones de corrupción y persecución judicial contra opositores. En los últimos años, decenas de fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse.  

El presidente electo triunfó en la primera vuelta electoral del mes de junio, y ganó el balotaje con el 60,9% del respaldo popular dos meses después contra todos los pronósticos, que situaban como favorita a la elite política tradicional del país. Desde la inesperada victoria del Movimiento Semilla, el Ministerio Público encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, se convirtió en el protagonista del proceso electoral. Mediante un gran abanico de casos judiciales, buscaron durante meses ilegalizar la formación política e impedir la investidura del presidente electo y su vicepresidenta Karin Herrera. 

El pasado septiembre, Arévalo acusó públicamente a la jefa de la Fiscalía de encabezar un intento de golpe de Estado en su contra. La denuncia se produjo tras darse a conocer una investigación del Ministerio Público contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política 

Estos intentos de obstaculizar la voluntad popular fracasaron porque se toparon con una gran resistencia interna y con una condena directa de la comunidad internacional. Dentro de Guatemala, los movimientos indígenas junto con otros sectores sociales llevan más de 100 días de movilizaciones con el objetivo de defender la democracia y los resultados expresados en las urnas. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Estados Unidos también tuvieron un papel importante denunciando cada ofensiva judicial de la Fiscalía e imponiendo sanciones a los actores señalados por corrupción. 

Aunque la asunción de poderes supone una pequeña victoria para Semilla que hace pocos meses nadie se imaginaba, la mayoría de analistas coinciden en señalar que la persecución judicial no cesará tras el 14 de enero. El nuevo gobierno electo deberá afrontar en los próximos meses las causas penales que la Fiscalía mantiene abiertas y que buscan limitar la acción de gobierno.

En este sentido, Arévalo manifestaba hace semanas que “una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por participar en hechos significativos de corrupción.

Arévalo, un sociólogo con perfil internacional, encabeza una formación política socialdemócrata que surge de la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Durante la presentación del nuevo gobierno anunciada esta misma semana, paritario por primera vez en la historia del país, Bernardo Arévalo aseguraba que tienen como desafío principal “rescatar” las instituciones públicas que se encuentran “debilitadas por la corrupción”.  

Una legislatura con todo en contra

Además de afrontar la persecución judicial, el nuevo ejecutivo deberá gobernar con una minoría en el Congreso, ampliamente controlado por fuerzas conservadoras. Con tan solo 23 diputados de 160, la toma de posesión marca el inicio de una nueva legislatura que no va a ser fácil para la formación izquierdista. La necesidad de buscar coaliciones y entendimientos con otras formaciones políticas será uno de los grandes retos que deberán afrontar si quieren desarrollar su programa político.  

El país que recibe el nuevo presidente se encuentra bajo un importante deterioro democrático, cuenta con el 60% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y con uno de los índices de desigualdad más altos del continente. Además de evitar los impedimentos legales para llevar a cabo su acción de gobierno, Arévalo deberá gestionar las grandes expectativas que un amplio sector de la población depositó en su gobierno del cambio. 

Entre estos sectores se encuentra el movimiento indígena, quien lideró los más de 100 días de protestas frente a los intentos judiciales de invalidar las elecciones. En este sentido, el anuncio de su gabinete decepcionó a este sector al constatar que entre los nuevos ministros solo hay una persona indígena, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roque. En un país en el que los pueblos originarios representan el 42% de los más de 17 millones de habitantes, uno de los grandes retos del nuevo Gobierno será no dejar de lado a estas comunidades tradicionalmente ignoradas por las elites políticas. Aunque las autoridades comunales aseguran que otorgan un voto de confianza al nuevo gobierno, afirman que fiscalizaran muy de cerca la acción del ejecutivo. 

AAM

Primero suspendieron al partido de Bernardo Arévalo, y después suspendieron la suspensión. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revocó temporalmente la orden de suspender el partido Movimiento Semilla, del primer presidente de izquierda elegido por el pueblo guatemalteco en 75 años. La decisión fue tomada el 3 de septiembre después del recurso interpuesto por el Movimiento Semilla donde  se alega que los partidos políticos no pueden ser suspendidos durante el calendario electoral, cuya duración se extiende hasta el 31 de octubre. No es seguro que después de esta fecha el partido no vuelva a ser suspendido. 

La cancelación,  que había sido dispuesta por el Registro de Ciudadanos, departamento encargado  las inscripciones de los candidatos que depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE),  se basó en   una investigación de la Fiscalía por supuestas firmas falsas utilizadas para constituir el partido Movimiento Semilla cuatro años atrás. Por este hecho, el 29 de agosto el Congreso de Guatemala, liderado por el oficialismo, desconoció a Semilla y declaró a los siete diputados de su bancada como independientes.

El inusitado triunfo de Arévalo y el germinal Movimiento Semilla

Académico, ex diplomático, hijo del afamado  presidente Juan José Arévalo (1945-1951), polític dispuesto a combatir la corrupción con reformas moderadas pero significativas, Bernardo Arévalo cosechó en el ballotage celebrado el 20 de agosto un 60,9% de apoyo popular frente a su  contrincante la empresaria derechista Sandra Torres, ex esposa y viuda del ex presidente Álvaro Colom, por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La derrota no fue de Sandra Torres y su partido. Fue la derrota de una alianza que se consolidó bajo el actual presidente Alejandro Giammattei, empresario derechista más repudiado como ningún otro. Los partidos políticos respaldados por las élites ricas y el crimen organizado cooptaron las instituciones estatales y debilitaron el sistema de justicia a medida que los grupos de extrema derecha se volvieron más poderosos en un sistema de alianzas que se reconoce como el “Pacto de Corruptos”. Los indicadores más claros del retroceso democrático en curso fueron las docenas de operadores de justicia y periodistas que se habían visto obligados a abandonar Guatemala para Costa Rica, México y EEUU.

Con una población de 17 millones de habitantes, Guatemala que cuenta con la economía más grande de América Central se encuentra acosada por algunos de los peores indicadores de pobreza y un sistema de  justicia e instituciones estatales que ejercen violencia y criminalización contra los defensores de los DDHH, especialmente aquellos que trabajan por los derechos de las mujeres e indígenas. El apoyo de la ciudadanía a Arévalo expresa  un decidido rechazo a la política tradicional que ha llevado a las profundas desigualdades para las cuales la migración a EEUU ha sido una válvula de escape crítica.

Cronología del cerco judicial del viejo lawfare para matar a la joven izquierda en la Semilla

Después la primera vuelta de las elecciones presidenciales guatemaltecas celebrada el 20 de junio, la Fiscalía inició acusaciones contra el centro izquierdista Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo, la gran sorpresa de la jornada, al convertirse en el segundo candidato más votado con  el 12,9 % de los votos. Las encuestas decían que Arévalo, quien era diputado, quedaría en séptimo u octavo lugar. Su estrategia electoral en las ciudades y en zonas rurales lo llevó a ser la gran sorpresa de las elecciones y a disputar una segunda ronda con candidata derechista Sandra Torres, quien en esa oportunidad obtuvo cerca del 15% de los votos.

El 10 de julio la Corte Suprema de Justicia oficializó los resultados de esa primera vuelta electoral, luego de que nueve partidos derecha, incluido el oficialista Vamos, pidieran revisión del conteo de votos.  La orden de revisión había causado gran incertidumbre respecto a que se efectivizara la segunda vuelta y originó tanto el pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE),  Human Rights Watch y otras entidades y países que se respetara  la transparencia del proceso  como las manifestaciones de comunidades indígenas, estudiantes y guatemaltecos de diferentes zonas del país frente al TSE de Ciudad de Guatemala para “defender la democracia, la soberanía y la voluntad del pueblo”.

El 12 de julio, a pedido de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el juez Fredy Orellana –ambos incluidos en la lista de ‘corruptos´ de EEUU- inhabilitó a Semilla y ordenó el allanamiento del TSE por supuestas  5.000 inscripciones irregulares de afiliación al partido. La decisión del magistrado puso en jaque el balotaje; provocó una presentación legal de Arévalo y una ola de indignación en el país y en el extranjero. La Corte Superior dejó sin efecto el fallo.

El malestar e incertidumbre de la ciudadanía aumentó cuando el 21 de julio la Fiscalía allanó, por segunda vez,  el TSE y la sede de Semilla a pocas semanas antes de celebrarse el ballotage. La OEA rechazó ambos  allanamientos, calificándolos como una violación de los derechos fundamentales.

El 28 de agosto el TSE oficializó los resultados de las votaciones en segunda vuelta, al mismo tiempo que el Registro de Ciudadanos suspendió a Semilla. La medida impide que los legisladores actuales de Semilla  legislen o participen en comisión. En enero, el partido sería el tercero más numeroso en el Congreso con la incorporación de 23 de sus miembros elegidos para asumir el cargo.

El 3 de septiembre, el TSE revocó la suspensión de  Semilla. La decisión fue oficializada mediante un memorial en el que sostienen la existencia del partido de  Arévalo de León durante la vigencia del proceso electoral, e instan a los tres poderes del Estado al “respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas”.

La amenaza incesante de un golpe de Estado inminente

El presidente electo Arévalo, denunció el 29 de agosto  “un golpe de Estado en curso” con el que “un grupo de políticos y funcionarios” buscaría impedir que asuma la presidencia del país el próximo 14 de enero de 2024. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado [de las elecciones].

Mientras por un lado se han puesto en marcha las formalidades protocolares del proceso de transición, por el otro lado hay un plan para romper el orden constitucional“, declaró en conferencia de prensa. A la vez que señaló a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras; al fiscal Curruchiche y al juez Orellana de encabezar el supuesto plan. La medida declaró que ”se trata de una resolución ilegal por la persecución judicial encabezada por el Ministerio Público y el juez séptimo penal Fredy Orellana“ y, aseguró que confía en que la resolución que suspende a su partido ”es nula de todo derecho“ y que ”se caerá por sí sola“. 

La soberanía popular en riesgo y el derecho público en peligro

La suspensión de Semilla carecía de viabilidad debido a que en Guatemala los partidos políticos se rigen bajo una ley de rango constitucional,  a diferencia de una  asociación o agrupación de derecho privado, que los sitúa en un marco jurídico especifico con la característica muy especial devenida de su carácter de interlocutores válidos de la sociedad con el gobierno establecido en el marco constitucional. Cualquier interpretación sesgada de la ley puede ser un claro ejemplo de Golpe de Estado.

La medida de privar a los partidos políticos de su personalidad jurídica por  una supuesta  comisión de algún delito equivale a cancelar la personalidad jurídica al Congreso de la República, acusado de tráfico de influencias y el crimen organizado. Ambos casos determina el abogado constitucionalista Orellana, “son absurdos que por absurdos sirven de ilustración para dar la dimensión de lo que se está cometiendo”.

Toda suspensión de los diputados de Semilla significa coartar la decisión que expresó en las urnas el  pueblo de Guatemala que es un principio fundamental de derecho público.  Si el Congreso se resistiera a  dar a posesión a diputados y al presidente electo sería un golpe de Estado técnico  porque la Constitución dispone que la función del Congreso es poner en posición y tomar en juramento ante la Constitución al presidente de la República, con la credencial que extendió el TSE, y no pueden cuestionar esa credencial porque la función del TSE es exclusiva en materia electoral. 

La democracia en vigilia sin sueño ni descanso  

La medida de suspensión de Semilla volvió a originar en  EEUU y en la OEA fuertes críticas a las medidas de la Fiscalía de Guatemala. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, manifestó preocupación por “por los persistentes intentos de socavar los resultados electorales mediante acciones jurídicas”; y por su parte, Max Lucks, portavoz de política exterior para Latinoamérica del partido Los Verdes en el Parlamento alemán, calificó de escandalosos  los “ataques sistemáticos contra el ganador de las elecciones y la cooptación de instituciones democráticas por parte del 'Pacto de los corruptos'”. A la vez que ha advertido, “si el partido se viera incapacitado para actuar o se suspendiera el trabajo de los diputados por engañosas razones políticas, ello equivaldría a una crisis en las relaciones entre Guatemala y Alemania”. 

El presidente saliente, Alejandro Giammattei, pareció tratar de calmar las aguas en respuesta a la reunión de la OEA y las críticas internacionales. Invitó a “autoridades elegidas”, sin mencionar el nombre de Arévalo, a una reunión de “transición ordenada” programada para el lunes.

Jordán Rodas, el ex procurador de DDHH de Guatemala, uno de los precandidatos que quedaron excluidos de la contienda electoral, el caso más llamativo de veto junto a Thelma Cabrera del binomio presidencial por   partido izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) ve, a corto y mediano plazo, un futuro complejo por la “resistencia del statu quo, ante el inminente cambio de rumbo que significa que Bernardo Arévalo asuma el 14 de enero. Para ello, es indispensable garantizar su vida y que no sea criminalizado”, insiste y  teme que el camino hasta que Arévalo asuma la presidencia sea accidentado. La última semana de agosto, la Comisión Interamericana de DDHH solicitó medidas de seguridad de precaución para Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, quienes han recibido al menos dos amenazas de muerte específicas.

AGB

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala revocó este domingo la suspensión del partido Movimiento Semilla, con el cual ganó la presidencia el pasado 20 de agosto el académico Bernardo Arévalo de León. La decisión fue oficializada mediante un memorial en el que mantienen con vida al partido de Arévalo de León mientras se mantenga vigente el proceso electoral, y además instan a los tres poderes del Estado al “respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas”. El partido Movimiento Semilla había sido suspendido el pasado 28 de agosto por el Registrador de Ciudadanos del mismo Tribunal Supremo Electoral, y ese dictamen dio paso a que la Junta Directiva del Congreso desconociera dos días después al partido de Arévalo de León.

La revocación de la suspensión fue firmada el sábado por los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes inicialmente se habían desligado de la decisión el pasado 28 de agosto del Registrador de Ciudadanos, uno de los funcionarios a su cargo en la entidad. El motivo original de la suspensión del Movimiento Semilla es una orden del juez séptimo penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público. 

Debido a la suspensión del partido, el presidente electo Arévalo de León aseguró el viernes que Guatemala está envuelto en un “golpe de Estado” con el objetivo de evitar su investidura en enero próximo. Arévalo de León señaló a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del mencionado “golpe de Estado”, junto al fiscal Rafael Curruchiche, la Junta Directiva del Congreso, el juez Orellana y a “otros actores corruptos”.

Persecución penal desde julio

El presidente electo por el partido Movimiento Semilla acusó al Ministerio Público por la persecución en contra de la agrupación política desde el 12 de julio, después de obtener el segundo puesto en las elecciones generales del 25 de junio. La persecución penal incluyó allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y a la sede del mismo Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en la creación del partido en 2018. 

Arévalo de León explicó el viernes que “el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”. De acuerdo al actual diputado, ese “golpe de Estado” se está “llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas, e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.

El académico hizo un llamado a toda la población “a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular” para “derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza”. El sábado, miles de guatemaltecos protestaron en el centro de la capital en contra de Porras y del Ministerio Público. La investidura de Arévalo de León está programada para el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

Con información de agencia de noticias EFE

La segunda vuelta electoral confirmó el 20 de agosto las esperanzas de quienes se ilusionaban con un cambio tras más de siete décadas de hegemonía conservadora en Guatemala. Ganó Bernardo Arévalo, quien carga en su historia de vida con las huellas de ese puente histórico que ahora se convierte en símbolo: es hijo del presidente Juan José Arévalo, quien encabezó la Revolución de 1944 y presidió el país hasta completar su mandato en 1951. Fue sucedido por el oficialista Jacobo Árbenz, quien gobernó el país centroamericano hasta que en 1954 la CIA decidió que había llegado la hora de su derrocamiento violento.  

Desde aquel golpe, el pueblo de Guatemala intentó la movilización social, la denuncia internacional, incluso la guerra revolucionaria contra las sucesivas dictaduras, sin éxito. En 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, pero la agenda popular fue traicionada. Esa secuencia de golpes y derrotas parece haberse cerrado ayer: Arévalo, con una prédica de honestidad y tomando distancia de la clase política tradicional, promete honrar los compromisos que asumió ante el pueblo.

Carlos Barrientos es un histórico militante de las luchas revolucionarias en su país. Actualmente es secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina (CUC) y delegado guatemalteco para la Vía Campesina Internacional y la articulación de movimientos sociales del ALBA. Durante la mañana del lunes, con los resultados aún frescos, nos recibió en un bar céntrico de la capital. “Hay muchas esperanzas de que pueda haber cambios y está la expectativa de que esos cambios se puedan realizar”, afirma. Sin embargo, se muestra cauto respecto al presidente electo y al movimiento que lo llevó a la presidencia: “es un progresismo que tira al centro, más que a la izquierda”.

¿Cómo definiría ideológicamente al movimiento Semilla, que hizo de Bernardo Arévalo el futuro presidente de Guatemala, tras la victoria sobre la candidata favorita, la conservadora Sandra Torres. en la segunda vuelta del penúltimo domingo de agosto?

Semilla es un partido fundamentalmente urbano, con una presencia limitada en pueblos campesinos e indígenas. Ellos se sienten más cómodos definiéndose como socialdemócratas, más que como izquierda. Es un progresismo que tira al centro, por decirlo de alguna manera, más que a la izquierda. Por eso lo que ellos se plantean es el combate a la corrupción, pero también que se logre recuperar la función social del Estado, es decir, que haya políticas sociales que beneficien a las mayorías. No están planteando una transformación del sistema.

Se habló mucho del alto porcentaje de ausentismo, voto en blanco o impugnado en la primera vuelta electoral. ¿Es un voto politizado, o solo expresa desinterés?

La primera vuelta fue la ocasión en que más alto han sido los votos nulos. Fueron más del 17%, pero en esta segunda bajó enormemente. En la primera vuelta los votos nulos junto a los votos en blanco fueron un cuarto del total. Ese 17% de votos impugnados en realidad fue lo que ganó en primera vuelta, porque la candidata que encabezó las elecciones sacó el 15% y Arévalo poco más del 11%. Pero en la segunda vuelta se demostró que ese voto nulo efectivamente era una expresión de rechazo a la política tradicional que ahora se canalizó a Arévalo, porque bajó del 17 al 4 y pico por ciento. El voto de Arévalo se nutrió en una medida importante de quienes no habían votado o habían impugnado. Esos votos jugaron un papel de expresar el rechazo a las propuestas y el sistema político, pero también posibilitaron la llegada del Movimiento Semilla a la segunda vuelta. Es un voto de hartazgo, que finalmente resultó útil.

¿Cómo impacta este triunfo electoral en las bases de los movimientos populares, campesinos e indígenas?

Por un lado, nosotros consideramos que el triunfo de Bernardo Arévalo sí significa un parteaguas de lo que habían venido siendo los anteriores gobiernos que eran de derecha o de extrema derecha. Y también cambia la trayectoria que se tenía hacia un proceso cada vez más regresivo. Se estaban anulando lo que habían sido las conquistas de los Acuerdos de Paz, se desmanteló aquella institucionalidad y se comenzaron a aprobar una serie de leyes que limitaban los derechos y las garantías constitucionales. Ante eso, Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla sí representan una dirección distinta a ese proceso regresivo que se tenía. Entonces lo vemos como muy positivo. Ese proceso que se abre ahora de poder recuperar una serie de políticas públicas, poder recuperar la institucionalidad, que respondan a las necesidades de la población. Por eso mismo, las organizaciones en esta segunda vuelta sí lo apoyamos.

¿El movimiento campesino buscará acercarse al nuevo gobierno? ¿Esperan ser convocados?

Hasta ahora tratamos de mantener nuestra distancia porque no queríamos favorecer todo ese discurso que busca meter miedo sobre el comunismo. Pero nos parece que, a diferencia de procesos anteriores, ahora sí hay una opción. Ese sentir fue masivo en las bases campesinas e indígenas. Sin embargo vemos que en el programa del Movimiento Semilla no están reflejadas las aspiraciones y demandas de los pueblos indígenas, ni tampoco del movimiento campesino. Creemos, esperamos, que ante nuestras propuestas haya flexibilidad. Nos parece que en el partido y en sus dirigentes sí hay una comprensión de cuál es la realidad de exclusión, de empobrecimiento. Por eso creemos que va a ser posible dialogar con ellos. Vamos a mantener la autonomía como la hemos mantenido, pero también con la posibilidad y la esperanza de que puede haber diálogos y políticas en favor de la mayoría de la población.

¿Cuánto influye aquí el contexto centroamericano, caribeño y latinoamericano? ¿Estuvo presente en la campaña la mención a gobiernos que se podrían considerar cercanos al ideario de Arévalo, como los de Lula en Brasil, Gustavo Petro en Colombia o AMLO en México?

Creo que está todavía por verse si puede o no puede ponerse a Arévalo en esa línea. Como decía anteriormente, este parece ser una especie de progresismo de centro. Lo que se sabe es que el Movimiento Semilla busca identificarse con AMLO , o ubicarse más cercano a Gabriel Boric en Chile. No están pensando una transformación del sistema político ni del Estado. Hay una distancia importante con otras expresiones mucho más progresistas, más de izquierda, más radicales. Ahí Semilla no se ve. No lo vemos identificado con Venezuela o Cuba, por lo tanto, difícilmente se le puede inscribir en esa corriente más de izquierda. Sin embargo, está por verse, porque hay muchas demandas que se han aplazado históricamente. El Movimiento Semilla se va a tener que recostar hacia el pueblo, ahí es donde se verá.

Por último, si hubiera que sintetizar en muy pocas palabras la sensación que deja el triunfo de la izquierda en las elecciones del domingo 20 de agosto, ¿cómo lo expresaría?

Es una alegría que se haya logrado derrotar a lo que aquí llamamos el pacto de corruptos, porque lo que hicieron, el dinero que dieron, las trampas y todo eso fue muy grande. Se logró un triunfo, eso es lo primero es hay que valorar, eso alegra a mucha gente. Hay muchas esperanzas de que pueda haber cambios y está la expectativa de que esos cambios se puedan realizar. 

AGB

En primera vuelta, Ecuador decidió el domingo que el balotaje presidencial se disputará entre la hija política de Rafael Correa la también economista Luisa González, y el empresario Daniel Noboa, hijo del también empresario millonario Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial. En segunda vuelta, Guatemala dio el mismo penúltimo super domingo de agosto la presidencia de la República al político y académico Bernardo Arévalo, hijo del ex presidente centrosocialista Juan José Arévalo, que venció a su contrincante la empresaria derechista Sandra Torres, ex esposa y viuda del ex presidente Álvaro Colom.

La izquierda guatemalteca en debut cosmopolita

En los dos casos de Ecuador y de Guatemala, las cuatro figuras rivales son de familias políticas cuya presencia recubre el entero siglo XXI, y en el caso de Arévalo, se remonta al corazón del siglo XX, y aun más hacia atrás. En los dos casos, son del mundo empresarial privado las dandidaturas de la derecha, y son académicas las candidaturas de la izquierda. Pero el monopolio de la novedad está en Guatemala: por primera vez en tres cuartos de siglo no habrá en el Palacion Nacional de la Cultura (sede del Ejecutivo) un presidente democrático que no responde a las antiguas derechas tradicionales autoritarias.

De candidatura menospreciada en las encuestas, Bernardo Arévalo vino a erigirse el domingo 20 de agosto en gran pasmo nacional e internacional, llegado a su desembocadura el proceso electoral guatemalteco. El también sociólogo y doctor en Filosofía candidato del partido Movimiento Semilla ya había quebrado todos los pronósticos cuando ingresó al balotaje para disputarle la presidencia de su país a la rutinaria favorita de los sondeos, la mujer de negocios y candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres. También los sondeos vacilaron, antes de la segunda vuelta presidencial, sobre cual rival saldría triunfante. Sin embargo, esta vez, el segundo de la primera vuelta fue el primero de la segunda. Arévalo había vencido, la izquierda había ganado. Lo que es más, computado el 99,8% de las mesas electorales, y considerando el total de votos emitidos, un 58,04% daba a Arévalo veinte puntos de superioridad sobre Torres.

Guatemala 1944-2023, y 2024-2028

Cuando el actual gobernante Alejandro Giammattei, otro empresario derechista más, pero repudiado como ningún otro al fin de su período, entregue el mando al vencedor del balotaje del domingo, Guatemala tendrá otro presidente Arévalo, que gobernará el país por cuatro años.   La historia de la familia Arévalo tiene raíces profundas en la historia de Guatemala. Juan José Arévalo, padre de Bernardo, fue el militar, elegido democráticamente para ejercer la presidencia del país de 1944 a 1951, como candidato designado por la Junta Militar emergente de la revolución que derrocó al general Jorge Ubico.

Arévalo padre completó su mandato y su gobierno de un socialismo benigno, que evitaba cualquier alineación con el comunismo, en aquellos tiempos de caliente Guerra Fría. Tras el derrocamiento orquestado por la CIA del sucesor y correligionario Jacobo Árbenz, en 1958 Juan José Arévalo se vio obligado a permanecer en el exilio en Uruguay, donde nació Bernardo, quien regresaría a Guatemala en la década de 1970 con toda su familia.

Diez años después, Bernardo ingresó a Cancillería. Su carrera en la diplomacia lo llevó a ser viceministro entre 1994 y 1995, además de embajador en España. Tras su labor diplomática, trabajó en organizaciones de distintos continentes y fue asesor en diversos temas en las ONU y en instituciones de políticas públicas y académcias en EEUU.

Cuando pasó de la vida diplomática y académica a participar en la pólitica activa, Arévalo integró el movimiento social de protesta que en 2015 se puso al frente del reclamo por la renuncia del entonces presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, cuyas causas de corrupción, y sobre todo aquella corrupción que quedaba a salvo del procesamiento judicial, secuestraban mente y cuerpo de la opinión pública movilizada. Fue entonces cuando formó, junto a otras figuras intelectuales, la dirigencia del flamante partido, de doctrina socialdemócrata, ecologista y progresista, el Movimiento Semilla.

Con el nuevo partido, Arévalo fue precandidato presidencial, pero declinó su candidatura para promover a la exfiscal Thelma Aldana, quien finalmente no pudo participar de las elecciones de 2019. Fue elegido diputado al Congreso, donde su actuación se dirigió principalmente a temas y problemas relacionados con la Seguridad, las RREE, y los DDHH.

Ideológicamente, Arévalo se ubica como un candidato de izquierda moderada y ha centrado su mensaje al electorado en la necesidad de combatir la corrupción en su país con la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Arévalo pretende atender el problema de seguridad en Guatemala con un fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el control de las cárceles.

En la letra, ni uno solo de esos objetivos de gobierno faltaban en la plataforma y las arengas hoy caducas de su contrincante vencida y distanciada. Tras su victoria electoral, Arévalo le aseguró a la rival que venció en el balotaje, favorita en el interior rural del país asistido por un denso y personalista sistema clientelar, y a toda la ciudadanía, que él trabajará por el respeto a sus derechos y la atención de sus necesidades. Un elemento clave, sin embargo, faltaba en el plan de Sandra Torres, mientras que es cimero en el programa 2024-2028 del presidente electo Bernardo Arévalo: la generación de empleo mediante la inversión de obra pública.

AGB

El candidato de centroizquierda Bernardo Arévalo será el nuevo presidente de Guatemala al imponerse en el balotaje a su rival conservadora Sandra Torres por 58,9% a 36,3%, y pondrá fin así a una serie de gobiernos de derecha tras haber superado durante la campaña los intentos por marginarlo de la elección, a la que llega con un agenda de cambio y lucha contra la corrupción.

“Estamos seguros de que el que va a ganar es el pueblo de Guatemala”, dijo este domingo Arévalo, de 64 años, del Movimiento Semilla (MS), en breves declaraciones después de votar en un colegio en el centro histórico de la Ciudad de Guatemala.

El sociólogo, que dio la sorpresa en la primera vuelta del 25 de junio, logró una ventaja irreversible con más del 96% de las mesas escrutadas, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Estamos en un momento histórico ante la posibilidad de darle la vuelta a la página de este período de décadas de gobiernos que se caracterizan por esta cooptación corrupta del Estado”, expresó hace un par de semanas en un debate electoral.

Hijo de un mandatario que dejó huella, Arévalo genera esperanzas de cambio en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, que inducen a emigrar cada año a miles de guatemaltecos.

Torres, que participó en su tercer balotaje, pidió “honestidad” en el proceso electoral por algunas “anomalías” que han “estado denunciando”, según dijo al emitir su voto, en declaraciones que recogió el diario local Prensa Libre.

Por la tarde, la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dio una conferencia de prensa en la que aseguró que hubo algunas “irregularidades” en la votación y apuntó contra el partido de su oponente.

Al ser consultada sobre si reconocería los resultados, respondió: “No me quiero anticipar”.

En la recta final de la campaña, Torres puso en duda el proceso de conteo de votos: pidió a la Justicia que garantice la “transparencia” del balotaje y ayer denunció supuestas “acciones intrusivas” y “racistas” de observadores de la Unión Europea (UE).

La Corte Suprema acogió su pedido y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que “tome las medidas para garantizar (el correcto) ingreso de datos al sistema informático” y permita a los fiscales partidarios tomar fotos de las actas de las mesas de sufragio.

La candidata, exesposa del ex mandatario Álvaro Colom (2008-2012), era apoyada por varios partidos de derecha, pastores evangélicos y la Fiscalía, que trató de ilegalizar al Movimiento Semilla.

“Hay que estar listos para las arremetidas”, dijo Arévalo el viernes en una entrevista con Télam en relación con los intentos judiciales por correrlo de la elección. Y agregó: “Vemos toda una armazón de corrupción en donde tristemente el partido contendiente ya es parte junto con el Estado, con el gobierno, y están tratando de ver la forma como logran burlar la voluntad popular que va a ser manifestada este domingo”.

El viernes, la Corte Suprema guatemalteca dejó sin efecto en forma definitiva la orden de un juez de inhabilitar al MS, que había sido solicitada por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, por supuestas irregularidades en la inscripción del partido entre 2017 y 2018.

De todas formas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su “preocupación” por los planes de la Fiscalía de detener a dirigentes del Movimiento Semilla tras el balotaje.

Asimismo, la Misión de Observación Electoral dijo que le preocupaban las amenazas contra magistrados del TSE y llamó a las fuerzas de seguridad a proteger a los jueces durante la segunda vuelta.

“Hasta el momento los observadores no han registrado mayores incidentes, sin embargo, vemos con extrema preocupación las amenazas hechas públicas contra magistrados del supremo y la potencial renuncia de una de ellas, rechazamos y condenamos toda violencia, así como el hostigamiento al tribunal”, dijo la portavoz de la misión en una conferencia de prensa.

Más temprano, la magistrada Blanca Alfaro -principal figura para sustituir en el cargo en el próximo período a la presidenta del TSE, Irma Palencia- anunció que renunciará al tribunal debido al inadecuado ambiente en que desarrolla su labor, y luego de que en la víspera denunciara que recibió amenazas, que se intensificaron en los últimos tres meses y fueron más graves en días recientes.

Arévalo, que nació en Uruguay y vivió hasta los 15 años fuera de su país debido al exilio de su padre, partía como gran favorito para el balotaje frente a Torres, que durante la campaña se corrió cada vez más hacia la derecha.

El candidato de Semilla promete seguir la senda de su padre, el expresidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), con una fuerte agenda social y de cambio.

El sociólogo, de todas formas, no contará con mayoría en el Congreso (unicameral).

En las elecciones de junio, el MS quedó en tercer lugar en términos de bancas, al obtener 23 de las 160. UNE quedó segundo con 28.

La primera minoría será Vamos, el partido del actual presidente de derecha Alejandro Giammattei, quien llega con un 76% de desaprobación, según la firma ProDatos.

Además de la cruzada contra MS, la Fiscalía lleva adelante desde hace un par de años una campaña contra periodistas y funcionarios judiciales que combatieron la corrupción, y ha encarcelado o empujado al exilio a varios de ellos.

Analistas señalan que Guatemala vive un retroceso hacia el autoritarismo como reacción del establishment a la Cicig, un ente creado por la ONU que investigó la corrupción gubernamental entre 2007 y 2019.

En 2019, el entonces presidente derechista Jimmy Morales cerró la Cicig y Giammattei no quiso resucitarla.

En un país conservador y religioso, Arévalo y Torres descartaron legalizar el matrimonio igualitario o el aborto, que solo está permitido si hay riesgo para la madre.

Sin embargo, Torres aseveró que su rival es ateo -aunque es católico como ella-, que quiere legalizar el aborto, las uniones entre personas del mismo sexo y las drogas, afirmó que planea hacer expropiaciones y que convertirá a Guatemala “en una Venezuela y en una Cuba”, a la vez que llamó “huecos” (homosexuales) a los seguidores del MS.

Su rival se defendió de los dichos de Torres afirmando que ella “es la candidata de la mentira y la desinformación”.

Unos 9,4 millones de guatemaltecos estaban llamados a votar para elegir al sucesor de Giammattei, quien debe entregar el mando el 14 de enero de 2024.

Los casi 3.500 centros de votación abrieron a las 7 (las 10 en Argentina) y cerraron a las 18 (las 21 en Argentina).

MB con información de agencia de noticias Télam

El úlltimo domingo de junio, un electorado de 10 millones en un país de 17.109.000 habitantes, según datos censales del Banco Mundial, acudió a las urnas en Guatemala para escoger un binomio presidencial, y votar 160 escaños en el Congreso y 20 escaños en el Parlamento Centroamericano, decidir quién ocuparía alcaldías y consejos en los 340 municipios de los 22 departamentos. No faltaba oferta para elegir: 29 partidos presentaban candidatures presidenciales. En este escenario político, si ninguna de las fórmulas presentadas obtenía al menos el 50% del voto en la elección presidencial, los dos principales candidatos debían avanzar a una segunda vuelta el 20 de agosto.  Una recurrencia que ocurre desde el regreso de la democracia. Siempre ha debido recurrirse a un balotaje para elegir presidente en Guatemala, tal como se verificó en estas elecciones a las que concurrió el  60% de la ciudadanía. Esto se debe a que la derecha, vencedora de todas las presidenciales en los últimos tres cuartos de siglo, entiende la primera vuelta como una suerte de primarias entre diversas facciones de su éspacio politico. Por primera vez, no es así, y por primera vez, ha parecido posible, la proscripción de una candidatura, por ser de centro izquierda, antes de que llegara al balotaje y pudiera rivalizar en las urnas con la contrincante.

Los candidatos ganadores en la primera vuelta de las elecciones generales fueron Sandra Torres, ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), por el partido de centro derecha Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con 15,86%  de los votos   y  Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), por del partido de centro izquierda Semilla, que  inesperadamente logró el segundo lugar para la presidencia con el 11,78 % de los sufragios. El candidato Manuel Conde por el partido oficialista de derecha  VAMOS, quedó en el tercer lugar, con el 7,84 % de los votos.

Las elecciones se ganan en las urnas, no en las cortes

Los resultados no fueron aceptados por el establishment:  nueve partidos cercanos al oficialismo pidieron la revisión de las actas por presuntas irregularidades,  a pesar de que Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y otros observadores internacionales avalaron el proceso electoral. Las denuncias sostenían que había más de mil actas alteradas, una cifra ínfima sostenida en el 0,82% de las 121.227 procesadas (de un total de 122.293) en el escrutinio, según cifras oficiales. La solicitud fue recibida  por la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó un amparo provisional y ordenó una nueva audiencia de revisión del escrutinio de votos.

El pedido y su aceptación no están contemplados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos reguladora de las  elecciones en Guatemala y, en consecuencia, cualquier impugnación debe resolverla el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no la CC. A pesar de esta infracción,  el TSE ordenó que se realizaran las audiencias. Diversos organismos internacionales cuestionaron la orden –vista como una medida sin precedentes- de revisar los votos emitidos y realizaron llamados a oficializar los resultados.

Una  eventual consecuencia de este hecho pudo  haber sido la anulación de las elecciones. También,  de no reconocerse el conteo de los votos que aseguraron el segundo lugar  alcanzado por Arévalo,  este hubiera sido  ocupado por el candidato oficialista Conde.

Esta situación anómala señala Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y ex fiscal general de Guatemala es muestra  de “cómo operan las instituciones cooptadas”. No es una voz aislada, sino que por el contrario la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones afines han denunciado que  el sistema de justicia guatemalteco atraviesa una crisis sumamente preocupante debido a que existe según la CIDH, “una estrategia tendiente a su cooptación por parte de grupos y estructuras paralelas de poder involucradas en esquemas de corrupción e interesados en asegurar impunidad y la perpetuación de mecanismos de corrupción”. Los actuales magistrados de la Corte responden a estos intereses de garantizar la impunidad y favorecer la corrupción.

Elecciones en peligro

El 10 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “improcedentes” los recursos de amparo  interpuestos por los partidos políticos  de derecha para recontar los votos y estableció que el TSE había cumplido con la orden de la CC. El 12 de Julio, los  resultados de la primera vuelta electoral se oficializaron.  

El peligro real de que se anularan las elecciones quedó cancelado;   la reacción ciudadana de proteger el voto, acompañada de importantes sectores nacionales e internacionales, fue crucial para evitar que se concretaran estos planes. Sin embargo, el riesgo latente de que se utilizara arbitrariamente el derecho penal en contra de los candidatos que competirán en la segunda vuelta, se hizo patente. El  mismo  miércoles 12,   el  juez Fredy Orellana del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla basado en la solicitud del director de  la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Rafael Curruchiche que depende de manera directa del Fiscal General de la República y del Ministerio Público (MP) a cargo de Consuelo Porras.

Intento de “un golpe de Estado técnico”

Minutos antes de que se oficializaran los resultados de las elecciones del 25 de junio, Curruchiche informó la puesta  en marcha un nuevo caso de corrupción e impunidad, denominado 'Corrupción Semilla', a raíz de la denuncia de un ciudadano en mayo de 2022, quien señaló haber sido adherido “ilegalmente” a este partido político. Curruchiche, quien en 2022 fue incluido en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, ha detallado que una prueba científica concluyó que la firma y letra del denunciante fueron “falsificadas”, por lo que remarcó que “existen indicios de que posiblemente, más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla falsificándoles su letra y firma”. Y añadió que fueron inscritos a la formación política “12 personas fallecidas”, al tiempo que indicó que Semilla pagó 7 quetzales (menos de un euro) por cada firma recolectada para la conformación del partido, lo que suma la cantidad de 175.000 quetzales (21.000 euros) “desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”.

El juez Orellana ordenó que “se suspenda provisionalmente la inscripción de persona jurídica del comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla, por lo que no podrá participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos a candidatos del partido”. Y dio un plazo de 24 horas para cumplir lo ordenado.  

La primera reacción de Arévalo fue asegurar en sus redes sociales que “los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer”, y  advirtió, “la semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”. El artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional“, establece que ”no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado“, por lo que Arévalo afirmó que la decisión que se ha tomado en contra de Semilla constituye es ”un golpe de Estado técnico“.

La intención de suspender a Semilla, a través del Ministerio Público y los tribunales, ilustra los principales mecanismos de control ejercidos por las élites políticas y económicas y las figuras de delitos organizados que se oponen al cambio. En lugar de adjudicar el poder en un solo jefe de Estado, esta alianza de intereses ilícitos se ha centrado en ejercer el control en la aplicación de la ley, los Tribunales y el Congreso, creando una marca única de autoritarismo que es menos personalista que sistémico. Estos mismos mecanismos en el período previo a las elecciones habían descalificado a tres candidatos debido a muy  dudosos motivos  por decisiones del Tribunal Superior. Arévalo quedó fuera de este destino, probablemente porque obtuvo solo un 3% de apoyo en la última encuesta importante tres días antes de la votación de primera ronda.

El jueves 13,  por orden del Ministerio Público se  allanaron  las oficinas de TSE, para buscar material probatorio de la denuncia del  fiscal Curruchiche.  La pesquisa desencadenó masivas protestas ciudadanas frente Ministerio Público para mostrar su  decisiva disconformidad con la suspensión del partido político Semilla, y  la vez reclamaron la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

También numerosos  sectores se manifestaron su oposición a la medida anunciada;  entre ellos, los seguidores del Movimiento Semilla y Arévalo, la comunidad internacional, la cúpula empresarial, la Conferencia Episcopal  e incluso la candidata presidencial Torres suspendió su campaña electoral en solidaridad con su oponente Arévalo. 

Un amparo provisional para Semilla

El diputado Samuel Pérez por Semilla presentó un amparo preventivo ante la CC para evitar que el TSE acatara  la orden del Juzgado Séptimo que fue otorgado el  jueves 14, como ‘un amparo provisional’.  En un comunicado publicado en redes sociales, la Corte explicó que la protección abre paso a que “la segunda vuelta electoral (presidencial) se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados”.

Arévalo si compite  en el ballotage y gana la presidencia, se enfrentará a un Congreso dominado por la oposición. Vamos obtuvo una victoria masiva que lo convierte en el mayor bloque de la Legislatura, a pesar de la alta impopularidad del  presidente Alejandro Giammattei por su implicación en una serie de escándalos de corrupción y por la baja confianza de la población en las instituciones.  Semilla ganó 23 de los 180 escaños en las elecciones de primera ronda, el tercer bloque más grande del Congreso. Si esos escaños desaparecen, el Congreso será aún más firmemente controlado por los oponentes de cambio.

AGB

En Guatemala el domingo 25 de junio, Bernardo Arévalo, el candidato del partido de centro izquierda Semilla inesperadamente logró el segundo lugar para la presidencia en la  primera ronda de las elecciones generales

La última encuesta preelectoral adjudicaba la victoria a Sandra Torres el partido conservador Unión por la Esperanza (UNE) con el 21 % de los votos, seguida de Edmont Mulet del centro derecha Cabal, Zury Ríos por la coalición de derecha Valor-Unionista y Manuel Conde por el derechista VAMOS. Arévalo quedaba en un lejano octavo lugar con menos de 3 % de intención de votos. El recuento de las urnas mostró que la suerte no estaba echada.  

Bernardo Arévalo de León, ex diplomático de 64 años de edad, admirador de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay (2010-2015), donde nació durante el exilio de su padre, el expresidente Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951), competirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto.  En una campaña electoral judicializada que impidió la inscripción de tres candidatos presidenciales (el empresario Carlos Pineda por  el partido liberal conservador Prosperidad Ciudadana (PC), la lideresa indígena  Thelma Cabrera por el izquierdista Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) y Roberto Arzú representante del partido conservador Podemos), Arévalo de quien no se  sospechaba su target de aceptación popular quedó en carrera. El domingo 25 de junio, guatemaltecas y guatemaltecos “le jugaron la vuelta a la imposición”. Casi uno de cada seis votantes, en repudio del sistema político y de las instituciones estatales del país no concurrió a las urnas (40 %), anuló su voto (17 %) o votó en blanco (siete por ciento). Otro porcentaje, el 12, 25 %, decidió a favor de Arévalo, y lo habilitó a disputar la presidencia.

Un heredero que a aspira a ser sucesor

Bernardo Arévalo ha enarbolado la bandera del cambio democrático en el país centroamericano. Ganó un lugar en el próximo balotaje presidencial, programado para el 20 de agosto. El triunfo ocurre casi 70 años después que finalizara el mandato  su padre,  el estadista, educador, político, diplomático y escritor Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente elegido por votación democrática en Guatemala.  

El presidente Arévalo Bermejo, orientado por un “Socialismo Espiritual” conocido como “Arevalismo”, supervisó reformas constitucionales y sociales populares. En 1951, su sucesor Jacobo Árbenz (1951-1954),  quien continuó  sus obras de gobierno e intentó una reforma agraria, le otorgó el nombramiento de embajador itinerante.  Arbenz fue derrocado en 1954 por un Golpe de Estado, el primero en la región orquestado  por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, que abrió la puerta a las dictaduras militares que perduraron décadas hasta la asunción a la presidencia de Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991)  promotor de los Acuerdos de Paz de Centroamérica, Esquipulas I y II.  

Biografía del hijo de un presidente,  candidato a presidente

Bernardo Arévalo estudió Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y se doctoró en Sociología y Antropología Social en la Universidad de Utrecht. Entre 1984 y 1988 fue Primer Secretario y Cónsul de la Embajada de Guatemala en Israel; embajador de Guatemala en España durante 1995 y 1996 y viceministro de Relaciones Exteriores en 1994 y 1995 durante el gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-1996); en 1995 fue condecorado con la Orden del Águila Azteca por el expresidente mexicano, Ernesto Zedillo. Entre 1984 y 1988 fue Primer Secretario y Cónsul de la Embajada de Guatemala en Israel, entre otros de los cargos que ha desempeñado en la gestión pública. A partir de 1997, instalado en  Guatemala  inició sus proyectos de reconstrucción nacional junto a organizaciones internacionales.

En  2019, se convirtió en el representante del partido político Semilla del cual es uno de sus fundadores y actualmente Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El partido tiene su origen en  las protestas masivas de 2015 contra la corrupción conocidas como la “primavera guatemalteca”, que dieron lugar a la renuncia obligada del  ex presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y de  la vicepresidenta Roxana Baldetti  (ambos  en prisión en cumplimiento de su condena). Durante la presidencia de  Jimmy Morales (2016-2020) quien no renovó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Arévalo proclamó que era hora de construir la “verdadera alternativa real” que carecían los guatemaltecos.

En 2019, la candidata de Semilla para la Presidencia fue la ex fiscal general Thelma Aldana y para diputado, Arévalo. Aldana  quien tuvo un papel decisivo en la denuncia y enjuiciamiento por corrupción de Pérez Medina encabezaba las encuestas, hasta que fue descalificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las amenazas de muerte la obligaron a dejar  el país.

Arévalo  llegó  al Congreso de la República con la primera bancada de su  partido. En su labor legislativa  integró las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Asuntos de Seguridad Nacional, Integración Regional, Previsión y Seguridad Social, Gobernación y la de Educación, Ciencia y Tecnología. Durante su desempeño presentó  las  iniciativas 6114, para  Ley de  Atención Integral del Cáncer; la 6002, Ley de Farmacias Públicas de Guatemala; o la 5944, reformas al decreto número 06-2003 del Congreso de la República, Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Sin embargo, ninguna de estas prosperó después de su presentación en el pleno del Congreso.

La oportunidad de Semilla

 La plataforma política de Semilla, “Para un país habitable”, proyecta el  alcance de las ambiciones de Arévalo: pragmático, no utópico. Los siete representantes de Semilla desde que ingresaron al Congreso, número que se redujo a seis después de que un parlamentario fue expulsado por violación el estricto código de ética del partido,  han dedicado más tiempo a documentar y a denunciar la corrupción del gobierno que a producir videos de Tiktok. A pesar de esto y acaso a causa de lo mismo,  los resultados de las elecciones sugieren que Arévalo y Semilla han incrementado sus votantes,  no solo en la ciudad de Guatemala, donde el partido conserva una base de clase media, sino también entre un conjunto de la ciudadanía de base socioeconómica más diversa en los extensos suburbios de la capital y centros urbanos en todo el país. Para ganar, Semilla, un partido relativamente joven, tendrá que superar la red nacional de operadores políticos experimentados de Torres, con quien se enfrentará por el cargo presidencial de Guatemala.

La lucha contra la corrupción, asunto de Estado

En el programa de gestión del candidato izquierdista  Arévalo, en primer lugar se encuentra el combate contra la corrupción, que  el mismo considera el obstáculo que de no superarse impediría  los  cambios a favor de la nación. Entre las propuestas se cuenta  la eliminación de  la contribución de dinero público que los funcionarios del gobierno tienen a su disposición para financiar proyectos de interés local y, frecuentemente, se utiliza para comprar votos o favores políticos. Una decisión de esta índole generará  resistencia del Congreso, controlado ampliamente por los partidos tradicionales, enfrentado a  Semilla que contará con el apoyo de  24 en el total de 160 escaños. Sin embargo, Arévalo ha asegurado  que preferiría lograr solo una parte de su agenda en lugar de pactar con los partidos políticos que forman parte del llamado “pacto de corruptos”.

Arévalo ha prometido universalizar gradualmente los programas de asistencia social existentes para incluir una mayor proporción de guatemaltecas y guatemaltecos pobres, reducir el costo de los medicamentos y la atención médica, y vincular partes aisladas del país a través de una nueva infraestructura. Todas son tareas encomiables , dada la participación excepcionalmente baja de la deuda; y,  necesarias, dadas la altísima pobreza y las tasas de desnutrición que afecta  al 59 % de los 17,6 millones de guatemaltecas y guatemaltecos . Respecto a la seguridad, otra gran preocupación para la ciudadanía, el candidato por Semilla prometió aumentar la presencia estatal en los puntos críticos del crimen, reclamar encarcelamiento para las pandillas y desmantelar a las mafias. Respecto a esto último, Arévalo  ha declarado que  la estrategia de ‘mano dura’ del presidente salvadoreño  Nayib Bukele no es aplicable en Guatemala.  No legalizará el aborto libre -la legislación actual lo permite solo cuando está en peligro la vida de la mujer- y tampoco el matrimonio igualitario; sin embargo, no permitirá la discriminación ni estigmatización por género ni religión. A la vez, ha manifestado  una postura crítica respecto al abuso de DDHH en la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua y como así también en relación a la invasión  del presidente ruso  Putin en Ucrania;  y no tiene planes declarados para reconocer a China sobre Taiwán.

 Si gana Arévalo el 20 de agosto

La dinámica puede llegar a ser diferente. Arévalo, casado con Lucrecia Peinado con quien tiene seis hijos, es apodado por sus partidarios  'tío Berni’, que refiere a su nombre pero también al del político de izquierda estadounidense Bernie Sanders. A diferencia de los dos últimos candidatos que desafiaron a Torres, no está interesado en reproducir  los acuerdos con el Establishment.

Y ha prometido traer fiscales y jueces anticorrupción exiliados como asesores en anticorrupción si llega a ganar la presidencia la fórmula por él encabezada y completada en cargo de vicepresidenta por Karim Larissa Herrera Aguilar, de 55 años, militante política y  química bióloga egresada de la Universidad de San Carlos con estudios ambientales, en ciencia política y sociología. Una promesa que seguramente aterroriza a muchas élites guatemaltecas, que ante esta coyuntura podrían alinearse rápidamente detrás de los Torres.

Sin embargo,  el apoyo de la ‘élite’ puede llegar a ser más un peso  que una bendición, dado el fervor anti-establishmet  generalizado. Hasta agosto, el mayor desafío de Arévalo será convencer a algunos de los seis votantes que no fueron a votar, impugnaron  o dejaron en blanco sus boletas que deberían apostar por él y Semilla. También,  deberá superar la narrativa de los medios afines a la élite de que él y sus co-partidarios  son comunistas. Y si el presente de Guatemala mantiene el recuerdo de su pasado y  el apellido de Arévalo conserva su prestigio –aunque la carrera política de su padre fue truncada y él no heredó una dinastía familiar política- entonces la batalla a enfrentar mostrará cuánto en verdad ha cambiado la política guatemalteca.

AGB

Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, el que tiene la mayor Area Metropolitana, y el de la economía más desarrollada, con un crecimiento que dobla a las restantes naciones del subcontinente. En Guatemala, desde mediados del siglo XX, los gobiernos civiles o militares, son autoritarios, son de derecha conservadora, y su personal es de la misma casta política. No es un país de partidos, las elecciones presidenciales funcionan casi como primarias con formaciones políticas ad hoc que seleccionan a los líderes oligárquicos que después ganarán el poder en segunda vuelta. La atomización es resultado de la 'vía guatemalteca al autoritarismo autocrático' antes que reflejo directo de una fragmentación social extrema. En este contexto fue posible, este domingo 25 de junio, que la esperada superioridad de Sandra Torres, conservadora y ruralista encontrara un inesperado rival para el balotaje, Con más del 11% de los votos, quedó en segundo lugar en primera vuelta el diputado y candidato del centro-izquierdista Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, “socialista espiritual”, presidente de Guatemala 1944-1950.

Son las segundas votaciones de este año en la región, en el marco del ciclo electoral latinoamericano (2021-2024). El 30 de abril, el oficialismo fue reelegido en Paraguay. La próxima cita electoral será en Ecuador, con elecciones anticipadas el 20 de agosto, después de que el presidente Guillermo Lasso activara la “muerte cruzada” a mediados de mayo. El 22 de octubre están programadas las elecciones generales en la Argentina, y finalmente, el año culminará con un importante plebiscito constitucional en Chile el 17 de diciembre. 

Diez millones de guatemaltecas y guatemaltecos de los 17.109.000 habitantes -según datos censales del Banco Mundial-, estaban convocados a las urnas para votar por el binomio presidencial, los 160 escaños en el Congreso, alcaldes y consejos en los 340 municipios de los 22 departamentos del país y 20 escaños en el Parlamento Centroamericano ante una prolífera oferta de 29 partidos. En este escenario político, si ninguna de las fórmulas presentadas obtenía al menos el 50% del voto en la elección presidencial, los dos principales candidatos debían avanzar a una segunda ronda el 20 de agosto.  Una recurrencia que ocurre desde el regreso de la democracia. Siempre ha debido recurrirse a un balotaje para elegir presidente en Guatemala. 

Crónica violenta de un proceso electoral accidentado

El proceso electoral previo a estas elecciones del domingo 25 de junio se ha caracterizado por una intensa judicialización, la falta de garantías electorales, prohibiciones de candidaturas, múltiples denuncias e irregularidades, manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público, creciente acoso a la prensa, violaciones a los DDHH y una alta incertidumbre ciudadana.

“La falta de transparencia de los tribunales electorales que han descalificado a algunos candidatos, al tiempo que inesperadamente permiten que otros se pongan en la votación también ha creado incertidumbre entre los votantes” sostiene Mariela Fuentes, directora ejecutiva del movimiento de formación ciudadana Guatemala visible.

La eliminación de candidaturas presidenciales afectó al postulante por Prosperidad Ciudadana (PC), el empresario con discurso populista  Carlos Pineda quien sin experiencia política previa  lideraba las encuestas; la de Jordán Rodas ex procurador de DDHH compañero de la fórmula encabezada por Thelma Cabrera, lideresa indígena de izquierda del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), que ocupó el cuarto lugar en las elecciones de 2019; y la del representante del partido conservador Podemos, Roberto Arzú , hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000).

Los tres han denunciado “fraude electoral” e instado a sus seguidores a emitir votos nulos o en blanco como forma de protesta. Los tres fueron percibidos como candidatos populares que amenazaron el status quo político, y sus descalificaciones fueron ampliamente vistas como motivadas políticamente.

El mismo tribunal permitió la inscripción de la candidatura de Zury Ríos, la hija menor del ex dictador militar fallecido Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder tras un golpe de estado en 1982  con el apoyo de EEUU y que fuera condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013. Los tribunales habían bloqueado previamente la candidatura de Ríos debido a que la el artículo 186 de la Constitución prohíbe a personas involucradas en golpes de Estado o sus parientes optar al cargo de presidente y vicepresidente. 

Según un informe de El Faro English, en tanto estos candidatos han sido excluidos, otros, incluso algunos bajo investigación por corrupción y narcotráfico, han sido autorizados a participar en las elecciones. Este doble estándar ha generado preocupaciones sobre el uso diferenciado y discrecional de los criterios de registro y bloqueo de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y el caso de Zury Ríos no fue el único; se aceptaron las inscripciones de ex funcionarios y particulares de la coalición de derecha radical Valor-Unionista con condena de tráfico de influencias cargos, como también de postulantes a diputado por el partido CAMBIO procesados y sentenciados por lavado de narcotráfico. Y por corrupción y violación de los DDHH por el partido oficialista  VAMOS y el TODOS.  

De manera similar, la impugnación a las postulaciones de Sandra Torres Casanova, ex primera dama, divorciada del fallecido expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), y de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, también fueron ‘salvadas’ con la ratificación de sus inscripciones en el Registro Electoral. Ambos concurren por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro derecha. Torres Casanova estuvo detenida y fue procesada en un caso de corrupción durante el gobierno de su exesposo, pero las cortes de justicia fallaron en su momento a su favor. Guerra quien participa por primera vez en política es un pastor evangélico que renunció a su ministerio unos días antes de inscribirse como candidato debido a que la  Constitución prohíbe a los ministros de cualquier religión o culto ser candidatos a presidente y vicepresidente.

La combinación ‘tóxica’ de estos hechos unidos a la falta de control efectivo del financiamiento político y del gasto electoral provocó el aumento de la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar su integridad. Las principales misiones de observación electoral, tanto internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Unión Europea (UE), y nacionales, como Mirador Electoral y la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), habían advertido en sus informes sobre la aplicación de criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para inscribir y revocar candidaturas y la utilización de recursos judiciales para dirimir diferencias políticas, con daños irreparables a la credibilidad y legalidad electorales..

Guatemala en peligro de “vaciamiento”

Un “vaciamiento democrático”, en el cual la erosión o el retroceso democrático no lo produce la concentración de poder en manos de un mandatario autoritario sino “la dilución” y debilitamiento del gobierno como definen Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, que afecta a Guatemala y a varios países de la región,

En Guatemala , donde 59% de sus más de 17 millones de habitantes viven en la pobreza (el 50 por ciento de los niños de menos de cinco años sufre desnutrición), y que pese a su administración pública ineficiente sin un proyecto nacional, ha logrado un crecimiento macroeconómico sólido (bajo endeudamiento, inflación controlada y crecimiento constante), el fracaso del Estado que no ha reducido la informalidad (ronda el 80 por ciento) ni combate la inseguridad ciudadana ni el narcotráfico , genera medio millón de migrantes anuales, que huyen de su país que no les ofrece oportunidad alguna.

El deterioro institucional del país intensificado en la última década y profundizado en 2023 alcanzó a los organismos judiciales y a los responsables del funcionamiento electoral. Entre sus razones, la creciente apatía política y electoral a igual que el abstencionismo y principalmente, ausencia de vínculos entre la sociedad y los partidos políticos, personalistas y clientelares, que no rinden cuentas ante el electorado. En las elecciones del domingo, votó sólo un 60% del padrón. Pero entre esos votos, el número de impugnaciones fue récord: casi dos de cada diez votos emitidos fue una declaración de repudio al sistema político. No le será fácil la campaña a Arévalo. Pero tampoco imposible.

AGB

La Selección Argentina Sub-20 sacó este martes su pase directo a los octavos de final del Mundial con una sólida victoria ante Guatemala por 3 a 0. Por segunda vez consecutiva, jugó en un colmado estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Alejo Véliz, Luka Romero y Máximo Perrone fueron los goleadores del conjunto que dirige Javier Mascherano. El próximo viernes, buscará el primer lugar del grupo A cuando enfrente al escolta Nueva Zelanda en la provincia de San Juan.

Argentina logró su segundo éxito al hilo tras el 2-1 ante Uzbekistán y alcanzó las 6 unidades, mientras que Guatemala quedó sin puntos y con chances mínimas de avanzar a la siguiente instancia del torneo. Ambos países terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Tomás Avilés, en su debut como titular, y Carlos Santos.

Con más confianza respecto al debut, el seleccionado nacional resolvió con sencillez un partido cuya previa dio que hablar en los medios con el supuesto caso de espionaje al vestuario guatemalteco. Con el peso de sus individualidades y un mejor funcionamiento colectivo, el equipo Sub-20 argentino logró una victoria segura y necesaria.

La Selección mostró superioridad en la primera parte. Matías Soulé estuvo más enchufado y resolutivo que en su debut mundialista, y en su asociación con Valentín Barco generó peligro para su rival. Con firmeza en el mediocampo a través de Perrone y Mateo Tanlongo, volcó todo el ataque por izquierda aunque el gol vino por derecha. Juan Gauto, el reemplazante del preservado Brian Aguirre, fue quien pateó el centro para el cabezazo goleador de Véliz.

Argentina se puso en ventaja en su mejor momento, con el apoyo de los hinchas y un constante ritmo de percusión en la tribuna Sur Alta y Oeste Alta. A diferencia del triunfo con Uzbekistán, Valentín Carboni no pudo desnivelar y su talento se vio a cuentagotas. Su diferencia hubiese sido sustancial, de haber tenido una mayor participación.

Barco y sus proyecciones fueron un dolor de cabeza para los guatemaltecos. El defensor de Boca Juniors, el más ovacionado por la tribuna, pasó mucho al ataque, con llegada hasta la línea contraria y centros que no pudieron ser capitalizados por sus compañeros.

Por su parte, Guatemala con su línea de 5 en el fondo, procuró mantener el orden y tuvo su chance con un intento de Santos a los 21 minutos, que Federico Gomes Gerth mandó al córner con una eficiente estirada. El delantero Arquímides Ordoñez tuvo la única esperanza de Guatemala con algunas apariciones, pero luchó en soledad contra la defensa argentina.

La segunda parte fue toda de Argentina. La expulsión de Santos aún más el panorama, ya que Guatemala se paró con un 4-4-1 y el ingresado Romero, en una de sus primeras intervenciones, picó un remate al piso que se hizo imposible para el arquero Jorge Moreno. Sobre el cierre del partido, el delantero de Lazio de Italia estrelló la pelota en el travesaño.

Mascherano luego le otorgó descanso a Carboni, situó a Tanlongo en la zaga central y mandó a la cancha a Federico Redondo para un mayor equilibrio en el mediocampo. La expulsión de Avilés por una mano ante el avance del rápido Edy Palencia no modificó el trámite y Argentina, ante 37.033 jubilosos espectadores, cerró con aplomo el partido.

El gol de Perrone, al empujar la pelota a la red tras una buena jugada colectiva, fue la frutilla del postre en la calurosa tarde noche santiagueña.

LC con información de agencia Télam

El 27 de marzo se inició la campaña proselitista en Guatemala para las elecciones presidenciales. No fue fácil. Este lanzamiento había estado precedido por una larga, polémica, arbitraria y discrecional primera fase de postulación e inscripción de candidaturas todos los cargos de elección popular.

La segunda fase del proceso electoral que se inició oficialmente en los últimos días hábiles de marzo tiene el declarado propósito de seducir el voto de casi diez millones de votantes que acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 21 candidatos y 2 candidatas definidas por 30 partidos políticos. Además del nuevo Ejecutivo de la República,  Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país:29 partidos están calificados para presentar candidatos.

La prolíferante oferta electoral, en la que no han sido habilitados el binomio presidencial del izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) encabezado por la lideresa indígena Thelma Cabrera, ni el de Roberto Anzú por el partido de derecha Podemos,  refleja de manera simétrica la atomización del electorado cuya confianza en las elecciones y en la institucionalidad en su conjunto es baja, acrecentado por los mecanismos establecidos para impugnaciones y exclusiones de candidaturas que han generado incertidumbre, tensiones, el aumento del descontento de la ciudadanía  y en cierta manera posibilitado las transgresiones de los propios candidatos a la normativa electoral. “Todas las misiones de observación nacionales e internacionales concluyen que el TSE no cumplió con las expectativas debido a su comportamiento errático al bloquear candidaturas”, declaró Manfredo Marroquín fundador de la organización civil Acción Ciudadana comprometida con la participación de la ciudadanía consciente y la transparencia de la gestión pública desde hace 20 años.

A la popular lideresa indígena Thelma Cabrera le fue negada la inscripción de su candidatura para las presidenciales guatemaltecas del 25 de junio.

Tres mujeres, una excluida 

La protesta de miles de indígenas y campesinos guatemaltecos que bloquearon carreteras en varios puntos del país para que la justicia permita la candidatura de la única fórmula presidencial que postulaba a una mujer indígena, Thelma Cabrera no tuvo éxito. Sin embargo, Zury Ríos, hija del ex dictador genocida Efraín Ríos Montt (1982-1983),  candidata de la coalición conservadora Valor ,  consiguió la habilitación que le había sido negada en 2019, esa vez de acuerdo al  artículo 186 de la Constitución que establece que no podrán ser candidatos ni ocupar el cargo de presidente o vicepresidente “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad”.

Ríos viajó al departamento de Jutiapa y luego visitó la Zona 6, uno de las 25 zonas del sistema de espiral contrario a las agujas del reloj en que se divide la ciudad capital de Guatemala.  Durante su recorrido, una simpatizante pistola en mano injurió a Sandra Torres candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) quien compite por tercera vez a la presidencia del país, y disparó varias veces al suelo.

La inmediata respuesta que por redes sociales difundió Ríos dio a conocer su decisión de identificar a la agresora, separarla de sus colaboradores y “aplicarle todo el peso de la ley, apegado a su código de ética”. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para cuestionar las aptitudes de Torres,  ex primera dama durante el mandato del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012) como futura Presidenta, una fuerte agresión verbal.

El episodio que no sería más que una anécdota de ‘riña entre mujeres’ , que son justamente las que encabezan el voto favorable según las encuestas, cobra otro sentido si llegara a ser el primero de una espiral de violencia ante la cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha limitado a difundir un llamado a la tolerancia y condenó los hechos para no tirar por la borda el reciente Acuerdo Nacional en función de “una campaña ética, pacífica y con valores democráticos”. 

La campaña en marcha: regalos, juegos y fuegos artificiales

Marroquín ha vaticinado que “en las condiciones actuales la campaña electoral puede desarrollarse con abundantes recursos provenientes de la corrupción y el narcotráfico que van a propiciar un juego sucio y que seguramente serán solapadas por el TSE si son cometidas por agrupaciones que forman parte de la alianza que gobierna el país. Al final vamos a ver un proceso sin legitimidad a los ojos de la población y la comunidad internacional”.  La advertencia parece cumplirse porque contradiciendo la expectativa de  una campaña con debates y ofrecimientos electorales responsables que atiendan las preocupaciones de la población sobre seguridad, generación de empleo digno y acceso a servicios básicos, se ha podido comprobar  que cada fin de semana, algunos de los candidatos recurren a los regalos o prebendas que la Ley Electoral del país prohíbe de manera explícita:  “otorgar u ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales”. 

El sábado 15 de abril, la candidata Torres de UNE visitó una vecindad en la Zona 18 de la ciudad capital; con su patada inicial inauguró un torneo de futbol y regaló ‘playeras’ –así se dicen a las remeras de maga corta en Guatemala-  bicicletas y televisores a los cientos de asistentes. Entre sus promesas, resaltó restaurar la bolsa solidaria, la entrega a familias un pago anual de Q2 mil para la compra de útiles; la eliminación del IVA a productos de canasta básica y medicinas y archivar la iniciativa de ley 6165, que busca colocar impuestos al comercio informal. “Hace cuatro años yo no me equivoqué. El pueblo se equivocó, porque si me hubiera apoyado, otra situación sería para los guatemaltecos y las guatemaltecas”, dijo Torres en su discurso.

El candidato Hugo Peña del reciente partido Comunidad Elefante, participó en una carrera de 7 kilómetros organizada por esa organización política en la que se entregaron cheques como premio a los ganadores, por cantidades que ascendieron a Q1,500.

El presidenciable Edmond Mulet del partido Cabal, opositor al oficialismo visitó la ciudad de Chimaltenango (‘murallas de escudo’ en náhuatl) donde luego de un mitin político bailó con simpatizantes de su partido y regaló ‘picheles’, nombre de los vasos de plástico en Guatemala.

Sin repartir regalos, el candidato Rudio Lecsan del centroderechista Partido Humanista, realizó una caminata con banderas en la Zona 1, donde visitó el Mercado Central y dialogó con vendedores. En el interior de la república, Bernardo Arévalo del partido socialdemócrata Movimiento Semilla visitó el Departamento de San Marcos, donde encabezó un recorrido con banderas en diferentes municipios y participó de entrevistas en radios locales. El candidato Manuel Villacorta del partido centroizquierdista Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) participó de varias actividades en diferentes departamentos, finalizando en la ciudad de Chimaltenango con un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Otros candidatos a diferentes cargos públicos

Neto Bran, alcalde de la Municipalidad de Mixco del Departamento de Guatemala por el Partido Popular Guatemalteco (PPG) en uno de sus distintos recorridos pidiendo el voto para su reelección, fue disfrazado como un  personaje de los comics, el superhéroe  Iron Man y regaló comida rápida a niños de Mixco. En el Municipio de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero del Partido Unionista de derecha recorrió su municipio y regaló autos de juguete a los niños a la vez compartió documentos con su plan de gobierno municipal.

¿Una voz en el desierto?

El candidato a diputado por el izquierdista Movimiento Político Winaq, el economista Víctor Robledo asume la campaña de su partido con el propósito de “despertar conciencias para el resultado del voto”. En un Transmetro (el transporte más popular entre los guatemaltecos), Robledo explica casi en solitario a las personas que no viene a regalar huacales, ni láminas de techo. Afirma que solo viene “a pedir que despertemos, este país no puede continuar así, si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por nuestros hijos”.

“No puede ser que nuestros niños no tengan jabón para lavarse las manos en las escuelas públicas, no puede ser que lleguen a la escuela no por estudiar, sino por un miserable vaso de atol y una galleta”, cuestiona a los transeúntes. “Hoy estoy tratando de decirle a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, que cambiemos este país, y solo lo vamos a hacer si reaccionamos, dejemos de votar por los mismos de siempre”, es su convocatoria y la de Winaq, por el momento una de las pocas agrupaciones que se asume como de izquierda de cara a las urnas.

AGB

La inhabilitación de candidaturas ha instalado en el debate de Guatemala narrativas de fraude que afecta aún más la confianza ciudadana en las elecciones y contamina aún más el clima político del país y presenta el riesgo de una crisis institucional. Una crisis que promete agravarse en lugar de empezar a resolverse una vez que asuman en el Ejecutivo y en el Legislativo las nuevas autoridades decididas por las elecciones generales de este 2023.

En Guatemala los próximos comicios a celebrarse el domingo 25 de junio corresponden a  la tercera elección regional decisiva de este año: donde se decide entre 21 candidatos y 2 candidatas quién sucederá a Alejandro Giammattei, un médico neconservador que antes fue el jefe de las cárceles del país.

En esa  jornada electoral, un electorado de casi diez millones de votantes acudirá a las urnas para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 23 candidaturas presidenciales definidas por 30 partidos políticos. El escenario político es el de una consistente fragmentación refleja: al electorado atomizado corresponde una oferta electoral parejamente subdividida. Además del nuevo Ejecutivo de la República, Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país, en un escenario de  gran fragmentación electoral: 29 partidos están calificados para presentar candidatos.

Aún fuera de esta contienda, nuestra lucha prosigue

Entre quienes han quedado excluidos, el caso más llamativo de veto es el aplicado los candidatos Thelma Cabrera y Jordán Rodas del binomio presidencial por   partido izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Miles de indígenas y campesinos guatemaltecos protestaron y bloquearon carreteras en varios puntos del país el pasado 27 de marzo en demanda del fin de la corrupción y que la justicia permita la candidatura de esa única fórmula presidencial que postula a una mujer indígena para presidenta.

Cabrera  la lideresa de la comunidad  Mam de la etnia maya de  52 años, oriunda de  las tierras templadas del municipio de  El Asintal, en la costa sur de Guatemala, cuenta con más de tres décadas de actividad política.  Cafeletera de niña  fue como su madre y su hermana, su participación política se inició en 1993, elegida por las mujeres como representante en Codeca, una  organización que defiende los derechos a la tierra, los derechos a la energía eléctrica y se opone a la privatización de los servicios básicos,  formó parte de su dirigencia por más de cinco períodos desde 2010 a 2019. En ese año de 2019, Codeca participó por primera vez  en las elecciones generales con el propósito de que las voces y necesidades de los pueblos indígenas y movimientos sociales tuvieran voz en la política partidista con Cabrera como su candidata a la presidencia de la República. Su rostro apareció en pancartas acompañado del texto #ElijoDignidad, realizadas por artistas sin fines de lucro. 

El MLP obtuvo el cuarto lugar y ganó tres distritos electorales, con más de 450 mil votos que fortalecieron aún más al colectivo. La lideresa indígena obtuvo el 10% de los votos, más que ningún otro candidato indígena en la historia de Guatemala. Antes de ella, Rigoberta Menchú  había logrado el 3%. El presidente Giammattei ganó las presidenciales con el 14%.

En esta oportunidad, la Corte de Constitucionalidad  falló en contra de la candidata Cabrera y su compañero de fórmula,  Jordán Rodas, ex procurador de DDHH en confirmación de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que en febrero bloqueó sus candidaturas.  Cabrera y Rodas llevaron su caso el 10 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.F.

Mientras a Cabrera y a Rodas se les ha impedido participar en las próximas elecciones, la Corte de Constitucionalidad ha confirmado la candidatura de la conservadora Zury Ríos, hija del fallecido ex dictador militar Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder tras un golpe de estado en 1982  con el apoyo de EEUU y que fuera condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013. La Constitución prohíbe a personas involucradas en golpes de Estado o sus parientes optar al cargo de presidente y vicepresidente. La constitución guatemalteca establece como únicos requisitos para optar a la presidencia ser guatemalteco de origen, ciudadano en pleno ejercicio y tener más de 40 años.

Para la lideresa indígena Thelma Cabrera el veto equivale un castigo “a nosotros como pueblo de vedar esos derechos de la participación política, porque la persecución no es hasta ahora, sino la persecución ha venido dándose del 2018 para esta fecha, llevamos 26 asesinatos hacia defensores y defensoras de los derechos humanos, o sea, los que defendemos nuestros territorios y la Madre Tierra”. Sin embargo, resalta “no perseguimos candidaturas, nosotros estamos promoviendo un proyecto de nación, pasan las elecciones, nuestra lucha sigue y entonces por eso estamos cumpliendo con los pasos que hasta hoy llevamos”.

Barómetro electoral versión 2023

Las opciones que se ofrecerán a la ciudadanía que muestran cómo el sistema de partidos políticos de Guatemala alcanzó el grado más alto de fragmentación que nunca antes se ha visto en el país, presentan reto en términos de administración electoral para la capacidad de los partidos para posicionarse social o políticamente en el imaginario político, generar una base social de votación y conseguir fondos para el mantenimiento de las campañas. 

La confianza ciudadana en las elecciones y en la institucionalidad en su conjunto es baja: solo alrededor de 2 de cada 10 ciudadanos tiene confianza en el funcionamiento del régimen electoral guatemalteco, su punto más bajo en la historia democrática del país. Una erosión causada a lo largo de los años y no por un evento en particular. La pérdida paulatina de confianza que puede generar una “judicialización”, que refiere al grado en que partidos políticos o actores no estatales hacen uso de recursos judiciales para tratar de cambiar las reglas o afectar determinadas candidaturas. Y la inhabilitación de las candidaturas instala en el debate del país narrativas de fraude que  afecta aún más la confianza ciudadana en las elecciones y contamina aún más el clima político del país.

En Centroamérica en su conjunto observa una tendencia de deterioro institucional democrático que abarca toda la región, donde posiblemente el punto más agudo sea Nicaragua.  Guatemala, que no es la excepción, hasta el momento ha mostrado la capacidad de garantizar elecciones razonablemente íntegras aun con las restricciones arriba anotadas.  De sostenerlas contribuiría al alejamiento del fantasma del  proceso recesivo o regresivo  de las democracias democráticas que sobrevuela la región. Demostraría  que aún en contextos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad,  las elecciones  permanecen como el pilar sobre el cual se construyó el proceso democrático en América Latina desde 1983. 

AGB

Según el calendario electoral guatemalteco, un electorado de casi diez millones de votantes acudirá a las urnas el 25 de junio para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 23 candidaturas presidenciales definidas por 30 partidos políticos. El escenario político es el de una consistente fragmentación refleja: al electorado atomizado corresponde una oferta electoral parejamente subdividida. Además del nuevo Ejecutivo de la República, Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país. en un escenario de  gran fragmentación electoral: 29 partidos están calificados para presentar candidatos 

El actual presidente es un médico que sufre esclerosis múltiple, un sexagenario que usa marcapasos, un catóiico divorciado en 2014 de su esposa madre de su hija y sus dos hijos, un político neoconservador defensor del autoritarismo pero hoy desprestigiado aun en su idoneidad para abusar del poder. Varias veces derrotado en las elecciones locales como aspirante a la alcaldía capitalina de Ciudad de Guatemala, cuatro veces aspirante a la presidencia de la República (cada vez como candidato de un partido derechista diferente), tres veces vencido antes de ganar en 2019 al frente del binomio de Vamos Guatemala. La victoria de Giammattei se debió al acierto de prometer mano dura contra la inseguridad, la violencia, el delito y el crimen, organizado o no, y el narco también. El ex carcelero del país -la posición más alta en el Estado alcanzada por Giammattei antes de la presidencia había sido la jefatura del Servicio Penitenciario- anuncio que sería el foso donde se hundiría toda iniciativa pára que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos o que personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio.

Un electorado fragmentado, una oferta electoral atomizada

El número de partidos competitivos no deja de llamar la atención, pero sobre todo fuera de: Guatemala. En los 38 años de recuperada democracia tras el fin de la guerra civil, la República ha registrado el número de 100 partidos políticos activos, cuya permanencia promedio era de una década. La baja institucionalidad y la fragmentación del sistema de partidos queda probado por el hecho de que en cada elección surgen entre cuatro y siete partidos y desaparecen entre tres y seis. 

De manera paradójica con esa alta fragmentación del sistema de partidos, coexisten  estructuras político-territoriales en departamentos, regiones, municipios que han logrado mantenerse vigentes y que permiten a algunos diputados y alcaldes continuar en el cargo compitiendo por partidos distintos. Por esta razón, en la elección de 2019 cambió el 60% de los diputados, pero no cambió la dinámica de asociación y alianzas, debido a que la  estabilidad no la confieren los partidos políticos sino las estructuras políticas en el territorio. No se trata de un caso aislado; por el contrario es muy característico de América Latina  que registra una tendencia de fragmentación de los sistemas de partidos, excepto en Uruguay.

Una singularidad de Guatemala radica en que ningún partido que ha ejercido el gobierno durante el período de la llamada “época democrática” iniciada en 1985 después de dos golpes de estado ha ganado la reelección. Varios  han disminuido notablemente o se han disuelto. El primer presidente de esta época Vinicio Cerezo (1986-1991) pertenecía a la Democracia Cristiana Guatemalteca fundada en 1955 y cancelada en 2008.

El Señor Presidente miente

A despecho de este dato empírico, el partido oficialista de derecha Vamos  ha iniciado la campaña para lograr sostenerse en el poder.  El presidente Alejandro Giammattei, quien aseguró el 14 de enero pasado  que el país centroamericano ha “avanzado mucho” durante su gestión,  cuenta con un índice muy bajo de popularidad. “Ha sido un camino lleno de orgullo, porque hemos avanzado mucho. Porque hemos logrado mucho. Porque hoy somos más y mejores de lo que éramos hace tres años”, declaró Giammattei durante la presentación de informe de Gobierno, el tercero después de asumir  el cargo el 14 de enero de 2020. Un informe “lleno de  mentiras”. Si  el primer mandatario sobre la seguridad enfatizó durante 2022, no hubo asesinatos en 122 municipios de los 340 que componen el territorio y  según datos oficiales, en 2022 se contabilizaron 4.263 asesinatos, 4,5 % más que en 2021. Lo mismo respecto a un “sólido” crecimiento económico y la devolución del crédito fiscal a exportadores, la duplicación de las exportaciones en tres años y que las remesas familiares han crecido desde el extranjero. Según cálculos oficiales- alrededor del 59 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños sufre de desnutrición.  

El primer mandatario ha articulado una alianza legislativa bastante estable donde se  encuentran los partidos de las dos candidatas presidenciales que encabezan las encuestas: Zury Ríos del partido derechista Valor y Sandra Torres del social demócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Si  las encuestas son veraces y se confirman el 25 de junio, las dos mujeres que competirían en segunda vuelta han tenido mayor o menor cercanía con el partido en el poder. 

El hecho tiene su lógica: la presidencia para convivir con un Poder Legislativo crecientemente poderoso se ha visto obligada al establecimiento de alianzas. Si bien el Poder Ejecutivo es el que tiene control del presupuesto, el Congreso tiene capacidad para y para modificarlo en uno de sus componentes clave, como el listado geográfico de obras  para el siguiente período fiscal, año con año. La clave de la implementación de esta estrategia se asocia  más a la debilidad institucional que a un concierto democrático.

Los vericuetos del proceso electoral guatemalteco

Las normativas  de requisitos y prohibiciones para participar en la contienda electoral las define la Constitución de la República y la ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada en 2016 y aplicada en 2019. La formulación de las normas es difusa y, genera posibilidades de una aplicación diferenciada o discrecional de la Ley, o al menos la percepción de que pueda haberla en cuatro áreas que comprenden  las reglas para el registro de las contribuciones privadas a las campañas electorales; la división del tiempo en los medios entre todos los partidos que presenten candidatos a elecciones presidenciales o legislativas, la definición de las diferencias entre la precampaña y la campaña, (cómo se diferencia el proselitismo de la propaganda electoral), y los criterios para calificar las candidaturas. El último tema origina el mayor debate de este momento en Guatemala, dado  que existe en un conjunto de actores políticos y de la sociedad civil la fuerte sospecha de que no se han aplicado criterios estandarizados para calificar las candidaturas presidenciales.

A la fecha, el rechazo y la confirmación de candidaturas por Tribunal Electoral ha generado descontento social y la presentación de recursos ante la Justicia. El Registrador de Ciudadanos, José Ramiro Muñoz, quien  recibe y decide sobre los pedidos de inscripción, ha sido denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, cohecho pasivo y denegación de justicia.

Estrepitosos rechazos y ruidosas admisiones de candidaturas discutidas

Muñoz Jordán ha negado la inscripción de Rodas de Andrade  ‘número dos’ de la fórmula del  partido izquierdista fundado por indígenas y campesinos que aboga por un estado plurinacional, Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP) encabezada por  Thelma Cabrera, la única mujer indígena postulada para la presidencia. La razón alegada es que Rodas de Andrade  no cuenta con ‘finiquito’,  que es el  documento que da fe de que no tener  cuentas pendientes con el Estado.  Rodas Andrade, acérrimo crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, defiende que la negativa recibida es una venganza en su contra por denuncias hechas y asegura que tiene un finiquito válido.  El denunciante,  Alejandro Córdoba candidato del  oficialismo y aliados. La apelación de MLP se encuentra  en la Corte de Constitucionalidad (CC), que tendrá la última palabra. De negarse la inscripción del vicepresidente, automáticamente queda fuera la candidata a presidenta.

Respecto a la inscripción del candidato Roberto Arzú García Granados, postulado a la presidencia por el partido político de derecha populista Podemos, inicialmente admitida por el Registro de Ciudadanos o Tribunal Supremo (TSE)  luego cayó. Arzú,  hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000),aboga por reactivar la pena de muerte, prohibida por el Pacto de San José firmado en 1969 del que Guatemala es signataria. El partido Frente de Convergencia Nacional del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), impugnó la inscripción de Arzú aduciendo que había hecho campaña electoral anticipada. La decisión depende de la Corte de Constitucionalidad.

Dos candidatos presidenciales contra los que se generaron advertencias de campaña anticipada conservan su inscripción. La candidata presidencial por la coalición de partidos Valor-Unionista de derecha radical, Zury Mayté Ríos Sosa,  hija de exdictador procesado por genocidio, José Efraín Ríos Montt (1982-1983). En el partido de Ríos Sosa, hay exfuncionarios de gobierno y particulares que hicieron campaña para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de las  Naciones Unidas que desarticuló grupos del crimen organizado, corrupción e impunidad durante 12 años hasta 2019, saliera del país.

El artículo 186 de la Constitución guatemalteca impide optar al cargo de presidente y vicepresidente a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus parientes. Con base en esa restricción, se le prohibió a Ríos Sosa en anteriores ocasiones la participación electoral. Sin embargo, para la contienda del 25 de junio, la hija de Ríos Montt fue una de las primeras candidaturas inscriptas. Aunque la decisión fue impugnada por el partido de centroderecha CABAL, expresión coloquial guatemalteca que significa “exacto”, tanto el TSE como la Corte Suprema ratificaron su admisión como candidata.

Las postulaciones de Sandra Torres Casanova, ex primera dama, divorciada del fallecido expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), y de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, también fueron impugnadas. Ambos concurren por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro derecha. Torres Casanova estuvo detenida y fue procesada en un caso de corrupción durante el gobierno de su exesposo, pero las cortes de justicia fallaron en su momento a su favor. Guerra es un pastor evangélico que participa por primera vez en política. El partido de conservador de ultraderecha TODOS pidió anular la participación de ambos pues la Constitución también prohíbe a los ministros de cualquier religión o culto ser candidatos a presidente y vicepresidente. Guerra renunció públicamente a su ministerio de culto unos días antes de inscribirse como candidato. El Registro aceptó y el Tribunal Electoral ratificó la decisión a favor de ambos.

El Registrador Muñoz Jordán inscribió como candidato a alcalde por el departamento de Jutiapa, al este del país, a Jaime Martínez Lohayza, exdiputado que postula por el partido de Ríos Sosa y que fue investigado, procesado y cumplió condena por tráfico de influencias. En el ordenamiento jurídico guatemalteco, solo con condena firme y ejecutada -agotados todos los recursos posibles- se pierden los derechos de participación política mientras se cumple la pena. A la vez, la Ley de Probidad exige a los aspirantes requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para optar a cargos públicos.

También se aceptó la inscripción como candidato a diputado de Esduín Jerson Javier Javier, alcalde del municipio de Ipala del departamento de Chiquimula, al este de la capital. En 2021, la Fiscalía solicitó que se le retirara la inmunidad de alcalde, pero el caso no tiene avances. Se postula por el partido CAMBIO, del ex presidenciable Manuel Baldizón, sentenciado y deportado a EEUU por lavado de dinero del narcotráfico.

A los políticos Felipe Alejos Lorenzana, del partido TODOS, y Allan Rodríguez del oficialista VAMOS les fue retirada la visa de entrada a EEUU por vínculos con corrupción. Al primero, además, le aplicaron la Ley Magnitsky sobre responsabilidad de DDHH, que prohíbe a empresas que tengan nexos con EEUU establecer relaciones comerciales con él y la Fiscalía intentó cuatro veces que se le retirara la inmunidad para investigarlo por corrupción, sin que la Corte Suprema avanzara el caso y diera paso. Ambos son diputados y candidatos a diputados para la próxima legislatura, con inscripción aceptada por el Registrador.

AGB

“Siempre, sin falta, hallaba un papel doblado en tres. Un solo papel con el membrete de su empresa. Mal doblado, por prisa, supongo. Buscando sus palabras, padre, necesitándolas, lo desdoblaba con ansia. Y como una hoja seca hamaqueándose en la brisa, lento, el cheque caía hacia el suelo. Yo lo dejaba allí, casi olvidado a la par de mis pies, pues lo que realmente me interesaba no era su dinero, padre, sino sus palabras”, apunta el narrador de Saturno, el primer libro del escritor Eduardo Halfon, que salió en 2003 y ahora tiene por primera vez una edición argentina a través del sello Gog y Magog. Coincide esta salida con el nuevo trabajo del autor, que se llama Un hijo cualquiera (Libros del Asteroide) y contiene varios relatos breves que rodean la cuestión de la paternidad. Pero, en este caso, la propia: un niño llega a la vida de un escritor y la trastoca. Dos gestaciones, entonces: la del hijo y la del escritor que se va formando en el camino de la palabra, lejos del silencio paterno que lo atormentaba y de cualquier mandato. Entonces, con eso que tiene a mano, intenta construir un mundo de pequeñas historias propias, de relatos breves y cautivantes, de lecturas compartidas con y para la nueva persona que vio nacer.

“Fue una casualidad muy hermosa que en Argentina los dos libros salgan juntos ahora ¿no? Porque es una vuelta al origen de alguna manera. Saturno es mi primer libro y tiene casi 20 años. Fue un primer grito más que un primer libro. Fue un berrinche terrible de un hijo obligado, de un hijo maltratado, de un hijo que le reclama a un padre su ausencia. Y ahora vuelvo a eso mismo, pero desde otro punto de vista o con otra mirada”, comenta. La deriva de este autor, que comenzó en su Guatemala natal, lo llevó a estudiar Ingeniería y a instalarse un tiempo en los Estados Unidos, para luego publicar numerosos libros y circular por diferentes países, lo llevó ahora –y por un tiempo, en él todo es de algún modo una diáspora constante– a Berlín, desde donde habla por videollamada con elDiarioAR.

“Llevo cinco años caminando y escribiendo mientras sostengo en mi mano la mano de un hijo que entra y sale de esas historias, y que corre a esconderse en algunas de ellas, y que a veces hasta me susurra las suyas. Un hijo que, de pronto, me obligó a escribir como padre”, decís en la contratapa del libro. ¿En qué sentís que cambió tu escritura a partir de la experiencia de la paternidad?

Sabes, yo no siento que haya cambiado mi escritura en sí, pero he cambiado yo. Yo siento que en mí hubo un cambio. Un cambio dramático. Yo no quería tener hijos. De hecho hay un texto en Biblioteca bizarra (N. de la R: un libro que salió en la Argentina por Ediciones Godot) que se llama Halfon boy, que es una carta a mi hijo durante el embarazo. Allí empiezo diciendo “yo no quería ser tu padre”. Yo ya tenía 45 años, una rutina muy asentada y una vida laboral muy inestable, como es la de todos nosotros que estamos en esta locura de la escritura. Entonces no, no era una decisión sensata el tener un hijo. Y sabía el cambio que eso iba a representar, un cambio a todo nivel. También en mi vida cotidiana. “Ya no voy a dormir bien”, pensaba, o “ahora los fines de semana seré padre, ya no escritor, porque ya no se puede escribir los fines de semana ni en vacaciones”. Sabía que iba a ser un cambio dramático y a la vez no podría haber anticipado el cambio que se iba a gestar adentro mío. Especialmente la mirada sobre cómo veo a otros padres, a mi propio padre, a mis abuelos como padres. Por falta de una mejor palabra, con la llegada de un hijo aparece una empatía, una nueva manera de pensar. Una comprensión externa hacia los hombres que han sido padres en tu vida. Entonces, incluso aunque escriba de lo mismo que antes, del desarraigo, de la identidad o del judaísmo, la escritura ya no puede ser la misma. Mi tono no puede ser el mismo. Mi paciencia. Mi comprensión. Todo tiene un cambio con la paternidad. 

Por aquí hace poco fue el Día de la Madre y fue notable ver la cantidad de libros que hablan de la maternidad o la rodean de alguna manera. De paternidad, en cambio, no pareciera haber tantos. Al menos no en este tono.

Bueno, para empezar todos los días son el Día de la madre o deberían serlo (risas). Yo he visto de cerca a mi pareja ser madre, y a mi hermana, a amigas, y todos los días tendríamos que celebrar la maternidad. La paternidad, en cambio, creo que no es tan necesaria ¿no? Durante esos primeros meses, esos primeros años de la vida de un niño siempre es la mamá la que está ahí. Bueno, desde mucho antes, desde el embarazo. Yo no me había percatado hasta que en entrevistas me empezaron a señalar que había un vacío, digamos, en la literatura de la paternidad. No tanto la paternidad autoritaria, o la del padre como es el que aparece en Saturno, ese padre del Viejo Testamento, el padre que regaña, que grita, que castiga. Quizás hacía falta ahora el otro padre, el padre del Nuevo Testamento, el padre que tiene más paciencia, el padre que acaricia, el padre que perdona. El padre que acompaña, también. Ahora han aparecido algunos libros, uno de tu compatriota Andrés Neuman (N. de la R: se refiere a Umbilical, que salió a comienzos de 2022). Pero entiendo que hay un vacío.

¿Por qué creés que ocurre?

Creo que seguimos metidos en una cultura hispana y latinoamericana que es exageradamente machista. Entonces no es bien visto, casi no es permitido, mostrar afecto hacia tu hijo. Cuando mi hijo tenía pocos meses fuimos de visita a Guatemala y yo lo tenía sentado en mis piernas y le estaba acariciando el brazo. Entonces vino un tío de mi hijo, un señor al que quiero muchísimo, y me dijo medio en broma “si sigues acariciándolo no lo vas a sacar niño”. Como si se dijera que esto demostrar afecto en público no es aceptado. Y a mí me sorprendió y a la vez no me sorprendió porque estamos en esa cultura. Estamos en ese medio donde está mal visto mostrar vulnerabilidad, mostrar cariño. Mucho menos de un padre hacia un hijo varón. Porque creo que si hubiese sido mi hija tal vez no hubiera recibido ese comentario. Entonces, adentro de ese mundo, es perfectamente entendible cómo hay una carencia de literatura sobre esta paternidad vulnerable. O sobre la paternidad emocional, que viene a ser el caso de Un hijo cualquiera.

De todos los padres posibles, el de este libro es un padre que escribe. El epígrafe del libro es una cita de Zama, de Antonio Di Benedetto, que dice “Haz hijos, Manuel; no libros”. ¿Existe esta dualidad? ¿De verdad hay que elegir entre una cosa o la otra?

Yo no sé si hay que elegir, pero digamos que mi vida hasta hace seis años, hasta el nacimiento de mi hijo, había sido una vida de hacer libros. Soy un escritor de relato corto, de novela corta, publiqué mucho y mi prioridad era esa. Hasta que un hijo, de pronto, puso eso en contexto. Llegó mi hijo y de pronto yo hacía libros, pero entendía podía haber hecho pantalones o gafas. O sea, mi oficio era hacer libros. Hacer un hijo, y no me refiero al acto sexual o a lo biológico, sino a formarlo o educarlo, puso en contexto mi oficio. Me reveló de algún modo que esto no es nada más que un oficio, no es nada más que un trabajo. Lo otro es importante. Ese otro trabajo que ahora me toca hacer y que es formar a un ser humano. Con todo el miedo que ese trabajo conlleva, con toda la inseguridad, con esa incertidumbre. Pero eso es lo que realmente vale. Los libros son los libros y seguirán siendo nada más ni nada menos que libros. Lo otro, en cambio, es fundamental.

Creo que seguimos metidos en una cultura hispana y latinoamericana que es exageradamente machista. Entonces no es bien visto, casi no es permitido, mostrar afecto hacia tu hijo

En este sentido hay textos breves dedicados a ver qué se le deja como legado a un hijo, algo que siempre viene rondando lo que escribís y que tiene que ver con la identidad. Uno, por ejemplo, con el judaísmo y la circuncisión. ¿Cómo surgió esto a la hora no solo de criar a un hijo sino de escribirlo?

Sí. Hay una serie de textos breves en el libro y los fui escribiendo a lo largo de sus primeros seis años. Son textos como viñetas o snapchats (risas). Son postales, para usar una palabra más nuestra. 

Más del siglo XX.

Más del siglo XX, sí. Bueno, claro, sí, un poco anacrónica la postal. ¿Qué serían ahora? Serían TikToks (risas). En definitiva, aunque no estoy ahí y no entiendo muy bien, se trata de una serie de relatos breves donde uso a mi hijo casi como punto de partida, como pretexto, para ensayar sobre algo más. El primero, el del nacimiento de un hijo varón cuyo padre es judío, evidentemente tuvo que ver con esa primera gran decisión que hay que tomar: ¿lo circuncidamos o no? Obviamente un padre judío normal no se plantea eso, pero para un padre judío anormal, como yo, era una decisión muy grande. Y lo era para mí, para su mamá, que no es judía, no tenía ese peso. Si se le circuncidaba le estaba entonces heredando mi religión, pensé. Perdón, más que eso, yo se la estaba imponiendo. Le estaba imponiendo una decisión mía, una cosmovisión mía, una manera de ver el mundo mía. Eso representó mucho desasosiego. Finalmente me fui suavizando porque su madre me hacía ver que para ella no era una decisión religiosa, era una decisión de higiene o qué sé yo, algo pensado en términos médicos. Ese fue el primer momento donde sentí el peso de ser padre. Un peso que no había sentido durante todo el embarazo.

Se trata de algo muy corporal porque, como señales en tu texto, se meten en el cuerpo del hijo de esta manera. 

Claro. Y es una decisión definitiva. Es su pene y al mismo tiempo deja de serlo en ese acto. Ya el prepucio no se recupera, esa decisión es irreversible. Entonces el peso lo sentí ahí, ese peso de ser padre. Pero, de nuevo, estas postales las fui viendo poco a poco a lo largo de estos años como fotografías, como imágenes que yo quería dejar plasmadas. Me di cuenta hace poco de que yo le tomo muy pocas fotos a mi hijo. En cambio su madre le toma muchísimas. Se me ocurre, quizás un poco literariamente, que estas viñetas son una especie de fotografía. Le estoy dejando un álbum a mi manera. Y mi manera de hacer ese álbum es escribiéndolo.

¿Estas postales salieron en algún orden determinado? ¿Los fuiste ordenando con el tiempo? 

No, las fui escribiendo poco a poco sin saber que eran parte de un libro. Casi todas han sido publicadas en revistas. Yo no tenía ningún proyecto en mente, simplemente fueron surgiendo mientras también iba escribiendo otros relatos que tienen más la forma de un cuento. De hecho pensaba que eran dos proyectos, las viñetas de un hijo creciendo, porque va creciendo, y estos otros relatos más tradicionales. Hasta que me di cuenta de que era un solo libro. Que los relatos podían combinarse porque trataban los mismos temas. Era un bebé convirtiéndose en niño y un padre convirtiéndose en escritor. El proceso de combinarlas ya es a posteriori, cuando tengo todos estos textos sobre la mesa. Es un trabajo de ingeniería: ver cómo los ordeno, cómo los presento, qué hace falta.

¡Al final la ingeniería tenía algún sentido!

Sí, digo lo del ingeniero en por lo menos dos sentidos. Uno, mientras escribo, porque siempre hay una destilación. Hay una llegada a la esencia del relato, una frase, el hecho de quitar y podar lo más posible para no incomodar al lector. No quiero darle más de la cuenta. Hay una ingeniería ahí. Pero también, al final del proceso de escritura, me pongo a ordenar los diferentes textos. Ahí el movimiento es casi de construcción, de ingeniería civil, de ver cómo armo este edificio. 

Leyendo Saturno ahora, casi en paralelo a tu último libro, se produce un efecto de espejo: Saturno es la carta al padre, la nueva novela es una carta al hijo. Pero incluso aunque pasaron muchos años entre las dos publicaciones, además de la cuestión de la paternidad y las palabras que faltan o que es necesario decir, hay otros asuntos que vuelven. Uno muy marcado es el de la muerte: en el primero hay muchísimos casos, sobre todo de suicidios de escritores, en el otro el padre acompaña al niño al funeral de su abuelo, también aparece el suicidio de un amigo del narrador. ¿Pensaste en estas insistencias? ¿Qué ves vos ahí?

Bueno, lo de Saturno es una carta a un padre muerto. Entonces son palabras a un destinatario que ya no está. Las palabras que nunca dijo el padre quedaron en el vacío y estas palabras que grita el narrador también van a quedar en una especie de agujero. En Un hijo cualquiera aparecen estas postales que son palabras para mi hijo. Para un escritor no hay mayor regalo a un hijo que historias, que literatura, que relatos. Entonces aparece la importancia de las palabras en ambos casos aunque en espejo, ¿no? Porque donde en un lado al inicio de mi carrera literaria había una carencia de lenguaje, una carencia de palabras, ahora hay una valorización de ellas. Y, sí, está la muerte. Empecé tratando el tema de la muerte de una manera directa en el caso del suicidio, en Saturno, pero también metafórica porque era mi propio suicidio el que me interesaba. O sea, mi muerte como ingeniero, como hijo primogénito, como hijo obediente. Todo eso que yo había sido durante 30 años sabía que tenía que morir. Ese Eduardo Halfon tenía que morir para que el Eduardo Halfon escritor naciera. Esa era mi atracción hacia el suicidio, pero un suicidio metafórico, no literal. Aunque se leía como literal.

Para un escritor no hay mayor regalo a un hijo que historias, que literatura, que relatos.

¿Decís que se asustó mucha gente cuando publicaste Saturno?

Muchísima, sí. La primera reseña se tituló: “Tenemos que salvar a Halfon” (risas). Y eso me encantó, ¡me encantó que los engañé! Creyeron en este truco. En Un hijo cualquiera la muerte está muy presente. Pero es como un fantasma que va a entrar y a salir del libro sin habérmelo propuesto. No fue sino hasta mucho después que yo me di cuenta de que a lo largo de estos años de paternidad el tema de la mortalidad me atraía constantemente. Hay varias muertes en este libro: de mi mejor amigo, del abuelo de mi hijo, entre otras. Ahora me hace sentido. Me hace sentido porque desde que él nació tengo más presente el tema de mi propia mortalidad. Él sabe que tiene un papá de 51 años y no le gusta pensarlo, no le gusta que se lo digan. Su papá es más viejo que todos los papás de sus amigos. El cuerpo de su papá se está descomponiendo más rápido. A la vez veo más el paso del tiempo acelerado. Es como si estuviera viviendo con un reloj de arena en él como nunca antes había visto: el paso del tiempo no es más que nuestra propia mortalidad. Esa muerte que nos espera a todos. Entonces no me parece casual que el tema de la muerte me haya atraído en estos últimos seis años.

Una de las zonas que siempre vuelve en tus relatos es la de la identidad referida al lugar donde vivimos, nacemos y circulamos. ¿Qué pensaste sobre esto en el terreno de la paternidad?

Recuerdo una conversación que tuvimos con mi pareja durante el embarazo. Estábamos caminando y yo saqué el tema de dónde íbamos a criar a nuestro hijo. Porque, una vez más, estábamos ahí de paso. Yo sabía que no había una ciudad en el mundo donde yo pudiera vivir mucho tiempo y era algo que ya me preocupaba desde antes de que mi hijo naciera. Ahora me preocupa aún más. Que yo haya vivido toda mi vida en una especie de diáspora o de nomadismo me tenía sin cuidado. Pero ahora ya estoy heredándole a él este estilo de vida, lo estoy educando a él como un nómada. Mi hijo ha vivido, en estos seis años, en cinco países. Tiene tres pasaportes, habla cuatro idiomas. Cada año de su vida ha cambiado de país. Sin que él lo pida le estoy heredando mi nomadismo y eso ya me pesa.  

Una de tus grandes cuestiones es Guatemala. ¿Qué le decís a él o qué le contás sobre el país en el que naciste? ¿Él hace preguntas sobre esto?

No pregunta mucho aunque una relación muy buena con Guatemala porque están sus abuelos y vamos una vez al año. Además tenemos una casa allá a la que vamos todos los veranos. Y es muy curioso pero él la ve como su casa. Hace un año, de hecho, me preguntó si esa era de verdad su casa, porque él está acostumbrado a que siempre alquilamos o una beca nos da un piso por un tiempo. En cambio en Guatemala el percibe algo como suyo. Ese es su cuarto. Esa es su cama, sus juguetes. Aunque la usemos poco y aunque vayamos poco noto que le da cierta seguridad saber que en alguna parte del mundo una casa que es suya, que no es prestada ni alquilada. Entonces él lleva esa relación mucho mejor, con más ligereza que yo. Mi relación con Guatemala es complicada. 

En Canción, tu libro anterior, el abuelo del protagonista dice que Guatemala es un país surrealista.

Sí. Y tiene razón. Es difícil entender la realidad de Guatemala o verla como realidad. Se siente por momentos muy surreal. Es un país fracasado, con toda su infraestructura fracasada: la educación, la salud, las carreteras. Además, con un gobierno muy corrupto, un país muy pobre, sin una esperanza: no logras ver que haya una luz en algún lado entre tanta oscuridad. Un país además muy violento. Todos estos factores hacen que la gente se comporte de una forma muy surreal. Porque para poder llevar o conllevar este caos, para poder vivir en este caos tienes que adoptar una mentalidad casi psicótica para soportarlo. Hay una realidad casi de pesadilla, de un peligro que acecha todo el tiempo.

Antes hablabas de una especie de muerte de Eduardo Halfon para que naciera Eduardo Halfon. Una vez que este Halfon se larga a escribir adopta un registro que combina biografía, ficción, novela familiar, historias que ocurrieron, digamos, en la vida real. Se habla muchas veces de la llamada autoficción, pero pareciera que vos nunca tuviste un conflicto con eso. 

Bueno, de hecho cuando publiqué Saturno yo creo que no existía el término todavía. Es más, no sé quién fue el primero o cuándo empezó a surgir el término autoficción. Cuando yo publiqué en 2003 por primera vez, lo recuerdo, a mí me tildaban de “meta literario”. Eso era lo que estaba de moda decir entonces, que era literatura sobre la literatura. Luego empiezo a escuchar esto de la autoficción ya mucho después. Pero no es un tema que yo me planteé cuando empecé a escribir. No es una cosa que yo sabía que existía o no existía. Ahora, después de tantos libros y tantos años trabajando en esa línea, sigo sin cuidado. No me interesa en lo más mínimo. Es más, el término autoficción me molesta, me parece nefasto. O, como mínimo, redundante. Toda literatura es autobiográfica. Toda. Emilio Renzi de Ricardo Piglia lo es de alguna manera. Y toda escritura es ficción. Toda. La no-ficción es ficción también. Porque siempre hay un elemento de ficción en la supuesta no-ficción. Entonces toda literatura es autoficción o toda literatura tiene ambos elementos. En mi caso, mi único truco realmente es darle mi nombre a mi narrador, prestarle el nombre y quitar ese velo, ese último velo, si se quiere, entre personaje y autor. Pero es un truco. No es más que un truco para continuar con el engaño de la ficción. Yo empecé a escribir de esta manera con Saturno sin saber por qué. Cuando vi la reacción de la gente con ese libro, vi que se lo tragaron entero, que reaccionaron con las vísceras. Que no era ni siquiera una reacción emocional, era visceral, y me gustó. Entonces decidí seguir y subí el volumen. En los siguientes ya les di mi nombre.

Es difícil entender la realidad de Guatemala o verla como realidad. Se siente por momentos muy surreal. Es un país fracasado, con toda su infraestructura fracasada: la educación, la salud, las carreteras.

¿Es un juego lo de poner tu nombre propio en los relatos entonces? 

Es que hay un contrato que firmamos lector y autor, ¿no? En el momento en que un lector comprende esto:  “yo prometo escribir ficción y tú prometes comprar ficción”. Pero mis lectores y lectoras entienden en el momento que empiezan a leer hasta que se lo olvidan en la página 5, no sé por qué. Porque yo vivo diciendo mi truco y cómo funciona mi truco hasta que la reacción de los lectores y las lectoras hacia mis cuentos e historias es mucho más emocional. La mayoría lee como si fueran absolutamente reales y no lo son.

De hecho una de las imágenes que usás en tus relatos tiene que ver con el disfraz.

Claro, es que el disfraz es un tema que hasta llevo a la broma como en el inicio de Canción con mi disfraz de escritor libanés, por ejemplo. Está siempre el disfraz de escritor, que no deja de ser un disfraz, porque no deja de ser una pose esto. Este que te está contestando ahora es un yo disfrazado de escritor. Algo que no tiene nada que ver con escribir, escribir es otra cosa. Escribir es lo hice hoy a la mañana y a veces va bien, y a veces no va tan bien, pero uno sigue adelante. Luego, cuando te lanzas al mundo, te conviertes en escritor y entonces ya te pones la bata de seda, sacas la pipa y te transformas. Pero todos no son más que disfraces. Lo que ahora me interesa es pensar si de tanto usar un disfraz no te conviertes también en parte en ese disfraz. Si yo me sigo disfrazando de escritor libanés, ¿poco a poco no me estoy también convirtiendo en eso? Lo que Chaplin decía que le sucedía cuando se disfrazaba de su personaje, esto de que conforme se iba desvistiendo, se iba convirtiendo en el personaje. Es una relación que se ve muy clara en el teatro donde el actor encarna poco a poco al personaje que interpreta. Yo creo que lo mismo nos sucede a nosotros.  

En tu caso, con esta diáspora medio permanente que vivís, ¿te vas cambiando muchas veces de disfraz?

Sí. De alguna manera me pongo el que me pida la situación. El que sea necesario. Es como Zelig de Woody Allen: vestirte como lo que pida la circunstancia para pasar desapercibido y sobrevivir. Es algo muy judío, además, y por eso Woody Allen hace esa broma maravillosa de este asunto.

AL

Durante su intervención el lunes en la audiencia de la causa que se le ha abierto a José Ramón Zamora Marroquín, la fiscal del Ministerio Público de Guatemala Cinthia Monterroso indicó que buscará acusar penalmente al periodista Juan Luis Font, al editor Raúl Figueroa Sarti y al politólogo Philipp Chicola.

Monterroso vinculó a los tres a una investigación denominada “Arca” y mostró una presentación en la que exhibió fotos de los tres con la palabra “impunidad”. De acuerdo a la fiscal, Font, Figueroa Sarti y Chicola serán denunciados por “lavado de dinero y otros activos” en el Banco de los Trabajadores, una entidad de carácter privado pero con un porcentaje de capital estatal.

Las palabras de Monterroso se registraron durante la primera declaración del periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente del diario El Periódico, uno de los principales críticos del Gobierno que preside Alejandro Giammattei y también de la fiscal general, Consuelo Porras.

Zamora Marroquín fue detenido por las fuerzas de seguridad el pasado 29 de julio en su residencia, acusado de lavado de dinero, intención de lavar dinero, tráfico de influencias y chantaje.

La detención del periodista Zamora Marroquín tuvo lugar cinco días después de que El Periódico, el diario que dirige, publicara datos de una investigación sobre el presidente Alejandro Giammattei y exfuncionarios que conforman su círculo más cercano.

Font fue director de El Periódico y tuvo que dejar el país debido a “acusaciones espurias”, según denunció en su momento, mientras continuaba al frente del medio Con Criterio.

Figueroa Sarti es editor y productor literario, además de ser durante mucho tiempo el organizador de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Por su parte, Chicola ha sido analista político en diversos medios.

Font, Figueroa Sarti y Chicola han sido críticos también del gobierno de Giammattei pero de igual forma de las Administraciones anteriores al mando de Jimmy Morales (2016-2020) y de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Zamora Marroquín había advertido en 2021 que Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, intentarían fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio.

La detención de Zamora Marroquín tuvo lugar cinco días después de que El Periódico, el diario que dirige, publicara datos de una investigación sobre el presidente Alejandro Giammattei y exfuncionarios que conforman su círculo más cercano.

Porras y el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, fueron sancionados en el último año por EEUU bajo acusaciones de corrupción en sus respectivos cargos.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo el martes pasado estar “preocupado” por el arresto de Zamora Marroquín, así como por las acciones legales que el Gobierno de ese país ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia.

AGB

El viernes 29 de julio, la policía arrestó a José  Rubén Zamora, ganador del Premio Internacional de Periodismo ICFJ Knight en 2003, en su casa y allanó las oficinas de su diario en la Ciudad de Guatemala durante más de 16 horas según  tuiteó el Periódico. La policía obligó 30 personas a retirarse y  otras a quienes les quitaron sus teléfonos fueron retenidos  toda la noche.

“¡No se calla la verdad callando periodistas!”, corearon unas cien personas frente a los tribunales en el centro de la capital, donde Zamora fue trasladado cerca de la medianoche tras el arresto

El diario comunicó  en un tuit el lunes que sus cuentas bancarias habían sido embargadas “con la única intención de paralizar sus finanzas” e “impedir que cumpla con sus obligaciones laborales y contractuales”. El medio también señaló que estaban sorprendidos por esas acciones, dado que el gobierno informó que el arresto de Zamora no tenía que ver con su trabajo como periodista, sino como empresario.

Zamora está siendo acusado de lavado de dinero y chantaje  pero los grupos de libertad de prensa dicen que su arresto es claramente una campaña de intimidación por informar sobre el presidente Alejandro Giammattei y sobre la fiscal general Consuelo Porras.

El miércoles 3 de agosto,  Zamora negó en rueda periodística los cargos imputados en su contra por  la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) del Ministerio Público que había informado que la acusación está basada en la declaración del exbanquero Rónald García Navarijo, que lo sindica de extorsionarlo por 25.000 dólares. De igual forma, el presidente de elPeriódico  calificó  como “raro” el origen de la acusación de García Navarijo, quien fue acusado de corrupción por el Ministerio Público en 2016.

Las publicaciones de elPeriódico que fue  fundado por Zamora en 1996 en la última década denunciaron cientos de actos de corrupción en el Gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), pero también en las administraciones de Jimmy Morales (2016-2020) y del actual mandatario Giammattei.

La Asociación de Periodistas de Guatemala difundió un comunicado  donde denuncia  el arresto y allanamiento como  un intento de impedir que elPeriódico imprimiera su edición del sábado.

En un video subido a Twitter, Zamora, de 66 años quien recibió en junio de 2021, de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, declaró que se declarará en huelga de hambre como señal de que rechaza la acusación.

Zamora se encuentra actualmente en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, junto a docenas de exfuncionarios que el periodista acusó de corrupción con primicias informativas en las páginas de El Periódico. Razón suficiente para que tema por su vida.

Clamores internacionales

Varios grupos de prensa de todo el mundo han pedido a las autoridades guatemaltecas que liberen a Zamora de inmediato y retiren los cargos en su contra.

“José Rubén Zamora es un periodista excepcional y cuya valentía reportando ha sacado a la luz la corrupción en Guatemala durante décadas”, dijo la presidenta de ICFJ, Sharon Moshavi. “Su arresto y el allanamiento de las oficinas de su periódico son intentos profundamente preocupantes de silenciar al periodismo. Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que lo liberen de inmediato y retiren cualquier cargo en su contra”.

El Comité para la Protección de los Periodistas emitió el siguiente comunicado el sábado: “Las autoridades guatemaltecas deben liberar y retirar de inmediato cualquier cargo penal contra el periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico”, dijo Gypsy Guillén Kaiser, directora de incidencia del CPJ en Nueva York. “La persecución judicial contra periodistas es un mecanismo de intimidación, y las autoridades de Guatemala deben poner fin a su campaña de intimidación y amenazas a la prensa”.

El martes, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo estar “preocupado” por el arresto del periodista, así como por las acciones legales que el Gobierno ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia.

Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló en Twitter que da seguimiento a la captura y los allanamientos que policías y fiscales hicieron en el diario. “Hago un llamado a las autoridades a velar por el cumplimiento de los derechos y garantías judiciales”. En junio de 2022, la CIDH añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, cargo que Giammattei rechaza.

“Este gobierno se ha vuelto cada vez más autoritario y represivo a lo largo de los años”, declaró  el hijo de  Zamora, José Carlos un ejecutivo de los medios de comunicación españoles en EEUU y puntualmente sobre el arresto, agregó “definitivamente censura”. “Más allá del caso de mi padre, este es solo un ejemplo de los ataques sistemáticos del gobierno a la democracia, la libertad y la libertad de prensa. Primero comenzó persiguiendo a activistas, luego persiguiendo a los fiscales y jueces a cargo de casos de corrupción de alto perfil, y ahora viene tras la prensa”. El hijo de Zamora comunico que recién el jueves pudo ver una vez a su padre, quien  ha sufrido de “una presión alta” en los últimos días.

AGB con información de agencias y medios

La emisora de radio local Sonora Es la Noticia informó el sábado 30 de julio  que el presidente Alejandro Giammattei salió ileso de un tiroteo que supuestamente tenía como objetivo su comitiva, durante su paso por la aldea La Laguna de Jacaltenango,  del departamento noroccidental de Huehuetenango, más conocido como La tacita del Plata,  como parte de una gira de promoción de productos cultivados por los habitantes del departamento para su comercialización.

La información fue posteriormente confirmada por la agencia de prensa del gobierno, en su cuenta de Twitter: “El Gobierno de Guatemala informa a la población y a la comunidad internacional que el presidente @DrGiammattei se encuentra ileso y a salvo”.

Según el portavoz del ejército, un vehículo con hombres fuertemente armados que fue detectado  dio lugar a un intercambio de disparos entre sus  ocupantes  y los militares. Los soldados detuvieron el auto cuando se acercaba a un puesto de control que vigilaba a la delegación presidencial.

“Unidades del ejército de Guatemala le marcaron el alto a un vehículo que se aproximaba a su ubicación, sin embargo, los integrantes del mismo, al notar la presencia del personal militar, iniciaron una serie de disparos a lo cual respondieron los soldados”, indicó  el vocero del Ejército. “La reacción de los integrantes del vehículo mereció la respuesta que se dio y tratarlo como un posible ataque a la comitiva y a la integridad del señor presidente”, agregó.

Un mexicano identificado como Josué López Velásquez, presunto miembro del cártel de Nuevo Jalisco, resultó herido en el tiroteo. Según las fuentes, López es el líder de la estructura que se enfrentó a los militares guatemaltecos.

El ejército aseguró que se había llevado a cabo una operación con el apoyo de los militares mexicanos y que otros cuatro hombres habían sido capturados en territorio mexicano. 

AGB con información de diarios y agencias

Un antecedente similar en San Antonio ocurrió en 2017. En esa ocasión, diez migrantes murieron en la parte trasera de un camión que estaba aparcado en el estacionamiento de la cadena Wal-Mart. James Matthew Bradley Jr., el conductor del tráiler, fue sentenciado a cadena perpetua.

En el luctuoso  episodio de ahora se observa un compendio de lamentables razones: la desesperación de los migrantes que buscan cualquier forma de ingresar a los EEUU; el cinismo de los “coyotes”, o traficantes de personas, explotando esa desesperación; las medidas restrictivas estadounidenses existentes que incentivan tales riesgos; y las temperaturas récord y la sequía en Texas que incidieron en la espantosa situación de los migrantes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó que al menos  22 de las víctimas eran ciudadanos mexicanos, siete eran de Guatemala y dos de Honduras.

Por su parte, Greg Abbott el republicano gobernador de Texas, no vaciló en responsabilizar al presidente  demócrata Joe Biden de las muertes. “Son el resultado de sus letales políticas de frontera abierta”, tuiteó Abbott. “Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”, agregó Abbott quien se encuentra en medio de una campaña de reelección. Numerosos políticos republicanos también se hicieron eco de la acusación de “fronteras abiertas”.

Biden, quien se encuentra en Madrid participando de la cumbre de la OTAN, declaró: “Explotar a personas vulnerables con fines de lucro es vergonzoso, al igual que la fanfarronería política en torno a la tragedia” ,calificó esas muertes de “horrorosas y desgarradoras” y agregó que “este incidente subraya la necesidad de perseguir a la industria de contrabando criminal multimillonaria que se aprovecha de los migrantes y provoca demasiadas muertes inocentes”.

Tres personas fueron detenidas luego de las muertes, incluidos Juan Francisco D'Luna-Bilbao y Juan Claudio D'Luna-Mendez, ambos ciudadanos mexicanos acusados ​​​​de quedarse más tiempo del que tenían sus visas, informó el diario New York Times y un portavoz de Inmigración y Control de Aduanas alegó que eran “parte de la conspiración de contrabando”.

Frontera abierta, Título 42 y Permanecer en México

Durante años, el bulo de “frontera abierta” ha sido un tema de conversación estándar de la derecha estadounidense. No importa que EEUU mantenga posiblemente uno de los procesos de solicitud de visa más rigurosos y difíciles del mundo para ciudadanos que buscan ingresar al país. No importa que la reubicación que EEUU dispone sobre los refugiados, incluso bajo la administración de Biden, alcance los mínimos históricos. Ni tampoco importa que EEUU detenga y expulse de inmediato un número de inmigrantes ilegales en su frontera sur.

Para el establecimiento republicano cualquier discusión sobre políticas más humanitarias en la frontera o cualquier crítica sobre la ineficacia y el gasto de miles de millones de dólares en cosas como un muro -que el expresidente Donald Trump mandó a  elevar varios tramos de 5,4 a 9,1 metros- equivalen a una “mentalidad de fronteras abiertas”.

Durante el mandato de Trump se propagó desde el oficialismo la creencia de que el propósito de la oposición demócrata era inundar el país con inmigrantes indocumentados. La suposición encontró eco en las teorías de conspiración de extrema derecha que inspiraron, entre otras cosas, “delitos de odio” como los tiroteos masivos en una sinagoga de Pittsburgh en 2018 y en un Walmart de El Paso en Texas, cerca de la frontera con EEUU en 2019. Poco antes de la masacre, el asesino había publicado un manifiesto en las redes sociales en el que hablaba de la “invasión hispana de Texas”. En el texto, despotricaba contra los inmigrantes y advertía que “los extranjeros están reemplazando a los blancos”.

Los críticos de Biden no dudan en afirman que su intención de revertir algunas de las políticas fronterizas de Trump ha provocado un aumento incontenible de la inmigración. Sin embargo, muchas de las medidas de la era Trump siguen vigentes debido a la intervención judicial. 

La disposición del “Título 42”, promulgada por Trump en 2020, utilizó el contexto de emergencia de la pandemia para permitir que los funcionarios fronterizos expulsen a los migrantes antes de que puedan ser procesados ​​burocráticamente o intentar solicitar asilo.  Y los controvertidos protocolos “Permanecer en México” habilitaron enviar  los posibles solicitantes de asilo en la frontera de regreso a México.

La administración Biden declaró su intención de atender las causas fundamentales que impulsan la migración desde los países del sur, incluidos los espinosos legados de negligencia económica y corrupción gubernamental, así como las crisis humanitarias en curso, los efectos de los desastres naturales y el número de víctimas de la pandemia.

Las caravanas de migrantes llegadas desde América Central, especialmente del llamado Triángulo Norte (por la Triple Frontera entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador), hasta el límite EEUU-México, donde se erige el muro levantado por Trump y cuya construcción ordenó detener Biden como uno de los primeros y más espectaculares actos de reversión de políticas que dispuso al asumir, llegaron a los números más altos de la última década y media, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (U.S. CBP) . La misma publicidad que había dado el presidente demócrata a sus iniciativas de DDHH, que abiertamente proclamaban poner fin a la inhumana crueldad de su antecesor republicano, fungieron como propaganda que estimuló tanto la voluntad de migrar como el negocio de las empresas de contrabando de personas.

“Estados Unidos no es responsable de resolver los problemas de delincuencia transnacional, gestión de la migración y seguridad fronteriza en México y el norte de Centroamérica”, concluyó un informe reciente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la minoría republicana sobre migración. Recomendó, en cambio, que la administración “utilice todas las herramientas disponibles para asegurar la frontera” en este momento, incluido el movimiento del Título 42 y la política “Permanecer en México”.

Sin embargo, estas medidas carecen de la eficacia que sus patrocinadores le atribuyen. Las expulsiones del “Título 42”  afectan a más de 1 millón de personas debido a que  Biden ha seguido aplicando la regulación para evitar la propagación del coronavirus. Aunque este año el presidente de EEUU decidió eliminar esta norma, no le fue posible ponerlo en práctica: un juez federal de Luisiana suspendió la intención del Gobierno de volver a la situación anterior en la que los migrantes podían solicitar asilo, su única esperanza para dejar atrás sus países.

El programa “Permanecer en México”, cuyo destino ahora está en manos de la mayoría derechista de la Corte Suprema, ha dejado a miles de solicitantes de asilo vulnerables a la merced de la violencia criminal de los cárteles y traficantes de personas que operan dentro de México.

“Muchas de las personas atrapadas en ese camión en San Antonio podrían haberse acercado a un puerto de entrada terrestre... y haber pedido a los funcionarios [de Aduanas y Protección Fronteriza] que solicitaran asilo en los Estados Unidos, como es su derecho legal”, señaló la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) “Pero eso es imposible, ya que el Título 42 ha dejado los puertos de entrada cerrados a los solicitantes de asilo”.

Otros cruces,  las mismas fatalidades 

Las muertes en San Antonio distan mucho de ser un hecho aislado, ya que aumenta la cantidad de migrantes que intentan cruzar en áreas más peligrosas y remotas.

“Las dinámicas migratorias han cambiado, sobre todo frente al impacto económico de la pandemia de COVID-19”, asegura Maureen Meyer, vicepresidenta de WOLA. Aparte de la ruta clásica de México, Guatemala, Honduras y El Salvador rumbo a EEUU, hay cada vez más migrantes sudamericanos y haitianos que estaban “viviendo en otros países de la región y que ahora están otra vez en movimiento por falta de empleo, aparte de la discriminación y el racismo que han experimentado. Además, hay un flujo muy grande de personas cubanas saliendo de la isla por la crisis humanitaria. Personas procedentes de África y Asia también usan la región como zona de tránsito”, explica Meyer, experta en migración y seguridad fronteriza quien también detalla que desde octubre de 2020 a septiembre de 2021, la patrulla fronteriza de EEUU encontró los restos de 557 personas migrantes, “un número récord”.

En el mismo mes de septiembre, de los 15 mil migrantes haitianos que habían arreado policías montados, y conducido a rebencazos a un campamento luego desmantelado  debajo del puente internacional de Del Río o concentrado a la intemperie en una plana localidad fronteriza tejana, separaron una fracción de 2 mil, que fue deportada en vuelos de carga a la capital haitiana de Port-au-Prince. Otra fracción equivalente, la administración retaceó los números exactos, formada en primer término por madres embarazadas o acompañando a menores, fue admitida en EEUU como solicitante de asilo o refugio. Otra fue encerrada en centros de detención más alejados de la vista. Otra fue llevada en ómnibus mexicanos hacia bien al sur de la frontera sur de EEUU. En esa oportunidad, la ONU pidió a Brasil si no podía recibir otra parte de esta masa de personas que había llegado a la frontera.

A la vez, son los migrantes haitianos los que lideraron el paso a pie por el Tapón del Darién, la selva tropical e infranqueable que se extiende entre el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia) considerada una de las rutas más peligrosas del mundo. Al ambiente hostil de la selva se suma la presencia de grupos criminales, a manos de los cuales los migrantes sufren extorsiones, violencia sexual y robos. 

En el transcurso de este año, esa fatídica ruta la encabezan venezolanos y cubanos. Por su parte, Refugees International informa que un total de 13.425 personas han cruzado el Darién en los tres primeros meses de 2022, más del doble que en el mismo periodo de un año atrás. Además de 50 muertos en lo que va de año y 288 casos de violaciones sexuales.

Más de 6.000 migrantes han sido reportados como desaparecidos o muertos en América desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El 60 por ciento de los decesos tuvieron lugar en la frontera entre México y EEUU. Mientras que unas 1.750 personas murieron ahogadas, en el río Bravo, frontera natural entre México y EEUU, la falta de agua, alimentos y de un sitio para quedarse costó la vida a 861 personas. Otros migrantes fueron víctimas de la violencia, de accidentes o murieron como en el reciente episodio de San Antonio por estar sometidos a condiciones infrahumanas.  

AGB

Guatemala es un país de contrastes. O, al menos, eso es lo que muchos de sus pobladores se dicen a sí mismos para justificar el hecho de que el desarrollo,  en uno de los países más desiguales de América Latina —donde seis de cada 10 personas enfrentan privaciones de salud, seguridad alimentaria y educación, entre otras—, no llega por igual a todos, sin importar lo cerca que vivan de la capital del país, la más grande y poblada de toda América Central.

En países tan centralizados como Guatemala, el desarrollo de las ciudades no necesariamente se traduce en un beneficio equitativo para sus periferias. Al contrario, es en estas zonas en donde queda de manifiesto que el crecimiento citadino se hace sin considerar el estado de conservación de los recursos naturales, ni la calidad de vida de las personas que las habitan.

Ciudad Peronia no escapa a ello. Y, a la vez, es ejemplo de cómo esa realidad que comparten cientos de comunidades y barrios asentados alrededor de los centros urbanos puede combatirse si se hace a partir de la unión y el conocimiento. Ahí, durante años, la posibilidad de nuevos asentamientos urbanos, la deforestación y la instalación de una arenera eran amenazas reales, que probablemente ahondarían en la problemática social que azota a esta zona metropolitana.

Contra la marginalización

Ubicada a unos 20 kilómetros al sudoeste del centro de la ciudad de Guatemala, Peronia fue creada en 1986, como una zona poblacional para familias que migraron desde el interior del país, huyendo de la guerra civil que se vivía entonces. Desde sus inicios fue etiquetada como un área peligrosa, debido a la presencia de pandillas delincuenciales que proliferaron debido a problemas sociales, también por la falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de la autoridad municipal.

Antes de su fundación como área poblacional, Peronia era una zona rural, con apenas dos o tres pequeñas aldeas, rodeadas de montañas y terrenos boscosos, y varias fincas privadas, una de ellas la Finca San José Buena Vista, entonces propiedad del Ministerio de la Defensa de Guatemala (MINDEF).  

San José Buena Vista tiene 90,5 hectáreas. Es un bosque mixto de pino y encino. Hay cuatro nacimientos de agua que abastecen a 1.500 familias y, por ella, hay 12 servidumbres de paso que abastecen a 38 comunidades de Peronia. Su importancia hídrica era clave para el acceso al vital líquido por parte de los nuevos pobladores que llegaban a residir en los alrededores.

Todo esto, sin embargo, no impidió que, por el año 2009, el MINDEF tuviera intenciones de derribar toda esa extensión de bosque para dar paso a un nuevo asentamiento de  viviendas populares.

“Vinieron a hablarnos de varias ideas que tenían para la finca. Lo que no imaginábamos era que, dentro de esas ideas, estaba la de talar el bosque para vender terrenos para la construcción de viviendas populares”, comenta René Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Ciudad Peronia.

La preocupación de los comunitarios pasaba por el acceso al agua potable, ya que el aumento demográfico, sin planes municipales eficaces, trajo consigo los primeros problemas de abastecimiento. “San José Buenavista es un área muy importante de recarga hídrica aquí en Peronia y, además, era el último reducto de bosque que quedaba. Teníamos que protegerlo”, añade Ríos.

No obstante, los retos eran enormes y hasta parecían insalvables. Las características socioeconómicas de la mayoría de los nuevos inquilinos de Peronia hacían que la extracción ilegal de madera para fines energéticos fuera una realidad cotidiana. “Mucha gente no tiene trabajo y tienen que cocinar con leña. A esa gente no se le puede decir nada, pero hay que buscar la forma de ayudarles”, se lamenta Ríos. 

Además de ello, en los alrededores, la extracción de arena también se unía a la ecuación a resolver: mantener su bosque en pie. Lo que hacía falta era un plan de acción. 

La organización comunitaria en defensa del bosque

El Padre Elías Ruíz, párroco de la localidad entre 2008 y 2013, fue un fuerte activista social y ambiental. “Él se tiraba enfrente de los camiones y les gritaba que no se movería, y que, si querían pasar, lo tenían que hacer sobre él”, cuenta Joaquín Culajay, otro líder comunitario. En cada misa, instaba a la población a “no dejarse” y a luchar contra el avance de las empresas areneras.

En la entrada a la finca hay una capilla, en donde el Padre Elías permitió que los representantes de los COCODES se reunieran para trazar su estrategia: solicitar la declaración de San José Buena Vista como área protegida. Pero, lograrlo no sería fácil. De hecho, nunca sucedió, ya que, de acuerdo a la Ley de Áreas Protegidas de Guatemala, son necesarios una serie de estudios técnicos y otros requisitos para poder declarar una zona como protegida.

“Mandamos solicitudes de apoyo a la Universidad de San Carlos, al Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) y a otras entidades más. Ni siquiera nos respondieron”, suspira Ríos. Entonces, surgió otra opción: hacer un traspaso de propiedad al Ministerio de la Defensa al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), ente estatal que se encarga de administrar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Aunque menos burocrático, tampoco sería sencillo. “El primer problema: el ejército no quería soltar el terreno”, enfatiza el presidente del COCODE. 

La negativa de parte del MINDEF de traspasar la propiedad del terreno, la falta de capacidad económica para realizar estudios técnicos y la muy fuerte presión de las areneras no dejó alternativa a los comunitarios. “Nos apoderamos de la finca. Tomábamos turnos para dormir ahí. Ya en 2010, se hizo un acta y declaramos a la finca como propiedad de la comunidad”, recuerda Ríos. 

Después de varias reuniones en Casa Presidencial, se emitió el Acuerdo Gubernativo 244-2012 que otorgaba el título de propiedad de la finca al CONAP. Entonces, toda la comunidad de Peronia estaba feliz. Finalmente, o eso creían, los problemas se terminarían, y la zona quedaría libre de amenazas.

De la comunidad al trabajo multisectorial

Las mieles del triunfo por evitar la desaparición del bosque duraron poco. Voces dentro de las mismas comunidades pedían proyectos de explotación para su propio beneficio. “La gente quería talar árboles para leña, querían proyectos productivos agrícolas para generar ingresos. Querían de todo menos conservar”, comenta Ríos. Ya en 2013, surgió la idea de asignarle la figura de área de conservación por parte de CONAP “y ellos (CONAP) lo declararon inmediatamente”, añade. 

Luego, la Finca San José Buena Vista pasó a estar bajo el régimen de Unidad de Conservación, que es, en pocas palabras, un área protegida especial, cuyos servicios ecosistémicos a la población son susceptibles de ser protegidos. Debido a que su declaratoria fue hecha gracias a la intervención comunitaria, esto lo hace más especial. “Esa es la historia bonita de esta zona, porque fue la comunidad la que se la llevó al CONAP. Entonces, nosotros debemos mucho a su conservación y a esos bienes de la comunidad”, exclama Fabrizi Juárez, guardaparques y empleado del CONAP. 

El siguiente paso era difundir su importancia en todos los niveles de la sociedad. Con el respaldo de CONAP y la Iglesia Católica, los COCODES de Peronia se dieron a la tarea de promover políticas de educación ambiental enfocadas en el personal docente. Durante ocho años, se impartieron diplomados avalados por la universidad estatal, en los que se educó a los maestros en temas de tipos de bosques, recarga hídrica, micro-climas y biodiversidad biológica. “Había mucho que no sabíamos. Al adquirir estos conocimientos, nos fue más fácil trasladarlos a los niños”, dice Tatiana Serrano, directora de una de las escuelas locales.

El impacto fue casi inmediato. Según recuerda Serrano, entre 2012 y 2013, este trabajo intersectorial comenzó a promover la realización de jornadas de reforestación dentro de la recientemente creada área de conservación. Para 2016, a las jornadas de reforestación escolares, se unieron The Nature Conservancy (TNC) y empresas privadas. “Ser parte de estos procesos ayuda a los niños, no solo a nivel pedagógico, sino también emocional y social. Les permite desarrollar un sentido de pertenencia que es clave para el cuidado de nuestros recursos”, añade Serrano.

También se inició un proceso técnico y financiero por parte de TNC para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la finca. Se construyó un centro de visitantes y se implementó un recorrido interactivo dentro de la Unidad de Conservación.

Como parte de este proceso en conjunto con las comunidades, Juárez comenta que se creó un programa de sensibilización que se implementará a partir de diciembre próximo, mediante visitas “a todas las comunidades de Peronia, con la idea de hablarle a las personas acerca de todos los servicios ecosistémicos que el bosque les provee. También queremos retomar y fortalecer las mesas de diálogo e involucrar a la Municipalidad de Villa Nueva, la supervisión educativa, los estudiantes de todos los niveles educativos, los COCODES y los líderes de residenciales, para tratar de unir esfuerzos en conjunto”, dice.

Vigilancia constante

Las victorias suelen ser malas consejeras si no se les administra adecuadamente. Aunque existe un compromiso de parte de la mayoría de residentes de no talar árboles, esta sigue siendo la mayor amenaza que la Unidad de Conservación Finca San José Buena Vista enfrenta. “Sabemos de las necesidades de las personas, y estamos trabajando en ofrecerles alternativas sostenibles para que el bosque no se vea afectado”, dice Juárez. 

Durante la pandemia, los diplomados en educación ambiental dirigidos a educadores, las actividades escolares de reforestación y las jornadas de convivencia con el bosque se detuvieron, y ahora que ya ha pasado lo peor de la crisis provocada por el COVID-19, no solo se espera retomar lo hecho hasta 2020, sino hacerlo con el apoyo de nuevas entidades, como la Municipalidad de Villa Nueva. 

El plan es involucrar a las personas que extraen madera en tareas de mantenimiento del bosque, como realización de brechas cortafuegos, rondas y patrullajes, y reforestación de zonas degradadas. “Ahora tenemos dos áreas de reforestación en las que no había cobertura. Y, desde 2018, con la participación comunitaria, incluyendo algunos extractores de leña, las hemos recuperado”, apunta Juárez.

Para que este empuje se mantenga, la participación activa de todos los sectores involucrados, particularmente de los comunitarios, a través de los COCODES, debe ser constante. Pero, ya sea por lo agotador de mantener interesadas a las personas, la pandemia o el día a día, tanto Ríos como Culajay admiten que las reuniones y asambleas ya no tienen el mismo espíritu que tenían allá por 2009.  “Es una vigilancia constante”, aseguran, y confían en que la posibilidad de reunirse nuevamente les permitirá trazar nuevas estrategias para mantener la participación comunitaria en un nivel alto y comprometido. 

Lo primero que se tiene en mente es reducir el daño al bosque. “Tenemos que hacerles ver (a los extractores de madera) que si talan árboles para su autoconsumo, deben sembrar cuatro o seis nuevos de la misma especie, para no dañar al bosque”, dice Culajay. Para ayudar en esta problemática, las jornadas de reforestación se han aprovechado para crear un área de usos múltiples y un bosque energético, “que permitirá a las personas acceder a madera, pero de una forma ordenada”, detalla Juárez.

Otra de las estrategias es hacer de la finca un destino turístico autosostenible para los residentes de Peronia y otras zonas aledañas. Al ser “uno de los últimos bosques de Villa Nueva”, como remarca Ríos, puede ser clave para convertirse en un punto de referencia para el descanso y la reconexión con el mundo natural. 

Lo más importante es que la participación comunitaria, con o sin pandemia, se ha mantenido. Entre otras cosas, ya se cuenta con el centro de visitantes. Desde 2018, las jornadas de reforestación han permitido la recuperación de una hectárea de bosque que estaba degradado y se tiene un convenio con la Asociación de Reservas Privadas de Guatemala, que se comenzará a implementar el próximo mes de diciembre, con el que se sensibilizará a las comunidades acerca de todos los servicios que el bosque presta.  “Vamos a llegar a cada comunidad de Peronia que utiliza el recurso, no solo para hacerle ver qué es lo que obtenemos del bosque, sino también para hacer conciencia de la importancia de toda la vida silvestre que ahí habita y el papel que juegan en el equilibrio biológico de la vida”, comenta Juárez. 

Desde la comunidad, el orgullo por haber conseguido todos los logros actuales sirve de impulso para continuar con los esfuerzos que iniciaron hace más de 12 años. “Definitivamente sí nos sentimos capacitados para continuar defendiendo los recursos. La amenaza es constante y no sabemos en qué momento dicen ‘continuemos la deforestación’. Tenemos que concientizar a esas personas, y hacerles ver que, si botan árboles, también es justo que siembren nuevos”, finaliza Culajay.

Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte. 

JR