Una encomienda que había sido recibida meses atrás detonó este mediodía en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el barrio porteño de San Nicolás. Tres efectivos resultaron heridos, dos de ellos con quemaduras y trasladados al Hospital Argerich. La causa quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y fue caratulada como “estrago e intimidación pública”.

Tres personas resultaron heridas este jueves tras la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en Avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Nicolás. El estallido se produjo en el piso 11 del edificio y obligó a evacuar de manera preventiva a más de 300 personas.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 13.49, cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda que había sido recibida hace aproximadamente cuatro meses y que permanecía a resguardo en la dependencia. Al abrir uno de los paquetes -eran tres en total- se produjo la detonación.

Como consecuencia de la explosión, dos efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, sin riesgo de vida. Un tercer herido fue asistido con oxígeno y permanecía fuera de peligro, según detalló el comunicado del Ministerio de Seguridad. En el lugar trabajaron once móviles de emergencia.

Tras el llamado al 911 rápidamente se desplegó un operativo con personal del SAME, Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad y efectivos de la Policía Federal Argentina, incluidos especialistas en explosivos y miembros de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), considerada el equipo técnico más calificado del país en análisis y desactivación de artefactos complejos.

De manera preventiva, se evacuó la totalidad del edificio de Paseo Colón 533 -unas 120 personas- y otras 200 del edificio contiguo, en el número 525, mientras se realizaban las tareas de inspección piso por piso. Los efectivos también realizaron la detonación controlada de un segundo paquete sospechoso que, finalmente, no contenía explosivos en su interior.

Según trascendió, el destinatario de la encomienda sería el ex comandante mayor Diego Gasparutti, quien fue director de la Escuela Superior de Gendarmería entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado desde hace cuatro meses. Este mediodía habría ingresado al establecimiento para retirar el paquete que terminó explotando.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no brindó declaraciones a la prensa. Desde la cartera que conduce emitieron un comunicado en el que confirmaron que el estallido se produjo cuando personal de la fuerza manipuló la encomienda y remarcaron que los heridos se encuentran fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, encabezado por Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la secretaria Verónica Lara. Las actuaciones fueron delegadas en la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista.

El caso fue caratulado provisoriamente como “estrago e intimidación pública”, mientras se realizan las pericias para determinar el origen del artefacto, la composición del explosivo y las circunstancias en que la encomienda permaneció almacenada durante meses sin ser abierta.

En tanto, el operativo de seguridad continuaba esta tarde en la zona de Paseo Colón, con revisión integral del edificio y análisis de los restantes elementos recibidos por la institución. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que trabajan en conjunto con la Justicia y las fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

CRM

Tras un allanamiento ordenado por la jueza María Servini, se supo que la investigación interna de Gendarmería Nacional por el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, ocurrido el 12 de marzo frente al Congreso, fue cerrada apenas una semana después del hecho y sin sanciones disciplinarias.

El procedimiento judicial, realizado el pasado 19 de junio en el Edificio Centinela, sede de la fuerza, fue llevado a cabo por la División Balística de la Policía de la Ciudad. Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) —querellante en representación de la familia Grillo—, en el operativo se secuestraron el arma lanza gases utilizada por el cabo Guerrero, otra de características idénticas, diez cartuchos de gas lacrimógeno y documentación interna, entre ella el expediente identificado como “Información Administrativa 01/25”.

Según consta en los documentos incautados, Gendarmería Nacional había reabierto el expediente en abril, pero lo cerró nuevamente dos días después, dando por finalizada la investigación administrativa.

El 17 de marzo, cinco días después de la represión, el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, dispuso la apertura del sumario y designó al Comandante Mayor Adrián Barressi como oficial sumariante. Al día siguiente, Barressi elaboró el informe final en el que concluyó que no había reproche disciplinario alguno para el cabo Guerrero, el gendarme que disparó contra Grillo. Para ello, solo se tomaron declaraciones a personal de la fuerza, sin incluir a testigos civiles ni a la víctima.

El asesor jurídico de la fuerza, José Carlos Lodolo, respaldó esa misma jornada la versión oficial y el 19 de marzo, es decir, una semana después del hecho, se resolvió el cierre del sumario sin sanciones.

El expediente se reabrió brevemente el 25 de abril, tras nuevas instrucciones del Comandante de Región Ie. Entre las medidas solicitadas figuraban la ampliación de declaraciones, un relevamiento del personal actuante, detalles sobre el uso de granadas y disuasivos, partes médicos y una pericia técnica. Sin embargo, dos días después se firmó un nuevo dictamen jurídico que reiteraba la inexistencia de faltas disciplinarias. Finalmente, el 29 de abril, Porra Melconian cerró de forma definitiva la investigación.

Vestida de verde oliva, Patricia Bullrich se sentó en el Salón Malvinas de la Casa Rosada con la convicción de estar blindada. La ministra de Seguridad había convocado a la prensa para anunciar la ley antibarras, pero el verdadero mensaje estaba en otro lado. Originalmente, la conferencia estaba programada en la sede de Gelly y Obes de la cartera. Sin embargo, a último momento se decidió trasladarla a Balcarce 50. Aunque no estuvo Javier Milei a su lado, el gesto lo decía todo: el Presidente la sostiene, la defiende y, sobre todo, le da el centro de la escena.

Formalmente, Bullrich presentó el proyecto que endurece las penas contra las barras bravas, pero el foco inevitablemente se corrió hacia la represión del miércoles pasado y el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo que sigue en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

Después de exponer sobre la ley, la ministra enfrentó las preguntas de la prensa y redobló su defensa de las fuerzas de seguridad. “A la familia de Grillo, la total solidaridad”, arrancó, en lo que pareció un intento de suavizar el impacto del caso. Pero rápidamente endureció el tono: “Los análisis que hacen no son rigurosos. Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad”.

Cuando se le preguntó por la identificación del gendarme que disparó el cartucho contra Grillo, Bullrich fue tajante: “El disparo no fue directo a la cabeza. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería”. Y citó el reglamento: “En su página 407, señala el efectivo debe tirar de forma oblicua hacia el suelo. Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad. Rebota. No sabemos si una o dos veces”.

El gendarme en cuestión ya tiene nombre y apellido. Se trata del cabo primero Guerrero. Su identidad fue confirmada tras un análisis de imágenes y registros de la jornada de represión, que permitió cotejar su accionar con el impacto que dejó a Grillo en estado crítico. A pesar de que su responsabilidad está establecida, el Gobierno descarta cualquier tipo de sanción. “El gendarme cumplió con el reglamento”, insistió Bullrich. Y cerró con una frase que dejó expuesta la lógica oficial: “Que ahora queramos apuntar al gendarme y no a los miles que fueron a querer voltear al gobierno no es correcto”.

La identificación del tirador la dio a conocer este lunes en sus redes sociales la plataforma Mapa de la Policía, una red que le hace un seguimiento pormenorizado a la violencia policial, integrada por múltiples actores como el CELS, el colectivo editorial Crisis, la Correpi, el Movimiento Nuestra América y hasta la legisladora porteña de Unión por la Patria Victoria Freire, entre otros. El trabajo de cotejo de las imágenes de la represión del miércoles contó con la colaboración de peritos especializados como Willy Pregliasco y Martín Onetto.

Blindaje y guerra judicial

El respaldo del Presidente a Bullrich quedó expresado en los gestos. En el Gobierno repiten una frase que sintetiza su visión del conflicto: “Reprimir el delito no es una opción, es una obligación”. La sentencia, soltada en off por un funcionario libertario, resume la lógica oficial. La Casa Rosada no se plantea investigar lo sucedido ni hacer concesiones discursivas.

Por eso, mientras la conmoción por el caso Grillo sigue creciendo, Bullrich no solo se mantiene firme en su postura, sino que también abre otro frente de batalla. En paralelo a su defensa de la Gendarmería, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien había liberado a los más de 100 detenidos tras la represión. La acusó de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. “No fue un error, fue complicidad”, escribió la ministra en sus redes.

El oficialismo sostiene que la magistrada aplicó la “puerta giratoria” sin revisar antecedentes ni pruebas. En la presentación judicial, Seguridad denuncia que Andrade “basó su resolución en pura ideología” y que entre los detenidos había personas con antecedentes por robo, drogas y portación de armas.

Es que, para Bullrich, la manifestación del miércoles no fue legítima. “La llamada marcha fue un intento no de defender derechos, sino de alterar y destruir el orden público ganado en la Argentina en todo el 2024”, sentenció este lunes en la conferencia de prensa. Y de cara a la movilización convocada para este miércoles, la ministra fue contundente: “Vamos a garantizar el orden. Si hay violencia, habrá consecuencias”.

Peritaje cuestionado

Los peritos que analizaron el material audiovisual determinaron que el disparo del gendarme no rebotó en el suelo, como sugirió el Gobierno, sino que fue realizado en línea recta, una práctica prohibida. Pero Bullrich refutó esa versión. “Nosotros estamos haciendo los trabajos de manera rigurosa”, aseguró. Y acusó a la prensa y a los organismos de derechos humanos de “dar vuelta la verdad”.

Según su relato de Bullrich, la agresión no fue del Estado, sino de los manifestantes. “Las fuerzas de seguridad durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver lo que hacían los pseudo manifestantes, patoteros y violentos que están en la plaza”, afirmó. Y minimizó el derecho a la protesta: “Una marcha está amparada por los derechos constitucionales, pero no ir con la intención de generar una alteración al orden público”.

Hoy, en los pasillos de Balcarce 50, la gran incógnita es hasta dónde puede llegar el Gobierno con su política de orden público sin generar costos políticos irreversibles. Hasta ahora, la Casa Rosada se muestra inquebrantable: no habrá sumarios contra Gendarmería, se denunciará a jueces que no alineen sus fallos con la visión oficialista y se responderá a las próximas marchas con la misma receta que el miércoles pasado.

El blindaje a Bullrich es total, pero la política es volátil. La ministra supo sobrevivir a crisis anteriores, pero la presión social puede ser un factor impredecible. Por ahora, el Gobierno apuesta a que el impacto del caso Grillo se diluya. Pero las imágenes de la represión siguen circulando. Y en la terapia intensiva del Ramos Mejía, el fotógrafo sigue peleando por su vida.

PL

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, insisitó en las últimas horas con la justificación de la represión del pasado miércoles en la marcha de los jubilados y sostuvo su defensa al gendarme que disparó la granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo y que le generó las heridas por las que continúa en grave estado.

De acuerdo a la funcionaria, que este lunes denunció penalmente a la jueza Karina Andrade, quien en la madrugada del jueves liberó a los 114 detenidos por las fuerzas de seguirdad durante las manifestaciones, por “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, “todos los gendarmes tiran como tienen que tirar”.

Bullrich justificó el accionar del gendarme perteneciente a la Unidad Móvil 6 de la fuerza federal y desmintió todas las imágenes que muestran que el oficial disparó la granada de manera horizontal y que el proyectil no rebotó en ningún objeto de metal antes de impactar en la cabeza de Grillo. “Mienten porque no salió en horizontal. El gendarme tiró como tenía que tirar”, aseguró la ministra durante una entrevista a LN+.

Según la líder de la cartera de Seguridad, “los registros en video son total y absolutamente poco profesionales, porque la ciencia forense, la ciencia de mirar los hechos después de sucedidos, tiene una serie de parámetros. Yo hace tres días que estoy mirando todos los videos. Todos los gendarmes tiran como tienen que tirar”, sostuvo. Y agregó, mientras miraba una imagen en la que se muestra el momento en el que el fotógrafo recibe el disparo: “Ahí hay un tema, pusieron un arma mortal, ese hierro... rebota dos veces antes, y toca un hierro... Yo todavía no tengo, no sé si pegó la granada, que rebotó y tocó ese fierro, esa barricada, que es una barbaridad”.

De acuerdo a la versión de Bullrich, los gendarmes que estaban próximos a Grillo, “se estaban acercando para apagar ese fuego, que es un peligro total. En todos los medios de comunicación, acusaron a la Gendarmería, y es mentira. Otra vez lo mismo, ya pasó. Primero acusan y, en vez de mirar la gran película, que es la película de un grupo que fue a romper el orden, la Constitución, la democracia de nuestro país, miran si hubo o no un error de un gendarme, que no lo hubo. Los procedimientos fueron respetados”, insistió Bullrich.

“Lo que hicieron la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue defender a la ciudadanía para que podar seguir viviendo en paz, con tranquilidad, sin inflación, con un país ordenado, eso es lo que defendían”, remató la funcionaria.

Francos: “El uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado”

En el mismo sentido que Bullrich, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reafirmó la voluntad del presidente Javier Milei al sostener que “el uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado”, y en las vísperas de una nueva movilización alertó que los manifestantes “serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse”.

“Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados durante tiempo, planteando un reclamo que es absolutamente legítimo, no tenemos ningún problema”, sostuvo en declaraciones radiales, y continuó: “Pero si se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse”.

En la misma línea, y luego de que la represión policial dejara más de 20 heridos, uno de ellos, el fotoperiodista Pablo Grillo, afirmó: “El uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado. No hay una utilización fuera de lo que son los cánones normales de reprimir una manifestación violenta”.

“Hubo un incidente que se produjo por circunstancias muy particulares, no deseadas, pero fue la consecuencia de un evento que se generó en esas circunstancias”, sostuvo sobre el caso de Grillo, quien debió ser internado en el Hospital Ramos Mejía tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza, con pronóstico reservado.

Asimismo, aclaró que se trató de un episodio “no deseado”, y alertó que el suceso no impedirá que “en el futuro se sigan utilizando las fuerzas en particular”. “Además, está por verse de cómo fue el disparo”, planteó Francos. 

Además, pidió “interpretar con claridad” los dichos de Milei al determinar que “los buenos son los de azul y los malos los de la cara tapada”, para entender que “las fuerzas de la ley son las fuerzas de seguridad y si hay un hecho que está fuera de la ley será investigado por la justicia, como en cualquier estado de derecho”. 

Con información de agencias.

IG

Una década atrás, durante la noche del domingo 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en el baño del departamento que habitaba en Puerto Madero, uno de los barrios más vigilados de la Ciudad de Buenos Aires.

Nisman había citado a sus custodios para las 11 de la mañana, pero cuando llegaron nunca pudieron comunicarse. El fiscal de la causa AMIA no respondía sus llamados. Pasadas las 17 de aquel domingo, dos de sus custodios subieron al piso 13 de las torres Le Parc. En la puerta del departamento, encontraron un ejemplar del diario de ese día. Nisman no lo había tomado. Comenzaron a llamarlo, en vano. Decidieron ir por su madre, Sara Garfunkel, la única que tenía copia de las llaves.

Cuando regresaron, minutos después de las 20, intentaron ingresar al departamento pero tanto la puerta principal como la de servicio estaban trabadas desde adentro. Llamaron a un cerrajero, que llegó recién pasadas las 22.30. Lograron abrir la puerta. Encontraron un departamento limpio y ordenado. Los escritos de Nisman sobre su denuncia por Memorándum con Irán estaban sobre la mesa. La televisión estaba encendida.

En el baño, el cuerpo de Nisman yacía junto a la bañera, rodeado de un charco de sangre. El primer médico que llegó a la escena, poco después de las 23, confirmó la muerte del fiscal: “Se pegó un tiro”, afirmó. No había carta de despedida, no había signos de lucha. 

Desde entonces, distintos fueros del Poder Judicial ordenaron peritajes para determinar cómo murió Alberto Nisman. Los resultados de ambos informes son oficiales pero contradictorios.

El primer peritaje fue realizado en 2015 por una junta del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue ordenado por la fiscal Vivana Fein, del fuero penal ordinario, donde se investigan los crímenes comunes: homicidios, muertes dudosas, robos, violaciones, entre otros delitos. 

El segundo peritaje fue elaborado por una junta interdisciplinaria de la Gendarmería Nacional, dos años más tarde, en 2017. Fue realizado a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y ordenado por el juez federal Julián Ercolini, luego de que el expediente por la muerte del fiscal de la causa AMIA pasara al fuero federal por decisión de la Corte Suprema. 

Los resultados de la primera pericia inferían que Nisman se habría suicidado. Los resultados de la segunda, concluyó que lo asesinaron. Aquí un resumen de ambos peritajes.

La Junta Médica de la Corte

En abril de 2015, tres meses después de la muerte de Nisman, se conformó una junta médica integrada por 15 expertos de diversas áreas forenses. Incluyó a diez profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte; dos peritos de la Policía Federal; dos peritos de la querella -que representaban a la familia de Nisman- y uno de la defensa del único acusado en ese entonces, el técnico informático Diego Lagomarsino, el colaborador de Nisman que le llevó un arma durante la tarde del sábado, horas antes de que apareciera muerto. 

Durante los encuentros de la Junta Médica los peritos de la querella mantuvieron siempre posiciones encontradas con el resto de los expertos durante el análisis de las piezas documentales (filmación del lugar del hecho, fotografías y antecedentes de interés médico-legal). También, el informe de la autopsia.

A finales de mayo, la Junta Médica elevó su informe final. Fue firmado por todos sus integrantes, con excepción de los dos peritos de la querella. El documento tenía unas 200 páginas e incluyó las respuestas a un extenso cuestionario elevado por la fiscal Fein.

Los dos peritos de la querella siempre sostuvieron que a Nisman lo mataron. Los trece peritos restantes sostuvieron que, en base a las pruebas recolectadas, no podían descartar ninguna hipótesis y que no les correspondía hacer la calificación legal del hecho.

La Junta Médica afirmó que Nisman habría muerto entre la mañana y poco después del mediodía del domingo 18 de enero. 

Durante las deliberaciones de la prueba, ninguno de los integrantes de la Junta Médica, incluidos los dos peritos de la querella, advirtieron golpes en el cuerpo de Nisman. Establecieron que el cuerpo no había sido movido y no encontraron signos de lucha. 

No hallaron orificio de salida de la bala, que quedó alojada en el cráneo. Los peritos de la Policía Federal establecieron que las manchas de sangre en el baño y el cuerpo evidenciaban que Nisman se paró frente al espejo al momento del disparo. Hallaron restos de ansiolíticos en el organismo del fiscal.

Además, el Cuerpo de Investigadores Fiscales que analizó las manos de Nisman determinó que presentaban partículas incompletas de residuos de disparo. La querella sostuvo entonces que Nisman no pudo apretar el gatillo porque están incompletas.

La Junta Médica no pudo determinar la participación de terceras personas en la muerte de Nisman: no hallaron huellas ni rastros de ADN extraños.

La Gendarmería

En 2017, la Gendarmería, que dependía entonces del ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich durante el mandato de Mauricio Macri, dio un vuelco al caso Nisman. Cuando a pedido del fiscal Taiano quedó a cargo del peritaje final sobre la muerte del titular de la UFI-AMIA, la fuerza conformó una junta interdisciplinaria y construyó una réplica del baño del departamento que habitaba Nisman en Puerto Madero.

Los expertos de Gendarmería sostienen que Nisman murió a las 2.46 de la madrugada del domingo. Esta es una de las principales diferencias con el peritaje inicial de la causa: la data de muerte. 

Además, Gendarmería afirma que el tabique de Nisman estaba roto y que había una lesión en el hígado. Se trata de otra contradicción con el informe inicial, en el que ninguno de los 15 peritos advirtió una rotura de tabique ni golpes en el cuerpo.

Esta vez, a diferencia del primer peritaje, Gendarmería encontró restos de ketamina en baja concentración en las vísceras de Nisman. El juez Ercolini relativizó el hallazgo.

La principal diferencia, además, es que los gendarmes sostienen que existió la participación de terceros en la escena del hecho y que el fiscal fue reducido por dos personas. Uno de estos sujetos habría empuñado el arma mientras el segundo sostenía a Nisman.

Nunca fueron identificadas ni se aclaró cómo ingresaron al departamento -estaba cerrado desde adentro- o cómo escaparon del lugar. No hay registros de terceros en las cámaras de seguridad ni movimientos de personas sospechosas. También se contradice con la hipótesis inicial de los peritos de la familia Nisman que sostenían en un primer momento la participación de un único homicida. Actualmente, la querella avala la teoría de Gendarmería.

Los gendarmes cambiaron la hipótesis sobre la posición del cuerpo de Nisman al momento del disparo. En lugar de estar parado frente al espejo, afirmaron que el fiscal tenía una rodilla en el suelo y que estaba ubicado de costado al espejo. 

Tras los resultados del peritaje, el fiscal Taiano denunció que las conclusiones de las pericias iniciales podrían ser negativas frente a la hipótesis de un homicidio, ya que las huellas y rastros habrían sido levantados incorrectamente. Existe un expediente por esta denuncia a cargo del fiscal. Su colega Fein siempre negó las acusaciones. Diez años después, siguen las contradicciones entre los peritajes oficiales sobre la muerte de Nisman

ED/MC

Más de 50 personas resultaron heridas, entre integrantes de las fuerzas de seguridad y un grupo de cocaleros, quienes se enfrentaron en la zona norte de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia, y que derivó en la muerte del joven Fernando Martín Gómez, en la madrugada del jueves.

El episodio se produjo en el puesto 28, en la zona de Orán, donde efectivos de Gendarmería de esa localidad y Aguas Blancas, en el marco del Plan Güemes que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el pasado 9 de diciembre para controlar la frontera, combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el sicariato en esa región, protagonizaron una batalla campal con los 'bagayeros', quienes habitualmente cruzan por allí con distintos productos para comercializarlos en Salta.

Como consecuencia de la represión de Gendarmería y las pedradas de los manifestantes, Fernando Martín Gómez, de 27 años, falleció tras ser alcanzado por un disparo de los efectivos, mientras que 53 personas terminaron con heridas de diversa consideración. La ministra Bullrich celebró el operativo.

Gómez, padre de tres hijos y habitante de una precaria vivienda en el barrio Libertad, “no era una narcotraficante, vendía hojas de coca para mantener a la familia”, aseguraron sus allegados durante el sepelio, que se llevó a cabo este jueves.

“Fernando solo buscaba ganarse la vida, no merecía este final”, dijo una prima del joven, ante la prensa local. En tanto, Gabriela, concuñada de la víctima, pidió “justicia, porque ellos dicen que mataron a un narco y quiero que se acerque a ver la supuesta ministra”. En declaraciones al diario El Tribiuno, la joven aclaró: “No todo el mundo trabaja con esa maldita droga”. 

Por otra parte, y desde el entorno de los 'bagayeros', dejaron entrever que los incidentes habrían sido motorizados por un grupo de narcotraficantes para pasar sustancias prohibidas por la frontera, en medio del caos generalizado.

Qué dijo Bullrich

En redes sociales, Patricia Bullrich no hizo mención a la muerte de Gómez y ponderó el operativo llevado a cabo por los gendarmes.

“Bagayeros sí, narcos no”, tituló la funcionaria de Javier Milei su posteo en X. “En nuestras fronteras, estamos marcando una línea muy clara: a los trabajadores que viven de pasar mercadería, les damos un camino ordenado para que puedan seguir trabajando. Pero a los narcos, ni un centímetro. O se separan de ellos o no van a poder seguir adelante”, expresó.

De acuerdo al relato de Bullrich, “hoy, mientras los trabajadores de frontera pasan de manera organizada, hubo quienes intentaron meter 51 kilos de cocaína escondidos como si nada. A esos responsables los vamos a procesar, uno por uno, porque no vamos a permitir que quieran vender gato por liebre. Hay reglas claras: productos permitidos sí, droga no. Este Gobierno no negocia con los narcos, y menos aún con violencia como lo hicieron hoy”, concluyó.

Y en otro posteo, fue más allá, desligando a las fuerzas de seguridad de cualquier responsabilidad por la muerte de Gómez: “En Orán-Aguas Blancas, narcos violentos atacaron a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio. Quisieron cruzar cargamentos ilegales por pasos clandestinos y, al ser interceptados, respondieron. Pero quedó claro: no pasa ni un gramo más de droga por nuestras fronteras. Los gendarmes frenaron el ataque, controlaron la situación y aseguraron 22 bultos sospechosos. Es claro: el Plan Güemes les está cortando el negocio. Se les terminó”, sentenció la Ministra en la red social.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta: “Ni un paso atrás”

Los posteos de Bullrich recibieron el apoyo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien lejos de aclarar la muerte de Gómez, ponderó su cercanía con la funcionaría de Javier Milei: “Más unidos que nunca en la lucha contra el crimen organizado. Gobierno Nacional y Provincial trabajando de manera conjunta para combatir el narcotráfico, la delincuencia y la inseguridad. Ni un paso atrás. Cuidamos nuestra frontera. Avanza el plan Güemes”, escribió el mandatario provincial en X.

Myriam Bregman: “El gobierno de Milei ya tiene un muerto producto de la represión”

Por su parte, Myriam Bregman, militante y referente del PTS/Frente de Izquierda y exdiputada hasta junio pasado, escribió: “20 de diciembre y el gobierno de Milei ya tiene un muerto producto de la represión a la protesta social. Fernando Gómez fue asesinado por la Gendarmería comandada por Patricia Bullrich en Orán, Salta”.

En el mismo sentido, Nicolás del Caño pidió “justicia por Fernando Gómez”. De acuerdo al diputado por el Frente de Izquierda-Unidad, “en un humilde pueblo de Orán (Aguas Blancas), miles de pobladores se levantaron contra la represión de la gendarmería asesina de Bullrich y Milei que junto al gobernador de Salta militarizaron la zona con el Plan Güemes. No combaten a ningún narco, son asesinos de trabajadores”, concluyó, y publicó un video de las portestas frente al puesto 28 de Gendarmería en Salta.

Con información de agencias.

IG

En la segunda jornada de debate por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, se produjeron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan contra el megapaquete de reformas. Efectivos de la policía motorizada y Gendarmería avanzaron contra las personas que concentran en la Plaza de los Dos Congresos en rechazo de la iniciativa que podría votarse en esta madrugada.

Tal como sucedió ayer, las fuerzas de seguridad conformaron un cordón policial para contener la protesta y circunscribirla a la vereda, conforme a los establecido en el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A las 19.45, un grupo de policías motorizados de la Policía Federal comenzaron a despejar la Avenida Rivadavia, desde la altura de Callao hasta Rodriguez Peña, utilizando maniobras disuasivas sobre los manifestantes. Las mismas consistían en acelerar sobre ellos, mientras les rociaban gas pimienta. 

Una vez despejada la avenida, efectivos a pie de la misma fuerza comenzaron a disparar balas de gomas y rociar gas contra las organizaciones que se encontraban sobre la plazoleta, entre Rodriguez Peña y Solís, a unos cien metros del Congreso. “El operativo es un éxito”, evaluaron en el entorno de la ministra Bullrich ya avanzada la tarde.

Los disparos alertaron a los diputados que se encontraban dentro del Parlamento. Diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria pidieron suspender la sesión, pero la moción fue rechazada. Ante la negativa, decidieron abandonar el recinto para acompañar a los manifestantes en la calle e intentar apaciguar la situación.

“Nos enteramos que estaban reprimiendo. Cuando llegamos, los policías también se vinieron contra nosotros”, dijo a elDiarioAR la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria.

El fotoperiodista Rodrigo Ruiz se encontraba del otro lado de la avenida Rivadavia, sobre la calle Hipolito Yrigoyen. El miércoles Rodrigo también habia estado en el Congreso. Sus fotos reflejaron la represión y la rudeza con que las diferentes fuerzas de seguridad agredían a los militantes.

“La jornada transcurría sin inconvenientes”, contó Ruiz al elDiarioAR. “Mucha presencia policial, algo que ya estamos acostumbrados”. Ruiz quería acercarse a un grupo de jubilados que protestaban sobre la plaza Congreso. Fue cuando escuchó el rugido de las motos. “Empezaron a disparar a la gente que estaba sobre el cordón”, relata el fotoperiodista. Fue cuando sintió el ardor por debajo de su rodilla: tenía dos impactos de bala. “Me asusté porque la sangre no paraba”, detalló. No fue el único trabajador de prensa herido. Según información del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), fueron al menos 20.

Máximo Kirchner, Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Alejandro Vilca ─que ya fue agredido durante la primera jornada de movilización─ y Myriam Bregman son algunos de los legisladores opositores que abandonaron sus bancas en rechazo al “operativo represor”.

Mientras tanto, dentro del recinto el oficialismo hizo la propuesta de dictamen definitivo, con modificaciones de último momento para intentar alcanzar los votos necesarios para obtener media sanción en la madrugada.

Informe: Facundo Lo Duca

ACM/DTC

Mientras la Cámara de Diputados avanza con el debate de la ley ómnibus impulsada por Javier Milei, afuera del Congreso, la situación entre agrupaciones sociales y políticas de izquierda y efectivos de Gendarmería Nacional se tensiona por un corte en la Avenida Rivadavia.

Organizaciones piqueteras y de derechos humanos se movilizan desde esta mañana en la Plaza de los dos Congresos en reclamo por el megapaquete de reformas. La jornada se desarrolló de manera pacífica durante las primeras siete horas de debate, pero pasadas las 17 horas comenzaron los primeros incidentes con las fuerzas de seguridad.

Un grupo de manifestantes avanzó sobre la Avenida Rivadavia y algunos carriles de la Avenida Entre Ríos, obstaculizando la circulación vehicular, y las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes diseñado por la ministra Patricia Bullrich. La Policía Federal, junto a Gendarmería Nacional, conformaron un cordón policial para contener el avance de la movilización y lograr que la protesta vuelva a desarrollarse exclusivamente sobre la vereda.

Quienes participaron de la protesta denunciaron ante la prensa haber recibido “palazos” y “gases” por parte de las fuerzas de seguridad. “Nos gasearon, había periodistas de medios públicos e internacionales. Gasearon a todos y a los palazos. No hay estado de sitio en Argentina, no sé quien se lo dijo a Patricia Bullrich. Tenemos derecho a manifestarnos. Los delincuentes están adentro del Congreso”, reclamó Patricio del Corro, legislador porteño del Frente de Izquierda, que se moviliza junto a su compañera Celeste Fierro.

Además de estos dirigentes, participan de la protesta militantes del Polo Obrero (PO) y su líder Eduardo Belliboni, quien terminó caído en el piso y pareció perder el conocimiento unos minutos luego del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad federales. “La Policía no para de reprimir y golpear gente. Estando tirado en el piso me molieron a palos y a patadas”, explicó el dirigente social, quien además especificó que hay una persona detenida y varios heridos por el accionar de las fuerzas policiales.

En este marco, apuntó contra la ministra de Seguridad y aseguró que la movilización continuará pese al despliegue de las fuerzas federales. “Nos vamos a quedar acá y llamamos a la población a que venga. Tenemos ese derecho y no se lo vamos a regalar a Bullrich”, subrayó.

También están presentes en la Plaza de los dos Congresos el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el MTR Teresa Vive y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Las organizaciones sociales habían anunciado este lunes la medida de fuerza contra la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional por considerar que las reformas propuestas “son todas leyes contra el movimiento popular, contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras y contra las libertades democráticas”.

“Las organizaciones que integramos el movimiento piquetero independiente, sindicatos combativos y las asambleas barriales, junto a las organizaciones de artistas, nos vamos a movilizar al Congreso para rechazar el tratamiento de la llamada Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que intenta imponer (el presidente Javier) Milei”, había confirmado Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

Si bien, cerca de las 18 horas, se logró liberar un carril de la Avenida Rivadavia, los conflictos entre los efectivos policiales y las organizaciones sociales continúa. Ahora, además de la Policía Federal y Gendarmería, arribó al lugar Prefectura Naval Argentina. El despliegue de sus fuerzas incrementó el clima de tensión entre los manifestantes y los efectivos de seguridad.

Diputados de Izquierda cuestionaron el protocolo antipiquetes

Cuando comenzaron los incidentes, la diputada del FIT y excandidata presidencial Myriam Bregman decidió salir del recinto y cuestionó a la ministra de Seguridad ante la prensa que cubría la movilización. “Patricia Bullrich está montando un show para justificar la ley. Lo quieren tapar con esto”, expresó en la protesta y agregó: “Es lamentable que tantos sectores se presten a este mamarracho de Bullrich, provocar y provocar. Montó una provocación afuera”.

Para la legisladora nacional, excandidata presidencial de Juntos por el Cambio “quiere ver palos, sangre y represión”, mientras que el Gobierno “quiere romperle la cabeza y el bolsillo a la gente”.

“¿Esto es ser dialoguista? Esto es ser cómplice. Una manifestación tranquila, miren en lo que la han convertido. Tenían la confirmación de que iba a venir mucha más gente”, indicó Bregman.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el diputado Nicolás del Caño también denunció la aplicación del protocolo antipiquetes en la protesta. “Hacemos responsable a la represora Patricia Bullrich por la provocación de gendarmería que golpea a los manifestantes que están frente al Congreso expresando su rechazo a la Ley ómnibus y al plan motosierra contra el pueblo”, publicó.

Vía redes sociales también exigió justicia por el legislador nacional y dirigente del PTS/FIT Alejandro Vilca, quien fue agredido por la Policía. “Mi compañero diputado @vilcalejandro gaseado por las fuerzas federales al mando de la represora Patricia Bullrich. No van a quedar impunes los que reprimen al pueblo. Basta de represión”, demandó.

El dirigente social Juan Grabois también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante la marcha y convocó a sus militantes a congregarse en la city porteña en repudio al operativo de seguridad. “Frente al amedrentamiento desmesurado a ciudadanos pacíficamente movilizados y el avasallamiento obsceno de la Constitución convocamos desde Argentina humana a ejercer la resistencia no violenta. Que quede claro: no tenemos miedo. Nos convocamos a las 21hs en Hipólito Yrigoyen y Solís”, publicó en redes sociales.

ACM con información de agencias.

La Libertad Avanza envió ayer, miércoles, un escrito a la jueza María Servini de Cubría en el que detallan un “paso a paso” en el que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales, y a cambio de dinero. Ahora, el fiscal con competencia electoral Ramiro González, citó a la jefa de campaña de Milei, su hermana Karina, y a Santiago Viola, apoderado del partido, para que expliquen a fondo las irregularidades y aporten documentación.

Es la segunda vez que Viola entra en la fiscalía de González, el fiscal que investiga de oficio la presunta venta de candidaturas en LLA y las denuncias mediáticas que realizó el candidato libertario unos días antes de las Generales. El 20 de octubre, la primera vez que declaró, Viola se comprometió a añadir a la causa por supuesto fraude electoral distintos “materiales” para que la fiscalía pudiera avanzar en la investigación. elDiarioAR pudo saber que LLA aportó documentación pero, a criterio del fiscal, se trata de “papeles sin mucha relevancia”.

“En las PASO circularon varios videos y fotos en redes sociales que me comprometo a hacer llegar a la fiscalía en los cuales se ven boletas rotas, tiradas. Más allá de eso tomamos conocimiento de distintas denuncias en las cuales se manifestaba que no había boletas de la alianza La Libertad Avanza y que ante el reclamo de los votantes se les indicaba que no había o que debían votar a otra fuerza”, dijo Viola en su declaración testimonial a la que elDiarioAR accedió.

LLA no puso en duda el resultado obtenido en las Generales, que catapultaron al partido al balotaje, pero sí plantó dudas sobre la eficiencia del sistema electoral, tanto en el recuento de votos como en el traslado de las urnas. De acuerdo al documento LLA asegura que una vez cerradas las mesas de votación, a las 18, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”. Afirman que actuarían en complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas. En el documento hablan de “una contraprestación de parte de los instigadores a quienes realicen esas prácticas”.

Es preciso aclarar que las actas no van dentro de la urna sino en un bolsín que el Correo Argentino sella delante del presidente de mesa. En ese bolsín va el padrón, el acta de escrutinio, los votos recurridos e impugnados y las actas complementarias. El precinto es inviolable. Por otro lado, en la urna va un certificado del escrutinio que lleva la firma de las autoridades de mesa, además de los sobres y boletas con votos válidos. Esa urna se cierra con una faja que cubre la ranura. La Gendarmería solo custodia, pero no toca los bolsines ni la urna. Además, el suplente asignado a la mesa tiene una copia del acta original, con lo cual el acta tiene con qué chequearse.

Según LLA, estas irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la Provincia de Buenos Aires, en Chaco, Tucumán (“las provincias más beneficiadas por el planes sociales”, consignan, de paso, en el documento), Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”. El partido liderado por Javier Milei pide a la Justicia Electoral que refuerce los controles y que autoricen la presencia de sus fiscales durante el proceso.

VDM/MG

La familia de Santiago Maldonado apeló este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones la sentencia del juez federal Gustavo Lleral, quien sobreseyó el pasado 11 de agosto a todos los gendarmes investigados en la causa por la desaparición y muerte del artesano en el 2017.

“Como hace seis años, seguimos presentando todos los recursos para impedir la impunidad. Hoy apelamos la sentencia que nuevamente pretende cerrar la causa, con el mismo juez y las mismas dudas que en 2018”, escribió Maldonado a través de Twitter, donde adjuntó el documento de la apelación.

Asimismo, el hermano del joven aseguró que seguirán exigiendo “un juez imparcial, una investigación exhaustiva, convocar a los imputados, la reconstrucción de los hechos y conocer a los testigos citados a escondidas nuestras”.

La familia Maldonado expresó que Lleral mantuvo “incólume su decisión” del 29 de noviembre de 2018, cuando cerró la causa al afirmar que “Santiago se había ahogado solo”.

El fallo del 11 de agosto favoreció al gendarme Emmanuel Echazú, acusado por la supuesta desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, señalados por haber cometido delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Lleral aseguró que a aquellos que participaron del operativo de desalojo “ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal”.

En la resolución con la que dispuso los sobreseimientos, Lleral decidió “dejar sin efecto la reconstrucción virtual y la pericia tecnológica oportunamente dispuestas a través del decreto de fecha 28 de octubre de 2022”.

Sergio Maldonado denunció en Twitter: “No cumplió ninguna de las medidas ordenadas. Insiste en su 'verdad' construida a partir de elementos probatorios que solo él conoce, por ejemplo a Lucas Naiman Pilquiman. Sin este testimonio esa 'verdad' queda totalmente vacía ¿Por qué no se lo convocó a una audiencia?”.

Además, el hermano del artesano se preguntó: “¿Por qué se impide que Sergio Maldonado conozca a quien, según Lleral, fue la última persona que vio con vida a su hermano? ¿Cuál es el perjuicio de citarlo para que las partes lo conozcamos y lo escuchemos? No ha sido evitar dispendio jurisdiccional ni dilaciones procesales”.

Maldonado hizo hincapié en que, luego de cinco años, se dictó “la misma sentencia, con el mismo juez y las mismas pruebas. Misma impunidad”. “La apelación no significa desistir del trámite ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el Caso 14.896, Santiago Andrés Maldonado. Solo da cuenta de nuestra inagotable búsqueda de verdad y justicia”, finalizó.

LC

El juez federal de Rawson Gustavo Lleral sobreseyó a cuatro gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte del artesano bonaerense Santiago Maldonado, ocurrida en agosto de 2017 en la provincia de Chubut. 

Maldonado murió luego de una protesta en en el paraje Pu Los de Cushamen, y se investiga si la misma fue motivada por la participación de la Gendarmería Nacional. 

Los sobreseimientos recayeron sobre el gendarme Emmanuel Echazu, investigado por desaparición forzada de persona; también sobre Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, estos tres últimos acusados por los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público.

Lleral afirmó que a los gendarmes investigados y todos sus compañeros que participaron del operativo de desalojo “ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal”.

Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017, y su cuerpo apareció recién el 17 de octubre de ese año. La sospecha recayó sobre el accionar de Gendarmería, ya que el día de la desaparición se llevó a cabo un operativo en dicho paraje en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.

Los gendarmes ya habían sido sobreseídos años atrás, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa medida y ordenó seguir investigando ante la sospecha que Maldonado pudiese haber sido abandonado por los efectivos en el Río Chubut, donde finalmente su cuerpo fue encontrado.

El magistrado evaluó que la Gendarmería no detuvo en ese operativo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona, ni tampoco que haya sido llevado a algún lugar por la fuerza de seguridad.

“Que la copiosa y vehemente prueba analizada en los pasajes precedentes, descartan de plano cualquier especulación o conjetura tendientes a sostener que el cuerpo de la víctima fue artificialmente colocado en donde fue hallado, para así ocultar algún escenario secundario”, sostuvo el juez Lleral.

Maldonado “murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, consideró.

Lleral luego detalló que “la desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo”. “Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”, afirmó.

En el siguiente párrafo, dio por probado que “allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”.

Además, el juez afirmó que “sólo, tal como se hundió, sin que tampoco en ese momento persona alguna lo advirtiera, emergió en el mismo lugar, en el remanso del río donde se había escondido y se había producido su sumersión”. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, argumentó para luego asegurar que “la verdad es esa”.

Por lo tanto, “debo tener por probado que Santiago Andrés Maldonado falleció en el Río Chubut, a la altura del predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la hondonada de aproximadamente más de 2 (dos) metros de profundidad en la que se sumergió el 1 de agosto de 2017; y que su cuerpo sin vida permaneció ininterrumpidamente allí hasta que fue hallado el 17 de octubre de 2017, primero sumergido en el fondo del lecho y, pocos días antes de su rescate, flotando en la superficie de ese curso de agua”, concluyó el juez en un fallo de 361 páginas.

“Teniendo siempre en cuenta la totalidad de los hechos que componen el objeto de esta causa y de sus acumuladas, puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los sucesos y ninguna de las acciones humanas analizados son susceptibles de ser considerados delitos, de los tipificados por nuestra ley penal”, agregó Lleral.

En esa línea, el magistrado afirmó que “ninguna de las conductas desplegadas por los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina, que actuaron en el procedimiento, como ha quedado establecido a lo largo de este decisorio, puede ser considerada delito pues, como ya se vio, la actuación funcional de los uniformados fue ordenada judicialmente y siempre ajustada a la ley. Y ninguno de los funcionarios ejecutores de tales actos, incumplió, inobservó ni abusó de los deberes que tenían a su cargo en razón de su calidad funcional”.

En la misma resolución donde dispuso los sobreseimientos, Lleral decidió “dejar sin efecto la reconstrucción virtual y la pericia tecnológica oportunamente dispuestas a través del decreto de fecha 28 de octubre de 2022”.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo”, consideró Lleral.

“Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”, concluyó.

LC con información de agencias

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desestimó este miércoles la posibilidad de enviar fuerzas especiales federales a la provincia de Jujuy donde se vive una tensa situación debido a las manifestaciones por la reforma de la Constitución jujeña y dijo que “no corresponde que lo haga”.

“Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa, sin un armado de un consejo y las particularidades de la ley 24.059, pero no tengo ninguna orden”, precisó en la puerta del Ministerio de Seguridad, a la vez que indicó: “Si hay alguien que tiene vocación de hacerlo, lo tiene que decir, que es el magistrado o, en todo caso, el fiscal”.

“El conflicto está sucediendo en Jujuy y está actuando la Policía local. ¿Por qué tienen que actuar las fuerzas federales?”, se preguntó.

El funcionario del Gabinete que responde a Alberto Fernández repudió la violencia en las calles y cargó además contra el gobernador Gerardo Morales al que acusó de mentir. También cuestionó las modificaciones de la Constitución provincial y criticó los argumentos expuestos por el gobernador que indican que el Gobierno Nacional envió infiltrados a la movilización.

“Lo que dice el gobernador es mentira. Miente”, aseveró y agregó: “Modificaron su Constitución, hay quejas porque se hizo a una velocidad llamativa. Den las explicaciones a su pueblo. ¿Qué tengo que estar hablando yo?”.

Para Aníbal Fernández, Morales “no puede probar lo que dice porque no es verdad” y afirmó que “el problema que está teniendo es que a nadie se le ocurriría inventar la sanción de una Constitución amañada a escondidas”. 

“Cuando uno ve que estos gobernantes que se creen que se resuelven las cosas de guapo, llevándose al pueblo por delante, deteniendo gente enferma, turistas, a cualquiera que estuviera adelante...”, manifestó, y sumó: “Se llevaron por delante al pueblo. Cuando tenés el pueblo en la calle, algo mal está pasando”.

Por último, el ministro de Seguridad criticó a los legisladores peronistas que votaron en favor de la reforma y cuestionó a Juntos por el Cambio por respaldar al mandatario provincial.

“Lo que más bronca da es que encima su propio partido sale a apoyarlo como si fuera el llanero solitario. Es un despropósito”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional dispuso la creación del “Comando Unificado Conurbano” (CUC) para brindar de una manera más “eficiente” las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires.

Así lo estableció mediante la resolución 186, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El CUC estará integrado por por 5 comandos conformados de la siguiente manera: “Comando N° 1 - Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz; Comando N° 2 - Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas; y Comando N° 3 - Suroeste, con funciones en La Matanza”.

En tanto, los comandos 4 y 5 corresponderán al “Sur” (Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza) y “La Plata” (La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas), respectivamente.

“Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad, y en razón de cuestiones estratégico-operacionales, puedan incorporarse nuevos distritos en la zona de incumbencia de cada uno de los comandos”, se aclaró en el texto oficial.

El artículo 2 de la resolución estableció que la coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, mientras la coordinación operacional quedará a cargo del directo nacional de la Gendarmería “y/o del Comandante que esa dirección designe a tal efecto”, se dispuso en el artículo 3.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal “determinará qué fuerza policial y de seguridad federal tomará a cargo cada uno de los comandos en particular, de conformidad con los relevamientos estratégicos y operativos a los que arribe conjuntamente con los directores generales de operaciones de cada una de esas instituciones y del coordinador operacional”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo indicó que “las fuerzas policiales y de seguridad federales actúan en el conurbano bonaerense ejecutando distintas operaciones y medidas en cumplimiento de los requerimientos jurisdiccionales que ordenan su labor como auxiliares del servicio de administración de justicia”.

“Actualmente -se expresó el texto- las fuerzas policiales y de seguridad federales, conjuntamente con las fuerzas provinciales y locales intercambian información y, a partir de tales intercambios, se confecciona el llamado 'mapa de calor' en el que se consignan las zonas con mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.

Así, “cada uno de los comandos, en tanto integrante de una coordinación estratégica, permitirá ejercitar más eficientemente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un servicio de más y mejor seguridad para las ciudadanas y ciudadanos”.

Con información de Télam.

IG

Los investigadores del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner probarán un último recurso tecnológico para intentar recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó una pistola cargada y gatilló a centímetros de la cara de la expresidenta el 1° de septiembre último. La técnica que aplicarán es riesgosa pero es la única alternativa para intentar esclarecer el punto más opaco de la causa, explicaron a elDiarioAR fuentes con acceso directo al expediente. 

El teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado de entre las posesiones que el hombre llevaba consigo la noche del atentado. Al comienzo de la madrugada del sábado 3 de septiembre, 19 minutos y 26 segundos después de la medianoche, el Samsung Galaxy A50 quedó restablecido a sus valores de fábrica, es decir, volvió a cero y se perdió el contenido (chats, mensajes, agenda, anotaciones, fotos, videos, archivos) producido por Sabag Montiel. 

Los datos surgen del informe de pericia realizado por la Gendarmería a pedido del fiscal Carlos Rívolo y ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti para establecer qué sucedió con el teléfono y por qué se perdió una prueba central para la investigación. La magistrada denunció a los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que intervinieron en la manipulación del celular en pos de realizar la extracción del contenido.

Gendarmería estableció que el reseteo del teléfono fue debido a una “errónea manipulación del dispositivo”, producto de una supuesta cadena de errores que habría comenzado durante la primera pericia (realizada por PFA), la aplicación de dos softwares que no eran acordes al teléfono, el hecho de que el perito de la Federal no envió un protocolo a los peritos de la PSA sobre qué pruebas y softwares había aplicado en los tres intentos frustrados para abrir el dispositivo y el intento final de los técnicos de la PSA que terminó por restablecer el teléfono a los valores de fábrica.

La PSA realizó otras pericias para recuperar parte del contenido del celular alojado en la nube, pero con las herramientas agotadas y la investigación delegada en sus manos, la fiscalía optó esta semana por la última carta: con la conformidad de la jueza y de los abogados de Fernández de Kirchner, que integran la querella, buscará aplicar una técnica a través del programa UFED Premium.

La herramienta aún no se utilizó y tiene la característica de que ofrece un rango de éxito en el intento de recuperar parte o la totalidad del material del dispositivo pero si fracasa, el contenido se borrará definitivamente, sin posibilidad de aplicar otro intento o tecnología, explicó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR.

El protocolo indica que en primer lugar se debe intentar la pericia en un teléfono de la misma marca y modelo que el de Sabag Montiel a modo de prueba, con el objetivo de estudiar el recorrido que debe aplicarse para restablecer el contenido perdido. La jueza Capuchetti ya envió un oficio a la Gendarmería para que la fuerza le informe si cuenta con el programa indicado.

ED

El Gobierno rechazó el reclamo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para que se envíen gendarmes al Conurbano bonaerense y afirmó que “las Fuerzas Federales tienen que ser pedidas por los gobiernos de cada una de las provincias”.

“La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”, había planteado la titular del Senado la semana pasada durante el acto que realizó en el Estadio Único de La Plata con motivo del Día de la Militancia.

Al respecto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que “las Fuerzas Federales tienen que ser pedidas por los gobiernos de cada una de las provincias”.

E insistió: “No es una decisión del Gobierno nacional, sino que tienen que ver con la estrategia de cada uno de los gobiernos provinciales”.

En ese sentido, la funcionaria nacional explicó que el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue para ponerse al día en los temas de la cartera policial tras la gira internacional que lo había llevado a Francia, Indonesia y España.

Y continuó: “Si hay un pedido de la Provincia de Buenos Aires, el ministro (de Seguridad) Aníbal Fernández lo analizará”.

Con información de NA.

IG

La jueza federal Silvina Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, en conjunto con la fiscal federal interina, Cándida Etchepare, investigan por estas horas el ataque incendiario a la casilla de Gendarmería Nacional que se produjo la noche del domingo en un predio de Villa Mascardi, por parte de un grupo de personas encapuchadas que aún no fue indentificado.

“Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, dijo Luis Dates, dueño del predio de la cabaña Los Radales en Villa Mascardi, quien contó al diario Río Negro que no estaba en el lugar al momento del incendio.

El lugar, cerca de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu, contaba con antecedentes de otros dos ataques. Dates agregó que el nuevo ataque fue perpetrado por un “grupo más numeroso que otras veces”. Según su declaración, los agresores encapuchados “quemaron un puesto de Gendarmería que habían puesto para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”.

Esta casilla con los uniformados fue colocada en el predio hace dos semanas, a unos 50 metros de distancia de la ruta nacional 40. Desde ese entonces, había en ese lugar una guardia permanente de agentes federales. Durante los hechos, se encontraban cinco uniformados en el puesto móvil, que fueron abordados con piedras, palos y aparentes disparos, de acuerdo a lo que afirmaron habitantes de la zona.

Los conflictos entre vecinos y grupos mapuches se volvieron recurrentes en los alrededores de Villa Mascardi. En la actualidad, existe una tensa relación entre los habitantes de la zona a partir del 2017 con el asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu, zona la cual reclaman como “ancestral” de su comunidad.

El último incendio que sufrió Dates en su propiedad fue en agosto y provocó la reacción del Gobierno de Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras requirió la custodia de las fuerzas federales al Ministerio de Seguridad Nacional, que encabeza Aníbal Fernández. Sin embargo, incluso con los antecedentes de otros ataques similares en el pasado y en otras áreas, desde la Nación se impuso la negativa a enviar efectivos.

Por otro lado, en el ámbito judicial, la gobernadora Carreras instó a la Fiscalía de Estado de Río Negro a presentar una denuncia ante el fuero Federal de Bariloche para que se investigue la posible existencia de una organización criminal que atenta contra la propiedad. En este caso, debido a que está involucrada una fuerza de alcance nacional como Gendarmería, intervino la Justicia Federal.

El otro ataque

Un matrimonio que se encontraba en su cabaña en el paraje Los Repollos, a pocos kilómetros de El Bolsón, fue atacado brutalmente a mediados de julio del 2022. No solo fueron robados, sino que dos hombres intentaron prender fuego al dueño del lugar, quien luego tuvo que ser internado con quemaduras en el 20% de su cuerpo.

“Lo mío acá terminó. Ayer se cerró un capítulo para mí. Cuando me den el alta, agarro mi riñonera con los documentos, el mate, mis perros y me vuelvo a Buenos Aires”, dijo en ese entonces Pablo Conti, tras el ataque que fue atribuido a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

LC con información de agencia NA

Esta nota fue modificada el martes 27 de septiembre a las 7.52.

Más de una tonelada y media de cocaína que iba a ser trasladada en embarcaciones a Europa fue secuestrada en allanamientos realizados en el partido de Escobar y en la localidad bonaerense de Canning, en el marco de la denominada “Operación Atlantis”, en la que fueron detenidos seis acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional.

El operativo fue resultado de una pesquisa que se inició en 2018 sobre una organización que planeaba trasladar la droga en velero hasta aguas internacionales y, una vez en mar abierto, cargarla en un barco que la llevaria a Europa, donde se ejecutaría la maniobra inversa, explicaron fuentes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

El monitoreo de ubicaciones geográficas alertó a los investigadores sobre los movimientos de los principales sospechosos, que navegaban en tres embarcaciones por el río Paraná, intercalando paradas en dos domicilios de las orillas.

Los uniformados observaron como personas realizaban pasamanos de bolsos estancos -que brindan protección total ante agua, polvo y barro- desde las viviendas hacia las lanchas, por lo que se dispuso un seguimiento controlado en el agua, donde se constató cómo la embarcación se acoderaba junto a un velero llamado “Quo Vadis”. Inmediatamente se ordenó interceptar las embarcaciones, a bordo de las cuales fueron detenidos cinco ciudadanos argentinos y un ciudadano de nacionalidad española.

En base a esos arrestos y, luego de incorporarse a la causa imágenes de las maniobras, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora ordenó días atrás 11 allanamientos.

La mayor parte del cargamento de cocaína fue incautado en una vivienda con muelle sobre el río Paraná, en Escobar, y en el placard de un domicilio ubicado en un country de la localidad bonaerense de Canning.

En Escobar, tras el registro de cabañas y vehículos, se encontraron 34 bolsos con 800 paquetes sellados con plástico y envueltos en piñatas rosas, que contenìan en total 889,255 kilos de cocaína.

En tanto, en un country en la zona de Canning, se hallaron apilados paquetes con otros 660,740 kilos de esa misma droga en el placard de una vivienda, detallaron los voceros.

Para dar con la organización, en la pesquisa -en la que que también intervino la Procraduría de Narcocriminalidad (Procunar)- se analizaron las maniobras llevadas por la banda crminal, que incluían lavado de activos y aportes logísticos de transporte, además de la distribución de estupefacientes. El principal investigado, a quien respondían los seis detenidos, es un ciudadano argentino que fue detenido en abril del 2020 en España, agregaron los voceros.

En el marco de la “Operación Atlantis”, se secuestraron por el momento seis camionetas, cinco autos -dos de ellos de2 alta gama-, tres embarcaciones (velero, lancha rápida y semirrígido), seis motos, elementos de logística, 650.000 pesos, 38.000 dólares, 53.690 euros y 11.300 reales, un dispositivo de almacenamiento de bitcoin, una máquina cuenta dinero y documentación arias de interés para la causa, además de los 1.549 kilos de cocaína.

DL con información de Télam.

Alrededor de mil camiones se encuentran demorados en el cruce fronterizo del Paso Internacional Cristo Redentor-Libertadores, que une Mendoza con la región chilena de Valparaíso, debido a controles de Covid y un conflicto de funcionarios aduaneros del país vecino, indicaron fuentes de Gendarmería Nacional.

El jefe del Centro de Fronteras y Coordinador General del Paso Internacional Cristo Redentor, comandante de Gendarmería Justo José Báscolo, informó que “existen grandes demoras en la atención al transporte internacional de cargas en el complejo Los Libertadores”.

“Estas demoras obedecen a los test de antígeno que se le realiza a la totalidad de los choferes que ingresan a Chile, y también a que el resto de los servicios trabajan en turnos reducidos por el ya conocido conflicto que mantienen los funcionarios”, aseguró el gendarme.

Justamente, y tras un brote de coronavirus registrado en el complejo fronterizo, entre el viernes y sábado último los funcionarios aduaneros del país trasandino realizaron una medida de fuerza que impedía el ingreso de vehículos particulares.

Ante el “cuello de botella” por la cantidad de transporte de carga que viene sufriendo demoras, Gendarmería Nacional viene aplicando retenes en Uspallata y Punta de Vacas, y los van dejando circular a medida que desde el puesto Los Libertadores, en Chile, los van liberando.

Báscolo argumentó que “la falta de dinámica en los tránsitos de camiones impacta del lado argentino generando demoras y esperas en el área de control integrado (ACI) de Uspallata, viéndonos obligados a mantener la gradualidad que nos impone la situación en el vecino país”.

“Desde esta instancia -explicó el gendarme- se han efectuado los requerimientos necesarios a las autoridades chilenas para que adopten medidas tendientes a normalizar esta situación”.

Agregó que “se destaca que las demoras son totalmente ajenas al sector argentino y se mantienen contactos permanentes con la contraparte informando esta situación”.

Con información de agencias.

IG

El cabo primero Osvaldo Cenic se negó a manejar el interno 8017 el 14 de diciembre de 2015. Lo conocía bien, había vuelto hacía muy poco de Santa Fe hacia Santiago del Estero conduciendo el micro y avisó que el neumático derecho de adelante estaba en mal estado. Cuando le avisaron que se tenía que subir de nuevo para ir a Jujuy, preguntó si habían cambiado la goma y le dijeron que no. Por eso no quiso subirse al micro. El cabo primero Omar Manrique tomó su lugar. Esa madrugada de hace casi seis años, Manrique moría junto a otros 42 gendarmes al caer casi 20 metros desde un puente en la ruta nacional 34, cerca de Rosario de la Frontera, en Salta, cuando estalló la rueda por la que Cenic había alertado. Por este caso, un comandante y un suboficial mayor comienzan a ser juzgados hoy en el Tribunal Oral Federal N°2 de esa provincia. 

Eran los primeros días del comienzo del gobierno de Mauricio Macri, el jujeño Gerardo Morales alertaba sobre posibles protestas sociales en su provincia. La entonces flamante Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich decidió el envío de esa fuerza federal a la zona para apuntalar al gobernador aliado. Por eso se le pidió al Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero que enviara tres convoys para reforzar a la policía provincial. En ese contexto fue que a las 2.55, en plena noche, cuando uno de los tres micros pasaba por el puente Balboa, a la altura del kilómetro 956, de la ruta 34, desbarrancó y cayó al vacío.

Después de una larga investigación que, según la querella, no contó con toda la colaboración de la Gendarmería, el comandante Juan Carlos Germán, jefe del Área Logística, y el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, a cargo de la División Motorizada, deberán responder en el juicio que comenzó hoy acusados por los delitos de “homicidio doloso y estrago doloso”. También serán juzgados el comandante mayor Elio Rafael Méndez, el comandante principal Ramón Antonio Maidana, el comandante principal y el comandante Juan Carlos Bordón, Mendez y Maidana  eran jefe y segundo jefe del Destacamento, mientras que Juan Carlos Bordón, era el jefe de personal. Para llegar a esta instancia fueron fundamentales las declaraciones de Cenic y de otro cabo, Hugo de Oliveira, que alertaron sobre el deterioro del neumático y la necesidad de hacer un control en el balanceo del vehículo.

Los dos cabos, que trabajaban en el Área Motorizada, declararon durante la instrucción que  el 8 de diciembre fueron a advertirle a su superior directo, el acusado Villasanti, que los neumáticos delanteros debían ser cambiados. Lo habían hecho luego de un viaje al peaje Fernández, en Santiago, y otro a la ciudad de Santa Fe. Cenic relató que cuando regresó a Santiago del Estero, luego de las muertes, muy impactado por todo lo que sucedió, fue a hablar con Villasanti y le dijo que todo se podría haber evitado si él le hubiera hecho caso a sus pedidos. Según Cenic, Villasanti, que perdió un hijo en el accidente, le negó sus advertencias anteriores y le dijo que no siguiera hablando de lo que sucedió. Fue entonces que Cenic decidió declarar ante la Justicia y no solo ante las autoridades de la fuerza.

También se incorporó el testimonio de Eduardo Ruiz, otro de los cabos que manejaba el micro Mercedes Benz. El relató que en noviembre, durante un viaje entre Rosario y Córdoba “cada vez que el vehículo llegaba a los 90 km por hora comenzaba a vibrar” y que también alertó sobre esa situación.

Las pericias sobre los neumáticos también serán expuestas en el proceso. Según el informe, hasta ese día habían hecho más de 88.000 kilómetros, ya que esas cubiertas se cambiaron cuando el colectivo llegó a los 134.000 kilómetros y en el momento del accidente ya había recorrido más de 222.000. En la descripción se detalla que el neumático que estalló “presentaba un debilitamiento general de su estructura y desgarro del caucho de la banda de rodamiento”. Por otro lado, en la revisión de los dos kilómetros anteriores, los peritos determinaron que no había “baches afilados u otros elementos que pudieran dañar” la cubierta. Por eso los peritos sugirieron que la investigación debía encaminarse hacia determinar el estado del neumático y las causas del estallido. 

“El Destacamento Móvil 5 de Gendarmería de Santiago del Estero es históricamente estratégico en materia de seguridad porque está en la zona en la que se puede ir a distintas provincias. Como sucedió con el operativo norte para el combate al narcotráfico en el NOA y NEA. De allí habitualmente parten las delegaciones hacia Córdoba, Santa Fe y el norte del país. Por estas razones debían tener unidades en perfecto estado. Su accionar contemplaba llamadas urgentes como la de ese 14 de diciembre, cuando a las 7 de la mañana debían llegar a Jujuy”, señaló en el pedido de elevación a juicio el abogado querellante Luis Ruiz.

El abogado Nicolás Vedia, que representa a seis familias de las víctimas, confía en que podrán demostrar frente al tribunal “las falencias que tenían los neumáticos del colectivo”. También sostuvó que durante las audiencias del debate “saldrán a la luz todas las pruebas”.

AM

Después de las declaraciones cruzadas entre el Presidente, el Ministro de Seguridad, las autoridades patagónicas, miembros del oficialismo y de la oposición en torno a la obligación o no del Ejecutivo de enviar fuerzas federales a la provincia de Río Negro para reforzar el patrullaje en la zona tras una serie de atentados atribuidos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el marco de su histórico reclamo de tierras que, aseguran, les pertenecen, en las últimas horas arribaron 80 gendarmes provenientes de La Pampa, que ya se encuentran en la región andina y patrullan los alrededores de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Los primeros 40 refuerzos habían arribado este jueves por la mañana al Escuadrón 35 de El Bolsón, pero en las últimas horas se han detectado más camionetas de la fuerza federal, informa el diario local Río Negro. Los otros 40 gendarmes desembarcaron en el Escuadrón 34 de Bariloche.

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad de Nación, en total se enviaron 90 gendarmes de la Unidad Móvil 4 de General Acha, La Pampa. En tanto, 30 gendarmes con asiento en Río Negro y Chubut controlan las rutas, mientras que 20 efectivos de la Policía Federal y 20 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria “están a disposición de la Justicia para lo que se disponga”.

En las últimas horas, la gobernadora Arabela Carreras viajó a Bariloche para monitorear la situación en la región andina de la provincia y la puesta en funcionamiento de los refuerzos de las tropas federales. Fuentes allegadas al gobierno provincial advirtieron que, por el momento, no recibieron ninguna comunicación oficial con el detalle de los refuerzos ni a qué zonas estarán destinados, según publica la periodista Lorena Roncarolo para el diario Río Negro.

En las últimas horas, la relación entre la gobernadora Arabela Carreras y el Estado Nacional se tensó, tras el reclamo de la mandataria provincial por más fuerzas de seguridad tras el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón, de la zona de El Bolsón, el último miércoles, atribuido a grupos radicalizados de la comunidad mapuche.

El primero en responder fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que manifestó que el envío se concretaría por “una cuestión solidaria”, ya que “no es obligación del estado nacional”. Pero después, a través de una carta dirigida a Carreras, el presidente Alberto Fernández anunciaba el envío de gendarmes a la zona de conflicto, aunque le aconsejaba a la mandataria la creación de una fuerza especial y reiteraba que no era “obligación” de su Gobierno reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región“.

La carta de Fernández generó la reacción de la oposición, que coincidió en criticar la postura presidencial y del titular de la cartera de Seguridad. Y no solo cosechó la reprobación de referentes de la vereda de enfrente, sino que el mismo ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este viernes que los ataques en el sur del país son actos “de terrorismo” y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia.

“Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro. Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”, aseguró el funcionario bonaerense en diálogo con el periodista Tomás Méndez en radio Del Plata.

Últimos capítulos del conflicto

La región está sacudida por un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, que tensó la relación entre la gobernadora Carreras y el Ejecutivo nacional.

En ese marco, se produjeron los atentados que se le adjudican a sectores que se atribuyen la representación de la comunidad mapuche. Al incendio intencional que consumió el edificio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón en la madrugada del miércoles, hay que sumarle que, a principios de octubre, hubo un ataque en el centro de informes turísticos y de las instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, y otros atentados registrados en años anteriores, como el incendio al refugio Neumeyer del Challhuaco, en 2014, y el refugio San Martín (conocido como Jakob), en 2017“.

Con información de agencias.

IG