El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes en la Casa Rosada con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, junto al secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, en medio de la tensión por las posibles bajas de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por irregularidades.

De acuerdo a la información recogida por elDiarioAR, tras la movilización que incluyó cortes en el puente Pueyrredón, el Gobierno buscó “destrabar” el conflicto que comenzó a incrementarse en las últimas horas ante la posibilidad de que Desarrollo Social optara por no liquidar el padrón al no conocer las identidades de quienes presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo y se acordó que no va haber baja de planes, tal como estaba motorizando la ministra hasta este jueves, de unas 200 mil personas que, supuestamente, tenían bienes a su nombre, cobraban hasta dos salarios mínimos o habían comprado dólares.

Sí quedó firme la decisión de dar de baja a los casi 3.000 casos irregulares que Tolosa Paz anunció hace dos semanas en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, cuando la ministra brindó precisiones sobre datos difundidos por algunos medios de comunicación sobre un informe de la AFIP acerca de presuntas irregularidades en el uso del plan Potenciar Trabajo, lo que motivó que el fiscal federal Guillermo Marijuan presentara una denuncia penal y solicitara que se cumpla con la suspensión de planes sociales a los beneficiarios que compraron dólares en entidades bancarias.

En esa oportunidad, la funcionaria detalló que se había detectado que en el 0,3% de quien reciben el plan Potenciar Trabajo “hay incompatibilidades y falta de cumplimientos de las normas que rigen tanto en el ingreso como en el sostenimiento dentro del programa, mientras que el 99,7% está lejos de estas actitudes y los queremos seguir cuidando y protegiendo”. Y precisó: “Encontramos incompatibilidades en 3.190 beneficiarios de los cuales 2.098 adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito, mientras que otros 947 titulares que consumieron con tarjeta de crédito en un promedio de entre 15 y 100 dólares mensuales en los 26 meses analizados, serán suspendidos de la percepción del programa y puestos en evaluación y análisis por los equipos técnicos del ministerio, para determinar si corresponde o no considerarlos destinatarios del Potenciar Trabajo”.

Con respecto de las 2.098 personas detectadas que adquirieron divisas por 864.828 dólares, y que lo hicieron en los últimos 6 meses, la ministra indicó que 430 titulares se hicieron de 293.413 dólares, y agregó que la mitad de ese monto (un poco más de 130 mil dólares) fue adquirido por 23 personas. Además en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios consumieron 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito, detalló la funcionaria.

Los movimientos seguirán en alerta

A pesar de la reunión, desde los movimientos sociales, tanto los más cercanos al oficialismo como los opositores, admiten que la tensión con el Gobierno no cambia y coinciden en que Tolosa Paz “quedó muy desacreditada”.

De acuerdo a los integrantes de las agrupaciones que siguen en estado de alerta y movilización, hay “muchos casos de compañeros que tienen Netflix, Spotify o le bajaron jueguito a sus celulares, o compraron 1 dolar como amuleto, de la buena suerte, que no lo tienen en papel pero sí en la billetera virtual. o hay muchos compañeros migrantes que le mandan plata a sus familias. esas no son incompatibilidades establecidas por la normativa”, reclamaron.

Asimismo, confirmaron que por ahora “se mantiene en pie la protesta del próximo miércoles. La UTEP definirá qué hacer, porque aún no está asegurado el bono de fin de año. La agenda de lucha sigue abierta. Seguimos en alerta y movilización”, advirtieron.

El encuentro con el Presidente, que se realizó en medio de un gran hermetismo, tuvo lugar a horas de que militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas, se manifestaran en Puente Pueyrredón y anunciaran un plan de lucha en todo el país para el próximo miércoles.

Las protestas de este viernes

Los movimientos sociales del oficialismo y la oposición protestaron con cortes en el Puente Pueyrredón y distintos puntos del centro porteño ante el temor a que se corten planes Potenciar Trabajo, en medio del relevamiento que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

“No somos cómplices del ajuste. El Presidente, el ministro de Economía (Sergio Massa) y la ministra de Desarrollo Social tienen que entender que entre los compañeros y el Gobierno elegimos a los compañeros. Esperemos no tener que pasar la nochebuena en la 9 de Julio. Esto recién empieza”, enfatizó el secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, Gildo Onorato.

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Tolosa Paz y Pérsico por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” debido a irregularidades en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo.

La presentación de Marijuan se debió a que, tras conocerse las irregularidades por un entrecruzamiento realizado por AFIP de 250 mil planes, la funcionaria nacional anunció que sólo daría de baja unos 2.500.

MC/IG

Las organizaciones sociales y políticas que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron este domingo una nueva edición de la marcha de San Cayetano, desde la iglesia ubicada en el barrio porteño de Liniers hacia la intersección de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, y advirtieron que si bien son “garantes de la paz social”, si hubo una movilización es “porque hay problemas”.

Bajo el lema “Pan, paz, tierra, techo y trabajo”, una larga columna con banderas de la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras, se concentró a partir de las 8 en Cuzco y Rivadavia y minutos después inició la movilización hacia el centro porteño.

Durante el acto principal, que empezó pasadas las 14 en el microcentro porteño, el secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato, sostuvo que “lo que falta no es trabajo sino derechos laborales de la mayoría”.

“Si nos movilizamos es porque hay problemas”, dijo, pero recordó que los movimientos sociales de la UTEP son “garantes de la paz social” y recordó que las crisis las sufren los sectores más humildes que “se hacen más pobres”.

En un mensaje al Congreso, Onorato le recordó a los diputados y senadores que “votaron una ley que establece un salario social complementario”, en referencia a emergencia social que rige desde 2016.

“De qué planes hablan, esto es trabajo. Y salario, porque reconoce un trabajo social y da cuenta de una tarea comunitaria en los barrios más humildes, y complementarios porque complementa los ingresos. Es lo que ustedes llaman planeros y nosotros decimos trabajadores y trabajadores”, enfatizó Onorato.

También reclamó: “No estigmaticen, porque cuando ustedes hablan los medios amplifican y la Justicia persigue a los más débiles”.

También se tomó un momento para agradecer a la Iglesia: “Parece mentira que reconozca nuestro esfuerzo y trabajo y pelee junto a los más humildes, y a la dirigencia política en su conjunto muchas veces hay que explicarle la diferencia entre una plan social y un trabajo”.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos (FdT) y referente de la CCC Juan Carlos Alderete exclamó: “Salimos a la calle una vez más por pan, tierra, techo, trabajo, salud, educación y soberanía nacional para todos los que habitan nuestro suelo”.

“Otros sectores quieren sacarnos de la calle. No vamos a aceptar mansamente las injusticias y los sufrimientos que padecemos”, dijo y denunció “persecución judicial y mediática” con allanamientos y persecuciones en diferentes provincias, procedimientos que asoció a la “mesa judicial macrista”.

En esa línea, Alderete aseguró que hay sectores que se preparan para avanzar con sus planes de ajuste brutal y entrega nacional, y sobre los derechos“ de jubilados y trabajadores.

Y cargó contra los especuladores que “remarcan los precios” y contra “los terratenientes y agroexportadores que no liquidan la cosecha” porque ellos sí “ganan fortunas”.

“El pueblo no puede seguir pagando una fiesta de pocos”, remarcó y pidió “medidas que frenen la inflación”, como “congelamiento de precios” y la aplicación de la Ley de Góndolas, además de considerar “urgente” la implementación del salario universal.

Del acto participaron el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y los dirigentes de la CTA-Autónoma Ricardo Peidro y Hugo “Cachorro” Godoy, que estuvieron en el escenario, además del dirigente Juan Grabois.

Desde la marcha, Peidro apuntó contra los “formadores de precios y los grupos económicos” y denunció, en diálogo con el medio Canal Abierto, que estos sectores pretenden que “sea a la clase trabajadora a la que se le aplique el ajuste”.

En tanto, Godoy, destacó el apoyo de la central obrera a los movimientos sociales y consideró como “imprescindible esta confluencia, esta unidad y esta continuidad del plan de lucha”.

“Por eso reafirmar hoy 'Tierra, techo y trabajo' y el Salario Básico Universal (SBU) son claros ejes de una agenda que el Gobierno debe priorizar y la unidad del movimiento popular tiene que lograr que así sea”, señaló el dirigente gremial.

Además, analizó que “la situación en términos sociales es más grave aún que la del año pasado” y reclamó un aumento en el Salario Mínimo Vital y Móvil “para garantizar que esté por encima de la inflación este año”.

“La fe, la esperanza y la lucha se vuelven a juntar”, expresó, por su parte, el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires y de la CTA-A bonaerense, Oscar de Isasi, y destacó que la consigna del conjunto de las organizaciones “es unidad y masividad, para poner de pie un proyecto de salida a la crisis basado en la soberanía, el trabajo digno y la producción sustentable”.

También el diputado del FdT e integrante del Frente Patria Grande, Federico Fagioli, afirmó que se busca “construir una Argentina que piense en los últimos”, y pidió por la implementación del SBU que, dijo, es una “política de ingreso ante una situación de pérdida del poder adquisitivo y de inflación muy grande”.

Si bien algunos sectores de esa organización querían que la movilización “no quede sólo en la 9 de Julio” y que se extendiera hacia Plaza de Mayo, el secretariado de la entidad “decidió por mayoría que la marcha concluya en la esquina de 9 de Julio y avenida de Mayo”, donde se hizo el acto de cierre.

La marcha de San Cayetano comenzó a realizarse en 2016 -durante el Gobierno macrista- y fue impulsada en sus comienzos por el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Somos Barrios de Pie, grupo de organizaciones conocidos como “Los Cayetanos”.

En tanto, a la medianoche abrió sus puertas la parroquia de San Cayetano, que tras dos años de pandemia volvió a recibir a la feligresía para celebrar al patrono del pan y el trabajo en un su día.

CRM con información de la agencia Télam

Es mediodía de martes. Sergio Massa ya es ministro de Economía, pero recién mañana asumirá formalmente y anunciará medidas. Juan Grabois, desde su oficina en Vicente López y en un tono estudiado, quiere hacer(le) llegar su mensaje: “Sergio Tomás no es ningún tonto. Sabe que sin estabilidad social no hay estabilidad política. Y sin estabilidad política no hay estabilidad económica. Así que le prendo una vela, no sé si a su corazón, pero al menos a su inteligencia para que tome una medida que recupere los ingresos de los sectores más pobres”, dice. 

Pero mañana entre los anuncios no habrá compensación para los y las trabajadoras informales, todas esas personas a las que no les tocan los beneficios del Estado. Así que Grabois hará un movimiento. El jueves avisará que el Frente Patria Grande, su partido, “discutirá la pertenencia de los diputados, legisladores y concejales al bloque oficialista”. La diferencia entre encender una vela y encender una hoguera es romper con el Frente de Todos. Para el viernes, Grabois ofrecerá entrevistas en radio y televisión. Repetirá la advertencia: sin estabilidad social no hay estabilidad política; sin estabilidad política no hay estabilidad económica. Para hoy, domingo, sus bancas seguirán en el mismo lugar, dentro del bloque oficialista. 

¿Quién es Juan Grabois? ¿El pibe que en los noventa, mientras cursaba en el ILSE, intentaba sacar a los chicos de la droga militando en un gimnasio de Avellaneda? ¿El nene bien que en diciembre de 2001 decidió entrar en los barrios y rascar el fondo de la olla, olla que en su casa siempre estuvo llena? Es hijo de un histórico del peronismo, Roberto “Pajarito” Grabois, ex pareja de Matilde Menéndez, que lo crió. Juan Grabois: 38 años, abogado, licenciado en Ciencias Sociales, docente, traductor; autor de varios libros, el último es Los Peores. El dirigente social, y fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Juan, el agitador, el que está dispuesto a que “corra sangre”, suya y de sus compañeros. 

Quiere que reconozcan con derechos laborales a los trabajadores de la Economía Popular, una fuerza bruta negada por la política. Para ellos reclama un salario básico universal, una plata que recomponga, por lo menos, el 38% del poder adquisitivo perdido. Grabois tiene militancia propia y tiene, también, devotos: si él es capaz de encenderle una vela a Massa, hay quien le da fuego a una vela en su nombre. 

Y tiene detractores. Detractores que dicen que se disfraza de pobre y que en su agenda de contactos el único nombre que figura es el suyo, la metáfora de una construcción de Poder individual. “Zurdo con máscara de peroncho”, “pequebú”, “un universitario al que le cantaban el arrorró en cuna de oro y que te viene a explicar cómo es la vida”. Grabois, -una mujer, tres hijos- changuea: da clases, hace traducciones, negocia un laburo que le permita pagar el arreglo del auto. Hace unos años, un grupo de periodistas extranjeros quiso saber qué tanta cercanía tenía con el Papa y le pidieron una reunión. Juan hizo su minué. No dio precisiones pero los periodistas quedaron impactados: ese chico tenía línea directa con Francisco.

Ahora, en este mediodía de martes, Juan Grabois ceba mates mil veces lavados. Su oficina es un departamento en el primer piso que da al pulmón del edificio. Hay dos sillones de cuero negro. Deben ser cómodos, pero él elige sentarse en una silla plegable de chapa. Hay cigarrillos sueltos sobre la mesa. Toma uno, lo enciende. El aire será pronto de ceniza. Hay un cartel que dice “economía popular es trabajo”. Hay una pizarra, bibliotecas ocupadas con tomos y tomos de Derecho, y dos tubos blancos encendidos en el techo. Hay, afuera, un cielo ancho y profundo. Pero visto desde aquí, desde la ventana, es apenas un cuadrado gris y tenso. Hoy hace frío. Andamos con la campera puesta. No hay calefacción en su oficina.

-¿Qué es un movimiento popular?

-Los movimientos populares buscan representar a un sujeto históricamente invisibilizado, o visibilizado como objeto de asistencia. Nosotros hemos intentado construir una representación de un sujeto trabajador cuya característica fundamental es la precariedad en sus condiciones laborales, es decir los trabajadores sin derechos, los excluidos. Y las excluidas, las trabajadoras. Que son la mayoría, las que se dedican a las tareas de cuidado, sean comunitarias o familiares, de la agricultura familiar, rural y urbana. Cartoneros, vendedores ambulantes, feriantes, costureros, todo el trabajo sociocomunitario que se hace en los barrios, desde recuperación de adicciones o la organización de los liberados que salen de los penales sin ninguna oportunidad y se forman para trabajar en cooperativas, espacio de primera infancia, educación popular…

-¿Un desempleado, un desocupado y un excluido son lo mismo?

-No. Hay una diferencia en la semántica y en la estadística. Dentro del 93% de la población económicamente activa, más o menos, la mitad son desempleados, es decir que no tienen a quien venderle de manera directa su fuerza de trabajo. Los desempleados no están en relación de dependencia, no tienen un empleador. Pero sí tienen trabajo. Y el ingreso que obtienen desde el punto de vista tradicional no es salario. Los excluidos del mercado laboral son los que inventaron su propio trabajo y desarrollaron lo que nosotros llamamos economía popular. Entonces un desempleado no necesariamente es un excluido, pero los excluidos son desempleados.

-¿Y los desocupados?

-Los desocupados son un mito. No existen. Todos se ocupan de algo. Las mujeres que trabajan en su casa están en una categoría más invisibilizada que desocupado incluso, que es “inactiva”. Una compañera que está siete horas laburando en su casa cuidando pibes para el sistema es “inactiva”. Chupate esa mandarina. Es una barbaridad conceptual y política en el Siglo XXI, cuando la economía de cuidados está medida en términos de producto bruto interno. 

Un desempleado no necesariamente es un excluido, pero los excluidos son desempleados. Los desocupados son un mito. No existen.

-La vicepresidenta insinuó que debe ser el Estado el que controle la distribución de los planes sociales.

-La luna tiene dos caras y los movimientos populares también. Una luminosa y otra más oscura. Y Cristina ve el lado oscuro. 

-¿Cómo es el lado oscuro? 

-En general, no son problemas atribuibles a los movimientos populares sino a las políticas públicas. Programas como el Potenciar Trabajo, por ejemplo, tienen cupos limitados, no son para todos. La organización dice si cobrás vos o cobra tu hermana, que está en la misma situación que vos. Eso genera una arbitrariedad. La arbitrariedad no es culpa de la persona o el grupo que está trabajando en el territorio, sino que es inherente a la falta de universalidad de los cupos: si no hay para todos, hay para algunos. La autocrítica que nos podemos hacer desde los movimientos populares es que deberíamos pelear más por la universalidad.

-¿Los planes sociales son insuficientes? 

-No se trata de calidad o cantidad. La palabra “plan” tiene un estigma, una carga de valor negativa. ¿A qué te remite? A un vago. Remite a cosas que no tienen que ver con un trabajador. Entonces la palabra plan es un problema. Si vos hablás del Previaje es un turista, no es un planero. Ahora… es un plan. Entonces el que se fue de vacaciones con el Previaje también es un planero. Me encanta, eh, que la gente se vaya a las Cataratas. Pero es gente que no se autopercibe como planera ni los medios la presenta como planeros, pero recibe un plan. Si vos ponés en la mesa la palabra plan, perdiste la discusión. 

-Vuelvo a los movimientos populares: ¿qué más hay en ese “lado oscuro”?

-Hay situaciones de abuso de autoridad, hay situaciones de clientelismo. Como pasa en los sindicatos y con los intendentes… Cristina planteó que los planes sean administrados por los intendentes… ¡Ah, mirá vos! Seguro que va a funcionar bárbaro. Nosotros creemos en un sistema mixto. Un sector público, un sector privado y un sector de la economía popular. Si vos sos del sector privado o del sector público, tenés tu sindicato, tu convenio colectivo y tu régimen laboral. En el sector de la economía popular tenemos que construir eso. Esos derechos están en un proceso de elaboración que va a tener avances y retrocesos. Y ahí lo que pasa es que los movimientos populares están muy atravesados por la política. Porque la enorme mayoría de los dirigentes sociales, no todos, tenemos roles políticos también. Para Cristina un dirigente social no puede ser un dirigente político, y se equivoca. Hay dirigentes sociales que son diputados. Nati Zaracho, por ejemplo. Cartonera, dirigente social y diputada. Vos tenés 40 y pico por ciento de pobreza. ¿Y en la Cámara de Diputados cuántos pobres hay? ¿O que fueron pobres? ¿Dos? ¿Tres? La democracia ya no representa a sectores sociales. 

-Los 80 tuvieron su hiperinflación; los 2000, un corralito. ¿Por qué ahora no revienta todo?

-Hay varios elementos. El más triste es que hay un acostumbramiento a la degradación de la calidad de vida. La cultura de la precarización y la precariedad se ha naturalizado. Que nosotros tengamos la mitad de los trabajadores asalariados del sector privado en la línea de la pobreza es algo que en la Argentina de hace veinte años no se toleraba. El segundo elemento tiene un aspecto positivo y otro... dudoso. Existe una red de contención dado por la seguridad social, que en la Argentina es muy fuerte y que durante el gobierno de Cristina se extendió muchísimo. Y después estamos los movimientos y las organizaciones populares que somos una red extraordinaria de contención. 

-¿Pero ése es el rol de las organizaciones sociales, el de atajar la posibilidad de un estallido? 

-No. Y ahí está el problema. Se asume que el rol de los movimientos populares es contener y garantizar su gobernabilidad y la estabilidad social, y ese no es nuestro rol. La política nos ha ubicado en un lugar -que a veces se acepta- de garantes de la gobernabilidad y la estabilidad. Tiene una parte “linda” que es bancar la parada en una situación crítica, pero al mismo tiempo parece que estamos para que ellos sigan.

-Es un dilema: -¿Garantizás la estabilidad o desarrollás una red de contención?

-Nosotros estamos para transformar la realidad, pero si no hay un avance progresivo de ampliación de derechos somos parte del status quo. 

La silla es de chapa, fría e incómoda, pero Grabois está iluminado, ancho. Le gusta hablar, le gusta escucharse redondear ideas. Viste una campera unos talles por encima del que correspondería: no es oversize, es lo que hay. Estamos envueltos en la voluta de sus cigarrillos. Menciono que en su libro marca como fecha de fundación personal aquellos días de diciembre de 2001, y que se reconoce como alguien que viene de la clase media. Así que le pregunto quién era antes de la represión, de los saqueos, de los muertos. Quién era y qué hacía cuando tenía 17, 18 años, y asistía a un colegio muchos más que privado, un colegio VIP. Entonces Grabois, ahora, sonríe apenas y se mete en la campera, como si fuera una tortuga.

-Juan, ¿cómo fue el pasaje de estudiante de Godspell College al dirigente social que conocemos ahora?

-Y… No sé. Era un cebado de la informática, leía mucho. Era un problemático estudiante de secundaria, digamos. Primero estuve en un colegio católico, el Santo Tomás de Aquino. Me llevaba muy mal con los curas. Segundo, tercero y cuarto año, y un pedacito de quinto, lo hice en el ILSE. La rectora tenía una fijación conmigo. Me perseguía. Hasta que un día me apretó, esa es la palabra. Me dijo que si no me iba, me haría perder el año por las amonestaciones. 

-¿Pero qué hacías?

-Me peleaba mucho con los profesores. Por boludeces, eh. No por grandes cosas, no me acuerdo bien por qué. La cuestión es que sí me acuerdo que me hicieron irme en el último año, que es muy feo. Y ahí terminé en un colegio re cheto, porque no es fácil conseguir un colegio en abril del último año. En el Godspell aprendí cómo funcionan los vínculos de Poder de las élites económicas de la Argentina, el entramado de colegios privados. Más que ir a aprender, vas a establecer vínculos, digamos. Fue bueno para mí. 

No hay insistencia que valga: Grabois dirá que tiene que hacer un esfuerzo, demasiada memoria, para explicar qué le marcó el destino. Egresó en ese diciembre fatal. Dirá que vio la miseria encarnada en los cartoneros. Pero lo dirá así: “Diciembre de 2001 fue un encuentro de muchos con algo que estaba sumergido en la Argentina. De la civilización neoliberal modernizada a la marginalidad y la exclusión. ¿Y cómo podés vivir en paz si hay un chabón de tu misma edad revolviendo tu basura, con sus hijos…? ¿Cómo podés vivir en paz?”. 

Unas horas después de esta entrevista, un pequeño grupo de manifestantes lo increpará. “Volvete a Cuba”, gritarán los tres, cuatro manifestantes en uno de los ingresos al Congreso. El extenderá los dedos en V y los mirará fijo. Nada más. El video se viralizará muy rápido. Al día siguiente, Grabois rescatará algo que pasa a sus espaldas: un ¿indigente? se pone de pie y pide silencio a quienes lo insultan. Desde en su cuenta en Twitter le agradecerá al hombre, que se llamaría Eduardo, con un recorte del video viralizado en el que alguien imposible de identificar demostrará su apoyo silencioso. Grabois es hábil para capitalizar las agresiones. El resto del video es idéntico. El indigente y los agresores en la vereda. Él, en el Congreso.

VDM/MS

Los movimientos indígenas convocan a apoyar a su líder máximo y acusan al gobierno de Guillermo Lasso de criminalizar la protesta social. A partir del lunes se ha activado el curso procesal del juicio penal en el que Leonidas Iza está acusado de supuesta afectación a un servicio público durante las protestas contra el Gobierno en el Complejo Judicial de Latacunga, la capital de la provincia de Cotopaxi, cerca de donde el reconocido dirigente fue detenido la madrugada del 14 de junio.  

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a sus bases por Twiter a participar en “Plantón de apoyo y solidaridad con Leonidas Iza, presidente de la Conaie, acusado injustamente por el Gobierno que pretende criminalizar la protesta social”. “Pueblos en alerta en la audiencia de juicio”, añadió la Conaie en su mensaje por la red social, donde otras organizaciones sociales han expresado su temor de una “criminalización de la protesta social”.

En el proceso se prevé que intervengan el presidente de la República, el conservador Guillermo Lasso, y su ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Crónica del arresto 

El líder indígena fue arrestado en el sector de Pastocalle, donde grupos de campesinos habían cerrado una carretera en el marco del “paro nacional indefinido” convocado por la Conaie, que agrupa 14 comunidades originarias de Ecuador, contra la política económica del Gobierno y la carestía de la vida, una protesta que se extendió durante 18 días hasta el pasado 30 de junio.

La detención de Iza, en el inicio de la protesta, acrecentó  las manifestaciones. De manera inmediata, referentes de la Conaie y otros  dirigentes hicieron un llamamiento a “radicalizar” las protestas y exhortaron a los organismos internacionales a seguir vigilantes lo que consideran una vulneración a los DDHH y al derecho a peticionar a las autoridades.

Pocas horas después una jueza de Latacunga, tras aceptar como válido el arresto, lo dejó en libertad bajo condiciones de presentarse periódicamente ante el tribunal, mientras continuaba el proceso.

En libertad condicional, el decano líder índigena Leonidas Iza se presentó ante una multitud en la provincia andina de Cotopaxi centro. Proclamó que no había  desafiado la Ley, ni había  incurrido en acciones de sabotaje o terrorismo y reiterando la continuidad de las protestas indígenas apeló a la unidad de todos los pueblos.

Las protestas de octubre de 2019, lideradas con eficacia por Iza, acabaron con el futuro político de Lenín Boltaire Moreno, el antecesor de Lasso en la presidencia

Al ser arrestado el líder indígena, Carlos Poveda, el abogado defensor de Iza, había advertido sobre una detención arbitraria y a la fuerza, y que no se le leyeron sus derechos constitucionales al momento del arresto, como dicta la norma. Esta violación de las reglas por la policía es una falsedad, declaró el Ministerio del Interior.

Cuando la  Policía nacional (sin conocimiento previo de la Fiscalía) procedía a detener a Iza, la intervención de Patricio Copara, un dirigente juvenil de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en contra la fuerza pública dio lugar a que el entonces detenido líder pronunciara una frase que se viralizó en las redes sociales e incluso originó un meme :  ‘¡Patricio, déjale! ¡Ve, Patricio!’ 

Poco después de la detención, el presidente Guillermo Lasso justificó los arrestos y denunció actos de vandalismo provocados por los manifestantes. Rompió un proceso de diálogo en el que participaba el mismo Iza, y lo increpó de supuestos intentos desestabilizadores, aunque luego avaló los acuerdos y el “Acta de paz” que puso fin a la movilización social.

“Acta de Paz”

La protesta indígena, apoyada por sindicatos y otros grupos sociales, concluyó el pasado 30 de junio con un “Acta de paz” en la que intervinieron el Ejecutivo, la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), contando en el proceso con la mediación de la Conferencia Episcopal ecuatoriana, que contenía compromisos del Gobierno y soluciones parciales a las demandas sociales. Entre los temas pactados se destacan la reducción de cinco centavos más al precio del galón de la gasolina extra y eco país, así como al diésel. En total se tratará de una reducción de 15 centavos, teniendo en cuenta las disminuciones aprobadas por el gobierno durante el desarrollo de las fuertes protestas. Con las nuevas disposiciones, el costo por galón de los dos tipos de gasolina en el país se ubicará en 2,40 dólares, mientras que el de diésel será de 1,75 dólares.

También el Gobierno se había comprometido a derogar el estado de excepción, anular el decreto 95 sobre política petrolera y hacer reformas a la orden 151, por lo que promete prohibir las concesiones de nuevas licencias para la explotación minera en reservas naturales, áreas intangibles y arqueológicas, zonas de fuentes hídricas y en territorios indígenas. El presidente Lasso anunció la consulta previa e informada sobre estos temas de interés y la Conferencia Episcopal ecuatoriana advirtió que se instalarán mesas de seguimiento de estos acuerdos.

Durante los 18 días de protestas, el Gobierno declaró en dos ocasiones estados de excepción en ciertas provincias, pero sólo se mantiene en vigor en las andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana.  No obstante, el mandatario derogó el toque de queda nocturno que había impuesto en las de Azuay, Sucumbíos y Orellana.

AGB con información de medios y agencias

Frente al debate suscitado en estos días en torno al rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, diputados y diputadas de los movimientos sociales creen que “desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados”.  

“Queremos reivindicar la importancia de los movimientos populares en la construcción de una mejor democracia, en la organización de los trabajadores de la economía popular, en la ampliación de derechos para el sector, en creación de cooperativas y grupos de trabajo en muchas ramas de actividad. Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social ya que han acompañado el acceso a la tierra, el techo y el trabajo allí dónde no había nada que tercerizar porque sólo campea la exclusión; tampoco son muros de contención para darle tranquilidad a los políticos en un sistema económico injusto dónde no entramos todos y una democracia que a veces es meramente formal. Los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular”.   

Los diputados consideran que “los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el Monotributo Productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes. Tampoco podemos ser indiferentes a los más olvidados de los olvidados, los pueblos originarios, que protegen nuestra Casa Común y hoy no tienen garantizado su territorio”. 

Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, Leonardo Grosso, Natalia Zaracho, Eduardo Toniolli, Itai Hagman, Verónica Caliva y Federico Fagiolli son los diputados y diputadas que firman este comunicado y que exigen “el pronto tratamiento de las leyes de Monotributo Productivo, Salario Básico Universal y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena propuestas por la UTEP el 1° de Mayo de este año en el marco de un pliego de 10 puntos denominado ”Tierra, Techo y Trabajo“. Estas iniciativas deben ser prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos”.

Por su parte, Leonardo Grosso, consideró: “Hay una agenda que queremos que se discuta en la próxima sesión y está vinculada a los que más están sufriendo las consecuencias de los problemas económicos que estamos atravesando. Las tres propuestas son políticas concretas hacia sectores que necesitan el reconocimiento del Estado y un acompañamiento que signifique ingresos complementarios para dinamizar el consumo”.

“Las personas alcanzadas por el Salario Básico Universal son todos aquellas que estén desocupadas, monotributistas sociales, de casas particulares, trabajadores agrarios y de la economía popular. Cada beneficiario cobrará alrededor de 12 mil pesos”, agregó.

Dina Sánchez todavía estaba en la plaza pública de Dock Sud en la que había intentado arengar a los vecinos para que fueran a votar el domingo siguiente, cuando abrió el celular y vio la foto: dirigentes de algunas de las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) sentados en un despacho de la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández. Todos varones. 

“La verdad es que me sentí una boluda”, dice Sánchez, que es vocera del Frente Popular Darío Santillán e integrante del Consejo Directivo de la UTEP. Replicó la foto en su perfil de Twitter y, antes de llamar a nadie, hizo público su enojo. “¿No les hace un poco de ruido esa mesa donde las únicas dos mujeres son funcionarias? ¿Les parece que el movimiento obrero puede borrarnos? Volvemos a decirles compañeros: es con nosotras”, escribió. 

Ahora, sentada en una de las habitaciones de la sede central del Frente Popular Darío Santillán, en el barrio porteño de Constitución, dice que ella no estaba enterada de esa reunión y que, si la intención era generar un encuentro entre el Presidente y los movimientos sociales, correspondía convocar al sindicato que desde 2019 los aúna y a los integrantes de su conducción: Esteban “Gringo” Castro, Norma Morales, Freddy Mariño, Gildo Onorato y ella misma. 

—¿Yo voy a cagarme de calor, a repartir papelito por papelito buscando que la plaza se llene, y otros se van a ir a sentar a tomar agüita fría ahí y hablar del trabajo que realizamos nosotras en los barrios? Bueno, no.

Dina Sánchez nació y creció en Chepén, Perú, donde su familia se dedicaba a la venta ambulante. Su madre vendía comida en la calle y además tenía un puesto en el mercado los fines de semana. Todos los días, después del colegio, Dina salía con una fuente a ofrecer los postres que su madre preparaba —mazamorra, arroz con leche— y el fin de semana era la encargada de repartir el desayuno entre los feriantes. 

A principios de los 90 llegaban a Perú rumores desde el sur del continente: en Argentina había mucho trabajo y un peso equivalía a un dólar. Las amigas de su madre emigraban para trabajar como empleadas domésticas en Buenos Aires y a esa suerte se aventuró también ella. Dina se quedó al cuidado de su tía y después de cuatro años de trabajar “con cama” en un departamento de Barrancas de Belgrano, su madre volvió a buscarla. 

Cuando llegó, en 1996, tenía 16 años y se instaló con su madre en Glew, en el partido de Almirante Brown. Terminó el colegio en una escuela privada del barrio y a los 18 años fue mamá por primera vez. Se mudó con la familia del padre de su bebé a Garín y comenzó a trabajar como cajera en un supermercado chino ubicado en el Puente Saavedra, a donde viajaba todos los días en el colectivo 228. 

Las cosas con su pareja no resultaron bien —él la controlaba y se enojaba si demoraba en volver del trabajo— y decidió refugiarse en lo de una amiga, en Tigre. Al mes, se enteró que estaba embarazada nuevamente, pero igual sostuvo la decisión. Para vivir, compraba alfajores Jorgito en un mercado mayorista de Carupá y los vendía en un semáforo en la zona de entrada a los countries. Llevaba con ella a su hijo Nahuel, por entonces de menos de dos años, que la esperaba sentado en la vereda mientras ella desfilaba entre los autos con cada luz roja.  

El 2001 la encontró viviendo en un conventillo de La Boca con sus dos hijos, empleada en un supermercado chino. Del estallido tiene esta imagen: los chinos repartidos en las esquinas del barrio para alertar sobre saqueos y las persianas bajas. 

En 2002 volvió a Perú para alejarse del acoso de su exmarido, y se instaló en Lima, donde trabajó en un hipermercado durante ocho años. Volvió a la Argentina en 2010, para que sus hijos, que en Perú pasaban todo el día solos, estuvieran más contenidos. “Mi hijo mayor había entrado en una etapa de rebeldía mal y mi mamá me insistía para que nos viniéramos. Pero cuando llegamos fue peor. Yo conseguí trabajo en un Wallmart de Bancalari, estaba todo el día afuera, y mi hijo acá empieza a probar el tema de la droga. Empezó a tener cambios de actitud, se escapaba, así que renuncié para estar con él”. 

Sin trabajo, se acercó por primera vez a una organización social a través de su madre, que trabajaba en el programa Veredas Limpias, en La Boca. Se sumó a las tareas del comedor, donde desayunaba y almorzaba junto con sus hijos, que volvían después a Glew para ir al colegio. Ella volvía más tarde, con el táper para la cena.

—En ese tiempo no existían los programas que hay ahora, solo el de Veredas Limpias. Yo estaba contenta de participar en la organización porque me garantizaba por lo menos la comida. 

Para juntar algo de plata para los otros gastos, con otras mujeres del movimiento organizaban ferias de verdura, “polladas” o hacían comida y postres peruanos que le vendían a los feriantes de Caminito, la mayoría de ellos migrantes. Gran parte de la materia prima la sacaban del comedor, pero también tenían un fondo común para comprar lo que faltaba. 

—A diferencia de ese tiempo, ahora hay programas. Entonces constantemente tenemos que estar recordando cómo es nuestra construcción, porque todas las personas que tocan la puerta para participar vienen con una necesidad concreta y te dicen “quiero un plan”, pero las organizaciones populares no somos empresas. No es que vos vas al Gobierno y le decís tengo mil compañeras que necesitan un programa y te dicen bueno, tomá. Eso es mentira, no pasa. Son ideas que hay que deconstruir incluso al interior de las organizaciones, entre compañeros y compañeras. Además hoy los $15.000 del plan Potenciar no te resuelven la vida. ¿Qué hacen los compañeros? O trabajan afuera o algunos se suman a las unidades productivas, que hemos fortalecido mucho en los últimos años. 

—¿Qué son las unidades productivas?

—Los polos textiles, recicladores, las comercializadoras como ésta —dice y señala a su alrededor, donde hay estantes con mercadería de cooperativas: yerba mate, legumbres, frutos secos, aceite, miel. —Ahora se habla mucho de “la reconversión de planes en trabajo genuino”, pero esa reconversión nosotros la hicimos hace tiempo ya. Hace poco estuve en Misiones y vi cómo trabajan las mujeres de las organizaciones, en grupos de costura con una sola máquina para todas. Hacen bordado chino y cosas excelentes, y parte de las ganancias va a una caja para comprar los insumos. Es lo que hacíamos nosotros en 2010 con la venta de comida o lo que están haciendo en este momento acá al lado en la cocina mis compañeros, que hacen viandas para vender. 

—La idea de “trabajo genuino” parece venir asociada a la inserción en empresas del sector formal. 

—Es que la economía tradicional quiere vivir de ilusiones. No admite que desde la crisis de 2001 se consolidó una economía que reconvierte los planes en unidades productivas, en trabajo, y que esa economía sostiene a cientos de familias. Si hablamos de empleo, ¿por qué no dotar a la economía popular de derechos y de fortalecerla? Por ejemplo, junto con la Emergencia Social nosotros presentamos un paquete de cinco leyes. Una de esa, que quedó cajoneada, era para que el 25% de las compras anuales que hace el Estado en  ambos para el hospital, sábanas, guardapolvos se lo compre a las cooperativas. Nosotros tenemos capacidad para producir y para vender. 

Sánchez dice que esa mirada “fantasiosa”, que pretende ignorar a un sector que emplea alrededor de 6 millones de personas, se refleja en otras cosas. Por ejemplo, en el acuerdo cerrado por el Gobierno con distintos sindicatos para que quienes cobren un plan Potenciar Trabajo se capaciten en las empresas de sus sectores. 

—Nuestras unidades productivas todas son también talleres, todas. Acá en el polo textil yo tengo compañeras que no sabían agarrar una aguja y andá a verlas ahora las cosas que hacen. Entonces, no entiendo: los compañeros que cobran un programa y van a capacitarse a una empresa ¿no son “planeros”? ¿Y los que se capacitan y trabajan en las organizaciones sí? 

—Empezó diciembre, que siempre viene acompañado del miedo al desborde social y este año está muy presente el recuerdo del estallido de diciembre de 2001. ¿Cómo lo ves?

—Yo veo una gran diferencia con 2001, porque desde ese momento hasta acá si bien la situación económica del país no ha mejorado, hay mucha organización en los barrios. La construcción de poder popular es muy fuerte y eso te permite contener, siempre y cuando también el Estado esté dispuesto a sentarse y a charlar. De todos modos, es difícil criticar a quienes salen a la calle a reclamar. Yo no lo puedo criticar porque es muy difícil estar en el lugar de una madre y que le digan no, el 24 no hay nada y acostá a los pibes con un mate cocido. Porque hay familias que no tienen garantizado ni siquiera una cena este 24. Yo escucho a las compañeras que no quieren que cerremos el local ni los domingos porque a ellas les sirve venir y retirar la comida, como me sirvió a mí en el 2010. El problema es que ahora no somos 10 como en ese momento; la cantidad de gente que necesita ha ido creciendo. 

Sánchez dice que se convirtió en vocera de la organización por ser “jetona” y por estar muy informada; siempre le gustó leer los diarios y mirar las noticias. En 2018, fue una de las personas que habló sobre el escenario en la Marcha Federal, en la que confluyeron organizaciones de todo el país en la Plaza de Mayo en repudio a la política económica de Cambiemos. Después de eso, recibió un aluvión de agresiones anónimas en las redes sociales. La mayoría de los mensajes la señalaban por ser peruana y reclamaban su deportación, pero algunos incluso utilizaron para atacarla por la muerte de su hijo mayor, que fue asesinado en 2017. 

Dice que en sus intervenciones públicas trata de “meterle palos a los compañeros” pero no para pelearse, sino para que “reaccionen” y le hagan lugar a esas mujeres que siempre están debajo del escenario, en la bandera de arrastre. Para que cuenten con las mujeres para encargarse de la olla, sí, pero también para tomar el micrófono. 

Hacia adelante, Sánchez considera que la UTEP debe concentrarse en dotar de derechos al sector de la economía popular. En la agenda 2022 está la campaña de afiliación y, por otro lado, las gestiones para intentar ser integrados a la CGT, una discusión que cree que va a ser lenta y de adentro hacia afuera. 

—Incluso a nosotros mismos nos llevó tiempo reconocernos como parte de la clase trabajadora y creo que en la CGT vamos a atravesar el mismo proceso. Hace un tiempo lo vi a Héctor Daer en un acto y le dije “compañero, el día que la UTEP entre a la CGT las fotos van a ser más lindas porque vamos a estar nosotras las mujeres, y tenga por seguro que se va a fortalecer la CGT”. Me miró y se reía. “Esta petisa atrevida”, habrá dicho. 

DT

El papa Francisco consideró hoy que la instalación de un ingreso básico universal y la reducción de la jornada laboral son “medidas necesarias” de cara a la pospandemia de coronavirus, al participar del IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, durante el cual pidió a los organismos internacionales de crédito la condonación de las deudas de los países pobres, “tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos”.

A través de un videomensaje dado a conocer hoy, el pontífice pidió la implementación de “un ingreso básico, el IBU, o salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida”.

“Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los Gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente, para la clase media”. “Generalmente, cuando hay estos conflictos, es la que más sufre”, puntualizó.

“No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones”, convocó.

Durante el encuentro, que se realizó por Zoom simultáneamente en español, italiano, inglés, portugués y francés, los movimientos populares de diferentes partes del planeta compartieron su labor y su lucha durante la pandemia. Se trata de cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, pescadores, campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas y cooperativistas, entre otros.

Entre los participantes argentinos al encuentro, que se desarrolló de manera virtual, estuvieron los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, Gildo Onorato, Dina Sánchez, Norma Morales, Sergio Sánchez, Jacquelina Flores y Horacio Ávila, entre otros.

También formó parte del encuentro el integrante del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, el dirigente social y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

En su mensaje, el Papa sostuvo que “hay que analizar seriamente” la propuesta de “la reducción de la jornada laboral” y, en ese sentido, consideró que “no puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo”.

“En el siglo XIX los obreros trabajaban doce, catorce, dieciséis horas por día. Cuando conquistaron la jornada de ocho horas no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia”, basó su reclamo.

“Considero que son medidas necesarias, pero desde luego no suficientes. No resuelven el problema de fondo, tampoco garantizan el acceso a la tierra, techo y trabajo en la cantidad y calidad que los campesinos sin tierras, las familias sin un techo seguro y los trabajadores precarios merecen”, defendió el Papa, en línea con el reclamo de las denominadas “3T” (Tierra, Techo y Trabajo) que se han convertido en el principal reclamo de los movimientos populares.

Liberar patentes y condonar deudas, los otros pedidos del Papa

A lo largo de su discurso, el Papa dio además una lista de pedidos de cara a la salida mundial de la pandemia de coronavirus. Así, reclamó “en nombre de Dios a los grandes laboratorios que liberen las patentes” farmacéuticas. “Tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Hay países donde sólo tres, cuatro por ciento de sus habitantes fueron vacunados”.

“Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar Ias necesidades básicas de su gente” y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos“, sostuvo también.

En la misma línea, pidió “a las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agro negocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos”.

Entre los reclamos del Papa, estuvo también el pedido “a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento”.

El encuentro de este sábado fue la continuación de una reunión que los Movimientos Populares tuvieron con autoridades del Vaticano en julio, y que sirvió de punto de inicio de la preparación de un documento sobre “los dilemas de la humanidad” en la actualidad que le entregaron este sábado al pontífice.

Además fue el cuarto encuentro entre el Papa y los representantes de los movimientos populares de todo el mundo, que, entre otros, congregan a trabajadores de la economía informal, cartoneros y agricultores, tras las reuniones de 2014 y 2016, en el Vaticano, y de 2015 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

CB con información de Télam