Claudio Lozano, graduado de economista por la Universidad del Salvador, ha tenido una larga trayectoria en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), después fue diputado entre 2003 y 2015, primero con el apoyo de Néstor Kirchner, después crítico del kirchnerismo. En 2019, con su partido, Unidad Popular, se sumó al Frente de Todos, integró el directorio del Banco Nación, pero en esta elección, si bien apoya la candidatura a senador del peronista Mariano Recalde en la ciudad de Buenos Aires, él encabeza una lista propia para diputados.

–¿Cómo tiene que resolverse el caso de su colega José Luis Espert?

–La primera solución es separarlo de la función de presidente de la Comisión de Presupuesto (de la Cámara de Diputados) y abrir una comisión que investigue los vínculos con este narco (en referencia a Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos). En función de eso, definir la continuidad o no de él en el Parlamento. Indudablemente su vínculo lo haría alguien falto de idoneidad como para seguir siendo diputado. Del mismo modo que lo hicimos en su momento con (Luis) Patti, que fue electo diputado nacional, pero habida cuenta de su vínculo con el genocidio y su directa relación con la tortura en la provincia de Buenos Aires, una comisión llevó adelante el juicio, se presentaron todas las pruebas de las causas en las que Patti estaba involucrado, él hizo su descargo y después el Parlamento votó.

–¿También debería renunciar a su candidatura para la reelección?

–Si tuviera que ver con mi fuerza política, hacía rato que ya no estaría. Lo que pasa es que esa fuerza política está atravesada por el vínculo con el narco.

–¿Por qué dice eso?

–Porque casualmente no hay una reacción. El propio Milei no está planteándole que tiene que salir de su candidatura. Primero, Espert se encargó de decir que este era un aporte de campaña a la fuerza y no a él. Luego los que administraban la campaña lo desmintieron. Efectivamente, era un fondo que había recibido él en una cuenta personal y luego este explica que en realidad fue un aporte de una empresa minera a la cual estaría vinculado (Fred) Machado. Una empresa minera le pagó US$200.000 por algo que no se hizo, porque después de la pandemia se cortó la relación. Él dijo que viajó una sola vez en su avión y el propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi ya dijo que fueron 35 veces. Además todos sabemos que le puso a disposición una camioneta. También está sobre la mesa que quienes conducían la camioneta eran exfuncionarios de la SIDE (Secretaría de Inteligencia). Con semejantes definiciones y a partir de las noticias de los propios Estados Unidos, que el Presidente lo siga sosteniendo habla a las claras de que el tema por alguna razón los vincula a todos.

–Justo esta semana publicamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) denuncia un aumento del contrabando y que despachantes advierten que la mercadería que va y viene de México y España, que antes se controlaba por canal rojo de la Aduana por tratarse de destinos sensibles del narco, ahora van por verde...

–Todo el proceso de desregulación, que incluye todas las áreas, incluso la de los cielos, abre a las claras el funcionamiento para los ilícitos. Los vínculos del poder con el narco no son de ahora, son viejos. En el momento de la revolución de los aviones (gobierno de Mauricio Macri), Espert aparece vinculado a determinadas sociedades ligadas al narco. Aparte, las aerolíneas involucradas en el tránsito de mercadería es una cosa bastante común. Argentina ha vuelto al proceso de desregulación de los cielos con esta gente. Y la apertura importadora elimina controles.

–La Aduana es un área controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, que a su vez tiene como consejero a Leonardo Scatturice, el nuevo dueño de Flybondi al que no le controlaron las valijas en marzo...

–Pruebas no tengo, pero me merece sospecha.

–Usted quería armar una lista conjunta con el peronismo, pero no pudo y terminó sumándose a la fragmentada oferta de la tercera vía electoral en la Ciudad...

–Efectivamente queríamos un bloque político amplio de lo que serían las fuerzas nacionales, democráticas y populares en la Ciudad. Le hicimos una propuesta en esa dirección tanto a Fuerza Patria como al FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y a otras agrupaciones menores respecto a ir con una sola lista de senadores que se ordenará en función de los votos que se habían obtenido en la última elección. Pero vamos con una lista propia de compañeras y compañeros con trayectoria en la defensa de los derechos de trabajadores, los jubilados, las mujeres, el ambiente, las pymes, los derechos urbanos, los inquilinos. Tenemos la voluntad de que el Parlamento no sea una escribanía del poder económico ni del Fondo, como tampoco de Milei, como lo fue durante casi todo este tiempo hasta hace dos meses, donde en la debacle del Gobierno muchos de los socios naturales que tuvo para todo el desastre que promovió durante este tiempo se le estén abriendo. Hay todo un espacio de una oposición cómplice o complaciente con el Gobierno, que en realidad comparte la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo este y que consecuentemente no supone ninguna modificación significativa respecto a la perspectiva futura de de la Argentina.

–Hablando de desregulaciones, uno de los asesores del ministro Federico Sturzenegger en la materia fue Lucas Llach, que ahora junto a Javier González Fraga serán indagados por el préstamo que le dieron desde el Banco Nación, como vicepresidente y presidente, respectivamente, a Vicentin en el gobierno de Macri. Usted, como director del Nación, impulsó esa causa hace cinco años...

–Buena parte de los elementos que aparecen en la presentación que ha hecho el fiscal fundamentando el pedido de citación indagatoria y que el juez ha validado fue aportada por mí. Son informes que hice en el banco, comparecí ante el fiscal y le entregué absolutamente todo. Es una pena que se despierten cinco años después porque hubiera sido de utilidad que todo eso fuera público en ese momento. La actitud de González Fraga, Llach y de todo ese directorio de no haber defendido los intereses del banco llega a límites realmente alarmantes. El crédito tenía una cuenta en garantía, por la que ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentin. Era una cuenta en donde había US$791 millones, lo que más que duplicaba el total de la deuda que Vicentín tenía, pese a que tenía la calificación vencida hacía dos años y desde agosto de 2019 había dejado de pagar. Estos señores no solo no ejecutaron la garantía porque con eso se hubiera recuperado el dinero, sino que además permitieron que sacaran el dinero de la cuenta. De manera tal que cuando ingresamos al banco la cuenta en garantía en dólares estaba vacía. Cuando había algún tipo de dificultad en el banco para las negociaciones para mantenerle el cupo de crédito a Vicentin , sus directivos se cruzaban a la Casa Rosada y desde ahí el propio Macri llamaba a González Fraga para que despejara de alguna manera el camino. Así era la connivencia entre Macri y el grupo empresario Vicentin, principal aportante de la campaña. El presidente del PRO en la provincia de Santa Fe era al mismo tiempo directivo de Vicentin. Ahora es la connivencia entre Luis Caputo, Milei y las siete cerealeras más importantes. Ahora no hay US$ 300 millones de credito, sino US$1.500 millones que no se pagaron de retenciones. Llach ya dijo por qué aparece esto ahora. Hay distintas interpretaciones. Obviamente la relación Macri-Milei es de conflicto. Y también la Caputo-Sturzenegger. Llach es un hombre de Sturzenegger. En el marco de las eventuales discusiones sobre cambio de ministro, también hay disputas en los negocios. La propuesta que hay en curso por parte de Vicentín, que ahora está parada, en el marco del concurso de acreedores en la propuesta. es que quede en manos de Viterra y Bunge, que hoy son un solo grupo empresario a nivel internacional. Cargill quedaría fuera del negocio, pero algunos señalan que tiene buena llegada a Comodoro Py...

–¿Por último, cómo ve la situación económica antes y después de las elecciones?

–Estamos en el marco de una crisis de deuda y cambiaria absolutamente esperable de un esquema de política económica que canjea la inflación en pesos por inflación en dólares. Es incapaz de acumular divisas frente a una economía profundamente endeudada y sólo se sostiene con más deuda, es absolutamente insustentable. En esa insustentabilidad hoy está puesta al extremo y demanda una corrección cambiaria que viene dándose. Hemos pasado del dólar cerca de $1.000 a 1.400 y estamos en vísperas de una devaluación que seguramente tomará forma después del 26 de octubre y va a tener impacto en precios. Se va a volver a deteriorar el poder adquisitivo, va a profundizarse el cuadro recesivo. Se pretende seguir la hoja de ruta del Fondo Monetario con tres reformas absolutamente regresivas en materia laboral, previsional e impositiva. Ese es el escenario futuro de la Argentina, con el agravante de que en esta fuga hacia adelante el Gobierno busca el amparo y la subordinación completa en el peor de los momentos mundiales a la potencia norteamericana. Justo en el marco de la disputa mundial de los Estados Unidos con China. Esto es un disparate marca cañón. Primero, porque la Argentina tiene fuertes niveles de asociación comercial y financiera con China y porque tiene fuertes niveles de competencia con los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el acceso al continente antártico, poniendo una base en Ushuaia. Tiene que ver con el control sobre YPF y las utilidades de Vaca Muerta en un contexto de juicio en los Estados Unidos. Tiene que ver con este el acceso a bienes comunes, al litio en particular; el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina. La idea de nación termina desapareciendo y le proponen a la Argentina una absoluta subordinación colonial. El 26 de octubre termina siendo casi determinante para frenar esto y abrirle la puerta a una discusión diferente. El apoyo del Tesoro (de EE UU) va a estar subordinado a la capacidad de vertebrar nueva gobernabilidad por parte del Gobierno. Ahí es donde radica el problema, porque estamos frente a un gobierno terminado. Terminado en lo económico, porque su esquema capotó. No hay con qué sostener un país que en el curso de estos ocho meses muestra un balance cambiario donde salieron de la Argentina US$17.000 millones por fuga de capitales y casi 7.000 millones por turismo y compras al exterior. Al mismo tiempo pagaste casi US$10.000 millones de deuda. O sea, se te fueron más de 35.000 millones, prácticamente el 90% de las reservas brutas de la Argentina, en un país que no acumula y tiene un montón de vencimientos a futuro. Por eso la desesperación de que el Tesoro norteamericano compre deuda para remar este asunto. Pero no veo un gobierno capaz de reinventarse en lo económico, ni tampoco muy abierto a reinventarse en lo político porque ha perdido a sus propios socios. Este. No sé si los gobernadores están en voluntad de volver a articular con Milei. Así que creo que es un gobierno terminado cuando le faltan dos años. Está la sombra de tener que avanzar en una solución institucional previa a 2027. Es una de las alternativas que tiene el escenario actual.

–Pocos dirigentes hablan abiertamente como usted sobre la posibilidad de que Milei no termine el mandato...

–Hace ya varios meses hemos venido presentando sistemáticamente causales de juicio político. Es un gobierno que sistemáticamente ha violentado la Constitución. Hicimos siete presentaciones, desde el DNU 70/23 hasta el de la deuda, pasando por quitarle los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, el alimento a quienes padecen hambre. Ha sido francamente vergonzosa la actitud del Parlamento de no frenar ninguno de los decretos, sin que nadie se anime a decir que está a tiro de juicio político. Tenemos el caso $Libra, la corrupción en el área de discapacidad, la definición de no promulgar o no acatar las leyes. Ha hecho gala de la suma del poder público gobernando por decreto durante dos años, porque el Parlamento se lo permitió. Hubo un delito de traición a la patria. Así que estamos muy convencidos de que hace falta un juicio. A este gobierno hay que desplazarlo y hay que ir a elecciones anticipadas. No se puede permitir que se siga acumulando daño sobre el sufrimiento de buena parte de nuestra sociedad. Menos todavía que sigan hipotecando el futuro y la posibilidad de que seamos una nación soberana.

AR/MG

La Cámara de Diputados rechazó hoy la moción de Unión por la Patria (UxP) para emplazar a la Comisión de Juicio Político a iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei por el criptogate $LIBRA.

La moción fue formulada por el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, quien ratificó la preferencia de su bloque por apelar al instituto del juicio político para deslindar las responsabilidades políticas de Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo por la “criptoestafa”, pero la votación arrojó 128 rechazos y 104 votos positivos.

Los 104 votos a favor del juicio político fueron aportados por 95 de los 98 diputados de UP (los tres restantes estuvieron ausentes); los cinco representantes del Frente de Izquierda (Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer y Vanina Biasi); tres de los 15 integrantes de Encuentro Federal (los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein, y la peronista cordobesa Natalia de la Sota) y el monobloquista santafesino Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe).

Los diputados de la llamada oposición dialoguista como Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el grueso de Encuentro Federal y la UCR están de acuerdo con pedir informes o interpelar funcionarios por el caso Libra pero rechazan tajantemente la opción del juicio político por considerarla una medida extrema y desestabilizante.

El desenlace buscado del juicio político es la remoción del funcionario acusado, en este caso nada menos que el presidente, lo que generaría un escenario de grave crisis institucional.

Es por esa razón que esas bancadas de la oposición dialoguista rechazaron el juicio político, aunque previamente habían acompañado la moción de emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para dictaminar los proyectos que plantean pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios.

En contra del juicio político también votaron, como era esperable, La Libertad Avanza (LLA), el PRO, el MID, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, y algunos monobloques.

Con información de la agencia NA

Personalidades de diferentes espacios políticos, defensores de derechos humanos, gremialistas y abogados constitucionalistas realizaron este jueves un acto frente al Congreso de la Nación para exigir que se lleve a cabo un juicio político al presidente Javier Milei por el “Criptogate” que lo involucra en la “difusión” del memecoin $LIBRA y, además, por el enfrentamiento de La Libertad Avanza (LLA) con el diputado Facundo Manes (UCR), durante la apertura de sesiones ordinarias el sábado pasado.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; el exdirector del Banco Nación y actual líder del movimiento Unidad Popular, Claudio Lozano, los gremialistas Rafael Klejzer (Movimiento Popular La Dignidad) y Hugo Godoy (CTA) y la exembajadora argentina en Venezuela Alicia Castro, fueron algunas de las personalidades convocantes, que también estarán presentes en el evento. 

“La situación del país es grave. Los recursos de este país están en manos de grandes corporaciones. Un gobierno que no piensa en el pueblo, es un gobierno que lo traiciona”, manifestó Pérez Esquivel.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Castro recordó que el año pasado hicieron una presentación de juicio político, junto a Barcesat, el exjuez Carlos Rozanski y el letrado Maximiliano Rusconi, “sobre las causales del juicio político a Milei” y, posteriormente, otra presentación ante la Cámara de Diputados por los “incumplimientos de funcionario público” que son causales según lo previsto en la Constitución Nacional.

“Presentamos distintas ampliaciones a medida que el Presidente iba causando más daños a la institucionalidad y al país. Recién, hace unos días, la oposición parlamentaria de Unión por la Patria (UxP) ha presentado un pedido de juicio político a raíz de la criptoestafa. Lo que venimos esperando hace un año es que pongan en funcionamiento la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados y que empiecen a tratar y a analizar las distintas causales que hemos presentado”, indicó la exembajadora.

Asimismo, realizó un paralelo del Presidente de la Nación con el mafioso estadounidense Al Capone “por la admiración” que siente por él: “Después de haber cometido diversos crímenes, Al Capone terminó preso por evasión de impuestos y Milei puede terminar como él”, añadió.

MM con información de la agencia NA.

Personalidades de diferentes espacios políticos, defensores de derechos humanos, gremialistas y abogados constitucionalistas realizarán hoy un acto frente al Congreso de la Nación, para exigir que se lleve a cabo un juicio político al presidente Javier Milei por el ‘criptogate’ que lo involucra en la “difusión” del memecoin $LIBRA y, además, por el enfrentamiento de La Libertad Avanza (LLA) con el diputado Facundo Manes (UCR), durante la apertura de sesiones ordinarias el sábado pasado.

El Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex director del Banco Nación y actual líder del movimiento Unidad Popular, Claudio Lozano, los gremialistas Rafael Klejzer (Movimiento Popular La Dignidad) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA), la ex embajadora argentina en Venezuela Alicia Castro y el músico Juan Falú son algunas de las personalidades convocantes, que también estarán presentes en el evento.

En diálogo con Noticias Argentinas, Castro recordó que, el año pasado, hicieron una presentación de juicio político, junto a Barcesat, el ex juez Carlos Rozanski y el letrado Maximiliano Rusconi, “sobre las causales del juicio político a Milei” y, posteriormente, otra presentación ante la Cámara de Diputados por los “incumplimientos de funcionario público” que son causales según lo previsto en la Constitución Nacional.

“Presentamos distintas ampliaciones a medida que el Presidente iba causando más daños a la institucionalidad y al país. Recién, hace unos días, la oposición parlamentaria de Unión por la Patria (UxP) ha presentado un pedido de juicio político a raíz de la criptoestafa. Lo que venimos esperando hace un año es que pongan en funcionamiento la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados y que empiecen a tratar y a analizar las distintas causales que hemos presentado”, indicó la ex embajadora.

Asimismo, realizó un paralelo del Presidente de la Nación con el mafioso estadounidense Al Capone “por la admiración” que siente por él. “Después de haber cometido diversos crímenes, Al Capone terminó preso por evasión de impuestos y Milei puede terminar como él”, añadió.

El acto será a las 18hs., en la Plaza de los dos Congresos, y se espera que asistan personalidades de todo el arco político e integrantes de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, sindicales y estudiantiles y apoyen el pedido de juicio político al presidente de la Nación.

El escritor y analista internacional Jorge Elbaum junto a la periodista Cynthia García serán coordinadores y presentadores de la actividad.

Con información de la agencia NA

Martín Menem empezó a llamar por teléfono poco después de que explotara la bomba $Libra. Javier Milei acababa de promocionar una criptomoneda que había generado pérdidas millonarias a más de 40 mil personas –entre las que se encontraba el hijo de Diego Santilli– y las balas empezaban a picar cerca. Unión por la Patria y el socialismo querían impulsar un juicio político contra el Presidente, y había que blindarlo. Los aliados lo tranquilizaron y anunciaron que no irían por la destitución. Pero hasta ahí llegaba el amor: el Gobierno se había pegado un tiro en el pie y ellos no iban a dejarlo pasar. 

Los primeros en reaccionar fueron los peronistas. Habían pasado unas horas desde el derrumbe de la moneda digital auspiciada por el Presidente, y la bancada que preside Germán Martínez decidió reunirse por zoom para definir una estrategia. Se acordó avanzar con un pedido de juicio político. El peronismo había olido sangre: era la primera vez que la agenda no la controlaba Santiago Caputo y había que aprovechar. 

“Es una estafa sin precedentes”, salieron a denunciar desde el bloque, mientras iban ordenando los fundamentos para exigir la destitución del Presidente (la mayoría referidas a la violación de la ley de Ética Pública, basada en el artículo 36 de la Constitución Nacional). Había que moverse rápido y aprovechar el desconcierto de La Libertad Avanza, que no atinaba a organizar una respuesta oficial. Los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein ya habían presentado, junto a la cordobesa Natalia de la Sota, su propio pedido de juicio político. Pero UxP quería avanzar por su cuenta. 

El ojo estará puesto ahora en la comisión de Juicio Político, cuya conformación quedó en veremos en abril del año pasado luego de que Martín Menem desautorizara la designación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión. Fue una de las primeras en caer bajo la guillotina de Karina Milei, que fue quien envió a Menem y a Lilia Lemoine a hacer lo imposible para evitar que Pagano –en quien Karina no confía– se hiciera cargo de una de las comisiones más importantes y delicadas de la Cámara de Diputados.

El escándalo que se generó terminó, entonces, con un golpe de poder interno que derivó en la expulsión de Oscar Zago de la presidencia del bloque. Luego asumiría Gabriel Bornoroni, quien alinearía la bancada a las directrices de Karina y los Menem. La comisión de Juicio Político, sin embargo, nunca se volvió a tocar. Al día de hoy, la comisión está sin autoridades y en el oficialismo no tienen interés en rectificar esta situación.

La estrategia de Menem es clara: esperar y dilatar. No es la primera vez, ya incurrió en la misma táctica cuando explotó el caso de la visita de una comitiva libertaria al penal de Ezeiza para verse con Alfredo Astiz. A la espera de que el tema se diluya por su cuenta, el presidente de la Cámara de Diputados esperará a que UxP mueva primero. No conformará la comisión de Juicio Político y aguardará a que fuercen su emplazamiento en una próxima sesión. Sabe que el peronismo, para lograr avanzar con el emplazamiento, primero tendrá que conseguir el número entre los aliados del Gobierno. Aliados que, de momento, no acompañan la idea del juicio político.

Comisión investigadora: la alternativa de la oposición friendly

El radicalismo, la Coalición Cívica y el pichettismo de Encuentro Federal prefieren avanzar despacio. Al igual que el peronismo, los diputados de la oposición más amigable dedicaron el fin de semana a afinar la estrategia. Se reunieron en zooms y whatsappearon, concientes de que UxP había lanzado un desafío –el pedido de juicio político– y ellos tenían que responder. Principalmente porque, con sus votos, el peronismo tendría el número para avanzar con una investigación contra el Presidente en la comisión de Juicio Político. 

La primera reacción fue exigir explicaciones. Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, presentó un pedido de informes al Ministerio de Economía, al BCRA y a la Comisión Nacional de Valores, exigiendo que brindaran algunas respuestas sobre la relación entre el Gobierno nacional y la moneda digital Libra y sus creadores, como Hayden Davies y Julian Peh. “No es para voltear un gobierno pero no es tampoco para no hacer nada”, reflexionaban en la bancada, en donde hubo que equilibrar entre posturas muy disímiles.

Los más duros, como Nicolás Massot o Paulón, pedían por el Juicio Político. Los cordobeses que responden a Martín Llaryora, en cambio, pidieron “no hacer quilombo” con el tema. Pichetto y Oscar Agost Carreño decidieron, entonces, una alternativa intermedia: pedir un informe con explicaciones y acompañar, en el caso de que este pedido fuera denegado, acompañar el reclamo por la conformación de una comisión investigadora.

Los impulsores de la idea de la comisión investigadora fueron los radicales díscolos de Democracia Para Siempre. “No hay clima social ni número para avanzar con un juicio político. El dedo acusador tiene que tener capacidad política, sino es hacerle el juego a Milei”, explica uno de sus pesos pesados, partidario de la “muerte lenta”. Considera, como muchos dirigentes de la oposición, que la polémica desatada por la criptoestafa será de largo aliento y que hay que aprovechar para acumular prueba y dejar que el escándalo haga mella al interior del propio Gobierno.

La UCR no deloredista, que preside Pablo Juliano, exige crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que, en el plazo de tres meses, se aboque a ahondar sobre los pormenores detrás de la promoción de la criptomoneda. Esta comisión no tiene la capacidad de avanzar con la destitución del presidente, pero sí podrá recopilar información que después utilizará la Justicia. El objetivo, fundamentalmente, es construir agenda, ya que la comisión, por ejemplo, tendrá la facultad de exigir la presencia de testigos.

Los lilitos de la Coalición Cívica, mientras tanto, siguen atentos esta iniciativa. El partido que lidera Elisa Carrió ya presentó una denuncia penal contra Milei, pero conversa con dirigentes de Democracia y de Encuentro Federal para avanzar con una estrategia conjunta que impulse la comisión investigadora. El objetivo es diferenciarse del “kirchnerismo”: ninguno quiere que el Gobierno los acuse de destituyentes, por lo que buscan mecanismos alternativos para continuar con la investigación.

El PRO, mientras tanto, es un caso aparte. El partido amarillo viene sufriendo, desde hace semanas, la fuga de dirigentes que abandonan el espacio para sumarse a las Fuerzas del Cielo. Las presiones internas para cerrar un acuerdo electoral con LLA son cada vez mayores y Mauricio Macri resiste, casi en soledad, junto a su primo Jorge. El ex presidente pretende cerrar un acuerdo macro que le garantice un determinado porcentaje en las listas, pero Karina no quiere saber nada. Hasta ahora. O al menos eso espera Macri, que se esperanza con que el criptogate le permita ganar poder de negociación.

Así lo demostró el fin de semana, cuando el PRO sacó un duro comunicado contra el gobierno. “Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”, rezaba el documento, que llevaba, implícita, la firma de Macri. 

En la oposición había muchas dudas respecto a cómo evolucionaría el escándalo. Pero una cosa era segura: “Macri está feliz”, repetían todos.

MC/MG

Martín Menem leyó el resultado de la votación que blindó el veto al financiamiento universitario y el recinto de Diputados se llenó de silencio. No hubo festejos ni aplausos en el bando de los ganadores: libertarios, macristas, radicales peluca y otros legisladores dependientes de sus gobernadores. ¿Había sido una victoria pírrica? ¿O fue un triunfo incómodo? Por algo, esta vez desde la Casa Rosada no se invitó a los 85 “héroes” a comer un asado en Olivos. Cuando se confirmó el veto al aumento jubilatorio el 11 de septiembre, apenas una hora después de la sesión les llegó a los diputados panlibertarios el convite oficial —entonces fueron 87— para celebrar en la residencia presidencial.

Pero el tercer tiempo del miércoles fue otro. Hubo felicitaciones, pero más sutiles. El propio Javier Milei, pero también Santiago Caputo y Lisandro Catalán, el secretario del Interior, se contactaron personalmente con Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, para agradecerle que el grueso del PRO se mantuvo alineado a La Libertad Avanza. “Una vez más sacaste las papas del fuego por el Gobierno”, fue uno de los mensajes que le transmitieron. Los amarillos aportaron 35 de sus 38 porotos para voltear la norma que otorgaba un aumento a los docentes y no docentes universitarios. El 41% del blindaje al veto lo aportó el macrismo.

Si bien LLA y PRO son socios parlamentarios, está lejos la conformación de un interbloque. De un lado y otro dicen que no quieren un espacio común. Lo que no dicen es que sería rebajarse el precio ante un amigo-rival cuando aún falta un año para las legislativas. “Nosotros no pedimos lugares en el gobierno ni pretendemos ser cogobierno. Queremos formar parte de las decisiones políticas en cuestiones que involucran al parlamento. Si quieren que pongamos la cara (o los votos), tenemos que estar en las decisiones. No queremos un interbloque, el PRO va a seguir siendo un bloque con la fortaleza que tiene hoy. Esto tiene que tener un correlato en los lugares donde gobernamos nosotros”, explican en el despacho de Ritondo. 

Lo que sí hay entre los violetas y amarillos es un convenciento de que se necesitan mutuamente. Si de alguna manera el PRO es el salvavidas parlamentario del Gobierno, Milei representa para los macristas la garantía del cambio. Más que elocuente fue el discurso del miércoles de Alejandro Finocchiaro, quien rosqueó para que la Casa Rosada le otorgue a los trabajadores universitarios un paupérrimo aumento salarial y condiciones parecidas a las del resto de los estatales: “Me corto un brazo antes de votar con el kirchnerismo”, dijo en el recinto. 

Con sus asperezas, la sociedad LLA-PRO es virtuosa porque ya logró frenar en un mes dos insistencias de la oposición. Y distintas fuentes consultadas por elDiarioAR aventuran que se profundizaría hacia adelante porque el tercio panlibertario tiene una meta más de fondo que blindar vetos presidenciales: obturar cualquier posibilidad de juicio político al Presidente. 

Esa sensación ya recorrió los despachos oficialistas post debate sobre jubilaciones y se terminó de sopesar con las universidades. “Bloqueamos los dos tercios para un juicio político”, sentenció con aire de conformidad una de las principales espadas legislativas del oficialismo que tiene un pie en el PRO y otro en la Rosada. La visión fue confirmada por voces de ambos lados del mostrador: “Asegurar el tercio es una demostración de que un juicio político no pasa; es un mensaje político”, planteó un vocero parlamentario amarillo con llegada a las negociaciones más sensible con el Gobierno. “Obvio que nos blindamos ante un juicio político, pero hoy no está en agenda, no existe”, descartaron en la cúpula de LLA en Diputados.

Si bien el aumento a los jubilados se bloqueó con 87 votos y el financiamiento universitario obtuvo 85, en el oficialismo echan por tierra una merma al apoyo aliado. Como pruebas está que no hubo cambio de votos. El jefe del MID, Oscar Zago,ya se sabía que estaba de viaje. Y aunque el radical Pablo Cervi se abstuvo, se comprobó el mileísmo en sangre de los restantes cuatro correligionarios disidentes. 

Entre los provinciales se afianzó el acompañamientos de los gobernadores en distritos donde Milei tiene aún un alto apoyo social. “¿Cuánto mide el Presidente en Misiones o Tucumán? No son boludos los gobernadores”, apuntó el vocero libertario. La jugada del peronista Raúl Jalil, gobernador por Catamarca, fue más sutil porque la diputada Fernanda Ávila se ausentó, pero quedó en evidencia porque fue la única de Unión por la Patria en disidencia. Menem aún recuerda que el 12 de agosto recibió en su despacho a Jalil: “Nos debía un café”, bromearon en LLA. 

El tercio para blindar los vetos, creen los libertarios, se aumentaría considerablemente ante un eventual juicio político. La referencia que porotean en el oficialismo es el resultado que dejó la flamante sanción de la Boleta Única de Papel: 143 a favor –entre libertarios, PRO, radicales, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los provinciales– frente a 87 en contra, sobre todo del peronismo-kirchnerismo. Según sus cálculos, ya no sería un coto a los dos tercios, sino una mayoría absoluta la que acompañaría a Milei en esa situación extrema. Es futurología pensar qué harían en esa situación los diputados que circundan a Miguel Pichetto y Elisa Carrió: los discursos de sus bancas el miércoles fueron de alto contenido crítico hacia el Gobierno.

En mesa de entradas de Diputados ingresó en abril un escrito de particulares (de la cultura, organismos de Derechos HUmanos y la política) contra Milei por “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”. Pero no hay ningún proyecto opositor que pida hacerle un juicio político al Presidente. Sí hay una iniciativa del kirchnerismo, la izquierda y el socialismo contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Y el PRO firmó un proyecto para que se anule el proceso que había abierto en su momento el Frente de Todos contra los jueces de la Corte Suprema. 

Tampoco está conformada la comisión de Juicio Político, que en su momento le generó dolor de cabeza a Milei cuando Zago –ex jefe del bloque libertario– acordó con Marcela Pagano para que asuma como presidenta del cuerpo de trabajo. El escándalo terminó con un corte abrupto de la transmisión en vivo. Luego el referente de MID fue expulsado del espacio y la periodista quedó muy relegada en las negociaciones parlamentarias, aunque sigue dentro del bloque y vota sin chistar. Hoy en LLA no hay información de cuándo se va a terminar de integrar esa sensible comisión. 

En el proceso de juicio político, la comisión realiza la investigación contra los acusados y eleva un dictamen al recinto. Así la Cámara baja se transforma en acusadora, pero hacen falta los dos tercios de los votos para aceptar el expediente. Alcanzado ese número, Diputados elige legisladores encargados de exponer la acusación ante el Senado, que debe resolver el caso. La sentencia debe conseguir dos tercios de los senadores presentes.

Sin preocupaciones sobre un juicio político, en el oficialismo sí se encendió una alarma, inmediatamente después de la votación de universidades, por la avanzada opositora para que se abra el debate a una reforma de la Ley que regula los DNU. El PRO se puso rápidamente en guardia y acusó sobre todo a sus ex aliados de Carrió y la UCR de buscar una aventura golpista. “Que se haga cargo quien quiere llevarse puesto al Gobierno o la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso. Que decida de qué lado se queda”, fustigó la bullrichista Silvana Giudici al final de la sesión. 

El arco opositor logró emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales, que dirige el libertario José Mayorans, para que se comience a discutir una serie de iniciativas al respecto la semana próxima. La intención opositora es acotar los alcances de los Decretos de Necesidad y Urgencia, ya que actualmente son una herramienta presidencial que no tiene vencimiento y que queda vigente hasta tanto ambas cámaras parlamentarias lo volteen.

La impotencia opositora se expresa en que siguen en pie los DNU de desregulación económica y la fórmula jubilatoria mileísta. Solo fue volteado por el Congreso, de manera histórica, el del financiamiento de la SIDE. En la oposición creen que si no pueden ante el blindaje panlibertario de los vetos, podrían acortar el alcance de los DNU. Entienden que hasta ahora Milei solo gobernó a fuerza de decretos y vetos.

MC/JJD

Jueves a las 11. El día y hora designado por Martín Menem para la “reunión constitutiva” de la comisión de Juicio Político se mantuvo hasta la caída de la tarde de este miércoles en la agenda oficial de la web de la Cámara de Diputados pero se supendió a último momento, en medio de una profundización de la interna libertaria tras el escándalo de la semana pasada por la designación al frente de Marcela Pagano. En las últimas horas se sumó el condimento de que la diputada y periodista quedó hospitalizada por cuestiones  de salud, supo elDiarioAR, justo cuando estaba prevista para anoche mismo una reunión del bloque oficialista.

La legisladora ya había avisado que iba a estar ausente en la reunión del jueves porque, para ella, la comisión ya está constituida. Además, desde los sectores opositores que estuvieron en la reunión del jueves pasado coinciden con la postura de Pagano, jugada que impactó luego en la destitución de Oscar Zago como jefe del bloque. Con ese antecedente, si Menem se mantenía incolume y le vaciaban la comisión, podía poner en jaque su propia autoridad. Ahora la postergó hasta próximo aviso.

“Si el Presidente de la Cámara quiere armar una comisión de Juicio Político blue, que la arme, pero lo que hicimos está perfecto y a reglamento”, se habían defendido ante este medio en el círculo cercano de Pagano temprano este miércoles. Según recogió elDiarioAR, la periodista tampoco renunciará a la titularidad de la comisión, cuerpo clave para cualquier gobierno porque es la instancia parlamentaria donde se tramitan las denuncias de juicio político contra los presidentes, así como los jueces de la Corte Suprema, entre otros casos. “Vos renunciás si crees que hiciste algo mal”, se justificaron en el despacho de Pagano.

La “rebeldía” de Pagano habría profundizado este miércoles la pelea interna en el bloque que ahora conduce Gabriel Bornoroni. Según recogió este medio, en el grupo de chat de La Libertad Avanza hubo fuertes cruces entre la periodista y su par Lilia Lemoine, de estrecho vínculo con Javier Milei. Hasta hubo “amenazas” y pedidos de “sanciones”. La diputada y actriz había intentado en vano que la comisión el jueves pasado se levantara, luego de que Menem avisara de su suspensión vía mail apenas un minuto antes de su conformación, por orden de Karina Milei. 

Esa jugada a contrarreloj no impidió que se reuniera el quórum de la comisión, que terminó designando a Pagano. Le dieron su aval varios diputados de Hacemos Coalición Federal, como el experimentado Emilio Monzó. Incluso los federales estamparon con su firma un acto sobre la comisión. El argumento de Zago y Pagano de continuar con la reunión fue que si ellos se levantaban, los diputados de Unión por la Patria, que tienen mayor cantidad de votos propios en el cuerpo de trabajo, iban a imponer al presidente.

El manotazo de la semana pasada llegó incluso a que se cortara la transmisión pública de la reunión por el canal oficial de YouTube y luego se censuró a dos periodistas que se refirieron al tema en Diputados TV. 

En el despacho de Menem dieron de baja la reunión con la explicación oficial de que la reunión iba a ocurrir de manera simultánea con una reunión informativa de la comisión de Presupuesto con funcionarios de Economía por el proyecto de paquete fiscal del Gobierno.

En ese contexto, este miércoles a la noche el bloque de LLA se reunía a puertas cerradas en un salón de la Cámara baja. El encuentro le sirvió para reordenar la tropa a Bornoroni, flamante titular del espacio, también por deseo de Karina, que digita desde la Casa Rosada el derrotero político de la gestión de Milei.

MC/MG

La reanudación del proceso de juicio político contra la Corte Suprema no podría haber llegado en peor momento para el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa. O tal vez, en el mejor momento. Todo depende del cristal con que se mire, explicaron a elDiarioAR integrantes de la comisión parlamentaria que lleva adelante la investigación por presunto mal desempeño de los cuatro jueces del máximo tribunal y que tiene unas pocas semanas para emitir su dictamen de acusación.

La incidencia en la campaña de lo que sucede en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no es determinante. Incluso sus integrantes creen que el interés público es escaso y no influye drásticamente en los votos.

Esta semana los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz volvieron al centro de la escena al presentar por escrito sus posiciones sobre las acusaciones en su contra y activaron un golpe inesperado para Massa: el cordobés Juan Schiaretti salió públicamente a criticarlo como “jefe del gobierno” que embiste contra la Corte Suprema.

El exmininstro de Economía Roberto Lavagna también le recordó a Massa a través de un mensaje en la red social X: “Siempre nos opusimos al #JuicioPolítico a la Corte porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político nuestro diputado @TOPOarg (Alejandro ”Topo“ Rodríguez) rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”. ¿A quién le conviene avanzar con esto y aprobar el dictamen de acusación del oficialismo a días de la segunda vuelta?

“No es el mejor momento para Massa para avanzar con esto, pero tampoco es grave”, analizó una fuente parlamentaria con conocimiento directo del proceso contra los jueces de la Corte. En el oficialismo hacen silencio. La mayoría de los diputados del Frente de Todos que integran la comisión evitaron hablar del tema hasta el martes, cuando la comisión volverá a reunirse luego de cuatro semanas de inactividad. Deberán analizar los escritos presentados por Rosatti y Rosenkrantz. Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti no presentaron sus descargos a las acusaciones. ¿Habrá instrucciones de Massa sobre cómo proceder este martes o primará el mandato del riñón kirchnerista?

Callejón

El Frente de Todos no tiene salida: impulsó el juicio político en pleno año electoral y los tiempos se acortan.

En la última sesión de la comisión, el 11 de octubre último, el oficialismo aprobó los cargos contra los jueces de la Corte por tres casos: “2 X 1 - beneficios a genocidas”, “coparticipación” y “Consejo de la Magistratura”. También se anunció que los diputados dictaminarán sobre el Juicio Político entre el 13 y el 17 de noviembre, la semana previa al balotaje, un pésimo timing para el candidato Massa, que aboga por la “unidad nacional”. 

El dictamen de la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- debe presentarse luego ante el pleno de la Cámara baja para que todos los diputados analicen las acusaciones y decidan si se inicia el juicio político. La oposición insistirá en que se respeten esos plazos.

¿Podría Massa ordenar al oficialismo que no avance con el dictamen de acusación? “Quedarían en ridículo”, estiman en la oposición. Pero sí podría ordenar que se retrase la aprobación del dictamen para después del 19 de noviembre, fecha del balotaje. Algunos diputados, incluso en la oposición, interpretan que el reglamento les permite extender el plazo hasta el 30 de noviembre. El presidente Alberto Fernández ya dio el primer paso para extender aún más ese plazo: decretó que las sesiones ordinarias del Congreso se extenderán hasta el 9 de diciembre, dándole más tiempo al oficialismo.

La oposición presentaría otros dos dictámenes. Por un lado, el de Juntos por el Cambio, que tiene su propia interna, no sólo en torno al balotaje y el apoyo hiperexplícito de Mauricio Macri a Javier Milei. Dentro del bloque opositor, los diputados de la Coalición Cívica impulsan acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y desmanejos en la Corte contra el juez Lorenzetti, que el resto del espacio no acompaña. A pesar de las diferencias, trabajan en un único dictamen que rechace los cargos impulsados por el oficialismo y contemple un apartado con la posición del espacio que representan Paula Oliveto y Juan Manuel López.

Habrá un dictamen individual del diputado “Topo” Rodríguez (Consenso Federal, lavagnismo), quien rechazará todos los cargos, incluidos los del espacio que representan Oliveto y López (CC).

El oficialismo no tiene actualmente los números para imponer su mayoría, pero necesita cerrar el dictamen de acusación para que el proceso no pierda estado parlamentario. De lo contrario, la labor de la comisión, que se desarrolló durante 23 sesiones y contó con 65 testigos, volvería a foja cero, explicaron en Diputados a elDiarioAR.

En la comisión parlamentaria hay una lectura de sintonía fina con su propio 2x1: que a pesar de los efectos posibles en plena campaña, los avatares de la comisión parlamentaria seguirán sin incidir en la opinión pública. Mientras tanto, la situación favorece a dos sectores inesperados: a los jueces de la Corte y al propio Massa, analizaban en la comisión.

Tanto los magistrados como el candidato y ministro de Economía saben que el juicio político no prosperará en el recinto de Diputados. Por lo tanto, la acusación se caería y nunca llegaría al Senado, donde debe realizarse el juicio político. Si se cae en Diputados, el proceso se cierra. Punto a favor para los jueces. 

Durante el próximo año, además, el dictamen de acusación puede ser carta de negociación del próximo presidente con la Corte: garantizarles que los diputados no votarán la acusación formal contra los jueces “a cambio de”. Claro que, esa carta también vale para Javier Milei, su contrincante en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre.

La comisión está citada para este martes a las 13, doce días antes del balotaje.

Nota: este artículo se actualizó el 6 de noviembre a las 12:17.

ED/DTC

El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados ya está concluida.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT), convocó para las 15 a los diputados y diputadas que integran ese cuerpo parlamentario para poner a disposición de los legisladores ese informe con las principales causales del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Asimismo, la comisión convocó a esa reunión a nuevos invitados para continuar con la hipótesis de “abuso de poder” centrado en Carlos Rosenkrantz, con la presencia de testigos solicitados por la Coalición Cívica (CC), que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y Gustavo Francisco Tita y Adrián Walter Miretti.

Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.

La necesidad de avanzar en la elaboración del informe fue planteada la semana pasada por el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, tras lo cual el FdT lo puso a votación en la última reunión, donde logró imponer su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.

En esa reunión, Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo”.

La propuesta de Tailhade fue planteada tras haber agotado la etapa sumarial de acumulación de pruebas por los cuales se investiga el accionar de los supremos en los casos del fallo 2x1 que benefició a un represor de la dictadura militar, el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura.

También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Sobre el tema de connivencia entre la Corte Suprema y el Gobierno porteño, el oficialismo dice que esa situación se comprueba con los chats filtrados entre el Director General de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el exministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, realizados el 9 de noviembre de 2022, y el fallo que al mes siguiente, el 21 de diciembre, dictamina la medida cautelar a favor de la Ciudad.

De esta manera, en la reunión de este miércoles los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo.

En el caso de Maqueda y la obra social de los judiciales, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.

Otras de las cuestiones a resolverse es el pedido de juicio político presentado años atrás por la extitular de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti por abuso de poder, ya que el bloque de la CC pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.

De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperó en el Congreso.

Hasta el momento y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.

El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FdT, al considerar que existen “sobrados elementos como para avanzar” en ese proceso.

En el pedido de juicio político, el Presidente y los gobernadores advirtieron sobre el riesgo de que haya un “Gobierno de los jueces” y acusaron a los integrantes de la Corte de “invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes” del Estado, afectando “seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”.

Por todas estas causales, el oficialismo, con la oposición en contra en cada una de las audiencias y los más de 50 testigos citados, avanza ahora en pulir la elaboración de ese informe que los diputados podrán analizar antes de emitir un documento definitivo, para ser puesto en consideración en el recinto.

Con información de Télam.

IG

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó poco antes de las 11:30 de este jueves su actividad con el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual modificó la conformación del Consejo de la Magistratura. Es una de las causales por las cuales el oficialismo promovió la acusación contra los cuatro jueces del máximo tribunal.

La comisión, presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, inició con la discusión sobre el fallo que repuso la ley derogada en 2006 y posibilitó el retorno a la antigua composición de la Magistratura.

El análisis de esta cuestión comenzó luego de haber concluido la discusión acerca de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, al otorgarle una cautelar a ese distrito. En esta ocasión, fueron citados la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

El cuerpo legislativo analiza 14 expedientes de juicio político contra los ministros de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti-, a quienes acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos del 2x1 que benefician a represores de la dictadura, el de modificación de la Magistratura, el de coparticipación a favor del Gobierno porteño y el de funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial.

A dar inicio a la reunión, Gaillard observó que circularían entre los ministros el informe sobre el tema de obra social donde se acusa a Maqueda, y que se comenzará a elaborar un documento sobre el fallo de la coparticipación. En él, se señalará “la responsabilidad compartida” de los jueces de la Corte en esa decisión, detalló la diputada.

La legisladora consignó que esos informes formarán parte de los dictámenes que se analizarán en los próximos meses, ya que se emitirá uno por cada cortesano con la respectiva acusación.

Además, Gaillard anticipó que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura se tratará en esta reunión y en la próxima se analizará el expediente impulsado por la Coalición Cívica contra Lorenzetti. Otro tema que volverá a estar presente en los debates son los chats filtrados entre el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, estrecho asesor de Rosatti. Se presume que se referían al fallo sobre la Magistratura, del cual el titular de la Corte también es presidente.

En el proyecto del oficialismo, se denuncia que los “chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D'Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006 -durante el Gobierno de Néstor Kirchner-, por la cual se redujo de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar jueces, analizar su conducta y administrar el Poder Judicial.

En ese marco, se repuso la ley anulada, con lo cual se volvió a la composición de 20 miembros y se dejó la titularidad del Consejo en manos de Rosatti.

En el documento del oficialismo, se destaca que en el fallo sobre el Consejo se contó “con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.

Se afirma en el proyecto que Rosatti “manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.

También se señala que se “avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional”.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar “por falso testimonio” a Silvio Robles, vocero del juez Horario Rosatti. Además, resolvió volver a citar al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, quien debía concurrir hoy a comparecer ante ese cuerpo y no asistió, a lo que le advirtieron que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

En el inicio de la reunión, sin la presencia de los diputados opositores, la diputada nacional Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT) anticipó que D'Alessandro avisó que “no podía asistir por razones personales” y propuso que se adopte “la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente”, ya que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard referenció a Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía declarar tras haber sido citado tres veces, ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita “por razones personales”, así como el procurador General porteño, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, quienes también pidieron ir otro día.

En ese marco, el oficialismo aprobó enviar una nota dirigida a la Corte, donde se pide evaluar “acciones disciplinarias por falso testimonio” a Robles, al sostener que su conducta “afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal” por el hecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, que establece que no está obligado a declarar ante la existencia de otras causas que se tramitan en la Justicia.

“Robles invocó abusivamente la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad”, afirmaron miembros de la Comisión en la nota dirigida a los jueces supremos, en la que se pidió que analicen un eventual falso testimonio cometido por el Director General de la Vocalía del presidente Rosatti.

Asimismo, sostuvieron que “la participación, la colaboración y el acceso a información son ejes sobre los cuáles se construye la rendición de cuentas que todo funcionario está obligado a proporcionar a la ciudadanía” y pidieron que la Corte informe, en el plazo de 10 días improrrogables, a la Comisión “si conoce la existencia” de las causas invocadas por Robles.

En tanto, la oposición justificó su ausencia en la Comisión en una carta, donde los legisladores denunciaron la existencia de “nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos” y acusaron al FdT de “usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables”.

Durante la reunión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) mencionó ausencia opositora. “Esta comisión ha tocado un nervio sensible con la citación a Robles. Este funcionario ha tenido un papel relevante como articulador en dos casos, por lo menos, como son las sentencias vinculadas a la coparticipación y al Consejo de la Magistratura y ha sido un eslabón fundamental en el tráfico de influencias”, dijo y acusó al funcionario de “entorpecer” la labor de la Comisión.

Por su parte, Rodolfo Tailhade (FdT) pidió sumar la citación del fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, “sin dejar sin efecto” la concurrencia de Juan Ignacio Mahiques, al sostener que “la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D'Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”.

El oficialismo acusa a D'Alessandro de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Estaba convocado para el martes pasado avisó que no podía concurrir en una carta por “motivos personales” y solicitó una reprogramación de la cita, tal como la prevista para hoy.

“Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, había escrito D'Alessandro en su nota dirigida a Gaillard.

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, quien concurrió el martes pasado a la Comisión, se abstuvo de contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información” y ahora solicite que se lo sancione por esa actitud. El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados del FdT.

En esa oportunidad, los legisladores oficialistas aprobaron un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

Por otro lado, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de aquellos que interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la Comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de “una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos”, donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema que dispuso, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno Nacional le pague al porteño el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó para el próximo martes al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad, Ignacio Mahiques, en el marco del proceso de juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.

El grupo de trabajo parlamentario presidido por la oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 11 en el Anexo A de la Cámara baja, en la que será la vigésima reunión desde que se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político, el 26 de enero pasado.

D'Alessandro es señalado por el Frente de Todos (FdT) por haber intercambiado chats de Whatsapp con Silvio Robles -director general de la vocalía del presidente supremo Horacio Rosatti-, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación, el cual benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

El exministro estaba convocado inicialmente para el martes pasado, pero a través de una carta dirigida a la Comisión avisó que no podía concurrir por y solicitó una reprogramación de la cita. “Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, señaló en la nota dirigida a Gaillard.

Por su parte, Mahiques fue convocado por el hecho que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, durante el festejo de su cumpleaños el 15 de agosto del año pasado en el restaurante 'El Secreto del Hotel Four Seasons', D'Alessandro y Robles habrían arribado juntos.

Ignacio Mahiques, exfiscal federal, asumió en mayo pasado como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el hijo mejor del juez Carlos “Coco” Mahiques de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país; y hermano menor de Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.

Fue uno de los dos fiscales de la causa Hotesur-Los Sauces junto con Gerardo Pollicita. Ambos trabajaron en los procesamientos y el pedido de elevación a juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El principal asesor no letrado del cortesano Rosatti concurrió el martes pasado a la Comisión, aunque se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como “reticente a aportar información”. El testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional, para evitar contestar los requerimientos de los diputados oficialistas.

El artículo 18 dice, entre otras cosas, que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)”.

Asimismo, el artículo 8B del Reglamento de la Justicia Nacional dice que magistrados, funcionarios y empleados deberán “guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”.

Ante esta situación, y advertidos de supuestas contradicciones, los legisladores oficialistas aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se “negó a encubrir” al asesor de Rosatti.

De cara a una nueva convocatoria de Robles, el oficialismo impuso su número en la comisión para enviar un oficio a la Corte, mediante el cual se le pedirá que exima al declarante de las restricciones que le impone el reglamento judicial, invocado en la sesión pasada para no responder la mayoría de las preguntas.

Desde Juntos por el Cambio, mantienen el cuestionamiento a la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quienes interactuaron en esos mensajes de Whatsapp.

LC con información de agencia Télam

El comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) de Donald Trump, Save America, la organización encargada de financiar al expresidente, se está quedando sin dinero. Si comenzó el año pasado con 105 millones de dólares, ahora solo le quedan 4 millones, después de haber invertido una buena parte en abogados y honorarios legales.

Save America gastó en la primera mitad de 2023 alrededor de 20 millones de dólares en asuntos legales entre los que hay pagos a más de 40 bufetes de abogados, según los datos oficiales presentados por el comité. The Washington Post, sin embargo, eleva esa cifra a 40 millones citando fuentes cercanas.

Estos gastos salpican tanto a Trump como a algunos de sus socios, como su asistente Walt Nauta y su empleado Carlos de Oliveira, ambos acusados junto al exmandatario en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago. La tercera imputación recibida este martes por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 dificultará todavía más la compleja situación financiera del magnate.

El expresidente está quemando el dinero de su campaña a un ritmo de récord. Un dinero que debería ir destinado a pagar anuncios de televisión, propaganda en redes sociales y mítines electorales, se está invirtiendo en los costos derivados de las numerosas condenas e imputaciones históricas del expresidente. Cierto es, sin embargo, que sus líos judiciales se convirtieron en un importante factor movilizador a favor de Trump entre los votantes republicanos. El expresidente lidera las encuestas en solitario, con un 53,4%, frente al 15,6% del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el único candidato que cuenta con alguna opción de arrebatarle la nominación.

Después de cada imputación, el exmandatario lanzó nuevas campañas para que sus simpatizantes insuflen el PAC Save America con dinero para luchar contra lo que él llama “persecución política” y “caza de brujas” por parte de “Joe Biden y su familia criminal”. Aunque estas iniciativas se tradujeron en decenas de millones de dólares –entre contribuciones de grandes donantes y, a menor escala, seguidores convencidos del expresidente que compran merchandising y hacen pequeñas donaciones–, no parecen suficientes para mejorar la situación financiera del magnate inmobiliario.

De hecho, las finanzas de Save America se encuentran tan ajustadas que el grupo ya solicitó un reembolso de 60 millones de dólares de una donación que hizo en el pasado al Super PAC de Trump, Make America Great Again Inc, que, según el New York Times, podría tratarse del mayor reembolso de estas características en la historia del país. El PAC Save America tiene prohibido por ley financiar directamente la campaña del expresidente, algo que sí puede hacer dicho Super PAC. Trump eludió la prohibición financiando con 60 millones al Super PAC, un dinero que ahora pidió que se reembolse a Save America para financiar sus gastos legales.

De este modo, Make America Great Again ya devolvió 12,25 millones de dólares al grupo que paga los líos judiciales del expresidente, una suma que está cerca de igualar el dinero recaudado de los donantes durante la primera mitad de este año: 13,1 millones de dólares.

Entre las donaciones se incluye un millón de dólares del padre del yerno de Trump, Charles Kushner, a quien el expresidente indultó por delitos federales en sus últimos días como presidente y ahora éste parece estar devolviéndole el favor.

Horizonte judicial complejo

Los gastos de la campaña suelen acrecentarse a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 5 de noviembre del próximo año. Del mismo modo, también se incrementan los montos de las donaciones. Si Trump es capaz de ganar las primarias de su partido, algo que parece muy probable, está casi asegurada una reedición del embate presidencial que se dio en 2020 entre Biden y Trump y se prevé que la batalla por la Casa Blanca esté muy igualada.

En estos momentos, la última encuesta deja un panorama muy parejo entre ambos candidatos: ambos se encuentran en el 43% de los apoyos, según los datos de Siena College publicados este martes. De hecho, los datos muestran un apoyo ligeramente superior para Trump, ya que los votantes republicanos registrados lo votarían en un 88%, mientras que los demócratas tan solo lo harían con Biden en un 83%.

En este contexto, Trump se enfrentará durante el próximo año al menos dos (el 25 de marzo y el 20 de mayo), y probablemente tres o cuatro juicios, después de que el fiscal especial que lo imputó, Jack Smith, haya asegurado que hay argumentos legales para que se dé un “juicio rápido”, y de que en Georgia esté a punto de caer su cuarta imputación. Esto significa que los gastos en honorarios de abogados también se pueden ver incrementados significativamente.

La situación deja a los donantes la decisión de si seguir financiando los líos legales ­–en detrimento de la campaña– del primer expresidente en sufrir dos juicios políticos y tres imputaciones penales en la historia del país o dar su apoyo a otras opciones.

La mayoría de votantes del partido demostraron que eso no influye y siguieron aportando en cifras elevadas a pesar de que se ha incrementado el número de votantes que creen que ha cometido “delitos federales graves” (un 17% más de los que tienen pensado votarle). Sin embargo, el rumbo del comité de acción política del expresidente dependerá en gran parte de las donaciones multimillonarias de grandes empresarios, que desde las pasadas elecciones presidenciales están virando hacia otros candidatos, como DeSantis, Pence, Ramaswamy o, incluso, el demócrata Robert Kennedy.

En el marco del Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fueron invitados para brindar testimonios en la reunión de hoy:

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió este martes citar para el próximo martes primero de agosto al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, y al estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles. Se pretende que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En el marco del proceso de juicio político que se sustancia a los cuatro jueces supremos, la presencia de ambos estaba prevista originalmente para el 4 de julio, pero por corrimientos en el calendario llevaron a que finalmente se formalizara para el martes 1 de agosto.

En el análisis que se realiza en Diputados, una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández) benefició al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, luego de supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración capitalina a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno Nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para la Capital Federal.

LC con información de agencia Télam

Silvina Batakis, exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior y actual presidenta del Banco Nación, sostuvo este martes que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo “excesos de recursos a la Ciudad” de Buenos Aires. Declaró también que el aumento de la coparticipación generó “una nueva desigualdad respecto de las provincias”.

Batakis, Secretaria de Provincias entre el 10 de diciembre de 2019 y el 3 de julio de 2022, expuso ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

Al ser consultada por el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Capital Federal realizada durante el Gobierno de Cambiemos, explicó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“En 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones”.

La titular del Banco Nación precisó que “están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Gobierno Nacional. Esa devolución, para compensar, ascienden aproximadamente en 8 mil millones de pesos”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de los tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, aseveró la funcionaria. Agregó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

“Lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”, enfatizó y resaltó que “el régimen de coparticipación federal no fue creado y no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.

De acuerdo con la exministra de Economía, “esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad” y afirmó que “la transferencia del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.

Batakis sostuvo que “cuando el Gobierno Nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones”.

La funcionaria hizo un plano detallado de la audiencia de los jueces supremos por ese fallo, donde participó Silvio Robles, mano derecha del presidente Horacio Rosatti. Si bien estuvo en esa reunión, su presencia no figura en el acta del encuentro realizado en marzo de 2022.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Resolvió citar a una serie de exfuncionarios, entre ellos a Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Mauricio Macri, y que además se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

La comisión presidida por Carolina Gaillard (FdT) aprobó también una ampliación de prueba, para que se cite en la próxima reunión a la exministra de Economía, Silvina Batakis, y al Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios de la cartera económica que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

La comisión investiga si los jueces supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno porteño ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno Nacional.

Al dar inicio la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, quien había sido citado a la misma, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, debido de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró la diputada del Frente de Todos, quien apuntó que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

Durante la jornada, los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales a Frigerio, exministro del Interior del Gobierno de Cambiemos y actual precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, a partir de un planteo del diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT).

Por otro lado, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Manuel López (CC) rechazó la convocatoria a Frigerio, al sostener que “no se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo”.

“Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. El se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista”, acusó López al justificar el rechazo de la coalición opositora a la citación del exministro.

Luego de un breve debate, los diputados acordaron dejar la convocatoria para después de las elecciones generales del 22 de octubre, a partir de una propuesta de la propia Gaillard y del diputado Leopoldo Moreau (FdT), que sostuvo que “esta citación hay que materializarla después de la elección”.

Los diputados también aprobaron una ampliación de prueba impulsada por Rodolfo Tailhade (FdT), para que se incorpore como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, en una entrevista en el programa A Dos Voces de Todo Noticias.

Esta ampliación de prueba también contempla que se cite en la próxima reunión a una serie de funcionarios nacionales, entre ellos ministros de Economía de diferentes provincias, a Batakis, extitular de Hacienda y a Astarloa, así como funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluye la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que “es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles”, este último estrecho colaborador de Rosatti presidente de la Corte.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade.

En aquellas conversaciones, figuran conversaciones que D'Alessandro habría mantenido con Silvio Robles. Además, el diputado oficialista pidió que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D'Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

En la Comisión expuso Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que “la postura del Gobierno Nacional respecto de los 3 decretos queda de algún modo condensada en los considerandos del decreto 2020 que los dejó sin efecto en función de la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida” y negó que el Ejecutivo esté incumpliendo con el fallo de la Corte.

“Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y que en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo de la ejecución de esos servicios, ni se estableció ningún control”, explicó Diez, quien destacó que los decretos “nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso”.

Tras la exposición de Diez, la Comisión recibió también a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, quien explicó lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.

En el trascurso de la reunión, el diputado Pablo Tonelli (PRO) había acusado al Gobierno Nacional de “incumplir” con el fallo que establece que el Estado Nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos, definida en la Ley 23.548 de Coparticipación.

“Esa cosa de la antinomia Ciudad contra el interior da a viejo y no está bueno. Tengamos en cuenta que el Presidente, el ministro de Economía, el titular del Banco Nación, están incurriendo en un delito penal que en algún momento van a tener que rendir cuentas en la Justicia”, sentenció la diputada Paula Oliveto (CC).

Ese planteo fue rechazado por Germán Martínez, titular del bloque del FdT, al destacar que “estamos con una hipótesis de una connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad y esa connivencia fue la que generó esta sentencia claramente, que tampoco es sentencia, es una cautelar. Todo esto es para abonar una investigación, a la cual se podrá llegar o no al mal desempeño”.

El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno Nacional le pague al Gobierno porteño el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la Ley 27.606 que le otorgaba el 2,32%.

LC con información de agencia Télam

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó este jueves para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, para que expongan sobre el fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, acordaron invitar para la próxima reunión de ese cuerpo, el 27 de junio, al ministro del Interior Eduardo 'Wado“ De Pedro, como a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso. Su fue anunciada esta tarde por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT).

Gaillard precisó las citaciones del 4 de julio a D'Alessandro y Robles, en el marco del juicio político a los cuatro ministros de la Corte. Para la próxima reunión de la comisión, serán citados el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, así como fiscales vinculados a la causa sobre la coparticipación.

Con el voto mayoritario del oficialismo, la Comisión decidió citar al juez supremo Juan Carlos Maqueda, para que en 10 días hábiles responda en forma personal o por escrito sobre las acusaciones en su contra por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), en su condición de superintendente de ese organismo. El plazo que tendrá el magistrado será hasta el 6 de julio.

La titular del órgano adelantó que se realizarán “4 o 5 audiencias” sobre coparticipación, tras lo cual se continuará con la investigación sobre presuntas irregularidades de la Corte en torno al Consejo de la Magistratura.

Una de las líneas de investigación sostenida por el Gobierno Nacional es que la resolución judicial por los fondos destinados a la Ciudad Autónoma (que habían sido redistribuidos por la administración de Alberto Fernández) benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, luego de negociaciones entre él y Rosatti a través de Robles.

Recordaron que esa situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.

La propuesta del FdT de citar a Maqueda fue avalada por 16 votos, luego de la lectura de los cargos contra el magistrado donde el oficialismo impuso su mayoría ante el rechazo de la oposición. La resolución de 53 carillas dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

LC con información de agencia Télam

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le tomó declaración testimonial a Aldo Tonón, ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) en el marco de la investigación por presunto mal desempeño de los magistrados del máximo tribunal.

Tonón había renunciado a su cargo luego de ser cuestionado por irregularidades durante su gestión, iniciada en 2008. De acuerdo con el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, desde entonces, faltaron controles sobre el stock de medicamentos y presentaciones de balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, y se demoraban o rechazaban sin debida justificación autorizaciones para tratamientos.

Así, por ejemplo, Laura Ambrosio, afiliada damnificada, declaró que la obra social dilató las autorizaciones para la quimioterapia: los medicamentos que debían llegar 48 horas antes de cada sesión, no llegaban a tiempo por lo que debió reclamar telefónicamente en reiteradas oportunidades. “Era enloquecedor el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura, pero no la brindaba”, expresó.

Además, entre otras irregularidades, había cargos clave vacantes, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o actualización de aranceles y no se realizaban licitaciones para la compra de medicamentos y prótesis.

Durante la sesión legislativa, Tonón reconoció que los balances contables nunca fueron certificados por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y que el cargo de de subdirector administrativo se mantuvo vacante. Sin embargo, el ex director subrayó que en las auditorías no surgió “ningún elemento probatorio por el que constara una irregularidad” en su gestión.

Además, destacó que en determinadas áreas, los responsables eran contratados bajo la modalidad de locación de servicios, en lugar de ser empleados de planta. “Era una modalidad común de contratación desde el 2003 y las personas contratadas eran idóneas”.

ACM con información de NA

Al firmar el miércoles la llamada  “muerte cruzada”, el presidente centro derechista ecuatoriano Guillermo Lasso puso fin a una pugna con la Asamblea Nacional (Parlamento) de mayoría opositora que había comenzado desde el primer día de su mandato. Disolvió el Congreso, pero también le puso fecha de caducidad a su presidencia, y anticipó las elecciones generales donde se votará a las nuevas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo unicameral.

El martes,  la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo en Ecuador) había iniciado el debate sobre implementar  un juicio político en  contra del presidente Lasso por su presunta participación en delito de peculado : no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, con un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado; y, también por el esclarecimiento de bienes en paraísos fiscales.  

Los legisladores que han promovido la investigación pertenecen a la bancada correista Unión por la Esperanza( UNES)  y al movimiento indígena. Una Comisión de Supervisión Legislativa había concluido la  semana pasada que no había evidencia que demostrara que el presidente Lasso supiera sobre los contratos y que no había promovido la  firma de  un nuevo acuerdo con la compañía privada. La comisión recomendó no acusarlo.

Sin embargo, ni cesaron las acusaciones de los legisladores interpelantes de “inocular corrupción en el sistema”. El primer mandatario, quien acudió al Palacio Legislativo, rechazó  todas las imputaciones:  “He venido aquí para decir esto a mis acusadores: Yo los acuso. Los acuso de haber abandonado su papel de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque no crean leyes, sino que las destruyen”, declaró el martes en el recinto en su defensa el presidente Lasso.  

A pocas horas de que la mayoría legislativa de correístas y socialcristianos votara a favor de abrir un juicio político en su contra, el presidente disolvió la Asamblea.

Qué consecuencias trae el recurrir a la “muerte cruzada”

La “muerte cruzada” es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Dos muertes: un suicidio y un asesinato. Porque una vez decretada la 'muerte cruzada' por el presidente, 'mueren' al mismo tiempo (y, en teoría, resucitarán el mismo día), quienes están frente del Ejecutivo y ocupan las bancas del Legislativo ecuatoriano.

La medida, amparada por el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana del 2008,  fue diseñada por el movimiento de Revolución Ciudadana, formación política entonces oficialista, durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017). Es la primera vez que un presidente invoca la 'muerte cruzada', y la aplica “por grave conmoción interna y política” Amparado por este mecanismo, Lasso, podrá gobernar con “plenos poderes”, por decretos leyes de urgencia en tanto se realizarán “en breve” las elecciones generales  según el decreto que publicó la Presidencia de la República.

La suspensión temporal de la representación política en la Asamblea abre mayor espacio para una protesta social. “En estas primeras horas la situación para la ciudadanía es confusa, pues dependemos si la decisión presidencial será acatada, o será enfrentada en las cortes de justicia, en las calles, a través de alguna argucia, ¿Qué hacer?”, se pregunta Inkarri Kowi, analista de temas indígenas.

Y la vez la posibilidad legal de expedir decretos con fuerza de ley es probable que haga  lugar a la calificación del gobierno de dictatorial.  Los plazos que tiene el presidente Lasso  para implementar  políticas que promuevan mejoras sociales y la reactivación de la economía son acotados. Si la medida que ha tomado fue sólo para salvar por el momento su cargo,  los costos que se le adjudicarán no serán menores.

¿Muerte anunciada, resurrección sin profetas?

La crisis, en todo su espectro marcado por la recesión económica  post pandemia del Covid-19,  la permanente amenaza de las pandillas, muchas de ellas relacionadas  con los carteles mexicanos, que han desatado crímenes violentos en las calles –especialmente de las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil- y cárceles del país otrora pacífico, y el aumento de la migración , ha provocado un importante declive  de la figura del presidente que muchos consideran un “muerto político”.

Lasso en junio del 2022 había enfrentado otro intento de destitución  en medio de jornadas de movilizaciones con fuerte represión oficial y un prolongado paro general promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leónidas Iza, quien con otros dirigentes acordaron un “Acta por la Paz”, mediado por el Episcopado.  

El correísmo que ha buscado salidas institucionales para ser el protagonista que obligue la salida de Lasso, se ha visto favorecido por los resultados del 5 de febrero 2023.  El triunfo del NO en el referendo impulsado por el gobierno  al mismo tiempo  que la  victoria -referenciada en el ex presidente Correa- en las elecciones locales ha asentado un escenario adverso para la gestión gubernamental.

Según los últimos sondeos: Cedatos, empresa afín a Lasso, indicó que la aprobación a su gestión habría caído al 63.5%, en tanto que Perfiles de Opinión, más alineada con el correísmo, lo sitúa en el 34.01%, de un 74% entre julio y agosto.

Las expresiones de desacuerdo y los apoyos a Lasso

Uno de los primeros en reaccionar a la disolución de la Asamblea fue el expresidente Correa, exiliado en Bélgica. Por twiter declaró enfático: “Ecuatorianos: Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna  sino un juicio político en aplicación a la constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca ¡Hasta la victoria siempre!”. La Conaie, también por Twitter, convocó a los “pueblos y nacionalidades” a un  consejo ampliado extraordinario, donde analizarán las medidas tomadas por Lasso.

Todo invita a pensar que el correísmo no impugnará el decreto, sino que se prepara a vencer las elecciones presidenciales. Otro tanto se infiere de la reacción de la Conaie, la Confederación nacional indígena de Ecuador.

Las FFAA expresaron  su respaldo a la “decisión constitucional” del Presidente. El jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, aseguró que “mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a las leyes”. Los legisladores no pudieron ingresar a la Asamblea Nacional, bloqueada por las FFAA y la Policía.

AGB