Ecuador y los desengaños de la derecha en el poder

El triunfo del NO en el referendo del gobierno de Guillermo Lasso y la victoria del correísmo en  las alcaldías de Quito y Guayaquil cambian el mapa político de Ecuador. El propósito del presidente ecuatoriano era un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales. La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo radica en que la consulta está basada en temas de interés general pero sin incidencia en la estructura constitucional.

En la apertura de las urnas, el primer mandatario  condenó el asesinato de Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), afín al opositor exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017) exiliado en Bélgica. Menéndez  fue en el segundo candidato asesinado en estas elecciones. Hace 15 días, también murió de manera violenta Julio César Farachio, quien aspiraba ocupar la alcaldía de la localidad de Salinas en la provincia costera de Santa Elena. 

Las encuestas que habían pronosticado al Sí una ventaja -aun sin asegurar un respaldo decisivo- fueron desmentidas por la votación de 13,4 millones de la ciudadanía ecuatoriana que también  de manera simultánea participó en las elecciones de autoridades provinciales y distritales, en las que tanto el Gobierno como las fuerzas de oposición  midieron hasta dónde llegan su representatividad y su fortaleza.  

Y a despecho del lento escrutinio del referendo, las votaciones para alcaldes, prefectos de las provincias, concejales y miembros de las juntas de parroquias otorgaron un holgado triunfo a la correista Revolución Ciudadana. El triunfo se verificó en las siete provincias de  Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Y en las alcaldías de la ciudad capital de Quito y Guayaquil.

El movimiento indigenista Pachakutik -claramente opositor a Lasso- se quedó con Bolívar, Cotopaxi, Morona Santiago, Napo, Santa Elena y Tungurahua e Izquierda Democrática (ID)con Chimborazo y Loja. El mapa resultado de las elecciones indica que será compleja la relación a futuro para el Gobierno central con las provincias.

Las ocho preguntas del referéndum fatal

La primera de las ocho preguntas planteaba quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones. La pregunta ‘estrella’: “¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?”. 

Si para el presidente Lasso  la extradición es “una herramienta” -para enfrentar el comercio ilegal de armas y el narcotráfico gravitantes en Ecuador-  la Constitución vigente la prohíbe. Sin embargo, “el referendo, al emanar del pueblo en las urnas, es mandatorio, incluso está por encima de la Constitución”, sostiene Andrés Jaramillo, especialista en comunicación y marketing político y exsecretario de Comunicación de la Asamblea Nacional como se denomina al Parlamento en este país andino. A la vez, el concepto de extradición no necesariamente está claro para la mayoría de la población. Muchos pueden confundirla con expulsión, es decir, con sacar del país a aquellos personajes vinculados al crimen organizado. Y en otro sentido, muestra la intención del gobierno de ganar algo de tiempo hasta encontrar e implementar soluciones que pueden ser de largo plazo como políticas de prevención en las ciudades más conflictivas, programas económicos enfocados en la población más vulnerable, entre otros.

La segunda pregunta, el Gobierno proponía la creación de un Consejo Fiscal  -en reemplazo del actual Consejo de la Judicatura-  para que seleccione, designe, promueva, sancione o destituya a los fiscales. El partido correísta Movimiento de Renovación Ciudadana , la Unidad Popular (UP), el Socialista (PSE) y las centrales gremiales de trabajadores y de la educación, actores de la Campaña del NO, no vacilaron en  denunciarla como una estrategia del Gobierno para prorrogar los mandatos de los fiscales afines y remover o postergar a los independientes del oficialismo.

La tercera, sobre la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional  integrada por 137 asambleístas y que en 2025 podrían elevarse a más de 150, de acuerdo al crecimiento demográfico como dispone la Constitución. La intención del Ejecutivo apuntaba a aumentar el número de habitantes necesario para cada escaño basado en el criterio de que considera  sobrerrepresentadas las zonas rurales y subrepresentadas las urbanas.

El punto cuarto apuntaba a los partidos políticos en busca de establecer un mínimo de afiliados del 1,5% del padrón electoral de la jurisdicción en la que estén inscriptos. De esta forma, la apuesta era la reducción de  los 272 movimientos políticos actuales, que muchas veces son sellos funcionales a candidatos sin estructura propia.

La pregunta quinta,  el traspaso a la Asamblea Nacional  de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado en 2008 por el entonces presidente Correa, como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que debían designar autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral. De aprobarse,  todas esas autoridades serían designadas por la Asamblea, justificándose con el argumento de que no dependerían del voto de una mayoría de solo cuatro personas y se evitaría así la concentración de poder. Esta idea, complementaria del traslado de funciones al Parlamento se complementa en la sexta pregunta. 

En detalle, la quinta pregunta ( “¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que la designe a través de estos procesos que actualmente elige el CPCCS?” ), y la sexta ( “¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del CPCCS, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?”) tuvo un efecto contradictorio debido a que pareció que las reglas del juego para el voto que se pedía por candidatos al CPCCS cambiarían luego de la misma votación. Un escollo -nunca explicado debidamente- y que en consecuencia arroja el más alto porcentaje de rechazo: 57,55% para la quinta y 58,55% para la sexta.  

El gobierno por su parte mostró ambivalencia en el Consejo, cuando respaldó a cuatro consejeros, encabezados por Hernán Ulloa, en la continuidad de sus cargos a pesar de que habían cumplido su periodo, que sí fueron destituidos por la Corte Constitucional.

Si para los analistas progubernamentales la primera pregunta sobre la extradición, iba a jalonear a las otras; estas quinta y sexta de la Asamblea y el CPCCS se iban a convertir en un voto castigo en contra de los políticos. En ambos casos, la voluntad expresa en las urnas dejó en evidencia el errado diagnóstico.

La séptima pregunta, la creación de un sistema de áreas de protección hídrica para salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos del país. La propuesta del Gobierno es el sistema de protección de aguas quede bajo la administración del Estado.

Y la octava y última pregunta, la creación de un sistema de compensación por servicios ambientales. Entre los prestadores de estos servicios se encuentran los recicladores (unos 20.000 a nivel nacional) y comunidades indígenas que ayudan a combatir la deforestación en la Amazonía, entre otros.

Las urnas y las consecuencias

Luego de la consulta y las elecciones, la gobernabilidad será un reto mayor para el gobierno del presidente Lasso que ya recibió un fuerte golpe a principios del mes pasado, cuando el medio digital La Posta difundió una grabación en la que se menciona al empresario Danilo Carrera, “el gran Padrino de la corrupción del gobierno”, cuñado del presidente, como beneficiario de un hecho de corrupción con empresas del Estado. La difusión de audios han implicado aún más a la administración actual. El Gobierno rápidamente ratificó que lucha contra “cualquier forma de corrupción” y remarcó que no tolerará delitos de “absolutamente nadie”, pero el daño electoral se ha medido este domingo donde también ha gravitado la incompetencia del oficialismo para solucionar los problemas de seguridad y desempleo.

El contexto actual no es el de 2019, cuando las masivas protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, anunciada por el ex presidente Lenín Moreno, dejó como saldo 11 muertos y casi 1.200 detenciones, pero la tensión está latente.

A principios de enero la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) amenazó con un “paro preventivo” y otras medidas en rechazo a la minería a gran escala que se practica en sus territorios ancestrales, pese a los acuerdos alcanzados con el Gobierno en octubre pasado, después de una ronda de negociaciones fruto de la movilización y protestas sociales encabezadas por Iza, el mayor dirigente indígena del Ecuador, iniciadas el 13 de junio y que se extendió por tres meses. En vísperas del referendo, la Conaie había confirmado su respaldo al voto por el No.

El impopular presidente ecuatoriano aceptó el revés político del domingo: “Acepto que la mayoría no esté de acuerdo que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum”, declaró en una intervención por radio y televisión y convocó a “un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política”.

La convocatoria al diálogo fue impugnada por el expresidente Correa quien reclamó a Lasso que “llame a muerte cruzada” y “váyase con algo de decencia”. La llamada “muerte cruzada”, contenida en el artículo 148 de la Constitución, es un mecanismo por el que tanto el presidente como la misma Asamblea Nacional pueden interrumpir los mandatos y llamar a elecciones para cubrir esos cargos en acefalía.  

El martes 7 de febrero, los legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), sector correísta en la Asamblea Nacional, que han vuelto a sus actividades finalizada la campaña electoral dejaron de lado el llamado presidencial de la construcción de un acuerdo; por el contrario: han pedido al Gobierno adelanto de las elecciones y la aplicación de la muerte cruzada. La propuesta fue apoyada por el movimiento Pachakutik y el presidente de la Comisión de la Fiscalización Fernando Villavicencio,  quien sostuvo que la derrota de la consulta popular es exclusiva del gobierno nacional y reconoció que los millones de votos por el NO, fue de condena al gobierno.

El oficialismo, hasta ahora, asegura que no accederá a estas presiones. “Se quedarán con las ganas” subrayó el oficialista Juan Fernando Flores de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN). Vale recordar un antecedente no lejano: en junio pasado, durante el transcurso de los días más ‘calientes’ de la ola de protestas que abarcó la nación ecuatoriana en muchas partes bajo el ‘estado de excepción’ decretado por el ejecutivo  la Asamblea había pedido la destitución del presidente Lasso, bajo la causal de grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del gobierno. En esa ocasión, el primer mandatario se libró de su destitución por solo 12 votos.

AGB