El Gobierno declaró este lunes el año 2024 como el de “la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”, y dispuso que toda la documentación oficial de la administración pública nacional lleve esa leyenda.

Así quedó establecido a través del decreto 55/2024, publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo declaró al 2024 como “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” y dispuso que “toda la documentación oficial de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda ”Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad“.

Así, el Poder Ejecutivo “realizará las acciones pertinentes tendientes a destacar, difundir y concientizar acerca de los valores de la vida, la libertad y la propiedad”.

En la disposición se invita a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “adherir al presente decreto”.

En los considerandos, el Gobierno expuso que “el objeto de la democracia liberal y la economía de mercado es consolidar la estabilidad económica, garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos”

Y señaló que la Constitución “establece desde su Preámbulo el deber del Estado de asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación, afianzando la justicia y consolidando la paz interior”.

También se consignó en el texto del decreto que el Poder Ejecutivo “ha propuesto reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810, con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución de 1853 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de todos los habitantes del suelo argentino”.

Y que “en virtud de lo expuesto, se impulsa la presente medida con el fin de promover, concientizar y resaltar la importancia y el significado de los valores de la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad”.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Todos los argumentos del Gobierno para decretar 2024 año de “la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Con información de agencias.

IG

Es un consuelo de tontos pensar que la inflación que azota ahora a la Argentina coincide con un pico de inflación en todo el mundo, a diferencia de la que acabó con la popularidad de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Los pobres están hundiéndose más en la pobreza y la clase media cada vez compra menos, con lo que se acentúa el proceso que viene sufriendo desde hace cuatro años. O el gobierno del Frente de Todos actúa con medidas de impacto en el corto y el mediano plazo para doblegar en serio la inflación o la fuerte recuperación económica se abortará, a las protestas piqueteras de la izquierda se agregarán la crispación de los sectores medios y en 2023 volverá al poder Juntos por el Cambio, pero ya no con la receta moderada de 2015, cuando Macri prometía mantener a YPF y Aerolíneas en el Estado, sino con una de ajuste severo, flexibilización laboral, fin de las moratorias previsionales y privatizaciones.

La primera reacción del equipo económico ante la difusión este miércoles del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo de un 6,7% -uno de los pocos que lo anticipó fue el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que Mariano de Miguel dirige en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)- fue la cuarta suba de tasas de interés por parte del Banco Central. Se trata de una medida que apuntó a desalentar un fenómeno incipiente: los exportadores están retrasando la liquidación de sus ventas externas porque les estaba conviniendo endeudarse para financiarse a la espera de un eventual salto del tipo de cambio. A su vez, las mayores tasas alientan el ingreso de dólares por el contado con liquidación, que bajó de $ 244 en enero, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a $190. Al anunciar el alza, la autoridad monetaria, que preside Miguel Pesce, aclaró que por sí sola resulta insuficiente para atacar al shock inflacionario de la guerra de Ucrania y detalló una serie de medidas para contrarrestarlo: un dólar oficial que no se acelere pero que tampoco se atrase y permita acumular reservas, la continuidad de la baja de la brecha con el tipo de cambio paralelo, el ajuste fiscal y monetario, la disociación de precios locales de los internacionales con métodos como el aún no materializado fideicomiso público del trigo -que se financia con la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja que se aplicó en marzo y servirá para subvencionar pan, pastas, pizzas y tapas de empanadas y tartas cuando se instrumente el mecanismo, quizás en mayo- y los acuerdos de precios y salarios. La segunda reacción fue el jueves: la decisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el respaldo del secretario de Energía, Darío Martínez, de avanzar con el compromiso con el FMI de subir por segunda vez en el año las tarifas de luz y gas, pese a la crítica del subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, por el impacto social de la medida. “Lo que hagas en el corto plazo no puede ir en contra del mediano plazo. Si no subís ahora las tarifas, con la inflación que hay, se atrasan más. Ante la mayor inflación, no podés tirar por la borda el programa con el FMI, que se viene cumpliendo”, comentan en el equipo económico.

¿Y entonces cómo se protege a las clases media y baja en un país sin los márgenes de maniobra de los desarrollados y ni siquiera de los otros latinoamericanos? Frente a la propuesta de subir más retenciones del secretario de Comercio Interior, el cristinista Roberto Feletti, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometió esta semana que no las tocarán hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández. Recuerda que el conflicto con el campo de 2008 disminuyó la siembra y engendró un movimiento opositor que derivó en la victoria de Macri en 2015. Domínguez apuesta a incentivar la producción agrícola, sin dejar de amenazar a los frigoríficos -si incumplen el acuerdo de precios, no podrán exportar-, al tiempo que conversa con su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para ampliar los fideicomisos privados del aceite y del trigo, que son mecanismos “voluntarios” de los exportadores para abaratar en el mercado local el aceite, la harina y los fideos. A su vez, Guzmán reaccionó con una propuesta de gravar la renta extraordinaria que ha generado la guerra en los productores de materias primas, desde alimentos hasta la energía y la minería, pero en el propio Gobierno consideran que se trató más bien de un intento del ministro de mostrarse duro con los poderosos ante la presión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque a sabiendas de que en el Congreso la oposición frenará ese proyecto de ley. Aún se desconocen los detalles de la iniciativa, en Economía no tienen apuro, pero por lo pronto evalúan si captarán esa renta a través de anticipos del impuesto a las ganancias o ante la presentación de balances trimestrales de las grandes empresas. Los que sí quieren darse prisa son los senadores cristinistas con el proyecto de ley de blanqueo de capitales para pagarle al FMI: así se liberarían fondos extra para otros destinos.

En el equipo económico aclaran que, independientemente del proyecto de gravar la renta extraordinaria, el Gobierno analiza otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores desocupados e informales para contrarrestar el salto de la inflación. ¿Cómo se financiaría? Con el aumento de la recaudación tributaria que provoca la misma suba de precios. Es que el alza del IPC primero impacta en los ingresos y después en los gastos y genera un excedente que permitiría superar la meta de reducción del déficit fiscal del acuerdo con el FMI. En ese pacto se afirma que si se logra una recaudación extra, deberá destinarse a una mayor merma del rojo de las cuentas públicas, pero en el Ejecutivo esperan que el Fondo comprenda que ante la circunstancia excepcional de la guerra, así como todos los países adoptan medidas fuera de libreto para proteger a su población, también la Argentina pueda desviarse de la letra escrita y redirija el sobrante al IFE. Esta semana, en la reunión de primavera boreal del organismo en Washington, Guzmán y Pesce intentarán convencerlo. Al menos podrán mostrarle que cumplieron con las metas del primer trimestre en cuanto a ajuste fiscal y monetario y acumulación de reservas. Están en dudas las del segundo cuarto del año. Por lo pronto, el FMI aprobará el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad con que el que a partir de 2023 asistirá países pobres y de ingresos medios, que fueron incluidos a pedido del ministro de Economía. El nuevo fondo beneficiaría a la Argentina con hasta US$ 1.500 millones.

El salario

Pero el IFE no incluiría a la clase media. ¿Qué remedio hay para la mitad de la población, que además pagará ahora otro aumento de 17/21% de tarifas, lejos de los tarifazos de Macri o del congelamiento del gobierno kirchnerista? “La ayuda a la clase media es bajar la inflación en abril o mayo y que el salario no caiga, por eso se adelantaron las paritarias”, responden en el equipo económico. La Bancaria del diputado Sergio Palazzo, que se abstuvo sobre el acuerdo con el Fondo, marcó la cancha pidiendo 60%, en línea con la previsión privada de inflación.

Otros responsables de la política antiinflacionaria se muestran más preocupados y lamentan que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazaran la propuesta gubernamental de que las empresas dieran en lo inmediato un bono: “En abril, si bien la inflación puede ser un poco más baja, tampoco será 4% sino 5%. Eso te permitiría ir acomodando este desequilibrio descomunal. Hay una presión social inimaginable, porque con los planes sociales no alcanza y hay un gran impacto en los sectores bajo y medio. La política está nerviosa por la inflación porque los gobernadores y los intendentes ven que les complica su relación con el territorio y con el poder económico local que produce alimentos. La producción argentina está entrenada para recuperarse, la economía sigue creciendo al 5% este año, pero esto queda desdibujado con la inflación. Es cierto que la crisis política interna del Gobierno fomenta expectativas negativas, pero el problema mayor es macroeconómico. En el quilombo, hay inversiones que no se hacen, esperan a las elecciones de 2023, y otros se hacen porque miran el largo plazo, como Toyota o la mina Josemaría”, se refiere la fuente al nuevo yacimiento sanjuanino de oro y cobre que esta semana recibió la aprobación ambiental y donde la canadiense Lundin invertirá US$ 4.100 millones. El mismo funcionario reparte críticas a todos, desde Fernández hasta Feletti y Cristina Kirchner: “El Presidente anunció hace un mes que iba a declarar una guerra de precios y mientras tanto los grandes empresarios como Luis Pagani (dueño de Arcor) reaccionaron remarcando. Acá tendrías que sentar a la empresas a discutir su estructura de precios. Pero tampoco la solución es la radicalización que propone Cristina: no funcionó no acordar con los fondos buitre en 2014, no funcionaría ahora no pactar con el FMI”. Domínguez también apunta al secretario de Comercio Interior porque considera que no son los productores agropecuarios sino la cadena de producción y comercialización la responsable de la suba de precios. También advierte sobre la demora en la implementación del fideicomiso público del trigo.

Si el Frente de Todos no acierta a bajar la inflación y mejorar la vida de los pobres y la clase media, en 2023 vencerán Macri, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta y hasta quizás compitan en segunda vuelta con Javier Milei, que gana adeptos con su discurso antipolítica y gracias a que no se pone en tela de juicio su prédica económica similar a la fallida de los 90. Se trataría de un ballotage similar al de Francia entre el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.

Más allá de las diferencias, hay tres consensos sobre políticas entre los economistas del PRO (Hernán Lacunza, más afín a Larreta; Luciano Laspina, promovido por Bullrich; Guido Sandleris, NIcolás Dujovne y Luis Caputo, que siguen asesorando a Macri), la Fundación Mediterránea que preside Carlos Melconian (de mejor trato con la que fue ministra de Trabajo en la crisis de 2000/2001 y de Seguridad en 2015/2019), los radicales Martín Tetaz y Martín Lousteau (que podría ser otro candidato a presidente de la UCR, como Facundo Manes, asesorado por Eduardo Levy Leyati; Gerardo Morales o Alfredo Cornejo) y el fugaz ministro de Economía de 2001 Ricardo López Murphy (que también se lanzaría a la Casa Rosada por su partido, Republicanos Unidos, aunque mantiene buena relación con Bullrich). El primer consenso es una reforma monetaria, que consistiría en independizar el Banco Central -algo que no hizo Macri, cuando puso a un dirigente del PRO, Federico Sturzenegger, al frente-, prohibir que financie al fisco -una regla más dura que la vigente en Chile y Colombia- e impulsar una moneda del Mercosur, con el real brasileño como referencia, no una dolarización como la que propone Milei. Para esta reforma sería necesaria la eliminación del cepo cambiario, como en 2015. Los economistas de Juntos por el Cambio admiten que implicaría una devaluación del peso oficial, con el consiguiente impacto inflacionario, pero consideran que no sería tan grande como la de hace siete años porque el tipo de cambio hoy es más alto que entonces y las mayores cotizaciones de las materias primeras que exporta la Argentina también evitarían una depreciación tan elevada.

El segundo consenso es una reforma tributaria, que reduzca las cargas laborales y los impuestos a la producción -incluida una merma gradual de retenciones- y a la inversión. Estos dos primeros consensos esconden otro: para bajar la emisión monetaria y los impuestos, hay que podar el gasto público. En Juntos por el Cambio prevén que las tarifas de servicios públicos lleguen “atrasadas” a 2023, con lo que aplicarían un alza mayor que el ahora que dispuso Guzmán. Al menos admiten que si el Gobierno cumple su promesa de construir entre este año y el próximo el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, habría que importar menos energía y entonces el incremento previsto para el gas y la electricidad -las centrales lo usan como insumo- no debería ser tan grande.

Además del tarifazo, también se habla de privatizaciones de empresas deficitarias, lo que no incluye YPF. Macri ya habló de vender Aerolíneas. Tetaz considera que no habría compradores y entonces propuso dejárselas a los gremios e ir reduciéndoles gradualmente los subsidios. Vaya a saber qué sucedería con los destinos del interior a los que no vuelan Flybondi y JetSmart. Asesores de Bullrich también sugieren privatizar AySA y el Correo. Tetaz, en cambio, opina que el déficit de AySA se soluciona con aumento de tarifas, igual que el de Integración Energética Argentina (IEASA), la empresa estatal encargada de importar gas y construir el gasoducto Kirchner. En tanto, Larreta no habla de privatizar: en su cabeza prevalece más la idea de “no comprar quilombos”, ser pragmáticos.

El tercer consenso de Juntos por el Cambio abarca las reformas laboral, de los planes sociales y de la Seguridad Social. Ya se conoce la propuesta de flexibilización laboral al eliminar la indemnización por despido, como sugirieron Larreta y Lousteau. “Si no creás empleo, no se termina con los planes y no solucionás la Seguridad Social, porque hoy la mitad de los trabajadores no aporta”, opina uno de los economistas de la coalición opositora. También bajarían las cargas laborales. A su vez, extenderían la asignación universal por hijo (AUH) a los trabajadores formales, de modo que los que están en negro no teman perder el beneficio en caso de blanquearse. Además crearían una asignación universal por vejez: es decir, a los que carecen de aportes suficientes no les darán más moratorias para llegar a la jubilación mínima ni accederían a la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que creó Macri y equivale al 80% de la mínima, sino a una prestación aún más pequeña. Los tres consensos llegarían al poder en 2023 si el Frente de Todos no mejora la vida de los argentinos.

AR

El ping pong con candidatos economistas, empresarios y sindicalistas continúa este martes con José Luis Espert, doctor en economía de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicas de Argentina) y primer candidato a diputado de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. El candidato libertario respondió casi todas las preguntas, pero no las referidas a las obras de infraestructura que el país necesita, la vivienda propia y el alquiler, las pymes, las tarifas de energía y transporte, el cambio climático y las actividades económicas contaminantes con el argumento de que se trata de cuestiones vinculadas al Poder Ejecutivo y no al Legislativo al que él aspira a ingresar.

¿Cómo se baja la inflación? ¿Sirven los controles de precios?

Para explicar esto, usemos de ejemplo a la papa. Cuando hay más oferta de papa que demanda de papa, cae el precio de la papa. Si cae el precio de la papa, la papa compra menos ensalada, tomate, café, fideos. Cayó el poder de compra de la papa. Cuando se emite más dinero del que se demanda, cae el precio del dinero, cae el poder de compra del dinero. Eso es la inflación, sube el nivel general de precios. Entonces la manera de resolver el problema de la inflación es la misma en la cual se resolvería el problema del exceso de oferta de papas. Que haya menos oferta de papas con más demanda de papas. Así se resuelve el exceso de oferta de papas. Con el dinero pasa lo mismo. Para bajar la inflación hay que dejar de emitir dinero, para lo cual se requiere menos déficit fiscal, para lo cual se requiere bajar el gasto público hasta el nivel de la recaudación y se requiere más demanda de dinero, lo cual requiere de mayor confianza en el país. Por ejemplo, hoy se haría con el acuerdo con el Fondo urgente.

¿Cómo se baja el desempleo?

Se baja el desempleo creciendo, para lo cual hace falta confianza, cambiar las reglas de juego. Otro país y otro gobierno.

¿Está de acuerdo con cambiar la legislación laboral y cómo?

La legislación laboral hay que cambiarla totalmente, tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro por culpa de esta legislación laboral. Entre los muchos cambios que hay que hacer, hay que descentralizar la negociación colectiva y hay que ponerles límites a los mandatos de los secretarios generales. No puede ser que tengamos secretarios generales en gremio desde hace más de medio siglo. Si el presidente dura cuatro años de su mandato con derecho de reelección a uno, lo mismo para el secretario general.

¿Cómo hacer para que los salarios recuperen poder de compra?

Hay que bajar la inflación. Sin bajarla, nunca los salarios van a recuperar el poder de compra.

¿Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo, y cómo? ¿Cuánto debería durar el cepo?

Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo. El tipo de cambio oficial va a acercarse al paralelo en algún momento, con acuerdo con el Fondo o sin acuerdo con el Fondo.

¿Qué partidas del gasto público deberían bajar?

Tenemos que hacer una reforma estructural gigantesca. En primer lugar, hay que echar de manera gradual a un millón de ñoquis que los Kirchner incorporaron solo para militar durante los 12 años de su primer período. Y luego hay que reformular completamente la estructura del Estado sobre el ministerio, sobre las secretarías y hay que reformar la coparticipación federal. Provincia que no pueda sustentar su gasto propio con recursos propios, que se fusione y se regenere.

¿Hay que reducir el empleo público? ¿Por qué?

Hay que echar a los ñoquis los que son una estafa para el buen empleo público y una estafa por el contribuyente.

¿Hay que privatizar empresas públicas? ¿Cuáles?

Hay que privatizar todas las empresas públicas, todas. Aerolíneas hay que cerrarla directamente y declarar cielos abiertos para que la gente buena de Aerolíneas pueda tener un buen empleo en otra empresa. Aerolíneas es un nido de los sindicatos que lo han destruido.

¿Hay que subir o bajar impuestos? ¿Cuáles?

Luego de bajar drásticamente el gasto público, hay que bajar impuestos, sin dudas. Algunos hay que eliminarlos directamente como el impuesto al cheque, retenciones, ingresos brutos, que hay que reemplazarlo por una tasa de IVA que que vaya directamente a las provincias. Hay que eliminar la tasa de seguridad, higiene municipal, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, la tasa barrial. Esta última debería ser reemplazada por una coparticipación del inmobiliario rural con las municipalidades y la de alumbrado, barrido y limpieza se reemplaza con una coparticipación del inmobiliario residencial con los municipios.

¿Le parece bien el endeudamiento que tomó Mauricio Macri? ¿Cómo podría haberse evitado?

El problema de la deuda es un problema histórico. La Argentina ha defaulteado casi 10 veces la deuda a lo largo de su historia. No es un problema sólo de Macri, es un problema de todos lo que nos endeudan y nos endeudan porque hay déficit. Y si hay déficit con la montaña de impuestos que pagamos es porque hay demasiado gasto público. Entonces la manera de haber evitado el endeudamiento de Macri es la misma manera que se podría haber evitado el endeudamiento histórico de Argentina y crónico, no teniendo déficit.

¿Qué condiciones aceptaría en un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuáles no?

Al Fondo no le aceptaría ninguna suba de impuesto. La baja de déficit tiene que ser solo con baja de gasto público y tiene que haber ajuste de tarifa pero gradual.

¿Le parece bien proteger a la industria con los aranceles actuales y licencias no automáticas? ¿por qué?

No, basta de proteger a la industria con aranceles altos o prohibiciones para portar licencia no automática. Hace 80 años que estamos con este pescado podrido de la industria naciente y la sustitución de importaciones. Hay que abrirse al mundo. Los ejemplos de países exitosos son países que comercian con el mundo. No existe país exitoso que se vivan protegiendo durante casi un siglo como nosotros, y menos en la Edad Moderna.

¿Está de acuerdo con que el país firme tratados de libre comercio con otros países, como hizo con la Unión Europea?

La Argentina tiene que firmar tratados de libre comercio con todo el mundo, tiene que salirse del Mercosur. El Mercosur hay que transformarlo en un simple tratado de libre comercio, uno de los tantos que tiene que firmar Argentina con el mundo.

¿Cómo se transforman los planes sociales en empleo?

La condición necesaria es que haya crecimiento para poder transformar planes sociales en empleo. Para que haya ganas de parte de los empresarios de llamar a alguien tiene que haberse hecho una reforma laboral que reduzca los costos laborales y flexibilice las normas laborales. Hay que capacitar a los beneficiarios de planes y hay que eximirlos a los empresarios durante un periodo de tiempo de años de las contribuciones patronales de esos beneficiarios de planes.

¿Qué productos y servicios debe producir la Argentina y cuáles no?

Una vez que la Argentina decide abrirse al comercio, lo decide el mercado mundial. No tiene que haber ningún burócrata decidiendo lo que produce la Argentina. Cuando empezó la apertura económica a Chile lo único que producía Chile era cobre. Hoy es de los principales exportadores de salmón del mundo, casi 40 años después. ¿Por qué? Porque a medida que Chile comenzó a hacerse rica exportando cobre nada más, de a poco los empresarios empezaron a apostar a otras industrias. Una de ellas fue tan exitosa que hoy es de los principales exportadores de salmón del mundo.

AR

A partir de hoy, elDiarioAR inicia la publicación de una serie de ping-pongs de preguntas y respuestas sobre economía a candidatos de las próximas elecciones que sean economistas, empresarios o sindicalistas. Más vale conocer algo de su pensamiento antes de sorprenderse cuando asuman sus nuevos cargo. El primero en responder fue el economista Martín Tetaz, segundo en la lista a diputados de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se baja la inflación? ¿Sirven los controles de precios?

La inflación baja con un Banco Central independiente, como Chile, Perú, Colombia o Brasil.

¿Cómo se baja el desempleo?

Se baja estabilizando la macroeconomía, con una reforma monetaria del Banco Central y, después, con una legislación laboral moderna para las pymes.

¿Está de acuerdo con cambiar la legislación laboral y cómo?

Sí, tiene que cambiar la legislación laboral para las pymes, de manera que se reduzcan los pasivos laborales que tienen, de suerte tal de que puedan contratar sin miedo al juicio laboral y en condiciones de libertad para cesar la contratación cuando no les va bien. Que el Estado proteja a los que quedan desempleados con un buen seguro de desempleo, fondeado en parte por los propios empresarios.

¿Cómo hacer para que los salarios recuperen poder de compra?

Primero hay que bajar la inflación. En segundo lugar, los salarios son la inversa del tipo de cambio real y para tener un tipo de cambio real más razonable, que permita mejores salarios, se requieren inversiones, aumento de la productividad y que la Argentina recupere un rol exportador fuerte, que perdió en los últimos 70 años. Hay que terminar con el sesgo antiexportador, que genera un tipo de cambio real más alto.

¿Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo, y cómo? ¿Cuánto debería durar el cepo?

Con un Banco Central y una política monetaria independientes, no habría cepo. Habría un solo tipo de cambio y estaría bastante más cerca del tipo de cambio oficial, en razón en que está en niveles reales (ajustado por inflación) alto respecto a los últimos diez años. Está 40% por arriba de 2015. El dólar de equilibrio estaría mucho más cerca a $ 100 que a 180.

¿Qué partidas del gasto público deberían bajar?

Hay que eliminar todas las jubilaciones de privilegio, como las del servicio consular y las de los jueces. Hay que reducir drásticamente las partidas de subsidios económicos. Esto tiene que ver con actualizar los contratos de las empresas de servicios tanto energéticos como de transporte para evitar caer en un tarifazo, para permitir una mayor rentabilidad sin necesidad de recaer completamente en las tarifas.

¿Hay que reducir el empleo público? ¿Por qué?

Más que reducir el empleo público, mi propuesta es que para nombrar un empleado público deben haberse creado dos empleos privados. Si no hubo creación de empleo privado en mi jurisdicción, no puedo crear empleo público.

¿Hay que privatizar empresas públicas? ¿Cuáles?

Todas las empresas que produzcan bienes potencialmente provistos por empresas privadas, tendrían que ser privatizadas. No tiene sentido que el Estado produzca bienes cuando tiene que concentrarse en producir salud, educación, seguridad y justicia de calidad. El problema es que las empresas argentinas que podrían ser privatizadas no son deseables. Es imposible privatizar Aerolíneas porque no hay nadie quiere las quiera. Lo mismo con Astillero Río Santiago. Mi propuesta es que sean propiedad de los propios trabajadores, pero que no reciban más subsidios.

¿Hay que subir o bajar impuestos? ¿Cuáles?

Hay que eliminar todos los impuestos a la producción, a las exportaciones y al empleo. Los impuestos deben recaer sobre todo en Ganancias. Luego debe haber un impuesto general a los consumos como el IVA.

¿Le parece bien el endeudamiento que tomó Mauricio Macri? ¿Cómo podría haberse evitado?

Todo proceso de endeudamiento es consecuencia del déficit. Me hubiera gustado que no se generara déficit, que generó Cristina, que entró con superávit y entregó con déficit. También me hubiera gustado que el presidente Macri hubiera reducir más rápido el déficit.

¿Qué condiciones aceptaría en un programa del FMI y cuáles no?

Aceptaría todas las condiciones que vayan en línea con lo que de todas maneras tiene que hacer la Argentina y no aceptaría ninguna en contra de lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es una reforma monetaria, una fiscal y una de las reglas laborales.

¿Le parece bien proteger a la industria con los aranceles actuales y licencias no automáticas? ¿por qué?

No estoy de acuerdo con ninguna protección arancelaria ni paraarancelaria. El único mecanismo que tiene que tener la industria es el tipo de cambio real. Cuando la industria está perdiendo espacio en la economía, el dólar sube y proteger a todos los sectores sin ningún lobby. Lo que pasa es que no se puede hacer eso cuando el país está tomando mucha deuda porque el dólar se abarata. Ese fue el gran error de los gobiernos que intentaron aperturas en los 80 y los 90. Las aperturas con tipo de cambio bajo terminan en tragedia.

¿Está de acuerdo con que el país firme tratados de libre comercio con otros países, como hizo con la Unión Europea?

Estoy a favor de que el país firme todos los tratados de libre comercio que crea convenientes y que se inserte fuerte en el comercio internacional. No hay otro camino para un país con un mercado interno tan pequeño, de 45 millones de habitantes.

¿Cómo se transforman los planes sociales en empleo?

Primero hay que cambiar las reglas laborales de las pymes. Si las 650.000 pymes empiezan a contratar a un trabajador, se contrataría el triple que en un año muy bueno. Segundo, estabilizar la macroeconomía para que haya previsibilidad. Luego, generar incentivos específicos, como que los planes tengan una duración limitada en el tiempo y que si se incorporan a una empresa, sigan cobrando el plan durante un año para no tener el desincentivo a dejarlo y que las empresas que los contrates no paguen impuestos.

¿Qué medidas se podrían adoptar a favor de las pymes?

Las pymes necesitan estabilidad monetaria, menos impuestos a la producción, no deberían pagar ninguno en los primeros dos años de vida y después sólo Ganancias, y, en tercer lugar, reglas laborales adecuadas para ellas. Las reglas laborales de la Argentina son de la década del 70 para las grandes fábricas.

¿Qué productos y servicios debe producir la Argentina y cuáles no?

La Argentina debe producir todos los productos y servicios que el mercado le demande, genere valor y que esté en condiciones de producir. No está escrito que tengamos que hacer sí o sí determinados productos o no hacer otros.

¿Qué obras de infraestructura deberían hacerse?

Tendría que mejorar en provisión de energías renovables para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y no contribuir al calentamiento global. Tendría que tener una reforma de sus redes viales. Están colapsados todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que ver con un sistema integral que tiene que recomponer el servicio de tren. Hay que mantener y mejorar las vías hídricas y los puertos, sobre todo los de La Plata y Bahía Blanca para diversificar el tráfico y el de Buenos Aires, que no es competitivo contra Montevideo. Todas las rutas con un tráfico razonable deben ser doble mano.

¿Cómo lograr el acceso a la casa propia?

En todos los países es con crédito hipotecario. Lo que ocurre es que primero hay que tener una moneda y hay que eliminar la inflación. Hoy no podríamos tener acceso al crédito porque los salarios reales están muy bajos en dólares en relación al precio del metro cuadrado. Para eso hay que recomponer salarios reales.

¿Cómo se resuelve la dificultad para alquilar?

Los dos grandes errores de la ley de alquileres son pedir que los contratos sean a tres años, cuando hay mucha gente que prefiere a un año y otros a cinco. Tiene que ser flexible la duración. En segundo lugar, las partes deberían ponerse de acuerdo sobre la regla de ajuste y que no se les imponga como impuso la ley. El índice del Banco Central está bien como sugerencia, pero no como obligación.

¿Deberían aumentar las tarifas de energía y transporte para las clases media y altas? ¿Por encima de la inflación, como con Macri?

Bajar las tarifas para la gente que las puede pagar es un acto de demagogia. El Estado está pagando la energía de la clase media y la media alta con el IVA de la polenta de los que no tienen para comer o con la emisión monetaria. La recomposición no necesariamente tiene que venir por las tarifas sino por un escenario de certidumbre hacia adelante que no modifique ningún gobierno. Hay que reestructurar todos los contratos con estabilidad fiscal, acceso a divisas y mantenimientos de las condiciones pactadas respecto de las tarifas.

Ante la crisis climática, ¿cuáles cree que son los sectores de la economía que hay que impulsar y, en oposición, cuáles cree que deberían ser relegados?

No creo que haya que impulsar sectores, pero sí el tipo de energía que producimos. La generación de energía tiene que estar concentrada en renovables. Luego, incorporar medidas como la medición de la huella de carbono por parte de las empresas y la obligación de captar esa huella, con esquemas como el de banco de bosques o el de bonos de carbono.

¿Qué opina del impacto ambiental del fracking, la minería a cielo abierto, la fumigación con agroquímicos, la deforestación para la agricultura y la ganadería o las industrias que contaminan ríos como el Riachuelo?

La experiencia en el mundo con las actividades agropecuarias, mineras e industriales es que el debate no es dicotómico, sí o o no, sino cómo. Uno ve minería en Canadá y funciona perfecto. Tiene que funcionar perfecto acá. Uno ve agricultura de calidad con buen manejo de productos químicos en la Argentina y los accidentes son mínimos. La producción industrial en el Riachuelo es más grave porque no se puede colocar el corazón industrial de la Argentina en áreas tan densamente pobladas, hay que analizar el tratamiento de residuos y que paguen por las contaminaciones. Eso va a generar el incentivo para evitarlas.

AR

Hace pocos días generó un pequeño debate en nuestra vida pública el mensaje que el papa Francisco envió al director general de la Organización Internacional del Trabajo Guy Ryder. Me interesan dos frases para discutir. La que definió a la propiedad privada como un derecho secundario y la que subordinó este derecho al destino universal de los bienes. Me interesan porque no se trata solamente de cuestiones propias de la filosofía política, sino de tópicos prácticos sobre los que se asientan los cimientos de las sociedades occidentales y que definen la extensión de los derechos humanos, un tema que envuelve a toda la tradición republicana.

La palabra república está un poco maltratada y sometida a un proceso de resignificación que la alejó de todo su potencial emancipador original. Básicamente recordemos que república se define por la capacidad de vivir en una sociedad sin reconocer otro dominio que el de la ley, que es la expresión de la voluntad ciudadana. Retengamos eso, la ley expresa nuestros acuerdos y es universal porque se aplica -al menos en teoría- a todo el mundo. Recordemos también que al interior del republicanismo hay dos grandes vertientes. La aristocrática, que se remonta a Aristóteles y que grosso modo se limita a incluir en el régimen político como sujeto de derechos a los propietarios y el republicanismo democrático, que se remonta a la Atenas de Aspasia y Pericles, de vocación universal.

En ambas corrientes, la cuestión nodal es la relación entre la libertad, la igualdad y la propiedad, porque se trata de esferas inescindibles para poder vivir sin reconocer ningún señorío o amenaza de un tercero. En esa clave, es importante tener en claro que la base material que suministra la propiedad es una fuente de igualdad, porque nos vuelve autónomos. No es lo mismo ser parte de la sociedad con casa y trabajo asegurado, que vivir en la incertidumbre del día a día para comer y dormir. La gran diferencia entre ambas es la extensión de aquella relación.

Decía que la tradición del republicanismo democrático tiene un horizonte normativo universal, vinculado con la extensión del derecho de propiedad. Según esta mirada, cuantos más propietarios haya, habrá más libertad definida como la chance de tomar decisiones sin pedir permiso a nadie (esta es la razón ética de la Renta Básica Universal). Para el republicanismo, en cualquiera de sus posiciones, el grado de libertad de una sociedad se define por la forma en que está configurada la propiedad.

Es por ello por lo que, en las facultades de derecho, en las primeras clases de derecho constitucional, a los alumnos nos enseñan que hay derechos que se pueden disponer y otros de los que no se pueden disponer ¿Está permitido firmar un contrato de esclavitud? No. Hay en juego derechos inalienables que no se pueden separar de la condición humana. ¿Se pueden comprar y vender cosas? Si. Ello tiene que ver con la forma en que regulamos la propiedad. Las palabras del Papa, entonces, toman partido por una perspectiva teórica que se remonta a la reacción de la Escuela de Salamanca, a través de Juan de Mariana y Bartolomé de las Casas, que en el siglo XVI reflexionaban sobre las implicancias de la “Conquista de América” y generaron lo que se conoce como el derecho natural revolucionario.

El planteo del Papa introdujo, frente a los representantes de los trabajadores (a quienes Aristóteles llamaba “esclavos a tiempo parcial”), el debate sobre la propiedad que, obviamente, tiene que ver con discutir la libertad y la igualdad; es decir, las bases de la sociedad. Por eso decía que se trata de una cuestión práctica, actual y pertinente en sociedades como la nuestra, atravesadas por la pobreza estructural. 

¿Por qué es la propiedad un derecho secundario? La respuesta a esta pregunta nos va a mostrar por qué el Papa habló del destino universal de los bienes. Veamos rápidamente las dos grandes posiciones.

Para el republicanismo la propiedad es el modo en que se controlan en una sociedad los recursos que hacen posible la existencia material. Esos recursos de la naturaleza son comunes. Para el cristianismo son obra del creador, para el racionalismo son obra de la naturaleza que no reconoce autoridad. Lo importante es que nadie nace con derecho a ser propietario. La propiedad es un problema, entonces, de diseño institucional.

Por razones de espacio es imposible rastrear las huellas de la tradición republicana. Digamos que John Locke, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Paine y Thomas Jefferson la representan magníficamente. Probablemente el discurso de Robespierre del 2 de diciembre de 1792 condensa a esta tradición. Afirmó que “la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir”. Aquí aparece claro el problema. Los bienes de la naturaleza son comunes. El derecho de propiedad es secundario porque es la sociedad es la que establece a través de la ley su funcionamiento. La constitución de México de 1917 delegaba en el parlamento dicho aspecto, como la constitución Alemana de la República de Weimar. La nuestra es más taxativa. Pero lo importante es que fueron ciudadanos los que resolvieron el punto.

No obstante, desde fines del siglo XIX la propiedad se definió de otra manera. El jurista británico William Blackstone la entendió como el exclusivo y despótico dominio que un hombre exige sobre las cosas externas del mundo, con total exclusión del derecho de cualquier otro individuo. Se trata de la concepción liberal de la libertad. ¿Cuándo nació? Sigo a María Julia Bertomeu y a Antoni Domenech. Nació en las Cortes de Cádiz, en 1812, cuando la libertad fue separada de las condiciones materiales de existencia. Desde ese momento, libre es quien tiene propiedades y también quien solo tiene para vender su fuerza de trabajo. Esta es la innovación liberal (alejada de Locke y Kant que murieron en 1704 y en 1804, respectivamente) y que nos coloca a todos en un pie de igualdad para contratar, más allá de nuestras condiciones de vida reales.

Esto quiere decir que el planteo del papa Francisco, anclado en esa noción de derecho natural revolucionario que distingue derechos disponibles de los indisponibles, se inscribe en una disputa sobre el tamaño de los derechos humanos y apunta a discutir el formato del mundo de la vida real. Aquella intervención ante la OIT es similar a las discusiones de la OCDE, la Unión Europea y los países más poderosos que en estos días debaten temas tributarios que también se vinculan con el diseño de las sociedades.

Hagamos una simple asociación para reforzar la pertinencia de la tensión entre libertad, igualdad y propiedad. De acuerdo con el Indec, el muestreo del segundo semestre de 2020 reveló que el 42% de la población de nuestro país está por debajo de la línea de pobreza. Es urgente discutir el funcionamiento de la sociedad y para ello hay que problematizar cómo hacer para mejorar la república que, según el artículo 1 de la Constitución Nacional, tenemos que construir colectivamente. No se trata, entonces, de usar adjetivos calificativos para discutir la intervención papal. Tampoco es una cuestión de fe, sino de reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que nos interesa vivir. Recordemos cómo empieza el preámbulo de nuestra Constitución. Dice: “Nos, los representantes del pueblo”. Esa fórmula permite sostener que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo cedió su derecho a intervenir en los asuntos públicos a sus representantes. Pero esa cesión no desliga a los ciudadanos de la obligación constitucional de construir una república democrática.

FD

El Ministerio de Transporte oficializó este lunes la decisión de rechazar la prórroga de las concesiones ferroviarias privadas de las líneas de carga Sarmiento, Mitre y Roca, tras 30 años de administración con “balance negativo”. Esas operaciones pasarán en una primera instancia de transición y a partir de 2022 a la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas (TAC), mientras que la administración de la infraestructura ferroviaria y de la totalidad de los bienes estará a cargo de la también pública Trenes Argentinos Infraestructura.

La resolución 211/2021, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, rechazó el pedido de extensión contractual efectuado por las empresas Ferroexpreso Pampeano (de Sociedad Comercial del Plata, SCP), Nuevo Central Argentino (NCA, de Aceitera General Deheza, AGD) y Ferrosur Roca (de la brasileña Camargo Corrêa, también controlante de la cementera Loma Negra), y asignó los servicios a TAC en la etapa inicial de transición para avanzar hacia un modelo de uso abierto con participación público-privada. “No se reestatiza nada”, matizó el vocero de Guerrera. “TAC vuelve a tomar servicios con prórrogas vencidas, será el operador, y las empresas privadas podrán hacer uso de las vías mediante pago de peaje”, agregó el portavoz. En concreto, el Estado volverá a gestionar las vías, pero las locomotoras y los vagones seguirán perteneciendo a Ferroexpreso Pampeano, NCA y Ferrosur Roca.

El Ministerio de Transporte fundamentó su decisión en el análisis de su Comisión Especial de Renegociación de Contratos, que concluyó en que “las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura (velocidad y ramales perdidos)”. Las empresas privadas habían ingresado a este servicio bajo el gobierno de Carlos Menem. La comisión recomendó el rechazo de las solicitudes de extensiones, tras señalar que la experiencia de Trenes Argentinos Cargas indicaría que el desarrollo del sistema ferroviario nacional y el incremento de su participación en la matriz modal “dependen de una concepción y una administración integral de dicha red”. TAC ya opera las líneas de carga Belgrano, Urquiza y San Martín.

El Ministerio de Transporte fundamentó su decisión en el análisis de su Comisión Especial de Renegociación de Contratos, que concluyó en que "las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo

En ese marco, “el papel de los actores privados debe circunscribirse a la operación de las cargas que consigan, cuestión en la que su colaboración con el sistema resulta útil y saludable, en atención a su experticia en la gestión comercial”, se evaluó. La resolución aclara que los plazos necesarios establecidos por las dos compañías estatales para implementar un esquema de transición no son menores a 10 meses, tiempo en el que vence la concesión de Ferroexpreso Pampeano. Por tal motivo, se instruirá a esa empresa para que continúe con la explotación de los servicios ferroviarios hasta el 30 de junio de 2022, en las mismas condiciones en las que lo venía prestando, en tanto se elabora el plan de transición.

Los vencimientos de actuales concesiones son: el 31 de octubre próximo para Ferroexpreso Pampeano; el 21 de diciembre de 2022 en el caso de Nuevo Central Argentino; y para Ferrosur Roca, el 10 de marzo de 2023. El rechazo de las prórrogas de los contratos de concesión implica la reasunción de la administración de la infraestructura ferroviaria nacional y la totalidad de los bienes que forman parte de los contratos de concesiones, una vez vencido el plazo de cada una de ellas por parte de Trenes Argentinos Infraestructura, concluyó el comunicado de Transporte.

AR

El arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, consideró este viernes que “el derecho de propiedad no es absoluto”, y que la dignidad de cada ser humano “está por encima de cualquier otro derecho”.

De esta manera, Fernández se mostró en línea con las declaraciones del papa Francisco, quien aseguró que la propiedad privada es "un derecho secundario" que depende de un derecho entendido como “el destino universal de los bienes”.

“Este planteo ya lo había dicho antes, repitió lo mismo que había dicho el año pasado en la Encíclica. Llama la atención que haya tanto revuelo por algo que es obvio, ¿Quién puede decir que el derecho a la propiedad privada es absoluto, que no tiene límites?”, opinó el arzobispo en diálogo con radio Provincia.

En el marco de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el papa Francisco había planteado la necesidad de “una reforma a fondo de la economía”.

En su mención a la propiedad privada, el Sumo Pontífice recordó el concepto señalado en su Encíclica Fratelli tutti publicada el año anterior, que postuló que junto al derecho a la propiedad “está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto el derecho de todos a su uso”.

“Estamos discutiendo exacerbadamente desde una ideología quizás excesivamente neobeoliberal como si el derecho de la propiedad no tuviera límite alguno. Es secundario porque lo primero es la dignidad de la especie humana”, analizó el arzobispo de la capital bonaerense.

En ese sentido, se preguntó: “¿Si aparece un chico boliviano muerto de hambre en la calle, nuestro país no tiene obligación, solo porque viene de otro lugar? Es obvio que no es así, la dignidad de cada ser humano está por encima de cualquier otro derecho”.

En esa línea, Fernández sentenció que “alguien que tiene una propiedad privada no puede matar a tiros a cualquiera que se meta adentro”, por el contrario, “debe aportar al bien común” y, en función de eso, “se entiende que paga impuestos”.

“En ese se sentido, es la afirmación del Papa de que el derecho a la propiedad privada es secundario, hay cosas más importantes. No lo niega, el derecho existe, hay que resguardarlo, pero siempre junto con otros derechos que también deben ser resguardados”, reflexionó.

El arzobispo agregó que el Papa “no va a sacar conclusiones finas ni concretas” sobre la situación de la Argentina, ya que eso responde a “nuestra propia discusión local”, pero si dijo que “está claro que el derecho de propiedad no es absoluto”.

“Ese es el principio que el Papa quiere dejar firme y claro, el problema es que normalmente no se lo pone sobre la mesa, y parece que el derecho sobre la propiedad privada es el único derecho que existe”, remarcó.

En ese punto, señaló que “el Estado tiene derecho de expropiar y lo puede hacer, no es una cosa de comunista. Por supuesto que tendrá que recompensar al propietario, eso está regulado por la propia legislación”, dijo y juzgó que en la polémica alrededor de los dichos del papa Francisco “parece que la ideología puede a veces más que pensar con la cabeza fría”.

Por otro lado, precisó que la preocupación común con el Gobierno nacional, “está clara” y es la de “atender a los más frágiles, a los que tienen menos recursos para defenderse” y “necesitan apoyo para salir adelante”.

En ese sentido, expresó que el aumento de los precios de los alimentos es “una preocupación constante” y consideró que “los sectores que más han ganado, y que menos han sido perjudicados en este contexto de pandemia, son los que más tiene que hacer un esfuerzo”.

“No son los que venden alimentos los que han perdido sus posibilidades de trabajar en estos dos años, son los que han ganado bien”, enfatizó y reclamó: “Creo que la industria alimenticia debe hacer un esfuerzo y no beneficiarse en un contexto tan doloroso”.

Con información de agencias.

IG

El papa Francisco criticó este jueves la corrupción que convierte a los sindicatos en “seudopatrones” y los aleja del pueblo, al tiempo que consideró que el derecho a la propiedad privada es “un derecho natural” pero “secundario” derivado del derecho que tienen todos, “nacido del destino universal de los bienes creados”.

Además, en un videomensaje enviado a la 109 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, el Pontífice pidió “garantizar que la asistencia social llegue a la economía informal” golpeada por los efectos del coronavirus, y lamentó el “aumento” de la pobreza y el desempleo por la falta de medidas a nivel mundial durante la pandemia.

“Estamos llamados a dar prioridad a nuestra respuesta hacia los trabajadores que se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo y que todavía se ven afectados por la pandemia del Covid-19”, planteó Francisco.

En ese marco, el Papa se refirió especialmente a “los trabajadores poco cualificados, los jornaleros, los del sector informal, los trabajadores migrantes y refugiados, los que realizan lo que se suele denominar el trabajo de las tres dimensiones: peligroso, sucio y degradante, y así podemos seguir la lista”.

Para Jorge Bergoglio, “muchos migrantes y trabajadores vulnerables junto con sus familias, normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y atención, así como de los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales”.

“Es uno de los tantos casos de esta filosofía del descarte que nos hemos habituado a imponer en nuestras sociedades”, denunció.

En su discurso, Francisco aseveró que “la falta de medidas de protección social frente al impacto del Covid-19 ha provocado un aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo, el incremento de la informalidad del trabajo, el retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que esto es muy grave, el aumento del trabajo infantil, más grave aún, la vulnerabilidad al tráfico de personas, la inseguridad alimentaria y una mayor exposición a la infección entre poblaciones como los enfermos y los ancianos”.

Para el Papa, que ha promovido tres encuentros mundiales de Movimientos Populares a nivel mundial, “el trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como empleo formal, y el Programa de Trabajo Decente debe incluir todas las formas de trabajo”.

“La falta de protección social de los trabajadores de la economía informal y de sus familias los vuelve particularmente vulnerables a los choques, ya que no pueden contar con la protección que ofrecen los seguros sociales o los regímenes de asistencia social orientados a la pobreza”, planteó en ese marco.

En especial, el Papa afirmó que “las mujeres de la economía informal, incluidas las vendedoras ambulantes y las trabajadoras domésticas, sienten el impacto del Covid-19 bajo muchos aspectos: desde el aislamiento hasta la exposición extrema a riesgos para la salud”.

“Por lo tanto, es muy necesario garantizar que la asistencia social llegue a la economía informal y preste especial atención a las necesidades particulares de las mujeres y de las niñas”, reclamó.

De cara a la pospandemia, el pontífice retomó lo expuesto en su encíclica de 2020 Fratelli tutti y aseguró que “a veces, al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes”.

Con información de agencias.

IG