Ocho a favor, siete en contra. El 15 de diciembre, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó, en medio de un fuerte rechazo social, una nueva Ley de Acuicultura que habilita la producción industrial de salmón en mares, ríos y lagos.

El Canal de Beagle y sus costas conforman uno de los paisajes más remotos del planeta, y Ushuaia, es la puerta de entrada a la Antártida. Tierra del Fuego es conocida desde hace tiempo por sus ecosistemas, en gran parte intactos. Aquí, en un reino subantártico de bosques, viento, turberas y mares fríos y ricos en nutrientes, la vida silvestre prospera. Los lobos marinos y los delfines surcan los canales, las ballenas francas australes migran y las aves marinas —desde albatros hasta cormoranes y pingüinos— dependen de estas aguas para alimentarse y reproducirse.

Para muchos habitantes de la provincia, la nueva ley significa que esto ya no se puede dar por sentado.

Cambios en la coyuntura política

Apenas concluyó la reñida votación, el recinto quedó envuelto en silencio. “Hubo una sensación rara, como si [los legisladores] estuvieran entre la espada y la pared. Fue un segundo, pero nos miraron como diciendo ‘no nos quedó otra’”, cuenta a Dialogue Earth Nancy Fernández, profesora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF) y presidenta de la Asociación Mane’kenk (AM), una ONG dedicada a la educación y la conservación del medioambiente.

Fue una de las únicas tres representantes de la sociedad civil que pudieron entrar a la legislatura. A diferencia del 2021, cuando se aprobó la ley anterior (N°1.355), que había sido pionera a nivel mundial en prohibir la salmonicultura en aguas lacustres y marítimas. Aquella vez, la entonces legisladora Mónica Urquiza, del Movimiento Popular Fueguino, abrió las puertas del recinto para que todos entren a celebrar.

“Hoy, siendo vicegobernadora, impidió que la gente ingrese. Y legisladores que hasta el viernes anterior decían que no iban a acompañar el proyecto, votaron a favor. Evidentemente hubo promesas, acuerdos, un ‘si vos me das esto, te apoyo en esto’”, sugiere Fernández.

De esta forma, la Ley de Acuicultura N°1601 sustituye a la 1.355, que solamente permitía la producción de salmónidos a escala artesanal, con un tope de 50 toneladas por año. Con la nueva ley, la actividad ya no tiene tope y solo queda prohibida en el Canal de Beagle, lo cual en la práctica implica que, en el resto de la isla, la salmonicultura queda habilitada.

La iniciativa para modificar la ley fue impulsada por el gobernador Gustavo Melella (Forja), quien en 2021 había apoyado la prohibición de las salmoneras. “Tenemos una naturaleza propia, una producción propia del lugar, no queremos introducir otra especie. Si tuviéramos algún problema, como ha pasado en otros lugares, ha pasado en Chile, el desastre es irrecuperable”, había dicho Melella ese año en una entrevista radial.

Cuatro años después, fue Melella quien presentó al poder legislativo el proyecto de ley de reforma. En las redes sociales, argumentó que era necesario “actualizar y fortalecer el marco normativo para el desarrollo acuícola”, incorporando “los más altos estándares de control ambiental”.

Las definiciones de estos estándares y otros detalles clave se decidirán cuando el gobierno provincial implemente la ley, lo que está previsto para finales de esta semana, el 15 de marzo. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), informó a Dialogue Earth que la implementación aún está pendiente.

¿Creación de empleo o falsas esperanzas?

Argentina se enfrenta a una prolongada crisis económica, caracterizada por una elevada inflación, inestabilidad monetaria y aumento de la pobreza. Esta crisis es anterior a la actual presidencia de Javier Milei, que ocupa el cargo desde diciembre de 2023, pero ha continuado y, en cierto modo, se ha agravado bajo la agenda de austeridad y reformas de mercado de su administración. Por ello, los argumentos esgrimidos en contra de la prohibición de la acuicultura del salmón, que muchos de los mismos políticos de Tierra del Fuego apoyaron hace cuatro años, se basan en el crecimiento económico y la creación de empleo.

Diego Marzioni, subsecretario provincial de Pesca y Agricultura, declaró el año pasado a la agencia regional de noticias ADNSUR que la salmonicultura podría generar “entre 4.000 y 4.500 puestos de trabajo”.

Algunos académicos y ambientalistas cuestionan estas cifras. Para Gustavo Lovrich, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), el cambio de posición del gobierno está relacionado con el impacto de la eliminación de los aranceles de importación sobre los productos electrónicos. Esta medida federal se introdujo en mayo de 2025 y ha afectado a una industria que se concentra en Tierra del Fuego. Según algunas estimaciones, esto podría significar la pérdida de casi un tercio de los empleos en el sector electrónico de la provincia, entre 2.000 y 2.500

“El discurso del gobierno es que ‘esto va a aumentar la mano de obra’ y es mentira. Nosotros les decíamos que dejen de darle ilusiones a la gente, porque es triste hacer eso en este contexto de crisis”, sostiene Fernández.

Dialogue Earth contactó a Diego Marzioni pero, al cierre de esta nota, no obtuvo respuestas.

Criar salmones, pero a qué costo

Los salmones son originarios del hemisferio norte y fueron introducidos en Chile hace más de un siglo para pesca recreativa. “El 70% de los peces nativos en Chile está con problemas de conservación porque los salmones son carnívoros y se alimentan de los peces nativos”, señala Flavia Liberona, bióloga chilena y directora ejecutiva de la Fundación Terram. La producción de salmones con fines comerciales comenzó a fines de los 70, de forma artesanal. Para el 2000, ya estaba en manos de grandes industrias.

En 2007, hubo una crisis sanitaria por el brote del virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón), que provocó una alta mortalidad y llevó a que el cultivo se expanda hacia otras regiones. “Hoy la industria salmonera cosecha más de un millón de toneladas al año. Hay 1.380 concesiones, de las cuales 408 están en áreas protegidas. Las autoridades han hecho vista gorda y no han fiscalizado como se debe a la industria”, afirma Liberona.

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que nuclea a treinta organizaciones de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, elaboró un documento de posición donde detallan los impactos negativos relevados en numerosos papers. Se ha observado, por ejemplo, que los desechos orgánicos acumulados en el fondo marino disminuyen el oxígeno y generan cambios en la biodiversidad; los inorgánicos producen florecimientos algales nocivos (marea roja); y los restos excesivos de antibióticos colaboran en el aumento de la resistencia antimocrobiana en humanos. Llevar estos problemas a Tierra del Fuego podría dañar una región relativamente virgen, afirman quienes se oponen a la cría industrial.

También hay dudas sobre la viabilidad económica de desarrollar la cría de salmón en Tierra del Fuego. La industria es muy competitiva y está dominada por Noruega y Chile. Las granjas de salmón en el extremo sur de Argentina tendrían que abastecerse de peces y suministros especializados, llevar su salmón a mercados lejanos y atraer a trabajadores calificados a esta región remota.

Por su parte, Liberona indica que quienes tengan intención de instalar centros de cultivo en Tierra del Fuego tendrán que hacer estudios económicos para saber si es viable. “Es una industria súper compleja, no basta con tener centros de cultivo en el mar”, subraya.

El problema de la fiscalización

La nueva ley establece que el gobierno provincial debe llevar a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica para determinar las zonas adecuadas para el cultivo del salmón, y que cada establecimiento propuesta deberá presentar un estudio de impacto ambiental. La Secretaría de Pesca y Acuicultura y la Secretaría de Medioambiente serán responsables de hacer cumplir la ley. El funcionamiento de este sistema se determinará cuando se aplique la normativa.

Algunos científicos y ecologistas dudan de la capacidad del gobierno para supervisar y controlar las granjas. “La provincia no tiene capacidad de fiscalizar, si hoy le pasan por las narices cuestiones como el vertido de residuos peligrosos en el ambiente y la extracción desmedida de turberas y bosques. Creo que la desconfianza más fuerte de la gente está en ese punto: no creen que tengan capacidad de control”, sostiene Fernández.

En el momento de la publicación, aún no se había llevado a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica. Por lo tanto, aún no está claro dónde podrían ubicarse los proyectos y si hay empresas con intención de invertir.

La nueva ley estipula que esta evaluación se llevará a cabo de acuerdo con “criterios de sostenibilidad”. Sin embargo, no especifica cuáles serán esos criterios. FARN explica que este tipo de leyes no suelen especificar dichos criterios, ya que generalmente se establecen durante su implementación.

Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, afirma que la organización sigue esperando poder detener cualquier tipo de cría de salmón. “Desde nuestro punto de vista, la solución sería no habilitar la actividad. Las alternativas nuestras siempre son el cuidado del ambiente y potenciar actividades que ya existen, como el turismo de naturaleza y otras actividades campesinas sustentables que no implican una extracción en el ambiente”, apunta.

Por ahora, la cría de salmón en Tierra del Fuego sigue adelante, por un solo voto. El debate ya no se centra en si la cría de salmón va a llegar, sino en si “el fin del mundo” está preparado para lo que ello conlleva.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

Un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, Tierra del Fuego, y generó revuelo en medio de la reciente intervención del puerto local dispuesta por el Gobierno nacional. El viaje lo protagonizó una delegación bipartidaria del Congreso norteamericano, integrada por miembros del Comité de Energía y Comercio, que se encuentra de visita oficial en la Argentina.

Según informó la oficina de prensa de la Embajada norteamericana a la Agencia Noticias Argentinas, la agenda incluyó reuniones con “funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

La aeronave, un Boeing C-40 Clipper, matricula 05-0730, permaneció inicialmente dos días en la ciudad de Buenos Aires y luego voló el fin de semana a Ushuaia, en un movimiento que —según trascendió— no contó con comunicación pública del Gobierno nacional ni de los organismos de defensa argentinos responsables de otorgar autorizaciones para el ingreso de aviones oficiales extranjeros al país. Aún está aterrizado en el aeropuerto fueguino.

Desde la provincia señalaron que las autoridades fueguinas no tuvieron injerencia alguna en el episodio. El aterrizaje del avión del Departamento de Defensa de EE.UU., sumado al hermetismo del Poder Ejecutivo Nacional, alimentó la inquietud política y social en Tierra del Fuego. Las sospechas crecieron en paralelo a versiones sobre un eventual acuerdo entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump, que podría involucrar el control del puerto de Ushuaia, una de las infraestructuras más relevantes del sur argentino.

La preocupación se inscribe en un contexto sensible: días atrás, el Gobierno intervino el puerto fueguino alegando irregularidades financieras y deficiencias en la infraestructura. La medida fue cuestionada por autoridades provinciales y sectores locales, que advirtieron sobre la pérdida de autonomía en una terminal considerada clave.

Ushuaia cumple un rol estratégico como principal centro logístico, turístico y científico para el acceso al continente antártico. Además de ser un nodo central para el turismo internacional, el puerto es señalado por especialistas como un punto fundamental para la proyección argentina en la Antártida y para la defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur. En ese escenario, la presencia de una delegación del Congreso de Estados Unidos trasladada en un avión militar volvió a encender las alarmas en el extremo sur del país.

Con información de agencia NA

MC

El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses por irregularidades financieras y fallas de infraestructura.

La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial.

La medida tiene como objetivo “regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal”.

El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.

Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.

La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región.

La intervención administrativa dispuesta “alcanza pura y exclusivamente la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones y todo aquello relativo a la operación portuaria que se encuentre dentro de la delimitación jurisdiccional terrestre, espejos de agua y espacios acuáticos lindantes de la jurisdicción portuaria”, y es “de cumplimiento inmediato”.

Para la gestión de la intervención, la ANPyN solicitó la colaboración técnica y de recursos a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.).

Qué dijo el gobernador, Gustavo Melella

“El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, escribió en su cuenta de X el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Para el mandatario provincial, “desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”.

“Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”, sostuvo Melella, al tiempo que agregó que el Puerto de Ushuaia “opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”, remarcó.

Y concluyó: “Las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país. Desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”.

Con información de agencias.

IG

La aprobación de la ley que habilita el desarrollo de la salmonicultura en Tierra del Fuego vuelve a encender un debate de alto voltaje político y ambiental en la provincia más austral del mundo.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella y sancionada por la Legislatura, introduce cambios sustanciales respecto del marco normativo vigente hasta ahora, que establecía una prohibición estricta, desde 2021, de la cría de salmones en jaulas marinas, especialmente en el Canal de Beagle.

El nuevo esquema legal permite avanzar con proyectos de salmonicultura fuera de esa zona sensible y abre la posibilidad de desarrollar la actividad en distintos ámbitos, como mar abierto y sistemas continentales, bajo un régimen que el Ejecutivo promete reglamentar con controles ambientales y supervisión estatal.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida apunta a diversificar la matriz productiva fueguina, atraer inversiones y generar empleo en una provincia con fuertes limitaciones estructurales.

Según estimaciones oficiales, la actividad podría alcanzar en los próximos años niveles de producción cercanos a las 100.000 toneladas anuales, con una participación mayoritaria del salmón, además de la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión acumulada de varios cientos de millones de dólares. Esos números fueron presentados por el gobierno provincial como uno de los principales argumentos para justificar el cambio de rumbo.

Sin embargo, la sanción de la ley reavivó la resistencia de organizaciones ambientalistas, científicos, comunidades originarias y sectores vinculados al turismo y la pesca artesanal. Estos actores vienen adviertiendo que la experiencia internacional demuestra que la salmonicultura industrial conlleva riesgos ambientales significativos, como la contaminación de las aguas, la propagación de enfermedades, el uso intensivo de antibióticos y la introducción de especies exóticas en ecosistemas frágiles.

Las críticas no se limitan al contenido de la norma, sino también al proceso legislativo. Referentes ambientales cuestionaron la velocidad con la que avanzó el tratamiento parlamentario y señalaron la falta de instancias amplias de participación ciudadana en una discusión que consideran estratégica para el futuro ambiental de la provincia. También pusieron en duda la capacidad real del Estado para fiscalizar una actividad compleja y de gran escala.

Desde organizaciones como Greenpeace calificaron que la modificación del marco legal como un retroceso en materia de protección ambiental y alertaron que Tierra del Fuego podría repetir conflictos ya observados en otras regiones del mundo donde la industria salmonera dejó impactos negativos difíciles de revertir.

Tierra del Fuego era el único lugar en el mundo donde se prohibía la actividad

En junio de 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobaba por unanimidad una ley que prohibía la cría de salmones en aguas marinas y lagos de la provincia, convirtiéndose, así, en el primer lugar del mundo en vetar esta actividad antes de su desarrollo. La norma, que este martes 16 de diciembre de 2025 quedó relegada, fue impulsada por el diputado Pablo Villegas y respaldada por organizaciones ambientalistas. Con la misma se protegía ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, el único sitio viable en Argentina para la salmonicultura.

La decisión se fundamentaba en los impactos ambientales asociados a la cría intensiva de salmones, entre ellos mortandades masivas, contaminación, proliferación de algas tóxicas, introducción de especies exóticas y daños a la fauna local.

En ese momento, ambientalistas destacaron que la ley sentaba un precedente histórico a nivel internacional y evitaba un posible desastre ambiental en la región. El antecedente de conflictos en Chile y el rechazo social y binacional a la industria habían reforzado el consenso político para avanzar con la prohibición.

Ahora, todo quedó en la nada y la salmonicultura puede avanzar en Tierra del Fuego.

Con información de medios y agencias

JIB

La denuncia llegó desde Tierra del Fuego pero apuntó directo al corazón de la política nacional. A través de un mensaje público, Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego, advirtió que la petrolera Navitas Petroleum avanza hacia la extracción masiva e ilegal de crudo en la Cuenca Malvinas Norte. Ante la inminencia del proyecto “Sea Lion”, reclamó que la Cámara de Diputados convoque de forma urgente al Observatorio Parlamentario Malvinas y que se fiscalice el cumplimiento de la Ley 26.659, que prohíbe actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

“No estamos ante una exploración más”, escribió. “El proyecto está por iniciar una fase comercial que consolidará el expolio de recursos fueguinos y argentinos. La soberanía se defiende con acciones, no con discursos”.

En paralelo, en una entrevista radial, Dachary profundizó el diagnóstico y calificó el cuadro como “gravísimo”, al confirmar que dos compañías internacionales ya tomaron la “decisión final de inversión” para comenzar la explotación offshore. “Tienen capacidad de empezar a explotar petróleo a partir de 2028. Estamos hablando de un estimativo de 60.000 barriles por día”, detalló.

Una disputa que se profundiza

El funcionario recordó que la presencia petrolera británica no es nueva: “Los primeros estudios empiezan en la década del 80. Es vergonzoso cuando uno cuenta la génesis de esta situación”. Con el paso del tiempo, señaló, las islas fortalecieron un rol geoestratégico por sus recursos ictícolas, su cercanía a la Antártida y, ahora, por el valor de los hidrocarburos.

Aunque la explotación se desarrollará íntegramente en el mar, “a 200 o 220 kilómetros de las islas, y en mar argentino”, la provincia tiene limitada su capacidad de intervención. “Tierra del Fuego tiene jurisdicción hasta las 12 millas marítimas. La capacidad de actuar es privativa de Cancillería”, aclaró.

Reclamo al Gobierno nacional: “Hace falta algo más que un comunicado”

Dachary valoró la reacción inicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado de rechazo, pero la consideró insuficiente frente al avance del proyecto. “El comunicado fue muy bueno, muy contundente. Ahora lo que sigue es que esa promesa se instrumente de manera judicial. Hay que accionar contra las empresas y contra las personas que forman parte de sus directorios”.

También insistió en que la Argentina debe llevar el reclamo a los países involucrados: “Quizás no tengas una chance directa de acción con la empresa, pero sí podés plantear reuniones con los embajadores del Reino Unido, de Israel y de Estados Unidos. Es una cuestión de prioridades”.

Dachary vinculó el negocio petrolero con el entramado económico de las islas: “El corazón económico de Malvinas es la pesca. Cerca del 55% de su producto lo compone el saqueo de nuestras riquezas ictícolas”. La explotación hidrocarburífera, advirtió, “sería un antes y un después. Perpetuaría ese modelo y haría cada vez más compleja la recuperación de nuestras islas”.

A días del aniversario de la Resolución 2065 de la ONU, remarcó que Londres lleva seis décadas desoyendo a la comunidad internacional y violando el compromiso de no innovar en territorios en disputa. “No respetan el estatus quo. Esto es gravísimo”.

Críticas a la política exterior del Gobierno

El secretario fue especialmente crítico con la administración Milei. Cuestionó declaraciones de la excanciller Diana Mondino, el cambio del voto argentino en Naciones Unidas y la orientación general de la política exterior. También rechazó la posibilidad de solicitar al Reino Unido el levantamiento de restricciones para la compra de armamento: “Esto tiene más que ver con un capricho ideológico que con una necesidad real”.

“Argentina prácticamente ha cambiado sus intereses nacionales por los de Estados Unidos e Israel. Y esta es la moneda de cambio”, disparó.

El tuit de Dachary cerró con un llamado a Diputados a reactivar el Observatorio Parlamentario Malvinas, un órgano creado para monitorear políticas, iniciativas y acciones relacionadas con el Atlántico Sur y los derechos soberanos argentinos. “Hace años que no funciona y es triste. Es un espacio clave con alcance federal”, lamentó.

La advertencia del funcionario condensa la preocupación en el sur del país y renueva el debate sobre los mecanismos institucionales para enfrentar el avance británico. “Malvinas es una causa nacional. Necesitamos un abordaje institucional serio”, concluyó.

CRM

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra atravesada por un debate socioambiental: el Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para habilitar la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad prohibida por ley en la provincia.

La discusión ha dividido a la clase política y a un sector de la sociedad que sigue atento los vaivenes legislativos en torno al proyecto, una iniciativa cargada de críticas por la forma en la que ha avanzado en el sistema legislativo de espaldas a la sociedad civil y frente a un modelo del vecino país que viene demostrando los impactos socioambientales de las salmoneras: el modelo chileno, donde la industria es uno de los pilares económicos.

La discusión tiene antecedentes. En marzo de 2018, Argentina anunció un convenio de cooperación con Noruega, el principal productor de salmones en el mundo, para estudiar la factibilidad de desarrollar la salmonicultura en el país, específicamente, en el Canal de Beagle, en Tierra del Fuego. Entonces, como ahora, sectores de la sociedad civil, entre ellos ambientalistas, científicos y habitantes, se organizaron para oponerse a un modelo de industria que aseguraban atentaría contra el ambiente, el turismo y la producción pesquera local. Además, sostenían que la implantación de la salmonicultura a nivel industrial echaría por la borda proyectos alternativos, que se encontraban en marcha, para intentar desarrollar la actividad de manera sustentable, como informó entonces Mongabay Latam.

La resistencia a la salmonicultura en la provincia activó el debate legislativo y la sanción de una ley que prohibió en 2021 la cría de salmones en jaulas en el mar y habilitó con límites la cría en tanques en tierra. Sin embargo, la discusión está de regreso.

Desde julio último, el Poder Ejecutivo provincial busca modificar aquella ley de 2021. Plantea prohibir la producción de salmónidos únicamente en el Canal de Beagle, el estrecho austral entre Argentina y Chile que conecta parcialmente las aguas del océano Pacífico con las del océano Atlántico. Se trata de una zona de alto valor en biodiversidad marina, donde habitan lobos marinos y diversas especies de delfines, además de aves como cormoranes, pingüinos y el cóndor andino, y fauna marina como la centolla patagónica. El canal cumple un papel como recurso de carbono azul, como corredor biológico entre océanos y tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Antártida.

Esta iniciativa del gobernador Gustavo Melella implica habilitar las salmoneras en el resto de la isla, tanto en mar como en tierra. De aprobarse el proyecto oficialista, la zona de producción industrial de salmones se concentraría en el mar del norte de la isla, ya que otra ley protege el sureste desde 2022, cuando se declaró a la Península Mitre como área natural protegida, impidiendo allí actividades industriales. 

No a las salmoneras 

El colectivo “No a las salmoneras” está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, ambientalistas científicos, artistas, cocineros, trabajadores, docentes, estudiantes, cátedras libres, integrantes de partidos, vecinos y vecinas, entre otros sectores de la provincia de Tierra del Fuego.

En un documento, el colectivo detalló las razones por las cuales se opone a la cría extensiva de salmones que se crían en jaulas en el mar. Los salmones, una especie carnívora e introducida por el hombre en Chile, “se escapan de a miles [de las jaulas] y devoran todo lo que encuentran a su paso: centollas, langostillas, peces más pequeños”. De esta forma, “las especies nativas disminuyen por depredación y por competencia de espacio y alimento. Estos escapes de salmones alteran gravemente el frágil equilibrio que sostiene la vida marina, desde el pequeño y esencial plancton hasta la inmensa y magnífica ballena”. 

Pero no se trata solo de los otros animales que se comen los salmones cuando se escapan, aseguran. “Estos peces, que crecen hacinados de miles en jaulas flotantes, consumen harinas ultraprocesadas y están sobremedicados, tienen enfermedades propias de esas condiciones y también contagian a las otras especies marinas”, afirman.

Otra de las razones es la supuesta matanza de lobos marinos y pequeños cetáceos asociada a la salmonicultura, que se alimentan en las zonas donde se encuentran las jaulas flotantes con miles de salmones. “Estos animales son eliminados intencionalmente en los diferentes centros de cultivo”, aseguran. “Cuando no los matan, mueren atrapados en las mallas y redes antidepredadores que se colocan alrededor de las jaulas”. 

La potencial destrucción del fondo marino es otra de las razones detalladas en el documento. “El alimento ultraprocesado, las fecas y los cuerpos de miles de salmones se acumulan en el lecho [marino]. Esto hace que proliferen algas que consumen el oxígeno y que entonces se generen zonas muertas, sin vida acuática”, explican. Los ejemplos, aseguran, están a la vista en el modelo chileno.

Nancy Fernández, especialista en Educación Ambiental y profesora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es, además, presidente de la ONG Asociación Mane´kenk, que integra este colectivo “No a las salmoneras”. En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, explica que el principal cuestionamiento de su organización es la forma en la que el Gobierno de la provincia quiere cambiar la ley que actualmente prohíbe la salmonicultura extensiva.

“Desde nuestra organización, siempre tuvimos una posición conciliadora y asistimos a las mesas de diálogo y a las comisiones legislativas para participar, aportar técnicos, datos, información. Hubo muchos episodios en la provincia durante los cuales se quisieron sancionar leyes controversiales, pero, incluso entonces, se tomaron en cuenta algunos de nuestros aportes. Esta vez, se trata de un proceso oscuro”, asegura Fernández.

Las ONG y sectores de la ciudadanía y la ciencia critican que la ley haya llegado al recinto de la legislatura provincial con un dictamen cuestionado por la forma “apurada e irregular” en la que fue aprobado el 8 de agosto último, en una autoconvocatoria del oficialismo -FORJA, partido del gobernador Melella- y el opositor La Libertad Avanza -el partido de Javier Milei-, que apoya el proyecto de ley para legalizar la salmonicultura extensiva. 

Con apenas cuatro votos -lo mínimo exigido- se autoconvocaron durante un cuarto intermedio y aprobaron un dictamen a favor del proyecto. “Queremos que abran el debate”, exige Fernández. “Existen intereses económicos muy grandes detrás de esta industria”, asegura.

El colectivo también critica las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la salmonicultura. “Para cumplir con la demanda de las empresas, realizan malas prácticas de buceo, con inmersiones continuas, sin respetar los tiempos de descompresión y en profundidades para las que no están habilitados”, afirmaron en el documento. “Esto [se realiza] para arreglar las mallas y jaulas o levantar los cadáveres de miles de salmones que se acumulan en el fondo marino, entre otras tareas”. 

Los opositores a las salmoneras en Tierra del Fuego también resaltan otro punto: se trata de una industria que demanda un alto nivel de fiscalización y control por parte del Estado, y cuando este no está lo suficientemente presente, los impactos de la salmonicultura se extienden, como arrojar salmones en descomposición al mar y derrame de combustible.

Los altos consumos de energía que conlleva la cría de salmones en piletones con el Sistema de Recirculación Acuícola (RAS, por sus siglas en inglés), que cría peces en tanques cerrados en tierra, también es otro punto del debate. Actualmente, la ley provincial habilita los tanques en tierra con límites de hasta 50 toneladas de reproducción anual. El proyecto del oficialismo provincial busca eliminar el límite. 

También señalan “la crueldad animal que implica criar animales en escalas industriales”. “Una jaula flotante o un piletón en tierra tienen en su interior miles de salmones hacinados, adormecidos con benzocaína para enlentecer sus movimientos instintivos y vitales, que desarrollan conductas caníbales, nadan entre su excremento y los cadáveres de otros peces”, aseguran.

“No estoy en contra del desarrollo de la actividad, es importante para la provincia, con un potencial muy grande, pero sí estoy de acuerdo con mantener la prohibición de la salmonicultura en el mar”, afirma el legislador Matías Lapadula, del partido Provincia Grande y ex secretario de Producción del municipio de Río Grande, Tierra del Fuego.

Lapadula cree que será muy difícil poder llevar a la práctica la salmonicultura en la costa norte de la provincia con un sistema con jaulas, debido a grandes amplitudes de marea. Pero el legislador resalta que el proyecto oficialista habilita a la actividad en otros cuerpos de agua de la provincia, como lagos, lagunas y ríos. “Estoy a favor de la acuicultura, pero tiene que ser sí o sí de forma sostenible y siendo absolutamente celosos del cuidado ambiental porque es una actividad dañina, con impacto y, mal hecha, todo lo que acarrea produce daños irreversibles”, explica.

Además, Lapadula afirma: “Como está planteado el proyecto, estamos haciendo un negocio para pocos. Es verdad que en Chile son 60.000 puestos de trabajo, pero el 90% de estos puestos de trabajo tiene que ver con el procesamiento y envasado del salmón. Chile ha desarrollado toda una cadena de valor a lo largo de 40 años, que Tierra del Fuego no tiene. Ellos manejan prácticamente el mercado. Como está planteado este proyecto, nosotros engordaríamos y criaríamos salmones para luego vendérselos a Chile y que ellos terminen exportando el pescado como producto chileno”.

La semana pasada, Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con dos voceros de la gobernación de Tierra del Fuego para conocer las razones del oficialismo provincial para impulsar esta industria y conocer si ha realizado estudios de impacto ambiental y social de la actividad. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguno de ellos había respondido las consultas. 

Ante la consulta de estos medios, Lapadula afirma que el oficialismo no ha presentado a los legisladores ningún tipo de estudio ambiental previo en la provincia que analice los posibles impactos de la salmonicultura en el mar argentino, así como en lagos, lagunas y ríos. Tampoco en la extensión industrial de tanques en tierra.

“Sí a las salmoneras”

Agustín Coto, legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, es uno de los cuatro legisladores de la provincia que aprobó el dictamen del proyecto de ley oficialista para que sea tratado en el recinto.

Tras la aprobación del dictamen el 8 de agosto pasado, la Legislatura intentó tratar el proyecto durante noviembre pero sorpresivamente la sesión se canceló sin que el oficialismo y sus aliados pudieran aprobarlo. Las versiones en la provincia sostienen que no tenían los votos suficientes. El partido de Merella sostiene que fue por un paro de trabajadores legislativos, pero el gremio salió a negarlo con un comunicado. 

Coto había presentado en un primer momento un proyecto para extender la cría de salmones en tanques en tierra, sin tocar la prohibición que pesa actualmente sobre la actividad en el mar y cuerpos de agua. Sin embargo terminó apoyando la iniciativa del oficialismo.

En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, Coto defiende su decisión y asegura que antes de hacer cualquier estudio de impacto socioambiental debe modificarse la ley. “No se puede hacer un estudio sobre una actividad que está prohibida”, argumenta.

Al igual que el oficialismo provincial, el legislador aliado del presidente Milei sostiene que la salmonicultura tiene potencial económico y generará empleo. 

El oficialismo, además, enmarca la discusión en la acuicultura no solo en la cría de salmón, sino también trucha, erizo, mejillones, algas y centollas. Diego Marzoni, subsecretario de Pesca y Agricultura provincial, dijo al medio ADNSUR que el proyecto contempla “todas las salvaguardas ambientales necesarias” y que el Gobierno provincial proyecta que en los próximos seis u ocho años se podrían producir 100.000 toneladas de pescado, de las cuales un máximo de 80.000 toneladas serían de salmón.

El funcionario dijo, además, que la salmonicultura podría generar “entre 4.000 y 4.500 puestos de trabajo” y una inversión de hasta 400 millones de dólares.

“Hay discusiones que están saldadas -afirma Coto-. Por ejemplo, la discusión de si estamos de acuerdo o no con actividades de salmonicultura en el Canal de Beagle. Eso está claro: no hay un legislador de los 15 que estamos en la Legislatura que esté de acuerdo con eso. Lo que este dictamen permitiría sería la posibilidad de establecer la actividad en mar abierto, o sea en agua salada”.

Sin embargo, reconoce que no hay un estudio científico oficial sobre cómo podría afectar la actividad a la zona cercana al canal. Mongabay Latam y elDiarioAR preguntaron a Coto si cree que la provincia tiene las herramientas, la capacidad y los recursos para poder controlar o fiscalizar la actividad. El legislador respondió que sí, pero este es uno de los puntos centrales de la oposición de las ONG, científicos y ambientalistas, quienes creen que la salmonicultura en el mar sobrepasará las capacidades de fiscalización de Tierra del Fuego.

ED/CRM

La esperada caminata del presidente Javier Milei por el centro de Ushuaia, que replicaría los multitudinarios encuentros de su campaña de 2023, fue suspendida abruptamente este lunes debido a una bajísima convocatoria y a la presencia de intensas protestas de diversos sectores de la ciudad. El mandatario apenas logró reunir a un centenar de personas en la puerta de su hotel antes de dirigirse directamente al aeropuerto.

“Habían llamado a movilizar en el centro de Ushuaia, en San Martín y Don Bosco, y hacer una caminata por el centro de Ushuaia, que es lo que habían hecho en campaña en 2023. No había casi nadie en el centro”, confió una fuente desde Ushuaia a Noticias Argentinas.

Cinco minutos de discurso y partida rumbo al aeropuerto

La situación obligó al Presidente a modificar su agenda. En lugar de la caminata planificada, Milei se limitó a un breve contacto con los pocos militantes que lo esperaban. “Milei salió del hotel, tenía unas 100 personas en la puerta del hotel, agarró un megáfono, dijo unas palabras, se subió un auto y se fue al aeropuerto. Todo duró cinco minutos”, detalló la misma fuente a este medio.

El rápido desenlace contrastó con las expectativas del oficialismo, que esperaba replicar el fervor de otras visitas presidenciales. Sin embargo, la movilización resultó escasa y la ciudad se mostró activa con diferentes focos de reclamo.

Protestas en varios puntos de la ciudad

Mientras la convocatoria oficialista languidecía, diversos sectores sociales y políticos de Ushuaia se movilizaron para expresar su descontento con las políticas del Gobierno nacional.

Hubo protestas en varios puntos clave de la capital fueguina, evidenciando un fuerte rechazo a la presencia del Presidente y a las medidas implementadas por su administración. Este escenario marcó una visita con más disrupciones que apoyo masivo para el mandatario.

Con información de la agencia NA

La vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial, vetó parcialmente la ley orgánica del Registro Civil que había sido aprobada por la Legislatura el pasado 8 de julio. El veto alcanzó específicamente a los artículos que creaban un Registro de Defunciones Fetales.

Según se detalla en el decreto, la decisión se tomó tras recibir observaciones técnicas y legales de la Secretaría de Justicia y Derecho Ciudadano, la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Subsecretaría de Género y Diversidad Zona Sur y la Coordinación de Capacitaciones Ley Micaela, Masculinidades y Crecer en Derechos, todas dependientes del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia.

Las áreas consultadas consideraron que los artículos 108 a 113, que proponían la creación del registro, resultaban “manifiestamente violatorios del marco jurídico vigente”. Entre los fundamentos, se indicó que la propuesta “soslaya la regulación de fondo sobre la existencia de la Persona humana la cual se encuentra supeditada al nacimiento con vida”, tal como establece la Ley Nacional N° 26.413.

El decreto advierte que registrar la defunción de quien no tuvo existencia legal según la normativa vigente implicaría una “palmaria contradicción”. También se cuestionó la posibilidad de inscribir vínculos filiales derivados de la pérdida gestacional o perinatal, al no poder reputarse válidamente como padres o progenitores.

Asimismo, el Ejecutivo provincial señaló que la medida colisionaba con el principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, ya que habilitaba la inscripción de terceros ascendientes sin garantizar los derechos de participación y decisión de adolescentes gestantes, “vulnerando su dignidad y autodeterminación”.

Otro de los puntos observados fue la falta de claridad respecto a los desacuerdos entre progenitores ante la inscripción facultativa, lo que “vería condicionada la situación de la gestante que decidiera acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en oposición al progenitor que pretenda realizar la inscripción, produciendo una forma de violencia contra esta última, además de suscitar inseguridad jurídica y posibles conflictos familiares”.

El texto también remarca la contradicción con la Ley Nacional N° 27.610, al crear una “abierta tensión con los derechos reconocidos a las gestantes para decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, con el fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.

Finalmente, el decreto destaca la necesidad de analizar cualquier iniciativa legislativa con perspectiva de género, “evitando reeditar pretéritos paradigmas que posicionen a las mujeres como sujetos tutelados, invisibilizando su capacidad de decisión y el derecho para ejercer autonomía sobre sus cuerpos”.

El veto parcial alcanza la Sección II “Registro de Defunciones Fetales”, artículos 108 a 113 del Capítulo V del proyecto de ley, y se ordenó su devolución a la Legislatura para los efectos previstos en los artículos 109 y 110 de la Constitución Provincial.

MM

Con el voto unánime de sus legisladores, Tierra del Fuego aprobó la “Ley Benicio”, una norma en homenaje a un niño fallecido durante el parto, en 2023, que permite inscribir con nombre y apellido a no nacidos sin importar su tiempo gestacional. Esto encendió las alarmas de distintas organizaciones feministas quienes consideran que la ley, además de tener varios grises, podría poner en peligro la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El proyecto fue impulsado por el legislador de Movimiento Popular Fueguino Pablo Villegas y establece con su sanción la creación de un “Registro de Defunciones Fetales” en el Registro Civil. Serán madres, padres y abuelos de los no nacidos los que podrán inscribirlos en los casos en que, por la razón que fuera, el embarazo no haya llegado a término y de él no haya habido nacimiento.

“Hoy Tierra del Fuego es mas justa. Logramos que a los niños que no tienen la dicha de nacer con vida, se le reconozca por ley, el derecho de ser identificados con el nombre y apellido con el que mamá y papá soñaron. Lo hicimos para que nunca mas los nombren como NN. El dolor de los papás de Benicio y su lucha, junto al personal de Neonatología del HRU se transformo en amor. Gracias a ellos y a los demas legisladores, lo hicimos realidad. Entre todos, conseguimos que el derecho - con un profundo sentido humanista - , triunfe sobre la ley”, explicó Villegas en redes sociales y ante las críticas negó que esto pueda tener un tono antiderecho.

“Parece que algunos se ven interpelados o molestos y por eso le piden al gobernador que vete la ley por la que reconocemos a los niños fallecidos en el vientre materno o al momento del parto, el derecho a ser identificados por sus padres con el nombre con el que soñaron y no como NN. Es dificil entenderlos. Más cuando traen argumentos relacionados al IVE o al ILE y/o se dicen defensores de los derechos de la mujer. Veo que no entendieron nada o que es peor, les molesta que hayamos intentado representar a una minoría silenciosa que viven un dolor al que muchos quieren invisibilizar”, disparó.

“El derecho que se reconoce tiene un claro sentido y contenido humanitario y que 'No hay ninguna contradicción con la ley nacional citada. Estamos ampliando derechos, no restringiéndolos'”, completó.

“”Es una ley general sobre el Registro Civil Provincial, y en ese boleo metieron esto como un apartado que regula y crea el Registro de Defunciones Fetales. Este registro, si bien parecería que se propone ofrecer herramientas para transitar los duelos perinatales, es decir la muerte en el marco de embarazos deseados, habla de de niños no nacidos. Además, el problema es que lo que señala uno de sus artículos es que no importa la edad gestacional de la pérdida“, explicó a elDiarioAR Betania Longhi, miembro de la Mesa del Parto Respetado.

“Esto nos alerta porque podría traer un escenario espantoso. Por ejemplo, que mientras una piba que decide interrumpir su embarazo a las 12 semanas como regula la ley de IVE haya otra persona que pueda ir al civil y hacer un registro con nombre y apellido”, profundizó.

Para Longhi “esto también resulta problemático porque sale del marco de funciones del registro para personas”. Y continuó: “El otro gran problema es que se habilita a que lo tramite otra persona que no sea la madre ni la persona gestante porque la regulación señala que es indistinto quien lo pida. Y acá, lo que nosotras señalamos es que esto viola directamente los derechos reproductivos y la centralidad de la persona gestante en los procesos de embarazos deseados. También señala que para personas que tienen tutela la decisión podría ser tomada por personas a cargo y ascendientes hasta primer grado”.

“En estos casos siempre hay que pensar en lo peor. En un caso terrorífico, por ejemplo, donde una piba decide abortar, el padre podría pedir que se registre con nombre y apellido como una pérdida. O, en una situación de una niña abusada podría su familia decidir hacer el registro”, ejemplificó Longhi.

Natalia de la Torre, docente de derecho de familia UBA/UNDAV, también advierte problemas graves: “El problema de la ley no es que se regule la manera de registrar las defunciones fetales sino que incluyan la posibilidad de asignar nombre a ese feto que no nació. Eso genera un problema serio de incoherencia normativa”, explicó.

Para ser más precisa, De la Torre apuntó que “el Código Civil y Comercial de la Nación que este año cumple 10 años de vigencia dice claramente: 1) Nacimiento con vida: Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió (art. 21), 2) Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden (art. 62). El nombre y apellido son atributo SOLO de las personas humanas, si no nace con vida no es persona humana, ergo no puede tener nombre y apellido, 3) Si bien el derecho a la IVE se reconoce hasta la semana 14 de gestación, no hay que olvidarse que la ILE (sistema de causales -violación y salud de la madre-) no tienen plazo de semanas”.

En este sentido, la especialista en derecho de familia sentenció: “Afirmar que los fetos tienen derecho al nombre y apellido es problemático, máxime si se consideran las resistencias de implementación que aun persisten respecto de la IVE y en particular, la ILE. Por eso cuando se discutió en el Congreso de la Nación la Ley de Procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal (Ley 27.733, año 2023) no se introdujo el derecho a poner un nombre a un feto no nacido”.

Según de la Torre, “la mejor manera de mostrar humanidad frente a la muerte perinatal es asegurar que el sistema de salud cumpla con los deberes que emenana de esa ley, entre otros, recordar que las mujeres y personas gestantes, frente a la muerte perinatal tienen una serie de derechos”.

Es por todo esto que distintas organizaciones feministas fueguinas le pidieron al gobernador Gustavo Melella que vete parcialmente la ley, que se saque el articulado que genera ruidos y que se planteé una normativa “acorde y específica con perspectiva de género y derechos humanos”.

Ahora será el Ejecutivo provincial el que deberá definir si promulga la norma tal como está, la veta parcialmente o la devuelve a la Legislatura para su revisión, en un debate público que seguirá abierto.

Cuáles son los derechos de las mujeres y otras personas gestantes frente a la situación de muerte perinatal

a) A recibir información suficiente y adecuada sobre las distintas intervenciones médicas y terapéuticas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas;

b) A un trato respetuoso, individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales;

c) A tomar contacto con el cuerpo sin vida, durante el tiempo que la madre demande en acuerdo con el equipo que la asiste, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un/a psicólogo/a;

d) A designar un/a acompañante en cualquier momento del proceso, y deberá ser respetada la decisión de no ser acompañadas;

e) A tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, si se las conociese, y a solicitar la realización de la autopsia y/o estudio anatomopatológico del cuerpo y/o asesoramiento genético en caso que lo requieran;

f) A ser internadas en un servicio que garantice un espacio individualizado y adecuado para la persona y su entorno familiar y/o afectivo;

g) A recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de esta;

h) A recibir tratamientos médicos y psicológicos postinternación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y al debido seguimiento de estos, contemplando el abordaje desde la especificidad de la salud mental perinatal;

i) A no ser sometidas a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.

MM/JJD

La Secretaría de Industria y Comercio reglamentó el régimen simplificado de importación para Tierra del Fuego para facilitar los pequeños envíos de productos desde la provincia hacia el resto del territorio continental nacional.

Lo hizo mediante la Resolución 286/2025 publicada este viernes en el Boletíon Oficial.

El régimen está diseñado para ventas directas desde el productor al consumidor final, eliminando la necesidad de intermediarios comerciales.

La medida define los bienes que están alcanzados por el Decreto 334/25, los cuales son bienes industriales originarios del Área Aduanera Especial de la provincia.

Las empresas productoras del subrégimen industrial podrán utilizar esta modalidad para comercializar sus productos directamente a los consumidores finales.

Se establecieron limitaciones específicas para las compras bajo este esquema:

• Compra máxima de hasta tres unidades por producto por año.

• Tope de US$ 3.000 por envío.

Uno de los aspectos a destacar es que esta modalidad de envío no tiene ningún tipo de costo fiscal asociado.

El propósito de esta reglamentación es simplificar y desburocratizar la forma en que los bienes fueguinos llegan al resto del país, con el objetivo de lograr una baja de precios en los productos para los consumidores.

Qué productos incluye

Qué dice el decreto 334/2025

ARTÍCULO 1°.- Créase un régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercaderías originarias, producidas al amparo del Régimen Industrial creado por la Ley N° 19.640, por las empresas que hubieren adherido a la prórroga dispuesta por el Decreto N° 727 del 22 de octubre de 2021 y sus modificatorios, destinado a personas humanas radicadas en el Territorio Nacional Continental definido como tal en los términos de la referida norma legal, únicamente para su uso y consumo particular, quedando prohibida su comercialización.

La utilización del presente régimen se sujetará a los requisitos que se especifican en este decreto y en la normativa complementaria que se dicte a sus efectos.

La SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 19.640, determinará las mercaderías que podrán comercializarse bajo este régimen de importación simplificada, las que deberán contar con la correspondiente acreditación de origen.

ARTÍCULO 2°.- Los envíos amparados por el presente régimen no podrán superar, por destinatario, las TRES (3) unidades de la misma especie por año calendario, con hasta un límite de valor FOB equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (USD 3000) por envío.

ARTÍCULO 3°.- Las empresas promovidas interesadas en comercializar sus productos al por menor, en los términos y condiciones del presente régimen, deberán habilitar, a estos efectos, un sistema de venta que permita el acceso a esa operatoria mediante la modalidad “online”.

ARTÍCULO 4°.- Las operaciones que se efectúen con arreglo al presente régimen cumplirán las condiciones y formalidades que a tal efecto disponga la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la que deberá establecer un procedimiento simplificado relativo a la documentación exigida por las normas impositivas y aduaneras.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA para:

a) Dictar las normas complementarias del presente régimen; y

b) Reducir o incrementar la cantidad de unidades y/o el valor fijados en el artículo 2° del presente decreto y determinar un número de operaciones anuales permitidas, debiendo considerarse al efecto indicadores relacionados con los productos en cuestión tales como cambios tecnológicos, el valor de los bienes en el mercado o las variaciones que demuestren la oferta y la demanda de dichos productos.

Con información de agencias.

IG

El paro general desarrollado hoy en la provincia austral movilizó a una multitud de trabajadores de fábrica, pero también de otros rubros públicos y privados. En una jornada gélida en el sur, los gremios lograron visibilizar el conflicto que mantienen con el Gobierno nacional, por la rebaja de aranceles a la importación de celulares. El gobernador Gustavo Melella convocó para mañana a una reunión entre sindicatos y empresarios para garantizar las fuentes de empleo.

Con seis grados bajo cero de sensación térmica y patinando sobre los restos congelados de la última nevada, miles de trabajadores de Tierra del Fuego se movilizaron este miércoles para visibilizar el descontento social y el temor a despidos generalizados que produjo la decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que impacta de lleno en la competitividad de la industria promocionada de la isla.

Los sindicatos nucleados en la CGT de Ushuaia y de Rio Grande, a la que se sumaron decenas de otros gremios públicos y privados, llevaron adelante durante toda la jornada un paro general de actividades que se sintió con fuerza e impactó en el movimiento general de la provincia.

Además de la paralización total de las plantas fabriles, en las que se mantiene vigente un paro por tiempo indeterminado desde hace una semana, la protesta se sintió también en la actividad pública. Las oficinas gubernamentales y municipales atendieron hoy con servicios restringidos, y lo mismo ocurrió en los hospitales y centros de salud. Incluso hubo adhesión de docentes en escuelas públicas y privadas, con lo que el dictado de clases tampoco se desarrolló con normalidad.

El transporte de colectivos se prestó con demoras y menor cantidad de unidades, mientras que en el comercio el acatamiento fue dispar, igual que en bancos y otras entidades financieras.

Los gremios se concentraron desde la mañana frente a las plantas de los dos principales fabricantes de electrónicos de Tierra del Fuego: Mirgor en Río Grande y NewSan en Ushuaia. Allí se montaron piquetes, carpas y tachos con fuego para guarecerse del intenso frío.

En la capital, los trabajadores marcharon desde inmediaciones del puente Victor Choque, cuyo nombre es el del obrero asesinado durante la represión de 1995 por otra protesta fabril, hasta el centro de la ciudad. Allí circundaron la costa del Canal Beagle y llegaron a la avenida San Martín para pasar por delante de la Casa de Gobierno. Por último, se dirigieron hasta la Plaza Cívica donde se llevó a cabo el acto central.

El secretario general de la UOM nacional, Abel Furlan, llamó allí a iniciar desde Tierra del Fuego “la resistencia a las políticas del presidente Javier Milei”.

En los discursos de otros gremialistas también hubo referencias a las declaraciones del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, acerca de que la provincia debería ser un “parque global de diversiones” en lugar de un polo tecnológico.

“Lo que aquí tenemos es mano de obra calificada y no queremos ser los payasos del mundo”, respondieron los sindicatos en un documento.

En Río Grande, además del discurso combativo del secretario general de la UOM, Oscar Martínez, el secretario General de la Unión Ferroviaria, Rubén 'Pollo' Sobrero, le reclamó a la CGT nacional convocar a un paro general en todo el país en defensa de la industria fueguinas.

El mito del ensamble

“No somos ensambladores. Acá fabricamos productos. Cuando fue la pandemia llegamos a hacer respiradores automáticos. No es como se dice en Buenos Aires”, aclaró Cintia, una trabajadora de Mirgor en Río Grande durante la protesta de hoy.

Lo que aquí se conoce como “el mito del ensamble”, por lo arraigado que se encuentra en otras provincias llamar de esa manera al modo de producción fueguino, constituyó uno de los puntos comunes en el reclamo de los operarios del rubro, durante las movilizaciones de esta jornada.

“Muchos nos dicen vagos. Es la gente que no sabe. Hace 43 años que vivo en la isla. Trabajo nueve horas parada. Armamos las radios para los autos, desde la placa original hasta el producto terminado. No es cierto que ensamblamos”, comentó otra operaria mientras caminaba por el asfalto resbaladizo y las veredas todavía cubiertas de nieve.

“La estamos pasando muy mal. Llegamos a la isla hace 40 años. Hicimos una familia gracias a este trabajo. Hoy nos quieren dejar de lado como si nada. Es muy doloroso y triste”, sostuvo Marcela, otra trabajadora de Mirgor.

“Por ahí hay gente que lo vive de lejos, pero hay que estar en Tierra del Fuego. Esto no es un parque de diversiones, acá luchamos día a día”, declaró angustiada.

Comunicado y convocatoria

En plena efervescencia del conflicto industrial en Tierra del Fuego, el grupo Mirgor, uno de los principales fabricantes de la isla, dio a conocer anoche un comunicado en el que sostiene que los puestos de trabajo relacionados con sus plantas no se encuentran en peligro a raíz de la medida nacional.

El escrito firmado por el CEO del grupo, José Luis Alonso, pidió “transmitir tranquilidad” a los empleados y detalló que “bajo el escenario actual, los puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares no están en riesgo ya que, intensificando esfuerzos, estaríamos en condiciones de continuar siendo competitivos aún con el nuevo arancel del 8%” (a la importación de celulares).

Incluso el comunicado manifestó que con “las medidas adicionales que están en evaluación”, se permitiría asegurar también los puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares “de cara a un escenario posterior a enero de 2026”, que es cuando los aranceles se reducirán al 0% según el decreto 333 del gobierno de Javier Milei.

“Es importante considerar que, con estas nuevas medidas, surge la posibilidad de vender desde Tierra del Fuego al consumidor final permitiéndonos llegar con precios competitivos, estimulando el consumo y, en consecuencia, la producción”, mientras que “los productos TV, aires acondicionados y autopartes no han recibido ningún tipo de modificación arancelaria que ponga en riesgo sus volúmenes de producción”, agregó el pronunciamiento de Mirgor.

La empresa recordó que produce en Tierra del Fuego desde 1983 y “lo continuará haciendo en busca de enaltecer su industria y continuar aportando al sostenimiento y apoyo de toda la sociedad fueguina”.

Desde los sindicatos se mostraron escépticos con el comunicado y pidieron aguardar un pronunciamiento corporativo del resto de las compañías.

Por su parte el gobernador Gustavo Melella realizó anoche una convocatoria a sindicatos y empresarios para mañana, con el objeto de “avanzar en la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja a nuestra industria”, señaló en su cuenta oficial de X.

“Defender el empleo fueguino es defender el arraigo, la soberanía y el modelo de desarrollo que nuestra provincia viene construyendo desde hace décadas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante medidas que ponen en riesgo la producción y la dignidad de nuestra gente”, completó el mandatario.

El encuentro multisectorial se realizaría en Buenos Aires y hasta el momento no hay información oficial ni sobre los asistentes ni acerca del compromiso que se podría llegar a rubricar.

GR/MG

El Gobierno ratificó la medida que rebajó ayer los aranceles para los productos electrónicos y que puso en pie de guerra a Tierra del Fuego, que este miércoles atraviesa una huelga general tanto en el sector privado como público. “La decisión queda tal cual se anunció”, firmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Por el decreto que se publicó ayer están en riesgo 8.000 puestos de trabajo directamente involucrados en la producción de celulares y otros productos bajo el régimen de excepción fueguino. La medida provocó el paro por 24 horas de hoy y un fuerte pronunciamiento de las autoridades provinciales.

Adorni salió con los pies hacia adelante sobre la postura oficial: “Es injusto que tu producto tenga que salir más caro para sostener una fuente de trabajo, en sectores donde muchas veces tienen riquezas naturales, como pasa en este caso, o explotar otra fuente de ingresos como puede ser el turismo”, señaló el vocero presidencial que ganó el domingo pasados las elecciones en CABA.

El paro es una adhesión a la protesta original del sindicato de metalúrgicos de la UOM con base en Ushuaia y Río Grande, los principales puntos donde están intaladas las fábricas de producción y ensamblaje de electrónicos. Al paro se plegaron este miércoles los sindicatos de Camioneros, Comercio, Peones de Taxis, ATE, Docentes, Judiciales, Bancarios, y parcialmente los choferes de colectivos, según reportaron medios locales.

Adorni evitó pronunciarse específicamente sobre el paro, pero dijo que “el diálogo no se corta nunca”. Luego ratificó: “La baja de impuestos es más recursos para la gente”.

La protesta se concreta un día después de que la Casa Rosada publicara el Decreto 333/25 que modificó los Derecho de Importación Extrazona para “teléfonos inteligentes, teléfonos celulares portátiles, excepto los que sean por satélite”: pasaron del 16% al 8%, pero a partir del 15 de enero del 2026 el gravamen quedará en 0%. También hay una reducción de los derechos para la importación de “Videoconsolas y máquinas de videojuego”, que pasan de tributar el 35 % a un 20%.

Según fuentes del sector, en el caso de los teléfonos celulares, la medida implica que para principio del año entrante los teléfonos celulares producidos, o ensamblados, en México, Brasil, China, India, Vietnam con ciertas ventajas fiscales y arancelarias, tendrán el mismo tratamiento arancelario que los producidos o ensamblados en Tierra del Fuego. La producción fueguina de celulares seguirá contando con un diferencial impositivo a su favor, ya que en el mismo decreto 333/25 se dispuso una reducción transitoria del 50% en la alícuota de impuestos internos que gravan la comercialización de celulares; equipo de aire acondicionado, compactos o de tipo Split, de hasta 6.000 frigorías; monitores y aparatos receptores de televisión. Para los importados, la alícuota pasa del 19% actual al 9,5%%, y para los fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19.640, siempre que acrediten origen en la mencionada Área Aduanera Especial, del 9,5% al 0%.

MC

La provincia de Tierra del Fuego está atravesada este miércoles por un paro general y movilización en rechazo a las medidas del gobierno nacional de rebajar aranceles que protegen la producción local de celulares. La huelga fueguina de 24 horas afecta tanto el sector público como del privado, apalancada por los principales sindicatos y organizaciones sociales.

El paro es una adhesión a la protesta original del sindicato de metalúrgicos de la UOM con base en Ushuaia y Río Grande, los principales puntos donde están intaladas las fábricas de producción y ensamblaje de electrónicos. Al paro se plegaron este miércoles los sindicatos de Camioneros, Comercio, Peones de Taxis, ATE, Docentes, Judiciales, Bancarios, y parcialmente los choferes de colectivos, según reportaron medios locales.

La medida de fuerza prevé cortes y concentraciones frente a supermercados y otras empresas, y tendrá epicentro al mediodía en las inmediaciones de la planta industrial Mirgor, de la cual es propietario Nicolás Caputo, familiar del ministro Luis Caputo y amigo íntimo de Mauricio Macri. Allí se leerá un documento conjunto.

Mirgor, de hecho, envió un comunicado a sus trabajadores en el que buscó trasmitir “tranquilidad” en relación a los puestos laborales, según medios locales. El CEO destaco que, las medidas tomadas “no afectarían los puestos de producción de celulares y que permiten seguir siendo competitivos”, consignó el diario Tiempo Fueguino. La semana pasada, el CEO de Newsan, Luis Galli, sí reconoció que la medida “afectaría a la gente”. Se estiman que habría unos 8.000 empleos en riesgo por la medida de Javier Milei.

“No vamos a dar el brazo a torcer. Tenemos que lograr que esto vuelva para atrás. Esto no es algo partidario”, calificó un trabajador al comienzo de la protesta consultado por el canal C5N. “Toda la provincia está afectada. Esto es una cadena, destruyen una provincia”, comentó una manifestante.

La protesta se concreta un día después de que la Casa Rosada publicara el Decreto 333/25 que modificó los Derecho de Importación Extrazona para “teléfonos inteligentes, teléfonos celulares portátiles, excepto los que sean por satélite”: pasaron del 16% al 8%, pero a partir del 15 de enero del 2026 el gravamen quedará en 0%. También hay una reducción de los derechos para la importación de “Videoconsolas y máquinas de videojuego”, que pasan de tributar el 35 % a un 20%.

Según fuentes del sector, en el caso de los teléfonos celulares, la medida implica que para principio del año entrante los teléfonos celulares producidos, o ensamblados, en México, Brasil, China, India, Vietnam con ciertas ventajas fiscales y arancelarias, tendrán el mismo tratamiento arancelario que los producidos o ensamblados en Tierra del Fuego. La producción fueguina de celulares seguirá contando con un diferencial impositivo a su favor, ya que en el mismo decreto 333/25 se dispuso una reducción transitoria del 50% en la alícuota de impuestos internos que gravan la comercialización de celulares; equipo de aire acondicionado, compactos o de tipo Split, de hasta 6.000 frigorías; monitores y aparatos receptores de televisión. Para los importados, la alícuota pasa del 19% actual al 9,5%%, y para los fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19.640, siempre que acrediten origen en la mencionada Área Aduanera Especial, del 9,5% al 0%.

MC

El Gobierno oficializó la reducción de aranceles de importación para teléfonos celulares y consolas de videojuegos, junto con la rebaja de los impuestos internos a productos electrónicos y a los fabricados en Tierra del Fuego, mediante la publicación este martes del Decreto 333/2025 en el Boletín Oficial.

La medida había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y se terminó de cristalizar este martes en la normativa que lleva la firma del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los aranceles de importación de los teléfonos celulares, que hasta ahora tributaban 16%, se reducirán a la mitad (8%) desde el miércoles 21 de mayo, cuando entre en vigencia el decreto que tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2038 y quedarán eliminados totalmente el 15 de enero de 2026. Además, las consolas de videojuegos pasarán de pagar un 35% al 20%.

En este aspecto, el Ejecutivo argumentó en el texto oficial que la decisión “mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Al mismo tiempo, se formalizó la reducción de los impuestos internos de 19% a 9,5% a los celulares, televisores y aires acondicionados importados, mientras que a los producidos en Tierra del Fuego se les bajará del 9,5% al 0%.

En este caso, la justificación oficial aludió a que lo dispuesto “redundará en la disminución de los costos de fabricación de las señaladas mercaderías, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local”.

Desde el Gobierno confían que “la medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia”, precisando que “se estima que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%”.

Al respecto, destacaron que “esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego”, detallando que actualmente los celulares de alta gama cuestan 2.566 dólares en Argentina, 1.290 dólares en España, en Chile 1.147, en el Reino Unido 1.143 y en Estados Unidos 1.011.

El gobernador fueguino lamentó la decisión del Gobierno

Tal como había dicho desde que se conoció la noticia la semana pasada de boca del portavoz presidencial, Manuel Adorni, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó de plano la medida que este martes el Gobierno oficializón por decreto y que elimina los impuestos internos de productos fabricados en tierra del Fuego y rebaja aranceles a importados.

“Con esta medida se ponen en riesgo más de 8 mil puestos de trabajo de forma directa y otros miles de manera indirecta. Esta situación realmente nos preocupa y nos ocupa”, comenzó el mandatario fueguino su posteo en X.

Melella también relató que desde su gobierno están “en contacto permanente con representantes de los trabajadores y de las industrias; y con todos los sectores que de una u otra manera se verán perjudicados”. Y agregó: “Nuestro compromiso sigue siendo el de contener a los trabajadores, porque sin lugar a dudas, esta decisión sin una visión clara del daño que ocasiona, genera inestabilidad en el sector y atenta nuestra Soberanía”.

“Es también el momento en que los industriales tendrán que hacer todo lo que tengan que hacer para preservar las fuentes laborales”, advirtió el gobernador.

Asimismo, Melella prometió “seguir gestionando en defensa de las y los trabajadores y acompañaremos todas las acciones para llevar previsibilidad a tantos hogares fueguinos que dependen de la industria fueguina”.

Crean un régimen simplificado para incentivar la compra de productos fabricados en Tierra del Fuego

El Gobierno creó un régimen simplificado para facilitar e incentivar la compra de productos fabricados en Tierra del Fuego por parte de consumidores finales que residan en el resto del país, mediante el Decreto 334/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La implementación del nuevo régimen permitirá facilitar la importación de mercaderías de menor cuantía, reduciendo el tiempo de los trámites aduaneros, contemplando que cada persona pueda adquirir hasta tres unidades de la misma especie por año, con un límite de valor FOB (el costo del producto al momento de despacharse) de US$3000 por envío.

El sistema estará disponible para personas humanas radicadas en el Territorio Nacional Continental, y será habilitado únicamente para su uso y consumo particular, quedando prohibida la comercialización de la mercadería adquirida.

En la normativa, quedó estipulado que las empresas interesadas en comercializar sus productos al por menor, bajo el nuevo régimen, deberán habilitar un sistema de venta que permita el acceso a esa operatoria mediante la modalidad “online”.

La Secretaría de Industria y Comercio quedó facultada a reducir o incrementar la cantidad de unidades y/o el valor fijados, así como determinar un número de operaciones anuales permitidas, “debiendo considerarse al efecto indicadores relacionados con los productos en cuestión tales como cambios tecnológicos, el valor de los bienes en el mercado o las variaciones que demuestren la oferta y la demanda de dichos productos”.

Al argumentar la medida, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que “el mecanismo actual para la compra y venta de bienes industriales originarios del Área Aduanera Especial en el Territorio Nacional Continental a consumidores finales resulta un trámite extremadamente burocrático y engorroso que dificulta y perjudica dicha actividad”.

Ante dicho diagnóstico, se consideró que “con el fin de incentivar el consumo de bienes industriales originarios del Área Aduanera Especial en el Territorio Nacional Continental, resulta oportuno propiciar un mecanismo que tienda a la simplificación y desburocratización de las operaciones de exportación hacia el Territorio Nacional Continental de mercaderías provenientes del Área Aduanera Especial destinadas a las personas humanas que revistan la condición de consumidores finales, que residan en ese territorio”.

Las operaciones realizadas bajo este régimen estarán sujetas a las condiciones que determine la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá implementar un procedimiento simplificado de documentación, en cumplimiento de las normas impositivas y aduaneras vigentes.

Con información de agencias.

IG

Incertidumbre, preocupación, miedo. Con estas sensaciones conviven por estos días los 8.500 trabajadores de la industria promocionada de Tierra del Fuego ante el anuncio del gobierno de Javier Milei de rebajar aranceles a la importación de teléfonos celulares, lo que pone en jaque la producción de la isla y alienta el fantasma de los despidos masivos. La decisión fue oficializada este martes a través del Decreto 333/2025.

Desde horas después del anuncio los empleados fabriles de las ciudades de Ushuaia y Río Grande realizan un paro por tiempo indeterminado y mantienen piquetes en las puertas de las plantas. También protagonizan actos y manifestaciones callejeras y, con el acompañamiento de los principales sindicatos públicos y privados, convocaron a un paro general de actividades para mañana.

“La incertidumbre es total. Si bien yo no tengo aquí ni familia ni hijos, comparto la preocupación del resto de los compañeros, sobre todo de los que son sostenes de hogares. Muchos están desesperados”, explica Evangelina Paricio, una operaria de 38 años de Río Grande, donde está radicada la mayor parte de las industrias electrónicas de la provincia.

Paricio es salteña. Llegó por primera vez a Tierra del Fuego en 1995 porque el marido de su madre era militar y lo trasladaron al sur. Después fue y volvió en dos ocasiones hasta que en 2012 entró a trabajar a la fábrica Brightstar Fueguina y se afincó definitivamente en la ciudad.

“Para mí fue un crecimiento personal. Aprendí sobre procesos productivos pero también pude estudiar y mejorar a nivel económico. Si alguna vez tengo que dejar este empleo me iría con las manos llenas gracias a lo que la fábrica me dio”, asegura Evangelina que ya se recibió de técnica en enfermería y está cerca de tener el título de relacionista laboral. 

Como la mayoría de los fueguinos que conoce del tema, la mujer no toma en serio las declaraciones de funcionarios acerca de que en Tierra del Fuego solo se ensamblan aparatos que llegan desarmados de China, o que solo se les pone la caja de telgopor.

“Eso es producto del desconocimiento de gente que nunca estuvo en una fábrica. Aquí se agrega valor. Hay procesos productivos, capacidad instalada, controles de calidad. Pasamos ocho horas todos los días trabajando en eso, levantándonos a las cuatro o cinco de la mañana”, relata Paricio, que justamente se desempeña en una línea de producción de celulares. “No quiero irme de acá. Siento que este es mi lugar. Nunca había pasado por algo igual”, agrega la operaria.

Familia metalúrgica

El caso de Pablo Barone es un ejemplo del vínculo que existe entre las industrias electrónicas y la población fueguina. Ya no trabaja en las fábricas, pero durante décadas tanto él como sus padres tuvieron a la industria como su forma de vida.

“Mi vida está marcada por la industria de Tierra del Fuego. Soy hijo de obreros metalúrgicos. Yo mismo fui operario. Las fábricas fueron para mí, pasado, presente y futuro. Influyeron en mi formación como persona y forjaron mi carácter”, cuenta en la introducción de Gigantes de Pie, un libro de fotografías donde retrató a máquinas y trabajadores de la ex Aurora Grundig, luego transformada en cooperativa.

“Después de tantos años de este vínculo, mi vida está teñida de industria. Ya no puedo ver una movilización sin ponerme nervioso. Ya nadie puede llevarme por delante sin que yo reaccione”, relata.

Los padres de Pablo llegaron a Ushuaia en 1992, luego de que el papá perdiera su empleo en Concordia, Entre Ríos, y le ofrecieran trabajo en Sanyo. “¿Saben lo que fue irnos de Entre Ríos? Tuvimos que regalar a mi perro, que me acompañaba desde que yo había nacido. Se lo llevaron en un carro, me acuerdo. Y eso fue todo lo que dejamos. No hubo mudanza porque casi no teníamos muebles. Unas camas, una mesa con sillas, un placard, y una tele chiquita que yo me traje a Ushuaia porque era donde miraba los dibujitos”, recuerda.

Al poco tiempo su madre empezó a trabajar en Aurora Grundig y la familia completa comenzó a depender de las fábricas. Durante los años posteriores atravesaron conflictos serios, como la famosa Semana Santa del 95`, en la que la policía reprimió a los metalúrgicos que protestaban por los despidos masivos durante el menemismo. En esa ocasión mataron a Víctor Choque, el primer muerto durante una protesta social desde el regreso de la democracia.

En 1998, Aurora Grundig quebró definitivamente y tras un arduo proceso de lucha se consiguió la expropiación de las plantas que fueron entregadas a la cooperativa Metalúrgica Renacer. Pero tanto la madre como el padre de Pablo perdieron sus empleos.

Fueron años difíciles, en los que no había para comer y muchas veces iban a buscar el descarte de productos vencidos en los supermercados.

Después la industria volvió a reactivarse a partir de 2003, y tras un paso por Córdoba para estudiar, Pablo regresó a la isla y comenzó a trabajar con su madre en Renacer, mientras su padre también había retornado a su puesto en la empresa.

“Ahora convivo con la sensación de que el tiempo no ha pasado. De que las discusiones sobre el futuro de la industria fueguina se reeditan, una y otra vez. El fantasma de la crisis, los cierres y la pérdida de empleo, sigue sobrevolando por los techos de las empresas. Ya no trabajo ahí pero ese pasado que me persigue forjó mi presente. La industria fueguina es parte de mi identidad”, reflexiona Barone.

GR/DTC

Se la veían venir. Javier Milei siempre fue un crítico del régimen promocional de la electrónica de Tierra del Fuego y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quiso darle muerte apenas empezó el Gobierno entre el mega DNU 70/23 y la ley Bases inicial, pero su par de Economía, Luis Caputo, por presión de su primo Nicolás Caputo, dueño de la fabricante Mirgor, retrasó cualquier reforma. Hasta ahora.

Esta semana en plena campaña electoral se anunció la inmediata liberación de importación de celulares y la futura de televisores y aires acondicionados para bajar los precios a los consumidores, a costa de poner en riesgo los empleos en la isla. Pero los dueños de las empresas fabricantes ya empezaron a diversificar sus negocios antes de la apertura.

Mirgor, que fabrica los celulares Samsung, había anunciado en diciembre pasado que construiría un hotel cinco estrellas en Ushuaia con la cadena española Meliá en una inversión de US$50 millones. Además, presentó en marzo un proyecto de terminal de cruceros en la capital fueguina. Antes tenía una idea de instalar un puerto en Río Grande, donde ensambla autopartes y electrónica, de modo tal de que allí lleguen los insumos y salgan los productos terminados, en lugar de que las piezas arriben a Buenos Aires, recorran en camión más de 3.000 kilómetros y después vuelvan por la misma vía hasta el punto donde hay más consumo.

La empresa de Nicky Caputo tiene además otras unidades de negocio, como agro, retail (comercio minorista), la gestión de las tiendas Samsung y las propias Diggit -con JBL como socio estratégico-. También cuenta con otra compañía de distribución y área de servicios y una llamada Global para el desarrollo de negocios en América latina, que ya le reporta uno de cada cuatro dólares de su facturación. Comercializa en Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Panamá y Ecuador, entre otros países. Pero no lo que fabrica en Tierra del Fuego: ese es uno de los problemas de la isla, sus elevados costos le impiden exportar.

¿Mirgor pasará a importar en la Argentina lo que deje de producir en el Sur? “Todavía estamos esperando mayores definiciones”, responden en la compañía, pues aún el Gobierno no publicó la medida que anunció el vocero candidato, Manuel Adorni.

El otro gigante

El otro gigante fueguino, Newsan, de Rubén Cherñajovsky, compró en julio pasado la filial argentina de la firma de productos de higiene y cuidado Procter & Gamble. La fabricante local de Motorola comenzó a producir y/o comercializar toallitas Always, pañales Pampers, afeitadoras Gillette, shampoos Pantene y Head & Shoulders, y ahora lanzarás productos como perfumes Old Spice, cepillos Oral-B o depiladoras Braun. Bajaron precios y mejoraron 60% el volumen de ventas pese a la caída del consumo.

La unidad de consumo de Newsan aún representa el 4,5% del negocio total, pero anhelan facturar con ella US$1.000 millones. Por ahora, el 55% de sus ventas son la electrónica; el 27%, bicicletas, motos y componentes, y 13,5%, pesca, maní y miel. Tampoco responden si importarán o no celulares y demás bienes que arman en Ushuaia, pero admiten que se afectará el empleo.

Cherñajovsyky y el CEO de Newsan, Luis Galli, también compraron a título personal en marzo pasado un tercio del nuevo grupo Edison Energía, que controlan la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza. Para ello se asociaron con la familia Neuss -amiga del asesor presidencial Santiago Caputo, sobrino de Luis y Nicolás, y dueña de la distribuidora rionegrina de luz Edersa, además de negocios inmobiliarios y agrícolas- e Inverlat Investments -la dueña de Havanna, integrada por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai-.

Tercer jugador

BGH, de las familias Teubal y Hojman, fabrica celulares Tecno Mobile en Río Grande, ciudad que no es turística como Ushuaia y que concentra a la mayoría de las plantas de electrónica. El grupo se diversificó hace mucho tiempo dentro del sector tecnológico, pero concentra el 80% de su facturación en el negocio original: en 2003 creó BGH Tech Partner, de transformación digital, y en 2018, en plena apertura del gobierno de Mauricio Macri, BGH Eco Smart, de eficiencia energética. El único negocio fuera de la tecnología es el proyecto de desarrollo de un hotel turistico en Ushuaia, pero que se realiza en el marco del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva de Tierra del Fuego (FAMP), que se creó en el gobierno anterior con fondos de la electrónica. Con este fondo también se financiará el hotel de Mirgor.

Antes de la apertura anunciada esta semana, BGH ya importaba su gama alta de celulares Tecno, televisores de 65 pulgadas y aires para climatización profesional. Por ahora, para el resto de los productos, seguirá la producción nacional. Pero es un “por ahora”. Ya este gobierno liberó antes la importación de microondas y BGH pasó de fabricante local a importador. Es lo que sucede en general en esta y otras industrias, como la textil: los empresarios industriales, ante la perspectiva liberalizadora de Milei, se preparan para devenir importadores. Mientras, los que serán despedidos y deberán buscar otro trabajo -y quizás mudarse- serán los trabajadores.

AR/Mc

La rebaja y posterior eliminación de aranceles para importar celulares a partir de enero de 2026 fue criticada durante las últimas horas por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien consideró que la medida “responde al acuerdo del FMI”, al tiempo que calificó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de “tremendo atorrante” y advirtió que desde el Ejecutivo fueguino van “a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”. Además, las fábricas provinciales iniciaron un paro por tiempo indeterminado contra la baja de los impuestos a la electrónica.

Melella dijo que “la determinación del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”. 

Tras conocerse el anuncio, ya que aún no fue expuesta la medida en el Boletín Oficial y no se conocen sus detalles, el gobernador criticó la decisión libertaria y señaló que la industria fueguina “es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”.

En declaraciones a radio Provincia de Ushuaia, el mandatario fueguino advirtió que desde su administración ya piensan en “judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado. Desde la provincia vamos a hacer todo lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para dar vuelta las decisiones y acciones del gobierno nacional”, prometió.

Para Melella, “estos son puestos de trabajos que se pierden y ya lo vivimos en la época de Macri, cuando se hizo de la misma manera con el famoso tema de las notebooks. No nos comamos el caramelito de que mira qué bueno, ahora vamos a tener no sé qué historia, vamos a tener que competir... No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo. Nos tratan como si fuéramos culpables de todos los males del país. No entienden que esta es una industria tecnológica calificada, con inversión y desarrollo”, reclamó.

Paro en las fábricas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Río Grande, inició desde el mediodía del miércoles un paro total de actividades por tiempo indeterminado, en respuesta al anuncio efectuado por el Gobierno nacional de eliminar aranceles para productos electrónicos importados, lo que representa “un duro golpe a la industria fueguina”.

Así lo resolvió Congreso de Delegadas y Delegados de la UOM de Río Grande, que además dispuso que el paro sea acompañado por una movilización al centro de la ciudad, en el norte de la isla de Tierra del Fuego, se informó en un comunicado.

Los trabajadores metalúrgicos de Río Grande expresaron así el rechazo del gremio a lo que consideran un “nuevo embate contra la industria nacional y los puestos de trabajo” y al mismo tiempo enfatizaron su decisión de “defender el derecho soberano a habitar Tierra del Fuego”.

La medida de fuerza continuará hasta lograr una solución “favorable y concreta” que permita la continuidad del régimen de promoción industrial y las fuentes de trabajo.

En su texto, la UOM riograndense rechazó y repudió los anuncios efectuados ayer por el vocero Presidencial, Manuel Adorni, acerca de la eliminación de aranceles, y consideraron “declaraciones provocadoras” las críticas realizadas por otros funcionarios del Gobierno nacional hacia la industria fueguina.

EL sindicato metalúrgico puso de manifiesto también su compromiso con la defensa de la Ley 26.539/09, que estableció hace 16 años aranceles sobre la importación de determinados productos tecnológicos, para impulsar la industria electrónica nacional, base de la actividad fabril de Río Grande.

“Estamos ante una responsabilidad histórica. No permitiremos que más de 45 años de desarrollo y lucha en Tierra del Fuego se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad”, expreso la UOM fueguina en su comunicado.

Asimismo, el gremio destaca que el objetivo de la medida de fuerza es “preservar los puestos de trabajo, sostener la producción nacional y continuar habitando la provincia con dignidad”, y exige una respuesta hacia la baja de aranceles del Gobierno fueguino, el sector empresario y el secretariado nacional de la UOM.

El comunicado completo de la UOM Río Grande:

“Habiendo analizado y debatido extensamente la situación generada por los anuncios del Gobierno Nacional y la clara afectación de condiciones sobre la Industria, Los Puestos de Trabajo y el Derecho Soberano a continuar habitando esta Provincia y Considerando una Responsabilidad Histórica de esta Organización Gremial, la defensa de cada Derecho Laboral, la Industria Nacional y nuestra decisión de habitar la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y contando con el apoyo y respaldo de La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, el Secretariado Nacional y la Solidaridad de todas las Seccionales del País, este Congreso de Delegadas y Delegados, resuelve:  

-Ratificar todo lo actuado por la Unión de Obreras y Obreros Metalúrgicos de Rio Grande, este Congreso de Delegadas y Delegados y nuestra Organización a nivel Nacional, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, en mantener, desarrollar e impulsar las condiciones existentes para la Producción Nacional en esta Provincia a través de la ley 26.539 votada el 5 de noviembre de 2009.

-Rechazar y repudiar los anuncios del Gobierno Nacional a través del Vocero Presidencial y todos y cada uno de los ataques provocativos de distintos funcionarios durante la jornada del día de ayer martes 13 de mayo a través de distintos medios y/o redes donde se descalifican nuestras tareas o logros laborales alcanzados con mucho esfuerzo, perseverancia y lucha durante más de 45 años de radicación en esta querida provincia.

-Reafirmar y ratificar nuestro claro Compromiso con la Historia; nuestra Responsabilidad con el Presente y nuestra lucha por el futuro de Trabajadoras y Trabajadores Metalúrgicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

-Paralizar las tareas Productivas a partir de la hora 12 del día 14 de mayo para dar inicio a un paro total de actividades por tiempo indeterminado hasta alcanzar una resolución favorable de mantenimiento de nuestra continuidad laboral derechos y condiciones existentes.

-Movilizar desde el Parque Industrial con las características y metodologías habituales trabajadoras y trabajadores metalúrgicos, para expresar a toda la comunidad de la Provincia nuestra firme decisión de luchar por los puestos de trabajo, la industria nacional y en defensa del derecho soberano, a continuar habitando la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur!.“

Respuesta del Gobierno

Horas después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo cruzó: “Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza. Fin”, escribió en su cuenta de X.

Fue el mismo portavoz y primer candidato a legislador porteño por LLA en las elecciones del próximo domingo quien anunció en conferencia de prensa que el Gobierno eliminará los aranceles de importación de celulares, que son actualmente del 16%, en dos tramos: primero se bajará al 8% y tendrá efecto inmediato a partir de la publicación del DNU. Luego, a partir del 15 de enero de 2026, pasarán a 0%. Adicionalmente, se bajarán impuestos internos de celulares, televisores y aires acondicionados importados, cuya carga impositiva pasará del 19% a 9,5%. Y para los producidos en Tierra del Fuego, bajarán los impuestos del 9,5% al 0%. “Hoy un celular en Argentina cuesta el doble que en Brasil y Estados Unidos”, se quejó Adorni.

El vocero estimó que “con el total de esta baja impositiva se estima que los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de 30% mínimo” y esto “va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos”. 

También se reducirán los aranceles para la importación de consolas como Playstation o Xbox del 35% al 20%.

Hay más de 20 plantas de industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego, que fabrican o ensamblan nueve de cada 10 celulares, televisores y acondicionadores de aires que se venden en Argentina.

Generan 8.500 empleos directos que es el 15% del empleo provincial. Se trata de un sector de mano de obra intensiva y de alta calificación.

Preocupación en Mirgor

Mirgor, que fabrica y ensambla celulares de Samsung en Tierra del Fuego, señaló: “Nos preocupa el impacto social y laboral que pudiera derivarse de las nuevas condiciones”. Afirmaron que están aguardando los detalles “para evaluar su impacto en el negocio”.

“No obstante, el Grupo ha mantenido siempre una constante actitud de competitividad y productividad en todos sus negocios. Desde hace 10 años, trabaja en su diversificación productiva y territorial a nivel nacional e internacional a fin de adaptarse a diferentes escenarios”, aclaró.

Por su parte, fuentes de la Asociación de Fabricantes de Electrónicos (AFARTE) dijeron a Noticias Argentinas que la reducción de los impuestos internos “va en la dirección correcta, porque se trata de una reducción del costo argentino que impacta sobre el valor final de los productos”.

No obstante, indicaron que la baja de aranceles “genera preocupación en el sector porque puede tener implicancias sobre la sostenibilidad de la actividad industrial en la Isla”.

“Seguiremos trabajando para mejorar la competitividad del sector para reducir costos con toda la cadena de valor. Estas medidas van a tener un impacto positivo sobre los precios, que van a tender a la baja”, señalaron desde AFARTE.

Con información de agencias.

IG

Después de que el Gobierno nacional anunciara este martes una reducción en los derechos de importación de productos electrónicos, como teléfonos celulares, consolas de videojuegos, televisores y aires acondicionados y la eliminación de gravámenes internos para los productos fabricados en Tierra del Fuego, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió al cruce de las críticas que generó en la provincia patagónica y defendió la medida propiciada desde la cartera de Economía que conduce Luis Caputo: “Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, dijo el funcionario en la red social X.

Además, destacó el potencial turístico de Tierra del Fuego como puerta a la Antártida y sostuvo que “debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas al año”. “¿Y que hacemos? Le degradamos el paisaje con galpones industriales. Es como si a los norteamericanos se les hubiera ocurrido hacer un parque industrial en Yosemite o Yellowstone”.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, lo cruzó en las redes sociales. Tierra del Fuego ya tiene un parque nacional que es la envidia del mundo, le informo sobre su nombre: Parque Nacional Lapataia“, comenzó. ”Pero, mal que le pese a los porteños, Tierra del Fuego NO es ni va a ser un parque de diversiones“, advirtió.

“Veo le gustan las comparaciones. Especialmente las falaces. Lugares en el mundo con gran belleza natural como el estado de Oregon también tienen industria y puertos repletos de containers. La mayor empresa deportiva del planeta está allí. ¿Por qué tenemos que elegir turismo o industria? ¿O industria o recursos naturales?”. 

El intendente aseguró que Tierra del Fuego apuesta a más turismo, más explotación de recursos naturales y también a más industria. “El arancel de 16% es una protección moderada a la industria, sino pregúntele al ídolo del presidente Milei, Donald Trump”. 

“Usted quiere que Tierra del Fuego sea parque de diversiones: La Libertad Avanza se divierte, mientras los fueguinos pierden el empleo”, sostuvo el intendente, antes de cerrar: Conozca Tierra del Fuego, después hable.

Después de que el Gobierno nacional anunciara este martes una reducción en los derechos de importación de productos electrónicos, como teléfonos celulares, consolas de videojuegos, televisores y aires acondicionados y la eliminación de gravámenes internos para los productos fabricados en Tierra del Fuego, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió al cruce de las críticas que generó en la provincia patagónica y defendió la medida propiciada desde la cartera de Economía que conduce Luis Caputo: “Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, dijo el funcionario en la red social X.

De acuerdo a Sturzenegger, “en algún momento habíamos hecho una estimación y la pérdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos”.

Horas antes, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, salió al cruce de la decisión de la gestión libertaria. “Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. Lo veníamos advirtiendo: esta medida responde al acuerdo con el FMI, en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia. La industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país”, detalló Melella.

En contrapartida, Sturzenegger comparó a Tierra del Fuego con Nueva Zelanda y apuntó al régimen de promoción industrial de la provincia patagónica: “¿Cuál es el efecto del régimen de protección sobre la isla? Yo pienso que es devastador. Tierra del Fuego podría ser Nueva Zelandia. En realidad mucho más que Nueva Zelandia porque es la puerta al destino turístico con mayor potencial del mundo que es la Antártida. Pero tiene de todo: mística, navegación, trekking, cruce de los andes, glaciares, gastronomía, esquí en contra temporada, incluso tiene energía a morir. Debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas al año. En pocos años debería converger a niveles de ingreso europeos. Y qué hacemos: le degradamos el paisaje con galpones industriales. No se le puede echar la culpa a los militares, porque cuando concibieron esto en los 70 era otro mundo. Pero 50 años después encuentro insólito que las autoridades de la isla no lo vean”, disparó el Ministro.

Además, el funcionario libertario respondió a Luis Galli, CEO de Newsan, uno de los grupos empresarios más importantes que hay en Tierra del Fuego, quien advirtió que con la baja de aranceles “es muy difícil que se pueda seguir fabricando celulares en Argentina. Va a tener consecuencias en la gente”, dijo, según consignó el diario Clarín. “Abrir la importación de bienes de capital usados va a llevar a nuestra industria de bienes de capital a ser de clase mundial en unos años. Pero si manteníamos la protección se hubieran quedado donde están”, contestó Sturzenegger al directivo del grupo de Rubén Cherñajovsky, que emplea en la provincia a 11.000 personas, de los cuales 1.000 trabajan en la producción de celulares.

“La motosierra permite bajar impuestos”

“Lo que hace posible la baja de impuestos es la motosierra”, destacó este martes Sturzenegger, al referirse a los anuncios sobre rebajas de aranceles para importar celulares y las disminuciones impositivas para televisores, aires y videojuegos, ante referentes del mundo de las finanzas que participaron del congreso del IAEF. Además, insistió en que el objetivo de este gobierno es tener un Estado más chico, más barato y con menos impuestos. 

“La discusión muy interesante es qué impuestos bajar. Depende del sector. Creo que debemos bajar los aranceles a la importación de bienes de capital”, dijo en el 42º Congreso Anual de IAEF.

El ministro aseguró que la motosierra “sigue a full. Hemos dispensado 45 mil personas del Estado, lo que nos ahorra 2.000 millones de dólares anuales”. 

“El presidente Milei tomó al toro por las astas. Con superávit fiscal y sin emisión de dinero no queda otra que una convergencia. No se puede crecer sostenidamente si no se es un país abierto”, dijo el funcionario.

Sturzenegger consideró que “creciendo al 4% en 15 años, la Argentina tendría un nivel de ingresos similar al de España”.

“Argentina tiene una rigidez laboral muy grande, ya que impone el mismo salario en todo el territorio. Un mercado laboral más flexible aumentaría en 15 puntos el nivel de empleo”, aseguró.

Dijo que “si uno tuviera negociaciones (salariales) regionales y no nacionales, podría incrementar la participación laboral en 15 puntos en las regiones que hoy están fuera del mercado laboral”.

Dijo que “antes de que terminen las facultades delegadas habrá importantes novedades. Faltan 56 días. Por primera vez hay respeto a los derechos de propiedad en Argentina”.

Además, Sturzenegger remarcó que Vaca Muerta le significará al país exportaciones por US$ 30 mil millones en los próximos 10 años. 

“Con este boom de transables hay que pensar muy bien las proyecciones sobre el tipo de cambio real. Hay un desafío extraordinario en generar instrumentos de ahorro”, dijo, y agregó: “El desafío es generar instrumentos en CER. Eso va a ser 'la papa', va a tener una demanda infinita”, cerró.

Con información de agencias.

IG

El anuncio del gobierno de Javier Milei de rebajar los aranceles para los productos electrónicos tanto importados como los que se producen en el país generó una tormenta de críticas en Tierra del Fuego, donde un régimen especial establecido por ley nacional ofrece beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que se instalan y operan en la provincia. Los cuestionamientos a la medida libertaria provocó que hicieran causa común el gobierno local y el sector empresario, en alerta por miles de puestos de trabajo en riesgo.

La administración del peronista Gustavo Melella cerró rápido filas contra Milei y advierten que la provincia podría perder competitividad. “No vamos a perder sólo puestos de trabajo de la industria. Esto va a afectar a la logística, al taxista o remisero que llevan trabajadores; a los comerciantes, porque los trabajadores se van a quedar sin sueldo y no van a gastarlo. Es realmente muy complejo, porque afecta a toda la cadena de producción y comercialización”, señaló el gobernador fueguino, una línea discursiva que transmitieron otros funcionarios de su gestión, así como intendentes locales.

Pero Melella apuntó directamente conta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Sturzenegger es un tremendo atorrante. Si un ministro dice eso, es un atorrante o un ignorante. Les pido a los de su partido que le expliquen que no somos eso ¿Tiene que haber una sola actividad productiva? No conocen la provincia”.

En declaraciones a FM Espectáculo de Ushuaia, el gobernador siguió: “Con esa ignorancia, más la malicia que tienen, perjudican a una población. Lo hacen con nosotros y con otras provincias, cuando abren indiscriminadamente las importaciones. Espero que los legisladores y diputados de La Libertad Avanza le manden el mapa y las actividades productivas a Sturzenegger”.

Este miércoles, el ministro de Desregulación salió al cruce de las críticas que generó en la provincia patagónica y defendió la medida propiciada desde la cartera de Economía que conduce Luis Caputo: “Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, dijo el funcionario en la red social X.

Según anunció ayer el vocero Manuel Adorni, se eliminarán por completo los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego: los gravámenes pasarán del 9,5% al 0%. Además habrá una rebaja de impuestos internos para los importados del 19% al 9,5%, además de que se reducirá el gravamen para la importación de productos -primero del 16% al 8%, y a partir de enero al 0%-. Aún el Gobierno no oficializó el decreto que anticipó el vocero presidencial, pero según trascendió sería en los próximos días.

“Con la baja de aranceles es muy difícil que se pueda seguir fabricando celulares en Argentina”, alertó Luis Galli, CEO de Newsan, uno de los grupos empresarios más importantes que hay en Tierra del Fuego. “Va a tener consecuencias en la gente”, advirtió, según consignó el diario Clarín.

Solo Newsan, grupo de Rubén Cherñajovsky, emplea en la provincia a 11.000 personas, de los cuales 1.000 trabajan en la producción de celulares. El sector también tiene como referencia a Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, familiar del ministro de Economía, Luis Caputo. Según apuntó Galli, el mercado de celulares de 2025 alcanza a alrededor de 8 millones de unidades, de los cuales unos 6 millones son de producción y otros 2 millones circulan por contrabando.

El Gobierno no habría anticipado la medida a las empresas, que directamente haría reducir el costo de los electrónicos para el consumidor final. “Reducir el costo argentino, por el lado de la baja de precios internos es favorable, la gente va a acceder a precios más competitivos. Respecto a baja de aranceles de celulares, hay que entender bien cómo se va a hacer, es muy difícil para una industria competir con celulares importados que no pagan derechos, que son 8% o 0%. Hay que ver si para nosotros va a tener sentido seguir fabricando celulares, detrás de eso hay consecuencias con la gente”, lanzó Galli.

El régimen promocional de Tierra del Fuego tiene un costo de unos U$S1.070 millones anuales, según estimaciones de la UBA y durante la discusión en el Congreso de ley Bases parte de la oposición querían incluirlo para fondear los recortes en otras partidas que finalmente hubo como educación y ciencia. El cambio del régimen que ya tiene 50 años generó que en las últimas horas se aceleren contactos entre el gobierno provinciales y las distintas cámaras empresariales del sector. Según Secretaría de Comercio, los precios de los productos electrónicos importados bajarían alrededor de un 30%.

“Quizás en términos económicos algún producto baje pero nosotros estamos hablando de la provincia más austral del mundo, de una industria electrónica y electromecánica que es la principal fuente de empleo, con un entramado y con un desarrollo en innovación y en tecnología y en alta calificación laboral que vamos a seguir acompañando y tratando de sostener desde el Gobierno Provincial”, resaltó la ministra de Producción y Ambiente provincial, Karina Fernández. En la provincia esperan a la publicación del decreto en el Boletín Oficial para armar una mesa de trabajo que gestione las conversaciones con la Casa Rosada.

MC