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Ecuador: comenzó el juicio político al presidente Lasso, acusado de un perjuicio millonario al Estado

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso sale de la sede de la Asamblea Nacional en Quito tras intervenir en el juicio político de censura en su contra.

elDiarioAR

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El Parlamento de Ecuador escuchó este martes las acusaciones contra el presidente Guillermo Lasso, señalado por los legisladores interpelantes de “inocular la corrupción” en el sistema, así como la defensa del propio mandatario, quien consideró “infundado” el proceso y remarcó que “lo político jamás puede ser justificación para lo ilegal”. Fue la primera jornada plenaria del juicio político en su contra, seguido en las afueras del edificio por miles de partidarios del oficialismo.

La sesión comenzó a las 10:17 (12:17 hora argentina) con 109 parlamentarios presentes sobre 137, según medios locales.

El mandatario está acusado de no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, el cual habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado de ese país.

Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia”, expresó el presidente, que no recibió condena judicial por el caso, antes de su intervención.

El proceso es considerado como una instancia que no sólo pondrá en escena el juego de fuerzas internas, sino que también servirá para probar el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años en el país andino.

El hecho ocurre en un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el aumento del costo de vida, lo que puede significar el fin del Gobierno de derecha y una oportunidad para la oposición de izquierda para recuperar fuerzas de la mano del exmandatario Rafael Correa, residente en Europa y condenado a ocho años de cárcel.

Se trata de la segunda vez en su mandato que el conservador Lasso enfrenta un intento de destitución, luego que en junio del año pasado, en medio de un prolongado paro general promovido por las organizaciones indígenas, una iniciativa similar sumara 80 votos, 12 por debajo del mínimo requerido.

La correísta Viviana Veloz, una de las legisladoras interpelantes, advirtió que Lasso “ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República”, y se preguntó “por qué no hizo nada el presidente para evitar que el país prorrogue un contrato lesivo para los intereses del pueblo ecuatoriano”.Advirtió que el presidente supo de este contrato irregular, pero se negó a recibir el informe del entonces gerente de Flopec sobre las condiciones desventajosas para la empresa ecuatoriana y, por el contrario, ordenó su remoción.

“Nunca tomó las medidas necesarias para resarcir esa situación jurídica o apoyar, ya sea la terminación unilateral o a su vez la terminación por mutuo acuerdo, que también recomendaba la gerencia jurídica, y en consecuencia usted, presidente saliente, permitió que el daño económico al Estado se siga presentando”, sentenció. Veloz presentó parte de su argumentación con un video musicalizado con la canción central de la película “El Padrino”.

Esteban Torres del Partido Social Cristiano, compañero en la acusación, dijo que la defensa de Lasso sostuvo que en su presidencia, en especial durante 2022, Flopec no habría realizado una contratación nueva para el transporte del crudo ecuatoriano con Amazonas Tankers, por lo que el juicio carece de pruebas. “La verdad fáctica es, sin embargo, señores asambleístas, que sí existe la prueba que en el gobierno del presidente Lasso hubo nuevas contrataciones entre Flopec y Amazonas Tankers, aseveró.

El parlamentario aseguró que cada uno de los hechos señalados para este proceso fueron acreditados durante las prácticas de las respectivas pruebas en la comisión legislativa de Fiscalización y Control Político, bajo el estándar probatorio de un juicio político.

Al finalizar acusación, el presidente Lasso entró al recinto a ejercer su defensa en un proceso que calificó de “infundado” al alegar que su inocencia era “total, evidente e incuestionable”. “El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia”, señaló entre aplausos de la bancada oficialista.

Aunque no era objeto del proceso, el jefe del Palacio de Carondelet usó parte de las tres horas del tiempo permitido para hacer un balance de su gestión y resaltar sus logros. En cuanto al acuerdo Flopec-Amazona Tankers enumeró que “no hay contrato ni adenda” firmados en su gestión; “no hay recomendación de contraloría para terminar el contrato”; “no hubo determinación de responsabilidad penal” y además “no hay testigos relevantes de nada”.

Muy fácilmente, la florida ficción que han montado va dando paso a la sobria e ineludible realidad”, manifestó. Terminada su exposición, las partes tuvieron una hora para las respectivas réplicas y luego se dio paso al debate para que los diputados expongan sus argumentos durante 10 minutos, sin derecho a réplica.

Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, deberá luego convocar a otra sesión para la votación final, y algunos medios quiteños señalan que ese encuentro sería el sábado. En caso de que existan 92 votos a favor de la censura y destitución del presidente, el vice Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, año que concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual Gobierno.

De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político, luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).

Al mandatario ecuatoriano le queda aún una carta con la que alguna vez amenazó: la opción de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas donde resultaría electo un gobernante encargado de terminar el actual período. Esta opción, llamada “muerte cruzada”, puede decretarla antes de la votación en el juicio y era un grito permanente de sus seguidores en las afueras de la Asamblea.

Los simpatizantes, que portaban banderas del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), se concentraron en el parque El Arbolito, donde se colocó una pantalla gigante donde se transmitió el proceso de juicio político.

LC con información de agencia Télam

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