Ley de Tierras: Milei enfrenta el riesgo de perder a sus aliados misioneros por la interna entre Rovira y Passalacqua

La interna en el oficialismo misionero entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua —que este lunes terminó de formalizar su ruptura con el histórico conductor al renunciar a Encuentro Misionero, el partido que ambos compartían hasta hace pocas semanas— podría tener el próximo jueves su primera consecuencia concreta en el Congreso. Después de casi tres años en los que los dos senadores de Misiones acompañaron disciplinadamente la estrategia parlamentaria diseñada por Rovira y sostuvieron al gobierno de Javier Milei en prácticamente todas las votaciones decisivas, el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza con alterar esa dinámica.

El hermetismo es total y hasta último momento nadie se anima a dar por cerrado el escenario. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas a los involucrados, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce rechazarían el artículo que deroga la Ley de Tierras, el punto más controvertido del proyecto impulsado por la Casa Rosada. Las diferencias aparecerían en la votación en general: mientras Arce se inclinaría por acompañar el resto de la iniciativa, Rojas Decut también votaría en contra del proyecto completo. ¿Responderán los senadores al hombre que durante más de veinte años ordenó la política misionera o comenzarán a reflejar el nuevo equilibrio de poder que intenta construir Passalacqua?

La duda no es menor. Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, Rovira se convirtió en uno de los aliados parlamentarios más confiables del oficialismo. Tanto los diputados como los senadores del entonces Frente Renovador de la Concordia —hoy rebautizado Encuentro Misionero— acompañaron casi sin fisuras las principales iniciativas del Gobierno. La única excepción aparente fue el episodio de Ficha Limpia, en mayo de 2025, cuando los votos de Rojas Decut y Arce terminaron siendo determinantes para que el proyecto fracasara.

Inmediatamente, sin embargo, esa votación comenzó a ser leída como el resultado de un entendimiento subterráneo orientado a impedir la sanción de una ley que hubiera fortalecido al PRO apenas una semana antes de las elecciones porteñas. El Presidente, después del escándalo, buscó despegarse públicamente de aquella maniobra y llegó a presentar el resultado como una traición de los legisladores misioneros. En la política provincial, en cambio, siempre predominó otra interpretación: que Rojas Decut y Arce no hicieron más que ejecutar una instrucción en el marco de un acuerdo previamente conversado con la Casa Rosada.

Esta vez el escenario es diferente. La resistencia a derogar la Ley de Tierras no nació en el entorno del histórico conductor, sino en el del actual gobernador. El gobierno de Passalacqua viene marcando desde hace semanas su rechazo a la iniciativa con un argumento político sencillo: para una provincia cuya economía depende en buena medida de la producción primaria y donde la cuestión de la tierra posee una sensibilidad histórica, eliminar los límites a la compra por parte de extranjeros implicaría asumir un costo político demasiado alto. El fin de semana terminó de reforzar esa posición cuando el mandatario apareció públicamente con una gorra que llevaba la inscripción “Lo que amamos no se vende”.

Detrás de esa discusión jurídica aparece, en realidad, otra mucho más profunda. La tensión entre Rovira y Passalacqua dejó hace tiempo de ser una simple disputa por nombres o candidaturas. También expresa dos estrategias distintas frente al Gobierno nacional. Mientras Rovira fue el principal arquitecto del entendimiento político con Milei y el encargado de garantizar el acompañamiento legislativo de Misiones desde diciembre de 2023, Passalacqua nunca terminó de sentirse cómodo con ese alineamiento. El gobernador debió administrar una provincia especialmente golpeada por el ajuste nacional, con una fuerte caída de la obra pública, un deterioro de las economías regionales y una crisis sin precedentes para el sector yerbatero, uno de los pilares de la economía misionera.

La tierra como frontera política

En Misiones hay una convicción que atraviesa a buena parte del arco político, incluso por encima de las diferencias partidarias: la tierra nunca fue considerada un activo económico más. Esa es una de las razones por las que el artículo del proyecto impulsado por Milei que elimina las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros terminó generando una reacción tan transversal. El rechazo no provino solamente de organizaciones rurales o ambientales, sino que también alcanzó a intendentes, productores, gremios y, ahora, al propio oficialismo provincial.

Los números ayudan a entender esa sensibilidad. Según el Quinto Informe del Observatorio de Tierras, Misiones es hoy la provincia argentina con mayor porcentaje de superficie rural en manos de capitales extranjeros: el 11,29% de su territorio —unas 325.750 hectáreas— pertenece a propietarios de otros países. Distintas organizaciones provinciales sostienen incluso que el porcentaje asciende al 14% cuando se consideran únicamente las tierras de mayor productividad.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, donde la propiedad extranjera aparece distribuida entre distintos actores, en Misiones la concentración tiene nombre propio. La forestal chilena Arauco, a través de Alto Paraná y otras sociedades vinculadas, controla alrededor de 240.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. La mayor parte de esas superficies se ubica sobre el corredor del río Paraná, precisamente la zona donde también se concentran algunos de los mayores niveles de extranjerización de toda la provincia.

Las consecuencias ya forman parte del debate cotidiano en varios municipios. En Puerto Libertad, por ejemplo, las autoridades locales sostienen que cerca del 80% de las tierras útiles pertenecen a una sola empresa, una situación que condiciona tanto la expansión urbana como la radicación de nuevos emprendimientos productivos. Ese diagnóstico es compartido por numerosos intendentes y por más de treinta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ambientales que durante las últimas semanas impulsaron movilizaciones y documentos públicos para reclamar a los legisladores nacionales que rechacen la derogación de la Ley de Tierras.

La discusión, además, llega en un momento especialmente delicado para la economía provincial. La crisis que atraviesa la producción yerbatera, sumada al deterioro de otras economías regionales, alimentó el temor de que muchos pequeños productores terminen desprendiéndose de sus chacras por necesidad económica. En Misiones, por eso, el debate no gira únicamente alrededor de quién puede comprar tierras. También alrededor de quién estará en condiciones de conservarlas.

Ese contexto ayuda a entender por qué el eventual voto de los senadores misioneros excede ampliamente una discusión legislativa. Si finalmente Rojas Decut y Arce rechazan el artículo que deroga la Ley de Tierras, no solo marcarán distancia de una de las iniciativas más importantes impulsadas por la Casa Rosada. También reflejarán el nuevo equilibrio de fuerzas que comenzó a emerger dentro del oficialismo provincial, donde Passalacqua encontró en la defensa de la tierra uno de los primeros temas capaces de diferenciarlo abiertamente de la estrategia de acercamiento a Milei que Rovira impulsó desde el inicio del gobierno libertario.

PL/CRM