La trampa detrás la concesión de Bullrich para aprobar la extranjerización de las tierras

Patricia Bullrich comprobó que no estaban los votos para aprobar el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e hizo una oferta: si los aliados acompañaban el proyecto, ella aceptaría fijar un nuevo tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros. Una concesión destinada a evitar un quinto fracaso legislativo en el Senado, pero que deja intacto el corazón de la reforma. La propuesta –que Bullrich oficializará el martes en una conferencia de prensa– establece un tope solo a nivel nacional y provincial. Nada dice de los departamentos, en donde se juega la verdadera batalla contra la extranjerización.

El nuevo borrador del proyecto comenzó a circular por los Whatsapp de los senadores aliados temprano a la mañana. Bullrich había intentado, hasta último momento, avanzar con la última versión del proyecto redactado por Federico Sturzenegger, pero los números no le daban: necesitaba tener 37 votos asegurados para evitar una nueva derrota y estaba estancada en 35 voluntades.

Había cuatro senadores radicales que se negaban a acompañar el capítulo –Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Edith Terenzi–, mientras que los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut amenazaban con votar en contra. Si a ellos se les sumaban los dos santacruceños y la cordobesa Alejandra Vigo, la iniciativa amenazaba con caerse en la votación en particular.

“El proyecto así no sale”, le advirtió un senador radical durante el fin de semana. La campaña en redes sociales y la marcha convocada para el jueves frente al Congreso había surtido efecto: los senadores estaban incómodos con la ley y ninguno quería pagar el costo político de ser el voto definitivo que habilitase la flexibilización de la Ley de Tierras Rurales. Bullrich se vio obligada a ensayar cambios.

El nuevo borrador, que Bullrich defenderá el martes a las 14 horas en una conferencia de prensa, establece: “La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”.

La concesión de Bullrich, sin embargo, esconde una trampa: el borramiento del límite a nivel departamental o local. La ley original, sancionada en 2011, establece el límite del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, ya que el objetivo era frenar la extranjerización en zonas estratégicas específicas. Es decir, aquellas que cuentan con recursos hídricos o minerales estratégicos, están en zona de frontera o a la vera de una vía navegable fluvial o marítima.

La clave, insisten desde el Observatorio de Tierras, no es cuánta tierra está en manos extranjeras. Sino en dónde.

La trampa de la extranjerización

“La nueva redacción es engañosa y no cambia nada”, sostiene Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras, que fue creado con la ley de 2011 con el objetivo de hacer un seguimiento de la extranjerización de las tierras a nivel nacional. “Hoy en día no hay ninguna provincia que supere el 15% que fija la ley. Las que tienen mayor porcentaje de extranjerización son Salta y Misiones, que no superan el 11,3%. Pero eso no quiere decir que, en cada provincia, haya departamentos que superan el 40 y hasta el 50% de tierra extranjerizada”, explica, en diálogo con eldiarioAR.

Hay localidades, como Iguazú, que cuentan con el 40% de las tierras en manos extranjeras. El caso de Misiones es paradigmático, no sólo porque es una de las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras, sino porque la mayoría pertenece a una sola empresa: una forestal chilena llamada Arauco. La empresa es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país, y se dedica a las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa.

Hay otros casos. El departamento de San Carlos, en Salta, cuenta con el 60% de su territorio en manos extranjeras. Es una zona con glaciares de escombros y ya registra unos cuatro proyectos mineros, así como también dos comunidades indígenas con relevamiento terminado (y otras cuatro sin el relevamiento finalizado), lo que la vuelve un espacio donde convergen intereses productivos, ambientales y comunitarios. Al lado está Cafayate, que comparte el mismo glaciar de escombro y tiene el 23% de su superficie en manos extranjeras.

Una situación similar se observa en Tinogasta, en Catamarca, donde cerca del 27% de la superficie rural está extranjerizada y el departamento concentra tres proyectos mineros en operación y seis previstos. En total, según un informe del Observatorio de Tierras, hay 36 localidades que superan el límite del 15%. ¿Por qué? Porque se compraron antes de la sanción de la ley de 2011.

De prosperar la nueva versión del proyecto, todas estas localidades podrían avanzar con la venta de todo el territorio porque, en el cálculo final, no llegarían a sobrepasar el límite del 25% provincial. “Hoy la ley sirve como dique de contención para la extranjerización en esos territorios”, explica Julieta Caggiano, integrante también del Observatorio de Tierras.

Las y los especialistas señalan, además, que la nueva versión arrastra otros problemas. Por un lado, elimina el tope de cantidad de hectáreas por persona humana o jurídica y el tope por nacionalidad. “Hasta ahora, el capital extranjero de una misma nacionalidad podía comprar hasta el 30% de las tierras extranjerizadas. Con el nuevo proyecto el capital norteamericano podría comprar todo Salta o Neuquén como ya pasa con Chile en Misiones, y no pasa nada”, explica Volkind.

La versión “concesiva” de Bullrich, a su vez, habilita la venta de tierras en zonas de fronteras y los ojos de agua dulce. También elimina el Observatorio de Tierras y deja en manos de las provincias el registro de la tenencia de tierras: el estado nacional ya no tendrá control sobre la extranjerización de su territorio.

MCM/CRM