La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti a participar y votar de manera remota en la sesión de este jueves, en la que la Cámara alta debatirá, entre otros temas, la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno.

La autorización, sin embargo, fue otorgada ad referendum del pleno del Senado. Esto significa que la decisión deberá ser ratificada por mayoría simple al comienzo de la sesión para que la legisladora pueda intervenir y emitir su voto de manera electrónica desde Mendoza.

Fernández Sagasti había solicitado la habilitación al argumentar que cursa la semana 32 de embarazo y que una indicación médica le impide viajar desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires. El pedido fue presentado mediante una nota dirigida a Villarruel y también difundido a través de un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora al hacer público su reclamo. Allí sostuvo que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y consideró que la distancia no debería impedir el ejercicio de la representación cuando existen herramientas tecnológicas para participar de manera remota.

La legisladora explicó que su médico le prohibió realizar viajes largos, tanto por vía aérea como terrestre, y remarcó que esa situación afecta especialmente a quienes representan provincias alejadas de la Capital Federal. “Si yo fuera una senadora de la Ciudad o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría. Pero viajar más de mil kilómetros podría poner en riesgo mi salud y la de mi bebé”, señaló.

Además, aclaró que no se trata de una licencia por maternidad, sino de la posibilidad de ejercer plenamente su función legislativa. “No estoy incapacitada para leer expedientes, debatir ni votar; simplemente no puedo viajar largas distancias”, sostuvo, al tiempo que recordó que los mecanismos virtuales ya fueron utilizados anteriormente por el Congreso y cuentan con antecedentes de validación judicial.

La sesión de este jueves será clave para el oficialismo, que intentará avanzar por quinta vez con la reforma de la Ley de Tierras, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el pasado 16 de julio por falta de votos. El proyecto modifica el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y, tras negociaciones con bloques dialoguistas, propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras que podrán quedar en manos de capitales extranjeros, manteniendo las restricciones para Estados extranjeros y empresas controladas por ellos, además de preservar las facultades de las provincias para fijar sus propios límites.

La reunión tendrá además una particularidad institucional: Villarruel no presidirá el debate porque ejercerá interinamente la Presidencia de la Nación durante la gira de Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su reemplazo estará al frente de la sesión el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti pidió que se le permita participar de forma remota en la sesión del Senado convocada para este jueves 6 de agosto, en la que se debatirá la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno. La legisladora mendocina fundamentó el pedido en una indicación médica que le impide viajar desde su provincia a Buenos Aires, debido a que cursa la semana 32 de su embarazo. La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida a Victoria Villarruel, en su carácter de titular de la Cámara alta, y difundida además en un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora, y agregó que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y que “la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”. En el video, explicó que su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire, y remarcó la diferencia con legisladores de distritos cercanos a la Capital: “Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de mil kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.

Fernández Sagasti aclaró que su capacidad para ejercer el cargo no está en discusión: “No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido”. También diferenció el planteo de la licencia por maternidad que le corresponde, que dijo que tomará “en su debido tiempo”: “Es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.

El pedido llega en la antesala de una sesión con final abierto. La reforma de la Ley de Tierras busca modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo modificó el proyecto original y, en lugar de eliminar el tope existente, propuso elevarlo del 15% al 25% del límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de capitales extranjeros. El nuevo texto mantiene las restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos, y conserva la potestad de las provincias para aceptar o rechazar solicitudes de adquisición y fijar sus propios límites porcentuales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto este martes a las 16 presentar oficialmente esas modificaciones en una conferencia de prensa.

Se trata del quinto intento del Gobierno por aprobar los cambios a esa normativa, junto con modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Manejo del Fuego, luego de que el oficialismo pasara a un cuarto intermedio el 16 de julio pasado por no contar con los votos necesarios. La Libertad Avanza parte de una base de 21 senadores propios y buscará sumar al PRO, la UCR y a bloques provinciales para llegar a los 37 votos requeridos.

La sesión tendrá, además, una particularidad institucional: Villarruel no la presidirá, porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su lugar, conducirá el debate el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendrá la posibilidad de desempatar en caso de igualdad de votos.

La senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti juró este viernes como nueva integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Senado, en un acto que estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, en el Palacio de Tribunales.

El juramento se realizó en el Salón Bermejo y se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Acordada 37/2025. Fernández Sagasti asumió formalmente su rol como representante del Senado en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces.

Del acto participaron los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de autoridades del Poder Judicial.

Entre los presentes estuvieron también el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou.

La incorporación de Fernández Sagasti se da en el marco de la renovación de representantes legislativos en el Consejo, que contempla la participación de miembros de ambas cámaras del Congreso.

Con información de la agencia NA

Dirigentes peronistas, que representan todas las vertientes que conforman el Frente de Todos (FDT), convocados por la senadora Anabel Fernández Sagasti, integrante del bloque de Unidad Ciudadana y líder de La Cámpora en Mendoza, participaron este sábado de un plenario de debate doctrinario organizado por el Partido Justicialista de esa provincia, en el que coincidieron en que “hay futuro para el 2023” de cara a las elecciones presidenciales, buscaron mostrar una señal “unidad” entre todos los sectores y enfatizaron “la necesidad de una apertura” hacia los disidentes.

Participaron los ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior) y Gabriel Katopodis (Obra Pública, de modo virtual); los gobernadores Axel Kicillof (por Zoom) y Sergio Uñac (San Juan) y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (también por Zoom). El plenario se realizó en el auditorio Ángel Bustelo de la capital mendocina.

Otro de los asistentes fue el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien está alejado de la coalición oficialista, pero que semanas atrás tuvo reuniones con De Pedro bajo la premisa de que “se necesita una amplia participación que permita competir en internas” dentro de la coalición gobernante.

El titular del PJ nacional, el presidente Alberto Fernández, no asistió al encuentro, al igual que su jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien argumentó su ausencia por la enfermedad de un familiar, dijeron los organizadores.

Quien abrió con las exposiciones fue Fernández Sagasti, con un llamado a convocar al partido a “todos los que se fueron o están distanciados”. “Hay que convocar a cada uno de los que se fueron, están distanciados o en sus casas a debatir ideas para el peronismo del futuro”, dijo la líder de La Cámpora de Mendoza. Además instó a “recuperar el peronismo” en esa provincia, donde gobierna el radicalismo y Cambia Mendoza desde 2003; y exhortó a “debatir las ideas del peronismo de cara al futuro”, tal como reza el lema del encuentro. Y agradeció “por creer, pensar que se puede y porque no nos quitaron la autoestima y el valor de lo que significa ser peronista en Mendoza”.

Al exponer en forma virtual, Katopodis expresó: “No se nos está permitido quebrar ni descuidar la unidad del Frente. El 'albertismo' y el 'cristinismo' son terminologías que imponen los medios de comunicación, pero nosotros somos peronistas en esencia y en acción. Nuestro compromiso es cumplir con cada ciudadano y resolverles los problemas”. De cara a las elecciones del 2023, el ministro dijo que el FDT no puede “dejar a nuestra gente a la intemperie en manos del macrismo, que quiere volver el mismo que ajustó el país y que está dispuesto a vender al país”.

Hacia el final del encuentro, De Pedro -uno de los oradores más aplaudidos en el recinto- dijo que “todavía somos un país unitario y el desafío del peronismo es construir una Argentina federal” y añadió: “El federalismo es real si hay trabajo genuino privado que dignifique a la familia argentina, sino seguiremos siendo un gran puerto”. Y agregó: “Tenemos que tomar decisiones desde del Gobierno nacional y que YPF y las petroleras tributen en la Patagonia. Basta de atender en Buenos Aires y que todos los recursos tributen en CABA. Vamos a construir una Argentina un poco más justa”.

A través de la plataforma Zoom, Massa aseguró que “con el desafío de distribuir el ingreso, con la responsabilidad de apostar a la educación pública y con la tarea de industrializar el país de manera federal, debemos tener la capacidad de debatir entre nosotros, pero mostrando a los argentinos que firmamos un contrato de esperanza en 2019 y en el 2023 lo vamos a consolidar”.

“Debemos tener la capacidad de debatir, pero entendiendo que el debate debe ser con altura y puertas adentro porque hoy tenemos la responsabilidad de gobernar y eso nos pone en la obligación de cumplir con el contrato electoral que hicimos en el 2019, aunque hoy ya es otro mundo”, destacó el titular de Diputados.

Ante cientos de militantes que colmaron el auditorio Ángel Bustelo de la ciudad de Mendoza, Kicillof también disertó en forma virtual desde Buenos Aires sobre las tres banderas del justicialismo “independencia económica, soberanía política y justicia social” y la actualización de la doctrina del movimiento fundado por el expresidente Juan Domingo Perón.

“Con la pandemia, si bien el mundo de 1945 cambió muchísimo, la soberanía política y la independencia económica vuelve a aparecer con la importancia del concepto de producción local. Por eso, el concepto de independencia económica está más vigente que nunca, aunque hay que tener en cuenta siempre la integración con otros países del subcontinente”, dijo en su discurso.

Tras su ponencia y en medio de los aplausos de los militantes, el gobernador sanjuanino Uñac lanzó una frase que graficó el clima que reinó en el auditorio: “Espero que esto sirva para construir el triunfo en el 2023 en todo el país”.

Por su parte, la senadora de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, expresó: “No tengo ni una sola duda de que el 2023 es nuestro. Por más que un día me levante pensando qué mal que hicimos esto, no tengo dudas. Que se olviden, no nos vamos a ningún lado”.

Se sumó el senador del FDT, Adolfo Rodríguez Saá, al aseverar: “Vamos a trabajar para volver a ser gobierno en 2023 por la felicidad del pueblo”. En ese sentido, el sindicalista titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, afirmó que “el peronismo no va a ser derrotado por los que quieren volver a gobernar al servicio de los ricos. Hay que movilizar a nuestro pueblo porque no será un paseo en sulky derrotar al peronismo, sino que van a tener que derrotar al peronismo en la calle”.

Al cerrar el plenario, el jefe de bloque del FDT en el Senado, José Mayans, indicó que “más que nunca necesitamos a los argentinos, porque después es tarde. Tenemos que utilizar todos los medios a nuestro alcance para llegar al corazón y al sentimiento de los argentinos. Construyamos un futuro mejor y fundamentalmente un futuro de equidad para nuestra patria”.

MB

Anabel Fernández Sagasti, la senadora que se convirtió en la primera mujer en presidir el PJ mendocino, llamó a Juan Manuel Urtubey para invitarlo a la cumbre de este sábado en Mendoza. No fue un telefonazo al azar: antes, el salteño había dado su OK ante un sondeo que le hicieron otros dirigentes del peronismo mendocino, para sumarse al encuentro de “actualización doctrinaria”.

¿Por qué Urtubey, un hipercrítico K, que cobijó hace semanas en su casa un encuentro de dirigentes opositores, se sube a un acto peronista convocado por una dirigente camporista que aparece entre las preferidas de Cristina? “Porque soy peronista”, le explica el salteño a los suyos, y agrega un factor político: entiende que la crisis del FdT, que además de política cree que es de gestión, abre la puerta a una amenaza, el retorno de Mauricio Macri.

Urtubey forma parte de los dirigentes que están convencidos de que el expresidente piensa en ser candidato en el 2023 y que, objetivamente, frente a la deriva del Gobierno, tiene chances para volver. Hay, incluso, un diagnóstico sobre el escenario electoral: la hipótesis de una fragmentación, símil 2003, en la que las figuras que per ser tienen mayor volumen individual, como Macri y Cristina, aparecen mejor posicionadas. El salteño entrevé, como muchos, una encerrona: que el 2023 termine con una disputa entre los dos expresidentes. Ese dilema electoral, dicen cerca del salteño, sería un fracaso de la política.

¿Por qué, entonces, Fernández Sagasti convocó a Urtubey, que no ahorra críticas al funcionamiento del Gobierno y al rol de Cristina? Sirve, como indicio, un concepto de Eduardo “Wado” De Pedro respecto a la necesidad de ampliar el Frente de Todos, o como se llame el frente electoral con epicentro en el peronismo que compita en el 2023. “Wado” cenó, y habla seguido, con el ex gobernador salteño como lo hace con muchos otros referentes del poder. Sagasti tiene, además, un componente local: su territorio, Mendoza, compite con Córdoba por ser la provincia más anti K del país y eso la pone en la exigencia de tener que ampliar su campo de acción. Un elemento obvio: Sagasti avanzó con la invitación a Urtubey con la plena anuencia de Cristina.

Unidades

El cristinismo observa, como plantea Urtubey, la amenaza Macri y entiende que la experiencia del 2021 demostró que la unidad del peronismo no fue suficiente en términos electorales y que es imprescindible abrir el juego, y sumar actores, al menos de manera simbólica. Así y todo, la presencia del salteño está lejos de significar una adhesión. El ex gobernador disertará en una de las mesas del encuentro de “actualización doctrinaria” y se prepara para decir lo que repite ante sus habituales interlocutores: que la gestión del FdT es mala, que le falta iniciativa y profundidad, y que la -mala- dinámica interna del oficialismo es un problema político y funcional.

No hubo, según reconstruyó elDiarioAR, convocatoria a otros dirigentes del peronismo extra FdT como Urtubey aunque estará presente Adolfo Rodríguez Saá, senador por San Luis, distanciado de su hermano Alberto, el gobernador, y que en el Congreso forma parte del bloque del FdT. Es un voto clave frente a la ajustadísima mayoría que, con aliados, se garantiza Cristina en la Cámara alta. Su presencia en Mendoza, más allá que tiene que ver con la invitación de Fernández Sagasti, con quien convive en el Senado, encaja en la variable general de sumar actores que fueron críticos históricos del dispositivo K y ahora, motivados por la amenaza Macri, orbitan el panperonismo.

La presencia de Rodríguez Saá, Adolfo, aporta a otro fenómeno: en Mendoza habrá un desfile de presidenciables. Los invitados top, al menos los más anunciados, tiene como rasgo que son -o fueron- candidatos a presidente. Además de De Pedro, el candidato K para el 2023, y Urtubey, el desfile incluye a Sergio Massa, que después de mucho tiempo volverá a participar de una cumbre peronista a pesar de que mantiene su sello, el Frente Renovador, el jefe de Gabinete Juan Manzur, que apenas asumió ese cargo apareció en la ruleta de los candidatos 2023 aunque con el tiempo eso pareció diluirse y Sergio Uñac, gobernador de San Juan, que estuvo el jueves con Alberto Fernández, y que está en la lista de buena fe de potenciales candidatos a presidente para el 2023.

Señales de tregua

Ese contexto es la otra clave fuerte del encuentro en Mendoza y tiene que ver con la presencia de referentes de todos los clanes frentodistas, la primera foto de unidad luego de semanas de metralla a discreción desde las diferentes trincheras del oficialismo. El encuentro que armó Sagasti, que está en preparación hace tiempo y hasta en un momento se proyectó como un encuentro con todos los gobernadores y jefes de los PJ provinciales, aparece en un contexto donde bajó la espuma de la interna y hay movimientos, que elDiarioAR ya contó, para producir una tregua en la cima del gobierno.

Es el clima general en todos los sectores del FdT: desde el cristinismo el fronting de ese proceso es De Pedro, que estará en el acto de la UOCRA hoy en Esteban Echeverría, del que participará Alberto Fernández, mientras que desde el alberismo uno de los voceros más enfáticos es Gabriel Katopodis. Hay otra usina, menos visible, pero muy activa: la liga de gobernadores que empuja, desde el interior, la urgencia de un acuerdo para bajar la tensión interna y poner la gestión como la prioridad del FdT.

Más allá de algún doblez adicional -algunos leen el acto de Sagasti como una respuesta al encuentro de la Corriente de la Militancia que se hizo en Cuyo días atrás, motorizada por Agustin Rossi y Guillermo Carmona-, la intención que expresan los organizadores es mostrar juntos a referentes de los distintos sectores del Frente de Todos. Como se trata de movimientos lentos y progresivos, por el mismo motivo no se invitó al encuentro ni a Fernández ni a la Cristina Kirchner, que hace dos meses que no se hablan.

PI

El interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación presentó un proyecto de ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 500 mil personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año.

En una conferencia de prensa en el Senado, la conducción del interbloque del FdT, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, y Juliana Di Tullio junto al senador Mariano Recalde anunciaron la presentación de un plan de pagos que comenzará a debatir la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado. En caso de aprobarse, la norma permitirá regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008 inclusive con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio, explicaron.

La iniciativa se conoció sin el aval de Economía y en medio de la fuerte embestida del kirchnerismo contra el ministro Martín Guzmán. Consultados por elDiarioAR, desde el ministerio no hicieron comentarios sobre el proyecto. “Los legisladores son libres de proyectar”, dijeron las fuentes.

La jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, declaró en tanto que el espacio político que integra no “está conforme” con los que ganan los jubilados en el país pero que desde esa bancada están buscando soluciones que lleven mejoras “con un gobierno de coalición que tiene diferencias”. La senadora añadió que el proyecto fue elaborado “con los números que tiene el Poder Ejecutivo sobre el sistema previsional” y aclaró que el espacio político que integra en el Senado “es parte de este Gobierno”.

“Aunque tengamos algunas diferencias no nos vamos a desmarcar de una política que tenga que ver con los lineamientos generales que hemos tenido en campaña”, subrayó al ser consultada en la rueda de prensa sobre versiones de discrepancias internas en el seno del Frente de Todos.

Di Tullio aclaró que seguirán trabajando “con mucha honestidad y con mucha responsabilidad con proyectos que vienen de esta Cámara o del Poder Ejecutivo”.

“No estamos conformes (con lo que perciben los jubilados), no nos parece que los jubilados ganen los suficiente; es lo que podemos en este momento es lo que nos dejaron, el país endeudado que nos dejaron”, añadió.

En la apertura de la rueda de prensa, el jefe del interbloque, Mayans, aseguró que el Estado “no se puede hacer el distraído” sobre las deficiencias del sistema, declaró que “a mayor justicia social, mayor paz social” y dijo que el proyecto tiene como objetivo “una mayor inclusión”.

La vicepresidenta del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, consideró, por su parte, que se trata de “una medida urgente” que el Senado debe abordar y aclaró que el costo fiscal que tendrá la norma “es casi nulo”. La inclusión previsional es parte del Gobierno y presentamos este plan de pago de pagos de deuda previsional para que lo discutamos entre todos y todas. Es una iniciativa del interbloque y tiene un mínimo costo fiscal: 0,02%“.

“Se hace dificultoso que las personas que cumplen este año 60 y 65 años puedan cumplir con los requisitos de los 30 años de aportes para poder jubilarse este año y el año que viene”, fundamentó la senadora en la conferencia de prensa en el Senado. Sagasti agregó que en caso de aprobarse la norma, “a partir de julio, podrían jubilarse una de cada diez mujeres y tres de cada diez varón

El proyecto

El proyecto de ley está orientado a las personas que en 2022 y en 2023 cumplirán la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los hombres) y no cuentan con los aportes suficientes. Podrán cubrir la deuda previsional con un plan de pagos.

El texto permite regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Las personas en edad pre jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios a la edad jubilatoria podrán anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes para garantizarse el acceso a un haber. Estos trabajadores y trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, manteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social las y los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme vaya avanzando en la cancelación de unidades y se vaya acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por Anses.

 LG

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri del Frente de Todos (FdT), avaló este jueves un conjunto de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019, sin la presencia de la oposición, que se retiró de la reunión tras plantear fuertes cuestionamientos y su rechazo al debate en bloque de 116 normas. “No es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria”, justificó el diputado del PRO, Pablo Tonelli.

La reunión se desarrolló en el Salón Eva Perón del Senado con la presencia de legisladores del oficialismo pero sin los representantes de la oposición, que expresaron su rechazo a debatir en una sola reunión los decretos y se retiraron del encuentro.

Al iniciar el encuentro, Cleri puso de relieve que se trata de la primera reunión presencial de la comisión luego de las restricciones por la pandemia y recordó que la oposición había presentado el 1 de julio pasado una nota para pedir el tratamiento de 114 decretos del Ejecutivo.

En este sentido, y en el marco de la conferencia de prensa que brinda los jueves en la Casa de Gobierno, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aclaró que no se está hablando “de 116 DNU ni disposiciones en contra del Congreso, sino de facultades que tiene el Presidente y que por, una cuestión de usos y costumbres, se reúne la Bicameral y, aunque ya estén vencidos ,se cierra el año tratando todo lo que sucedió durante el año”.

De hecho, Cerruti sostuvo que la oposición está haciendo “una burbuja muy grande en un tema habitual y normal” en el funcionamiento del Congreso, como es la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

El rechazo de Juntos por el Cambio

Previo al inicio de la reunión, los presidentes de bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio (JxC), junto con sus integrantes de la Bicameral, brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, en la que rechazaron lo que consideraron una “maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés” más de un centenar de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y advirtieron sobre la “dudosa actitud constitucional” del oficialismo.

También, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, salió a cuestionar -a través de su cuenta de Twitter- la convocatoria, al afirmar que “el gobierno comienza la llamada nueva etapa con atropello institucional y rompiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso. El kirchnerismo tiene capacidad de daño hasta el 10 de diciembre”.

Al exponer la postura de JxC en la reunión, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, volvió a plantear el rechazo a la metodología del oficialismo, al señalar que “no es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria”.

Para el legislador opositor, la intención del oficialismo es tratar “rápido y urgente de los DNU porque están sujeto a una cláusula resolutoria porque puede ser rechazado por las dos cámaras pierde vigencia”. Y agregó: “Desde nuestro punto de vista, este tratamiento demorado y conjunto de 116 decretos está muy lejos de respetar la norma. Estamos dictaminando a destiempo y sin la oportunidad de dedicarle un tratamiento serio. No convalidamos ni estamos de acuerdo”, sentenció, para después dejar más clara la posición de su bloque: “Impugnamos la convocatoria y el tratamiento conjunto. Vamos a dejar un dictamen y después de que terminemos de explicar nuestra posición nos vamos retirar”.

En tanto, Gustavo Menna, representante de la UCR por Chubut, consideró que los 116 decretos “son una desmesura y habla a las claras que se ha legislado por decreto y que hubo una delegación de facultades en decretos que restringieron las libertades de un modo abusivo durante la cuarentena”.

La respuesta del oficialismo

Antes de retirarse y a pedido de Cleri, Petri y Tonelli escucharon la exposición de la senadora oficialista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien se ocupó de responder la posición de Juntos por el Cambio: “La oposición siempre tiende a tener una memoria selectiva. Los diputados Tonelli y Petri también eran parte -en referencia a que eran miembros de la Cámara durante la gestión Cambiemos- cuando el expresidente Mauricio Macri firmó el decreto 27/18 mediante el cual se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 normas con la excusa de desburocratizar. Entonces, la pretendida institucionalidad, la argumentación de las formas, venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación sí es de excepcionalidad. No vamos a permitir que una vez más desde la oposición se señale al oficialismo porque somos nosotros los que cotidianamente atentamos contra la institucionalidad”, remarcó.

“Cuando ustedes gobernaron la Argentina no había pandemia y claramente en un solo decreto se se cargaron 19 leyes y realizaron 150 modificaciones de leyes”, dijo la senadora mendocina. Y agregó: “Les pido criterio y memoria acabada de todo lo que ha sido la institucionalidad del país para discutir seriamente”.

Luego de escuchar, los legisladores de la oposición se retiraron. La comisión siguió avanzando porque el oficialismo cuenta con número suficiente como para poder seguir sesionando y aprobar los 116 decreto.

Tras explicar sus argumentos el FdT, la oposición se retiró de la reunión, en tanto que los legisladores del oficialismo continuaron el debate de los decretos, divididos en 6 módulos, según su contenido.

Los decretos

En la reunión, el oficialismo avaló un conjunto de DNU dispuestos desde el inicio de su gestión por el presidente Alberto Fernández que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia, ampliaciones presupuestarias, amortización de las Letes, aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias, así como la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del gobierno.

El primero de los decretos incluido en la convocatoria establece la modificación a la Ley de Ministerios para modificar la denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que pasará a ser Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, jerarquizar nuevamente la sanidad nacional reestableciendo el Ministerio de Salud y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como la elevación a categoría de Ministerio a Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como el que dispone un incremento Salarial Mínimo y Uniforme para los Trabajadores del Sector Privado en relación de Dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en diversas prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.

Otro de los decretos que contempla la convocatoria es el firmado el 18 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 180 días la renegociación tarifaria prevista en la Ley 27.541, de Emergencia Pública, y hasta el 28 de junio de 2020 la prohibición de cortar el suministro de los servicios públicos por mora.

Asimismo, en el temario se incluyó otro DNU por el cual se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días.

La reunión completa

Con información de agencias.

IG