La senadora Patricia Bullrich señaló este viernes que la Ley de Propiedad Privada “vino un poco endiablada”, a la vez que indicó que “la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico” y dijo que, desde el oficialismo, “se tiene que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

“Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley. Y vino todo el tema de la campaña anti Argentina después. Así es la democracia”, expresó la exfuncionaria libertaria.

“La producción parlamentaria tiene que tener un sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico”, sostuvo la legisladora, a la vez que indicó: “Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

Bullrich dijo, además, que no cree que en el oficialismo “haya vencedores y vencidos” y reafirmó que el objetivo es “tener sociedades más simples, trabajar sobre salud mental que es un tema postergado en Argentina y trabajar sobre la educación”.

“Tomar una agenda que tenga que ver temas sociales educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad”, aseveró en declaraciones a Radio Rivadavia, y concluyó: “No hay preocupación en el Gobierno, hay ocupación”.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobado por el Senado con 37 votos a favor y 33 en contra, incorpora un nuevo régimen de desalojos exprés para acelerar la restitución de viviendas, campos y terrenos ocupados ilegalmente, además de modificar el sistema de expropiaciones y avanzar en la digitalización de los registros de la propiedad.

La iniciativa mantuvo esos capítulos luego de que el oficialismo resolviera retirar del texto las reformas vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros y a poco de la votación, el del manejo del fuego, dos de los puntos que habían generado mayor resistencia durante el debate parlamentario.

Cómo quedan los desalojos

- Se aplicará el desalojo exprés en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios.

- El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

- El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

- Los propietarios podrán intimidar a los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos, pero le deberán otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

- La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago.

- Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

- El propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

- En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar.

Cómo quedan las expropiaciones

- La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva.

- El Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

- Se estableció un tope 30% de indemnización por lucro cesante.

- La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días. No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

- El juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.

El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para manifestar su rechazo a la reforma de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a debatirse en el Senado por impulso de La Libertad Avanza. Una movilización que terminó en una fuerte represión con varios detenidos, una fotorreportera con traumatismo de cráneo.

A pesar de la lluvia, columnas de manifestantes se concentraron sobre la avenida Entre Ríos y en la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo. Sin embargo, el operativo de seguridad pareció desproporciónado.

Ya caída la tarde, se registraron momentos de tensión frente al Congreso cuando las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma para dispersar a los manifestantes que se concentraban mientras el Senado debatía el proyecto. La protesta había comenzado por la mañana con la participación de organizaciones sindicales, docentes y agrupaciones sociales.

Diez personas fueron detenidas por los incidentes. Fuentes policiales informaron que los efectivos de la Policía Federal concretaron los arrestos de los implicados por los delitos de atentado y resistencia de autoridad. También hay decenas de heridos.

Mirta Romero, una de las médicas que asistió a los manifestantes, confirmo a C5N que una de las heridas es otra vez una reportera gráfica quien terminó con traumatismo de cráneo y sangrado en un oído.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

La protesta se mantuvo aun después de que el Gobierno decidiera retirar del proyecto la cláusula que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, una modificación introducida para facilitar el desarrollo de la sesión en la Cámara alta. Sin embargo, los convocantes sostuvieron que continúan rechazando el conjunto de la iniciativa.

El operativo de seguridad se reforzó en las inmediaciones del Congreso con vallados y presencia policial sobre la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde se registraron las principales restricciones al tránsito.

Además, distintas columnas que partieron desde la avenida 9 de Julio avanzaron por avenida de Mayo hacia el Congreso, lo que generó demoras y cortes parciales en el centro porteño.

La movilización coincidió con el inicio de una jornada legislativa clave para el oficialismo, que busca reunir los apoyos necesarios para abrir el debate del proyecto en el Senado.

Con información de la agencia NA

El dictamen final de la Ley de Propiedad Privada que el Senado trata este jueves, ya sin el capítulo de reforma de la Ley de Tierras, incorporó un cambio que no había circulado en las versiones previas: una desregulación mayor a la prevista sobre la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815). Hasta la víspera de la sesión, el proyecto derogaba únicamente el artículo 22 quater de esa norma; la versión que llegó al recinto y al que accedió elDiarioAR sumó, sin aviso previo, la derogación del artículo 22 ter.

Los dos artículos regulan qué puede hacerse con la tierra después de un incendio. El 22 quater prohíbe por 30 años realizar emprendimientos inmobiliarios o cambiar el uso del suelo en pastizales, matorrales y zonas agropecuarias afectadas por el fuego. El 22 ter, incorporado en 2020, es el que permitía a cada provincia extender más allá de los 60 años la restricción sobre bosques nativos incendiados, según lo que estableciera su propio ordenamiento territorial.

Con ambas derogaciones, el proyecto deja sin ese resguardo tanto a las tierras no boscosas como a los bosques nativos. La reforma de 2020 a la ley de incendios, impulsada por Máximo Kirchner al frente de la comisión de Recursos Naturales, buscaba justamente desalentar la especulación inmobiliaria posterior al fuego; el cambio de último momento en el dictamen de hoy retrocede sobre ese punto en un país donde los incendios forestales reabren cada año el debate sobre el cambio de uso del suelo.

“Nos mandaron la última versión por WhatsApp. Esto no es serio, tiene que volver a comisión”, se quejó en SenadoTV el legislador Daniel Bensusán (PJ-La Pampa). A su vez, Carolina Moisés (Convicción Federal-Jujuy), que pugnó por la caída del capítulo de reforma de la Ley de Tierras, planteó también reparos al resto de la ley: “Nos preocupan los otros temas. Vamos a votar en contra”.

En el inicio de la sesión, el Senado estuvo de acuerdo en posponer el pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti (UP-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para sumarse al debate de manera virtual por estar impedidos de viajar desde sus provincias a Buenos Aires por recomendación médica. Esos reclamos fueron enviados a discusión en comisión.

Antes del inicio de oradores, una larga lista que suma a más de 30 senadores con uso de la palabra y se estima que la votación llegará pasadas las 22 de este jueves, el peronismo intentó dar un golpe de efecto en la sesión. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, pidió que el proyecto de ley vuelva por completo a comisión tras la infinidad de cambios que sufrió. Pero la jugada fracasó: hubo 38 votos a favor de que la sesión continúe y 31 en contra, lo que marca una primera temperatura de que el oficialismo tendría los votos para aprobar la ley en general, luego de quitar el incómodo capítulo de reforma de la Ley de Tierras.

Noticia en desarrollo

El Senado debatirá este jueves una versión acotada del proyecto de propiedad privada, que tendrá como eje central una reforma que contempla los desalojos “exprés” de campos, viviendas y terrenos que fueron usurpados. La iniciativa incluye cambios en la ley del Manejo de Fuego.

La Cámara alta reanudará el debate a las 14 que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

Sin los artículos que flexibilizaban la venta de tierras a extranjeros ni de los barrios populares, el Senado debatirá una versión acotada del dictamen de mayoría, que tiene como eje central agilizar el desalojo de las viviendas intrusadas.

De esta manera, el oficialismo afrontará podrá salvar el proyecto que como todas las iniciativas que diseña el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone reformar leyes de diferentes temáticas.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

Otro punto es que el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Ley de manejo de fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, dice la propuesta.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten. El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial.

La CGT y las dos CTA, junto con el gremio de la economía popular UTEP, encabezaron este miércoles una conferencia de prensa para fijar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, antes de la movilización que llevarán adelante este jueves frente al Congreso. La confirmación llegó casi en paralelo de que el oficialismo diera de baja el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales para intentar asegurar el quórum en el Senado.

El triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— compartió el estrado con Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T). Sola cuestionó el eje del proyecto: “La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático”. Godoy fue más duro y lo calificó como “un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación” de la Argentina, y citó el caso del empresario Joe Lewis en el sur del país como antecedente de lo que está en juego. El peronismo también convocó ese mismo día a movilizarse este jueves contra la iniciativa.

La movilización tiene un fuerte raigrambe popular porque se está construyendo desde grupos de WhatsApp y redes sociales de autoconvocados. No solo está convocada la manifestación frente al Congreso, sino también en distintos puntos del país.

La presencia de la CGT se definió la semana pasada como pudo anticipar elDiarioAR. Además la central obrara se sumará este viernes a la tradicional marcha de San Cayetano, que este año cumple diez años desde su primera edición: será desde Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

“72 personas deciden quién puede comprar la Argentina”. Con esa frase una web invita a comunicarse con los senadores nacionales a través de su mail institucional o sus redes sociales para exigirles que voten en contra de la reforma de la Ley de Tierras que propone el Gobierno para desregular la venta a extranjeros. La plataforma es parte de un ecosistema de acciones de autoconvocados que impulsan el rechazo a la norma, que se vota este jueves en el Senado.

El plato fuerte será la movilización que se está gestando para este 6 de agosto frente al Congreso y en distintos puntos del país. La resistencia está creciendo en grupos de WhatsApp y espacios virtuales, y ya tuvo acciones callejeras como volantedas y hasta un banderazo en el Obelisco el sábado pasado, como anticipó elDiarioAR.

En el medio, el Gobierno avanza con su iniciativa tras incorporar cambios de último momento. Este martes temprano el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se cambió el tope de 15% al 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil”, dijo el ministro coordinador, que buscó no anticiparse demasiado a la conferencia de prensa que agendó Patricia Bullrich para esta tarde a las 16.

“No creo que vaya a haber un desempate. Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema”, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encargada de presentar oficialmente las modificaciones al texto original.

El proyecto en discusión es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en su versión original eliminaba por completo el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales. Tras las negociaciones de las últimas semanas, el oficialismo resolvió no derogar el tope sino elevarlo al 25% de la superficie rural como promedio nacional y provincial, pero deja al descubierto a nivel departamental. “Hay 36 departamentos que superan el límite del 15%, creemos que ahí están los recursos que quieren vender”, denunció Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, otra de las plataformas virtuales que denuncian el avance de la extranjerización de la ltierra. “Los intereses están donde hay agua potable y minerales”, alertó la socióloga.

El rechazo de abajo

Mientras el oficialismo negocia los votos necesarios para destrabar una iniciativa que ya sufrió cuatro intentos fallidos de tratamiento, el rechazo social al proyecto se organiza a nivel federal. La red de asambleas "Ponete la camiseta" convocó movilizaciones para el mismo jueves 6 de agosto en al menos veinte provincias, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se prevén un verdurazo, una radio abierta y un festival durante toda la tarde.

Bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, también habrá concentraciones en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta, San Juan, Tucumán y localidades de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, entre otras.

A la movilización callejera se sumó la herramienta digital de seguimiento legislativo que reúne la posición declarada de cada uno de los 72 senadores nacionales sobre la Ley de Tierras y permite a cualquier ciudadano identificar a los representantes de su provincia y enviarles un mail con un texto pre armado para pedirles el rechazo del proyecto. La iniciativa busca capitalizar la presión ciudadana en un debate donde el oficialismo, que parte de una base de 21 senadores propios, necesita sumar al PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar la mayoría de 37 para tener quórum y aprobar la ley.

La presión también llegó por escrito. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos —que integran, entre otras, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos— envió el 30 de julio una carta a los 72 senadores para pedirles que rechacen lo que calificó de “rapiña” y “desguace de la Nación”. El texto menciona el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dinero no declarado, como advertencia sobre las “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que —sostienen— pueden alcanzar “no solo tierras sino también la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso”. La carta enmarca el proyecto de tierras junto al Decreto 70/23 y las leyes de RIGI, Súper RIGI y de Glaciares, y advierte a quienes voten a favor: “No olvidaremos, no perdonaremos ni nos reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña”.

MC

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti pidió que se le permita participar de forma remota en la sesión del Senado convocada para este jueves 6 de agosto, en la que se debatirá la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno. La legisladora mendocina fundamentó el pedido en una indicación médica que le impide viajar desde su provincia a Buenos Aires, debido a que cursa la semana 32 de su embarazo. La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida a Victoria Villarruel, en su carácter de titular de la Cámara alta, y difundida además en un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora, y agregó que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y que “la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”. En el video, explicó que su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire, y remarcó la diferencia con legisladores de distritos cercanos a la Capital: “Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de mil kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.

Fernández Sagasti aclaró que su capacidad para ejercer el cargo no está en discusión: “No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido”. También diferenció el planteo de la licencia por maternidad que le corresponde, que dijo que tomará “en su debido tiempo”: “Es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.

El pedido llega en la antesala de una sesión con final abierto. La reforma de la Ley de Tierras busca modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo modificó el proyecto original y, en lugar de eliminar el tope existente, propuso elevarlo del 15% al 25% del límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de capitales extranjeros. El nuevo texto mantiene las restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos, y conserva la potestad de las provincias para aceptar o rechazar solicitudes de adquisición y fijar sus propios límites porcentuales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto este martes a las 16 presentar oficialmente esas modificaciones en una conferencia de prensa.

Se trata del quinto intento del Gobierno por aprobar los cambios a esa normativa, junto con modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Manejo del Fuego, luego de que el oficialismo pasara a un cuarto intermedio el 16 de julio pasado por no contar con los votos necesarios. La Libertad Avanza parte de una base de 21 senadores propios y buscará sumar al PRO, la UCR y a bloques provinciales para llegar a los 37 votos requeridos.

La sesión tendrá, además, una particularidad institucional: Villarruel no la presidirá, porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su lugar, conducirá el debate el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendrá la posibilidad de desempatar en caso de igualdad de votos.

Patricia Bullrich comprobó durante el fin de semana que no están los votos para aprobar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de un puñado de díscolos radicales y de fuerzas provinciales usualmente aliadas, que le hicieron saber que no acompañarían el capítulo en la sesión del jueves, la obligó a ensayar una modificación de último momento: aumentar del 15% al 25% el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y enterrar, así, la fantasía desreguladora de Federico Sturzenegger.

La jefa del oficialismo se lo estaba anunciando este lunes temprano a la mañana al resto de sus compañeros de La Libertad Avanza en el Senado: sin los votos garantizados de todo el bloque radical y de los senadores misioneros y santacruceños, el capítulo que avanzaba con la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros amenazaba con caerse en la votación en particular. Ella proponía, a sugerencia de los aliados con los que había conversado el viernes, dejar fijo un tope, pero aumentarlo a un 25%. Que es el mismo que tiene, por ejemplo, Brasil.

“Yo el proyecto así no lo acompaño”, le hizo saber a Bullrich, a través de Eduardo Vischi (jefe de bloque radical), uno de los senadores radicales que mantenían su voto en suspenso. La jefa del oficialismo necesita que al menos 9 de los 10 radicales acompañen la iniciativa para poder estar tranquila, pero el rechazo hasta ahora de Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y, su vez, de la chubutense Edith Terenzi, le arruinaba los planes.

Este lunes el bloque libertaria buscaba acordar la estrategia parlamentaria definitiva, en una semana marcada por varios movimientos: el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia entre el miércoles y el jueves, y el Ejecutivo quedará a cargo de Victoria Villarruel, quien no podrá presidir la sesión agendada para el jueves sobre la ley de Propiedad Privada. La vice ya se manifestó en contra del proyecto libertario y desde la Casa Rosada ya le pidieron explícitamente que renuncie a su cargo.

La iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas fue craneada por el ministro Federico Sturzenegger luego del Consejo de Mayo, donde tuvo visto bueno de los gobernadores hasta que se conoció la letra chica. Fuera del capítulo de Tierras –que en el último borrador conocido elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras–, endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El volantazo para conseguir el apoyo de los aliados quedaría certificado en una conferencia de prensa que Bullrich analiza dar este martes. “Va a haber algunos cambios pero todavía seguimos trabajando en la redacción”, comentó a este medio uno de los negociadores del oficialismo.

MCM/MC

El Gobierno pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso Nacional para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico.

Se trata de los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal enviados a la Cámara de Diputados y los de propiedad privada y Súper RIGI que están en el Senado.

La estrategia apunta a aprovechar una ventana política que, según admiten en el oficialismo, comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política del Gobierno, que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Por ese motivo, esta semana apura las negociaciones con sus aliados para sancionar el jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión del Séper RIGI en el Senado; en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

La agenda en el Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse que tiene los respaldos necesarios. En las últimas horas, cobró fuerza la opción de, en lugar de eliminar todas las restricciones, la prohibición de adquirir tierras a manos de extranjeros sube el límite actual del 15% al 25%, lejos de quitar toda restricción, que es lo buscaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo que adelantaron este lunes en el programa radial Buenas Tardes China.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas.

Allí hará el último poroteo para saber si tiene los votos necesarios para sancionar este proyecto que permite vender tierras a extranjeros sin las actuales restricciones, promover desalojos exprés, limitar las expropiaciones, y cambiar la ley del Manejo del Fuego.

Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

Además en esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel que rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Asimismo, esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.

También este mes buscará votar a favor de los pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa $LIBRA, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El panorama en Diputados

Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, una iniciativa considerada estratégica por el Gobierno.

El proyecto girado por el Gobierno el jueves a la noche y que anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La Libertad Avanza apostará en la Cámara de Diputados a aprobar en agosto los proyectos de Banco Central e Inocencia Fiscal ya que en septiembre deberá tener que abocarse al Presupuesto 2027 que ingresará el 15 del otro mes.

Las negociaciones

Por ese motivo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con el radicalismo, el PRO, y los bloques provnciales, previo al tratamiento de la iniciativa en comisión como ha realizado cuando se trataron otras claves para el Gobierno.

Pero para poder avanzar con esta iniciativa, el oficialismo necesita construir mayorias con sus habituales aliados ya que tiene 95 legisladores y requiere de 129 para abrir el recinto y aprobar esta iniciativa en este mes.

El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.

En el caso de Provincias, las miradas están puesta en los diputados ex PRO como Gisella Scaglia, Sergio Capozzo, José Nuñez, y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Comisiones

La iniciativa del Banco Central tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.

Todos estos organismos asesores claves para emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones son conducidas por libertarios, pero la LLA solo puede tener mayoría con sus aliados.

Con información de NA.

Carteles pegados en las inmediaciones del Congreso. Un banderazo en el Obelisco. Un verdurazo sobre avenida Rivadavia. Volanteadas en estaciones de trenes del conurbano. La proyección del documental “La tierra explota” en el cine Gaumont, en CABA. Grupos de WhatsApp que coordinan acciones diversas federales: Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Paraná, La Rioja, Formosa, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Mar del Plata, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén. Publicaciones en Facebook con las líneas de contacto de los senadores para llamarlos. Mensajes sueltos en encuestas sobre compras de productos, como el que dejó una mujer en la web de YPF: “Defendamos lo nuestro, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también. La energía es un recurso estratégico, que tiene que estar en manos del país, no de una YPF gringa. El 6 de agosto ponete la camiseta del país, defendamos lo nuestro”. Individuales, colectivas, chicas y grandes, acciones de diversos tipos se propagan de manera subterránea en todo el país como resistencia autoconvocada a la ley de Propiedad Privada, que el Gobierno buscará aprobar en el Senado el próximo jueves.

La agenda que circulan los grupos autoconvocados confirma la dispersión de acciones y propuestas. Este viernes hubo asamblea abierta en el hall de la terminal de El Chaltén, en Santa Cruz; cine debate en pleno centro de Córdoba capital y asamblea en la sede de UnTER en Bariloche, mientras que el jueves Jujuy tuvo su banderazo en la Plazoleta Eva Perón y Santa Fe encadenó cinco banderazos simultáneos en Rosario, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez. Para este sábado se anuncian banderazos en Baradero, en Gualeguaychú –en el Puente Rojo y en los Obeliscos de la Costanera–, en Paraná, en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en el Complejo Municipal Xamena de Salta y en la plaza San Martín de La Pampa, además de un semaforazo en Concordia y el banderazo que llevará a los porteños desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Y el jueves 6, día de la votación, la lista prevé, además del abrazo al Congreso nacional, movilizaciones simultáneas en Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Catamarca, Tucumán, Salta, Esquel y buena parte del Gran Rosario, entre decenas de puntos más a lo largo del país.

Detrás de esa dispersión hay una estructura. Una comunidad de WhatsApp organizada bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema, no se desaloja” nuclea a cientos de personas repartidas en grupos por ciudad y provincia, y funciona como columna vertebral de la convocatoria al Congreso. Florencia Gómez, abogada especializada en políticas de tierras rurales y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, es una de las voces que coordina la red: cuenta que además de las acciones callejeras hay un trabajo de bajo perfil llegó a obispos y también a senadores que todavía dudan cómo votar, sostenido en reuniones virtuales de hasta 250 personas de distintos puntos del país.

La adhesión sindical se fue sumando en capas. Primero la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda. Después las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y los movimientos sociales de la UTEP. La CGT, como anticipó elDiarioAR el jueves, confirmó que también marchará de forma orgánica, un escalón más en la agenda de protestas que el triunvirato sindical armó para la segunda mitad del año. Se espera una conferencia el miércoles sobre la organización de la protesta frente al Palacio Legislativo.

A esa lista se agregaron pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en contra del proyecto.

La foto se completa al día siguiente: el 7 de agosto es San Cayetano, y la CGT, las dos CTA y la UTEP ya anunciaron que participarán de forma orgánica de la peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que ese día cumple una década de su primera edición. La caminata de Liniers a Plaza de Mayo funcionará como una segunda tanda de presión sobre el mismo reclamo, ya que la CTA de los Trabajadores incorporó el rechazo a la ley de extranjerización de tierras entre las banderas de esa jornada, junto con el repudio a la privatización de AySA y el planteo previsional.

Lo que el oficialismo llevará al recinto el jueves es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas y que el ministro Federico Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Fuera del capítulo de tierras, el proyecto endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El capítulo que concentra el rechazo, sin embargo, es el que reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Hoy esa norma limita al 15% la tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, baja ese tope al 30% para una misma nacionalidad, impide comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

“El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía. (...) Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno”, reflexionó Gómez en un reciente ensayo publicado en la revista Anfibia.

El dictamen que Patricia Bullrich llevará al recinto deroga ocho artículos y traslada la potestad de fijar límites a cada provincia, que “conservará la jurisdicción plena” sobre su territorio, y solo deja en pie una prohibición: ningún Estado extranjero, ni una empresa con participación estatal extranjera, podrá comprar tierra rural sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Para las personas físicas extranjeras no habrá techo de hectáreas. “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, resumió Bullrich, aunque aclaró que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.

La versión número 15 del proyecto circula ahora entre los bloques aliados, después de que Bullrich y Sturzenegger buscaran destrabar la semana pasada el nudo del artículo 25, el que fija cuánto margen conservan las provincias para legislar sobre venta de tierra a extranjeros y que había obligado a un cuarto intermedio en pleno recinto. Pero la sesión del jueves no está garantizada: ya fue pospuesta cuatro veces y en el Senado el oficialismo no parece tener una mayoría firme.

“Siguen sin tener los números asegurados. Habría que preguntarle a Sturzenegger qué piensa de los cambios en el artículo 25”, lanzaron ante elDiarioAR una fuente del radicalismo, que votaría dividida. Los cálculos más informales hablan de un empate técnico, con 33 o 34 votos para cada lado, y todas las miradas –oficialistas y opositoras– convergen en Misiones, donde los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut llegan presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras. Bullrich tiene en agenda entrevistarse con los aliados el martes y miércoles, para tener el poroteo final de la sesión. Será en paralelo a la sucesión de acciones callejeras de los grupos autoconvocados.

MC

La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT. Según pudo saber elDiarioAR de distintas fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, craneada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

El miércoles de la semana pasada la CGT movilizó junto a los jubilados frente al Congreos. Y ya tiene programado acompañar el viernes 7 la peregrinación de San Cayetano desde Liniers a la Plaza de Mayo en su décimo aniversario.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades. Este sábado 1 de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

MCM/MC

La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria empezó a circular en las bases apenas se confirmó la fecha y crece en paralelo al acuerdo que este jueves alcanzaron Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger para no perder votos en el recinto.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, fue una de las voces cantantes este viernes. Pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”, dijo en diálogo con FutuRock. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

La fecha elegida para marchar no es casual: Bullrichse reunió ayer con Sturzenegger, y el secretario Alejandro Cacace, para destrabar las diferencias que habían obligado a aplazar por cuarta vez el debate del proyecto. El nudo era el artículo 25, que fija cuánto margen conservan las provincias para dictar sus propias reglas sobre la venta de tierras a extranjeros.

Sturzenegger había planteado objeciones desde el exterior la semana pasada, lo que sembró dudas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para sumar votos. Tras el encuentro, Bullrich confirmó que se mantiene el texto acordado con los aliados y que la sesión será el 6 de agosto. La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto —que Bullrich presenta como una forma de “salir de la era de Máximo Kirchner”— apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.

El resultado de la votación, de todos modos, sigue siendo incierto. La mayor duda está en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para que voten en contra del capítulo de venta de tierras a extranjeros. En ese escenario, la apuesta de quienes convocan a movilizarse el 6 de agosto es lograr que la presión de la calle termine de inclinar a los senadores que todavía dudan.

MC

El ministro de Desregulación, Federico Sturzengger, y la jefa del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunieron este miércoles en el Senado con vistas a relanzar el proyecto de Propiedad Privada luego de la sesión que debió levantarse la semana pasada, para pasar a un cuarto intermedio del 6 de agosto.

Según trascendió, ambos acordaron mantener los cambios que consensuaron entre los senadores libertarios y los dialoguistas, sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, que generó rechazos en diferentes sectores de la población.

El proyecto impulsado por el Gobierno sufrió un traspié la semana pasada, lo que fue adjudicado al clima mundialistas, especialmente al triunfo sobre Inglaterra y el despliegue de la leyenda “las Malvinas son argentinas”, que generó un clima poco favorable para la venta de tierras a extranjeros.

Incluso, trascendió un duro cruce entre la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y Bullrich, ya que la primera había manifestado que no era “el momento” para semejante iniciativa.

Tras más de hora y media reunidos, se abordó cómo llegar al 6 de agosto, y que aún no están los votos para ser aprobada la polémica iniciativa, especialmente en aquellas provincias fronterizas, y por tanto la necesidad de “hacer concesiones” para destrabarlo. También se mencionaron a los dos representantes de Misiones, que hicieron caer el proyecto de Ficha Limpia.

En ese marco, la iniciativa ya tiene 15 borradores extra, pese a un dictamen firmado a fines de mayo pasado.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto sobre el tema tierras con lo cual “el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posiblidad que puedan dictar sus propias normas.

La senadora confió que Sturzenegger “tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y, le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra”.

Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Además de la jefa de LLA y el ministro, estuvieron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que trabajaron el proyecto.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó este jueves la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”. La declaración llega el mismo día en que el Gobierno se reúne en Casa Rosada para terminar de definir la letra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa que habilitaría justamente ese tipo de operaciones y que ya fue postergada cuatro veces en el Senado.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto. La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

Para bajar esa tensión y afinar el texto antes de la nueva sesión, este jueves por la tarde se reúnen en Casa Rosada Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, los equipos de Sturzenegger, los presidentes de las comisiones en el Senado de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, y un legislador de los bloques federales que representa los reclamos de los gobernadores sobre el rol que deberían conservar las provincias en la regulación de la tierra.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”. El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada. Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

MC

La Iglesia envió este martes una carta abierta a los legisladores para advertir sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsan Javier Milei y Federico Sturzenegger. El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, señala que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

La carta llega en el marco del debate parlamentario por el proyecto promovido por el ministro de Desregulación, que modifica varias leyes clave: el régimen de expropiaciones, la ley de tierras rurales, la ley de manejo del fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. El Senado había comenzado a debatirlo en comisiones y postergó su tratamiento en plenario.

El texto firmado por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen llega justo cuando el Gobierno tiene trabada la votación en el Senado por el ruido que generaron los pliegos judiciales y el escándalo de Manuel Adorni.

Qué dice la Iglesia

Las organizaciones eclesiales fundamentan su preocupación en dos puntos concretos del proyecto. El primero es la eliminación de las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas—, “y en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”. Hoy, la ley de tierras rurales fija que los inversores privados extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. El proyecto de Sturzenegger deroga ese límite y solo mantiene restricciones para los Estados extranjeros, con una excepción que el propio Ejecutivo puede levantar si considera que la operación no afecta la seguridad nacional.

El segundo punto que la carta califica de “alarmante” es la modificación de la ley de manejo del fuego. La norma vigente prohíbe durante 60 años el cambio de uso del suelo, la subdivisión, la venta y la actividad agropecuaria distinta en terrenos quemados, tanto en bosques nativos como en pastizales, humedales y zonas agropecuarias. El proyecto reduce esa protección solo a los bosques nativos y elimina el plazo de 30 años de restricciones para el resto de los ecosistemas.

Las organizaciones eclesiásticas también señalan que la iniciativa “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Las citas papales

La carta recurre a la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León para sostener su posición: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones”. Y cita también a Juan Pablo II: “No es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”.

Frente a los argumentos de crecimiento económico del Gobierno, la carta opone la definición del Papa León sobre el desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes. No es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.

Qué más cambia la ley

Más allá de las tierras y el ambiente, el proyecto tiene otros ejes que generaron rechazo de organizaciones sociales y de inquilinos. En materia de vivienda, acelera drásticamente los procesos de desalojo: convierte el trámite al proceso sumarísimo —el más breve del Código Procesal— y reduce a tres días el plazo de intimación por falta de pago antes de iniciar una demanda, el plazo más corto de la región según relevamientos de Inquilinos Agrupados.

También modifica la ley de integración socio-urbana que protege a los barrios populares: elimina la suspensión de desalojos por diez años y el mecanismo de expropiación estatal para regularizar la situación dominial de quienes viven en esos barrios. La organización TECHO advirtió que la reforma afectaría a más de cinco millones de personas, de las cuales el 35% son niños y niñas.

La carta de las organizaciones eclesiales pide a los legisladores que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

El Senado postergó el debate del proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Tras la aprobación de los pliegos, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, pidió aplazar el debate de “inviolabilidad” de la propiedad privada hasta la próxima sesión.

Fuentes parlamentarias afirmaron que los cambios están vinculados al tema de tierras, donde se elimina los topes para que las empresas extranjeras puedan comprar tierras rurales.

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego.

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés sólo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente.

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Con información de la agencia NA

Según la última encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado y gasta más del 40% de su salario en pagar el alquiler. No son los únicos: la morosidad de las familias está en sus niveles más altos desde que se tiene registro (2010) y, según revela un informe de Argentina Grande en base a la Encuesta Permanente de Hogares, 1 de cada 4 hogares se está endeudando para llegar a fin de mes. El número de morosos incobrables se triplicó, la preocupación por el endeudamiento familiar empieza a encabezar las encuestas de opinión pública y, sin embargo, el Senado avanzará este jueves con un proyecto de ley que amenaza la seguridad habitacional de los inquilinos más vulnerables. 

Es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo autor intelectual es Federico Sturzenegger y, como contó eldiarioAR, incluye también la eliminación del tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros. El objetivo del proyecto es acelerar los tiempos de los desalojos contra los inquilinos que estén en mora. ¿Cómo? La iniciativa habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago. 

Según explica Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, el Código Civil y Comercial establece que sólo después de dos meses consecutivos de no pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley, esta exigencia desaparecerá y, una vez que el dueño dio aviso de la deuda, el inquilino tiene solo 10 días hasta que el juez puede dar la orden de desalojo. “Y encima eliminan la posibilidad de cancelar la deuda. Una vez que el dueño hizo la demanda, el inquilino ya no puede cancelar la deuda que tenía”, agrega Muñoz. 

El proyecto original de Sturzenegger, incluso, reducía a tres días el plazo para el desalojo, pero los senadores aliados del Gobierno exigieron flexibilizarlo. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar con los gobernadores para conseguir las firmas para el dictamen de mayoría y acordó establecer una diferenciación entre inquilinos morosos y “usurpadores”. Los primeros tendrían un plazo de 10 días, los segundos sólo 3. 

No fue el único cambio que Bullrich tuvo que negociar para conseguir el apoyo del bloque radical y las fuerzas provinciales. Tras la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los aliados empezaron a aumentar las exigencias. Reclamaron el envío de los pliegos judiciales de sus provincias y se negaron a aprobar un nombramiento judicial más hasta que Juan Bautista Mahiques enviara los de las vacantes judiciales del interior. Le cerraron la puerta a la eliminación de las PASO y, pese al juego de seducción de Diego Santilli, exigieron que esta vez, si querían que acompañaran la reforma electoral, Luis Caputo tendría que abrir la billetera. 

En este contexto, Bullrich tuvo que negociar dos meses para lograr avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aceptó modificaciones, flexibilizó el capítulo de desalojos e, incluso, eliminó el capítulo que afectaba directamente a los barrios populares. Es decir: el apartado que habilitaba el desalojo en todos los barrios populares inscriptos en RENABAP. Por presión de la Iglesia y de numerosas organizaciones sociales que advirtieron que, si empezaban a habilitar desalojos en las villas, el enfrentamiento podría derivar en una gran emergencia social, Bullrich aceptó sacar el capítulo y patear la discusión para más adelante. 

La negociación clave, sin embargo, fue la inclusión de los gobernadores en la mesa de la toma de decisiones respecto a la extranjerización de la tierra. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras y, a pedido de los senadores, Bullrich agregó un artículo que define que cualquier tierra que quiera venderse tendrá que tener el visto bueno del gobierno provincial. “Federalismo puro y duro”, presumió la ex ministra. 

Otro cambio: la Ley de Manejo del Fuego

La iniciativa de Sturzenegger incluye otros cambios relacionados con el régimen de propiedad de las tierras nacionales. Además de habilitar la venta de tierras a extranjeros sin límites geográficos o cuantitativos, el proyecto elimina las restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego para las tierras afectadas por incendios.

En 2020, Máximo Kirchner impulsó una ley que modificaba la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales con el objetivo de prevenir la especulación inmobiliaria detrás de los incendios intencionales. La ley, que se sancionó con críticas de gran parte del sector agropecuario, prohibió por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios. La restricción se extendió por 30 años en las zonas agrícolas y por 60 años en los bosques nativos. 

El proyecto del Gobierno lo que hace es eliminar esa prohibición. “¿Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria? Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, cuestionó Sturzenegger cuando fue a exponer en el plenario de comisiones del Senado. 

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se debatirá el próximo jueves en el Senado. El oficialismo está convencido de que tendrá los votos para darle la media sanción: el apoyo de los gobernadores, una vez más, se muestra impermeable a los escándalos políticos del Gobierno. La red de alianzas de Javier Milei promete sostenerse hasta que comience el Mundial de Fútbol.

MCM/CRM

El Gobierno declaró este lunes el año 2024 como el de “la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”, y dispuso que toda la documentación oficial de la administración pública nacional lleve esa leyenda.

Así quedó establecido a través del decreto 55/2024, publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo declaró al 2024 como “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” y dispuso que “toda la documentación oficial de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda ”Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad“.

Así, el Poder Ejecutivo “realizará las acciones pertinentes tendientes a destacar, difundir y concientizar acerca de los valores de la vida, la libertad y la propiedad”.

En la disposición se invita a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “adherir al presente decreto”.

En los considerandos, el Gobierno expuso que “el objeto de la democracia liberal y la economía de mercado es consolidar la estabilidad económica, garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos”

Y señaló que la Constitución “establece desde su Preámbulo el deber del Estado de asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación, afianzando la justicia y consolidando la paz interior”.

También se consignó en el texto del decreto que el Poder Ejecutivo “ha propuesto reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810, con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución de 1853 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de todos los habitantes del suelo argentino”.

Y que “en virtud de lo expuesto, se impulsa la presente medida con el fin de promover, concientizar y resaltar la importancia y el significado de los valores de la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad”.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Todos los argumentos del Gobierno para decretar 2024 año de “la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Con información de agencias.

IG

Es un consuelo de tontos pensar que la inflación que azota ahora a la Argentina coincide con un pico de inflación en todo el mundo, a diferencia de la que acabó con la popularidad de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Los pobres están hundiéndose más en la pobreza y la clase media cada vez compra menos, con lo que se acentúa el proceso que viene sufriendo desde hace cuatro años. O el gobierno del Frente de Todos actúa con medidas de impacto en el corto y el mediano plazo para doblegar en serio la inflación o la fuerte recuperación económica se abortará, a las protestas piqueteras de la izquierda se agregarán la crispación de los sectores medios y en 2023 volverá al poder Juntos por el Cambio, pero ya no con la receta moderada de 2015, cuando Macri prometía mantener a YPF y Aerolíneas en el Estado, sino con una de ajuste severo, flexibilización laboral, fin de las moratorias previsionales y privatizaciones.

La primera reacción del equipo económico ante la difusión este miércoles del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo de un 6,7% -uno de los pocos que lo anticipó fue el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que Mariano de Miguel dirige en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)- fue la cuarta suba de tasas de interés por parte del Banco Central. Se trata de una medida que apuntó a desalentar un fenómeno incipiente: los exportadores están retrasando la liquidación de sus ventas externas porque les estaba conviniendo endeudarse para financiarse a la espera de un eventual salto del tipo de cambio. A su vez, las mayores tasas alientan el ingreso de dólares por el contado con liquidación, que bajó de $ 244 en enero, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a $190. Al anunciar el alza, la autoridad monetaria, que preside Miguel Pesce, aclaró que por sí sola resulta insuficiente para atacar al shock inflacionario de la guerra de Ucrania y detalló una serie de medidas para contrarrestarlo: un dólar oficial que no se acelere pero que tampoco se atrase y permita acumular reservas, la continuidad de la baja de la brecha con el tipo de cambio paralelo, el ajuste fiscal y monetario, la disociación de precios locales de los internacionales con métodos como el aún no materializado fideicomiso público del trigo -que se financia con la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja que se aplicó en marzo y servirá para subvencionar pan, pastas, pizzas y tapas de empanadas y tartas cuando se instrumente el mecanismo, quizás en mayo- y los acuerdos de precios y salarios. La segunda reacción fue el jueves: la decisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el respaldo del secretario de Energía, Darío Martínez, de avanzar con el compromiso con el FMI de subir por segunda vez en el año las tarifas de luz y gas, pese a la crítica del subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, por el impacto social de la medida. “Lo que hagas en el corto plazo no puede ir en contra del mediano plazo. Si no subís ahora las tarifas, con la inflación que hay, se atrasan más. Ante la mayor inflación, no podés tirar por la borda el programa con el FMI, que se viene cumpliendo”, comentan en el equipo económico.

¿Y entonces cómo se protege a las clases media y baja en un país sin los márgenes de maniobra de los desarrollados y ni siquiera de los otros latinoamericanos? Frente a la propuesta de subir más retenciones del secretario de Comercio Interior, el cristinista Roberto Feletti, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometió esta semana que no las tocarán hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández. Recuerda que el conflicto con el campo de 2008 disminuyó la siembra y engendró un movimiento opositor que derivó en la victoria de Macri en 2015. Domínguez apuesta a incentivar la producción agrícola, sin dejar de amenazar a los frigoríficos -si incumplen el acuerdo de precios, no podrán exportar-, al tiempo que conversa con su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para ampliar los fideicomisos privados del aceite y del trigo, que son mecanismos “voluntarios” de los exportadores para abaratar en el mercado local el aceite, la harina y los fideos. A su vez, Guzmán reaccionó con una propuesta de gravar la renta extraordinaria que ha generado la guerra en los productores de materias primas, desde alimentos hasta la energía y la minería, pero en el propio Gobierno consideran que se trató más bien de un intento del ministro de mostrarse duro con los poderosos ante la presión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque a sabiendas de que en el Congreso la oposición frenará ese proyecto de ley. Aún se desconocen los detalles de la iniciativa, en Economía no tienen apuro, pero por lo pronto evalúan si captarán esa renta a través de anticipos del impuesto a las ganancias o ante la presentación de balances trimestrales de las grandes empresas. Los que sí quieren darse prisa son los senadores cristinistas con el proyecto de ley de blanqueo de capitales para pagarle al FMI: así se liberarían fondos extra para otros destinos.

En el equipo económico aclaran que, independientemente del proyecto de gravar la renta extraordinaria, el Gobierno analiza otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores desocupados e informales para contrarrestar el salto de la inflación. ¿Cómo se financiaría? Con el aumento de la recaudación tributaria que provoca la misma suba de precios. Es que el alza del IPC primero impacta en los ingresos y después en los gastos y genera un excedente que permitiría superar la meta de reducción del déficit fiscal del acuerdo con el FMI. En ese pacto se afirma que si se logra una recaudación extra, deberá destinarse a una mayor merma del rojo de las cuentas públicas, pero en el Ejecutivo esperan que el Fondo comprenda que ante la circunstancia excepcional de la guerra, así como todos los países adoptan medidas fuera de libreto para proteger a su población, también la Argentina pueda desviarse de la letra escrita y redirija el sobrante al IFE. Esta semana, en la reunión de primavera boreal del organismo en Washington, Guzmán y Pesce intentarán convencerlo. Al menos podrán mostrarle que cumplieron con las metas del primer trimestre en cuanto a ajuste fiscal y monetario y acumulación de reservas. Están en dudas las del segundo cuarto del año. Por lo pronto, el FMI aprobará el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad con que el que a partir de 2023 asistirá países pobres y de ingresos medios, que fueron incluidos a pedido del ministro de Economía. El nuevo fondo beneficiaría a la Argentina con hasta US$ 1.500 millones.

El salario

Pero el IFE no incluiría a la clase media. ¿Qué remedio hay para la mitad de la población, que además pagará ahora otro aumento de 17/21% de tarifas, lejos de los tarifazos de Macri o del congelamiento del gobierno kirchnerista? “La ayuda a la clase media es bajar la inflación en abril o mayo y que el salario no caiga, por eso se adelantaron las paritarias”, responden en el equipo económico. La Bancaria del diputado Sergio Palazzo, que se abstuvo sobre el acuerdo con el Fondo, marcó la cancha pidiendo 60%, en línea con la previsión privada de inflación.

Otros responsables de la política antiinflacionaria se muestran más preocupados y lamentan que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazaran la propuesta gubernamental de que las empresas dieran en lo inmediato un bono: “En abril, si bien la inflación puede ser un poco más baja, tampoco será 4% sino 5%. Eso te permitiría ir acomodando este desequilibrio descomunal. Hay una presión social inimaginable, porque con los planes sociales no alcanza y hay un gran impacto en los sectores bajo y medio. La política está nerviosa por la inflación porque los gobernadores y los intendentes ven que les complica su relación con el territorio y con el poder económico local que produce alimentos. La producción argentina está entrenada para recuperarse, la economía sigue creciendo al 5% este año, pero esto queda desdibujado con la inflación. Es cierto que la crisis política interna del Gobierno fomenta expectativas negativas, pero el problema mayor es macroeconómico. En el quilombo, hay inversiones que no se hacen, esperan a las elecciones de 2023, y otros se hacen porque miran el largo plazo, como Toyota o la mina Josemaría”, se refiere la fuente al nuevo yacimiento sanjuanino de oro y cobre que esta semana recibió la aprobación ambiental y donde la canadiense Lundin invertirá US$ 4.100 millones. El mismo funcionario reparte críticas a todos, desde Fernández hasta Feletti y Cristina Kirchner: “El Presidente anunció hace un mes que iba a declarar una guerra de precios y mientras tanto los grandes empresarios como Luis Pagani (dueño de Arcor) reaccionaron remarcando. Acá tendrías que sentar a la empresas a discutir su estructura de precios. Pero tampoco la solución es la radicalización que propone Cristina: no funcionó no acordar con los fondos buitre en 2014, no funcionaría ahora no pactar con el FMI”. Domínguez también apunta al secretario de Comercio Interior porque considera que no son los productores agropecuarios sino la cadena de producción y comercialización la responsable de la suba de precios. También advierte sobre la demora en la implementación del fideicomiso público del trigo.

Si el Frente de Todos no acierta a bajar la inflación y mejorar la vida de los pobres y la clase media, en 2023 vencerán Macri, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta y hasta quizás compitan en segunda vuelta con Javier Milei, que gana adeptos con su discurso antipolítica y gracias a que no se pone en tela de juicio su prédica económica similar a la fallida de los 90. Se trataría de un ballotage similar al de Francia entre el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.

Más allá de las diferencias, hay tres consensos sobre políticas entre los economistas del PRO (Hernán Lacunza, más afín a Larreta; Luciano Laspina, promovido por Bullrich; Guido Sandleris, NIcolás Dujovne y Luis Caputo, que siguen asesorando a Macri), la Fundación Mediterránea que preside Carlos Melconian (de mejor trato con la que fue ministra de Trabajo en la crisis de 2000/2001 y de Seguridad en 2015/2019), los radicales Martín Tetaz y Martín Lousteau (que podría ser otro candidato a presidente de la UCR, como Facundo Manes, asesorado por Eduardo Levy Leyati; Gerardo Morales o Alfredo Cornejo) y el fugaz ministro de Economía de 2001 Ricardo López Murphy (que también se lanzaría a la Casa Rosada por su partido, Republicanos Unidos, aunque mantiene buena relación con Bullrich). El primer consenso es una reforma monetaria, que consistiría en independizar el Banco Central -algo que no hizo Macri, cuando puso a un dirigente del PRO, Federico Sturzenegger, al frente-, prohibir que financie al fisco -una regla más dura que la vigente en Chile y Colombia- e impulsar una moneda del Mercosur, con el real brasileño como referencia, no una dolarización como la que propone Milei. Para esta reforma sería necesaria la eliminación del cepo cambiario, como en 2015. Los economistas de Juntos por el Cambio admiten que implicaría una devaluación del peso oficial, con el consiguiente impacto inflacionario, pero consideran que no sería tan grande como la de hace siete años porque el tipo de cambio hoy es más alto que entonces y las mayores cotizaciones de las materias primeras que exporta la Argentina también evitarían una depreciación tan elevada.

El segundo consenso es una reforma tributaria, que reduzca las cargas laborales y los impuestos a la producción -incluida una merma gradual de retenciones- y a la inversión. Estos dos primeros consensos esconden otro: para bajar la emisión monetaria y los impuestos, hay que podar el gasto público. En Juntos por el Cambio prevén que las tarifas de servicios públicos lleguen “atrasadas” a 2023, con lo que aplicarían un alza mayor que el ahora que dispuso Guzmán. Al menos admiten que si el Gobierno cumple su promesa de construir entre este año y el próximo el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, habría que importar menos energía y entonces el incremento previsto para el gas y la electricidad -las centrales lo usan como insumo- no debería ser tan grande.

Además del tarifazo, también se habla de privatizaciones de empresas deficitarias, lo que no incluye YPF. Macri ya habló de vender Aerolíneas. Tetaz considera que no habría compradores y entonces propuso dejárselas a los gremios e ir reduciéndoles gradualmente los subsidios. Vaya a saber qué sucedería con los destinos del interior a los que no vuelan Flybondi y JetSmart. Asesores de Bullrich también sugieren privatizar AySA y el Correo. Tetaz, en cambio, opina que el déficit de AySA se soluciona con aumento de tarifas, igual que el de Integración Energética Argentina (IEASA), la empresa estatal encargada de importar gas y construir el gasoducto Kirchner. En tanto, Larreta no habla de privatizar: en su cabeza prevalece más la idea de “no comprar quilombos”, ser pragmáticos.

El tercer consenso de Juntos por el Cambio abarca las reformas laboral, de los planes sociales y de la Seguridad Social. Ya se conoce la propuesta de flexibilización laboral al eliminar la indemnización por despido, como sugirieron Larreta y Lousteau. “Si no creás empleo, no se termina con los planes y no solucionás la Seguridad Social, porque hoy la mitad de los trabajadores no aporta”, opina uno de los economistas de la coalición opositora. También bajarían las cargas laborales. A su vez, extenderían la asignación universal por hijo (AUH) a los trabajadores formales, de modo que los que están en negro no teman perder el beneficio en caso de blanquearse. Además crearían una asignación universal por vejez: es decir, a los que carecen de aportes suficientes no les darán más moratorias para llegar a la jubilación mínima ni accederían a la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que creó Macri y equivale al 80% de la mínima, sino a una prestación aún más pequeña. Los tres consensos llegarían al poder en 2023 si el Frente de Todos no mejora la vida de los argentinos.

AR