El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, son los principales oradores del AmCham Summit 2026 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina que se desarrolla este martes desde las 8 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno le otorgó principal relevancia al evento y confirmó que el cierre estará del jefe de Estado, a las 18. Por la mañana tendrá su participación el titular del Palacio de Hacienda, quien postergó su viaje a Estados Unidos para estar presente. Caputo se unirá el miércoles a la delegación que desde este lunes participa de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

Además de Milei y el ministro Caputo expondrá el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. También habrá intervenciones de otros ministros nacionales, de gobernadores y de legisladores del Congreso.

El Summit de AmCham se desarrolla bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y concentra a las principales empresas en el país de capital norteamericano. AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina, según un comunicado.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Díaz destacó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y añadió: “Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

Los temas que se tratarán en los diversos paneles incluyen la estabilidad macroeconómica, el lugar de la Argentina en el escenario global, la infraestructura para la productividad y la institucionalidad como pilar de crecimiento.

Entre los oradores del sector público se encuentran: Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA) y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).

El ámbito legislativo estará representado por Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado), Eduardo Vischi (UCR), Gabriel Bornoroni (LLA) y Lisandro Nieri (UCR). También dará examen el ministro del Interior, Diego Santilli, así como habrá secretarios de diversas áreas como Daniel González (Energía y Minería) y Sergio Iraeta (Agricultura).

El sector empresarial contará con la participación de líderes de firmas como Chevron, Citibank, J.P. Morgan, Pan American Energy, Cargill, 3M, Pfizer y Dow, entre otras.

MC

El Senado de la Nación avanzó este jueves con una agenda cargada que incluyó el ingreso formal de 78 pliegos judiciales, la aprobación de ascensos en las Fuerzas Armadas y el aval a la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, en medio de cuestionamientos de la oposición.

Durante la sesión, los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores tomaron estado parlamentario tras su lectura en el recinto. Se trata de la primera tanda de postulaciones, en un contexto en el que el Poder Judicial acumula más de 300 vacantes.

A partir de ahora, se abrirá el proceso de publicación de antecedentes, presentación de impugnaciones y respaldos, y posteriormente los candidatos deberán asistir a audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos, que se realizarían en los primeros días de mayo. Luego, los pliegos deberán ser aprobados por mayoría simple en el recinto.

Entre los nombres incluidos aparecen figuras con vínculos relevantes dentro del ámbito judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para un tribunal federal en Santa Fe; María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso $LIBRA.

El avance de estos nombramientos forma parte de una estrategia del Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia, una deuda pendiente en los primeros años de gestión, y que ahora busca destrabar con un escenario más favorable en la Cámara alta.

En paralelo, el Senado aprobó con 45 votos a favor y 26 en contra el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. La designación generó fuertes críticas del peronismo, que la acusó de haber negociado el cargo a cambio de su voto favorable a la Ley Bases.

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones y defendieron la trayectoria política de la neuquina. La votación contó con el respaldo de bloques aliados, mientras que sectores opositores mantuvieron su rechazo durante el debate en el recinto.

La sesión también incluyó la aprobación de los ascensos de los jefes militares Oscar Santiago Zarich, Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, así como el tratamiento de otras designaciones.

El clima político estuvo atravesado por fuertes cruces. Legisladores del peronismo impulsaron cuestiones de privilegio contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, en medio de críticas por la situación económica, los escándalos de Manuel Adorni y el caso $LIBRA. Incluso, desde ese espacio se deslizó la posibilidad de avanzar en un juicio político contra el Presidente. “No entiende nada, está pirado”, dijo José Mayans en pleno recinto.

CRM

Fue este mismo lunes. Mientras los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en un acto formal un proyecto de reglamento que busca acotar la discrecionalidad política en la selección de magistrados, el Poder Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de los candidatos para ocupar más de 50 cargos federales vacantes con un nombre que se destacó entre los postulantes: Emilio Rosatti, hijo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue propuesto para el tribunal federal de juicio de Santa Fe.

En total, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, envió 52 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La operación busca poner fin a más de dos años de parálisis en la cobertura de vacantes y marca el primer movimiento concreto del gobierno de Javier Milei para remodelar el mapa judicial del país. Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

Actualmente hay más de un tercio de los cargos federales vacantes, además de la propia Corte Suprema, que tiene dos sillas vacías. Los más de 300 cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

Lo sugestivo del envío de los pliegos fue el momento. Mientras el proceso de envío de pliegos –entre ellos el del hijo de Rosatti– que activó este lunes el Ejecutivo está regido por el reglamento vigente, en la misma jornada la Corte Suprema presentó un proyecto para modificar el modo en que se seleccionan los jueces.

El pliego Rosatti

El diploma de Emilio Rosatti llegó al Senado en la segunda tanda de la tarde de este lunes, junto a las otras candidaturas. Fue propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Según trascendió, el presidente de la Corte no participó de la votación de su terna en el Consejo de la Magistratura, que además encabeza el propio Rosatti. 

Tanto el pliego de Rosatti hijo como del resto de los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pero no podrán tratarse hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara Alta. La intención de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, es acelerar el proceso para la semana que viene, luego del doble feriado del 2 de abril y Semana Santa.

Más allá del apellido Rosatti, la lista de pliegos contiene varias designaciones de alto valor político-judicial. Tres nombres para los Tribunales Orales Federales de La Plata –Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y María Julia Sosa, todos para el TOF N° 3– concentran especial atención: ese tribunal tiene competencia sobre causas de lesa humanidad en la región bonaerense, algunas de las cuales involucran a militares y civiles, en el contexto de un gobierno que tiene un fuerte sesgo negacionista.

En el fuero Penal Económico, hubo dos vocales propuestos para la Cámara de Apelaciones –Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway– y un fiscal para el mismo fuero: Juan Andrés Moldes. El Penal Económico es el fuero donde tramitan causas de lavado de dinero, evasión y corrupción empresarial. La composición de sus cámaras tiene impacto directo sobre investigaciones que involucran a sectores del poder económico y financiero.

En la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –el tribunal de segunda instancia que revisa las sentencias penales más relevantes del país– figura Nicolás Grappasonno. Y para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Santiago Quian Zavalía. Ambas designaciones tienen peso institucional: quiénes integren esos cuerpos determinarán, en buena medida, el rumbo de los procesos penales de mayor trascendencia pública en los próximos años.

El reglamento que Rosatti no firmó, y Mahiques aplaudió

El acto de presentación del proyecto de nuevo reglamento que impulsan Rosenkrantz y Lorenzetti se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y reunió a buena parte del establishment judicial: consejeros de la Magistratura, camaristas, fiscales, presidentes de tribunales provinciales, académicos y representantes de colegios de abogados. Entre los presentes estaba el ministro Mahiques, quien escuchó en primera fila cómo Rosenkrantz proclamaba que el objetivo del nuevo reglamento es “eliminar la discrecionalidad” en la selección de jueces.

Las palabras de los dos jueces firmantes no dejaron margen para la ambigüedad. Rosenkrantz señaló que la propuesta busca “identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad”, y advirtió que el reglamento tiene una lógica sistémica que no debería modificarse en sus aspectos centrales. Lorenzetti, por su parte, fue más explícito sobre el diagnóstico: habló de “un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces” y describió la situación actual como “un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales”.

El mecanismo que proponen reemplaza el sistema vigente con exámenes de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, corrección automatizada y anonimato garantizado por tecnología. La entrevista personal –históricamente la etapa más expuesta a presiones– queda limitada a solo 20 puntos sobre el total. El proyecto también incorpora concursos anticipados como regla y un legajo digital único para los postulantes. No requiere gasto extraordinario y, según sus impulsores, debería reducir los tiempos de selección, hoy extendidos durante años.

La acordada lleva únicamente las firmas de Rosenkrantz y Lorenzetti. Rosatti no la suscribió, a sabiendas de que encabeza tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura, el organismo al que va dirigida la propuesta y que deberá tratarla en plenario. El contexto es relevante: en el Consejo ya hay 15 proyectos en discusión para reformar el sistema de concursos, presentados por consejeros de distintos sectores –jueces, abogados, académicos y representantes políticos–, ninguno de los cuales había llegado hasta ahora al plenario. La propuesta de la Corte se suma como un jugador externo que busca forzar la discusión.

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá aprobarlo. Mientras tanto, los 45 pliegos enviados este lunes por el Ejecutivo no pasaron por ninguno de estos mecanismos: provienen del sistema anterior, donde el Consejo elabora las ternas y el Ejecutivo elige a quién propone. La reforma es para el futuro. El presente, en cambio, quedó para el reparto.

El antecedente de “Coco” Mahiques

El gobierno de Milei llevaba más de dos años evitando cubrir vacantes en el Poder Judicial –más de 300 acumuladas–. Pero ahora, con Mahiques al frente del ministerio, decidió activar la maquinaria de golpe.

El apellido Rosatti es sugestivo entre los candidatos. Pero el propio ministro tiene un interés agregado: tiene a su propio padre esperando acuerdo en el tribunal penal federal más importante del país.

El 18 de marzo, hace dos semanas, el Senado dio ingreso al expediente de Carlos “Coco” Mahiques –padre del ministro de Justicia– para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. “Coco” Mahiques cumple en noviembre los 75 años, edad límite para ser juez, y necesita un nuevo nombramiento por cinco años para seguir en el cargo. Ya tiene la venia del oficialismo.

MC

“Pase, pase”. Horacio Rosatti presidió la jura como miembro del Consejo de la Magistratura del flamante viceministro de Justicia, Santiago Viola, y luego le dio paso a Juan Bautista Mahiques para una reunión privada. Fue una de las escenas que más llamó la atención entre los testigos de la ceremonia de este martes en el Palacio de Justicia, en la que el apoderado de La Libertad Avanza e íntimo de los hermanos Milei asumió en el organismo que designa y remueve jueces.

La cumbre entre Rosatti y Mahiques fue la primera desde que el funcionario reemplazó, hace apenas dos semanas, a Mariano Cúneo Libarona. Su ascenso implicó el corrimiento del hasta entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Santiago Caputo, quien fue designado como jefe de los abogados del Estado. Detrás de todo estuvo la mano de Karina Milei, que avanzó un casillero más en su disputa interna con el asesor presidencial.

“Lo que se vio fue una postal de karinismo puro, y hacía mucho no veía tantos funcionarios del Poder Ejecutivo en una jura así”, contó una fuente judicial sobre el desembarco de Viola. El Gobierno participó en pleno: además de Mahiques estuvieron Lule Menem; Sharif Menem —asesor en la Cámara de Diputados—; el diputado y armador bonaerense libertario Sebastián Pareja; el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni; el diputado Gonzalo Roca, representante libertario en el Consejo; los senadores Nadia Márquez (Neuquén) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y el legislador porteño Diego Vartabedian.

Viola será la espada de Javier y Karina Milei en el Consejo de la Magistratura en un contexto en el que el Gobierno comienza a desplegar un paraguas político ante los escándalos que involucran al Presidente y su hermana. El principal es el caso $LIBRA, tras las filtraciones de estos últimos días. Por eso Mahiques salió el lunes en varios canales de televisión a sembrar dudas sobre esas revelaciones como prueba judicial, pese a que forman parte de peritajes oficiales que el fiscal Eduardo Taiano ya tenía desde hace tiempo.

No trascendió que esa línea ofensiva se haya conversado en la reunión a puertas cerradas entre Mahiques y los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Oficialmente, el ministro y los magistrados conversaron sobre las cientos de vacantes que aún existen en distintos estamentos del Poder Judicial. “El ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, comunicó oficialmente la cartera.

Como anticipo de la nueva etapa que se abre, el comunicado señala que “el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Según supo elDiarioAR de fuentes involucradas en la nominación de jueces, Mahiques acelerará primero un grupo de entre 30 y 50 nombramientos, eligiendo entre las ternas que ya conformó el Consejo de la Magistratura. “En cada pecera hay tres peces; tiene que pescar uno de cada una. Creo que es de los ministros de Justicia que más poder pueden llegar a tener”, apuntó un vocero.

Esas nominaciones serán enviadas al Congreso para su aprobación. En esa instancia será clave el rol del senador Pagotto, titular de la influyente comisión de Acuerdos, quien deberá acordar posturas con la oposición aliada —el PRO, la UCR y los gobernadores dialoguistas— para que los pliegos avancen.

Entre las urgencias de Mahiques figuran las vacantes en la justicia civil, la cámara comercial, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y los tribunales federales y cámaras de provincias como Mendoza, Chaco, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Chubut. Las vacantes del Poder Judicial rondan el 37%. Por ahora no está en el horizonte cercano del ministro avanzar sobre las dos sillas vacías de la Corte Suprema, sobre todo tras el fracaso de Milei al intentar designar por decreto a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo.

MC

El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó 13 ternas para cubrir cargos en juzgados y cámaras federales y dio curso a distintos expedientes, durante una sesión encabezada por su presidente, Horacio Rosatti.

Las ternas aprobadas corresponden a los concursos 356, 360, 378, 451 y 485, que incluyen cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, el Juzgado Federal de Clorinda, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en diversas salas.

El Plenario también resolvió por unanimidad el pase a la Comisión de Acusación del Dictamen Nº 142/2025, vinculado a la conducta del juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

Asimismo, se aprobó el pase a la Comisión de Acusación del expediente Nº 165/2024 y acumulados, referido a la actuación del magistrado Alejandro Patricio Maraniello, del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

Entre las decisiones adoptadas, se desestimó la denuncia presentada contra Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otra parte, el Plenario aprobó por 10 votos contra 9 la apertura de actuaciones sumarias a la agente María Inés Brenna, en el marco del Expediente 16-05598/24, caratulado “Informe Inasistencias”, y sus agregados 16-07350/24 y 16-07685/24. tQ6tDw

A favor votaron Amerio, Barroetaveña, De la Torre, Díaz Cordero, Juez, Maques, Provitola, Reyes, Vázquez y Tamarit; mientras que Lugones, Galderisi, González, Grau, Pilatti, Recalde, Siley, Tailhade y Vischi lo hicieron en contra.

Con información de la agencia NA

El Canal de la Patria, un canal de riego que se extiende por unos 250 kilómetros en la provincia de Santiago del Estero, se ha convertido en una trampa mortal. Cientos de animales, incluso especies en peligro de extinción, han muerto ahogados ante la inacción de las autoridades nacionales y provinciales.

Por eso, tras varios meses sin solución oficial, tres ONG –Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas– demandaron al Estado Nacional y a la provincia de Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar derechos ambientales y humanos ante los impactos de esta megaobra. Solicitaron al máximo tribunal que tome cartas en el asunto y frene la masacre de fauna silvestre en la segunda extensión boscosa más importante de Sudamérica: el Chaco americano.

El objetivo del Canal de la Patria era asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas) a lo largo de esos 250 kilómetros, proporcionar el volumen necesario de agua para su potabilización en Quimilí y brindar agua potable al Acueducto del Sudeste y Acueducto Quimilí-Vilelas.

Comenzó a construirse en 2021 y las obras se finalizaron parcialmente en 2024, con un presupuesto estimado en más de 36.265 millones de pesos (poco menos de 29 millones de dólares). El canal fue construido por medio de una excavación en tierra a fines de los 1970, pero no cumplía sus objetivos por tener deficiencias técnicas y falta de mantenimiento. Por eso, Santiago del Estero decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, desde su toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí, sumando además un segundo ramal.

El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, lo que lo convierte en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas, de acuerdo a los estudios técnicos presentados ante la Corte Suprema. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir. Mueren ahogados.

Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los técnicos de las ONG comprobaron que no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños.

La obra se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las regiones más amenazadas del planeta: se encuentra entre los sitios con mayor deforestación del mundo y los niveles más altos de degradación ambiental, de acuerdo con FARN. Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023: en ese período, el 27,9% de la deforestación en Argentina ocurrió en la provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos.

Entre los años 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) realizaron numerosos viajes a territorio para hacer relevamientos. Estos permitieron documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles. A estos registros iniciales se sumaron nuevos casos, detectados a través de relevamientos posteriores y reportes ciudadanos, lo que confirma que el impacto sobre la fauna continúa.

Entre las especies afectadas se encuentran el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla, declarado en estado Vulnerable), la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis, Vulnerable), la corzuela parda (Subulo gouazoubira), el pecarí de collar (Pecari tajacu, Vulnerable para Argentina), la mulita (Dasypus hybridus), el oso melero (Tamandua tetradactyla) y el mataco bola (Tolypeutes matacus). La mayoría de estas especies están en peligro de extinción o sufren tendencias poblacionales negativas a nivel mundial.

Además de las muertes directas, el canal fragmenta el hábitat, actuando como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético, lo que aumenta la probabilidad de extinción local, explicaron las ONG en la demanda. “Este impacto es tan severo que atenta contra especies protegidas y declaradas monumentos naturales en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Córdoba”, sostuvo FARN.

Además, los científicos alertaron sobre la potencial contaminación del agua. La gran mortandad de animales y su consecuente putrefacción dentro del canal podría alterar la calidad del agua. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública de las personas que dependen del canal para su consumo y abastecimiento.

Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explicó a elDiarioAR y Mongabay Latam que decidieron presentar la demanda ante la Corte Suprema y no ante los tribunales de Santiago del Estero, ya que se trata de una problemática que afecta a especies migratorias entre las provincias vecinas de Santiago del Estero, por lo que corresponde la intervención de la Corte cuando se trata de una causa que involucra a varias jurisdicciones.

“Al construirse con cemento, los animales entran a tomar agua, en medio de una región seca, pero luego no pueden salir. No cuenta con corredores de fauna. Cuando se empezaron a dar los ahogamientos se instalaron como medidas de mitigación ciertas escaleras. Pero la verdad es que las escaleras no eran adecuadas para que los animales pudieran salir”, afirmó Fernández.

“Además, todo depende de cómo viene el agua. Cuando aumenta el caudal, por precipitaciones, por ejemplo, los animales son arrastrados. Quedan incrustados contra la reja con el agua que viene en dirección bajando y no pueden escapar de ninguna manera. Además, el canal tiene una especie de reja justamente para que no pasen residuos sólidos que se van acumulando, que quedan atrapados ahí. Y ahí quedaban atrapados también los animales”, agregó el abogado que interviene en la demanda.

Fernández destacó que en el estudio de impacto ambiental del canal no se analizó seriamente cómo la obra iba a afectar a la fauna local: “Justamente por esos problemas metodológicos y puntos ciegos en el estudio de impacto ambiental, se terminó aprobando una obra muy perjudicial”.

Las autoridades no han dado respuestas concretas ni una solución real, sostiene Fernández: “Sólo, con el problema ya consumado, se construyeron esas escaleras que no funcionaron. Fueron tardías, fueron insuficientes, fueron superficiales y eso es lo que generó que la problemática no cese”.

La problemática llegó a las ONG gracias a investigadores que estaban relevando la situación, como el biólogo Diego Gallego, quienes armaron una especie de censo de todos los animales que iban apareciendo muertos. “Y esto se repitió luego con el equipo de Vida Silvestre. También hubo un tercer censo. Todos demostraron que esas medidas de mitigación, las escaleras, fueron a todas luces insuficientes”, asegura Fernández.

Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con la provincia de Santiago del Estero para conocer su versión de los hechos, si responderán la demanda y si se encuentran realizando nuevas medidas de mitigación para solucionar el impacto. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no habían enviado respuestas.

La demanda ante la Corte Suprema plantea una solución técnica: entubar el canal, de manera que los animales no continúen cayendo.

Fernández también explicó por qué demandaron al Estado Nacional: “Es el que hizo el estudio de impacto ambiental, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento”, entidad disuelta por el presidente Javier Milei en 2024, durante su plan de achicamiento del Estado, por lo que no se han podido localizar a las autoridades.

Con el caso en la Corte, dependerá ahora de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, quienes marcarán los tiempos del litigio contra Santiago del Estero y la Nación por el Canal de la Patria.

*Producción realizada en colaboración de con Mongabay Latam

ED/MC

Un fiscal federal investiga un intento de hackeo al teléfono celular oficial del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, a través de una maniobra que habría sido ejecutada mediante un llamado engañoso a un empleado del máximo tribunal.

El episodio tuvo lugar el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte, el área que mantiene contacto con las empresas telefónicas contratadas por el Poder Judicial. 

Allí, el oficial Sebastián Matías Bustamante recibió en su línea personal una comunicación de un número privado. El interlocutor se presentó como representante de Movistar e intentó obtener el código PIN de una línea presuntamente reportada como robada.

El empleado, al no detectar ninguna anomalía en el sistema interno y notar inconsistencias en la llamada, interrumpió la comunicación y reportó lo sucedido a la Dirección de Seguridad del tribunal. El caso fue derivado a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con intervención del fiscal Santiago Vismara.

Al revisar el número en cuestión, se comprobó que correspondía a la línea asignada a Rosatti. Por prevención, el magistrado ya cuenta con un nuevo número.

El hecho se enmarca en una serie de antecedentes que involucran intentos previos de duplicación de líneas telefónicas de jueces. Hace dos años, Rosatti había denunciado la existencia de cinco líneas a su nombre. Esa causa derivó en la identificación de una red de espionaje que afectó a otros magistrados como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y la jueza Verónica Skanatta, así como a funcionarios como Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro.

Por esa investigación, fueron procesados el hacker Ezequiel Núñez Piñeyro, y el misionero Santiago Machado, entre otros. También fue señalado el exagente policial Ariel Zanchetta, quien habría solicitado más de 2.100 informes personales de magistrados y dirigentes, y cuyo accionar llegó hasta el camporista Fabián “Conu” Rodríguez, por entonces funcionario de la AFIP.

La Justicia analiza si el nuevo intento forma parte de una estructura organizada de espionaje sobre funcionarios judiciales con intervención en causas de alto perfil político.

Llamadas misteriosas y presunto espionaje

En diciembre pasado, una serie de llamadas a comisarías de todo el país haciéndose pasar por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad y la justicia federal.

En estas comunicaciones solicitaban información sobre la población carcelaria, incluyendo datos sobre condiciones de detención y superpoblación, con supuestos fines de monitoreo de parte de organismos de Derechos Humanos.

De acuerdo a las informaciones, un hombre que decía ser Rosatti llamó a la delegación DUOF de la Policía Federal en San Luis, exigiendo hablar con un encargado para requerir datos de detenidos y las condiciones en que se encontraban.El incidente fue reportado a las autoridades de la División de Seguridad y Custodia de la Corte Suprema y la fiscalía de San Luis.

Este evento no fue aislado, ya que semanas atrás, un llamado similar derivó en la apertura de una causa judicial en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi.

Según consta en la causa, los requerimientos incluyeron listas de detenidos, sus causas judiciales, reincidencias y contactos de familiares y en ese caso, el supuesto interlocutor dejó un número con prefijo de La Plata.

La justicia investigó la posible conexión con denuncias previas de falsificación de identidad y presunto espionaje en el ámbito judicial.

Hace un año, intentaron robar su camioneta

El 30 de mayo de 2024, un hombre intentó robar la camioneta oficial utilizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

El hecho tuvo lugar en el estacionamiento de la Corte Suprema, ubicado en la calle Uruguay 449, un área con presencia policial y numerosos vehículos oficiales.

Según el parte policial de aquel día, el imputado, de 42 años, identificado como Damián Berruet, se acercó al vehículo oficial, una Toyota SW4 blanca, armado con un destornillador en forma de “T” y un inhibidor de señal. Fue sorprendido en flagrancia por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes detuvieron al delincuente.

La rápida intervención policial evitó que Berruet lograra su cometido. El detenido tenía un historial delictivo extenso. Esa causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo del Dr. Ariel Lijo, con la intervención de la Secretaría número 24, dirigida por la Dra. María del Pilar Caballero. 

Con información de NA.

IG

En un golpe a la jugada política del gobierno de Javier Milei de designarlo por decreto, Manuel García-Mansilla finalmente renunció a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo este lunes en una nota formal, cuatro días después del rechazo del Senado.

De esta manera el máximo tribunal vuelve a quedar con tres miembros, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. El escrito del académico antiabortista fue dirigido al propio Javier Milei y revela el paso atrás de la Casa Rosada, que desde el viernes marcó como postura oficial de que su continuidad estaba garantizada hasta el 30 de noviembre. Formalmente, ahora el Presidente debería aceptarle la renuncia a través de la publicación de un decreto.

La posición de la Cámara alta contra el ahora exmagistrado había sido contundente: consiguió 51 votos en contra y 20 a favor, con una postura común entre el peronismo, el macrismo y el radicalismo. Sólo tuvo el voto favorable de la Libertad Avanza, algunos legisladores del PRO y dos de la UCR y algunos bloques provinciales aliados del Gobierno Nacional.

García-Mansilla cuestionó en su escrito al Senado y dijo que había aceptado el nombramiento “con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”. Negó haberle dicho a los legisladores que no aceptaría el cargo si lo nombraban en comisión, como hizo Milei en febrero. No dio detalles de porqué asumió en la Corte en una ceremonia secreta, sin transmisión pública y que se supo hubo vez finalizado.

“Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado”, dijo quien fue hasta hace poco tiempo el decano de Derecho de la Universidad Austral.

Intentaron adjudicarme el haber dicho que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto de ese nombramiento. Eso es falso

 “Mediante un recorte intencionalmente tergiversado de lo que contesté en ese momento, intentaron adjudicarme el haber dicho que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto de ese nombramiento. Eso es falso. Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera”, planteó García-Mansilla. “Lo que sí hice en aquel momento fue dar una respuesta hipotética a una pregunta que también lo era, respecto de hechos que sucedieron a fines de 2015. Aclaré expresamente que esa respuesta la daba a partir de una reflexión posterior 'con el diario del lunes'”, buscó aclarar.

Pese al contundente rechazo a su nominación, García-Mansilla lanzó duras críticas a los senadores de todo el arco político: “Tuvieron tiempo más que suficiente para formarse un juicio de valor sobre ambas nominaciones mucho antes de que se dictara el decreto 137/25. No había ningún otro trámite pendiente para que el Senado decidiera aprobar o rechazar mi pliego. A pesar de ello, no solo se dejó que terminaran las sesiones ordinarias de 2024 sin hacer nada concreto, sino que se hizo caso omiso al llamado a sesiones extraordinarias en febrero de 2025. En mi caso, no hubo pronunciamiento alguno del Senado, ni siquiera de la Comisión de Acuerdos”. No dijo, sin embargo, que su pliego cosechó siete firmas negativas en la comisión de Acuerdos, la cantidad suficiente para pasar a votación en el recinto del Senado.

“¿Qué más necesitaban analizar los senadores para tomar una determinación y aprobar o rechazar el pliego? Nada. La responsabilidad institucional dictaba que debían pronunciarse de inmediato. La única razón por la que no lo hicieron fue, lamentablemente, la mera especulación política”, concluyó. 

MC

Rechazado su pliego como juez de la Corte Suprema por prácticamente dos tercios de los votos en el Senado, Manuel García-Mansilla aún continúa como magistrado del máximo tribunal hasta tanto no presente su renuncia. Él mismo dejó trascender que le pedirá una opinión al resto de los supremos antes de tomar una decisión, pero ya recibió presiones públicas y por lo bajo para que dé un paso al costado.

Fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR al cierre de esta nota plantearon que aún no hubo una comunicación formal al menos con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y su segundo, Carlos Rosenkratz. Temprano esta mañana salió a hablar Ricardo Lorenzetti, que veladamente le pidió que se corra del cargo y aseguró: “Yo no hubiera aceptado asumir por decreto”.

Operadores de la Justicia en contacto con este medio afirmaron, a su vez, que García-Mansilla en los hechos no es más juez de la Corte. “No puede entrar a su despacho, lo tiene que sacar la fuerza policial si no se corre”, dijo con vehemencia una fuente que conoce los pasillos de Tribunales y de Comodoro Py. El académico, hasta hace poco decano de la facultad de Derecho en la Universidad Austral, ocupó la oficina que dejó Juan Carlos Maqueda cuando dejó de ser juez en diciembre pasado, al cumplir 75 años.

La salida de García-Mansilla parece tan escandalosa como su ingreso. Juró en la Corte en una reunión que no fue transmitida públicamente, sino que se supo una vez que ya había ocurrido, y que según informó el propio tribunal -ante un pedido de acceso a la información que hizo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez- no tuvo ni siquiera recaudos administrativos y burocráticos.

“Te lo dice el originalismo, la deliberación, el neoconstitucionalismo y el bidartcampismo, Manuel tenés que renunciar por el bien de la República y para evitar una crisis de legitimidad de la CSJN sin precedentes”, tuiteó hoy Gil Domínguez.

El profesor de Derecho Constitucional (UBA/Austral) Jorge Alberto Diegues, tras un largo hilo en redes sociales, expresó: “Ante la decisión adoptada por el Senado el día de hoy, el tiempo constitucional de los jueces de la Corte nombrados el pasado 26 de febrero ha terminado. En el sistema constitucional argentino, ningún magistrado puede ser miembro del Poder Judicial con el rechazo expreso del Senado. Esa y no otra es la recta interpretación de la Constitución Nacional. Es el Senado de la Nación, como lo dice la Constitución, quien tiene (y espero siga teniendo) la última palabra”.

Con el resultado en contra del Senado, hoy mismo salió de su ostracismo Lorenzetti para presionarlo. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en radio Mitre, y planteó: “El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”.

Hasta ahora García-Mansilla se aferra al cargo porque está sostenido políticamente por el Gobierno, donde se interpreta que su rol en comisión dura hasta el fin del actual periodo legislativo, que termina el 30 de noviembre. Pero un sinfín de especialistas ya plantearon que estaría violando la Constitución y que mantenerse como supremo sería un delito. Por caso, el juez Alejo Ramos Padilla le ordenó abstenerse de firmar fallos en la Corte. Ayer mismo, antes de conocerse la votación en la Cámara alta, García-Mansilla, despachó al menos unas 50 sentencias.

En la Corte el clima que se encontró esta mañana fue de extrema incertidumbre. “Silenzio stampa”, graficó una fuente del Palacio de Tribunales. Llamó la atención el trascendido de que García-Mansilla iba a consultarle a sus colegas. “Básicamente, no hay nada regulado sobre esto”, planteó un vocero consultado.

Al menos Lorenzetti le soltó la mano: “Yo no puedo opinar porque son temas juridicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, que esta trabajando con nosotros, y él es el que va a opinar sobre esto. Dirá 'yo consideró que voy a continuar' o 'no voy a continuar’. Es una decisión personal que él estará evaluando”, planteó el supremo que supo ser presidente del tribunal.

“Es un usurpador este juez de la Corte. Hay un delito”, afirmó un juez federal con mucha experiencia a elDiarioAR. “García-Mansilla está en aprietos; resultó ser el más político. Tiene que renunciar. Y además quedó muy desprestigiado como experto académico”, comentó un operador judicial.

Una cuarta fuente insistió con la idea de que García-Mansilla ya está afuera del ámbito judicial: “Puede caminar por Tribunales o por Comodoro Py como cualquier persona, pero legalmente ya no puede estar más en su despacho”.

MC

El anhelo era ambicioso: Ariel Lijo quería ser juez de la Corte Suprema de Justicia sin dejar de ser juez federal. Todo al mismo tiempo, todo bajo el mismo techo institucional. Pero este jueves, en un pronunciamiento que hizo crujir los pasillos de Comodoro Py y cuyo eco retumbó en Balcarce 50, el máximo tribunal le recordó que existen límites.

Fue por mayoría: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante Manuel García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025, mientras que el supremo Ricardo Lorenzetti directamente decidió no emitir voto alguno. En pocas páginas, tres de los cuatro jueces que conforman la Corte anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez del propio tribunal, tras haber sido designado en comisión por Javier Milei vía el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Resulta constitucionalmente inadmisible que una misma persona pretenda investir simultáneamente la doble condición de juez con acuerdo y de juez designado en comisión”, escribieron, sin margen para interpretaciones creativas.

Por si quedaban dudas, los jueces supremos recordaron que la licencia solicitada por Lijo “no encuadra en ninguno de los supuestos de licencias extraordinarias”, y que lo que había pedido el juez era, en rigor, una “licencia de excepción”, figura que solo la propia Corte puede conceder. En este caso, optaron por negarla.

La jurisprudencia, además, no jugaba a favor del magistrado. “La aceptación del nuevo nombramiento como juez en comisión implicó por su parte un acto de voluntad expresa de poner fin a la situación anterior”, recordaron, citando el caso Daffis Niklison, de 1975, como quien despliega el álbum de fotos familiares para explicar que esto ya pasó y que la respuesta fue la misma.

Niklison, entonces juez de primera instancia, fue designado “en comisión” como juez en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, curiosamente el mismo que ocupa hoy Lijo. Este nombramiento temporal implicaba que asumía un cargo de mayor jerarquía sin renunciar formalmente a su posición original.

Al concluir el período legislativo siguiente, Niklison intentó regresar a su cargo de origen, argumentando que no había perdido su titularidad. Sin embargo, la Corte Suprema de entonces resolvió que aceptar un nombramiento en comisión implicaba una renuncia tácita al cargo anterior, estableciendo que un juez no podía retener su puesto original mientras ocupaba otro en una instancia superior de manera transitoria.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político.

El fallo también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. Es cierto que el Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

A la Corte, mientras tanto, no se le movió un pelo. “La Constitución Nacional no admite que una misma persona sea titular de dos cargos de juez”, concluyeron, como si leyeran en voz alta algo tan obvio que casi sonroja. El Gobierno, que ya imaginaba la foto del nuevo juez jurando bajo los vitrales del Palacio, tendrá que guardar la lapicera. Aunque, si algo enseña la historia, es que nunca conviene dar por cerrada una jugada mientras quede una ficha sobre el tablero.

PL/JJD

La noticia cayó como un baldazo de agua helada en los despachos de Balcarce 50. La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió Ariel Lijo para dejar en pausa su juzgado federal y mudarse al máximo tribunal, tal como lo había soñado Javier Milei y ejecutado su asesor estrella Santiago Caputo, en una jugada tan audaz como endeble. El fallo, que contó con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla —sí, el mismo que hace una semana juraba de apuro, rodeado de sus nuevos compañeros— dejó expuesto que ni siquiera adentro del Palacio de Justicia hay consenso para sostener la estrategia oficialista.

Quien finalmente se abstuvo de emitir opinión fue Ricardo Lorenzetti, el socio silencioso de la aventura, que no solo había dejado trascender que avalaría la licencia sino que fue el arquitecto de la postulación de Lijo. Lo hizo con llamados discretos al asesor todoterreno del Presidente y a su mano derecha en Justicia, Sebastián Amerio. Pero ni con todo su empuje alcanzó para torcer una mayoría que, a esta altura, parece dispuesta a marcarle la cancha al Gobierno y al propio Lorenzetti, que también disputa su partido interno.

La reacción en la Casa Rosada fue de desconcierto. “Nadie esperaba que le bajaran el pulgar así, tan rápido”, reconoció, sin disimular la molestia, un funcionario que sigue de cerca la ingeniería jurídica que rodea a los decretazos judiciales. Mucho menos que uno de los partícipes necesarios de ese rechazo fuera García-Mansilla. “Son las reglas de juego”, mascullaba por lo bajo una fuente oficialista en referencia al sorpresivo voto del académico, que generó perplejidad en la mesa chica del Gobierno. En un principio, hasta pensaron que se trataba de una operación mediática.

Es que lo que esperaban en Balcarce 50 era otra cosa: una transición ordenada, en la que Lijo pudiera cubrirse con una licencia hasta que el Senado le garantizara el blindaje definitivo. Pero no. Ahora, si quiere ser juez de la Corte, tiene que soltar Comodoro Py y tirarse al vacío, sabiendo que su nombramiento “en comisión” vence con el calendario legislativo. Fin de noviembre, reloj en cuenta regresiva.

Y Lijo, se sabe, no está dispuesto a semejante riesgo. La idea de dejar su histórico Juzgado Federal N°4 —donde acumuló poder, causas sensibles y terminales políticas que trascienden gobiernos— para un asiento transitorio en la Corte, no lo seduce. Prefiere esperar a que el Senado haga su parte y le entregue la llave definitiva del Palacio de Tribunales. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, filtran cerca suyo, en un intento de disimular que, detrás de la cautela jurídica, hay puro instinto de supervivencia.

Mientras tanto, García-Mansilla vive su propio limbo. Ya juró, sí, pero su cargo también tiene fecha de vencimiento si el Senado no convalida su pliego. Y aunque en el Gobierno apuestan a que la ceremonia que le organizó Rosatti le dio “estabilidad” hasta fin de año, los constitucionalistas avisan que no es tan fácil: la Cámara alta puede rechazarlo y mandarlo de vuelta a su cátedra.

Lo de Lijo, sin embargo, abre otro frente. Porque si no renuncia, no asume. Y si no asume, ¿qué fue toda esta novela? ¿Para qué tanto decreto, tanta firma, tanto forcejeo constitucional? En Comodoro Py, donde todos lo conocen y nadie se sorprende, lo dicen sin vueltas: “Ariel no va a rifar su sillón por seis meses de incógnita”. Al menos, no todavía.

En el Senado, mientras tanto, empieza a cocinarse la verdadera partida. Con sesiones especiales en el horizonte y estrategias divididas, los bloques opositores analizan si rebotan los pliegos en comisión o los liquidan en el recinto. El Gobierno presiona para blindar a García-Mansilla y seguir apostando a que Lijo pueda llegar por la vía “institucional”. Pero los votos no aparecen, y el tiempo corre.

Así, en apenas una semana, el operativo para completar la Corte con nombres a dedo y tiempos exprés quedó atrapado en sus propias trampas. Lijo, que debía ser la pieza fuerte del plan, hoy se resigna a esperar, aferrado a su juzgado y mirando de reojo a la Cámara alta, mientras la Casa Rosada mastica la bronca por una jugada que, por ahora, salió mal.

Una toga o la otra

Fue por mayoría: Rosatti, Rosenkrantz y el flamante García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025. En pocas páginas, anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez de la propia Corte, designado en comisión por el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Constitucionalmente inadmisible”, dijeron sobre la pretensión de Lijo de mantener la doble investidura. Citando un caso de 1975 —el expediente Daffis Niklison, para los nostálgicos—, recordaron que no es posible ser juez con acuerdo del Senado y, al mismo tiempo, juez en comisión. Mucho menos cuando el primer cargo sigue vigente y el segundo apenas es un pase fugaz mientras el Congreso está de vacaciones. En otras palabras: o una toga o la otra. Pero no ambas.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político. Nadie ignora que los nombramientos interinos suelen durar poco y nada.

La resolución de la Corte también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. El Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

Con este traspié, Lijo se queda en su juzgado. La Corte, por su parte, da señales de que no piensa ser espectadora pasiva de las jugadas institucionales del Ejecutivo. Y el sistema judicial, siempre aficionado a los tecnicismos, suma un nuevo capítulo a su historial de paradojas: un juez que quiso estar en dos lugares a la vez, pero terminó, al menos por ahora, quedándose en el mismo.

PL/MC

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el pedido de licencia del juez Ariel Lijo en su cargo en Comodoro Py. De esta forma, si el magistrado nominado por Javier Milei quiere asumir como juez del máximo tribunal designado por decreto deberá renunciar a su puesto en un tribunal federal.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Manuel García-Mansilla decidieron no otorgarle la licencia extraordinaria para poder asumir en la Corte sin tener que dejar su cargo en Comodoro Py. Les pareció insuficiente el permiso que le había otorgado la semana pasada la Cámara Federal. Ricardo Lorenzetti fue el único supremo que votó a favor.

Lorenzetti fue el promotor de la candidatura del juez federal en gestiones ante Santiago Caputo y su lugarteniente en el ministerio de Justicia, el vice Sebastián Amerio. A su vez la votación revela el giro del ultraconservador García-Mansilla, que también fue puesto a dedo en el máximo tribunal por decisión de Milei.

Lijo fue designado por decreto en el alto tribunal por el Presidente hace apenas una semana, junto a García-Mansilla, quien sí juró el jueves pasado.

Ahora, Lijo se enfrenta a la compleja decisión de tener que renunciar a su cargo como titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal si quiere asumir en la Corte. Su dilema es que ese puesto es transitorio, porque la nominación en comisión dura hasta fin de noviembre, a menos que el Senado avale definitivamente su pliego con una mayoría de dos tercios.

Para Lijo habría sido una sorpresa la decisión de la Corte. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, habían señalado cerca del juez a elDiarioAR en las últimas horas a la espera de un fallo favorable.

Ahora el juez federal no tiene garantías de que el peronismo que conduce Cristina Kirchner lo acompañe con sus votos, pese al aval de su pliego en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. El reclamo subterráneo del kirchnerismo es que haya una negociación más ambiciosa con el oficialismo para ampliar el número de jueces de la Corte.

De hecho en la Cámara alta podrían ahora darle una estocada final a Milei en el plano judicial: se especula con una sesión especial para la semana próxima para rechazar los nombramientos de Lijo y García-Mansilla en respuesta al decretazo presidencial.

Para el Gobierno, a su vez, la designación por decreto es válida y no plantea discusión, pese a la avalancha de críticas de la oposición, de especialistas y de organizaciones civiles. Entienden que Milei cruzó un límite institucional que ni siquiera había hecho Mauricio Macri en su momento, que finalmente buscó el aval del Senado.

El oficialismo defiende la validez de los nombramientos por decreto durante el receso parlamentario, amparado en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. Este miércoles, desde la Casa Rosada insistieron con el relato oficial de que se habían agotado todas las instancias parlamentarias antes de acudir al decreto. “El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos”, insistió el vocero Manuel Adorni. Para Milei Lijo ya era un juez de la Corte desde que se publicó el decreto, pero ahora la Corte dijo que no.

Con información de agencia NA

MC

Hay escenas que parecen calcadas de otras épocas. Pero, como suele ocurrir con la Corte Suprema, nunca son exactamente iguales. Este jueves, cuatro jueces se sentarán a la mesa y, entre expedientes que solo importan a sus involucrados, intentarán desatar uno de esos nudos que huelen más a política que a derecho: la licencia de Ariel Lijo, el juez federal que Javier Milei busca mudar al piso más alto del Palacio de Justicia, aunque la intención del magistrado es no soltar la cuerda que lo ata al juzgado que maneja desde hace casi dos décadas.

La Cámara Federal, por si faltaban actores en esta obra, ya le dio el visto bueno para ausentarse sin perder el cargo. Pero la Corte no es la Cámara, y acá el asunto no es sólo burocrático. Lijo quiere entrar, pero el portero duda. O, mejor dicho, los porteros: Carlos Rosenkrantz piensa que no hay licencia posible para lo que pretende el polémico juez y que, si de verdad quiere vestir la toga suprema, debe renunciar primero al despacho de Comodoro Py. Ricardo Lorenzetti, siempre atento a los gestos, cree lo contrario. Para él, el aval de la Cámara basta. Horacio Rosatti y Manuel García-Mansilla, el debutante que juró la semana pasada, siguen mascullando dudas.

En la trastienda del Palacio, la discusión jurídica es apenas la partitura sobre la que cada uno improvisa su solo. Según pudo saber elDiarioAR, el reglamento de la Corte establece que los temas administrativos se definen por mayoría simple, y que si hay empate —una posibilidad muy real con solo cuatro jueces en funciones— hay que recurrir a conjueces. La idea no seduce a nadie: más demoras, más ruido, más leña para una fogata que ya arde sola. La acordada 12/24, dictada en abril del año pasado pasado, previó escenarios así, pero sin ofrecer soluciones mágicas. Apenas un recordatorio: si faltan manos para votar, hay que buscar refuerzos.

El propio Lijo juega su ajedrez. No quiere renunciar a su juzgado porque sabe que si jura ahora, su cargo sería temporal, hasta fin de año. Prefiere esperar la bendición del Senado, que lo blindaría de por vida. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, señalaron cerca del juez a elDiarioAR. En paralelo, García-Mansilla sigue en su propio limbo. Juró, sí. Pero lo hizo sin el respaldo definitivo del Senado, y su mandato también tiene fecha de vencimiento. Si no aparece el consenso necesario, su lugar se disolverá como tantos otros intentos fallidos de completar el quinteto supremo.

En la Cámara alta afinan su propia partitura. Se especula con una sesión especial para la semana próxima que, si prospera, podría terminar de ungir (¿o rechazar?) a Lijo en tanto quinto miembro del tribunal. Aunque nada es tan simple: su pliego estaba listo para ser aprobado el año pasado, hasta que una tormenta inesperada —el escándalo por la criptomoneda $LIBRA— obligó a recalcular apoyos. Desde entonces, las voluntades se cuentan de nuevo cada semana, y las certezas duran lo que tarda en caer la siguiente llamada telefónica.

El kirchnerismo, por su parte, no solo observa: actúa. En noviembre pasado, el senador José Mayans advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si Milei avanzaba con nombramientos por decreto abriría un conflicto de grandes proporciones. Amenazó con pedir la destitución del Presidente y judicializar el proceso. Pero el Gobierno ignoró la advertencia y siguió adelante, confiado en su interpretación jurídica, elaborada bajo la discreta pero decisiva supervisión de María Ibarzábal Murphy, la funcionaria encargada de darle sustento legal a cada paso arriesgado del Presidente.

Entre los jóvenes abogados que trabajan bajo su ala, destaca Ignacio Arizu, autor de un extenso texto publicado en un blog especializado en derecho donde defiende la validez de los nombramientos por decreto durante el receso parlamentario, amparado en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. Arizu, excolaborador académico de García-Mansilla, fundamenta su posición con una lectura textualista y remite a los orígenes históricos del sistema, desde 1853 hasta hoy. Según él, la medida no solo es válida, sino necesaria para evitar bloqueos políticos que paralicen la Corte.

Este miércoles, desde la Casa Rosada insistieron con el relato que presenta a Javier Milei como un presidente que agotó todas las instancias parlamentarias antes de acudir al decreto. “El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos”, insistió el vocero Manuel Adorni, recordando que el Presidente podría haber firmado la designación mucho antes y no lo hizo. La estrategia discursiva busca blindar una decisión polémica bajo la apariencia de moderación, aunque en los hechos haya desembocado en un atajo institucional que pocos se animan a defender en voz alta.

“Como lo habíamos anticipado, el Presidente iba a nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto lo considere necesario”, señaló Adorni durante su confedencia de prensa, y agregó que “la Corte no podía seguir funcionando con tres miembros”. Con ese argumento, sostuvo que, luego de la jura de García-Mansilla, el proceso debería repetirse sin sobresaltos con Ariel Lijo: “Entendemos que todo va a seguir el mismo camino de normalidad que siguió el caso de Mansilla”.

A diferencia de 2015, cuando Mauricio Macri intentó designar por decreto a Rosatti y Rosenkrantz, pero debió dar marcha atrás y obtener el aval del Senado, ahora Milei no retrocede. Y aunque el Gobierno repite que el decreto responde a la demora del Senado, lo cierto es que esa falta de acuerdo no es casual ni irrelevante: refleja que los candidatos propuestos no lograron reunir el respaldo necesario para llegar a la Corte por la vía constitucional. Y ahí está el punto más delicado del asunto. Si un presidente puede sortear la falta de consenso con la firma de un decreto, ¿para qué existe la exigencia de los dos tercios? ¿Qué sentido tiene el filtro institucional si basta con esperar que el Congreso no actúe para imponer la voluntad del Ejecutivo?

El riesgo va más allá del presente. Si se acepta como normal que un mandatario nombre jueces supremos sin pasar por el Congreso, ¿qué límite queda para evitar que esa lógica se extienda a otros órganos del Estado? ¿Qué seguridad institucional le queda al país si la llave de la Corte queda al alcance de un solo hombre?

Así, entre jueces que no quieren soltar sus viejos cargos, colegas que desconfían entre sí, presidentes que avanzan sin freno y senadores que hacen cuentas con la calculadora en la mano, la Corte flota en su propia paradoja: árbitro de los grandes conflictos institucionales, pero incapaz de ordenar su propio tablero. Y este jueves, como tantas veces, la noticia no será lo que decidan, sino lo que todavía quizás no puedan decidir.

PL/JJD

Cristina Fernández de Kirchner está sentada sobre 34 votos para voltear los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero espera. Está en un dilema. Teme, por un lado, una rebelión interna: los gobernadores peronistas no le sueltan la mano a Lijo, por lo que el control de la totalidad de los senadores no es absoluto. Hay, a su vez, muchas voces pululando que insisten, todavía, en utilizar el número como amenaza para negociar una ampliación de la Corte Suprema. Hay dudas sobre el número y sobre las intenciones del Gobierno. Por lo que CFK medita, pero el tiempo corre: este miércoles comienza a funcionar el Congreso tras el feriado XXL y más de un opositor desea arrancar con un pedido de sesión. 

La muñeca del titular de interbloque, José Mayans, alcanzó para consensuar un comunicado que rechazaba las designaciones de Lijo y Mansilla por decreto y anunciaba: “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte”. El documento denunciaba que el decreto era “inconstitucional” pero eso era todo. No convocaba a una sesión para rechazar los pliegos de los dos candidatos -que el Ejecutivo todavía no retiró del Senado- ni comunicaba que avanzaría en su rechazo. Por lo bajo, sin embargo, los senadores cristinistas anunciaban que el objetivo final era el rechazo, pero que primero había que esperar.

Primero había que aguardar a la resolución de la Corte Suprema. El jueves, el presidente, Horacio Rosatti, los sacó de la duda: entre gallos y medianoche, en una ceremonia apurada y secreta, la Corte le tomó juramento a García-Mansilla. A Lijo, en cambio, lo pateó para más adelante. Al primero se lo vio en la Asamblea Legislativa del sábado; al segundo, no.

Recién el 6 de marzo la Corte definirá si le concede el pedido de “licencia extraordinaria” que solicitó el juez federal para asumir, en comisión, como ministro de la Corte Suprema. “Lo van a cagar”, pronostica un excristinista que conoce los pasillos de Comodoro Py.

El kirchnerismo, sin embargo, se repartió entre el silencio cauto y la crítica a García-Mansilla, quien había afirmado, cuando lo convocaron en agosto a exponer en el Senado, que él no estaría dispuesto a aceptar una nominación en comisión. “La idea es voltearlo, pero del dicho al hecho…”, deslizó, irónico, un senador camporista que observa por lo bajo la situación. Nadie quería hablar todavía.

La principal duda es respecto a la voluntad de los propios compañeros de bloque para acompañar una sesión que rechace los pliegos. En la teoría, la bancada de Unión por la Patria está cómoda para rechazar el pliego: necesita solo de 25 votos, dado que con más de un tercio de los votos el pliego queda “caput”. Y Mayans asegura, puertas adentro y en diálogo con la propia Victoria Villarruel, que controla al menos 25 senadores que responden a CFK. El resto es otra historia.

El problema es que UxP necesita, primero, hacerse de 37 senadores para el quórum, y ahí sí debe contar con la mayoría de los propios. Sin embargo, hay varios senadores norteños que respaldan el pliego de Lijo: los que responden al catamarqueño Raúl Jalil y al santiagueño Gerardo Zamora, así como también algunos outsiders, como la jujeña Carolina Moises y el sanjuanino Sergio Uñac. Este último, por ejemplo, firmó el pliego de Lijo junto a la santiagueña Claudia Ledesma Abdala. También lo hizo Lucía Corpacci, pero lo hizo a pedido de CFK: su voto está atado a lo que defina la presidenta del PJ nacional. 

“El número no está seguro. Hay mucha presión de los gobernadores para que los que iban a acompañar el pliego no lo rechacen ahora”, admiten desde la oficina de una de estas senadoras. La decisión de CFK de intervenir algunos PJs provinciales le hizo ganarse, a su vez, algunos enemigos. 

Hay, por otro lado, otros actores en juego en el peronismo que piden también cautela, pero para negociar. Dirigentes que se codean con CFK confían en poder aprovechar la mayoría de 34 senadores para presionar al Ejecutivo a sentarse a negociar un acuerdo judicial macro, que incluya una ampliación de la Corte Suprema con cupo femenino y que le permita a CFK poner a una jurista de su gusto. El nombre más repetido, por ahora, es el de María de los Ángeles Sacnun.

Hasta ahora, sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito. Ninguno de los operadores judiciales de CFK, como Juan Manuel Olmos o “Wado” de Pedro, lograron llegar a ningún principio de acuerdo con Santiago Caputo o, su mano derecha en temas judiciales, Sebastián Amerio. Ambos libertarios compartieron palco ante el discurso de Milei. La fantasía persiste, pero el Gobierno no ofrece ningún incentivo. 

El enojo de los aliados

Mientras que en el kirchnerismo predomina la cautela, el radicalismo y algunos sectores del PRO empiezan a rebullirse frente a la avanzada del Ejecutivo sobre la Corte Suprema. La incomodidad es clara y, si bien algunos aliados están dispuestos a acompañar a Milei hasta el final -o hasta que las encuestas le empiecen a dar mal-, otros ya lo cuestionan puertas adentro.

En las últimas horas de la semana que pasó, incluso, empezó a circular un pedido de sesión para este mismo miércoles 5 para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla en el chat del bloque radical del Senado. El autor fue el fueguino Pablo Blanco pero no generó mucho entusiasmo. La mayoría de la UCR, como se atestiguó en el fracaso de la creación investigadora del caso $LIBRA, se mantiene fiel a Milei y no termina de animarse a dar el paso para rechazar los pliegos. 

Blanco, sin embargo, no está solo. Lo acompañan otros radicales como Martín Lousteau y la santafesina Carolina Losada. También el libertario Francisco Paoltroni, que fue expulsado del bloque oficialista debido a su rechazo a la postulación de Lijo, y que salió a cuestionar con dureza la decisión del Presidente de designar a los dos candidatos -no solo Lijo- por decreto. Paoltroni es uno de los nombres que la oposición cuenta a favor en el poroteo para conseguir el quórum. 

El PRO, mientras tanto, es una incógnita. Mauricio Macri salió a instalar un cuestionamiento a la designación de Lijo, pero el reclamo se pierde respecto a si el bloque estaría dispuesto a rechazar el pliego de ambos candidatos. Macri es, después de todo, el más reciente antecedente de los dolores de cabeza que puede generar la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. 

Milei, sin embargo, no es Macri. El libertario decidió ir a fondo, y la Corte -la misma Corte que aceptó ser nombrada por decreto por Macri- lo avaló. La decisión de Rosatti de tomarle juramento a García-Mansilla despertó todas las alarmas opositoras, que observan en esta decisión un antecedente que habilitará a Milei a hacer lo mismo con el procurador. O, incluso, volver a designar dos nuevos jueces de la Corte por decreto el año que viene cuando venza el plazo de un año. El destino final de la novela que abrió Milei con el decreto, advierten, es la crisis institucional.

MC/JJD

“Algo pasó”. La expresión de desconcierto se escuchó en un despacho judicial este jueves apenas se conoció que la Corte Suprema de Justicia le tomó juramento como nuevo miembro al abogado ultraconservador Manuel García-Mansilla pero no al polémico juez federal en uso de licencia Ariel Lijo, ambos designados vía decreto por Javier Milei. Qué fue lo que pasó para que Horacio Rosatti decidiera bendecir a uno y no a otro desvela por estas horas los pasillos de Tribunales y la Casa Rosada, porque el Gobierno quiere apurar la juramentación de Lijo para que esté presente el sábado a las 21 en la Asamblea Legislativa. 

La presión de Milei es que Rosatti confirme a Lijo a más tardar mañana viernes, pero según pudo saber elDiarioAR hay conversaciones para acelerarlo para las próximas horas, incluso se habló de este jueves por la tarde. 

En Balcarce 50 ya consideran que tanto Lijo como García-Mansilla se convirtieron en jueces del máximo tribunal desde que se publicó el decreto presidencial ayer miércoles. De alguna manera ven como una mera formalidad el acto de toma de posesión del cargo, casi que sobrepasándose a las prerrogativas del presidente de la Corte.

Por ahora el máximo tribunal pateó la pelota para adelante. Formalmente informaron que “en el próximo Acuerdo del día 6 de marzo se tratará la solicitud de licencia extraordinaria del Dr Ariel Lijo”. Esto quiere decir que una vez que se resuelva la cuestión de la licencia de Lijo como titular del Juzgado Federal número 4, que ayer le otorgó la Cámara Federal porteña, quedaría en condiciones de convertirse en supremo. ¿Pero por qué se demoraría una semana más? Ahí entra a jugar la negociación y la especulación política.

Como un detalle en la relación Milei-Rosatti, a la jura de García-Mansilla asistió Sebastián Amerio, segundo del Ministerio de Justicia y lugarteniente del todopoderoso asesor Santiago Caputo. El ahora exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad siempre fue el verdadero candidato mileísta al máximo tribunal: tiene un perfil untraconservador y es abiertamentamente antiaborto. Lijo, en cambio, fue un ofrecimiento de Ricardo Lorenzetti a Caputo y tiene terminales en todo el arco político.

“La Corte dice que tiene que discutir lo de Lijo y revisar su caso, pero la Rosada insiste que ya está todo cocinado”, apuntó una fuente que conoce las conversaciones entre ambos poderes del Estado. Una lectura es que Rosatti no haya querido doblegarse automáticamente a Milei, aunque aceptó sin chistar a García-Mansilla. Contrariamente, hasta la semana pasada los trascendidos supremos eran que no se iban a juramentar nuevos jueces designados en comisión. 

También es verdad que en su momento él mismo –junto con Carlos Rosenkratz– aceptaron entrar por la ventana a la Corte nombrados por Mauricio Macri, quien finalmente por la crítica generalizada dio marcha atrás y aceptó negociar con la oposición de entonces los dos tercios de votos en el Senado.

En la comunicación de la jura de García-Mansilla se informó: “Conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José Garcia Mansilla”. De esa línea deduce que Lijo no tiene “cumplidas todas las formalidades correspondientes”. 

Para la Corte podría no ser suficiente la licencia de Lijo, sino que exigiría su renuncia al frente del juzgado. La licencia sin goce de sueldo tiene como plazo lo que dura la designación en comisión: desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de este año. En esa ventana de tiempo es que el Senado debería aprobar su nombramiento de manera definitiva. Pero si el oficialismo no termina de acordar con el peronismo, los pliegos podrían caerse o ser rechazados. Con apenas un tercio de los votos del Senado las nominaciones de Milei fracasarían. 

Entonces, hábil en el olfato político, Lijo ya asumió que es compleja esa negociación y dejó abierta la puerta para volver a su juzgado si todo se desmorona. De hecho, el peronismo de Cristina Kirchner ya amenaza con precipitar una sesión para voltear los pliegos una vez que se abran las sesiones ordinarias, a menos que Milei acepte como prenda de cambio ampliar la Corte a más miembros: de cinco a siete o nueve, para incorporar figuras propias. El desconcierto sigue en pie, como consideró una fuente vinculada a la Justicia: “Ahora queda un año de trabajo complejo con los senadores”.

MC/JJD

Ariel Lijo consiguió este miércoles a media mañana su licencia como juez federal y le resta un paso para convertirse en miembro de la Corte Suprema designado por Javier Milei por decreto: que Horacio Rosatti le tome juramento en el Palacio de Tribunales. Es una definición a contrarreloj, porque la intención libertaria es que tanto Lijo como el catedrático ultraconservador Manuel García-Mansilla estén sentados al costado del Presidente el sábado 1 de marzo a la noche en el recinto de Diputados para la Asamblea Legislativa.

La discusión latente en los pasillos judiciales es cuándo se le tomaría juramento, pero la avalancha de críticas que recibió en las últimas horas la maniobra presidencial podría hacer fracasar el plan mileísta. Entonces, según pudo saber elDiarioAR, una estrategia oficialista es apurar los tiempos lo más posible. 

Si la idea original era que el juramento se tomara el viernes, el último día antes del inicio de las sesiones ordinarias, ahora podría acelerarse. Una opción, incluso, es que la bendición formal de Lijo y García-Mansilla podría ocurrir en las próximas horas, mucho antes que el viernes.

“Se está acelerando todo”, aseguró una fuente judicial al tanto de los movimientos previos a la llegada de los nuevos jueces de la Corte Suprema. 

El clima cambió radicalmente desde que este martes finalmente se conoció que Milei iba a firmar los decretos que salieron publicados este miércoles en el Boletín Oficial. En el máximo tribunal, que preside Rosatti, buscaron guardar absoluto silencio para evitar que cualquier movimiento se entienda como un aval anticipado a la decisión temeraria del Presidente.

Pero la señal que dio la Cámara Federal porteña es por demás elocuente de que hay una conversación abierta entre el Poder Judicial y la Casa Rosada, que tiene como hilo conductor a Sebastián Amerio, segundo del ministerio de Justicia y funcionario del riñón del asesor Santiago Caputo. 

La licencia a Lijo en su puesto del Juzgado Federal 4 para que asuma en comisión en la Corte se tomó al término de un acuerdo convocado durante la mañana por el presidente del Tribunal, Mariano Llorens, en la sede del Tribunal de Apelaciones superior en Comodoro Py 2002. Del acuerdo participaron los jueces Llorens, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Eduardo Farah y Martín Irurzun.

Lijo pidió a la Cámara de su puño y letra “la concesión de licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la designación en los términos del artículo 99, incs 4 y 19 de la Constitución Nacional, efectuada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N 137/2025”. Luego de haber deliberado, los camaristas acordaron por unanimidad “hacer lugar a la petición”, remitir copia de su decisión a la Corte Suprema y comunicarla al Consejo de la Magistratura.

Lijo respiró tranquilo con la licencia aceptada: ahora se abre una ventana de un año para profundizar las negociaciones con el peronismo para que aprueba definitivamente su pliego en el Senado. La designación por decreto dura hasta diciembre, cuando termina el periodo de sesiones ordinarias que comienza este sábado. “Ahora queda un año de trabajo complejo con los senadores”, anticipó un operador judicial. 

Detrás de escena habría un pliego más en la trama por Lijo: una negociación con el peronismo para ampliar la Corte Suprema a siete miembros. Así, apuntó una fuente, el kirchnerismo podría tener muñeca para proponer a dos mujeres para sumarse al máximo tribunal. La hoja de ruta contemplaría que si los libertarios aceptan esa condición, Unión por la Patria se prestaría a aprobar definitivamente el pliego de Lijo en el recinto del Senado. 

El problema sin embargo seguiría siendo García-Mansilla, con un perfil ultraconservador y antiabortista, cuyo pliego ni siquiera consiguió los avales necesarios en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Lijo sí tuvo aprobado su pliego en comisión con un apoyo transversal de todos los bloques políticos.

MC

La Corte Suprema buscó dar una señal de cierta “normalidad” en el regreso de la actividad judicial tras la feria de enero, atravesada por la disputa interna entre sus tres miembros y la incertidumbre político de qué pasará con los candidatos del Gobierno para completarla: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Este jueves los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron en acuerdo más de 200 sentencias, sin necesidad de convocar a conjueces.

La primera actividad del año del máximo tribunal revela entrelíneas que hubo cierto acuerdo entre el dúo Rosatti-Rosenkrantz y Lorenzetti para evitar dar una imagen de parálisis judical. Al faltar dos de sus cinco miembros, los jueces están obligados a acordar las sentencias para no tener que llamar a conjueces. En total fueron 211 sentencias, principalmente de casos privados y sin repercusión política, aunque hubo pocas excepciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar hoy a un recurso extraordinario presentado por la exAFIP-DGI (actual ARCA) y revocó una sentencia que había favorecido a Marcelo Rossini, titular de una empresa de comercialización de combustibles, en una disputa sobre la compensación de créditos fiscales derivados de la venta de gasoil a subcontratistas de la Entidad Binacional Yacyretá. Y también rechazó un recurso de queja y dejó firme la condena a un grupo de policías de Entre Ríos por el delito de sedición agravada, tras una revuelta ocurrida en la ciudad de Concordia los días 8 y 9 de diciembre de 2013 en reclamo de mejoras salariales, durante la cual la fuerza se autoacuarteló, dejando a la ciudad sin seguridad y provocando saqueos en diversos comercios.

Lo llamativo del trabajo de la Corte Suprema fue justamente el movimiento coordinado de los tres supremos cuando se demora la nominación de Lijo y García-Mansilla en el Senado, a propuesta del presidente Javier Milei. Sus pliegos están en el temario de las extraordinarias que ya se están cursando en el Congreso, pero están paralizados por falta de negociación entre el oficialismo y el peronismo de Cristina Krichner. Los libertarios necesitan sí o sí el apoyo de Unión por la Patria porque los jueces de la Corte se confirman con dos tercios de los presentes en el recinto.

Una de las propuestas en la conversación que aún no fluyó entre ambos bandos es que la Casa Rosada impulse la ampliación de la Corte a más miembros, lo que le permitiría al peronismo poner una ficha propia. Hasta ahora el Gobierno pateó esa jugada y dejó trascender que sus candidatos a la Corte son “los dos o ninguno”. El juez Lijo ya tiene el visto bueno tanto de UxP como de parte de la UCR, pero no así García-Mansilla, muy custionado por el peronismo por su perfil ultraconservador.

Esta misma semana trascendió que si el Senado aprueba el pliego de Lijo pero no el de García-Mansilla, la nominación del catedrático podría darse por decreto firmado por el presidente Milei. Sin embargo el panorama general es incierto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dará inicio formal al año judicial 2025 este jueves, con la deliberación de sus actuales miembros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Cómo se convoca a los conjueces

Todos los fallos de la Corte necesitan al menos tres votos. Hoy no hizo falta, pero ante casos en los que no haya acuerdo de Rosatti, Rosenkratz y Lorenzetti, el máximo tribunal puede convocar a conjueces para garantizar la mayoría necesaria.

Según el artículo 22 del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 23.498, cuando se presentan recusaciones, excusaciones, vacancias o licencias de alguno de los jueces, la Corte se integra con conjueces designados por sorteo entre los presidentes de las cámaras federales del país. Este mecanismo también se aplica cuando la falta de unanimidad entre los jueces impide alcanzar una mayoría.

Tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado, el tribunal estableció un procedimiento ágil para la convocatoria de conjueces, con el objetivo de evitar la paralización de su actividad. Dado que la Corte requiere tres votos coincidentes para dictar un fallo, la presencia de un conjuez se torna indispensable si uno de los tres jueces actuales disiente con sus colegas.

La lista de conjueces incluye a los presidentes de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Federal de la Seguridad Social, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, entre otras. Además, se suman los titulares de las Cámaras Federales de Apelaciones de ciudades como Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán.

Quedan excluidos de esta lista los presidentes de las cámaras nacionales con competencia en lo comercial, laboral, civil y penal de la Ciudad de Buenos Aires, debido a su carácter nacional y no federal. En caso de que ninguno de estos jueces pueda integrar el tribunal, se procede al sorteo de un abogado de la matrícula con acuerdo previo del Senado. La Corte ya notificó al Poder Ejecutivo y al Senado que las listas de estos conjueces están vencidas, lo que podría generar la necesidad de actualizarlas en el corto plazo.

Con información de agencia NA

MC

La Corte Suprema de Justicia no tiene paz. Ante la salida del juez Juan Carlos Maqueda, los enfrentamientos internos se profundizan y todo indica que 2025 será otro año de internas palaciegas, de acuerdo con los documentos y testimonios recogidos por elDiarioAR.

La jubilación de Maqueda, quien cumplió 75 y no intentó renovar su pliego en el Senado ante la decisión de Javier Milei de designar un candidato para sustituirlo, deja al máximo tribunal del país con apenas tres integrantes: su presidente, Horacio Rosatti; su vice, Carlos Rosenkrantz; y Ricardo Lorenzetti, enemistado con los dos primeros por el manejo interno de la Corte. 

El tribunal requiere de al menos tres votos alineados en un mismo sentido para fallar en los expedientes. Si los tres integrantes no se ponen de acuerdo deben convocar a conjueces para que integren provisoriamente el tribunal y alcanzar así un mínimo de tres votos en sintonía. Por mayoría, la Corte decidió que los conjueces se sortearán por expediente entre  los presidentes de la Cámara Federales. Lorenzetti se opuso.

La dinámica de poder se modifica con la salida de Maqueda, cuya despedida no contó con la presencia de Lorenzetti. Ahora, la mayoría conformada por el trío Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz ya no existe. Las fichas se desacomodaron, podrían decir algunos. 

Sin embargo, no es a la hora de fallar sobre los expedientes donde subyace la pelea entre los jueces. De acuerdo a estadísticas de la Corte, durante 2024 el Tribunal emitió más 12.200 sentencias y sólo se requirió la convocatoria de conjueces en 69 casos, cuando, por ejemplo, algunos de los cuatro ministros habían sido recusados o debían apartarse del caso.   

Las diferencias entre Lorenzetti y Rosatti, especialmente, no son ideológicas sino de poder por el manejo del tribunal. Son las decisiones sobre el funcionamiento de la Corte lo que hace estallar el clima por los aires. 

Durante las últimas semanas, y ante la salida de Maqueda, el trío tomó varias decisiones sobre nombramientos de personal clave en el tribunal que agudizaron las disidencias con Lorenzetti, quien no escatima en críticas y acusaciones en sendos escritos que presenta ante sus pares.

El juez de Rafaela viene reclamando desde mayo a sus pares que aguarden la llegada de los dos nuevos posibles candidatos de Milei a la Corte para tomar decisiones sobre el manejo interno del tribunal. El resto de los ministros supremos sostenían que eso implicaría paralizar el funcionamiento de la Corte: frenaría nombramientos, designaciones, concursos, entre otras decisiones clave.  

Nueva Corte

El tribunal es un hervidero de versiones sobre qué sucederá con los candidatos de Milei a la Corte: el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla. La última que circuló por los pasillos del Palacio de Justicia es que el Presidente convocaría a sesiones extraordinarias este lunes 30 para que el Senado trate, entre otros proyectos, el pliego de Lijo a la Corte. “Dicen que tiene los votos”, especulan en el edificio de Tribunales. “El que no tiene los votos sería García Mansilla”, agregan.

Lijo no es sólo el candidato de Milei a la Corte. Es, también, el candidato de Lorenzetti para inclinar la balanza de poder interno hacia su lado. Son aliados desde hace décadas. Vendría, para Lorenzetti, a equilibrar los tantos en la llamada “guerra santafesina” con Rosatti, su comprovinciano en el tribunal.

Entre la polvareda de rumores, la discordia y las disputas de poder, el Máximo Tribunal se adentra en el segundo año de mandato de Miliei, sin juezas mujeres entre sus integrantes, renga en número de jueces y diezmada en imagen ante las rencillas entre sus ministros.

ED/DTC

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo hoy fuertes críticas al presidente Javier Milei, al líder del PRO, Maurico Macri, aliado del Gobierno, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La exmandataria se refiró a declaraciones recientes de los tres: “Macri le exigió ayer a Milei ”ser transparente“ y ”cuidar la República“. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche con que ”Todo termina en la Corte“”.

“O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio”, señaló. Y concluyó: “Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad”.

La expresidenta responde así a palabras de Macri, quien le había respondido en redes al presidente. “En función a lo dicho por el presidente Milei ”O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no“, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”, publicó el exmandatario.

En un adelanto de una entrevista que le hizo Forbes Argentina, el presidente, por su parte, habló de su estrategia para las elecciones legislativas de 2025, en las que buscará consolidar una fuerza propia en el Congreso de la Nación, con o sin el PRO: “O vamos juntos en todo o vamos separados”.

Con respecto al titular de la Corte Suprema, CFK respondió a la acordada del máximo tribunal en la que estableció que puede funcionar con tres miembros, mientras el Congreso resuelve la situación de los pliegos de los candidatos del Ejecutivo: el juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. “Todo termina en la Corte”, había expresado Rosatti frente a Carlos Pagni, en entrevista con LN+.

Juan Carlos Maqueda se despidió de la Corte Suprema con una advertencia al poder de turno. Sin mencionar a Javier Milei, pero con guiños a la personalidad del libertario, planteó: “No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización ni quedar a la deriva de los hombres que, en estos momentos, hacen culto a la personalidad, se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática”, sostuvo.

Con un multitudinario acto celebrado este mediodía en el Patio de Honor del Palacio de Justicia, Maqueda dijo adiós a la Corte porque se jubila el próximo 29 de diciembre, día en que cumple 75 años.

Ante la presencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz; autoridades judiciales, magistrados de distintos fueros, representantes del ámbito académico, funcionarios y empleados de la Corte, Maqueda afirmó que “aunque parezca fuera de moda, tenemos que defender las instituciones de la democracia, la república y el Estado de derecho” en momentos en que estas “corren serios riesgos”. No se presentó al evento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, enemistado con la cúpula del máximo tribunal.

El evento fue luego de que el máximo tribunal fallara contra la reelección indefinida en Formosa, un golpe a la longeva gestión de Gildo Insfrán, que gobierna desde 1995. Maqueda, en sus palabrasde cierre, instó a “sostener los pilares de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

A pesar, advirtió, de que “la moderación haya sido dejada de lado y hoy se transiten los extremos”, desde el Poder Judicial se debe “volver a la prudencia” para “con independencia e imparcialidad, dejar sentada nuestra defensa de las instituciones”, dijo ante más de 500 personas, entre quienes se encontraban su esposa y su hija.

Hace dos semanas, Maqueda ya había manifestado su preocupación por “las instituciones de la democracia”. “Veo nubarrones en el horizonte y me preocupa seriamente porque nos comprende a todos nosotros”, dijo durante el homenaje que le organizaron en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAPF).

El juez resaltó el trabajo de Héctor Acemoglu y Simon Johnson que les valió el Premio Nobel de Economía, donde reivindicaron el peso de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. “Había una cierta creencia de que el desarrollo de la economía en nuestros países dependía solamente de las buenas políticas económicas y estos dos grandes autores nos han dejado un libro fantástico sobre por qué fracasan los países que fracasan”, expuso Maqueda, y agregó: “uno de los pilares fundamentales es la calidad de las instituciones”.

Previamente, Rosatti definió a Maqueda como “un gran juez y hombre republicano; raro ejemplo de un funcionario que ha transitado, con idoneidad y ejemplaridad en su conducta, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los ámbitos nacional, provincial y municipal”, además de haber desempeñado “un rol preponderante” como convencional constituyente en la reforma de 1994. 

Rosatti señaló que Maqueda, en los últimos tiempos, “fue objeto de injustos agravios y cobardes ataques, que sobrellevó con hidalguía y tolerancia”; resaltó que “se va por la puerta grande” y esbozó un repaso por sus principales aportes a la jurisprudencia de la Corte. “Tuvo una actuación protagónica”, dijo, con intervenciones en fallos relacionados con el federalismo, la protección de los vulnerables y la defensa de los derechos humanos, “tres ejes de sus preocupaciones”. 

Asimismo, lo consideró “una referencia y guía” para sus pares y una “voz siempre escuchada, respetada, ponderada y sabia”. Su figura, concluyó, “hace cierta la afirmación de que haber participado en política antes de acceder a la Justicia no es un demérito, sino todo lo contrario”.  

Con Maqueda de salida, la Corte pasaría a estar en enero con solo tres votos, una situación inédita que haría inviable cualquier sentencia, debido a que el Gobierno no logró aún que avance en el Senado la nominación del juez Ariel Lijo en su reemplazo. También se empantanó el pliego del catedrático ultraconservador Manuel García-Mansilla.

MC